CSJ - SL1720-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1720-2023 Radicación n.° 91809 Acta 20 Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MELQUISEDEC CUENCA REYES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES Melquisedec Cuenca Reyes llamó a juicio a la Fundación Universidad de Antioquia para que se declarara que la terminación unilateral de su vinculación laboral fue ineficaz, toda vez que no existió previa autorización de la oficina del trabajo que permitiera determinar la configuración de una justa causa para ser despedido.

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Radicación n.° 91809 En consecuencia, requirió se condenara a la demandada a reintegrarlo y reubicarlo en un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando; se mantuviera dicha vinculación, hasta la emisión de concepto médico favorable de rehabilitación o se consolidara su derecho a pensión si a ello hubiere lugar, pagándole los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social desde la finalización del vínculo hasta su reinstalación; la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; la indexación y costas procesales. Como fundamento de sus peticiones relató que: i) laboró

para la convocada a través de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año desde el 22 de febrero de 2016 hasta el 19 de julio de 2017; ii) ejecutó el cargo de conductor de doble troque de vehículos -carro recolector de basuras y como último salario mensual de $1.197.565; iii) cumplía un horario de lunes a sábado desde las 03:00 pm hasta las 11:00 pm. Afirmó que iv) desde el mes de agosto de 2016 le fue diagnosticada la patología «Apnea del sueño y Somnolencia Diurna Excesiva» por lo que se encontraba en tratamiento con médico especialista en somnología y neurología y, se le entregó máquina CPAP que le suministraba oxígeno mientras dormía, toda vez que sin la utilización de la misma podía fallecer y v) el 9 de junio de 2017, el neurólogo tratante mediante valoración le estableció que se encontraba en «incapacidad de realizar su trabajo» debido a su padecimiento de sueño severo diurno, por cuanto le impedía el desarrollo

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Radicación n.° 91809 normal de sus funciones. Refirió que vi) el 4 de julio de 2017 entregó a Hernán Herrera, empleado de la oficina de salud ocupacional de la accionada su historia clínica, en la que se encuentran valoraciones elaboradas por los médicos especialistas «neurólogo y somnólogo y, las restricciones médico laborales dadas por el primer profesional de la salud referido; vii) el 19 de julio de 2017, la accionada terminó su contrato de trabajo

de manera unilateral realizando el pago de la indemnización por despido sin justa causa, sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. Expresó que viii) Colpensiones el 11 de enero de 2018, le determinó una pérdida de capacidad laboral de 36,2 % con fecha de estructuración del 15 de diciembre de 2017, frente al cual interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación, sin que a la presentación de la demanda se hubieran resuelto (f.° 3 a 11 cuaderno principal). La Fundación Universitaria de Antioquia se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos, admitió la existencia de la relación laboral, sus extremos temporales, el cargo desempeñado, la remuneración, el horario de trabajo, que finalizó el vínculo laboral de forma unilateral por lo que efectuó el pago de indemnización por despido sin justa causa. Aceptó que el 4 de julio de 2017 recibió del accionante un documento denominado “«recetario medicamentos generales» que, no proviene de su EPS Salud Total. Respecto de los demás fácticos, adujo que no eran ciertos y no le constaban.

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Radicación n.° 91809 Esgrimió como excepciones perentorias las de cumplimiento, inexistencia de la obligación, pago, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (f.° 116-124 ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 28 de enero de 2020 (f.° 136 acta de

audiencia y 135 CD, cuaderno principal), resolvió: Primero: NEGAR la totalidad de pretensiones de la demanda, elevadas por el señor MELQUISEDEC CUENCA REYES, en

contra de FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

Segundo: Declarar probada la excepción de “inexistencia de la obligación” propuesta por la demandada.

Tercero: ABSTENERSE de examinar las restantes excepciones, propuestas por la demandada, de conformidad con el artículo 282 de la Ley 1564 del año 2012 (negrillas y subrayas del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante decisión del 31 de mayo de 2021, confirmó la providencia apelada por el demandante lo condenó en costas (f.° 1 a 7, cuaderno digital segunda instancia).

