CSJ - SL1844-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1844-2023 Radicación n. 92909 Acta 22 Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CREACIONES NADAR S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró LILIA DEL SOCORRO

HINCAPIÉ HOYOS.

I. ANTECEDENTES Lilia del Socorro Hincapié Hoyos, demandó a Creaciones Nadar S. A., a fin de que se declarara que al momento del despido, tenía una estabilidad laboral reforzada y que por lo tanto, esa decisión era ineficaz. Como pretensión subsidiaria, pidió se declarara que fue sujeta de una desvinculación «ilegal e injusta». En consecuencia, peticionó que se le

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Radicación n.° 92909 condenara a reintegrarla a su cargo, sin solución de continuidad, cancelando todos los salarios y prestaciones sociales como cesantías, intereses a aquellas y primas de servicio desde el finiquito hasta la efectiva reincorporación, así como lo correspondiente a vacaciones y a la seguridad social. Igualmente, al pago de la indemnización contemplada en el apartado 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario; la indexación y las costas. En el orden del pedimento secundario, persiguió que se

impusiera el resarcimiento por despido injusto contemplado en el canon 64 del CST y el consignado en el canon 26 ibidem, con su debida indexación y las costas. Fundamentó sus pedimentos, en que: i) se vinculó con la enjuiciada mediante contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, esto era, por tres meses; ii) inició labores el 9 de febrero de 2015, con data de finalización primigenia del 8 de mayo de esa anualidad; iii) no obstante, a pesar de habérsele preavisado de la culminación de la atadura el 6 de abril, se prorrogó por cuanto, llegada la data, la relación continuó: iv) sufrió accidente de tránsito el 6 de junio de 2015 «en el cual según historia clínica conllevó a fractura de pelvis (fractura incompleta de rama iliopúbica izquierda y fractura incompleta de ala sacra izquierda con extensión a sacro iliaca izquierda) y desde ese momento, quedó incapacitada médicamente»; v) a pesar de su situación, con escrito del 3 de julio de 2015, se le informó que el contrato clausuraba el 8 de agosto de esa anualidad, pero, llegado el momento, se extendió automáticamente hasta el mismo día de noviembre

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Radicación n.° 92909 subsiguiente, todo ello, sin dejar de estar incapacitada; vi) el 8 de octubre de ese año, se le afirmó que culminaría el lazo, pero nuevamente, se amplificó, no habiéndose recuperado para esa fecha; vii) el 27 de octubre de 2015, la EPS Sura le

envió comunicación indicando que le remitía concepto médico de rehabilitación a la AFP para que aquella determinara el procedimiento a seguir con ella. Contó que viii) el 8 de febrero de 2016, se le puso de presente, que no se daría permanencia al vínculo de labores, lo que se haría efectivo, «el día inmediatamente siguiente al vencimiento de la incapacidad laboral»; ix) con Escrito del 15 de febrero de esa añada, la EPS Sura le detalló unas recomendaciones como parte de su recuperación, puntualizando en la parte final que se debían tener en cuenta tanto en las «actividades laborales y extra laborales», por un periodo de seis meses; x) frente a la advertencia del despido luego de vencido el periodo de incapacidad, el 11 de marzo de ese año solicitó reconsiderar la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo una vez finalizara su incapacidad; xi) la empresa Nadar S. A., respondió el 11 de marzo de 2016, ratificando su determinación, argumentando además que «no exis[tía] ninguna protección laboral y a que el contrato terminaba por el vencimiento del término fijo pactado». Expuso que xii) estuvo incapacitada por medicina general sin solución de continuidad, de prórroga en prórroga hasta el 16 de julio de 2016. Pero igualmente «sin interrupción continúa incapacitada por especialistas como clínica del dolor, fisiatría y neurólogo conforme se desprendía de la historia

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Radicación n.° 92909 clínica»; xii) a la data de radicación de la demanda, seguía con

