CSJ - SL1686-2024

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1686-2024 Radicación n.°92535 Acta 23 Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ÁLVARO IVÁN OBREGÓN SABOGAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC., el 30 de septiembre de 2020, en el proceso que adelantó contra KONIDOL SA, M&C SAS, (como integrantes del Consorcio MK),

ECOPETROL SA y ALLIANZ SEGUROS SA.

I. ANTECEDENTES Álvaro Iván Obregón Sabogal, llamó a juicio al Consorcio MK, y a Konidol SA, y M&C SAS, en su condición de integrantes de la citada agrupación, además, solidariamente a Ecopetrol SA., para que se declarara que:

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Radicación n.°92535 Entre él y el consorcio MK, existió un contrato de trabajo inferior a un año, que tuvo vigencia entre el 17 de marzo de 2013 y 28 de junio del mismo año, que se desarrolló en el Departamento del Casanare, y otro vínculo desde el 29 de junio de 2013 y hasta el 15 de agosto del mismo año. También pidió declarar, que Konidol SA y M&C SAS, como integrantes del Consorcio MK, son solidariamente responsables, mientras que Ecopetrol SA, tenía responsabilidad solidaria como beneficiaria de la obra.

Consecuentemente, que las llamadas a juicio debían sufragarle salarios, prestaciones sociales, intereses de cesantía y vacaciones causados desde el 29 de junio y hasta el 15 de agosto de 2013, así como los aportes dejados de pagar al sistema de seguridad social en pensiones; las sanciones moratorias de los artículo 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, la sanción por no pago de intereses a la cesantía, así como la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, los gastos en que incurrió para el cambio de residencia; y que a la terminación del contrato, el dador de laborío no informó el estado del pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social. Procedió a tasar el valor de cada derecho, agregó que las llamadas a juicio debían pagarle un interés del 6% anual «por todos los conceptos expuestos dentro del presente escrito», la indexación y las costas.

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Radicación n.°92535 Como sustento de las pretensiones, describió que fue contratado por el Consorcio MK, para que prestara sus servicios como «trabajador profesional residente II», para la ejecución de los contratos 5206704 y 5206689, que el consorcio celebró con Ecopetrol SA. Agregó que con el Consorcio MK, suscribió 2 contratos de trabajo, el primero existió desde el 27 de marzo de 2013 y hasta el 28 de junio del mismo año, para prestar servicios en el Municipio de Monterrey (Casanare), con un salario básico de $4.200.000. $1.800.000 de gastos de representación y las prestaciones

sociales de este nexo, fueron sufragadas por Ecopetrol SA, a través de la «gestoría administrativa». Del segundo contrato, dijo que se pactó por duración de la obra o labor, inició el 29 de junio de 2013 y terminó el 15 de agosto del mismo año, cuyo objeto era continuar con el proceso de liquidación de los contratos 5206704 y 5206689; el contrato le fue enviado por mensaje de datos a través del administrador de la base de Monterrey; se fijó una asignación de $6.000.000, ($4.200.000 salario básico y $1.800.000 para gastos). Refirió que remitió el contrato con la última hoja firmada, que era para trabajar en la ciudad de Bogotá DC., lo que implicó que él con sus propios recursos pagara el traslado, sin que la empleadora pagara por este segundo vínculo los derechos salariales, prestacionales, ni las vacaciones. Relató que el 12 de noviembre de 2013, debido al incumplimiento aludido, presentó queja por escrito en la

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Radicación n.°92535 oficina de participación ciudadana ante Ecopetrol SA., pero no recibió respuesta de ella, ni del Consorcio; por eso, citó a las dos compañías ante el Ministerio de Trabajo. Al finalizar, adujo que no fue informado sobre el pago de los aportes al sistema de seguridad social, tampoco de los parafiscales, y ante la omisión de pago, Ecopetrol SA., era solidaria, como beneficiaria de la obra. Ecopetrol SA., se opuso a las pretensiones (f.°186 a 195, subsanada a f.°343 a 345). De los hechos aceptó, que

