CSJ - SL1657-2024

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1657-2024 Radicación n.° 99251 Acta 19 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., contra la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), en el proceso que le instauró

GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE y a la

NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO.

I. ANTECEDENTES Gladys del Socorro Morales Álzate llamó a juicio a Porvenir S. A. y a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se i) ordenara a la

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Radicación n.° 99251 segunda de las referidas, la emisión del bono pensional, por el periodo que laboró para Telecom, esto es, del 26 de febrero de 1979 al 31 de marzo de 1995 y, en consecuencia, se ii) condenara al fondo privado al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir de la fecha en que cumplió los requisitos mínimos o en subsidio la devolución de saldos, teniendo en cuenta la redención del mencionado bono, junto con los intereses moratorios o la indexación. Apoyó sus peticiones, básicamente, en que i) laboró al

servicio de Telecom, entre el 26 de febrero de 1979 y el 31 de marzo de 1995; ii) se afilió por primera vez para los riesgos de IVM al ISS, para el cual cotizó desde el 30 de agosto de 1977 al 19 de febrero de 1979, para un total de 77 semanas; iii) se trasladó al RAIS, régimen al cual efectúo aportes en el periodo del 12 de enero de 1999 al 12 de diciembre de 2000, acreditando 29.28 de aportes; iv) el 12 de diciembre de 2014 solicitó al fondo convocado el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual se negó con el argumento de capital insuficiente para financiar la prestación al igual que las semanas para acceder a una pensión de vejez por garantía mínima. Dijo, también que: v) la AFP demandada previa su autorización pidió a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – OBP la redención del bono, sin embargo, esta entidad consideró que para la data en que se requirió tal redención para efectos de la devolución saldos, contaba con capital para acceder a la pensión perseguida; vi)

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Radicación n.° 99251 formuló acción de tutela, y en el trámite las demandadas, expusieron, en su orden, Porvenir S.A.: […] que a la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE se le reconoció la devolución de saldos quedando únicamente pendiente del bono pensional, dado que la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público generó un bloqueo en la liquidación del bono pensional "el beneficiario tendría saldo suficiente para una pensión en el RAIS a la fecha de redención del bono", el cual se redimiría para el día 5 de noviembre de 2017, en su forma normal, fecha en que mi representada acreditaba 60 años de edad. […] que el bono pensional pagado con la causal de redención normal de bono, ascendería a la suma de $188.977.820 pesos mientras que el bono pensional pagado bajo la causal de redención anticipada por devolución de saldos es la suma de $97.118.154 pesos, ambas sumas que considera insuficientes para acumular un capital que le permita financiar una mesada pensiona de por lo menos el 110% del salario mínimo.

La Cartera Ministerial: […] que la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE tiene derecho al reconocimiento de lo pensión de vejez, dado que el 5 de noviembre de 2017, día en que se causó la redención de su bono, contaba con el capital necesario para financiar una pensión vejez equivalente a un salario mínimo ante lo cual la entidad competente de otorgarle la pensión es la administradora de pensiones a lo cual se encuentra afiliada, máxime, si se tiene en cuenta que la pensión de vejez es irrenunciable.

Señaló, además que: vii) pese a que la primera instancia concedió el amparo, la orden fue revocada por el superior al considerarla improcedente, por cuanto existía otra vía para definir el conflicto planteado; viii) requirió al ministerio demandado para que diera resolución al bloqueo

del bono pensional, quien por Comunicación del 28 de septiembre 2018, indicó; «el sistema de bonos pensionales realiza una proyección de pensión teniendo en cuenta la