incapacidades y tratamientos médicos, como «bloqueo lumbar L4, L5 y asistencia por la cínica del dolor»; xiv) la empleadora al instante de su «última incapacidad expedida por medicina laboral», esto es, el 16 de julio de 2016, le dio por finiquitada la relación de trabajo haciendo liquidación definitiva de sus prestaciones sociales hasta el instante mentado; xv) no obstante aquella disposición, no se le cancelaron inmediatamente y sin razón aparente. Pero, con un Escrito del 2 de septiembre se le comunicó que las mismas estaban consignadas a órdenes del Juzgado Promiscuo Municipal de Copacabana. Indicó que; xvi) a consecuencia de sus lesiones, venía recibiendo tratamiento continuamente; xvii) tenía una «hernia de núcleo pulposo a nivel de las vértebras lumbares L4-L5» y estaba en aquella época, pendiente de una Cirugía de la Columna por parte de la EPS; xviii) el 9 de septiembre de 2016 la EPS SURA emitió concepto médico de rehabilitación con pronóstico «corto y mediano plazo: desfavorable»; xix) desde el 26 de febrero de ese año, el médico Carlos Aguilera, ya había consignado en la historia clínica, que su «concepto de rehabilitación era desfavorable»; xx) para la finalización del contrato de trabajo, no medió autorización del Ministerio del Trabajo (f.°. 1 a 8, cuaderno principal). Creaciones Nadar S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, únicamente dio por veraz el inicio del

vínculo, sus prórrogas y el escrito de reconsideración. Por los demás, dijo que no eran de su certeza.

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Radicación n.° 92909 En su defensa, propuso como excepciones de fondo las de «terminación del vínculo laboral por causa legal»; «inexistencia de la obligación de reintegro laboral»; «inexistencia de la obligación de indemnizar por despido ineficaz o ilegal», «inexistencia de la obligación de indemnizar por despido ilegal e injusto»; buena fe y compensación (f.° 114 a 120, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el 8 de octubre de 2018 (f.° 212, ibidem), resolvió: PRIMERO: SE DECLARA que la terminación de la relación laboral de la señora LILIA DE SOCORRO HINCAPIE HOYOS, identificada con la C.C. Nro. […] por parte de la demandada, CREACIONES NADAR S. A. en julio 16 de 2016 es ineficaz.

SEGUNDO: se CONDENA a CREACIONES NADAR S. A. a reintegrar a la señora LILIA DEL SOCORRO HINCAPIE HOYOS al cargo de operaria de máquina de coser, que ocupaba para el 16 de julio de 2016, o uno acorde a sus condiciones de salud.

TERCERO: se CONDENA a CREACIONES NADAR S. A. a pagar a la señora LILIA DEL SOCORRO HINCAPIE HOYOS, causados

desde el 17 de julio de 2016, y hasta el reintegro, salarios, prestaciones sociales en cesantías, intereses a las cesantías, y primas de servicio, igualmente a pagar vacaciones y aportes al sistema de seguridad social, todo ello con base en el salario mínimo legal vigente de cada anualidad.

CUARTO: se CONDENA a la demandada a pagar a la demandante, la suma de $4.136.730 como indemnización de perjuicios del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

QUINTO: se CONDENA a la demandada a pagar a la demandante sobre cada valor, por cada concepto a que se ha condenado en los numerales anteriores la indexación, como se dijo en la parte considerativa.

SEXTO: SE DECLARAN NO PROBADAS, las excepciones propuestas por la demandada, CREACIONES NADAR S. A.

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SÉPTIMO: SE CONDENA en costas a la demandada en favor de la demandante y como agencias en derecho se fija el valor equivalente a 7 smlmv para el momento de liquidación de las costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 11 de agosto de 2021, confirmó la sentencia de primera instancia (f.° 238 a 247, cuaderno principal).

En primer lugar, manifestó que se encontraba por fuera de discusión que: i) entre Lilia del Socorro Hincapié y Creaciones Nadar S. A. se suscribió un contrato de trabajo a término fijo de tres meses, a partir del 9 de febrero de 2015,

vinculación que se extendió hasta el 16 de julio de 2016; ii) con Misiva del 8 de febrero de ese mismo año, el empleador Creaciones Nadar S. A. informó a la actora la decisión de culminación de la relación de labores, por expiración del plazo indicando que se entendería finalizado al día siguiente de la última incapacidad laboral; iii) el 4 de marzo de esa anualidad la llamante a juicio radicó ante el nominador solicitud de reconsideración de la terminación de la atadura, exponiendo que dadas sus condiciones de salud era sujeto de especial protección, pero que recibió respuesta negativa, expresándosele que la empresa había manifestado de forma previa la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo, sin que se demostraran restricciones laborales. En tal orden, afirmó que le correspondía determinar, si