no dio respuesta al reclamo que elevó el demandante. En su defensa, afirmó que no tenía ninguna obligación con Obregón Sabogal, porque el único responsable era el empleador, es decir, Consorcio MK; anotó que el contrato celebrado con éste, solo producía efectos entre las partes. Llamó en garantía a Allianz Seguros SA., con sustento en la póliza de seguro CEST-2166, cuyo tomador fue Consorcio MK. Propuso la excepción de prescripción, y las que llamó: inexistencia de la obligación, inexistencia de solidaridad, cobro de lo no debido, y buena fe. El a quo, tuvo por no contestada la demanda por parte de M&C SAS y Konidol SA (f.°373), esta última actuó por conducto de curador ad litem. Allianz Seguros SA (f.°383 a 411), contestó el llamamiento en garantía, y aceptó: la existencia del contrato

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Radicación n.°92535 de seguro; y el número de la póliza, pero aclaró que «cambió de número al interior de la aseguradora». Sostuvo que «ninguna obligación puede surgir en el presente proceso, pues el Tomador es decir el consorcio MK, identificado (…) no fue demandado en el presente proceso, por lo cual, si no hay condena frente al contratista tomador de la póliza, ni prueba de la solidaridad patronal con Ecopetrol, en nada se puede obligar al asegurador (…)». Planteó las excepciones de prescripción, compensación, y nulidad relativa, además, las que denominó: imposibilidad de condena, porque el tomador en

la póliza fue Consorcio MK; inexistencia de la obligación frente a las sociedades M&S y Konidol y en relación con Ecopetrol SA; inexistencia de solidaridad entre demandados y Allianz Seguros SA; «EXCEPCIÓN DE COADYUVANCIA DE LOS MEDIOS DEFENSIVOS DE LOS OTROS DEMANDADOS Y LLAMADOS EN GARANTÍA»; coexistencia de seguros que contengan el mismo amparo de pago de salarios y prestaciones sociales.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá DC, luego de concluir el trámite, profirió fallo el 31 de octubre de 2019, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre ALVARO IVÁN OBREGÓN SABOGAL y el CONSORCIO MK, constituido por KONIDOL SA., y M&C SAS., existió un contrato de trabajo por el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 15 de agosto del año 2013.

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SEGUNDO: DECLARAR solidariamente responsable a KONIDOL SA, M&C SAS y ECOPETROL, de las obligaciones objeto de condena en el presente asunto.

TERCERO: DECLARAR que como consecuencia de lo anterior, las demandadas KONIDOL SA, M&C SAS y ECOPETROL SA, deberán cancelar al demandante las siguientes sumas de dinero:

[a] Salarios del 29 de junio al 15 de agosto de 2013 $9.400.000; b) Prestaciones sociales del 29 de junio al 15 de agosto de 2013 $1.578.939; c) Vacaciones del 29 de junio al 15 de agosto de

2013 $391.667; d) Sanción por el no pago de intereses a las cesantías $12.272.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, inexistencia de solidaridad, cobro de lo no debido y prescripción elevadas por las demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones planteadas por la parte demandante.

SEXTO: CONDENAR a las demandadas KONIDOL SA., M&C SAS., y ECOPETROL SA., a cancelar en favor del demandante los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones por el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 15 de agosto del año 2013, a Porvenir o al fondo de pensiones que indique el demandante al momento de pago, previo cálculo actuarial, teniendo como IBL la cifra de $6.000.000.

SÉPTIMO: CONDENAR a las demandadas Konidol SA., M&C SAS., y ECOPETROL SA., a reconocer y pagar en favor del demandante la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST, en cuantía de un día de salario por cada día de retardo en el pago de prestaciones sociales, que liquidada hasta el 26 de febrero de 2016, fecha en que se admitió en reorganización a M&C SAS., asciende a la suma de

$185.000.000.

OCTAVO: CONDENAR a ALLIANZ SEGUROS SA., a garantizar el pago de las condenas hasta el monto del valor asegurado de acuerdo a la póliza No.0101802166, conforme a la parte motiva

de esta providencia.

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NOVENO: COSTAS de esta instancia a cargo de las demandadas de manera proporcional al monto de las mismas (…).

