CSJ - SL1701-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1701-2023 Radicación n.° 92852 Acta 25 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 13 de abril de 2021, en el proceso ordinario laboral que en su contra adelanta JUAN

IGNACIO GARCÍA VÁSQUEZ.

I. ANTECEDENTES Juan Ignacio García Vásquez demandó a Protección S.A. con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, junto con el correspondiente retroactivo, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas

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Radicación n.° 92852 adeudadas, lo que resulte demostrado en aplicación de las facultades extra o ultra petita, y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, señaló haber nacido el 28 de febrero de 1980, estar afiliado a la administradora demandada desde el año 2002 y haber solicitado el 15 de septiembre de 2016, que se le calificara la enfermedad que padece. Precisó que mediante dictamen del 2 de agosto de 2017 la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A. estableció una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 33,8%;

decisión contra la que presentó recurso de reposición el cual fue desatado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, autoridad que indicó que la fijó en un 65,40% estructurada el 17 de octubre de 2013, aclarando que padece «esquizofrenia paranoide». Agregó haberle solicitado a Protección S. A. el reconocimiento de la pensión de invalidez, la que le fue negada por no reunir 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores al momento de estructuración del estado de invalidez. Explicó que en virtud de la capacidad laboral residual con la que contaba aportó al sistema general de pensiones, con posterioridad a la fecha que se fijó como de estructuración y que en total tiene 403,15 semanas cotizadas. Indicó que a raíz de la acción de tutela que interpuso, de manera transitoria se le concedió la prestación que aquí 2

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Radicación n.° 92852 reclama (f.º 1-6 cdno. digital). La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. se opuso al éxito de las pretensiones (f.º 7699 cdno. digital). En cuanto a los supuestos fácticos, admitió la vinculación del actor, la petición de calificación que este elevó, los dictámenes emitidos por la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la solicitud de reconocimiento pensional, su respuesta negativa, la capacidad ocupacional del demandante con posterioridad a

la estructuración de invalidez, el trámite constitucional y su amparo. Frente a los demás dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa, argumentó que García Vásquez solo cotizó 10 semanas dentro del trienio inmediatamente anterior a la fecha de estructuración del estado invalidante, densidad que resulta insuficiente para acceder a la pensión prevista en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Agregó que la enfermedad que padece el actor no es de alto costo, catastrófica, degenerativa o progresiva, de manera que no es posible dar aplicación a la tesis jurisprudencial que permite contabilizar las cotizaciones reportadas con posterioridad a la invalidez. Propuso las excepciones de inexistencia de obligación alguna frente a Protección S. A., plena validez de los dictámenes emitidos – Inexistencia de la declaratoria de nulidad, la calificación de la invalidez es una competencia 3

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Radicación n.° 92852 otorgada por la ley exclusivamente para las Juntas de Calificación, debe haber un grupo interdisciplinario exigido legalmente para calificar la pérdida de capacidad laboral, no se ha agotado el procedimiento legal para controvertir el dictamen, finalidad del acceso a la jurisdicción ordinaria como mecanismo para controvertir el dictamen de la Junta Nacional, variación e la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, no puede afectar a Protección S. A..

También invocó los medios exceptivos que denominó improcedencia de la prestación solicitada, exequibilidad del requisito de 50 semanas, no cobertura del seguro previsional para la financiación de la pensión de invalidez, la enfermedad que padece demandante, no es una enfermedad que científicamente y médicamente se establezca como degenerativa, no existe fundamento lógico, legal, ni fáctica para establecer que la fecha de estructuración sea la solicitada por el demandante, inexistencia de las obligaciones demandadas, falta de causa para demandar, buena fe, prescripción, pago y compensación y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia de 12 de mayo de 2020 (f.º 236-241 cdno.

digital), resolvió: 4

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Radicación n.° 92852 PRIMERO. DECLARAR que al señor JUAN IGNACIO GARCÍA VÁSQUEZ, (…) le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 24 de octubre del año 2016, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a reconocer y pagar al señor JUAN IGNACIO GARCÍA VASQUEZ, (…) la suma de $28.577.648, por concepto de retroactivo pensional, causado entre el 24 de octubre de 2016 fecha de estructuración de la