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Radicación n.° 92909 al momento del finiquito, la actora gozaba de estabilidad laboral reforzada, de cara al apartado 26 de la Ley 361 de 1997. Acotó que, al respecto según el canon 13 de la Carta Política, correspondía al Estado promover las condiciones para que la igualdad fuere real y efectiva, adoptar medidas de protección a favor de grupos discriminados y marginados, en especial aquellos que por su condición económica, física o mental, se encontraban en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos y maltratos que se cometieran contra éstos. Que, en cumplimiento de tal mandato, se emitió la Ley ibidem, en cuyo artículo 26, se consignó que la limitación de

una persona en ningún caso sería motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos de que dicha condición fuera claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que fuera a desempeñar. Además, imponía que nadie en esa situación, sería despedido o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que mediara autorización de la Oficina de Trabajo y que, quienes fueren retirados por virtud de su disminución, sin el cumplimiento de tal requisito, tendrían derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás compensaciones y prestaciones a las que hubiera lugar, de acuerdo con el CST y demás normas que lo modificaran, adicionaran o complementaran o aclararan. Sobre la interpretación de esta norma (canon 26 de la

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Radicación n.° 92909 Ley 361 de 1997), existía una dicotomía en las altas Cortes para la aplicación de la prerrogativa. De un lado, recordó que esta Corte, ha dispuesto que la limitante de finiquito cuando existe una persona en condición de discapacidad, habría de analizarse de cara a lo que reglaba el derogado Decreto 2641 de 2001, que conforme al porcentaje asignado de PCL, clasificaba los grados de la limitación en moderada entre el 15 % y 25 %; severa mayor al 25 % e inferior al 50 % y, profunda la igual o superior al 50 %. Bajo esta premisa, para esta Sala lo mínimo era acreditar ese 15 %, en vigencia de la relación laboral, sin que

fuera una única prueba para tal fin el dictamen de PCL, por cuanto no constituía probanza solemne. Como condición adicional, debía comprobarse que el empleador sabía del estado de salud del nominado y que, la relación culminó por esa circunstancia, lo que se presumía salvo que mediara causa objetiva (CSJ SL1360-2018; CSJ SL410-2019; CSJ

SL2237-2021 y CSJ SL711-2021).

En otra perspectiva, explicó que la Corte Constitucional para reconocer esta protección, no solo se tienen en cuenta quienes poseen un rango de porcentaje de la PCL, sino que, se extendía a aquellos cuya salud se deteriora durante el desempeño de sus funciones no pudiendo realizar sus labores en condiciones regulares (CC SU049-2017;

CCSU040-2018 y T237-2020).

En derredor de lo expuesto, dijo que también aclaró esa Corporación que, si bien la omisión del permiso previo del

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Radicación n.° 92909 Ministerio de Trabajo genera la presunción del despido por motivo del estado de salud, ello es desvirtuable, siendo del resorte del dador del empleo demostrar la existencia de una causal objetiva para el finiquito y en todo caso, ajeno a la condición de discapacidad. Agregó, que para la Corte Constitucional, según lo dicho en proveído CC SU 049-2017, reiterado en decisiones CC C200-2019 y CC T020-2021, el vencimiento del plazo en los contratos a término fijo, por obra o labor, en tratándose del fuero de salud, no constituía una justa causa para su

culminación en tanto el empleado tenía un derecho a conservar su trabajo, aunque el lapso del compromiso hubiera expirado, en la medida que hubiera cumplido adecuadamente sus funciones y si la labor o el servicio se mantenía en el tiempo. En síntesis, dijo que estándose en presencia de un despido o finiquito del contrato, cualquiera fuera su modalidad o duración, respecto de una persona que tuviera una considerable afectación en su salud que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, que fuera de conocimiento del empleador, no se contara con la previa autorización de la Oficina del Trabajo y no se desvirtuara la presunción de retiro discriminatorio, habría lugar a declarar: a) la ineficacia de la terminación o del despido laboral (con la consiguiente causación del derecho de la demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir en el interregno); b) la viabilidad a ser reintegrado a un cargo que

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Radicación n.° 92909 ofreciera condiciones similares a las del empleo desempeñado por él hasta su desvinculación y en el cual no sufriera el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que fuera acorde con su situación; c) el derecho a que recibiera capacitación para cumplir con las tareas del nuevo cargo, si es el caso y d) el beneficio de que percibiera una indemnización equivalente a 180 días, sin perjuicio de las demás prestaciones y compensaciones a que hubiere lugar según el CST y demás normas que lo modifiquen, adiciones,

complementen o aclaren (CC T052-2020). En este sentido, coligió que la visión dada por la Corte Constitucional desarrollaba mejor «los cometidos establecidos en los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política y en la convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad» adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, insertada en la legislación interna por la Ley 1346 de 2009, reglada por el apartado 26 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 «dotando a la prohibición de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de un sentido que ampara de forma significativa y efectiva a personas en situación de discapacidad, sin consideración a un porcentaje determinado de pérdida de capacidad laboral». Al hilo de lo previo, afirmó que es necesario, a fin de la activación del fuero de salud, comprobar que el trabajador realmente se encontraba en una condición de salud que le impidiera o dificultare significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades, siendo tal situación de conocimiento por el empleador previo a la desvinculación,

