CSJ - SL1675-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1675-2024 Radicación n.° 98058 Acta 22 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JORGE ELIÉCER ROMERO PÉREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, el 29 de agosto de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la COMUNIDAD DE EL CERREJÓN. Reconózcase personería adjetiva para actuar en representación de la demandada Comunidad de el Cerrejón a la abogada Helena Carolina Peñarredonda Franco identificada con la cédula de ciudadanía 1.020.757.680 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 237.248 del C.

S. de la J., en los términos y para los efectos del poder que le fue conferido y que reposa en el cuaderno digital de la

Corte.

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Radicación n.° 98058

I. ANTECEDENTES Jorge Eliécer Romero Pérez demandó a la Comunidad de el Cerrejón con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual operó del 23 de agosto de 2003 al 30 de enero de 2019, calenda última en la que finalizó por decisión unilateral e injusta del empleador, de ahí que a su favor se causó el reconocimiento de la indemnización correspondiente, al

tenor del artículo 64 del CST. Por otro lado deprecó la reliquidación y pago de las cesantías adeudadas durante la vigencia de la relación de trabajo; de las primas de servicios de los años 2016 a 2019; así como del salario efectivamente causado, con fundamento en el trabajo suplementario en horas extras, recargo nocturno, dominical y festivo percibido en ejecución del vínculo; la ineficacia o invalidez del otrosí suscrito el 28 de abril de 2014 por desmejorar sus derechos mínimos e irrenunciables, así como de la transacción suscrita en esa misma data, por haber comprendido derechos ciertos e indiscutibles. Además, solicitó el pago de la sanción moratoria contemplada en el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación «irregular de las cesantías anuales al fondo» entre los años 2003 a 2017; así como la indemnización moratoria a que se refiere el artículo 65 del CST a partir del 1 de febrero de 2019 y, hasta el momento

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Radicación n.° 98058 en que se haga efectivo el pago de las prestaciones sociales y salarios; lo que resulte probado en aplicación de las facultades ultra y extra petita y las costas del proceso. De manera subsidiaria a la «indemnización por despido injusto y moratoria», peticionó la ineficacia de la terminación de su contrato de trabajo y el correspondiente pago de los salarios correspondientes al tiempo en que ha estado cesante. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que el 23 de agosto de 2003 suscribió un contrato de trabajo a

término fijo con la demandada, el que pasó a ser a término indefinido con ocasión a la firma de un otrosí el 21 de agosto de 2009, para desempeñarse como supervisor de báscula en el Cerrejón Central, jurisdicción del municipio de Barrancas, la Guajira, en jornada máxima legal de ocho horas diarias. Manifestó que la convocada se obligó a la consignación de los dineros causados por concepto de auxilio de cesantías, sin embargo, tal deber no se acató a cabalidad, en consideración a que no se tuvo en cuenta el salario al que realmente tenía derecho, como consecuencia de no haberle reconocido como correspondía, el trabajo suplementario, dominical y festivo, así como los recargos «tal como lo ordena la ley». Expuso haber laborado jornadas superiores a la máxima legal, lo que detalló de manera quincenal, para

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Radicación n.° 98058 destacar las diferencias dejadas de reconocer por la empleadora a partir de agosto de 2003, así como el salario promedio anual que se debió tomar para la liquidación de sus acreencias y los montos adeudados por cada concepto. Dijo que el 28 de abril de 2014 se firmó entre las partes un contrato de transacción a través del que se le concedió la suma de $4.000.000 a título de «bono», con el que «presuntamente» se compensaban los pagos irregulares que por concepto de salarios, recargos legales por trabajo suplementario, en días de descanso y prestaciones sociales se le habían efectuado; lo que resultaba ilegal y, por ende,

viciado de nulidad, al recaer sobre «hechos (sic) ciertos e indiscutibles» como lo eran las prestaciones sociales y los salarios por trabajo extra, dominical, festivo y nocturno, más cuando para ese momento, las diferencias causadas ascendían a la suma de $42.447.621. Manifestó que en esa misma calenda se suscribió otrosí al contrato de trabajo, en el que se estableció el pago de un salario fijo de $1.350.000, que comprendía el reconocimiento de la suma de $900.000 por las labores desarrolladas en jornada ordinaria y el rubro de $450.000, con el propósito de compensar de manera anticipada las horas extras, recargos legales y trabajo en días de descanso a que tuviera derecho; acuerdo que era lesivo a sus intereses, por atentar contra su salario y la compensación de su labor, que sobrepasaba la jornada máxima legal.