El Juez plural estimó que no existía discusión sobre los siguientes supuestos fácticos: i) que existió una relación laboral entre Melquisedec Cuenca Reyes y la Fundación Universitaria de Antioquia, la que finalizó de manera unilateral el 19 de julio de 2017 con el pago de indemnización

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Radicación n.° 91809 por despido sin justa causa (f.° 15); ii) el 9 de junio del mismo año el médico especialista en neurología del accionante expidió documento denominado «recetario medicamentos generales» en el que determinó: «SAHOS contralado con CPAP, somnolencia residual que lo incapacita para realizar su trabajo, solicito valoración por medicina laboral» (f.° 14); iii)

dicho oficio fue de recibo el 4 de julio siguiente por parte de Hernán Herrera colaborador del área de talento humano de la accionanda; y iv) al actor le fueron diagnosticadas las patologías de «apnea del sueño y somnolencia diurna» por lo que se sometió a tratamiento con máquina CPAP y según valoración del 30 de junio de 2017, mejoró en un 100%. Indicó que como problema jurídico le correspondía resolver si la terminación del contrato era ineficaz por desconocer la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, teniendo en cuenta que contaba con una discapacidad conforme la norma en comento. Expuso que, al tenor de la jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional, era presupuesto de la garantía foral, el conocimiento del empleador de la condición especial del servidor al momento de extinguirse el contrato laboral, porque lo que busca el artículo 26 de la Ley 361 de 1996 es eliminar la discriminación frente a las personas cuya condición de salud, les dificulte en forma sustancial la ejecución de sus funciones, para lo que citó las sentencias

CC SU-049-2017, CC T-305-2018, CC SU-040-2018, CSJ

SL260-2018, CSJ SL1360-2018, CSJ SL3520-2018, CSJ

SL635-2020. CSJ SL2548-2019 y CC T-102-2020 y

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Radicación n.° 91809 reprodujo apartes de las decisiones CSJ SL1236-2021 y CC SU-049-2019.

Razonó que el demandante manifestó haber entregado el 4 de julio de 2017 a la accionada, su historia clínica, restricciones, recomendaciones y el documento denominado «recetario medicamentos generales» de fecha 9 de junio de 2017, en el que determinó: «SAHOS contralado con CPAP, somnolencia residual que lo incapacita para realizar su trabajo, solicito valoración por medicina laboral» (f.° 14), lo cierto era que «los elementos persuasivos no dan cuenta de ello, dado que no se dejó constancia en el recibido sobre cuantos folios fueron presentados». Además precisó que: […] es evidente que ese documento no especifica las patologías padecidas por el accionante, no se detallan recomendación o restricciones, y tampoco se pormenorizan extremos temporales de incapacidad. Esto es relevante: i) por el tiempo transcurrido entre la expedición del certificado y su entrega al empleador (25 días), y ii) porque examinada la historia clínica no se aprecian incapacidades otorgadas al trabajador, de hecho la convocada afirma que durante todo el tiempo de la vinculación aquél prestó sus servicios sin interrupción y en condiciones normales, de donde no puede inferirse su conocimiento sobre cómo esos diagnósticos le impedían sustancialmente a Melquisedec Cuenca Reyes, la ejecución de sus funciones, requiriéndose en el asunto medios probatorios adicionales que no fueron allegados. Y si bien se aportaron las restricciones otorgadas el 5 de mayo de 2017 (fl 48), no se evidencia que el empleador haya tenido noticia de esa situación.

Respecto de la misiva que dio terminación al contrato de trabajo con el actor, resaltó que en ella aquel dejó inscrito «acepto el despido quedando claro que estoy enfermo de apnea del sueño y somnolencia excesiva», lo que demostraba que enteró al dador del empleo de su condición sin prueba que la acreditara, hasta cuando finalizó el vínculo.

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Radicación n.° 91809 Explicó que no obstante ser innecesario evidenciarse un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, según lo establecido en CSJ SL2841de 2020 y CSJ SL711 de 2021, en virtud a que la fecha de emisión del Dictamen -11 de enero de 2018-, así como la de estructuración de pérdida de capacidad laboral -15 de diciembre de 2017que fueron después de la terminación del contrato de trabajo -19 de julio de 2017-, «de esos sucesos no se deduce el conocimiento requerido para activar el fuero de salud».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, acceda a todas las pretensiones del libelo gestor (demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito, formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual no fue objeto de réplica y se estudia a continuación.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida:

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Radicación n.° 91809 El artículo 1º, 5º y 26 de la Ley 361 de 1997, el artículo 1º y 7º del Decreto 2463 de 2001, en relación con el los literales c), e), h) preámbulo, artículo 1º, inciso 3º y 4º del artículo 2º, literal a), b) y d) del artículo 4º de la Ley 1346 de 2009; el numeral 1º, 2º y 6º del artículo 2º, artículo 3º, numeral 4º del artículo 6º de la Ley estatutaria 1618 de 2013, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el preámbulo del Decreto 1507 de 2014, el artículo 4º de la Ley 1562 de 2012, artículos 3º, 52 del Decreto 1352 de 2013, los artículos 51, 60 y 61 del C.P.T y de la S.S. los artículos 164, 176, 191 y 193 de la Ley 1564 de 2012, que conllevó a la violación de los artículos 13, 47, 54 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 1º y 3º de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad aprobada por la Ley 762 de 2002.