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Radicación n.° 92909 quien no acudió ante la autoridad del trabajo para obtener permiso para el despido, pero además, no esgrimió una justificación suficiente para el despido, de manera que fuera claro que el mismo tenía origen discriminatorio. Sobre el caso en concreto, encontró extractos de la historia clínica de la accionante, iniciando con el Reporte del 6 de junio de 2015 de la entidad IPS Universitaria, donde se

indicó como motivo de la consulta un accidente de tránsito sufrido por la actora (f.° 28, ibidem), con un diagnóstico de hernia discal izquierda L4 y L5 (f.° 36, ibidem), donde la EPS Sura con Concepto médico del 29 de febrero de 2016, puso de presente que la accionante tenía un pronóstico de rehabilitación desfavorable, que reiteró el 5 de noviembre de 2016 (f.° 57, ibidem), con un plan de tratamiento por medio de hidroterapias (f.° 185, ibidem), con anotaciones de incapacidades laborales siendo la última aquella que finalizó el 16 de julio de esa añada (f.° 65, ibidem). Observó que obraban Reportes de la EPS Sura del 27 de octubre y 10 de noviembre de 2015, el primero aludiendo a la remisión del concepto médico de recuperación y el segundo, relatando que se habían acumulado 166 días de incapacidad, por lo tanto, a partir del 180, los pagos estarían a cargo de la AFP. Detalló que la sociedad demandada con su contestación aportó el escrito de la EPS Sura, dirigido a la actora donde se enlistaron las recomendaciones como parte de la rehabilitación donde se precisó que debía evitar

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Radicación n.° 92909 desplazamientos prolongados por más de 30 minutos, evitar cargas superiores a 5 kg, así como evadir exposición a vibración. Se le sugirió alternar la posición sentada y de pie, así como hacer pausas activas, entre otras (f.° 126 a 127,

ibidem). Como complemento de la misiva, puso de presente que la pasiva arribó al plenario la Carta de la EPS Sura, con destino al Área de Seguridad y Salud adiada el 17 de febrero de 2016, donde se aludió a las recomendaciones médicas funcionales de la reincorporación, anunciando la finalización de la incapacidad laboral temporal (f.° 128 ibidem). Que como prueba testimonial, fue escuchado el señor Dairo Oliveros Duque, quien: Se anunció como directivo de la empresa accionada en el área de gestión humana. Expresó que la sociedad creaciones Nadar se dedicó a la fabricación, comercialización y distribución de prendas deportivas, actividad que realizaban para el año 2016 y que continúa en la actualidad, precisando que para el desarrollo de la actividad se acudió a una contratación por término fijo de periodos de 3 meses, prorrogados por 3 oportunidades y a su vencimiento se liquidó el contrato. En el siguiente año y de acuerdo a las necesidades de producción, se vinculó nuevamente al personal. Señaló que bajo este esquema y por varios años estuvo vinculada la demandante, aunque no precisó el tiempo. Sobre lo manifestado por Lilia del Socorro Hincapié, puntualizó que se desempeñaba como operaria de máquina de coser, empero, en junio de 2015, sufrió un accidente de tránsito que le generó múltiples e interrumpidas incapacidades, por más de 180 días, lo que le impidió realizar sus labores. Agregó al respecto que:

