CSJ - SL166-2025

SCLAJPT-10 V.00

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL166-2025 Radicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 Acta 03 Bogotá D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025). La Corte decide el recurso de casación que CLAUDINA SARMIENTO GARCÍA interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 29 de agosto de 2023, en el proceso ordinario laboral que la recurrente instauró en contra de la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Claudina Sarmiento García demandó a Colpensiones, con el fin de que se declare que, en su calidad de compañera permanente de Guillermo Roa Daza, tiene derecho al reconocimiento del 100% de la pensión que a aquél le fue reconocida en vida, a partir del 30 de octubre de 2017, dataRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

SCLAJPT-10 V.00 2 en que este falleció y, en consecuencia, se le condene al pago de las mesadas pensionales desde esa fecha, junto con los reajustes, los intereses moratorios y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que conoció a Guillermo Roa Daza en 1985 cuando trabajaba en la empresa Terniservix , que iniciaron una relación sentimental desde 1987 y después de cuatro años tomaron la decisión de convivir; que, de esa unión, el 22 de junio de

la empresa Terniservix , que iniciaron una relación sentimental desde 1987 y después de cuatro años tomaron la decisión de convivir; que, de esa unión, el 22 de junio de 1991, nació Juan Sebastián Roa Sarmiento, momento para el cual residían en el barrio Garcés Navas, que luego se trasladaron a Ciudad Montes de Bogotá D. C.; que en 1999 se reubicaron en el apartamento 1208, situado en la carrera 4ª con calle 18 y después convivieron en el 202 de la carrera 28A n.° 80-37 de la misma ciudad. Precisó que el causante falleció el 30 de octubre de 2017, en presencia de ella y de su hijo; que aquél la había afiliado a la EPS Sanitas incluyéndola dentro de su grupo familiar, «siendo beneficiaria con parentesco cónyuge», desde el 7 de junio de 2005; que en vida le « sustituyó el derecho pensional como única beneficiaria en calidad de compañera permanente», mediante la suscripción del formato de sustitución provisional (Ley 1204 de 2008), emitido por Colpensiones, el que fue radicado el 25 de noviembre de 2014 ante esa entidad. Arguyó que es beneficiaria de la sustitución pensional solicitada por no existir persona con mejor derecho, dado que su hijo es mayor de edad; y que no obstante ello, la pasivaRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

SCLAJPT-10 V.00 3 mediante Resolución SUB 309558 del 27 de noviembre de 2018, se la negó. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la reclamación de la prestación por parte de la accionante, junto con su respuesta. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no le constaban o que no eran ciertos. Como razones de defensa señaló que la negativa al reconocimiento de la pensión deprecada obedeció a que en la investigación administrativa se logró establecer que la pareja hizo «vida marital desde 1999 hasta el año 2005, fecha en que se separaron sin volver a convivir ». Que, por tanto, la actora no cumplía con dicho presupuesto, conforme a la ley y a la jurisprudencia vigente. Agregó que el elemento determinante para acceder a la prestación pensional es la convivencia real y efectiva al momento de la muerte, y que en este orden de ideas, como la peticionaria no cumplía con el requisito mínimo para acceder al reconocimiento de la pensión, no podía otorgársela «teniendo en cuenta que no convivía con el asegurado en la misma ciudad, no se evidencian los extremos de convivencia y adicionalmente en la investigación administrativa se indica que la convivencia fue hasta el año 2005».

Propuso como excepciones de mérito la inexistencia del derecho, buena fe, prescripción y la innominada o genérica.Radicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 31 de mayo de 2023, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, resolvió absolver a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra y condenar en costas a la parte actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación que la demandante interpuso, a través de sentencia del 29 de agosto de 2023, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió confirmar la del Juzgado, sin imponer costas en la instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico en determinar « si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento del señor Guillermo Roa Daza, y, en caso afirmativo, si proceden las demás condenas solicitadas en la demanda». Expuso que la norma aplicable es la vigente al momento de producirse el deceso del pensionado o afiliado (CSJ SL1967-2022); y que como en el caso bajo examen el pensionado falleció el 30 de octubre de 2017, las disposiciones aplicables eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. Precisó que no era objeto de discusión que Guillermo