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Radicación n.° 98058 Así las cosas, aseveró que recibió sumas inferiores a las que le correspondían de conformidad con la ley. Lo que detalló respecto de cada una de las quincenas laboradas a partir de mayo de 2014 frente a las acreencias causadas hasta la terminación del vínculo, que ocurrió el 30 de enero de 2019 de manera unilateral e injusta. Puso de presente que al finiquito contractual se le liquidó y pago de manera indebida sus prestaciones sociales, pues no se tuvo en cuenta el verdadero salario al que tenía derecho y, no se le comunicó si la demandada se encontraba al día con los pagos relativos a los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de los últimos

tres meses como ordenaba el artículo 65 del CST. Adujo que presentó derecho de petición para obtener los documentos relacionados en el escrito inaugural y que se utilizaban como prueba y, que al momento de celebrar el contrato de trabajo que ató a las partes, la convocada no tenía autorización por parte del Ministerio de Trabajo para exceder la duración de la jornada máxima de ocho horas. Por último, indicó que el 30 de abril de 2019 solicitó a la empleadora, también mediante derecho de petición, la reliquidación de sus acreencias, con lo que interrumpió la prescripción de sus derechos. Al contestar la demanda inaugural, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió los extremos de la relación laboral que existió entre

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Radicación n.° 98058 las partes y su modalidad; la suscripción del otrosí fechado 28 de abril de 2014 así como del contrato de transacción en la misma data y, la suma reconocida como consecuencia de este, con la precisión de que tuvo como objetivo precaver y transigir cualquier diferencia o conflicto que se hubiera suscitado por todo concepto «sea a título de salarios, reajuste de salarios, o de recargos legales y prestaciones sociales»; la presentación de los derechos de petición por parte del actor y que estos fueron contestados. De los demás supuestos fácticos aseguró que no eran ciertos. En su defensa sostuvo que el demandante estuvo sometido a la jornada establecida en el artículo 165 del CST, para laborar turnos de 12 horas, dentro de las cuales se encontraba incluida una hora de descanso para la toma

de alimentos, almuerzo o cena; turnos que se ejecutaban en seis días de trabajo y tres días de descanso; de ahí que los cálculos efectuados por el promotor de la contienda fueran infundados, pues «en esta jornada no se computan horas extras, sino los recargos por trabajo nocturno y los recargos por trabajo en dominicales cuando los trabaje». Lo que respaldó en las providencias CSJ SL, 6 mar. 2007, rad. 30204 y CSJ SL, 20 feb. 2008, rad. 29588. Por otro lado, adujo que su proceder no había estado presidido de malicia o con la intención de eludir los derechos del trabajador, de manera que su conducta debía ubicarse en el terreno de la buena fe, como se expuso en la decisión CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 37288; CSJ SL, 20 sep. 2017, rad. 55280.

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Radicación n.° 98058 Propuso como excepciones de mérito, las que denominó prescripción; cosa juzgada; compensación; buena fe y la innominada u oficiosa; y como previas las de prescripción, y de cosa juzgada, declarándose en la audiencia llevada a cabo por parte del juzgado de conocimiento el 16 de septiembre de 2020 (fo. 265 archivo PDF Primera Instancia _ Cuaderno Principal 7 _ Cuaderno _ 2023063843288) parcialmente probada la primera, respecto de la reliquidación y pago del tiempo suplementario «presuntamente» laborado y no cancelado entre «agosto de 2003 y febrero de 2016», teniendo en consideración que el

vínculo que existió entre las partes se ejecutó entre el 23 de agosto de 2003 y el 30 de enero de 2019 y la reclamación tendiente a interrumpir el fenómeno de la prescripción se presentó el 27 de marzo de 2019. Esta decisión que hizo extensiva al auxilio de cesantías pues aun cuando tal acreencia no estaba «subsumida en este fenómeno» los emolumentos con fundamento en los cuales se perseguía su reliquidación sí, de manera que esta no procedía para los años «2003 a 2015». Sobre la excepción previa de cosa juzgada el a quo se abstuvo de efectuar pronunciamiento. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 11 de octubre de 2021 resolvió:

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PRIMERO: Declarar que entre el demandante JORGE ELIÉCER ROMERO PÉREZ y la COMUNIDAD DE EL CERREJÓN, existió un contrato de trabajo, de acuerdo a lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ABSOLVER a la empresa COMUNIDAD DE EL CERREJÓN de las demás pretensiones formuladas en la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declarar probada la excepción de Buena fe propuesta por la parte demandada.

