CSJ - SL184-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL184-2023 Radicación n.° 91642 Acta 03 Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por IVÁN CASAS MOREA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 20 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra CREDIVALORESCREDISERVICIOS S. A. S., y CREDIFINANCIERA S. A., trámite al que se vinculó como litisconsorte necesario a LA

NACIÓN - MINISTERIO DEL TRABAJO.

Se reconoce personería adjetiva a la abogada Ángela Patricia Pino Moreno, con TP No. 253.532 del CSJ, para actuar como apoderada de la sociedad opositora Credifinanciera S. A., en los términos y para los efectos del poder sustitución allegado, según informe secretarial del 25 de octubre de 2022.

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Radicación n.° 91642

I. ANTECEDENTES Iván Casas Morea llamó a juicio a CredivaloresCrediservicios S. A. S. y a Credifinanciera S. A. y formuló como «pretensiones de despido ilegal y reintegro respecto del contrato No. 2016CF0042 suscrito entre el trabajador y Credifinanciera» las siguientes: declarar que en el otrosí 0001 al contrato 2016CF0042 el trabajador no pactó

expresamente que aceptaba una reducción de la remuneración y prestaciones sociales, ni que renunciaba al factor del 17,5% pactado para remunerar el trabajo realizado en dominicales y festivos; la nulidad del monto del salario integral determinado en el referido otrosí y la validez de la decisión de acogerse a ese tipo de remuneración; que a la fecha de terminación del nexo por Credifinanciera S. A. estaba cobijado por el fuero de paternidad y que dicha sociedad no hizo el pago completo de sueldos, prestaciones y aportes parafiscales de acuerdo con la remuneración originalmente pactada; decretar la terminación ilegal del contrato por no haber pagado las referidas obligaciones conforme al salario, por invocar una cláusula ineficaz y no tramitar el permiso de la oficina de trabajo; ordenar el pago del saldo por concepto de sueldos y prestaciones pendientes por el contrato 2016CF0042 durante el periodo comprendido del 5 de julio de 2016 al 6 de junio de 2017.

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Radicación n.° 91642 Además, ordenar el reintegro por la terminación ilegal del contrato, el pago de salarios integrales, vacaciones, aportes a pensión desde el 7 de junio de 2017 y hasta que se haga efectivo el reintegro; que en caso de que se considere que no se dan las condiciones para ello, se decrete la finalización del nexo sin justa causa, por ende, se ordene la liquidación y pago de la indemnización por despido injusto, calculada desde la fecha de inicio del vínculo (5 de julio de 2016) hasta cuando el fallador declare su finalización.

También pidió declarar que la suma cancelada por indemnización por terminación del contrato por la causal del periodo de prueba corresponde a un pago por mera liberalidad por parte de Credifinanciera S. A.; que dicha sociedad actuó de mala fe por no haber «honrado y pagado» la totalidad de salarios y prestaciones, reducir su sueldo, desconocer el fuero de paternidad, exigirle la ejecución de actividades sin remuneración para la empresa Credivalores

S. A. S. y por invocar una cláusula inaplicable para culminar el contrato; por consiguiente, condenarla a pagar la indemnización moratoria; la indexación e intereses sobre las sumas adeudadas, el ajuste por el IPC; el cálculo actuarial y depósito en la cuenta pensional respectiva, junto con lo que resulte ultra y extra petita.

Así mismo, como «pretensiones de despido ilegal y reintegro del contrato realidad existente entre el trabajador y la sociedad Credivalores», solicitó declarar que realizó labores para la sociedad Credivalores S. A. S. no previstas en el contrato de trabajo celebrado con Credifinanciera S. A. y, por

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Radicación n.° 91642 ende, existió un contrato realidad con la primera de dichas sociedades; que tales empresas son dos sociedades distintas, sin situación de control entre sí; que las condiciones y su remuneración por el nexo con Credivalores S. A. S. son equivalentes a las del contrato de trabajo suscrito con Credifinanciera S. A.; la concurrencia del contrato de trabajo indefinido, con igual objeto y alcance, entre él y las

sociedades demandadas; que no fueron pagados los salarios y prestaciones; la terminación ilegal del contrato realidad por la no cancelación de salarios, prestaciones y aportes parafiscales, la falta de autorización por parte de la oficina de trabajo para terminar el contrato durante el fuero de paternidad, en consecuencia, se decrete la no solución de continuidad del contrato realidad y se ordene reconocer los salarios y prestaciones derivados del nexo con Credivalores