pensionado falleció el 30 de octubre de 2017, las disposiciones aplicables eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. Precisó que no era objeto de discusión que Guillermo Roa Daza estaba pensionado por vejez mediante ResoluciónRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 5 530 de 1989, efectiva a partir del 1 de noviembre de 1987 (f.° 29 y 41 AD). Consideró que conforme al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cónyuge o compañero permanente del pensionado debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte por un lapso no menor a cinco años continuos con anterioridad al óbito (CSJ SL1730-2020). Al descender al estudio del caso, indicó que la promotora del proceso no logró acreditar la convivencia exigida para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera del causante, porque aunque en las declaraciones extraproceso rendidas ante la Notaría 71 del Círculo de Bogotá, por la actora y su hijo se afirmaba que había convivido con su compañero de manera ininterrumpida desde el 1 de septiembre de 1987 hasta el 30 de octubre de 2017, fecha del fallecimiento (f.° 15); concretamente durante treinta años y que lo había sido de manera permanente e ininterrumpida, (f.° 18); hecho del que también daban cuenta Adriana Patricia Ardila Penagos y

concretamente durante treinta años y que lo había sido de manera permanente e ininterrumpida, (f.° 18); hecho del que también daban cuenta Adriana Patricia Ardila Penagos y Sonia Elvira Márquez Franco, quienes el 27 de julio de 2018, ante la Notaría Cuarta de Bogotá, habían señalado conocer al causante desde hacía quince años, y les constaba que convivió en unión marital de hecho con la demandante desde el 30 de septiembre de 1987 hasta el instante en que este falleció (f.° 21), lo cierto era que en la investigación administrativa se había establecido otra cosa. Agregó que era cierto que el 25 de noviembre de 2014,Radicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 6 el señor Roa Daza « presenta documento», en el que señaló como beneficiaria de la pensión a la señora Claudina Sarmiento (f.° 24); que también obraba la afiliación de la demandante a la EPS Sanitas como beneficiaria del causante desde el 7 de junio de 2005 (f.° 27), pero que no podía desconocer que Colpensiones había negado el reconocimiento de la prestación a través de las Resoluciones SUB 59938 de 1 de marzo de 2018, SUB 88219 de 4 de abril

de 2018, DIR 7272 de 16 de abril de 2018, y SUB 309558 del 27 de noviembre de 2018, con fundamento en que mediante informe administrativo del 29 de enero de 2018, se determinó la no acreditación de convivencia entre la pareja, ya que «se había establecido la unión marital entre ellos desde 1999 hasta el año 2005, fecha en que se separaron sin volver a convivir» (f.°s 29, 41, 46, y 52). Respecto del expediente administrativo, explicó que allí obraba la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá el 30 de septiembre de 2013, en la que se resolvió: PRIMERO: DECRETAR la CESACION DE LOS EFECTOS CIVILES del matrimonio católico de claudina (sic) sarmiento (sic) García y Tito Espinoza Guerrero … contraído el día 29 de julio de 1973 en la Parroquia de la Sagrada Pasión de Bogotá D.C., y registrada en la Notaría 14 del Círculo Notarial de Bogotá, folio 256 del libro 02.

SEGUNDO: APROBAR el acuerdo presentado por los interesados, el cual hace parte integral de esta sentencia.

TERCERO: INSCRIBIR la presente sentencia en los respectivos registros civiles de matrimonio y nacimiento de los ex cónyuges

(sic), así como en el libro de varios. Agregó que a folio 25 del mismo archivo, estaba laRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

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(sic), así como en el libro de varios. Agregó que a folio 25 del mismo archivo, estaba laRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 7 escritura pública n.° 174 del 29 de enero de 1983, en la que constaba que la actora y Tito Espinosa habían contraído matrimonio por el rito católico el 29 de julio de 1973, unión en la que procrearon a: Diego Fernando, quien nació el 7 de octubre de 1974; Edilberto, el 7 de octubre de 1975; y César Augusto, el 26 de septiembre de 1977; y que también «formalizaron en esa fecha la disolución definitiva y consiguiente liquidación de la sociedad conyugal existente entre ellos desde la celebración del matrimonio». Con relación al informe técnico de investigación del 29 de enero de 2018, realizado por Cosinte -RM, relató que « se evidenciaba nota marginal en el registro civil de la demandante de haber contraído matrimonio con persona diferente al causante con cesación de efectos civiles de matrimonio religioso en la fecha que manifiesta la actora haber convivido con el causante» (archivo GEN-COM-CO-2018). Destacó que en dicha diligencia la demandante señaló

que comenzó a convivir con el causante desde el año de 1999; que los hijos de este no permitieron la unión de ellos en el barrio Polo, por lo que, «aunque no convivían con el causante si lo frecuentaba». (Subrayado de la Sala).

