CSJ - SL1826-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1826-2024 Radicación n.° 100008 Acta 023 Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUAN DAVID PAMPLONA TOBÓN, en calidad de curador de EMPT, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 31 de mayo de 2023, en el proceso que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES (COLPENSIONES).

AUTO Se reconoce personería para actuar al abogado José Ángel Urías Mendieta Guerrero, titular de la cédula de ciudadanía número 7.309.968 y de la tarjeta profesional 101.323 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Colpensiones.

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Radicación n.° 100008

I. ANTECEDENTES Juan David Pamplona Tobón, hermano de EMPT, actuando en calidad de curador, demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que se declarara que, en virtud del fallecimiento de su madre, Consuelo del Socorro Tobón de Pamplona, su representada tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, desde el 6 de enero de 2020, fecha del deceso, y los intereses moratorios.

Para fundamentar sus peticiones, contó que EMPT nació el 12 de enero de 1964, que fue declarada «interdicta

definitiva por sordomudez mediante sentencia del 29 de septiembre de 1994 […] con una pérdida de capacidad laboral del 55.60%», que dependía económicamente de sus padres, —William Pamplona y Consuelo del Socorro Tobón —que ante el fallecimiento de su progenitor, el 2 de marzo de 2009, su madre asumió toda la responsabilidad con «[…] sus ingresos y los de la mesada pensional de su cónyuge», al habérsele adjudicado a esta la sustitución pensional de aquél en un 100%. Informó que su madre, además, era pensionada por vejez desde 1996, que se le designó como curadora principal de EMPT y que murió el 6 de enero de 2020, siendo él, como hermano, quien asumió la curatela de EMPT y tuvo que contratar a una tercera persona para que se encargara

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Radicación n.° 100008 del cuidado directo de ella, pues su actividad comercial le impedía esa tarea. Estimó que los gastos mensuales de enfermería para sostener a su prohijada ascendían a $ 1.000.000 y los de manutención como «transporte para asistir al médico, recreación, salud y otros tales como peluquería, corte de uñas, elementos de aseo personal y demás […]» a una suma superior a los $ 4.000.000. Precisó que, el 7 de octubre de 2020, reclamó mediante radicado 2020-10085378 la pensión de sobrevivientes a favor de EMPT por la muerte de Consuelo

del Socorro Tobón y la sustitución de la mesada de su padre, siendo negada la primera. Por su parte, Colpensiones se opuso a las pretensiones bajo el entendido de que no existía dependencia económica de la EMPT respecto de su madre fallecida, ya que, de la investigación administrativa realizada y de las resoluciones pensionales expedidas tras el deceso de William Pamplona Ruiz, se determinó que la sustitución primigeniamente fue reclamada y otorgada a favor de su madre, Consuelo del Socorro Tobón de Pamplona en calidad de cónyuge supérstite. Agregó que EMPT para la fecha de la muerte de su progenitor tenía 45 años, 8 meses y 10 días y contaba con bienes registrados a su nombre; empero, conforme a las declaraciones surtidas en el trabajo de campo, se corroboró

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Radicación n.° 100008 que esta era dependiente directa y total de aquel, que estaba bajo su curatela desde el 29 de septiembre de 1994 y contaba con una calificación de PCL del 55.60%, de origen común, y que después de la muerte del padre, no recibió aportes de personas diferentes, por lo que sustituyó a su favor el 100% de dicha prestación. Destacó que, conforme a la relación de gastos y la prestación ahora adjudicada, se determinó que «el valor de la mesada pensional otorgada en la resolución SUB-251989 no se ve afectado ni la vida digna ni las necesidades básicas de la demandante, por lo que la dependencia económica respecto a la madre no se encuentra acreditada». En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con

las solicitudes que recibió y los actos administrativos emitidos; las designaciones de quienes ejercieron como curadores, principal y suplente de la demandante según sentencias emitidas por el Juzgado Segundo de Familia de Medellín y el deceso de ambos padres. Frente a la dependencia económica dijo que no eran ciertos. Como excepciones de fondo propuso las que denominó inexistencia de la obligación de pagar la pensión de sobrevivencia, cobro de lo no debido, presunción de legalidad de los actos administrativos, improcedencia en el pago de retroactivo por las mesadas sin reconocer, así como de las costas, imposibilidad de pagar intereses moratorios, prescripción y buena fe.