CUARTO: COSTAS, a cargo de la parte demandante. Tásense.

QUINTO: Se fijan Agencias en Derecho a favor de la demandada y contra el demandante en la suma de NOVECIENTOS OCHO

MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($908.526,oo) M/L.

SEXTO: Si no fuere apelada la presente sentencia, consúltese ante la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Honorable Tribunal Superior de Riohacha, La Guajira, a quien por secretaría se le remitirá el expediente.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el actor, a través de proveído del 29 de agosto de 2022 confirmó íntegramente la decisión de primera instancia e impuso las costas de la alzada al impugnante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, y por incidir en la decisión que resolvió la apelación, es necesario anotar que el Tribunal al definir en la misma audiencia las excepciones previas, declaró que, aun cuando los derechos laborales comprendidos entre «agosto de 2003 y febrero de 2016» estaban prescritos, salvo las cesantías, advirtió que

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Radicación n.° 98058 estas últimas no se podían reliquidar, como lo buscaba la parte actora, incluyendo los factores que sí estaban prescritos; textualmente dijo: En suma, al operar el fenómeno de la prescripción de los valores que soportan la pretensión de reliquidación de las cesantías, impiden que puedan tomarse en abstracto, como si

ellas subsistieran. No, en el mundo jurídico, las cosas existen o no, y no se puede tomar la tesis del apelante en el sentido que, a pesar de estar prescritos los derechos, sigan produciendo efectos. En suma, se debe confirmar la sentencia apelada. Por ello, al desatar la alzada dijo: «No se estudiará aquí el tema de la prescripción, que fue definida en el auto precedente». Precisado lo anterior, sostuvo que los ejes temáticos en los que se centraba su decisión correspondían a: i) la jornada laboral que regulaba el caso en concreto; ii) la ineficacia del otrosí suscrito en abril de 2014; iii) si era viable aplicar el artículo 132 del CST y en caso afirmativo su incidencia en la reliquidación de horas extras y trabajo suplementario para los años no prescritos; y iv) si había lugar a imponer «las sanciones» de los artículos 65 del CST y 99 numeral tercero de la Ley 50 de 1990. Señaló que la jornada de trabajo se encontraba regulada en los artículos 158 a 165 del CST y que la línea jurisprudencial sobre esa materia correspondía a la contenida en las providencias CSJ SL, 6 mar. 2007, rad. 30204; CSJ SL, 29 sep. 2009, rad. 32634 y CSJ SL22832018.

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Radicación n.° 98058 A continuación y en torno a la eficacia o no del otrosí suscrito el 28 de abril de 2014, luego de reproducir su contenido, así como apartes de las decisiones CSJ SL15472022 y CSJ SL9058-2022, indicó que la regulación que frente a la remuneración del servicio prestado se previó, «en dos sumas de dinero, $900.000, trabajo de la jornada diurna desarrollado en los días laborados, y la suma de $450.000, por horas extras, recargos legales y trabajo en día de descanso para una suma total mensual de $1.350.000» era válida. Ello, en consideración a que no solo no afectaba el salario mínimo del trabajador, sino que de conformidad con «las operaciones matemáticas que realizó el juez de primera instancia, concluyó que el empleador pago (sic) al trabajador en exceso los trabajos de horas extras, dominicales y festivos, del periodo no prescrito» lo que unido a que no se discutió a través del recurso de alzada, estaba acorde con la jurisprudencia traída a colación, en relación con la aplicación del artículo 132 del CST aun en tratándose de trabajadores que no devengaban un salario integral, en los términos del artículo 170 ibidem, relativo a trabajos que implicaban rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos respecto de los cuales era dable estipular «salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre que estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en horas diurnas compensen los recargos legales». Con fundamento en lo precedente el fallador de segundo grado aseguró que, aun cuando le asistía «razón