Luego: Indicó que el causante falleció por un problema respiratorio; que los trámites funerarios fueron realizados por la hija del señor Guillermo Roa; que no asistió al sepelio, solo a la misa; que el causante fue cremado, pero no sabe dónde están sus cenizas, noRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

SCLAJPT-10 V.00 8 tiene buena relación con los familiares del causante, estaba casada con alguien con quien se separó desde el año 1989 y legalmente el 20 de septiembre de 2013. La demandante convivió con el causante en el barrio el Polo, y respecto de la convivencia de la pareja, la guarda de seguridad había señalado que la pareja había vivido allí alrededor de ocho años. Igualmente, se entrevistó a Sebastián Roa, hijo de la pareja, quien señaló que sus padres vivieron en el barrio Polo por ocho años y luego se separaron. Se expuso en el informe que “De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que la señora Claudina Sarmiento y el

señor Guillermo Roa contraen unión marital desde 1999 hasta el año 2005, fecha en que se separan sin volver a convivir”. (Subrayado de la Sala). Adujo que del interrogatorio de parte absuelto por la demandante, se advertía que aquella admitió haber convivido con el causante desde el año 2005 hasta cuando falleció del corazón por un infarto que le dio en el apartamento donde vivían, junto con su hijo; «que en el 2005 tuvieron un altercado, razón por la que ella se fue unos días, pero luego volvió», año en el que la afilió a Sanitas; se separó de cuerpos de su exesposo en 1982, en 1983 se disolvió la sociedad conyugal y en el 2013 salió la liquidación total del matrimonio; posteriormente, señaló que procreó un hijo con el causante, el que nació en 1991, que ahí ya vivían con el señor Guillermo Roa Daza, quien tuvo un accidente, por lo que en los años 2013 o 2014, aproximadamente, comenzó a usar oxígeno y por eso no lo podía dejar solo. Que, por su parte, el testigo Juan Sebastián Roa Sarmiento señaló que sus padres fueron bastante unidos y nunca se separaron; que el progenitor estuvo hospitalizadoRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 9 porque tenía problemas en sus pulmones y falleció de muerte natural en la casa, momento en el que solo estaban su mamá y él. Relató que, según David Santiago Espinosa, nieto de la

SCLAJPT-10 V.00 9 porque tenía problemas en sus pulmones y falleció de muerte natural en la casa, momento en el que solo estaban su mamá y él. Relató que, según David Santiago Espinosa, nieto de la demandante, el señor Guillermo Roa fue el esposo de su abuela, frecuentaba a la pareja cada mes, siempre estuvieron juntos; que el causante siempre estuvo conectado con un respirador, andaba con un « tubito» de oxígeno, falleció en el año 2017 en la casa cuando estaba con la accionante y con su tío Sebastián. Señaló que, del análisis a las anteriores probanzas, atendiendo las reglas de la sana crítica, encontraba que ellas daban cuenta de una información contradictoria, generando dudas sobre la convivencia para el momento del fallecimiento del pensionado, por lo siguiente: A la anterior conclusión se llega porque es la misma demandante que durante el trámite de la investigación administrativa y la declaración rendida en su interrogatorio de parte expresa datos contradictorios, aunado a que siendo preguntada en la investigación administrativa por objetos de propiedad del causante o elementos que indicaran la cercanía de la pareja y el trato de solidaridad entre ellos, como la historia clínica, no los suministró con la manifestación que no tenía buena relación con los familiares del causante. Lo anterior es relevante, porque no se entiende cómo una pareja con los años de convivencia, como expuso la demandante, no tenga documentos o elementos que demuestren que efectivamente compartían techo, lecho y mesa. Se evidencia de la investigación administrativa realizada en el