Disconformes, apelaron las demandadas y la llamada en garantía

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC., emitió fallo el 30 de septiembre de 2020, en el que decidió: PRIMERO: REVOCAR los numerales SEGUNDO y OCTAVO de la sentencia proferida por el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE los numerales TERCERO, SEXTO y SÉPTIMO, únicamente en el sentido de excluir de las condenas allí impuestas a ECOPETROL SA, conforme lo analizado en la parte motiva.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por el Juez Treinta y Tres laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador de segundo nivel, detalló que el a quo, para condenar solidariamente a la Estatal Petrolera, analizó los objetos de las sociedades integrantes del consorcio y de Ecopetrol SA, estimó que no se encontraba configurada bajo el mandato del artículo 34 del CST, sin embargo, «atendiendo lo pactado en el contrato No. 52067704 suscrito

por ECOPETROL y el CONSORCIO MK y lo consignado en el

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Radicación n.°92535 acta de liquidación final del mismo, concluyó la existencia de una solidaridad de carácter contractual», toda vez, que en criterio del juez de primer grado, dentro de las obligaciones de la compañía de petróleos, se encontraba la verificación del pago de acreencias laborales de los trabajadores del consorcio, lo cual incumplió. Aludió al artículo 66A, aseveró que las compañías integrantes del consorcio, alegaron que debían ser absueltas e imponerse las condenas directamente a Ecopetrol SA, por ello debía revisar «si ECOPETROL SA., es la responsable directa del pago de las condenas impuestas a cargo de las integrantes del CONSORCIO MK o si por el contrario es responsable solidaria de estas, en virtud de un eventual incumplimiento contractual». Anotó que no era objeto de debate: la calidad de empleadores que ostentaron M&C y Konidol SA., como integrantes del consorcio MK; y que omitieron sufragar al trabajador los emolumentos salariales y prestacionales y demás acreencias de carácter laboral, lo que dio lugar a que se ordenara el pago a cargo de estas sociedades. Enunció que no era viable, como lo sustentaron las integrantes del consorcio, en virtud del contrato celebrado con Ecopetrol SA., trasladarle a ésta la responsabilidad del pago de lo adeudado al trabajador, pues el artículo 57 del CST, imponía que el obligado era el empleador, es decir, los

integrantes del consorcio.

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Radicación n.°92535 Agregó que, el contrato de trabajo suscrito con el actor (f.°23 y 24), estaba ligado a la liquidación del contrato 5206689 que fue firmado entre Ecopetrol y el Consorcio MK (f.°85 a 105), en cuya cláusula quinta, la compañía de hidrocarburos se obligó a sufragar la remuneración de las personas que vinculara para la ejecución. Dijo que con ocasión del contrato de prestación de servicios celebrado entre la estatal petrolera y el Consorcio, «debía conformarse una fiducia mercantil con cargo a la cual la contratante – Ecopetrol – podía efectuar el pago directo a terceros relacionados con obligaciones dinerarias que correspondían al contratista – Consorcio MK- (parágrafo 1, cláusula 4 Forma de Pago, folio 90», sin embargo, en el sub examine, no se acreditó la celebración de dicho contrato mercantil de fiducia, ni la existencia de recursos. Esgrimió que la argumentación de las integrantes del consorcio, habría podido formularse como sustento de llamamiento en garantía, pero tal relación sustancial, no podía ser estudiada porque no se había acudido a dicho llamamiento en garantía, con los requisitos dispuestos en el artículo 65 del CGP. Del recurso de Ecopetrol SA, procedió a estudiar «la solidaridad contractual declarada por el Juez», toda vez, que el a quo, se sustentó para resolver este punto en el contrato 5206704, suscrito entre la estatal petrolera y el Consorcio

MK (f.°59 a 80 y 196 a 206), y el «acta de liquidación final unilateral del mismo» (f.°208 a 219), sin embargo, acorde con este último documento, «tal relación contractual solo