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Radicación n.° 100008

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro mediante sentencia del 20 de octubre de 2022, absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la accionante, en decisión del 31 de mayo de 2023, confirmó la de primer grado.

En lo que interesa al recurso, fijó como problema jurídico determinar «si fue acertado el análisis jurídico y probatorio realizado por el a quo, para concluir que no se acreditó dependencia económica […] en relación a su progenitora Consuelo Tobón de Pamplona», para lo cual, tuvo como premisas normativas los artículos 164 y 167 CGP. Dejó sentado que la recurrente se encontraba

calificada con una PCL de 55.60%, de origen común; que la causante de la prestación perseguida era su madre y que, «mediante resolución SUB 251989 de 20 de noviembre de 2020 fue reconocido y ordenado el pago de Sustitución Pensional con ocasión del fallecimiento de William Pamplona Ruiz a partir del 2 de marzo de 2009 […]», a favor de EMPT dado que Consuelo del Socorro Tobón de Pamplona venía disfrutando el 100% de la misma como cónyuge supérstite.

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Radicación n.° 100008 Relató que, mediante Resolución SUB250406 del 19 de noviembre de 2020, se negó la prestación hoy discutida, toda vez que en la investigación administrativa y «[…] del dicho del curador de esta, Juan David Pamplona Tobón —se determinó — que era el señor William Pamplona Tobón quien solventaba el mantenimiento de […] —EMPT— y posteriormente él como curador». Por lo tanto, al estudiar la dependencia económica de la hija «inválida» con relación a su progenitora, trajo a colación lo expuesto en la sentencia CSJ SL4300-2021 que recordó sus elementos al tenor de la decisión CSJ SL149232014 y, al descender al estudio de las pruebas, destacó que las testigos Eugenia Beatriz y Martha Inés Tobón informaron «[…] de manera cierta que la señora Consuelo le daba una alta calidad de vida a […], su hija»; que ambas vivían en la misma casa con Juan David Pamplona Tobón —hermano y curador—, que tenían una empleada

doméstica, quien se encargaba de los quehaceres del hogar y de acompañar a la demandante a las actividades de esparcimiento, habida cuenta de que no era necesaria «para ayudar a la accionante en actividades básicas como bañarse, comer y vestirse, que podía hacer sola perfectamente», por lo que consideró contradictorio que se alegara la importancia de la vinculación de dicha empleada ante la ausencia de la progenitora y, a su vez, se reconociera que esta persona se vinculó a laborar cuando la madre aún vivía. Luego, destacó que los demás gastos con los que se

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Radicación n.° 100008 pretende justificar la necesidad y dependencia resultaban ser «elementos suntuarios, que no comprenden lo que requiere todo ser humano de forma ineludible y fundamental para crecer y desarrollarse dignamente; sumado a que, […] ya al hogar ingresaba la pensión en sustitución del señor William Pamplona, padre de la demandante, por razón de $3’114.000; mesada suficiente para garantizarle todos los factores que engloban una existencia en condiciones de vida adecuadas». Así, del cotejo de las entrevistas con el trabajo de campo, estableció que EMPT era responsabilidad única del progenitor, lo que se soportó también en la investigación que sirvió para resolver en la Resolución SUB250406 la negativa de adjudicarle la prestación que percibió su madre. Para el efecto, memoró que el curador actual de la demandante, Juan David Pamplona, refirió que su padre era quien solventaba «toda la manutención de su hermana […]», y que desde su partida él la asumió, sin recibir ella

ayuda económica de algún otro familiar o del gobierno. En dicho sentido, puntualizó que «la necesidad de ayuda de terceros está regulada en el sistema de seguridad social como prerrogativa (riesgos profesionales de conformidad con el artículo 10, literal c de la Ley 776 de 2002) siempre y cuando se encuentre debidamente acreditada tal necesidad en el respectivo dictamen» y que en el aportado a las diligencias ello no sucede.