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Radicación n.° 98058 parcial al apoderado demandante, en señalar que al

presente caso no aplica el inciso segundo y tercero, del artículo 132», a su juicio, la decisión impugnada, no se refería a esos numerales, «sino al numeral primero, en cuanto las partes pueden convenir libremente el salario, con la única limitante de respetar el salario mínimo legal, o el fijado en convenciones colectivas, pactos colectivos o fallos arbitrales». En ese orden, coligió que el otrosí cuya ineficacia se deprecaba no perjudicó al trabajador en tanto «a la hora de la verdad, siempre recibió más de lo que le correspondía, según las cuentas que realiza la primera instancia y que no fueron objetadas por el apelante». Y, en esa medida, regulaba la jornada laboral a partir del 1 de mayo de 2014, momento a partir del cual al promotor de la contienda le correspondía el cumplimiento de la «rotación de turnos que programe el empleador para ser asignado a la báscula instalada tanto en Carbones del Cerrejón, como en Carbones Colombianos del Cerrejón», en los términos del artículo 165 del CST, última disposición respecto de la que existía una sólida línea jurisprudencial a la que se aludía en la sentencia CSJ SL9058-2022. Por lo anterior y, al no haber prosperado los ataques del demandante, sostuvo que no era posible adentrarse en la procedencia de las indemnizaciones a las que se referían los artículos 65 del CST y 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la decisión de primera instancia «en lo que corresponde a los numerales 2, 3, 4, 5, y 6 para que, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los que son replicados por la demandada los cuales se resolverán en el orden en que fueron propuestos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segundo grado por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 32 del CPTSS -como medioque condujo a la aplicación indebida de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS y a la infracción directa de los artículos 249 «sustantivo» y 99 de la Ley 50 de 1990.

De manera preliminar señala que no es materia de controversia que el actor laboró para la demandada del 23 de agosto de 2003 al 30 de enero de 2019; que se pactó la

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Radicación n.° 98058 regulación de una jornada de trabajo conforme al artículo 165 del CST y que aun cuando «reclamó en el proceso la declaratoria, reconocimiento y pago del trabajo suplementario desde el 2003 al 2019 causado al exceder los límites impuestos por el artículo 165 sustantivo» y, por consiguiente, la reliquidación de las acreencias laborales

causadas en dicho interregno conforme al salario que efectivamente devengó, al momento de resolverse la excepción previa de prescripción el Tribunal declaró «prescritas las acreencias laborales, los salarios anteriores a 2016, es decir, del 2003 al 2016, salvo las cesantías». Partiendo de lo anterior y con el propósito de sustentar su inconformidad sostiene que esta se centra en que, pese a que se declaró que el derecho a las cesantías del periodo 2003 a 2016 no estaba prescrito, el fallador se abstuvo de tasarlas en la sentencia «al encontrar que habían prescrito los factores salariales». Pone de presente que es criterio de la Corte que la excepción de prescripción, en los términos del artículo 32 del CPTSS, podía plantearse como previa y definirse en la audiencia de que trataba el artículo 77 ibidem, como ocurrió en el asunto y no se discutía, sin embargo, que ello en manera alguna daba lugar a que perdiera su «esencialidad», motivo por el que al juzgador de la alzada le correspondía resolverla en la sentencia. Lo que respaldó en fragmentos de la sentencia CSJ SL3693-2016. Indica que, en el caso en concreto, era materia de

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Radicación n.° 98058 debate la base salarial cancelada a su favor entre los años 2003 a 2016 y que, ante la diversidad de los derechos reclamados se requería de diferentes análisis. En esa medida, aun cuando los salarios reclamados habían prescrito, no podía pasarse por alto que ello no había

ocurrido respecto de las cesantías y, por consiguiente, le correspondía al colegiado adentrarse en su estudio, resolución y tasación, atendiendo a la recta intelección del artículo 32 del CPTSS. Argumenta que conforme al alcance de los artículos «488 sustantivo y 151 procedimental» las cesantías se hacen exigibles desde el momento en que finaliza el contrato de trabajo, como se adoctrinó en la sentencia CSJ SL46332021, razón por la que el juez plural efectuó una aplicación indebida de dichas normas frente a esta prestación, en tanto la prescripción de los factores salariales, «no significa la prescripción de las cesantías o su imposibilidad de estudiarlas y así se aceptó desde la providencia CSJ SL8544 2016» de la que transcribió varios apartes. Manifiesta que de haber entendido correctamente el alcance de la excepción de prescripción en su carácter «dilatorio o de fondo», se habría advertido que le correspondía estudiarla respecto a las cesantías y, con fundamento en ello, «indagar los salarios pagados entre 2003 y 2016 y las diferencias reclamadas para determinar si estas (las cesantías) se habían consignado bien o deficitariamente» y, de contera ordenar su reconocimiento y pago así como el de la sanción moratoria de que trata el

