CSJ - SL1837-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1837-2023 Radicación n.° 83181 Acta 27 Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ ANTONIO CASTIBLANCO CASALLAS contra la sentencia proferida el 8 de mayo de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTRO ORIENTE ESE UNIDAD DE SERVICIOS DE

SALUD SANTA CLARA.

I. ANTECEDENTES José Antonio Castiblanco Casallas convocó a juicio a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato laboral

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Radicación n.° 83181 desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 30 de junio de 2016, el cual finalizó por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la empleadora. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que la accionada fuera condenada al pago de cesantías y sus intereses; vacaciones; primas de servicio, navidad, antigüedad, «de junio» y vacaciones; auxilios de alimentación y de transporte; horas extras, recargos dominicales y festivos, durante todo el lapso laborado. Del mismo modo, reclamó que se le cancelaran «todas las prestaciones de carácter convencional» al tenor de la

convención colectiva de trabajo vigente «desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 30 de junio de 2016»; que se le reconozcan los conceptos descontados de retención en la fuente, «ICA» y riesgos profesionales, así como el reembolso de lo sufragado por aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensión y salud. Finalmente, pidió que el demandado sea condenado a pagar la indemnización por la terminación unilateral y sin justa causa del contrato; la sanción prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949 a partir del 1 de julio de 2016; la indexación de las sumas adeudadas; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que trabajó del 22 de noviembre de 2007 al 30 de junio de 2016, en el cargo de «celador» en el Hospital Santa Clara ESE III

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Radicación n.° 83181 Nivel, mediante contratos de prestación de servicios ininterrumpidos; que cumplía el horario señalado por dicho hospital en turnos de 12 horas, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.; que su jornada se contabilizaba como «horas ordinarias» sin reconocer los recargos nocturnos, los dominicales y festivos; y que el administrador encargado de la demandada era quien le impartía órdenes y directrices sobre su labor y ejercía un poder de subordinación. Adujo que el cargo de «celador» existía dentro de la planta de personal del centro hospitalario demandado, razón

por la cual no podía considerarse como una actividad de carácter transitorio, sino un vínculo relacionado directamente con el objeto social de dicha entidad. Finalmente, mencionó que el 10 de noviembre de 2016 formuló derecho de petición a la ESE convocada a juicio, a través del cual solicitó el pago de las acreencias laborales e indemnizaciones aquí reclamadas. No obstante, esa entidad mediante oficio E-5909/2016 del 29 de noviembre de igual año desestimó tal solicitud. Al dar respuesta a la demanda, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos relatados, aceptó la vinculación del demandante con dicho hospital a través de contratos de prestación de servicios; el cargo desempeñado, aclarando que también ejercía actividades en el «área de mantenimiento del Hospital»; así como la petición elevada a

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Radicación n.° 83181 esa entidad y su respuesta negativa. Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban, es así que no aceptó la existencia de la CCT aplicable al actor, en la que se fundamentaron los pedimentos extralegales y mucho menos admitió su contenido. En su defensa, argumentó que con el demandante no existió ninguna relación laboral, pues el vínculo que surgió entre las partes estuvo regido por varios contratos de prestación de servicios, para ejercer labores de apoyo en la portería y en el «área de mantenimiento» del Hospital; nexo

que tuvo como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 210 de la CP, que permite a los particulares cumplir funciones administrativas en las condiciones señaladas por la ley, en este caso, por lo reglado en el Código Civil. Explicó que según el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, las Empresas Sociales del Estado, como es la naturaleza de la demandada, podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, incluso con otras ESE, con entidades privadas o con operadores externos; que fue lo acontecido con el promotor del litigio, para el desarrollo de labores de celaduría y «mantenimiento», ello ante «la inexistencia en planta de cargos relacionados con el empleo de Vigilante de Portería y Auxiliares de Mantenimiento». En virtud de lo anterior, resaltó que no podían tener vocación de prosperidad las pretensiones condenatorias enlistadas, entre estas, las de naturaleza convencional, pues