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Radicación n.° 100008 Finalmente, agregó que sin acreditarse lo anterior y en el entendido de que el servicio doméstico con cargo a la pensión de la causante no era prueba suficiente de la dependencia de la actora frente a su progenitora, se desvirtuaba el status de beneficiaria como hija en condición de invalidez y, por tanto, confirmó la decisión de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se «proceda a REVOCAR la decisión de segundo grado, y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda inicial y se condene en costas».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación que son objeto de réplica; y dado que atacan similares grupos de normas y argumentan su solicitud frente al mismo tema, se resuelven conjuntamente, aunque se propongan por vías diferentes.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 100008 Acusa la sentencia impugnada por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 46 y del literal C) del 47 de la Ley 100 de 1993 en relación con el 11, 48, 50, 141, 142, 288 y 289 de la misma regulación. En sustento de lo anterior, señala que, está conforme con los fundamentos de hecho que dio por demostrado el juez plural y su reproche se limita a la «interpretación o hermenéutica dada a las prerrogativas legales denunciadas», por cuanto la prestación de sobrevivencia tiene como objetivo «[…] la protección del núcleo familiar tanto del afiliado como del pensionado del impacto sobre los ingresos que se ocasiona con su deceso» y que, en el asunto, luego de la reclamación de la sustitución, de forma atípica, se concedió la que provenía del padre y se negó la causada con el fallecimiento de su madre. Sostiene que se equivoca el Tribunal cuando aduce que dependía económicamente solo de su ascendiente, «pues cronológicamente hablando […]» desde la sustitución reconocida a favor de su madre, como beneficiaria del primero, la sujetó a ella desde el 2009, dado que a partir de esa fecha fue quien le garantizó el nivel de vida y bienestar, sin que estos elementos fueran tenidos en cuenta para protegerla del riesgo de la desaparición del soporte moral y económico prodigado por aquella, imponiéndole requisitos adicionales para su adjudicación. Agrega que resulta ser una interpretación desafortunada, el que por ofrecérsele un escenario de vida a

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Radicación n.° 100008 partir de los recursos que «siempre provinieron de […] ambos padres» se diga que estos no eran indispensables, e insiste en que, con el deceso de su progenitora, «han disminuido las condiciones dignas de subsistencia, por ende, se ha visto limitada en seguir desarrollando su modelo de vida conforme a lo que le brindaba la señora CONSUELO DEL SOCORRO TOBÓN DE PAMPLONA (q. e. p. d.) con su mesada pensional y la […] sustituta de su cónyuge». Advierte que, además de contradecirse el colegiado, desconoce la ratio decidendi de la sentencia CSJ SL43002021 cuando requiere la significancia de los ingresos, pues «resulta diáfano que la mesada pensional tanto del padre, como la de la madre, constituían el soporte económico unificado […]», siendo insuficiente que se considerara por el juzgador que la labor de la empleada doméstica a su servicio, no fuera necesaria, habida cuenta de que, con los evocados rubros se cubría ese gasto, procurando contar con la compañía de un tercero «debido a su condición de sordomudez y discapacidad mental relativa». Aunado a ello, censura que se hubiera concedido la sustitución con la asignación «más baja», sin tener en cuenta «la favorabilidad que le recurría como afiliada», e ignorando que su estado aunque no impide el desarrollo de ciertas actividades de forma autónoma, le obligan a tener «una acompañante […] ya que, como se reitera, por su situación que no se hace entender frente a los demás,