Afirma que el colegiado incurrió en los siguientes defectos fácticos: -No dar por demostrado, encontrándose acreditado, que las pruebas arribadas al plenario, demostraban con suficiencia el derecho a la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud del señor Melquisedec Cuenca Reyes, por su situación de discapacidad para el momento de la desvinculación laboral. - Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que la sociedad Fundación Universidad de Antioquia no tenía conocimiento de la condición de discapacidad del señor MELQUISEDEC CUENCA REYES, cuando las pruebas calificadas demostraban lo contrario. -No dar por demostrado, siendo extremadamente evidente que el documento denominado “RECETARIO MEDICAMENTOS GENERALES” exponía de forma clara la patología sufrida por el actor y las recomendaciones y restricciones laborales, puestas en conocimiento de la fundación demandada. - No dar por demostrado, siendo evidente, que sobre el señor MELQUISEDEC CUENCA REYES, pesaba una presunción de despido discriminatorio, que no fue desvirtuada procesalmente por la demandada. -No dar por demostrado, estándolo, la condición de discapacidad del trabajador, por su quebrantamiento de salud, imponiendo limitaciones en cuanto a la fecha de estructuración de la patología en contravía de las historias clínicas allegadas.

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Radicación n.° 91809 -No dar por demostrado, estándolo, que el dictamen de PCL rendido por COLPENSIONES, activa el fuero de salud del actor, al establecer una PCL de 36,2% teniendo como fecha de

diagnóstico de la enfermedad el día 30 de junio de 2016, al margen que la misma, estableciera una fecha de estructuración posterior al despido, máxime cuando tal condición de salud, era debidamente conocida por el empleador. Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas o no valoradas, las siguientes: - La documental denominada “recetario y medicamentos generales” de folio 14 del expediente. - La carta de terminación del contrato de trabajo, obrante a folio 15 del expediente. - El dictamen de PCL efectuado por COLPENSIONES, obrante a folios 19 a 24 del expediente. Como probanzas no valoradas denunció: - La historia clínica aportada, obrante a folios 13. - La atención de la historia clínica de RHS ALIANZA HOMECARE IPS fechada 30 de junio de 2017 (fls 49). - La historia clínica fechada 4 de julio de 2017 (fl. 50 y 51). - La confesión de apoderado judicial registrada en la contestación de la demanda al hecho tercero, octavo y noveno (fl. 116 y 118). Cuestiona la falta de valoración la documental de fecha 9 de junio de 2017 (f.° 13), expedida por la Fundación San Vicente Hospital Universitario, que acredita como diagnóstico «SAHOS», enfermedad que denota «persistencia en la somnolencia, en el desarrollo de su vida diaria, y de forma más precisa CONDUCIENDO, donde además quedada reseñado que era conductor de doble troque y le daba sueño conduciendo», se asienta que no debería manejar vehículo,

tendría que ser valorado por medicina laboral y «emite recomendaciones médicas».

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Radicación n.° 91809 Manifiesta que también se equivocó al apreciar la documental denominada recetario medicamentos generales « » expedida el 09 de junio de 2017 con recibido del 4 de julio del mismo año por «HERNÁN H. », que reitera su patología de SAHOS , refiere: somnolencia residual igual o incompatible « » « para realizar su trabajo. Solicito valoración por medicina laboral de la que hace alusión la accionada en su », contestación al hecho octavo y noveno de la reclamación judicial de la siguiente manera: OCTAVO: Conocido lo anterior, mi mandante procedió a hacer entrega tanto de la historia clínica de las consultas con ambos especialistas (Neurólogo y Somnólogo), así como de las restricciones médicas dadas por el Neurólogo al señor HERNÁN HERRERA, empleado adscrito a la Oficina de Salud Ocupacional de la empresa, quien impuso su firma de recibido en la copia de las recomendaciones médicas dadas por el Neurólogo el día 4 de julio de 2017.