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Radicación n.° 99251 información que el Fondo de Pensiones, en este caso la AFP PORVENIR, ingresa en el sistema; de acuerdo con las proyecciones realizadas (...) puede acceder a una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad y » que para «el levantamiento del bloqueo respecto del bono pensional, es necesario que lo AFP PORVENIR remita la carta de aprobación de la pensión de vejez». Manifestó, que: ix) el 29 de enero de 2019 en Respuesta a un derecho de petición, dicho ministerio adjuntó la información que le suministró al fondo privado, que para enero de 2015, data para la cual se pidió la redención del bono pensional en forma anticipada, arrojaba como capital para el año 2017 $183.442.722.13, que sumados al dinero acreditado en la cuenta de ahorro individual, se considera suficiente para acceder a 1a pensión de vejez; x) en Comunicado del 21 de marzo de 2019, Porvenir S. A., informa que el necesario para financiar una mesada pensional del 110 % del salario mínimo para el año de 2017, equivale a $253.963.903. Indicó, que xi) por lo dicho a la fecha de presentación de la demanda no le ha sido reconocida ni la pensión de vejez, desde la calenda que la solicitó como tampoco la devolución de saldos junto con el bono pensional, afectando

con tales omisiones su calidad de vida y, xii) a pesar de la insistencia efectuada de la redención del bono el ministerio accionado se ha mantenido en su decisión argumentando el derecho que le asiste a la pensión de vejez (f.º 4 a 16, archivo: Primera Instancia-Cuaderno Primera

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Radicación n.° 99251 Instancia_Cuaderno _2023112000334.pdf, del cuaderno digital del Juzgado). La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la pretensión de devolución de saldos, por cuanto a la demandante le asiste el derecho a la pensión de vejez, toda vez que tiene el capital suficiente para su financiación, amparando de esta forma el derecho a la seguridad social. Asimismo, se resistió a la condena por intereses moratorios. En cuanto a los hechos admitió la solicitud de la redención anticipada del bono pensional por parte de la AFP para la devolución de saldos; que para cuando se solicitó la pensión de vejez ante la AFP Porvenir S. A. el 12 de diciembre de 2014 y conforme a los factores actuariales consagrados en la Resolución 1875 del 15 de septiembre de 1997, vigente para ese año, se constató que, para el momento en que se causara la redención normal del bono pensional de la actora, esto es, 5 de noviembre de 2017, la demandante requería de un capital para pensión mínima de $178.198.410.02 y, para una pensión mínima en la modalidad de retiro programado, de $185.326.346.42

condiciones que se cumplían a cabalidad, por lo que se consideró que la demandante no tenía derecho a la devolución de saldos, por cuanto contaba con el capital suficiente para acceder a una pensión de vejez. Así mismo, asintió la formulación de la acción de tutela; la respuesta que dio frente a ella; el otorgamiento del

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Radicación n.° 99251 amparo constitucional y la revocatoria de dicha orden; el requerimiento elevado sobre el desbloqueo del bono pensional y la respuesta al mismo a través de Misiva del 28 de septiembre de 2018. Sobre las demás afirmaciones refirió no constarle o no ser ciertas. Planteó como excepciones las de prevalencia del derecho irrenunciable a la pensión de vejez; buena fe y la genérica (f.º 107 a 114, ib.) Por su parte, Porvenir S. A., se opuso a las pretensiones de la demanda. Aceptó, la fecha de nacimiento de la actora, la prestación de los servicios a Telecom en las fechas indicadas; la petición que elevó sobre el reconocimiento de la pensión de vejez; la devolución de saldos efectuada el 20 de abril de 2015, aclarando que no se tuvo en cuenta el tiempo que laboró para la entidad antes referida; la solicitud que elevó ante el ministerio reclamando la redención del bono para la devolución de saldos a la demandante; la acción de tutela que se formuló, la respuesta que se dio al interior del trámite de la misma; la concesión del resguardo constitucional y su posterior revocatoria; la respuesta del 21 de marzo de 2019, en la que

se indicó cuál era el capital necesario para financiar la pensión de vejez y la insistencia en la redención del bono pensional ante la OBP, quien mantuvo la restricción. Sobre los demás hechos afirmó no constarle ni que eran ciertos.