con los años de convivencia, como expuso la demandante, no tenga documentos o elementos que demuestren que efectivamente compartían techo, lecho y mesa. Se evidencia de la investigación administrativa realizada en el año 2018 […], que la misma señora Claudina Sarmiento señaló en aquella oportunidad que la convivencia con el causante empezó en 1999 y que después de unos años de convivencia se fue a residir a otro barrio sin el pensionado y a renglón seguido manifestó, “aunque no convivían”, pero si lo frecuentaba. En tanto en el interrogatorio absuelto ante el Juzgado DoceRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 10 manifestó aspectos diferentes, como que la convivencia entre la pareja había empezado en el año de 1991, y que había convivido con el señor Guillermo Roa Daza hasta la fecha de su muerte, cuando se recuerda, en la investigación manifestó lo contrario, esto es, que no convivían, tan solo se frecuentaban. Pero además de ello, el hijo de la pareja, Sebastián Roa, también indicó aspectos diferentes tanto en la investigación administrativa como en la audiencia en la que declaró ante el Juzgado, ello en razón a que en la primera diligencia claramente dijo que sus padres habían vivido por uno años y luego se habían separado, mientras que en la audiencia dijo que sus progenitores nunca se habían separado. (Subrayado de la Sala). Al efecto, memoró que era necesario demostrar el requisito de la convivencia dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento del pensionado para tener derecho

nunca se habían separado. (Subrayado de la Sala). Al efecto, memoró que era necesario demostrar el requisito de la convivencia dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento del pensionado para tener derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, aspecto que «no fue certero». Agregó que no le asistía la razón a la apelante en cuanto a que el cumplimiento del aludido presupuesto quedó aclarado en los hechos de la demanda, pues, precisamente, esas situaciones fácticas eran las que debían probarse. Lo anterior, por cuanto atendiendo el principio de la carga de la prueba (artículo 167 del CGP), la obligación está a cargo de quien alega los hechos, « y no son suficientes las afirmaciones, sino que estas deben acreditarse en el proceso» (CSJ SL, 23 jun. 2005, rad. 24589 y SL672-2023). Añadió que el hecho de que en el año 2005, el causante hubiere afiliado al sistema de salud a la demandante y presentado ante Colpensiones el formulario para ser tenida en cuenta como beneficiaria de la pensión, junto con laRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 11 declaración extraproceso de 24 de noviembre de 2014, estas pruebas, por si solas, «no acreditan la convivencia dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento que ocurrió el 30 de octubre de 2017», máxime que de acuerdo al documento presentado ante Colpensiones solo se podría acreditar una

los cinco años anteriores al fallecimiento que ocurrió el 30 de octubre de 2017», máxime que de acuerdo al documento presentado ante Colpensiones solo se podría acreditar una convivencia desde el año 1999 hasta el año 2014, « pero no para la fecha del fallecimiento del pensionado». En consecuencia, como la promotora del proceso no acreditó la convivencia de cinco años previos al fallecimiento del pensionado, « pues se reitera existieron diferentes contradicciones no sólo en el testimonio del hijo de la demandante con el causante, sino de la misma exposición de la actora en cuanto a la convivencia entre la pareja de compañeros», debía confirmar la sentencia apelada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La actora pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, condene al reconocimiento y pago de la « pensión sustitutiva», junto con las demás pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causalRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 12 primera de casación, frente a los que se presenta réplica. La acusación se resolverá de manera conjunta, por cuanto se imputa la transgresión de las mismas disposiciones y se persigue el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO

primera de casación, frente a los que se presenta réplica. La acusación se resolverá de manera conjunta, por cuanto se imputa la transgresión de las mismas disposiciones y se persigue el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO La acusación se plantea en los siguientes términos: Acuso la sentencia recurrida como violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta al suponer pruebas inexistentes, ignorar otras tales como: […]. Lo que condujo a la no aplicación a los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 Ley 797 de 2003, 47 y 74 de la Ley 100, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Al ignorar las pruebas aportadas el Tribunal incurrió en errores de hecho que dieron lugar a la no aplicación de las normas ya citadas, ellas son: artículos 48 y 53 de la Constitución Política, 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 Ley 797 de 2003, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Al efecto, indica que el Tribunal incurrió en el siguiente error de hecho: «Dar por demostrado sin estarlo que la señora CLAUDINA SARMIENTO GARCIA, no convivía con el causante al momento de su defunción». Denuncia como pruebas no apreciadas e indebidamente valoradas, las que siguen:

[…] ignorar otras tales como: declaraciones extraprocesales folios 15 a 22 C.P. formato de sustitución pensional de fecha 25 de noviembre de 2014, certificación de afiliación a seguridad social en salud como dependiente en calidad de compañera permanente a folio 26 C. P. y otras que fueron apreciadas erróneamente las Resoluciones: SUB 59938 del 1° de marzo de 2018, a folio 29 del

C. P., SUB 88219 del 4 de abril de 2018 a folio 41 del C. P., DRI 7272 del 16 de abril de 2018, a folio 46 C. P. y SUB 309558 de 27 de noviembre de 2018 a folio 52 C.P., las cuales demuestranRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

SCLAJPT-10 V.00 13 nítidamente que a mi mandante le asiste el derecho a la sustitución de la pensión que disfrutaba en vida el señor

GUILLERMO ROA DAZA (q.e.p.d.)