invalidez, hasta el 31 de agosto del año 2019 (sic). A partir del 1° de mayo del año 2020, el señor JUAN IGNACIO GARCÍA VÁSQUEZ, (…) continuará percibiendo de manera definitiva tal y como lo viene haciendo de forma transitoria por orden del juez de tutela, una mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal vigente ($877.803,oo), que se incrementará cada año de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor. Se autoriza a PROTECCIÓN S.A. que del retroactivo pensional adeudado, realice los descuentos en salud a que haya lugar. TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., de reconocer y pagar al señor JUAN IGNACIO GARCÍA VASQUEZ (…), a la INDEXACIÓN de la condena sobre las mesadas adeudadas por concepto de la pensión de invalidez, a partir de la emisión de la presente providencia y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación. SE ABSUELVE de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. CUARTO. Las excepciones propuestas por la entidad demandada quedan implícitamente resueltas. QUINTO. SIN COSTAS en esta instancia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación propuesto por Protección S. A., con fallo de 13 de abril de 2021 (f.º 8-21 cdno. digital) confirmó la decisión de primer grado e impuso las costas a cargo de la demandada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem 5

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Radicación n.° 92852 indicó que estaba acreditado que García Vásquez padecía «Esquizofrenia paranoide» y tenía una pérdida de capacidad laboral del 65,40% con fecha de estructuración del 17 de octubre de 2013, según el dictamen el emitido 12 de enero de 2018 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Precisó que, de tomarse la data establecida por la junta, no sería posible el reconocimiento de la pensión de invalidez pretendida, en razón a que en los tres años anteriores al 17 de octubre de 2013 se registraban solamente 10 semanas cotizadas, número inferior al exigido por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala Laboral, el juez puede fundarse en los elementos de convicción que le otorguen mayor credibilidad para lo que se apoyó en la sentencia CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062 y, en consecuencia, apartarse del contenido de los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez, al no tratarse de una prueba solemne. Señaló que, de la historia laboral allegada al proceso se podía establecer que el accionante realizó cotizaciones como trabajador dependiente y subordinado con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez determinada por la junta, con los siguientes empleadores: i) Temporales Arco

Ltda., «Hasta el 22 de diciembre de 2013»; ii) Adecco Colombia

S. A. en junio y julio de 2014; iii)

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Radicación n.° 92852 «"SISTEMASINTEGRALESDEALTA…"» desde noviembre de 2014 hasta el 6 de julio de 2015; iv) Mechatronic Support S.A.S en octubre y noviembre de 2015 y; v) Impromix S.A.S. por 23 días en el mes de marzo de 2016. Estimó que tales pagos reflejaban la existencia de una «capacidad residual», un total de 403,15 semanas cotizadas en toda la vida y, «en los 3 años anteriores a la fecha en que se dejó de hacer la última cotización» 53,57 semanas, esto es, entre el 23 de marzo de 2013 y el 23 de marzo de 2016. Explicó que la perito Carmiña Pérez Restrepo, había establecido que la dolencia sufrida por el demandante, «esquizofrenia paranoidepudo», era «una enfermedad crónica» y, que el criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también era aplicable para este tipo de padecimientos. Luego de traer a colación las sentencias CSL SL32752019, CSJ SL5601-2019, CSJ SL4565-2019, CSJ SL7702020, CSJ SL3161-2020, entre otras, indicó que existía evidencia clara en torno a que el actor continuó realizando su actividad laboral más allá del 13 de octubre de 2013, sin

que se presentara la intención de defraudar al sistema, dado que las cotizaciones pagadas con posterioridad a esta fecha se realizaron con los empleadores reseñados y en razón a las diversas relaciones de trabajo dependientes que tuvo con aquellos hasta el 23 de marzo de 2016. Precisó que como el juez unipersonal había reconocido 7

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Radicación n.° 92852 la pensión de invalidez a partir del 24 de octubre de 2016, no podía modificar tal fecha al resultarle más gravoso para Protección S. A., única apelante, en aplicación del principio de la reforma en peor. Rememoró que el demandante venía disfrutando de la pensión de invalidez desde septiembre de 2019, dado que en sede de tutela se le había reconocido, aunque de manera transitoria, por lo que aclaró que tal prestación pasaría a ser definitiva, mientras se mantuvieran las causas que le dieron origen en los términos del artículo 44 de la Ley 100 de 1993.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la administradora demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirme la decisión del juzgado, Con tal propósito formula un cargo, que no fue replicado, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los