S. A. S.

Igualmente, reclamó el pago de salarios integrales correspondientes al periodo del 7 de junio de 2017 a la fecha efectiva de reintegro, junto con las vacaciones y los aportes a pensión; que por la no solución de continuidad del contrato realidad se decrete el reintegro del trabajador a la sociedad Credivalores S. A. S. y, en caso de que no se den las condiciones para ello, se disponga la finalización del tal nexo sin justa causa y se ordene el pago de la indemnización por despido calculada desde el 5 de julio de 2016 hasta la fecha en que el fallador lo decrete. Además, reclamó declarar que la empresa Credivalores S. A. S. actuó de mala fe por pretender que ejecutara labores a título gratuito, por no reconocer los salarios y prestaciones, por desconocer el fuero

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Radicación n.° 91642 de paternidad. En consecuencia, pidió condenarla a pagarle la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, la indexación e intereses, el ajuste del salario conforme al IPC a partir del 5 de julio de 2017; el cálculo actuarial y depósito

en la cuenta pensional de todas las contribuciones a pensión que se adeuden al trabajador por la ejecución del contrato realidad existente; «que tanto Credifinanciera como Credivalores expidan una carta de exoneración de responsabilidad por la decisión de diseñar y estructurar una mesa de soporte que sirve por igual a las transacciones que realizan las sociedades Credifinanciera y Credivalores», lo que resulte ultra y extra petita, junto con las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 5 de julio de 2016 celebró un contrato de trabajo con Credifinanciera S. A., el cual se extendió hasta el 6 de junio de 2017 cuando dicha empresa dio por terminada unilateralmente la relación laboral. Aseguró que las sociedades Credifinanciera S. A. y Credivalores S. A. S. son distintas, tienen objetos sociales diferentes y no tienen declarada una situación de control entre sí, pero obedecen a una misma unidad de dirección ejecutiva. Dijo que en el contrato celebrado quedó pactado que el salario sería de $10.000.000, sin mencionar que dicha suma incluía el factor prestacional; que el cargo asignado fue el de director de atención y soporte, además, se acordó que laboraría en forma exclusiva para Credifinanciera S. A. en las

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Radicación n.° 91642 actividades propias de su oficio, como en aquellas conexas o complementarias. Señaló que en el primer mes de ejecución del contrato el empleador le redujo unilateralmente el salario sin que mediara autorización expresa del trabajador, pues antes de

finalizar julio de 2016 le solicitó suscribir el otrosí 0001 para fijar un salario integral de $10.000.000 retroactivo a la fecha inicial compuesto por un 70% de asignación salarial y el 30% restante correspondiente al factor prestacional el cual compensaba todas las prestaciones legales que se reconocían en el contrato inicialmente firmado. Manifestó que ni en el contrato de trabajo 2016CF0042 ni en el otrosí 0001 se indicó que ejercería el cargo de forma simultánea para las dos sociedades. Así, desde el inicio de la relación laboral, por solicitud expresa de sus superiores, ejecutó labores como director de atención y soporte, en igual cantidad y calidad, para las sociedades Credivalores S. A. S. y Credifinanciera S. A., tal como lo mostraban los correos electrónicos. Narró que el 6 de junio de 2017 Credifinanciera S. A. le dio por terminado el contrato de trabajo invocando el periodo de prueba, recibiendo la liquidación practicada con un salario integral de $10.000.000, pero sin recibir los salarios, prestaciones y aportes parafiscales de Credivalores S. A. S.

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Radicación n.° 91642 Adujo que la sociedad Credifinanciera S. A. no le concedió el fuero de paternidad que reclamó a través de derecho de petición, pese a que allegó la tarjeta de identidad de dos de sus hijos y el registro civil de su hija nacida el 11 de marzo de 2017, declaración extrajuicio en donde indicó

que su esposa estaba desempleada y que él tenía a cargo el sostenimiento del hogar; además, que remitió copia de tal solicitud al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia Financiera, a la Presidencia de la República y a la Defensoría del Pueblo. Indicó que el Ministerio de Trabajo le respondió su petición explicándole el fuero de paternidad y señalando la acción de tutela como mecanismo de protección. Destacó que su hija menor tenía 2 meses y 25 días de nacida para cuando fue despedido y que ante la reclamación que presentó, la empresa le respondió negativamente porque su cónyuge estaba cotizando a seguridad social como trabajadora independiente. Al respecto, aclaró que su esposa estaba vinculada con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a través de un contrato de prestación de servicios que culminó el «30 de noviembre de 2017» y que, a partir de esa fecha, él le pagó la seguridad social. Explicó que Credifinanciera hizo los aportes con un ingreso base de cotización de $7.000.000, cuando los pagos por salarios y prestaciones se le realizaron con $10.000.000 (f.os 193 a 224).