(Subrayado de la Sala). Indica que no es cierto que « los compañeros permanentes ROA - SARMIENTO no convivían», puesto que el día y hora del deceso, el causante se encontraba reunido con su núcleo familiar, esto es, su compañera permanente Claudina Sarmiento García y su hijo Juan Sebastián Roa Sarmiento; y que el sentenciador acogió la tesis de la demandada sin tener en cuenta las pruebas arrimadas al plenario. Asegura que en el año 2005, el señor Roa afilió a la

demandada sin tener en cuenta las pruebas arrimadas al plenario. Asegura que en el año 2005, el señor Roa afilió a la demandante al Sistema de Seguridad Social en salud como dependiente, condición que mantuvo hasta que se produjo la muerte; que en el 2014 aquél suscribió ante Colpensiones formulario de sustitución provisional de su pensión, en el que la dejó como única beneficiaria; por tanto, el ad quem debió deducir que eran compañeros permanentes, conformaban un hogar y compartían techo, mesa y lecho y, además que procrearon un hijo en, « vez de suponer y digo suponer porque no hubo ninguna prueba contundente que demostrara la no convivencia». Alega que el Tribunal tampoco se percató de los testimonios que dan cuenta de conocer a la pareja por más de quince años como esposos, haciendo vida marital; por consiguiente, fueron compañeros desde 1991 hasta elRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 14 fallecimiento del causante. Agrega que «no se analizaron las pruebas allegadas con la demanda introductoria » y solo atendió lo manifestado por la parte demandada, « donde se inventaron» que la demandante y el pensionado estaban separados desde el año 2005. Luego de citar los artículos 47 y 74 de la Ley 100, modificados por el 13 de la Ley 797 de 2003, indicó que la accionante se conoció con Guillermo Roa Daza en el año

modificados por el 13 de la Ley 797 de 2003, indicó que la accionante se conoció con Guillermo Roa Daza en el año 1985 e iniciaron convivencia en unión libre en 1991, condición en la que procrearon un hijo; que los tres vivían en el apartamento 202, ubicado en la carrera 28A n.°80-37, Barrio el Polo de Bogotá, hasta el día en que aquél falleció. Después de citar literalmente varios párrafos de la sentencia acusada, expone que lo argüido por el colegiado es discriminatorio y viola las normas acusadas, puesto que se debe tener en cuenta que, para el momento del deceso del pensionado, convivían junto con su hijo, en el mencionado inmueble. Con relación al principio in dubio pro operario , cita un fragmento de una sentencia de esta Corte, según la cual, el juez debe acoger entre dos o más interpretaciones de la fuente formal de derecho de que se trate, la más favorable al trabajador, pero siempre que la disparidad de interpretaciones resulte de la comprensión que el mismo fallador considere posible al aplicar las reglas generales de hermenéutica jurídica y las específicas o propias del derechoRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

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Laboral (CSJ SL, 4 sep. 1992, rad. 4929). Alega que, si el juzgador plural hubiera interpretado y aplicado correctamente las pruebas arrimadas al proceso, conforme al artículo 53 de la Constitución Política, otro sería

Alega que, si el juzgador plural hubiera interpretado y aplicado correctamente las pruebas arrimadas al proceso, conforme al artículo 53 de la Constitución Política, otro sería el resultado de la sentencia. Itera que con la con la « actitud tomada por el Tribunal, de aplicar pruebas inexistentes y haber desestimado las que debió aplicar», violó las normas sustanciales acusadas.

VII. CARGO SEGUNDO La imputación está orientada así: Acuso la sentencia recurrida como violatoria de la ley sustancial por la vía directa al ignorar y a la no aplicación de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política artículo 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la ley 797 de 2003, arts. 47 y 74 de la ley 100 de 1993 modificados por la ley 797 de 2003.

El Tribunal incurrió en errores de hecho que dieron lugar a la falta de aplicación de las normas sustanciales ya citadas, o sea, artículos 48 y 53 de la Constitución Política, artículo 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003, artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003. (Subrayado de la Sala). Se atribuye al Tribunal el haber incurrido en los siguientes errores de hecho: 1° Dar por demostrado sin estarlo que, GUILLERMO ROA DAZA y CLAUDINA SARMIENTO GARCIA, para la fecha del fallecimiento del pensionado no estaban haciendo vida marital en calidad de compañeros permanentes.