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Radicación n.° 83181 adujo que «se constituyen en insubstanciales», en razón a la vinculación del actor que fue por contrato de prestación de servicios. Formuló las excepciones que denominó: «inepta demanda por inexistencias de las obligaciones pretendidas», cobro de lo no debido, prescripción, «inexistencia de indemnización moratoria por ningún concepto», buena fe y «mala fe del demandante». En cumplimiento de lo solicitado por el promotor del litigio en su demanda inicial, referente a que: «se oficie al Gerente del Hospital Santa Clara III Nivel de Bogotá […] para que envíe copia de las convenciones colectivas vigentes entre

el año 2004 a 2014», la entidad llamada a juicio aportó como anexo a la contestación de la demanda inaugural, el documento denominado «CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO - Compilación 1995-2016» visible del folio 214 al 241.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 15 de febrero de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo como trabajador oficial del señor demandante JOSÉ ANTONIO CASTIBLANCO CASALLAS […] con la empresa social del estado HOSPITAL SANTA CLARA la cual se fusionó a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO entidad del orden territorial Bogotá Distrito Capital, en consecuencia y de conformidad con lo

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Radicación n.° 83181 expuesto en la parte motiva de esta sentencia, indicar que el referido contrato de trabajo en donde fue empleador el HOSPITAL SANTA CLARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO tuvo como extremos del 22 de noviembre de 2007 hasta el 30 de junio del 2016 y como salarios el último indicado en $1.540.031, en consecuencia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia CONDENAR a la entidad SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE a cancelar y pagar al señor demandante JOSÉ ANTONIO CASTIBLANCO CASALLAS los siguientes conceptos y cuantías:

1.1. Por auxilio de cesantías el valor de $10.564.571. 1.2. Por intereses a las cesantías $586.991. 1.3. Por compensación en dinero de vacaciones $3.465.070. 1.4. Por prima de navidad de orden legal $4.882.152. 1.5. Por reembolso de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones que cubrió el ciudadano demandante demás correspondiéndole a su empleador el valor de $2.191.900. 1.6. Por la indemnización moratoria por un día de salario por cada día de retardo por el no pago de prestaciones sociales y hasta cuando se dé el pago efectivo de las mismas a partir del 1 de octubre del año 2016 por el valor diario de $51.334,37 a título ilustrativo a fecha de esta sentencia 15 de febrero del año 2018, el valor asciende a $25.821.186, sin perjuicio de los valores que se sigan causando hasta la fecha efectivo del pago de las prestaciones sociales adeudadas al señor demandante antes indicadas no incluye vacaciones ni intereses a las cesantías.

SEGUNDO: ABSOLVER de las demás pretensiones no indicadas en el numeral primero y sus subnumerales de esta sentencia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: COSTAS a cargo de la entidad SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE, y a favor del señor demandante […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al conocer del recurso de apelación presentado por ambas partes, con sentencia calendada 8 de

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Radicación n.° 83181 mayo de 2018, revocó la sentencia del a quo, para en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones elevadas en su contra, sin costas en la alzada. Indicó que por cuestión de método estudiaría inicialmente el recurso de la demandada, a través del cual solicitaba la revocatoria de la decisión de primer grado, bajo el argumento de que el actor no ostentó la calidad de trabajador oficial de la ESE accionada, sino que realmente estuvo vinculado por contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993. Para dar respuesta a dicha inconformidad, el ad quem expuso que conforme al Acuerdo 13 de 1997, el Hospital Santa Clara se transformó en una Empresa Social del Estado especializada, del nivel terciario de atención, entendida como una categoría especial de entidad pública, descentralizada del orden distrital, adscrita e incorporada al sistema distrital de salud. Mencionó que mediante el Acuerdo 641 de 2016 el Concejo de Bogotá reorganizó el sector salud dentro del Distrito, redefiniendo las entidades y organismos que lo conformaban, para lo cual determinó la fusión de unas entidades y la creación de otras, así mismo dispuso en el inciso cuarto del artículo 2, fusionar las ESE de Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara, en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE Unidad de Servicios de Salud Santa Clara.