alguien debía estar de manera atenta al tanto de ella, por lo

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Radicación n.° 100008 tanto, existe una desmejora y una desprotección en la decisión adoptada por el ad quem […]». Asimismo, insiste en que la disquisición efectuada resulta limitada, comoquiera que no se logra contextualizar por el Tribunal que es «suntuario», ya que los gastos referenciados en el asunto son para mantener su cuidado e imagen, los que «se pagaban de acuerdo al estrato socioeconómico en donde ha sido criada […] y que no fueron debidamente interpretados […] teniendo en cuenta el contexto en que ha desarrollado su vida», por lo que tampoco pueden catalogarse como un lujo. Finalmente, afirma que no se debe realizar una «interpretación gramatical y restrictiva del literal e del artículo 47 de la ley (SIC) 100 de 1993 y en efecto, case la sentencia […]», dado que Colpensiones confesó que la señora Consuelo del Socorro Tobón era pensionada por vejez según la Resolución SUB 250406 del 19 de noviembre de 2020, por lo que sumada esta prestación a la percibida por la muerte del esposo desde el año 2009, se reunía el capital para su cuidado y manutención, y, en ese sentido, el ad quem debió «considerar la labor de cuidado de una madre frente a su hija en condición de discapacidad no fue remunerada por más de 23 años, y por ello, no es un motivo para que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES negará un derecho claramente adquirido».

VII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n.° 100008 Denuncia la transgresión de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 244 del CGP en relación con el 54 A del CPTSS «como violación medio que llevó a la aplicación indebida del artículo 47 literal C de la ley (sic) 100 de 1993, […]», en relación con los que también convoca para el primer reproche. Para el efecto, cita como errores de hecho, 7.1.1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante acreditó DEPENDENCIA ECONÓMICA ABSOLUTA de su madre, CONSUELO DEL SOCORRO TOBÓN DE PAMPLONA (q. e. p. d.), quien resumió tanto los recursos de su pensión de vejez, junto con el pago del reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de cónyuge en un 100% del señor WILLIAM PAMPLONA RUIZ (q. e. p. d.). 7.1.2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante acreditó desde 2009 hasta 2020 DEPENDENCIA ECONÓMICA ABSOLUTA de su madre, CONSUELO DEL SOCORRO TOBÓN DE PAMPLONA (q. e. p. d.), quien le proveía las condiciones materiales de existencia de la señora […] —EMPT—. 7.1.3. No dar por demostrado, estándolo, que la señora CONSUELO DEL SOCORRO TOBÓN DE PAMPLONA (q. e. p. d.) con los ingresos de su pensión de vejez y con el pago de la

sustitución pensional con ocasión de la muerte de su cónyuge, el señor WILLIAM PAMPLONA RUIZ (q. e. p. d.), era quien sufragaba los gastos de la señora […] —EMPT— de forma ABSOLUTA. 7.1.4. No dar por demostrado, estándolo que la señora CONSUELO DEL SOCORRO TOBÓN DE PAMPLONA (q. e. p. d.) con los recursos provenientes de su pensión de vejez y con el pago de la sustitución pensional, era quien sufragaba en vida los gastos de una persona que debía encargarse de las labores domésticas y del cuidado de la señora […] —EMPT— debido a su condición de sordomudez y discapacidad mental relativa, en especial en tareas fuera del hogar. 7.1.5. No dar por demostrado, estándolo, que la señora […] — EMPT— era asistida por su madre, la señora CONSUELO DEL

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Radicación n.° 100008 SOCORRO TOBÓN DE PAMPLONA (q. e. p. d.) en las labores que se desarrollaban por fuera del hogar y una vez ésta falleció, requiere se mantenga una tercera persona que la acompañe en las mismas, para el caso, se contrató a la señora DOMINGA MURILLO MOSQUERA, quien desarrolló tanto las labores domésticas como de acompañamiento, siempre en forma ser cierta, periódica e indispensable. 7.1.6. Dar por demostrado, sin estarlo, que los gastos sufragados por la señora […] —EMPT— ascendían a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS y que se satisfacían