1° Dar por demostrado sin estarlo que, GUILLERMO ROA DAZA y CLAUDINA SARMIENTO GARCIA, para la fecha del fallecimiento del pensionado no estaban haciendo vida marital en calidad de compañeros permanentes. 2° No dar por demostrado estándolo, que, GUILLERMO ROARadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

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DAZA y CLAUDINA SARMIENTO GARCIA, si eran compañeros permanentes para la fecha del fallecimiento del pensionado compartiendo techo lecho y mesa. 3° Dar por demostrado sin estarlo que, la pareja ROA – SARMIENTO solo fueron compañeros permanentes desde 1999 hasta el año 2014 fecha en que el causante afilió a su compañera a seguridad social en salud como dependiente dentro del grupo familiar como su compañera permanente. 4° Dar por no demostrado estándolo que, la pareja ROA – SARMIENTO fueron compañeros permanentes desde 1999 hasta el 30 de octubre de 2017 fecha del deceso del pensionado. Después de citar apartes de la sentencia acusada, afirma que el colegiado de instancia en forma errática confirmó la sentencia de primer grado, « calificando erróneamente las pruebas e ignorando las normas

sustanciales que debió aplicar», favoreciendo totalmente a la entidad demandada, en detrimento de sus intereses. Finalmente, itera algunos de los argumentos jurídicos que planteó en la sustentación del primer cargo.

VIII. RÉPLICA Colpensiones se opone de manera conjunta a la prosperidad de los cargos, aduciendo que adolecen de múltiples falencias y, además, presenta un escrito farragoso, no desarrolla un discurso verdaderamente direccionado a demostrar el yerro fáctico protuberante en que incurrió el Tribunal ni su incidencia en la decisión; solo se apoya en elucubraciones, como la simple afirmación según la cual la convivencia quedó demostrada, ya que el pensionado al momento de su deceso, se encontraba reunido con la actoraRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01

SCLAJPT-10 V.00 17 o por la calidad de beneficiaria en el sistema de salud. Indica que colegiado no incurrió en la infracción directa de las normas acusadas, pues resulta evidente que si las aplicó. Con relación al fondo del asunto aduce que la valoración probatoria fue acertada, razón por la cual el Tribunal no incurrió en los errores que se imputan.

IX. CONSIDERACIONES De manera preliminar la Sala ha de insistir en que,

conforme al sistema constitucional y legal, la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades que más que un culto a la técnica, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso; por ende, constituyen su debido proceso y son necesarios para que este no se desnaturalice. Así, para cumplir el objeto del recurso extraordinario de casación el escrito que lo contiene debe reunir no solo las exigencias formales previstas en el artículo 90 del CPTSS, sino que la acusación debe ser lógica, ajustada a los requisitos mínimos de orden técnico, clara en su planteamiento y completa en su desarrollo (CSJ SL52682017). Lo anterior, en consideración a que la labor de la Corte se supedita a que el recurrente formule de manera adecuada la acusación, para a partir de ello confrontar la sentencia con la ley, y así determinar si el fallador plural aplicó lasRadicación n.° 11001-31-05-012-2021-00142-01 SCLAJPT-10 V.00 18 disposiciones legales que correspondía para solucionar correctamente la controversia sometida a su escrutinio o si las interpretó adecuadamente o si dejó de lado las que estaban llamadas a solucionarla. En consecuencia, al censor le corresponde identificar los soportes del fallo que debate, para establecer la senda por la cual dirigirá el ataque, ya sea por la vía de los hechos, ora por la jurídica, o por ambas en cargos separados, desde luego, cuando el fundamento de la decisión que se confuta sea mixto.

la cual dirigirá el ataque, ya sea por la vía de los hechos, ora por la jurídica, o por ambas en cargos separados, desde luego, cuando el fundamento de la decisión que se confuta sea mixto. Pues bien, advierte la Sala que la sustentación del cargo, como lo advierte la opositora, adolece de graves desatinos que comprometen su prosperidad, los cuales no son susceptibles de ser corregidos en virtud del carácter dispositivo que rige el recurso extraordinario, conforme se pasa a señalar.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos en que el ataque se orienta por la vía directa, las modalidades de violación de la ley sustantiva que proceden son: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea; mientras que cuando se encamina el embate por la senda indirecta, procede por regla general la ap