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Radicación n.° 83181 Resaltó que las personas vinculadas a las ESE, como lo

era la demandada, por regla general, tienen el carácter de ser empleados públicos y, excepcionalmente, serán trabajadores oficiales quienes desempeñen cargos no directivos, destinados al mantenimiento de la planta física hospitalario o de servicios generales de estas mismas, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1876 de 1994 y, además, el parágrafo del artículo 674 del Decreto Ley 1298 de la misma anualidad. Refirió que desde la demanda inicial el accionante indicó que se desempeñó como «celador» en la ESE demandada; que al analizar los contratos de prestación de servicios suscritos entre el actor y el demandado, desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 30 de julio de 2016, se definió como objeto de estos nexos, «en unas ocasiones el de apoyo a la gestión de actividades para proceso de mantenimiento y en otras auxiliar de apoyo a mantenimiento, en otras mantenimiento y en otras servicios generales y apoyo a mantenimiento». Puntualizó que en la descripción de las actividades desplegadas por el señor Castiblanco Casallas se encontró que el demandante debía: i) informar y orientar a los pacientes sobre servicios de salud que brinda el hospital; ii) informar a la oficina de mantenimiento sobre conductas irregulares que atenten contra la seguridad y bienestar de la institución, personal interno y externo que la visitaba, como también de los pacientes; iii) orientar a los conductores de ambulancia, automóviles particulares o vehículos de carga

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sobre zonas vedadas, recorridos o tiempos de estancia; iv) revisar los vehículos evitando fuga de pacientes; v) ayudar y facilitar la movilización de pacientes imposibilitados físicamente; vi) registrar el traslado de pacientes y orientar sobre desplazamientos; y vii) alertar sobre código de alerta y emergencia. Mencionó que fueron escuchados los testimonios de Hernán Satina Felix e Israel Martín Lozano, ambos compañeros de trabajo del demandante, el primero desde «junio de 2010» y el segundo a partir de «diciembre de 2007» hasta la fecha de retiro, quienes fueron coincidentes en señalar que el actor se desempeñó como «vigilante» en el centro hospitalario demandado, al igual que ellos; que siempre cumplieron las funciones por turnos asignados mensualmente, en la portería principal, en pediatría o urgencias, entre otras dependencias. Indicó que el declarante Israel Martín Lozano precisó que, en muchas ocasiones, recibió el turno del demandante y que esto se hacía mediante una bitácora, en la cual se dejaban consignados los elementos que se recibían y entregaban efectivamente. Aseveró que el dicho de los testigos estaba respaldado por el contenido de los documentos denominados «minutas de portería» (f.° 62 a 67) y con las planillas en las que se fijaron los turnos (f.° 68 a 166); documentales en las cuales aparecía relacionado el convocando al juicio. De conformidad con las pruebas mencionadas, estimó que estaba demostrado que el accionante prestó sus servicios

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Radicación n.° 83181 personales a la demandada desarrollando labores de «vigilancia y celaduría», las cuales no podían calificarse como de construcción o sostenimiento de obras públicas ni tampoco destinadas al mantenimiento de la planta física de la demandada o de servicios generales; de ahí que no era procedente declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, dado que el promotor del litigio no ostentó la calidad de trabajador oficial. Tal razonamiento lo sustentó trayendo a colación las sentencias CSJ SL, 3 abr.2008, rad. 33809 y CSJ SL7340-2014, rad. 44065. Bajo tales argumentos, dijo que se debía revocar la decisión de primera instancia y absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Por las resultas del proceso, advirtió que se relevaba de examinar los demás argumentos expuestos por la demandada ante la alzada, así como de los reparos formulados por la parte actora en su apelación, en relación con la procedencia de las pretensiones convencionales.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de