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Radicación n.°92535 estuvo vigente entre el 17 de diciembre de 2009 y el 29 de junio de 2013 (folio 210), es decir, había expirado su vigencia para el periodo que estuvo vinculado el demandante con el consorcio», además que la duración del vínculo laboral estaba supeditada a la «duración del proceso de liquidación del contrato N°5206689, esto es, no tenía relación alguna con el contrato 5206704». Sostuvo que como lo indicó el apoderado de Ecopetrol SA., el posible incumplimiento de las obligaciones a su cargo como contratante en el marco de la ejecución del acuerdo celebrado con el Consorcio MK (f.°85 a 105), no fue objeto de debate, toda vez, que la solidaridad que se invocó desde la demanda, tenía asidero en el artículo 34 del CST, la que no encontró acreditada el a quo, por ende, se sorprendió a la sociedad de petróleos al resolverse sobre un asunto respecto del cual no había tenido oportunidad de formular contradicción. Enunció que en ninguna cláusula del contrato suscrito entre el Consorcio y Ecopetrol SA, «se estableció dicha responsabilidad ante un eventual incumplimiento, menos aún por conceptos laborales, dejando solo abierta la posibilidad de reclamar el pago de los posibles perjuicios (cláusula 13, folio 78)», lo que debía hacerse mediante el

llamamiento en garantía. Por lo antedicho, «no había lugar a declarar la solidaridad con fundamento en un incumplimiento contractual, por lo que habrá de revocarse la sentencia en este punto». Aseveró que, ante la inexistencia

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Radicación n.°92535 de solidaridad en cabeza de Ecopetrol SA, debía «igualmente dejar sin efecto la condena en contra de Allianz Seguros SA». Advirtió que el accionante en sus alegatos aseveró que el juez unipersonal, «no descartó que se pueda dar también la solidaridad del artículo 34», pero «lo cierto es, que tal aspecto no fue motivo de apelación y de sustentación», pero en todo caso, en el fallo de primer grado «sí se estudió la procedencia de la solidaridad con asidero en dicha norma, pero esta no la encontró configurada», por ende, al haberse descartado tal declaración y no ser objeto de apelación del demandante, «es claro que esa determinación de ausencia de responsabilidad de la empresa beneficiaria –ECOPETROLqueda en firme, viéndose imposibilitada la Sala para estudiar este aspecto en virtud del principio de consonancia». (Subraya la Sala)

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita que esta Sala case la sentencia impugnada, en cuanto decidió «ABSOLVER a ECOPETROL SA, como demandado solidario, de las condenas impuestas en su

contra», en sede de instancia confirme íntegramente la

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Radicación n.°92535 decisión de primer nivel; y respecto a la llamada en garantía Allianz Seguros SA y las costas, se proceda como «en derecho corresponda». Con tal propósito formula dos cargos principales y uno subsidiario, por la causal primera de casación, que fueron replicados por Ecopetrol SA y Allianz Seguros SA, se estudiarán conjuntamente los primeros dos, pues aunque se orientan por diferente vía, son complementarios, comparten argumentación y se dirigen a la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa aplicación indebida de los artículos 64 y 65 del CGP, en relación con los artículos 1, 9, 22, 27, 34, 57, 64, 65, 127, 186, 249, 253 y 306 del CST; 1, 2 y 3 de la Ley 52 de 1975, inciso 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993, 1602 del CC, 60, 61, 66A, 145 y 151 del CPTSS, 176, 281 y 320 del CGP, «estas últimas normas procesales como violación medio»; artículos 7 de la Ley 80 de 1993, 29 y 53 de la CP.

El recurrente reproduce segmentos de la sentencia atacada y detalla que «lo que expone el Tribunal es que en este caso no puede emerger una responsabilidad solidaria al tratarse de una ‘responsabilidad directa’ que se pretende

trasladar a Ecopetrol», lo que constituye en su sentir un error, porque se impide que se materialice lo estipulado contractualmente entre la sociedad estatal de petróleo y el Consorcio MK, bajo el argumento que debió acudirse al

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Radicación n.°92535 llamado en garantía en los términos del artículo 64 y 65 del CGP. Sostiene que Ecopetrol a la luz del artículo 29 de la CN, sí ejerció su derecho de defensa y contradicción, lo que habilitaba al ad quem a impartir condena, «independiente si el accionado fue llamado como demandado solidario o en garantía», pues ello es permitido para salvaguardar los derechos laborales, como lo adoctrinó esta sala en fallo CSJ SL3403-2019. Concluye que para «auscultar los principios mínimos fundamentales (…) sea como responsable solidario o como responsable directo», era suficiente corroborar que la compañía de hidrocarburos ha ejercido su derecho de defensa dentro del proceso.