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Radicación n.° 91642 Mediante auto del 8 de junio de 2018 se admitió la demanda y se vinculó como litisconsortes necesarios al Ministerio de Trabajo, las Superintendencias Financiera y de Sociedades (f.° 225). Posteriormente, en proveídos del 5 de marzo y 24 de abril de 2019 se desvinculó del proceso a las

citadas Superintendencias (f.os 445 y 494). En contestación a la demanda, Credivalores Crediservicios S. A. S. se opuso a las pretensiones con fundamento en la inexistencia del nexo laboral con el demandante. Además, indicó que el actor siempre ejecutó sus servicios dentro de la «alianza estratégica» que tuvo con Credifinanciera S. A., siendo esta última empresa «su única y verdadera» empleadora. En cuanto a los hechos, dijo no ser ciertos o no constarle, reiterando que nunca tuvo un vínculo laboral con él, pues, conforme lo explicó en el escrito inicial, la relación laboral que existió fue con Credifinanciera S. A. En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la demandada y las demás que se prueben y que puedan declararse oficiosamente (f.os 260 a 284). Credifinanciera S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los supuestos fácticos admitió que el 5 de julio de 2016 celebró con el promotor del proceso un contrato de trabajo a término indefinido, el cargo desempeñado, que en

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Radicación n.° 91642 el otrosí se pactó un salario integral, correspondiente el 70% a la asignación salarial y el 30% restante al factor prestacional, la terminación unilateral del contrato de trabajo efectuada el día 6 de junio de 2017, la liquidación

definitiva de prestaciones realizada con el salario integral de $10.000.000, el derecho de petición radicado por el trabajador y los anexos allegados, la respuesta negativa al fuero de paternidad, puntualizando que ello estuvo soportado en que la esposa del actor no estaba afiliada a la EPS en calidad de beneficiaria, por lo que el demandante no era acreedor de la estabilidad laboral reforzada. Además, aclaró que la terminación del contrato devino por la voluntad del empleador con el pago de la indemnización conforme a lo previsto en la ley y el salario integral pactado. Respecto de los demás supuestos, dijo no ser ciertos, no constarle o tratarse de apreciaciones subjetivas. En su defensa explicó que la relación laboral con el actor finalizó de manera unilateral y sin justa causa, con el pago de la indemnización, momento para el cual estaba al día con los aportes a la seguridad social; que canceló las vacaciones causadas, ya que la modalidad de salario fue integral conforme se pactó entre las partes. Por ello, el reclamo de prestaciones sociales era infundado, pues esa modalidad salarial comprendía los conceptos de cesantías, intereses y primas de servicios. Propuso las excepciones de buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones que se pretendían deducir en juicio a cargo de la demandada,

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Radicación n.° 91642 compensación y las demás que se encuentren probadas y no requieran formulación expresa (f.os 300 a 329). Por su parte, la NaciónMinisterio de Trabajo se opuso

a que esa cartera tuviera que reconocer, liquidar o pagar las prestaciones del actor, pues ninguna de ellas estaba formulada en su contra. Adicionó que no ha tenido vínculo laboral con el promotor del proceso que haya causado alguna obligación de esta clase y que no cuenta con «habilitación funcional» para reconocer despidos ilegales, reintegros y las obligaciones económicas pretendidas. En cuanto a los hechos, únicamente aceptó la respuesta remitida al convocante, en donde le explicó el fuero de paternidad y que la acción de tutela era un mecanismo de protección. Frente a los demás, dijo no constarle. Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción y/o caducidad de los derechos laborales, inexistencia de la solidaridad entre las demandadas, pago de lo no debido, falta de título y causa para demandar y la genérica o innominada (f.os 403 a 427).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de agosto de 2019 absolvió a las