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Radicación n.° 92852 «artículos 38, 39, modificado por el 1 de la Ley 860 de 2003, 41, modificado por el 142 del Decreto Legislativo 19 de 2012, 42 de la Ley 100 de 1993, Preámbulo y artículos 1, 48 y 53 de la Constitución y 16 del Código Sustantivo del Trabajo y la infracción directa del artículo 3 del Decreto 1507 de 2014». Argumenta que el sentenciador plural equivocó el entendimiento del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificada por el 1 de la Ley 860 de 2003, en razón a que tal disposición indica que la densidad de 50 semanas debe contarse a partir de que el afiliado es legalmente declarado inválido, por los organismos competentes, sin consagrar una ninguna excepción. Asevera que la anterior norma debe leerse en armonía con el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014, el cual dispone que la fecha de estructuración del estado de invalidez debe ser anterior a la data en que se califica o se evalúa. Expresa que si bien es cierto una persona declarada inválida puede quedar con una capacidad laboral residual, ello en modo alguno significa que tal situación le permita acceder a prestaciones causadas con ocasión de su condición. Tras reproducir parte de la providencia CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 37902, expresa que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, es claro en señalar que la calificación del estado de invalidez debe hacerse por organismos técnicos, especializados, con base en el manual único de calificación

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Radicación n.° 92852 de invalidez, por lo que este procedimiento está sometida a reglas de orden técnico que no son de conocimiento de los jueces. Precisa no desconocer que la jurisprudencia de esta Corte considera que, en materia de determinación de la pérdida de la capacidad laboral, los jueces gozan de facultades para formar libremente su convencimiento, pero que de ser cierto, esto no los habilita para desechar la apreciación de pruebas idóneas producidas por expertos en la materia o, a las que la ley les otorga la función de dictaminar ese hecho, que por mandato legal son las autorizadas para acreditar la disminución de la capacidad laboral de una persona. Para finalizar, expone que la interpretación del juez plural desconoce que el sistema de pensiones funciona bajo las reglas clásicas del aseguramiento, por lo que la prestación debe estar financiada antes de que se origine la contingencia o el riesgo protegido.

VII. CONSIDERACIONES Bajo la argumentación de la censura, corresponde a la Sala definir si el sentenciador de alzada incurrió en una equivocada hermenéutica del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, al contabilizar las semanas necesarias para causar la pensión de invalidez, a partir del 23 de marzo de 2016, data en la que el afiliado realizó su última cotización, y no desde la fecha en que el dictamen médico fijó como estructuración

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Radicación n.° 92852 de la enfermedad; ya que, en su decir, aquella norma dispone

que la sumatoria de las 50 semanas requeridas para obtener esta prestación debe hacerse desde que el asegurado sea «legalmente» declarado «inválido», sin que se admita excepción alguna. Dada la vía directa seleccionada para el ataque, están por fuera de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal: i) que el dictamen de pérdida de capacidad laboral determinó que el demandante tiene un estado de invalidez de 65,40%, cuya fecha de estructuración es el 17 de octubre de 2013; ii) que después de la data antes señalada aquel continuó laborando, dada su capacidad laboral residual; iii) que la última cotización realizada es del 23 de marzo de 2016; que en los tres años anteriores a esta fecha acumula un total de 53,57 semanas cotizadas; v) que la dolencia que originó la PCL fue la «Esquizofrenia paranoide» y vi) que el padecimiento que sufre corresponde a una enfermedad crónica. Es necesario recordar que el Tribunal consideró que el juez puede, cuando existen elementos de prueba para ello, apartarse del contenido de los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez; que en los escenarios en que el afiliado sufre una enfermedad de carácter crónico, como en el presente caso, es posible contabilizar las semanas necesarias para causar la pensión desde la fecha en que se realiza la última cotización, momento en que se presenta una verdadera pérdida efectiva de fuerza laboral. 11

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Radicación n.° 92852 Pues bien, a efecto de dilucidar si hubo equivocación

hermenéutica del sentenciador, la Sala considera oportuno analizar de primera mano, la importancia que tiene establecer la fecha de estructuración de una enfermedad; luego, la posibilidad de que el juez, con nuevos elementos de juicio la fije, y por último, qué pasa cuando se trata de una enfermedad crónica. i) De la importancia de la fecha de estructuración del estado de invalidez por enfermedad Imperioso es entender la relevancia que tiene la data que se establezca como aquella en que el afiliado perdió la capacidad laboral; ya que permite determinar la norma que debe aplicarse, y naturalmente las posibles consecuencias jurídicas que de allí se derivan. Pues bien, el criterio reiterado de la jurisprudencia sobre el particular es que, por regla general, la norma de seguridad social que debe orientar la definición del asunto es aquella vigente al momento de su ocurrencia1, esto es, para la pensión de invalidez, la que está en vigor a la calenda de la pérdida de capacidad laboral del afiliado (CSJ SL50702020, CSJ SL3102-2020, CSJ SL2020-2020, entre otras). Ahora, sobre la fecha a partir de la cual se contabiliza la densidad de semanas exigida por la norma, resulta conveniente memorar que en providencia CSJ SL, 23 feb. 1 Esto es así por razón a los efectos retrospectivos de la ley laboral y de la seguridad social (ver sentencia CSJ SL4276-2020 entre otras). 12