completamente con la mesada que en vida disfrutó el señor WILLIAM PAMPLONA RUIZ (q. e. p. d.). 7.1.7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de hija inválida y con DEPENDENCIA ECONÓMICA ABSOLUTA de la causante, por haber cumplido los requisitos de ley. Como pruebas sin valorar invoca las siguientes: i) las resoluciones SUB 250406 del 19 de noviembre de 2020 y SUB 251989 del día 20 del mismo mes y año, de las cuales dice, se desprende la calidad de pensionado por vejez que ostentó en vida el señor William Pamplona Ruíz y por la que ante su fallecimiento se sustituyó la prestación desde el 2 de marzo de 2009 en beneficio de Consuelo de Jesús Tobón de Pamplona en un 100% al ser la cónyuge de aquel, quien además, gozó de la protección por su propio riesgo cumplida la edad de cesar labores desde el 1 de junio de 1996, ii) el recurso de apelación que interpuso contra el acto administrativo con radicado 2020-10086606; iii) la sentencia donde se designó a Juan David Pamplona Tobón como su curador suplente; iv) la carta de renuncia al contrato de trabajo y respectiva liquidación de la señora Dominga Murillo Mosquera y v) los testimonios de Eugenia Beatriz Tobón Otálvaro y Martha Inés Tobón Dtick.

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Además, afirma que se incurre en la apreciación indebida del escrito de reclamación conjunta de las citadas prestaciones a su favor, «[…] que fueron tramitadas con radicado 2020_10085378 del 07 de octubre de 2020, citada en la resolución SUB 251989 del 20 de noviembre de 2020 […] y radicado número 2020_10086606, citada en la SUB 250406 del 19 de noviembre de 2020 […] del 07 de octubre de 2020». En sustento de lo expuesto, recuerda que no existe discusión en cuanto a la calidad de pensionados que tuvieron en vida William Pamplona Ruíz y Consuelo del Socorro Tobón de Pamplona, que esta además disfrutó de la sustitución prestacional por el deceso del primero y que, ellos como padres, eran los encargados de la recurrente en un 100% ya que «fue declarada de forma definitiva interdicta por sordomudez desde el 29 de septiembre de 1994 con una pérdida de capacidad laboral del 55.60% de origen común», quedando ante el fallecimiento de ambos progenitores al cuidado de Juan David Pamplona —su hermano y curador — el que, por la comercialización de telas a las que se dedica, le es imposible estar al cuidado de ella teniendo que contratar una persona externa para tal fin. Expresa que, los gastos que soportan la necesidad de gozar de ambas sustituciones pensionales «es cierta, se convierte en regular en periódica y evidentemente, en significativa, de conformidad con lo expresado en los fallos SL 14923 de 2014 y SL 4300 de 2021, sentencias que

inclusive cita el mismo tribunal de alzada».

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Radicación n.° 100008 Reitera que el Tribunal omitió tener en cuenta las calidades y tiempos desde que se sus progenitores disfrutaron las pensiones y sostiene que su dependencia económica no fue absoluta respecto del padre, sino que fue compartida con la madre, por lo que «al haberlo valorado correctamente (ni siquiera se valoró e ignoró totalmente), hubiese tomado una decisión contraria a la que decidió y no simplemente se limitaba a descontextualizar las pruebas testimoniales practicadas». Advierte que, aunque la prueba testimonial no es calificada, de la declaración de Beatriz Tobón Otálvaro se acredita la necesidad de la mesada perseguida, pues la de «TRES MILLONES no le da para vivir como está enseñada a vivir y que requiere de una acompañante que hoy no lo (SIC) puede tener, porque esos TRES MILLONES no le alcanzan», dado que incluso, los gastos del predio denominado «PietraSanta» hogar de ambas, los asumía la progenitora y que la señora Dominga Murillo Mosquera era la encargada de estar pendiente de sus cosas sin poder continuar contando con ella ante la carencia económica señalada. Agrega que la testigo reconoció haber colaborado con la suma de $ 500.000 pesos mensuales luego del referido deceso, en aras de que se mantuviera la ayuda de su acompañante y que, Martha Inés Tobón Dtick ratificó tanto la contratación como la desvinculación de la señora Murillo por falta de dinero, desconociendo el colegiado la dependencia económica de ambos padres, por lo que al no

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Radicación n.° 100008 alcanzar para cubrir todas sus necesidades con la mesada de su progenitor, debe adjudicársele la de su madre, desde el 6 de enero de 2020, junto con los intereses de mora.