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Radicación n.° 99251 A su favor, excepcionó las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda; hecho exclusivo de un tercero; buena fe; prescripción; compensación; imposibilidad de reconocimiento pensional sin afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional; y la innominada o genérica (f.º 150 a 169, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 17 de agosto de 2022; (f.º 488 a 490, Acta y enlace de la audiencia, archivo: Primera Instancia-Cuaderno Primera Instancia_Cuaderno _2023112000334.pdf, del expediente digital del Juzgado),

dispuso: PRIMERO: DECLARAR que a la Sra. GLADYS DEL SOCORRO MORALES ÁLZATE, identificada con C.C. […], le asiste derecho a la pensión de vejez consagrada en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, la cual estará a cargo de la ADMINISTRADORA DE

PENSIONES PORVENIR S. A.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES PORVENIR S. A. a reconocer y pagar a la señora

GLADYS DEL SOCORRO MORALES ÁLZATE la pensión de vejez, cuantificándose el retroactivo pensional liquidado entre el 5 de noviembre de 2017 y el 31 de julio de 2022, en la suma de $53.258.720, sobre 13 mesadas pensionales por año completo. Se resalta que sobre este valor proceden los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud. A su vez, se autorizar a PORVENIR S. A. a descontar del retroactivo liquidado, la suma de $1.273.098 correspondiente al valor reconocido por devolución de saldos a la demandante.

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TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a que proceda con la emisión, liquidación y pago de bono pensional tipo A en beneficio de la Sra. GLADYS DEL SOCORRO MORALES ÁLZATE, con el fin de que dichos recursos sean entregados a PORVENIR S. A. para el financiamiento de la pensión. Lo anterior una vez la AFP PORVENIR S. A. adelante los trámites y solicitudes pertinentes para ello ante la Oficina de Bonos Pensionales.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES PORVENIR S. A. a continuar cancelando a la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ÁLZATE una mesada pensional a partir del 1º de agosto de 2022, en la suma de $1.000.000, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES PORVENIR S. A. a reconocer y pagar a la Sra. GLADYS DEL SOCORRO MORALES ÁLZATE, los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuantificados a partir del 5 de noviembre de 2017 y hasta el momento en que se cancele la obligación pensional, tomando como base la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago.

SEXTO: ABSOLVER a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a PORVENIR S. A., de las restantes prestaciones incoadas en su contra por la Sra. GLADYS DEL

SOCORRO MORALES ÁLZATE.

SÉPTIMO: COSTAS a cargo de PORVENIR S. A., en beneficio de la demandante. Se fijan agencias en derecho en la suma de

$4.000.000.

OCTAVO: ORDENAR se surta el grado jurisdiccional de Consulta, al tratarse de una decisión que afecta a NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. En consecuencia, se dispone la remisión del expediente al H.

Tribunal Superior de Medellín – Sala Laboral.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la actora y de Porvenir S. A., y en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en

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Radicación n.° 99251 decisión del 21 de marzo de 2023 (f.° 57 a 77 del cuaderno digital del Tribunal), dispuso: PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO y QUINTO de la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por GLADYS DEL SOCORRO MORALES ÁLZATE, en contra de la AFP PORVENIR S.A. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, los cuales quedarán así: PRIMERO: DECLARAR que a la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ÁLZATE, identificada con C.C. […], le asiste derecho a la pensión mínima de vejez consagrada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, la cual estará a cargo de la AFP PORVENIR S. A., bajo la modalidad de retiro programado a partir del 05 de noviembre de 2017, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. ADVERTIR a la AFP PORVENIR S. A. y a la afiliada GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, que, en caso de ser necesario, esta última deberá contratar, por intermedio de la AFP pensionante, el seguro de renta vitalicia para el control de saldos y garantizar el pago del derecho pensional en cuantía no inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, de cara al trámite y requisitos contenidos en el artículo 2.2.6.3.1 del Decreto 1833 de 2016.

SEGUNDO: CONDENAR a la AFP PORVENIR S. A. a reconocer y pagar a la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE la pensión mínima de vejez, cuantificándose el retroactivo pensional liquidado entre el 5 de noviembre de 2017 y el 31 de julio de 2022, en la suma de $53.258.720, sobre 13 mesadas pensionales por año completo. Se resalta que sobre este valor deberá efectuarse los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud. AUTORIZAR a la AFP PORVENIR S.A. a descontar del retroactivo liquidado, la suma de $1.273.098 debidamente indexada, correspondiente al valor reconocido por devolución de saldos a la demandante.