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Radicación n.° 83181 instancia, confirme los numerales primero y tercero de la decisión condenatoria del a quo y revoque el numeral segundo de dicha providencia, para que en su lugar se

ordene a la demandada cancelar las prestaciones de orden convencional, individualizadas así: 3.1. Horas extras convencionales consagradas en el Art. 16. 3.2. Recargos nocturnos convencionales consagrados en el Art. 17. 3.3. Descansos remunerados convencionales consagrados en el Art. 18. 3.4. Incremento salarial convencional consagrado en el Art. 29. 3.5. Subsidio de alimentación convencional consagrado en el Art. 30. 3.6. Auxilio de transporte convencional consagrado en el Art. 31. 3.7. Quinquenio convencional consagrado en el Art. 32. 3.8. Prima de antigüedad convencional consagrada en el Art. 33. 3.9. Prima de servicios convencional consagrada en el Art. 35. 3.10. Prima de vacaciones convencional consagrada en el Art. 36. 3.11. Prima de navidad convencional consagrada en el Art. 37. 3.12. Cesantías consagradas en el Art. 38. 3.13. Subsidio familiar consagrado en el Art. 40. 3.14. Elementos y ropa de trabajo dotaciones convencionales consagrada en el Art. 41. 3.15. Indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa consagrada en el Art. 43. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula tres cargos, los cuales no son objeto de réplica y que la Sala estudiará conjuntamente el primero con el segundo, por virtud de estar orientados por igual vía de violación, denunciar similar elenco normativo y perseguir el

mismo cometido, para luego, en caso de ser necesario, despachar la tercera acusación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de

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Radicación n.° 83181 interpretación errónea de los artículos 17 del Decreto 1876 de 1994; 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y 674 del Decreto Ley 1298 de 1994. En el desarrollo del ataque, el recurrente manifiesta que, contrario a lo expuesto por el juez de segundo grado, de conformidad con lo consagrado en los artículos 17 del Decreto 1876 de 1994 y 674 del Decreto 1298 de igual año, que son reglamentarios de los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, las personas encargadas del mantenimiento de la planta física o de servicios generales, en los cuales se encuentran incluidos «los vigilantes o celadores», deben ser consideradas trabajadores oficiales, dado que estas tareas corresponden a cargos no directivos destinados al «mantenimiento de la planta física hospitalaria», tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Para tal efecto, trae a colación la decisión CC T4852006, en la que el alto tribunal constitucional al examinar las actividades que comprenden la denominación de servicios generales precisó lo siguiente: […] dichos servicios no benefician a un área o dependencia específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización

y se caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole manual. Dentro de tales servicios generales se han incluido los servicios de suministro, transporte, correspondencia y archivo, la vigilancia y la cafetería. De igual manera, expone que la Sala de Casación Laboral, también ha precisado que «los vigilantes de las ESE» deben ser considerados como trabajadores oficiales, pues

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Radicación n.° 83181 dicha actividad corresponde a la categoría de servicios generales que requieren las Empresas Sociales del Estado. Cita la decisión CSJ SL, 18 abr. 2018, rad. 63727, de la cual trajo a colación el siguiente fragmento: Así las cosas, es preciso analizar qué se entiende por «mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales». Jurisprudencialmente, esta Sala en providencia del 21 de junio de 2004, dentro del proceso conocido con el rad. n.° 22324, explicó lo siguiente: «…los ‘servicios generales’ dentro de una institución gubernamental, esencialmente están destinados para mantener las instalaciones de ella en óptimo estado de funcionamiento, su seguridad, las funciones de aseo, vigilancia y cafetería, así como el manejo de los demás bienes como vehículos y suministro de los elementos requeridos por las distintas dependencias que las integran». (Negrilla y subrayado del texto original). Asegura que el juez de segundo grado interpretó en forma errónea los artículos 17 del Decreto 1876 de 1994 y 674 del Decreto 1298 de la misma anualidad, pues conforme los precedentes jurisprudenciales en mención, las labores de

celaduría o de vigilancia de las entidades hospitalarias del Estado corresponden a funciones propias de un trabajador oficial; presupuesto que conduce a concluir que la vinculación legal entre las partes fue mediante un contrato de trabajo. Por todo ello, solicita se case la sentencia impugnada y en su lugar se proceda conforme a lo peticionado en el alcance de la impugnación.