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Radicación n.° 91642 demandadas de las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante (f.° 597).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del actor, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 20 de noviembre de 2019, confirmó la sentencia de primera

instancia y se abstuvo de imponer costas en segundo grado. El colegiado se remitió a los artículos 60 y 61 del CPTSS, e indicó que el juez debe fallar con las pruebas allegadas oportunamente, formando libremente su convencimiento y fundando su decisión en cualquier medio de prueba debidamente aportado al expediente. Asimismo, mencionó los artículos 164 y 167 del CGP y destacó que le correspondía a cada extremo de la litis acreditar los supuestos fácticos consignados en las normas cuya aplicación pretendía en juicio. Dijo que Credifinanciera S. A. y el actor celebraron un contrato de trabajo a término indefinido para desempeñar el cargo de director de atención y soporte (f.° 56), allegado por la parte demandante y no desconocido por tal empresa. Señaló que el accionante alegó la existencia de una relación con Credivalores S. A. S., con fundamento en la concurrencia de funciones y según correos electrónicos aportados (f.os 91 al 132), de los cuales se podía extractar un cruce de comunicaciones frente a unos créditos financieros

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Radicación n.° 91642 de las empresas Credivalores S. A. S. y Credifinanciera S. A. Sobre el particular, encontró que le asistió razón al a quo porque, «si bien es cierto existe un germen de prestación de servicio» debido a lo cual se presumía la existencia de un contrato de trabajo (artículo 24 del CST), esta fue desvirtuada. Lo anterior lo soportó especialmente en el testimonio de

Judith Rodríguez, prueba solicitada por la parte demandante, quien era la jefe del actor, declaración que no se contradecía con el dicho de los representantes legales de las empresas, aclarando que lo manifestado por estos últimos no podía ser entendido como una prueba a favor de estas. Explicó que la testigo Rodríguez expuso que entre las dos empresas existía una alianza estratégica, situación que era conocida por los trabajadores al momento de suscribir el contrato, pues ella en el trámite de selección del promotor del proceso le informó que el nexo de trabajo era con Credifinanciera S. A. y que ésta le prestaba unos servicios a Credivalores S. A. S.; que «en algún momento se ejercieron temas de como poder hacer o acceder a la información de Credivalores, dado que la figura que se tenía no era tan clara, más sin embargo la directriz que teníamos es que somos empleados de Credifinanciera y se prestan unos servicios a Credivalores como parte del modelo de empresas que se tenía configurado».

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Radicación n.° 91642 El juez de alzada dijo que por lo anterior estaba demostrado que la prestación de servicios del promotor del proceso lo fue en el marco de la labor que había sido contratada directamente por su empleadora Credifinanciera

S. A. y que los documentos que aparecían en el plenario daban cuenta de la relación de las sociedades Credivalores

S. A. S. y Credifinanciera S. A.

Agregó que lo anterior estaba refrendado con el testimonio de Carlos Antonio Aguilar Moreno, quien para el

momento de la vinculación del actor laboraba para Credivalores S. A. S.; tal deponente aclaró que el lugar en que ejecutó sus actividades siempre fue en las instalaciones de Credifinanciera S. A. y que comparecía a las oficinas de Credivalores S. A. S. cuando había que realizar algún tipo de verificación de la información, puntualizando que las dos sociedades tenían «relaciones por acuerdos de servicios», en virtud de los cuales esta última prestaba unos servicios de recaudo y «de colocación de códigos para el tema de libranzas». Mencionó que en similares términos se refirió la declarante Leidy Pedraza, quien expuso que existía un acuerdo con Credivalores S. A. S. de hacer el reporte de todas las pagadurías de Credifinanciera S. A. y el proceso operativo se manejaba por la primera de tales empresas. Así, el Tribunal reiteró que las funciones que tenía el actor y que se relacionaban con Credivalores S. A. S. se llevaron a cabo en el marco de esa alianza empresarial, avalada por el fallador de primer grado, la cual no requería

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Radicación n.° 91642 algún tipo de «prueba ad substantiam actus», como lo pretendía el accionante en el recurso de apelación, en tanto que «los documentos y los testimonios daban «cuenta de que su empleadora Credifinanciera tenía relaciones comerciales con Credivalores». Por consiguiente, concluyó: […] la subordinación siempre estuvo a cargo de Credifinanciera y no se desvirtúa por el hecho de recibir algún tipo de directrices por parte de Credivalores, pero es claro que no existió ningún tipo

de vínculo laboral con esta última, toda vez que su relación con dicha entidad se debió al marco de acuerdos estratégicos entre esta y Credifinanciera. De otro lado, en lo referente a la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad, citó la decisión CC C0052017, en la cual dicha Corte condicionó la exequibilidad de los numerales 1 de los artículos 239 y 240 del CST. Señaló que tal protección, conforme lo determinó el fallador de primer grado, estaba condicionada a que se probara que la mujer gestante o lactante fuera beneficiaria del sistema general de seguridad social al que se encontrara afiliado el trabajador, ello con el propósito de proteger los derechos constitucionales, el interés prevalente de la protección de los niños, la unidad familiar, la atención y la asistencia del Estado. Al respecto, halló que la señora Tatiana Helena Ahumada Sanabria tenía la condición de cotizante activa en el sistema de seguridad social en salud (f.os 73 – 83), según documento emitido por el Ministerio de la Protección Social Fosyga del 6 de diciembre de 2017, información corroborada con el registro único de afiliados con fecha de afiliación 1 de