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Radicación n.° 98058 artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

VII. RÉPLICA La demandada se opone a la prosperidad de la acusación manifestando que de su lectura emerge que la

intención del recurrente es discutir la decisión contenida en el auto a través del cual se resolvió la excepción previa de prescripción, lo que se encuentra vedado, tal como se enseñó en la providencia CSJ SL, 21 abr. 2009, rad. 38304 e implica, para el asunto en concreto, que la discusión relativa a la reliquidación de las cesantías quedó por fuera de la decisión de segundo grado, en la que, además, se omitió por completo un pronunciamiento sobre ese particular, como de manera expresa se destacó en la decisión combatida. Pone de presente que aun cuando se fustiga la sentencia de la alzada de interpretación errónea del artículo 32 del CPTSS, los argumentos expuestos no se ocupan de explicar cómo el Tribunal pudo haber incurrido, en la aludida modalidad de violación de la ley y, además desconocen que en la decisión controvertida no se utilizó tal precepto. En cuanto a la infracción directa de los artículos 249 «sustantivo» y 99 de la Ley 50 de 1990 destaca que en manera alguna el fallador se abstuvo de aplicar tales disposiciones por ignorancia o rebeldía, pues fue por no encontrar configurados los supuestos para la reliquidación

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Radicación n.° 98058 de las cesantías que negó dichas pretensiones, de ahí que, aunque de manera negativa, si las llamó a operar al asunto de marras. Sobre el fondo de la inconformidad sostiene que cuando el censor acude a la sentencia CSJ SL8544-2016 en torno a la postura relativa a que la prescripción de factores

salariales no genera la prescripción de las cesantías, ello es el resultado de pretender «extrapolar los razonamientos» relativos a la imprescriptibilidad del derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales, no que no encuentra soporte alguno pues al declararse prescrita una acreencia laboral, corren la misma suerte los derechos que se derivan de esta.

VIII. CONSIDERACIONES Ha de recordarse que el Tribunal, en lo que a la configuración del fenómeno de la prescripción de los factores salariales y la consecuente afectación en la liquidación del auxilio de cesantía causadas entre 2003 y 2016, no efectuó pronunciamiento alguno en la sentencia con la que desató el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la providencia de primer grado, porque encontró que tal materia ya se había definido al resolverse la excepción previa.

Y en cuanto al periodo no prescrito, esto es, el comprendido entre marzo de 2016 y 30 de enero de 2019, el sentenciador sostuvo que, conforme a los cálculos

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Radicación n.° 98058 verificados por el juez, que la parte actora no atacaba, se había pagado más de lo que legalmente correspondía. De otro lado, y en cuanto a la procedencia de la indemnización y sanción moratoria deprecadas al tenor de los artículos 65 del CST y 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990, dijo que no era dable incursionar en su estudio, al no haber prosperado la inconformidad del demandante en relación con las reliquidaciones solicitadas. Por su parte, el reparo de la censura gravita en que

pese a que se declaró que el derecho al auxilio de las cesantías del periodo 2003 a 2016 no estaba prescrito, el fallador plural se abstuvo de tasarlo en la sentencia «al encontrar que habían prescrito los factores salariales» que se pedían tener cuenta para su liquidación, desconociendo que aun cuando la excepción de prescripción en los términos del artículo 32 del CPTSS, podía plantearse como previa y definirse en la audiencia de que trata el artículo 77 ibidem, no suponía que al juzgador de la alzada le fuere válido sustraerse de efectuar un pronunciamiento respecto de esta al proferir la decisión que pusiera fin a la instancia, menos cuando, el mencionado fenómeno no había operado respecto de las cesantías por hacerse exigibles a la terminación de la relación de trabajo. En ese orden, el problema jurídico que convoca a la Sala consiste en establecer si el fallador de segunda instancia se equivocó al interpretar el artículo 32 del CPTSS cuando dejó de pronunciarse en torno a la excepción de