QUINTO: CONDENAR a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a favor de la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 6 de marzo de 2018 y hasta el momento en que se verifique el pago de la obligación pensional.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de alzada.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

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Radicación n.° 99251 El ad quem, determinó que debía definir principalmente, si la actora tenía derecho a la pensión de vejez en el RAIS, en caso negativo, la devolución de saldos, que como pretensión subsidiaria se pidió; a efecto refirió que analizaría en su orden, i. las características de la

pensión de vejez; y ii. las fuentes de financiación y el capital necesario que conforman la prestación económica y, iii. la pensión mínima de vejez, así como la devolución de saldos. Hizo alusión a la carga de la prueba como principio del derecho procesal, que en su criterio clásico se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso. Refirió, que el concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la citada carga, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP y, por cuya virtud, les incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

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Radicación n.° 99251 Precisó, que en este asunto no era objeto de controversia que i) la actora nació el 5 de noviembre de 1957 ii) prestó sus servicios a favor de Telecom entre el 26 de febrero de 1979 y el 31 de marzo de 1995, efectuando cotizaciones a órdenes de Caprecom a partir del 1.º de abril

de 1994 y hasta la finalización del vínculo; iii) efectuó cotizaciones al RPMPD a través del ISS, desde el 30 de agosto de 1977 al 19 de febrero de 1979; y iv) se trasladó al RAIS, representado por la AFP Horizonte S. A., hoy AFP Porvenir S. A., a partir del 9 de marzo de 1995, para el cual cotizó en el periodo junio de 1998 a noviembre de 2000. Mencionó, la coexistencia de dos regímenes pensionales a partir de la Ley 100 de 1993, aludió a su regulación contenida en los artículos 33 y 64, ibídem; respecto a este último, refirió que el afiliado debía acreditar en su cuenta de ahorro individual - CAI un capital acumulado que le permitiera obtener una pensión mensual superior al 110 % del SMLMV, al cumplimiento de la edad que decida aquel. Recordó, que el RAIS se define: […] como el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados , y se encuentra fundado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados1. 1 Artículo 59 de la Ley 100 de 1993

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Radicación n.° 99251 Aludió, a las fuentes de financiación y el capital necesario que conforma la pensión de vejez del RAIS, tales como las cotizaciones efectuadas en las cuentas individuales de ahorro pensional obligatorias y voluntarias, contenida en el artículo 63 de la citada ley, en concordancia con el artículo 68, ejusdem, en la que se plasmó que «las pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima». Acotó, que los bonos pensionales son aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las prestaciones de los afiliados al sistema general de pensiones - SGP2, y por tanto constituyen, a la par de los aportes obligatorios3, los recursos necesarios para el financiamiento de la prestación pensional. Dijo, que, conforme con los lineamientos consagrados en el SGP, estos bonos pensionales son instrumentos de deuda pública nacional, que son expedidos a los afiliados para los fines indicados, por i) la Nación; ii) las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, y iii) las empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que

2 Artículo 115 de la Ley 100 de 1993 3 Artículo 121, ib.

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Radicación n.° 99251 hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora.4 Detalló, que para el caso de los afiliados que se trasladen del RPMPD al RAIS y que acrediten a la fecha de dicho traslado haber cotizado al menos 150 semanas5, tendrán derecho a la emisión del bono pensional identificado como «Bono tipo A», del que refirió cuenta con dos modalidades, atendiendo la fecha en la que se verifique su primera vinculación laboral. Expuso, que los bonos tipo A de modalidad 1, son aquellos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 19926, a contrario sensu, los de modalidad 2, se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1o. de julio de 19927. En relación con lo anterior, recordó el contenido del artículo 11 del Decreto 1299 de 19948, normativa cuya intelección dijo sigue los lineamientos de lo estatuido por los artículos 2.2.16.2.1.1, 2.2.16.1.20 y 2.2.16.1.21 del 4 Artículo 118, ib 5 Artículo 2, parágrafo 1, Decreto 1299 de 1994.