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Radicación n.° 91642 noviembre de 2011; igualmente, según contrato de prestación de servicios suscrito por la señora Ahumada con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, el plazo de ejecución se extendía hasta el 30 de noviembre de 2016. Encontró que estaban probados los pagos al sistema de seguridad social a favor de la señora Tatiana Helena en los

meses de abril, mayo, junio y julio de 2017, pero no aparecían consignados por el actor y, en gracia de discusión, de admitirse ello, la protección que la Corte Constitucional otorga es a la madre beneficiaria de quien aporta al sistema de seguridad social en salud, pues lo que se busca es que no quede desvinculada del sistema y de aquellas prestaciones que se generan en razón de un embarazo, por lo que si la mujer está cotizando ya cuenta con la debida protección. Agregó que, en todo caso, era una situación que debía conocerse por la empleadora para efectos de otorgar el amparo. Insistió en que la finalidad es resguardar a la madre gestante, que depende económicamente del trabajador, siendo necesario que se acreditara el hecho de ser beneficiaria del demandante en el sistema de seguridad social en salud. Expuso que la esposa del actor reconoció que realizaba los pagos como independiente al sistema de seguridad social en salud al momento del despido de su cónyuge, los cuales eran efectuados realmente por este último, pero el Tribunal

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Radicación n.° 91642 estimó que no era viable dar por acreditada tal situación con su propio dicho. Respecto del reintegro del demandante, dijo que dentro del proceso se acreditó el pago de la indemnización por parte de Credifinanciera S. A. (f.° 60), por lo que, aun cuando el contrato se termine con justa causa o cualquier tipo de finalización legal, «la consecuencia jurídica de no acreditarse en juicio la justeza del despido es la viabilidad de la indemnización por despido sin justa causa, y si ella ya

aparece reconocida, inane se torna hacer algún tipo de cuestionamiento sobre ella». En cuanto a la ineficacia del otrosí 2016 CFF042 respecto del salario integral, encontró que los reparos expuestos por el actor frente a la decisión del a quo no prosperaban. Para ello, explicó que estaba probado que en el contrato de trabajo suscrito por las partes el 5 de julio de 2016 se acordó un salario de $10.000.000, pero el mismo día firmaron un otrosí de mutuo acuerdo, en el cual se pactó que el salario se tornaría en integral, correspondiendo el 70% a asignación salarial y el 30% restante al factor prestacional, haciendo la correspondiente exclusión de las vacaciones. Manifestó que en la cláusula tercera del otrosí se pactó que el salario integral englobaba todos los beneficios, prestaciones y conceptos allí enunciados, frente a lo cual el demandante impartió su aprobación, admitiendo que se compensaran todas las prestaciones legales reconocidas a su favor.

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Radicación n.° 91642 Puntualizó que las modificaciones en los contratos de trabajo son autorizadas, tal como lo explicó el fallador de primer grado, lo que está en consonancia con lo dicho en decisión CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 43306, por lo que de existir el mutuo consentimiento entre ellas para controvertir el acuerdo debía acreditarse la existencia de un vicio en el consentimiento. Así, consideró que la cláusula del otrosí era eficaz en tanto que se celebró de mutuo acuerdo el mismo día en que se firmó el contrato de trabajo. Dijo que lo relevante era que

no impactara el total de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es a lo que equivale un salario integral, dado que este tipo de remuneración salarial corresponde a 10 salarios mínimos y el 30% por regla general es el que realmente representa ese factor prestacional y, si este era mayor en la empresa demandada debía acreditarse debidamente en la litis. Explicó que para el año 2016 13 SMLMV correspondían a $8.922.902, valor que resultaba inferior a los $10.000.000; para el año 2017 13 SMLMV correspondían a $9.590.321, suma que se generaba al multiplicar el salario mínimo ($737.717) por 13 mensualidades. Por consiguiente, concluyó que el monto mínimo del salario integral no se vio afectado. Adicionó que no se demostró ningún vicio del consentimiento para efectos de modificar ese contrato, y, en

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Radicación n.° 91642 cuanto a la certificación de folio 58, en donde no se diferenciaba el ingreso mensual refiriéndose a que fuese integral, dijo: «claro es que de lo que se nutre de la certificación es de lo pactado en el contrato de trabajo por las partes».