VII. RÉPLICA

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Radicación n.°92535 Ecopetrol SA., menciona que, al ser orientado el ataque por la senda de puro derecho, se entiende que acepta todos los soportes de la sentencia del Tribunal, por ello no tiene vocación de prosperidad. Subraya que el juzgador de segundo nivel hizo una correcta aplicación de las normas procesales y del llamamiento en garantía, pues de cara a Ecopetrol, la controversia se fundó en el artículo 34 del CST, no con apoyo en el incumplimiento de un contrato entre comerciantes.

Allianz Seguros SA., explica que el Tribunal no pudo incurrir en la aplicación indebida endilgada, pues el sentenciador de segundo nivel no estaba habilitado para pronunciarse sobre aspectos ajenos a la impugnación, toda vez, que las facultades ultra y extrapetita, terminaron con la sentencia de primer nivel.

VIII. CARGO SEGUNDO La vía indirecta acusa la aplicación indebida del artículo 1602 del CC., en relación con los artículos, 1, 9, 22, 27, 34, 57, 64, 127, 186, 249, 253, y 306 del CST, 1, 2 y 3 de la Ley 52 de 1975; inciso 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 66A, 145 y 151 del CPTSS, 64, 65, 176, 281 y 320 del CGP, esta últimas, como violación medio; y los artículos 7 de la Ley 80 de 1993, 29 y 53 de la CN.

Como causa eficiente de la violación, lista los siguientes yerros:

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Radicación n.°92535

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que «‘el eventual incumplimiento del contrato por parte de ECOPETROL no conlleva necesariamente a su responsabilidad solidaria frente a las condenas impuestas a cargo del contratista como empleador, por cuanto en ninguna de las cláusulas del contrato (el cual es ley para las partes) se estableció dicha responsabilidad ante un eventual incumplimiento, menos aún por conceptos laborales’».

2. No dar por demostrado, siendo evidente, que de conformidad con lo plasmado en el contrato 52066689 y su otrosí, suscrito entre el CONSORCIO MK y ECOPETROL SA, surge una responsabilidad solidaria contractual a cargo de ésta última entidad.

Afirma que los yerros resultaron de la errónea valoración de las siguientes pruebas: «Contrato obra o labor vigencia del 29 de junio al 15 de agosto de 2013» (f.°23 a 24); contrato suscrito entre Consorcio MK y Ecopetrol (f.°54 a 79 y196 a 206); otrosí del anterior contrato (f.°81 a 84); acta de liquidación final del contrato 5206704 (f.°209 a 219); contrato 5206689, suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio MK (f.°85 a 105); otrosí al contrato antes aludido (f.°106 a 109).

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Radicación n.°92535 En el desarrollo refiere que admite que: como lo censuró el Tribunal, el Juez Unipersonal para emitir condena frente a Ecopetrol, se sustentó en el contrato 526704 suscrito entre esta última y el Consorcio MK (f.°54 a 79 y 196 a 206), el correspondiente otrosí (f.°81 a 84), y el acta de liquidación de ese contrato (f.°209 a 2019); y que para el periodo en que fue contratado el demandante (29 a junio a 15 de agosto de 2013), no estaba vigente el aludido contrato 526704. Enuncia que no obstante, ello no era suficiente para revocar la orden que había dado el sentenciador de primer

grado, porque el contrato número 5206689, suscrito entre la empresa de petróleos y el Consorcio MK, sí estaba vigente y allí se contemplaron unas consecuencias patrimoniales a cargo de Ecopetrol SA., en caso de incumplimiento del consorcio. Para corroborar su hipótesis copia segmentos del aludido contrato: (4. FORMA DE PAGO) Parágrafo 1. RETENCIÓN EN GARANTÍA: Los valores en pesos Colombianos retenidos por este concepto se entienden como saldos a favor del CONTRATISTA los cuales serán depositados por ECOPETROL en una fiducia mercantil establecida por el CONTRATISTA en la entidad financiera que este indique, la cual debe estar debidamente aprobada por la Superintendencia (…). La administración y firma autorizada en la cuenta en mención será exclusivamente de ECOPETROL a través del administrador del Contrato y su destino será únicamente el manejo de dineros provenientes de la Retención de Garantía. Esta cuenta será en pesos colombianos a nombre del CONTRATO y debe Producir rendimientos financieros los cuales serán entregados al CONTRATISTA cuando se liquide el patrimonio autónomo. (…)