6 Decreto 1748 de 1995 7 Artículo 14 del Decreto 1299 de 1994 8 «El bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional; 2. Cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia; 3. Cuando ha ya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993».

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Radicación n.° 99251 Decreto 1833 de 2016, que fijan como data normal de redención del bono, aquella cuando el beneficiario del bono cumple 62 años de edad si es hombre, o 60 si es mujer; o la fecha cuando se alcanzaron 500 semanas después de la calenda de corte9, «si a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones el beneficiario del bono tenía 55 o más años de edad si es hombre, o 50 o más si es mujer», o bien la calenda en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara ininterrumpidamente a partir de la fecha de corte. Dijo, que cuando se solicita la devolución de saldos, la norma califica esta redención como anticipada, siempre y cuando «no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario»10; distinción que adujo, resultaba relevante, toda vez que, en este último caso, la redención anticipada del bono se efectúa previa

solicitud de parte del fondo de pensiones, mismo que debe dar cuenta de la causal de redención que le sirve de fundamento. Sintetizó, que los recursos para la financiación de la pensión de vejez en el RAIS, provienen de diferentes fuentes así: i. los aportes o cotizaciones obligatorias; ii. los aportes voluntarios; iii. los rendimientos financieros; iv. los bonos pensionales, y v. la reserva actuarial o título pensional a cargo de los empleadores. 9 Artículo 2.2.16.1.13, del Decreto 1833 de 2016. 10 Artículo 2.2.16.1.21. del Decreto 1833 de 2016.

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Radicación n.° 99251 Indicó, que la pensión mínima de vejez se encuentra sujeta a la conformación, en la CAI, del capital suficiente para financiar una pensión igual al 110 % del SMLMV, calculado a la fecha del cumplimiento de la edad que el afiliado escoja. Razonó, que el RAIS contempla dos prestaciones pensionales que, a pesar de coincidir en su cuantía, de un SMMLV, difieren en los requisitos para su causación y disfrute, así también en su mecanismo de financiación. Reprodujo el artículo 65 de la Ley 100 de 199311 para decir que como resultado de su hermenéutica jurídica se colige, por una parte, la pensión mínima de vejez, y de otra, la garantía de pensión mínima. Arguyó, que la primera de aquellas prestaciones económicas, acorde con el artículo

35, ib., plantea la suficiencia de los recursos económicos para la financiación del derecho pensional, a la edad de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, mientras que la segunda, se configura por a. la carencia del capital suficiente; b. haber alcanzado las edades mínimas antes referidas, y c. acreditar un mínimo de 1.150 semanas cotizadas. Advirtió que el artículo 66 del mencionado compendio, consagra la devolución de saldos como un beneficio 11 Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

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Radicación n.° 99251 económico al que tendrán derecho quienes a las edades exigidas no hayan cotizado el número requerido de semanas ni acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, suma que será igual al capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, cuando así lo soliciten. Adujo la indiscutible naturaleza subsidiaria de aquella prestación, al punto que, con antelación a su reconocimiento y por virtud del condicionamiento en la emisión del bono pensional, deberá verificarse a través de

los mecanismos idóneos, a modo de ejemplo, refirió una proyección aritmética, si el afiliado al cumplimiento de los 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, o bien a la fecha de redención normal del bono pensional12, cuenta en la CAI con el saldo de pensión mínima o en su defecto, con al menos 1.150 semanas, en aras de privilegiar el reconocimiento pensional sobre este beneficio económico supletorio, en cumplimiento del carácter de irrenunciable y preponderante del primero de estos derechos; pues no puede perderse de vista que, precisamente el objetivo principal del SGSSP es procurar que los afiliados alcancen el reconocimiento de la prestación periódica vitalicia que ampare los riesgos de IVM, mas no la acumulación y libre disposición de un capital que pueda ser retirado cuando así lo disponga su titular. 12 Artículos 2.2.16.1.1., 2.2.16.2.1.1. y 2.2.16.1.21 del Decreto 1833 de 2016.