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Radicación n.° 92909 A su juicio se respetaron los términos del contrato, pues se preavisó la terminación del vínculo con 30 días de antelación, sin embargo, se llegó un acuerdo con la trabajadora para mantener el empleo hasta el vencimiento de la última incapacidad, fue así que señaló que la comunicación directa la EPS le indicó que no se concederían más incapacidades a la demandante a partir del 16 de julio de 2016 y por tanto se procedió a la desvinculación, efectuando la liquidación de prestaciones sociales y posteriores pago por consignación a órdenes de un juzgado, dada la imposición de la actora a recibirlo. En cuanto a las condiciones de salud de la actora, negó conocer sus dolencias, sin embargo, destacó que se trató de una incapacidad prolongada, por más de 180 días y pese a que negó conocer de restricciones o recomendaciones laborales para la señora Hincapié Hoyos, aceptó haber recibido el documento de folios 126 y 127, cuya firma reconoció como propia, misiva que aparece con membrete de la EPS Sura y contiene las restricciones laborales de la accionante. Por último, en cuanto al oficio desempeñado por la actora para la sociedad, además de indicar que el objeto social de la empresa no había variado (confección y comercialización de prendas deportivas), expresó que la misión desempeñada por la actora no desapareció, por el contrario, fue ocupada por otra persona que se contrató para el mismo fin. Discurrió que, como prueba adicional se produjo una confesión ficta ya que, pese a que se decretó el interrogatorio

de parte al representante legal del a sociedad accionada, no asistió a rendir su exposición, aplicándose la consecuencia de que trata el artículo 205 del CGP, generando una presunción sobre los hechos susceptibles de confesión que anunciados por el a quo fueron los numerales «3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18, 20 y 21» relativos al acaecimiento del accidente de tránsito, las múltiples prorrogas al contrato de trabajo, la terminación del mismo, la existencia de la incapacidad laboral hasta el 16 de julio de 2016, la consignación de las acreencias laborales a través de un depósito judicial, la asistencia a terapias para recuperación

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Radicación n.° 92909 y la existencia de un concepto de rehabilitación desfavorable. Luego de esta relación, para el Tribunal fue claro que el 8 de febrero de 2016 –momento del fenecimiento del plazo del lazoy aún para el 16 de julio del mismo año, -instante de la desvinculación-, la señora Lilia del Socorro Hincapié Henao presentaba una situación de salud que limitaba de forma considerable para el ejercicio normal de su actividad laboral. Apreciación, que contrario a lo expresado por la pasiva, no surgía de suposiciones o indicios, sino de la deducción lógica de la existencia de múltiples incapacidades laborales, que se hallaban vigentes para el momento del vencimiento del plazo pactado, la que además, obedecía a un crecimiento médico donde se determinó que la trabajadora no tenía la aptitud

para el ejercicio de la labor, esto es, existía una limitación significativa para el ejercicio de la actividad en condiciones normales. Recordó que el extremo pasivo, reprochó la falta de incapacidades posteriores al 16 de julio de 2016, pero que ello era inocuo para la estructuración del fuero de salud, en tanto que lo verificado era la condición de debilidad manifiesta al momento de la terminación del vínculo y no con posterioridad.

Agregó que: Siguiendo con las réplicas de la pasiva, tampoco existe una contradicción entre los hechos materia de confesión ficta y los elementos de prueba adosados en el proceso en el proceso, por cuanto como se indicó, las premisas fácticas seleccionadas por el juez (numerales: 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21)

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Radicación n.° 92909 apuntan a establecer los extremos de la relación laboral y las diferentes prorrogas, hechos reafirmados con los documentos de folios 88/92, 121/125 – contrato de trabajo, sus prórrogas y cartas de preaviso y finalización; también aluden a la existencia de accidente de tránsito y sus secuelas lo que se halla documentado con el reporte de tránsito y sus secuelas lo que se halla documentado con el reporte de tránsito y la historia clínica (f.° 25/87) y la existencia de incapacidades médicas, las que fueron de conocimiento del empleador, dado el ausentismo

laboral que estas implicaban, por tanto vanos e inexistentes son los reproches de la pasiva. Y en cuanto a la necesidad de una calificación de PCL en una suma superior al 25 %, dos aspectos se resaltan. El primero de ellos se refiere al monto anunciado, el que corresponde a un criterio propio del recurrente, ya que ninguna de las posiciones enunciadas por la jurisprudencia señala tal cuantía, toda vez que para la Sala de Casación Laboral de la CSJ, el porcentaje mínimo necesario para la estructuración del fuero de salud lo es el 15 %. Pero la segunda objeción rendida con suficiencia de forma previa, la garantía de estabilidad laboral en atención a las condiciones de salud activa en favor de quien soporta una disminución en el estado de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en circunstancias regulares, circunstancia que satisface la actora y que permite avanzar en el siguiente aspecto de análisis. Subsiguientemente, en derredor al conocimiento del empleador de las limitaciones de la actora, apuntó a la existencia de múltiples incapacidades laborales, ininterrumpidas y por un término considerable –más de 180 días-, que subsistieron hasta el fenecimiento del vínculo, situación que, por razones lógicas, eran de conocimiento del nominador, en tanto implicó su ausentismo laboral. Destacó que, pese a que la historia médica tenía reserva y no debía ser conocida por el contratante, el grado de certidumbre que se exigía no implicaba tener un reporte exacto de las patologías y su evolución, pues bastaba con que

el nominador fuera consciente de la limitación que experimentaba la trabajadora.