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Radicación n.°92535 ECOPETROL podrá disponer libremente de los dineros que se depositen en el patrimonio autónomo para realizar pagos o atender obligaciones dinerarias a cargos del contratista derivados de la ejecución del presente contrato conforme a las estipulaciones contenidas en este documento, por lo que en el contrato de fiducia mercantil deberán figurar como beneficiarios

además del CONTRATISTA, ECOPETROL y terceros (…). Afirma que lo transcrito, es relevante porque permite apreciar que «ECOPETROL dispuso salario convencional a aquellos trabajadores vinculados a través del consorcio, además, suscribe la creación de una fiducia mercantil cuyo patrimonio autónomo era de manejo exclusivo de ECOPETROL» y, se encontraba encaminado a “realizar pagos o atender obligaciones dinerarias a cargo del contratista derivados de la ejecución del presente contrato”, entre ellas, aquellas de estirpe laborales que hayan sido que hayan sido insatisfechas por el contratista. Sostiene que, poosteriormente «se afianza la responsabilidad solidaria frente a Ecopetrol», al suscribir el otrosí (f.°106 a 109), en el que se acordó:

1. Ampliar el alcance de la cláusula cuarta Forma de Pago, con relación a que la totalidad o los saldos a partir de la fecha de suscripción del presente documento y que existan o lleguen a existir, derivados de la ejecución del contrato N°5206689 y los dineros existentes a la fecha en la fiducia mercantil constituida al inicio del contrato, son cedidos a partir de la firma del presente documento con el fin de atender las obligaciones laborales del contratista (…).

Afirma que, según lo acordado entre las sociedades llamadas a juicio, es Ecopetrol quien debe asumir la responsabilidad, bien sea con cargo su propio patrimonio o a la fiducia, «ya que no se demostró en el plenario haberla constituido».

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Radicación n.°92535 Para finalizar, afirma: «Las consideraciones que preceden demuestran con creces los yerros fácticos en que incurrió el sentenciador de alzada, los que al ser tan evidentes permitirán que el presente cargo prospere y en consecuencia que esa H. Sala proceda conforme al alcance de la impugnación». (Negrita de la Sala).

IX. RÉPLICA Ecopetrol SA, se resiste a la prosperidad del ataque, alega que la censura se restringe a transcribir unas cláusulas del contrato, pero ello no da lugar a la solidaridad, tal y como concluyó el ad quem.

Allianz Seguros SA, se resiste a que el embate salga airoso, esgrime que el recurrente reconoce que el contrato No. 5206689, no tiene relación alguna con el No. 5206704, y hace énfasis en que, de las cláusulas contractuales que cita el libelista, no se observa que, en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, se generaran consecuencias contra Ecopetrol SA. X.CONSIDERACIONES En los dos cargos, el recurrente se enfoca en reprochar que el sentenciador de segundo nivel haya revocado la condena impuesta a Ecopetrol, toda vez, que en su criterio, sí debía responder solidariamente con sustento en el contrato que la sociedad petrolera, suscribió con el

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Radicación n.°92535 Consorcio MK, sin que se trasgrediera de manera alguna el derecho de defensa. Lo primero que debe resaltarse es que, el recurrente demanda la responsabilidad directa a cargo de Ecopetrol