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VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de las siguientes normas: Ley 6 de 1945; Art. 20 del Decreto 2127 de 1945; Arts. 3 y 5 de la Ley 1848 de 1969; el Art. 26 de la Ley 10 de 1990; Art. 10 del Decreto 1335 de 1990; Decreto Ley 1569 de 1998 y Arts. 48 y 53 de la Constitución Política.

En este ataque, la censura reproduce argumentos similares a los del primer cargo, no obstante, luego de citar in extenso las normas enlistadas en la proposición jurídica, afirma que fueron infringidas directamente, pues al estar demostrado en el proceso y al haberse reconocido por la alzada, que el demandante prestó sus servicios a la ESE accionada como celador, debía concluir, de conformidad a la clasificación normativa, que su cargo era el de un trabajador oficial, dado que sus funciones estaban destinadas al mantenimiento de la planta física del hospital o en servicios generales. Puntualiza que dicho desconocimiento normativo por

parte del ad quem condujo a que se vulnerara el derecho del demandante al reconocimiento y pago de las prestaciones legales y convencionales adeudadas; presupuesto que resulta suficiente para casar la sentencia fustigada.

VIII. CONSIDERACIONES Observa la Corte que el recurrente demandante, en los

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Radicación n.° 83181 dos ataques orientados por la vía directa, cuestiona la decisión absolutoria del Tribunal que concluyó que el accionante no ostentó la calidad de trabajador oficial de la ESE convocada al proceso, pues las actividades que ejecutó de «celaduría y vigilancia» no correspondían a tareas de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales y, por ende, en decir de la colegiatura, debía revocarse la decisión del a quo que reconoció la existencia de un contrato laboral y condenó al pago de acreencias legales. La censura expone que dicho desacierto del juez de alzada se produjo por haber interpretado erróneamente los artículos 17 del Decreto 1876 de 1994 y 674 del Decreto 1298 del mismo año, así como por la infracción directa del artículo 26 de la Ley 10 de 1990; dado que esas normas confieren la calidad de «trabajadores oficiales» a quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales en las mismas instituciones; clasificación que cobijaba al accionante que trabajó como celador de la ESE demandada. Además, sostiene que con la decisión absolutoria

dictada por el juez plural se desconocieron los precedentes jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia frente a esta temática, toda vez que en las decisiones CC T485-2006 y CSJ SL, 18 abr. 2018, rad. 63727, se concluyó que «los vigilantes de las ESE serán considerados trabajadores oficiales».

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Radicación n.° 83181 Puestas así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si el Tribunal se equivocó al concluir que José Antonio Castiblanco Casallas no podía considerarse como trabajador oficial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, particularmente, bajo el argumento de que las funciones de «celaduría y vigilancia», ejecutadas por el demandante, no correspondían a tareas de mantenimiento de la planta física o de servicios generales de la accionada. Ahora bien, como quiera que los cargos fueron orientados por la senda jurídica, no existe discusión en la esfera casacional, sobre los presupuestos fácticos establecidos por la colegiatura, de los cuales, se destacan los siguientes: i) que José Antonio Castiblanco Casallas prestó sus servicios de «celaduría y vigilancia» a favor de la demandada Subred Integrada de Servicios de Salud - Centro Oriente ESE Unidad de Servicios de Salud Santa Clara; ii) que esa labor se ejecutó entre el 22 de noviembre de 2007 y el 30 de julio de 2016; y iii) que de acuerdo con los sucesivos

contratos firmados entre las partes, el objeto de dicho nexo era brindar «apoyo a la gestión de actividades para el proceso de mantenimiento» y ejecutar «servicios generales y apoyo a mantenimiento». Para resolver el mencionado interrogante jurídico es necesario poner de presente que, tal como lo indicó el sentenciador de segundo grado, para efectos de establecer la clasificación de empleos en el régimen de personal de las