AL OCTAVO: NO ES CIERTO que el demandante haya hecho entrega de historias clínicas y/o restricciones médicas a la Fundación, el señor Hernán Herrera, del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación, únicamente recibió el día 4 de julio de 2017, un documento escrito a mano, en un formato llamado "Recetario Medicamentos Generales" y fechado del 09 de

junio de 2017, documento que vale resaltar, no es emitido por la EPS Salud Total, a la cual en ese entonces se encontraba afiliado el demandante, ni hace alusión alguna a restricciones, recomendaciones médicas o valoración por medicina laboral que hubiesen sido realizadas al demandante.

NOVENO: Una vez conocida la consulta con el Neurólogo de fecha 9 de junio de 2017, donde se concluyó respecto del actor una "SOMNOLENCIA RESIDUAL" que lo incapacita para realizar su trabajo, el señor HERNÁN HERRERA le manifestó verbalmente a mi mandante que no tenían donde reubicarlo y que lo mejor era que renunciara, frente a lo cual el señor Melquisedec le replicó indicándole que no podía renunciar porque necesitaba el trabajo y no había ninguna justa causa para despedirlo.

AL NOVENO: NO ES CIERTO, el empleado del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación, Hernán Herrera, nunca tuvo conocimiento de que el demandante hubiera tenido consulta con el Neurólogo, el señor Hernán únicamente recibió

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Radicación n.° 91809 del trabajador un documento escrito a mano, en un formato llamado "Recetario Medicamentos Generales" y fechado del 09 de junio de 2017. NO ES CIERTO que el aludido empleado del área de Seguridad y Salud en el Trabajo que lo atendió, le haya dicho al demandante que no se tenía donde reubicarlo y que debía renunciar, esta afirmación es totalmente falsa y carente de fundamento, la

renuncia es una decisión autónoma, que el trabajador toma fruto de su libre voluntad y en la que nunca, ningún funcionario de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA puede tener algún tipo de injerencia. Lo indicado por el señor MELQUISEDEC CUENCA REYES en este hecho, se trata de una simple afirmación, calumniosa y de la cual no aporta prueba alguna que la sustente. De lo transcrito, alega se desprenden las siguientes confesiones: Se confesó por parte de la sociedad demandada que el señor HERNÁN HERRERA es un empleado adscrito a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, particularmente al área de seguridad y salud en el trabajo. Se confesó que en efecto, el citado empleado HERNÁN HERRERA, recibió el día 04 de julio de 2017 la documental denominada “RECETARIO MEDICAMENTOS GENERALES” fechada 06 de junio de 2017, suscrita por el médico neurólogo

FRANCO VELEZ ANDRES FERNANDO.

Si bien podría exponerse como poco probable a la luz de la sana crítica que rige la valoración de la prueba en materia laboral, que ambas documentales no hubiesen sido entregadas el día 04 de julio de 2017, más resultando un argumento de mayor credibilidad que todas fueron en efecto entregadas al empleador, a través de su representante, cual fuere, el empleado HERNÁN HERRERA adscrito al área de seguridad y salud en el trabajo de la fundación demandada, quien impone la constancia de recibido en la última hoja, lo cierto es que, al margen de tal discusión,

que por demás, resulta bisantina, la documental denominada “RECETARIO MEDICAMENTOS GENERALES” expedida por el especialista en neurología, plurimentado doctor FRANCO VÉLEZ, era más que indicativa de las condiciones de salud del actor, que se ponían expresamente en conocimiento de un representante del empleador, particularmente perteneciente al área de competencia para conocer las condiciones de salud de los trabajadores, cual fuere, el área de seguridad y salud en el trabajo.

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Radicación n.° 91809 Expone que la indebida valoración de las documentales referidas, así como de la misiva que dio por terminada su relación laboral, acreditan que el demandado tenía conocimiento de su discapacidad, por lo que se acreditó la presunción de haber sido su despido por su condición de salud. Así mismo, afirma que el ad quem valoró erradamente el dictamen de pérdida de capacidad laboral, en tanto consideró que este no daba cuenta del conocimiento de su enfermedad por parte de la empleadora, por haber sido proferido y tener como fecha de estructuración una posterior a la que se extinguió el contrato; que dicho discernimiento era equivocado, pues de haberlo apreciado con las pruebas referidas habría, […] deducido que la valoración del 30 de junio de 2017, realizada por somnología, en efecto ya había sido puesta de presente al empleador a través de su representante, esto es, el personal adscrito al área de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación demandada, lo que debió conllevar, no solo a tener con claridad que la fecha de estructuración del dictamen no era un parámetro a analizar, pues del diagnóstico médico se

desprendía las condiciones de salud del actor previas a la calificación efectuada, mismas que fueron debidamente conocidas por su empleador. Resalta que, además, desconoció «la atención de la historia clínica de rhs alianza homecare ips fechada 30 de junio de 2017 (fls 49)», la que fue tenida en cuenta para emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral y determina «refiere mejoría de los síntomas pero continua con somnolencia diurna excesiva, consultó con neurólogo que le recomienda que no debe conducir por su trabajo que es de conductor de