VIII. RÉPLICA Colpensiones arguye que el alcance de la impugnación carece de técnica comoquiera que solicita que se case la decisión del colegiado y a su vez que se revoque la misma para acceder a las pretensiones de la demanda, cuando resulta ilógico que se anule una providencia que ya no existe.

Asimismo, aduce que al invocar como submotivo de transgresión la interpretación errada de las normas, se deben demostrar i) las disposiciones en las que se adecuaron los hechos, ii) el alcance que le dio el juez a las mismas, iii) su correcto entendimiento y iv) denotar la trascendencia del error, aspectos que no fueron acreditados en el asunto comoquiera que para el caso el colegiado «jamás aplicó los artículos 46, el literal C del artículo 47 de la ley (sic) 100 de 1993 en relación con los artículos 11, 48, 50, 141, 142, 288 y 289 de la misma ley, conditio sine qua non para edificar el vicio», estando llamado el cargo al fracaso. De igual manera, refiere que se presenta una mixtura argumentativa, pues el cargo se enfila por la senda del derecho, pero, aunque dice estar de acuerdo con las conclusiones fácticas, discute las valoraciones probatorias

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Radicación n.° 100008 efectuadas en segunda instancia respecto de la dependencia económica, a tal punto que: A decir verdad, el casacionista confunde la interpretación normativa, con la interpretación de los hechos, y lo que está censurando en esta vía directa no es el yerro hermenéutico, sino el análisis factico realizado por Ad-quem. Ahora, en el evento de aceptarse remotamente la aplicación negativa de alguna de las normas integrantes de la proposición jurídica, las únicas que pueden ostentar tal calidad, son los artículos 46, y el literal C del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, sobre requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Empero, como en la vía directa se formuló ataque a la interpretación los hechos, y no a la interpretación normativa, el cargo igualmente debe transitar por la senda del fracaso. Pues ningún yerro hermenéutico se edificó, acreditó, ni argumento respecto de cánones denunciados, a efectos de identificar la potencialidad del yerro y su incidencia en la parte resolutiva del fallo, que tuviese la entidad de resquebrajarlo. Respecto de las restantes normas reprochadas de la Ley 100/93, los cánones 11, 288 y 289 sobre campo de aplicación, vigencias y derogatorias, no crean, modifican o extinguen derecho subjetivo alguno en cabeza de la demandante. El 48, 50 y 141 y 142 sobre monto de la pensión y mesadas adicionales, no fueron aplicados, dado que no cumplió los requisitos de acceso a la prestación; por ende, ni siquiera aplicación negativa puede soporta

En relación al segundo, aduce que, aunque se denuncia la falta de apreciación de unos medios y la valoración errada de otros, se critica el análisis del juzgador sin efectuar una evaluación conjunta de las pruebas, asignando un valor persuasivo a las que le eran favorables y desconociendo lo acreditado dentro del proceso administrativo como las inconsistencias que se presentaron al tener dos versiones distintas de la censurada dependencia económica conforme al dicho del curador de la recurrente.

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Radicación n.° 100008 Para el efecto, luego de referirse a lo expuesto en dichos medios, señala: Luego, detállese la acertada y adecuada asunción suasoria que el Juez Ad-quem efectuó de la integralidad de los medios probatorio-arrimados a la actuación procesal. En punto de la dependencia económica, el Juzgador en forma fidedigna asumió el contenido y valor suasorio de los actos Administrativos emitidos por esta Administradora. Detállese que su valoración fue efectuada entre páginas 41 a 42 del fallo censurado, copiando inextenso lo referido en estas, donde, de acuerdo a las entrevistar surtidas al hoy Curador, y hermano de la actora, (dentro del informe investigativo) esta dependía forma exclusiva de su padre. […] A todas luces resultó incoherente, y restó mérito suasorio a lo expuesto por la parte demandante, como acertadamente lo estimó Ad-quem, que, de un momento a otro, pese haberse manifestado la dependencia absoluta del causante WILLIAM PAMPLONA, al momento de solicitar la sustitución pensional de