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta corporación case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, se revoque el fallo de a quo y acceda a las declaraciones y

condenas de la demanda inicial. Con tal propósito formula doce cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por las sociedades Crediservicios S. A. S. y Credifinanciera S. A. La Sala los resolverá conjuntamente por adolecer de falencia técnicas.

VI. CARGO PRIMERO

Lo formula de la siguiente manera: VÍA INDIRECTA. ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL DE CARTA DE DESPIDO El Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

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Radicación n.° 91642 No dar por demostrado, estándolo, que la carta del despido invocó el “periodo de prueba” como causal de terminación del contrato laboral. Dar por demostrado, no estándolo, que el contrato terminó en forma unilateral sin justa causa por el EMPLEADOR. En la demostración del cargo, dice que en el hecho cuarto de la demanda extraordinaria se explicó que el trabajador fue despedido invocando la causal de periodo de prueba, luego de once meses de ejecución de un contrato laboral individual a término indefinido. Dice que la carta de despido que el empleador le entregó, notificándole la terminación unilateral, señala como causal el periodo de prueba, documento aportado por él y la empleadora. Pese a ello, los jueces de las instancias se apartaron del tenor de tal elemento probatorio calificado, pasando por alto que la causal allí invocada corresponde a la cláusula quinta del contrato de trabajo 2016CF0042, la cual hace referencia al periodo de prueba, el que tiene una duración de dos meses, obviando que en el escrito inicial se

alegó la causal de despido ilegal. Transcribe la misiva de terminación y la referida cláusula del contrato. Estima que, conforme al alcance del inciso 2 del artículo 87 del CPTSS, el error que se imputa es protuberante y de haberse advertido llevaría a declarar el despido ilegal. Cita extractos de las decisiones CSJ SL, 3 mar. 2009, rad. 33552, y CSJ SL1075-2014, a fin de resaltar que los razonamientos de la sustentación del cargo se enderezan a

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Radicación n.° 91642 demostrar que el desacierto fue garrafal y que el error de hecho es aquel que «brilla al ojo».

VII. CARGO SEGUNDO

Lo plantea así: VÍA INDIRECTA, ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE CARTA DE DESPIDO El Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que la carta de despido invocó el periodo de prueba como causal de terminación del contrato laboral. 2) Dar por demostrado, no estándolo, que la carta de despido terminó en forma unilateral sin justa causa por el

EMPLEADOR.

En la demostración de la acusación dice que se incurrió en «error de derecho» en la apreciación de la carta de despido. Señala que el ad quem desconoció su contenido y naturaleza, pues, la causal del periodo de prueba no es jurídicamente idónea para dar por terminada la relación laboral luego de transcurridos más de once meses y constituye negligencia del

empleador en el cumplimiento de sus labores, lo cual «no puede el juez de instancia corregir en favorecimiento abierto al empleador y desmedro de los derechos mínimos del trabajador contemplados en la Ley (parágrafo del artículo 62 CST)», norma que exige indicar al momento de la extinción del vínculo la causal o motivo de esa determinación, lo que conllevó la violación de los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20 y 21 del CST que desarrollan los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador y el principio de favorabilidad.

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Radicación n.° 91642 Plantea que durante el periodo de prueba el empleador puede despedir al trabajador y sin previo aviso, pero siempre y cuando exista una causal objetiva según lo explicado por la jurisprudencia constitucional que interpretó el artículo 76 del CST. Así, el rompimiento de un contrato de trabajo durante la vigencia del periodo de prueba solo puede ocurrir por alguna de las justas causas previstas o la falta de aptitud del empleado. Por ende, de ocurrir el despido sin la configuración de alguna de tales causales se trata de un despido ilegal, según lo explicado en decisión CC T10972012. Asegura que la carta de despido «no escapa de su significado jurídico de despido ilegal, por cuenta de no haber acertado respecto de los límites cronológicos de la relación laboral», dado que la empresa no señaló la causal objetiva de terminación del contrato de trabajo. Agrega que el empleador tuvo tiempo para corregir su yerro al responder sus peticiones respecto del «fuero de

maternidad», pero decidió no acceder, por lo que debe responder por la falta de diligencia. Por último, solicita que luego de prosperar esta acusación se aplique el parágrafo y el inciso primero d