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Radicación n.° 99251 Rememoró lo dicho en las sentencias CSJ SL65582017, CSJ SL1142-2021 y CSJ SL3470-2021 sobre el carácter residual del beneficio de la devolución de saldos. Anotó, en relación a los mecanismos de pago de la pensión mínima de vejez en el RAIS, cuando se cuenta con suficiente capital en la CAI a la fecha de rendición normal del bono pensional, como era este asunto, refirió como criterio cardinal para acceder o no a la devolución de saldos, que el artículo 2.2.5.5.113 del Decreto 1833 de 2016,

señala que: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante resolución, y previa consulta con la Superintendencia Financiera de Colombia, las fórmulas para el cálculo del saldo de una cuenta individual suficiente para cubrir vitaliciamente una pensión mínima, consultando los precios de las pólizas de Renta Vitalicia vigentes en el mercado, el cual se denominará Saldo de Pensión Mínima. Igualmente, establecerá las fórmulas para la proyección de saldos de que trata el inciso 3o y, en general, los demás cálculos indispensables para la aplicación del presente artículo. Agregó, que tales fórmulas de cálculo se encuentran contenidas en las Resoluciones 1875 de 1997, 3099 de 2015 y 3023 de 2017, que por razones de soporte argumentativo las incorporaba a la presente decisión, a las que se debe ajustar la nota técnica14 de cada AFP aprobada por la Superintendencia Financiera. 13 Que compiló el artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado parcialmente por el articulo2 del Decreto 142 de 2006. 14 Parágrafo 2, del artículo 1.º de la Resolución n.º 3099 de 2015, modificado por la Resolución 3023 de 2017. Circular Externa 013 de 2012, Superintendencia Financiera de Colombia.

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Radicación n.° 99251 Apuntó, acorde con los medios de convicción traídos al proceso, que la actora tenía derecho al reconocimiento de un bono pensional tipo A, habida consideración de que, además de haber efectuado para el mes de marzo de 1995

un traslado de RPMPD al RAIS, contaba para esa data con más de 150 semanas cotizadas. Añadió, que también estaba probado que aquella solicitó el reconocimiento de la pensión por vejez en el año 2014, y que la AFP demandada, el 20 de abril de 2015, le pagó la suma de $1.273.098,00 por concepto de devolución de saldos. Evocó, acorde con lo precedente, que, a partir de la solicitud pensional presentada por la actora, el 12 de diciembre 2014, al alcanzar los 57 años de edad, la accionada AFP, tenía la obligación de verificar en su orden, i. si los recursos de la CAI a esa fecha o a la que corresponda para la redención normal del bono pensional, resultaban suficientes para financiar la pensión mínima de vejez; y, a falta de estos; ii. si acreditó la cotización de al menos 1.150 semanas de cotización, todo ello, previo a hacer efectiva la devolución de saldos. Anunció, que, en conexión con lo anterior, la AFP incumplió aquel deber legal, toda vez que no allegó a la actuación judicial prueba de los cálculos del saldo de pensión mínima a los que recurrió, incluyendo la liquidación del bono pensional cuantificado a la fecha de redención normal, y concluir, en el caso de la actora, la insuficiencia de este saldo mínimo ni probó que las resultas de esta operación aritmética fueran puestas en

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 99251 conocimiento de la afiliada para así aceptar, la prestación

subsidiaria de devolución de saldos y destacó que solo se acreditó haber efectuado los cálculos para el mes de septiembre de 2018, cuando había transcurrido más de tres años de la solicitud de reconocimiento pensional y en abierta infracción del deber consignado en el artículo 60 de la Ley 100 de 1993, que impone a las administradoras la «obligación expresa de informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permitan la adopción de decisiones informadas». Sumó, que la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en f