este, se variara el relato, para, al momento de solicitar la sustitución pensional de la madre, exponer que ahora dependía de ambos. Las máximas de experiencia dan cuenta de la artificiosa segunda manifestación, y variación del relato primario. Finalmente, si bien el padre de la demandante falleció el 02 de marzo de 2009, y la sustitución pensional fue otorgada a la madre de la actora en un 100%, desde marzo de 2009, y según relato del extremo demandante, desde el año 2009 los gastos de sostenimiento de la demandante, se financiaron con la pensión del causante WILLIAM PAMPLONA, y parte de la mesada que recibía en su momento la señora CONSUELO DEL SOCORRO (pensionada por vejez desde 1996); no es menos cierto que, al momento de solicitar la sustitución pensional del padre, se acreditó que “este era la persona que solventaba toda la manutención de Elena María Pamplona Tobón, y que después del fallecimiento del padre de aquella, fue su hermano Juan David Pamplona, la persona encargada de solventar los gastos de su manutención, dado que la discapacitada no recibía apoyo económico de ningún familiar ni del gobierno. Advierte, de igual manera, que la reclamación de la pensión de ambos padres no se solicitó en único tramite, pues se hizo mediante dos radicados diferentes y que, el

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Radicación n.° 100008 colegiado al encontrar una contradicción en cuanto a la necesidad de la persona de apoyo que incluso en vida de la señora Consuelo del Socorro se encontraba contratada para

asistir «las labores del hogar propios (sic) de dicho cargo», pese al grado de discapacidad que la recurrente padece según el estudio y calificación efectuado al interior del dictamen de PCL, se tiene que ella no presenta dificultad o dependencia para desempeñarse en la vida doméstica y cuidado personal que justificara la vinculación de una cuidadora externa. Finalmente, critica que se acuda para soportar los errores de hecho presentados, a medios probatorios no hábiles en casación como son las declaraciones de Eugenia Tobón Otálvaro y Martha Inés Tobón Dtick, pues, de todas formas, «[…], la valoración conjunta de los medios probatorios, ensombrecen sus dichos, dadas las restantes testimoniales, y las crasas inconsistencias de las documentales aportados por el extremo demandante», por lo que ante la ausencia de los principios rectores para declarar la aplicación indebida de las normas de derecho sustancial como fueran la «“no contradicción”, “no debate de instancia”, “debida fundamentación y demostración de los cargos”, “trascendencia” “unidad y coherencia lógica”» solicita se desestimen los propuestos.

IX. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamenta su decisión en que, «entre los beneficiarios de la pensión de sobreviviente se encuentran

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Radicación n.° 100008 los hijos inválidos de conformidad con el literal c) artículo 38 (sic) de la Ley 100 de 1993; siempre que, se acredite la dependencia económica de estos con relación al causante». Con base en lo anterior, al descender al material

probatorio, acatando el tenor de lo expuesto en la sentencia CSJ SL4300-2021, que reiteró la CSJ SL14923-2014, concluye que no se cumple con la carga de demostrar la referida dependencia, pues lo que le prodigaba «la señora Consuelo Tobón, su señora madre, se constituyen (sic) en elementos suntuarios, que no comprenden lo que requiere todo ser humano de forma ineludible y fundamental para crecer y desarrollarse dignamente; sumado a que, […] ya al hogar ingresaba la pensión en sustitución del señor William Pamplona». Explica «que la […] ayuda de terceros está regulada en el sistema de seguridad social como prerrogativa (riesgos profesionales de conformidad con el artículo 10, literal c de la Ley 776 de 2002) siempre y cuando se encuentre debidamente acreditada tal necesidad» y que de lo allegado no se vislumbraban los presupuestos requeridos. Esto, teniendo en cuenta que, de las declaraciones re