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Radicación n.° 92852 2007, rad. 29968, esta corporación al determinar la

intelección del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 precisó que es la que se fije como la de estructuración de invalidez por enfermedad, esto es: […] la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral. En la misma dirección, recuérdese que el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, prevé que la fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral, es aquélla «en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva.» Agrega la norma que esta fecha puede ser anterior o corresponder a la fecha de la calificación. Ello significa que la invalidez se estructura cuando la persona ha perdido, en forma permanente y definitiva, su capacidad para

trabajar. (CSJ SL 4178-2020). ii) De la posibilidad de contabilizar semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez determinado por las entidades calificadoras Si bien es cierto esta Corte ha resaltado la regla según la cual el dictamen del estado de invalidez2 es la prueba 2 El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, con sus modificaciones, la más reciente de ellas contenida en el art. 142 del Decreto Ley 19 de 2012, señala que a efectos de determinar el estado de invalidez, inicialmente, se encuentran habilitadas Colpensiones, las Administradoras de Riesgos «Profesionales», las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, junto a las Entidades Promotoras de Salud EPS y, en caso de inconformidad frente al dictamen, las juntas de calificación de invalidez. 13

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Radicación n.° 92852 idónea –que no solemne3 - para acreditar las circunstancias que atañen a la pérdida de capacidad laboral, también lo es, que ha reivindicado el papel que tienen los jueces del trabajo y de la seguridad social, en su libertad de apreciación de la prueba sobre los hechos expuestos y demostrados en el juicio -artículo 61 del CPTSS-4, por lo que cuentan con todas las facultades para examinarlos y establecer la fecha en que realmente se estructuró el mismo. Sobre este particular punto en providencia CSJ SL2496-2018, se dijo: […] importa a la Corte recordar que si bien las aseguradoras del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones están

obligadas a respetar y acatar los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez --no constitutivos de actos administrativos como manifestaciones de la voluntad de la autoridad--, en atención a su carácter técnico-médico, dichos dictámenes pueden ser controvertidos ante los jueces de la República según lo dispuesto por los artículos 11 y 40 del Decreto 2463 de 2001, y el Decreto 1352 de 2003. En ese orden, le corresponde al juzgador evaluar si están presentes los elementos de juicio que permitan establecer sí la persona reúne los requisitos tanto formales como materiales para acceder a la pensión; o si, por el contrario, debe optar por apartarse de la fecha establecida en el dictamen de calificación de invalidez, por encontrar que existen inconsistencias que no permiten definir con certeza el momento en que ocurrió la pérdida de capacidad laboral del afiliado de forma permanente y definitiva al no reflejar la situación médica y laboral real de la persona. 3 Recuérdese que la Sala ha sostenido la tesis según la cual los dictámenes de las Juntas, si bien podrían tener una suerte de efecto jurídico vinculante, por las características que los rodean, no alcanzan la categoría de una prueba solemne, es decir, ad substantiam actus o ad solemnitatem (ver sentencia CSJ SL, 2 feb. 2005, rad. 23219, entre muchas otras). 4 Aquí, resulta oportuno memorar que el Tribunal Supremo del Trabajo -denominado Corte Suprema del Trabajo en algunos años por la Ley 6º de 1945precisó que desde la entrada en vigencia de la Ley 75 de

1945, particularmente con el art. 4º de esta normatividad, en los juicios del trabajo, por regla general, rige el principio conocido como «libre apreciación judicial de la prueba», en virtud del cual «el juez forma libremente su convencimiento acerca de los hechos alegados por las partes, a través de las pruebas, pero sin sujetarse a reglas fijas sobre su apreciación o mérito probatorio» CSJ SL, 27 nov. 1946, GJ I, n.º 02-04, t. I, pág. 76-78). Ciertamente, el artículo 61 citado y la jurisprudencia de esta Corte siguen insistiendo que los jueces laborales -ahora también de la seguridad socialpueden llegar a conocer los hechos del proceso por cualquier medio de prueba, salvo que la ley consagre alguna solemnidad especial. 14