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Radicación n.° 91809 maquinaria pesada y le da si mientras maneja» de la que se acredita su diagnóstico, condiciones de salud y restricciones laborales. Manifiesta que también se equivocó al no apreciar la confesión contenida en la contestación a la demanda cuando la demandada aceptó el hecho tercero, el que depuso su horario de trabajo fue de 3:00 pm a 11:00pm, durante la relación laboral, lo que significa que debió pedir permiso para asistir a la cita médica del 7 de julio de 2017 que se programó a las 17:04 pm (f.° 50 y 51, cuaderno principal), lo que acredita el conocimiento que tenía la accionada de su condición de salud. Asegura que se encuentran “indicios” del conocimiento por parte de su ex empleador de su estado de salud para lo que refiere que su médico tratante en la anamnesis dejó consignado: […] Refiere estar en buen estado general, niega palpitaciones,

disnea, acudió a su trabajo (Fundación universidad de Antioquia) con incapacida (sic) por apnea del sueño ya en tto(sic) médico con cpap pero su empresa le exige(sic) que sea valorado por neurología de la eps y no particular por lo que remiten” (f.° 1 a 8, cuaderno digital de la Corte).

VII. CONSIDERACIONES El problema jurídico que la Sala debe resolver consiste en determinar si el Tribunal erró al considerar que la dadora del empleo no conoció del estado de salud del demandante

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Radicación n.° 91809 como beneficiario de la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. La jurisprudencia anterior vigente de Corte, por mayoría, tenía tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, cuando se dé la terminación del contrato de trabajo, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe demostrarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7 º del Decreto 2463 de 2001 e independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL141342015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL114112017, CSJ SL4609-2020, CSJSL3733-2020, CSJ SL0582021 y CSJ SL497-2021). Además, la Sala ha establecido que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concurrente a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.

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Radicación n.° 91809 Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad ha evolucionado como consecuencia de diferentes factores de acuerdo con las realidades sociales, al respecto, la Sala en reciente pronunciamiento que recoge los posteriores (CSJ SL1152-2023) consideró: Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades. Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a las «Normas uniformes sobre la

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad». En el 2001, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIFde la OMS, que tiene por objetivo ser una herramienta descriptiva en la medición de la salud y la discapacidad en el contexto de la atención e investigación médica y en políticas públicas sanitarias compatible con el modelo social de la discapacidad. Con todo, este último documento no puede utilizarse por sí solo para determinar la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, sino que debe leerse en armonía con otros instrumentos normativos de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico que han abordado el concepto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con orientación social y de derechos humanos, y reafirmó que la discapacidad

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resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cultural del Estado. La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente», artículo 1. º. Dicha convención «configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad» (CC C066-2013) y, en particular para Colombia, al ser aprobada a través de la Ley 1346 de 2009 que entró en vigor desde el 10 de junio de 2011 (CSJ SL3610-2020). En vigencia de dicho instrumento, las sentencias CSJ SL 7112021 y CSJ SL 572-2021 reiteraron el criterio de la Sala referido con anterioridad y, en esta última decisión se amplió y señaló que, si bien ante el carácter técnico científico de la condición de discapacidad era relevante contar con una «calificación técnica descriptiva», en el evento en que esta no obrara en el proceso, bajo el principio de libertad probatoria, la limitación podía inferirse: […] del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que

constaten la necesidad de la protección, como cuando el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación. Por ello, la Sala reexamina la composición del bloque de constitucionalidad con relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad y concluye que la mencionada convención es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; o en otros términos, que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución, especialmente, en lo que concierne a las medidas de integración social en igualdad de oportunidades de las demás personas. Pues bien, según el inciso 2. º del artículo 1. º de la convención, «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo

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Radicación n.° 91809 plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» Así mismo, señala: Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad

de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (Inc. 4, art. 2). Este concepto también concuerda con lo establecido en la Ley 1618 de 2013, que incluso lo amplió a las deficiencias de mediano plazo, en tanto establece: ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:

1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.