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Radicación n.° 83181 Empresas Sociales del Estado es imperativo acudir al artículo 17 del Decreto 1876 de 1994 y el parágrafo del artículo 674 del Decreto 1298 igual año, ya que tales normativas definen las pautas que deben tenerse en cuenta para determinar si las personas que prestan sus servicios son empleados públicos o excepcionalmente trabajadores oficiales. Precisamente el artículo 17 del Decreto 1876 de 1994, indica: Artículo 17.- Régimen de personal. Las personas que se vinculen a una Empresa Social del Estado tendrán el carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales, en los términos establecidos en el artículo 674 del Decreto-ley 1298 de 1994. Dicha disposición, realiza una remisión normativa al artículo 674 del Decreto Ley 1298 de 1994, que es del siguiente tenor: ARTICULO 674. CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS. En la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera. Son empleos de libre nombramiento y remoción:

1. En la administración nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1o. de la Ley 61 de 1987.

2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados: a) Los de Secretario de Salud o Director seccional o local del Sistema de Salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel jerárquico, inmediatamente, siguiente. b) Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo nivel jerárquicos, inmediatamente, siguientes.

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Radicación n.° 83181 c) Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría. Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados de carrera podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción, sin perder su pertenencia a la carrera administrativa. PARÁGRAFO. Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones. (Subraya la Sala). De las disposiciones en mención, se infiere que las Empresas Sociales del Estado como lo es la demandada Subred Integrada de Servicios de Salud - Centro Oriente ESE Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, están sujetas a la clasificación de empleos desarrollada a través del artículo 674 del Decreto Ley 1298 de 1994, es decir, que por regla general quienes laboran en las ESE son considerados servidores públicos y, de manera excepcional, trabajadores

oficiales quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales en las mismas instituciones. Definido lo anterior y teniendo en cuenta que en la esfera casacional es un hecho indiscutido que el actor prestó sus servicios a la ESE accionada, en tareas de «vigilancia y celaduría», se debe advertir desde ya que el Tribunal incurrió en el yerro jurídico endilgado, pues al tenor de la clasificación de empleos definida en el artículo 674 del Decreto Ley 1298 de 1994, dichas funciones corresponden a labores de mantenimiento de la planta física hospitalaria.

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Radicación n.° 83181 En este punto, resulta oportuno recordar que esta corporación al estudiar esa temática, consideró que «el cargo de celador al servicio de una Empresa Social del Estado es desempeñado por un trabajador oficial», pues pertenece al área de mantenimiento de la planta física. Así se consagró, desde la sentencia CSJ SL, 29 jun. 2011, rad. 36668, que al respecto indicó: […] sólo es posible catalogar a un servidor público de una empresa social del Estado como trabajador oficial, en la medida de la demostración, en un proceso judicial, de que su labor está relacionada con tales actividades –mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales-, siempre que no hagan parte de los cuadros directivos. La ausencia de prueba en tal sentido conduce, irremediablemente, a que el servidor público sea catalogado como empleado público, merced a la mentada regla general. Al paso de tales premisas, el mantenimiento de la planta física de

los hospitales comprende el conjunto de actividades orientadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público esencial de salud, tales como electricidad, carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría. Por servicios generales ha de entenderse aquel elenco de actividades cuyo propósito es el de atender las necesidades que le son comunes a todas las entidades, tales como la cocina, ropería, lavandería, costura, transporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio doméstico, por citar algunas, en vía puramente enunciativa o ejemplificativa, no restrictiva o limitativa. (Subraya la Sala). Posteriormente, en la decisión CSJ SL18413-2017 la Corte reiteró que dentro del concepto de las tareas relacionadas con el «mantenimiento de la planta física hospitalaria» de las ESE se encontraba incluido el cargo de celador o vigilante, porque corresponde a una función

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Radicación n.° 83181 orientada a mejorar, conservar, adicionar o restaurar las instalaciones del ente hospitalario y, además, coincide con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, que regula la clasificación de los trabajadores oficiales del sector de la Salud. Así se indicó en la aludida providencia: Así las cosas, es preciso analizar qué se entiende por «mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales». Jurisprudencialmente, esta Sala en provide