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Radicación n.° 92909 En el presente evento, además de las múltiples incapacidades, planteó que era claro que la sociedad accionada conocía de las recomendaciones que debían adoptarse, para el reintegro laboral de la accionante, ya que así lo indicó el testigo Dairo Oliveros, quien aceptó la recepción del documento de la EPS Sura (f.° 126 a 127, ibidem) Y además expresó haber cruzado información con esa entidad, en la medida que adujo que se puso de presente la fecha de expiración de las licencias, incluso, que se le puso de presente de la calenda final, donde no se producirían más autorizaciones por parte de la EPS. Luego, esbozó en torno al finiquito y la existencia de un nexo de causalidad con la limitación para el desempeño laboral, que brilló por su ausencia la previa autorización por parte del inspector del trabajo, por lo tanto, como punto de partida se configuraba una presunción de despido discriminatorio, de la cual solo se liberaba el dador del trabajo, demostrando la existencia de una causal objetiva para la culminación de la relación. Resaltó que el finiquito, no se produjo por expiración del plazo, pues aparecía el contrato de trabajo por término fijo de tres meses, con inicio el 9 de febrero de 2015 e indicó como calenda de vencimiento el 8 de mayo de ese año, con varias novedades, de ingreso, preaviso y prórrogas (f.° 88 a 100,

ibidem). De ello, se revelaba que la terminación no se materializó inmediatamente, sino que se sometió a una condición suspensiva indefinida, cual fue el final de las incapacidades médicas (f.° 132, ibidem).

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Radicación n.° 92909 En tal medida, confirmó la decisión de primer grado en todos sus aspectos.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Creaciones Nadar S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN No desarrolló ningún acápite contentivo del alcance de la impugnación. Empero, en el apartado final de su único cargo, aludió: En caso de prosperar el cargo, ruego a la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de Casación Laboral, CASAR la sentencia de segundo grado proferida el 11 de agosto de 2021 por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y en sede de instancia, REVOCAR en su integridad la sentencia de primer grado dictada el 10 de octubre de 2018 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, por la cual declaró ineficaz la terminación del contrato celebrado con la actora Lilia del Socorro Hincapié Hoyos, por parte de Creaciones Nadar S. A., el 16 de julio de 2016 por vencimiento del plazo pactada; y condenó a la empresa […] a reintegrar al cargo a Lilia del Socorro Hincapié Hoyos, a pagarle los salarios, prestaciones sociales y aportes de seguridad social

desde la desvinculación hasta el reintegro y a pagarle la indemnización de 180 días prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Como consecuencia de la revocatoria, se ordenará absolver a la empresa […] de las pretensiones de la actora y se condenará en costas en ambas instancias a favor de mi mandante.

VI. CARGO ÚNICO.

Acusa la sentencia así:

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Radicación n.° 92909 Con fundamento en el numeral 1° del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social (modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964) en relación con el artículo 167 del Código General del Proceso y con el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo – ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea: En este orden, acota que eleva su ataque por «violación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por interpretación errónea». Cita la disposición, para aclarar que su segundo inciso, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, a través de proveído CC C5341-2000, bajo el entendido de que carecía de todo efecto jurídico el despido o terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que existiera autorización previa de la oficina del trabajo, que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo vínculo. Que así, se da lugar a la garantía de la estabilidad laboral reforzada. Pero, detalla que si bien aquel compendio

normativo no definió cuándo una persona es limitada o está en situación de minusvalía, de ello sí se ocupó el apartado 2° de la Ley 1618 de 2013, al contemplar que se consideran como tales quienes «tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Recuerda que esta Corte en proveído CSJ SL5427-2021, determinó para la procedencia del fuero de salud, que: i)

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Radicación n.° 92909 exista una PCL superior al 15 % ii) el empleador conozca de la discapacidad y iii) la relación termine con ocasión a esa situación. Además, que esa sentencia, explica que la protección procede exclusivamente para las personas que presentan afectaciones en los grados requeridos y para las que padezcan cualquier tipo de discapacidad,