SA, con asidero en el contrato número 5206689, suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio MK, lo cual en efecto como lo encontró el ad quem y lo resalta una de las opositoras (Ecopetrol SA), ello agravia el derecho de defensa, pues desde la demanda inicial, se convocó a la petrolera para que respondiera solidariamente, no de forma directa, ni con fundamento en un contrato mercantil, sino en los términos del artículo 34 del CST, como usuaria de un servicio, mas no puede variarse súbitamente la causa petendi, para ahora alegar la responsabilidad con base en un acuerdo comercial suscrito entre el consorcio y Ecopetrol SA., actuación que, de paso, trasgrede el principio de congruencia. En segundo término, se relieva que la censura deja intactos los pilares de la decisión de segundo grado, puesto que para resolver el argumento de la responsabilidad de Ecopetrol, derivada del incumplimiento de un contrato que suscribió con las sociedades integrantes del Consorcio MK, el ad quem expuso: (i) Las empleadoras del actor fueron las empresas M&C SAS y Konidol SA, como integrantes del Consorcio MK, por ende, «dicha carga no puede ser transferida en esos términos pues conforme al artículo 57 del CST, el pago de la

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Radicación n.°92535 remuneración al empleado es una obligación especial del empleador». (ii) Aunque Ecopetrol SA., y el Consorcio MK, acordaron la constitución de una fiducia mercantil, para que la primera pudiera «efectuar el pago directo a terceros relacionados con obligaciones dinerarias que correspondían

al contratista – Consorcio MK (parágrafo 1, Cláusula 4, Forma de Pago, folio 90), lo cierto es que en el asunto no se acreditó en manera alguna la celebración de dicho contrato mercantil y la existencia de recursos dentro de esta». Se itera, nada menciona la censura de cara a socavar los anteriores fundamentos de la decisión, en los que se continúa sosteniendo el fallo atacado pues, es sabido que tenía «(…) la carga de destruir todos los soportes sobre los que se encuentra construido el pronunciamiento impugnado, por manera que, de no lograrlo, la presunción de acierto y legalidad que lo ampara, permanecerá invariable y acarreará, como necesaria consecuencia, el fracaso de la impugnación» (CSJ SL2970-2021, y SL9159-2017). En el segundo ataque el memorialista copia segmentos del acuerdo celebrado entre Ecopetrol SA y el Consorcio MK, pero ello nada aporta para enervar la decisión, pues como acaba de transcribirse, el sentenciador de segundo nivel sí tuvo por cierto que entre contratante y contratista suscribió ese contrato donde se estipuló que se crearía una fiducia y la contratista (Consorcio MK), giraría unos recursos, por ende, no hay dislate fáctico, dado que el juez

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Radicación n.°92535 plural fue consciente del aludido pacto, pero desestimó sus efectos de cara a la responsabilidad laboral, con apoyo en el artículo 57 del CST y porque no estaba demostrado que se

hubiera constituido la aludida fiducia, ni que contara con recursos, como en efecto, tampoco logra acreditarlo el memorialista en esta sede extraordinaria. Según lo visto, los cargos no prosperan.

XI. CARGO TERCERO Afirma que lo propone en subsidio de los anteriores, en el evento de no salir avante la «responsabilidad solidaria contractual», para que esta Sala estudie la «responsabilidad solidaria a la luz del artículo 34 del Código Sustantivo de

Trabajo». Por la vía directa, acusa interpretación errónea, como violación medio, los artículos 320 de la Ley 1564 de 2012, y 66A del CPTSS, como violación medio y en relación con los artículos 1, 9, 22, 27, 34, 57, 64, 65, 127, 186, 249, 253 y 306, del CST, 1, 2, y 3 de la Ley 52 de 1975, inciso 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993, 1602 del CC, 60, 61, 145 y 151 del CPTSS, 64, 65, 176 y 281 del CGP, «estas últimas normas procesales como violación medio», del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 29 y 53 de la CN. Menciona que acepta todas las premisas fácticas, pero la objeción consiste en que se haya abstenido de analizar la

SCLAJPT-10 V.00 21

Radicación n.°92535 responsabilidad solidaria deriva del artículo 34 del CST, con argumento en la falta de apelación de ese tópico, lo que

constituye un error ostensible de cara a lo regulado en el artículo 320 del CGP, concerniente a los fines de la apelación. Dice con asidero en la citada norma procesal que, como la sentencia fue favorable a los intereses del demandante, mal podía recurrirla, pues no existía inconformidad, toda vez, que las pretensiones fu