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Radicación n.° 92852 En el presente caso, el Tribunal encontró que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia tomó como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de la demandante el 22 de diciembre de 2005, “día en que se comprobó por el laboratorio el déficit de vitamina B12”, lo cual consideró que no correspondía con el fundamento del dictamen en cuestión, y en ese sentido, estimó que debía tomarse como fecha de estructuración de la invalidez el 24 de marzo de 2003, es decir, 3 años antes de haberse efectuado la valoración neurológica a la demandante, la cual tuvo lugar el 24 de marzo de 2006. A esa conclusión arribó el Tribunal con fundamento en que la

demandante recibió, en calidad de paciente, el tratamiento de vitamina B12 durante un lapso de tiempo de 3 años, razonamiento que no fue atacado por la recurrente en alguno de los cargos de su demanda, y por lo tanto, permanece incólume. La sociedad recurrente, por su parte, enfila el primer ataque de su demanda de casación por la vía directa de violación de la ley, con el propósito de desvirtuar la fecha de estructuración del estado de invalidez laboral fijada por el Tribunal, pues, en su parecer, “no era válido cambiar la fecha de la estructuración de la minusvalía incluida en un dictamen de una junta calificadora de invalidez por tratarse de un aspecto de carácter técnico o científico y, por tanto, ajeno a su especialidad como juzgador”. Sobre la posibilidad de que el dictamen médico especializado expedido por las juntas de calificación de invalidez sea susceptible de ser desvirtuado para efectos prestacionales, la Corte en sentencia CSJ SL, del 19 de octubre de 2006, radicación 29622, dijo lo siguiente: “Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables. La regla sentada en el fallo citado por el recurrente como apoyo de su criterio es que, en principio, la declaración del estado de invalidez es materia de expertos y no

corresponde, en los actuales momentos, a la entidad de seguridad social, como ocurría antes, sino a unos entes autónomos, como son las juntas Regionales en primera instancia, y la Nacional en último grado. “De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo. Por el contrario, en reciente sentencia del 13 de septiembre 2006 (rad. 29328), tuvo esta Sala de Casación oportunidad de referirse al 15

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Radicación n.° 92852 tema, en los siguientes términos: “Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional actúe como órgano de segunda instancia para resolver las reclamaciones formuladas por los interesados contra las evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su concepto obliga al juez. De no ser así, ciertamente carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral simplemente para dar un aval al pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la censura, no tiene la potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, para tal propósito, nada le impide acudir al apoyo de un ente

especializado en la materia y que cumple funciones públicas, así sus miembros no sean servidores del Estado, en virtud del moderno esquema de administración descentralizada por colaboración”. “Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa oportunidad, se planteó una manifiesta contradicción de la valoración médica sobre el nivel de la incapacidad entre las juntas de calificación que intervinieron para tal efecto, la Corte no tuvo duda sobre el carácter discutible del punto y la plena competencia de los jueces para establecer, también por medios técnico-científicos el verdadero grado de invalidez del afectado. Con mucha más razón cuando se trata del señalamiento de la fecha en que se estructura la invalidez, porque no en todos los casos se podrá inferir tal data de una prueba infalible e incontrastable y, por lo mismo, incontrovertible, como sería lo ideal. Para la muestra un botón: En el sub examine, el Tribunal consideró contraevidente e ilógico que una persona haya laborado durante varios años ejerciendo actividades de vendedor y la Junta de Calificación de Invalidez desconozca esa realidad, dejando de lado el material probatorio que tuvo a su disposición y sin que ameritara un pronunciamiento al respecto, y se dictamine que la invalidez se produjo en la infancia temprana, muchísimos años antes del despliegue de una vida laboral, esa sí demostrada fehacientemente. “Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente

demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías”. 16

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Radicación n.° 92852 […] En consecuencia, si bien es cierto que para la Corte la valoración técnica y científica de las juntas de calificación de invalidez, a través de los procedimientos señalados en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional, es, en principio, la fórmula probatoria propia para la determinación de la condición de invalidez, también lo es, que bajo ciertas circunstancias, dicha valoración es susceptible de ser desvirtuada para efectos de la pensión correspondiente a través de la diversidad de medios probatorios previstos en el ordenamiento jurídico procesal y al tenor de las normas que rigen la actividad del juez del trabajo, que, conviene recordarlo, tiene como principio que orienta y dirige su labor falladora la facultad del libre convencimiento en los términos señalados por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por manera que, para este caso, no es cierto que el Tribunal no pudiera cambiar la fecha de estructuración de invalidez, que es el argumento sobre el

cual edifica la recurrente su primer ataque al fallo (subrayado y negrillas fuera de texto). Lo anterior, en virtud a que el dictamen que expide la entidad competente, que, se insiste, no es prueba solemne, puede ser desvirtuado en el proceso (CSJ SL697-2019). De igual forma, son oportunas las consideraciones expuestas en providencia CSJ SL4346-2020 en la que se indicó: De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de