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Radicación n.° 98058 prescripción de los factores salariales y la reliquidación del auxilio de cesantía del periodo comprendido entre «agosto de 2003 y febrero de 2016», al momento de proferir la sentencia que puso fin a la alzada; ya que, a pesar de que se propuso y resolvió como previa, ello no implicó que, en su esencia, dejara de ser perentoria y, en esa medida, no relevaba al sentenciador de adentrarse en establecer la

procedencia de la reliquidación deprecada para ese lapso, así como de las moratorias peticionadas. Pues bien, en lo que a este tópico se refiere surge procedente en primer lugar reproducir el tenor literal de la norma materia de análisis como sigue: ARTÍCULO 32. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1149 de 2007. El nuevo texto es siguiente:> El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo. Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia. Atendiendo al contenido del anterior precepto, debe destacar esta corporación que contrario a lo que argumenta la censura, aun cuando la excepción de prescripción puede proponerse ya como previa ora de fondo y, que el que se formule en la primera calidad no hace que indefectiblemente pierda su naturaleza de perentoria; lo cierto es que una vez definida, no es procedente volver a estudiarla, como ocurre en el presente asunto, en donde el medio exceptivo, en relación con la inclusión de factores

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Radicación n.° 98058 salariales entre «agosto de 2003 y febrero de 2016», con el

fin de disponer la reliquidación del auxilio de cesantías se había planteado y decidido de manera preliminar. Por ello, el Tribunal no tenía por qué retomar su análisis en la sentencia, como equivocadamente se plantea en sede extraordinaria por parte del recurrente. De allí que, actuó ajustado a derecho cuando precisó que era un punto definido sobre el cual no se pronunciaría. Así se dijo, al resolver un asunto de similares contornos, en la providencia CSJ SL3693-2017: Adicional a ello, el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social regula, igualmente de manera expresa, el trámite que debe darse a las excepciones, y establece que «… también podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión…» En desarrollo de dicha norma, esta sala de la Corte ha explicado con suficiencia que el hecho de que la excepción de prescripción pueda proponerse y estudiarse, bajo ciertas condiciones, en la calidad de previa, no quiere decir que siempre deba formularse de esa manera y que pierda su naturaleza esencialmente perentoria. En la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2006, rad. 26939, se dijo al respecto: Por sabido se tiene que las excepciones procesales son los mecanismos o herramientas de defensa que la ley otorga a la parte demandada para “controlar la existencia jurídica y la validez formal del proceso, depurándolo cuando sea el caso de defectos o impedimentos que atentan contra la eficacia misma

del instrumento. De ahí que, por vía de principio general, ellas tengan como objetivo salvaguardar los presupuestos procesales, para disponer los saneamientos correspondientes cuando haya lugar, o provocar el aborto del proceso, terminándolo formalmente, cuando las deficiencias no se superan y siguen gravitando en él”, conocidas con el nombre de previas o dilatorias y entre las que se encuentran las de falta de competencia, de jurisdicción, compromiso, falta de integración del litis-consorcio necesario; o para atacar el alma o el corazón del derecho deprecado por la contraparte, pues su fin no es otro que repeler que éste acabe en pleno vigor; aquí, entonces, el blanco de la defensa apunta a las pretensiones de la demanda y son las de mérito o de fondo, entre ellas están las de

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Radicación n.° 98058 prescripción, pago y compensación. La ley procesal determina que las excepciones previas deben ser resueltas por el juez laboral en la audiencia pública de “conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio” (artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001). Por su parte, las excepciones de mérito deben ser decididas por el juez con la sentencia. Empero lo precedente, según la exposición de motivos de la Ley 712 de 2001, en aras de “la economía procesal y la descongestión judicial, y considerando el desarrollo que en el procedimiento civil han tenido las llamadas excepciones mixtas,

se consagra un trámite especial para dos excepciones de mérito; la de prescripción y las de cosa juzgada, que podrán en ciertos casos decidirse en la primera audiencia de trámite” (negrillas fuera de texto). Así las cosas, no es que la ley permitió una mutación de la naturaleza jurídica de la excepción de prescripción, es decir, que haya cambiado de ser una excepción de fondo a dilatoria, sino que, se itera, por economía procesal y celeridad, al juez laboral le es dable resolverla en la primera audiencia de trámite, siempre y cuando, como lo establece el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado