CSJ - SL1861-2024

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL1861-2024 Radicación n.° 86434 Acta 20 Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el BANCO DAVIVIENDA S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de marzo de 2019, en el proceso que instauró JOHN ALEXANDER LÓPEZ FRANCO contra esa sociedad.

I. ANTECEDENTES John Alexander López Franco llamó a juicio al Banco Davivienda S.A., con el fin de que sea ordenado su reintegro al cargo que desempeñaba el 7 de septiembre de 2015, o a otro cargo de igual o superior categoría al que desempeñaba al momento del despido, más el pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones y prestaciones sociales.

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Radicación n.° 86434 Fundamentó sus peticiones, en lo que interesa al recurso extraordinario, en que laboró para la demandada desde el 23 de abril de 2007, en virtud de la cesión comercial efectuada por GRANBANCO S.A.-BANCAFE, hasta el 7 de septiembre de 2015, cuando le fue comunicada la terminación del contrato por el incumplimiento de las funciones asignadas y la pérdida de confianza, por los hechos relacionados con la apertura de la carta de crédito STAND BY, por la empresa DOS JOTAS SAS, por 100 mil Euros, a favor de la empresa española

BIMBA Y LOLA SLU, con el fin de garantizar los despachos de la mercancía que «se realicen a partir de la fecha de emisión de esta operación y dentro de la vigencia del mismo (un año a partir de la emisión de la garantía)». Anotó que Davivienda desconoció las modificaciones efectuadas el 3 de septiembre de 2014 a las condiciones iniciales a la carta de crédito, con las que el ordenante y el beneficiario adicionaron, traducido al español, que también garantizaba «prendas de vestir, accesorios y actividades relacionadas con Bimba y Lola». El 21 de julio de 2015, el banco corresponsal de la garantía notificó la ejecución de la carta de crédito por valor de 100.000 euros y la garantía se hizo efectiva a favor de BIMBA Y LOLA debido a que la empresa DOS JOTAS SAS incumplió con el pago de los bienes despachados por BIMBA Y LOLA. Alegó que, con el despido, el empleador desconoció que debía notificarle el pliego de cargos y omitió determinar los

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Radicación n.° 86434 hechos, la oportunidad de controvertir las pruebas en su contra y las decisiones disciplinarias, pues no le concedió recurso alguno, no le dio el traslado para presentar los descargos, todo dentro de un debido proceso disciplinario. Asimismo, en la comunicación de terminación del contrato de trabajo, le señaló que debía cumplir las normas y políticas de la entidad, pero no le determinó cuáles fueron las desconocidas y violadas. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se

opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos referentes al despido, alegó que, dentro de las funciones del trabajador, estaba la de revisar la documentación recibida para las utilizaciones de las cartas de crédito Stand by, determinar el cumplimiento de sus términos y condiciones o notificar y obtener respuesta a las discrepancias, efectuar el pago, remitir la documentación y elaborar los mensajes Swift que corresponden a cada evento, por lo que no se podía aceptar lo que pretende el accionante de evadir sus responsabilidades alegando que tenía un superior jerárquico. Asimismo, la empleadora contestó que el actor no cumplió con las especificaciones que fueron emitidas por el ordenante de la carta de crédito el 25 de agosto de 2014, cuando presentó dos formatos de apertura de carta de crédito Stand By en moneda extranjera por EUR 100.000, a favor de BIMBA Y LOLA, España. En un formato, el cliente estipuló la condición especial de «garantiza los despacho (sic) de mercancía que se realicen a partir de la fecha de

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Radicación n.° 86434 emisión de esta operación y dentro de la vigencia del mismo» y, en el otro formato, que «únicamente obligaciones económicas adquiridas desde el 1 de agosto de 2014 en adelante». Sin embargo, sostuvo que el demandante, basado en un concepto personal y manera negligente e imprudente, no siguió las instrucciones del cliente, quien el 29 de agosto de 2014 le había pedido aclarar que la garantía era solo para bienes despachados a partir del mensaje Swift MT-700,

petición que fue reiterada el 5 de marzo de 2015 y tampoco acató, lo que dio lugar a la ejecución de la carta por $331.392.300 y debió asumir la empleadora. Por lo que consideró inaceptable que el actor pretenda desconocer su responsabilidad en la grave conducta, a pesar de haberla aceptado cuando rindió los descargos. La demandada también alegó que al accionante no le fue impuesta ninguna sanción disciplinaria y que fue citado a descargos por la Sra. Claudia Milena Forero Miranda el 26 de agosto de 2015, quien actuó como profesional del departamento de relaciones laborales, con facultades para hacer ese tipo de diligencias dentro del banco. Igualmente, que, desde la citación a los descargos, le fue informado al trabajador que sería indagado con ocasión de las irregularidades presentadas en el desempeño normal de sus funciones frente a la constitución de la carta de crédito Stand By No. 8690714004017 a favor de la empresa BIMBA Y LOLA y por solicitud de la empresa Dos Jotas SAS, por haber sido emitida sin las instrucciones específicas del

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Radicación n.° 86434 ordenante, lo que había originado la ejecución de la carta de crédito Stand By en favor del beneficiario por valor de $331.392.200, por el incumplimiento de obligaciones diferentes a las indicadas por el ordenante, y como banco debió asumir ese pago, dada la omisión del actor en la constitución de la garantía bancaria. Manifestó que los descargos fueron realizados el 27 de agosto siguiente y el trabajador confesó su omisión en la

inclusión de las instrucciones impartidas por el cliente, lo que dio lugar a la terminación del contrato de trabajo, mediante comunicación debidamente motivada tanto fáctica como jurídicamente. Con base en esos hechos y los documentos de constitución de la carta que, según la pasiva, eran plenamente conocidos por el actor, la empresa justificó el despido del accionante, con fundamento en el art. 56 y nls. 1 y 5 del art. 58 del CST, como también en el reglamento interno de trabajo y la instrucción 7410-100604 de apertura de aval-garantía y stand by, y la publicación 600 de la Cámara de Comercio Internacional. Agregó que al trabajador se le dio la oportunidad de allegar las pruebas que considerara necesarias y de aclarar o ampliar sus manifestaciones. Adicionalmente, sostuvo que para este caso no procede el reintegro, por cuanto se probó la justa causa y el accionante contó con los escenarios idóneos y suficientes para que presentara sus argumentaciones frente a los

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Radicación n.° 86434 hechos endilgados y que constituían falta grave, sin que lograra dar una explicación satisfactoria siquiera a uno de los hechos imputados. En todo caso, alegó que, para los casos donde no se escucha al trabajador previamente, lo que procede es la indemnización por despido injusto, pues la carencia del debido proceso o derecho de defensa no deja sin efectos la terminación del contrato de trabajo en sí misma, sino que el efecto está dado directamente sobre la causa que lo motivó, entendiéndose que, si existía la justa

causa, pero no se realizó el debido proceso, lo que se genera es una terminación de contrato, pero sin justa causa, nunca el reintegro, sobre todo en este caso que el reintegro es a todas luces inconveniente para ambas partes, en razón de la pérdida de confianza mutua. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación y por ausencia de causa, pago, compensación, buena fe y prescripción, fs. 198 al 218. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 19 de febrero de 2018, decidió declarar ineficaz el despido del actor y, consecuencialmente, condenó al BANCO DAVIVIENDA a reintegrar al trabajador al cargo que ocupaba al momento del despido o a uno de igual o superior jerarquía y a pagarle la totalidad de los salarios dejados de percibir desde el 7 de septiembre de

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Radicación n.° 86434 2015 hasta cuando se haga efectivo el reintegro, conforme a lo expuesto en la motivación de la sentencia. Igualmente, lo condenó a liquidar y pagar las prestaciones sociales y las vacaciones causadas a favor del actor, sin solución de continuidad desde el 7 de septiembre de 2015 hasta el momento en que se efectúe el reintegro. Por último, declaró no probadas las excepciones formuladas por la accionada y la condenó en costas. (Fls. 467 y 468).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo de 21 de marzo de 2019, confirmó la decisión de primera instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que debía resolver si la empresa adelantó el procedimiento disciplinario establecido en su normatividad interna para terminar, de forma unilateral, el contrato de trabajo; de ser así, verificar si se encuentra acreditada la justa causa invocada. En caso contrario, debía determinar cuál es la consecuencia de tal deficiencia. Con el citado propósito, el colegiado de segundo nivel señaló que no fue objeto de discusión entre las partes la existencia del vínculo laboral que los unió entre el 23 de abril de 2007 y el 7 de septiembre de 2015, relación que finalizó por decisión del empleador invocando justa causa.

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Radicación n.° 86434 Apuntó que no fue materia de apelación que la demandada debió adelantar proceso de carácter disciplinario para proceder a efectuar el despido, obligatoriedad que se encuentra tanto en el Código Disciplinario (parágrafo del art. 21), como en el Reglamento Interno de Trabajo (parágrafo del art. 46), en los que se indica que, si bien el despido con justa causa no es una sanción, se aplica como consecuencia del proceso disciplinario. En torno al trámite del proceso disciplinario, el juez de la alzada advirtió que los arts. 49 y 50 del reglamento interno de trabajo, fs. 166 a 175, prevén la obligación de oír

al empleado inculpado, el que, de ser sindicalizado, debe estar acompañado por dos representantes de la organización sindical, y se debe dejar constancia escrita de los hechos, así como de la decisión adoptada, so pena de que no produzca efecto alguno la sanción impuesta con violación a dicho trámite. En el examen del Código Disciplinario de fs. 151 a 164, el Tribunal encontró que, en el art. 2, fue estipulada la presunción de inocencia frente a las faltas disciplinarias, hasta tanto no se declare la responsabilidad del trabajador por parte de la autoridad competente. En los arts. 4° y 6°, halló que se exige el respeto al derecho de defensa y que toda decisión debe encontrarse debidamente motivada. Igualmente, que la apertura del proceso disciplinario debe ser tramitado por la Coordinación de Procesos Laborales «respetando el principio de la debida defensa que se obliga

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Radicación n.° 86434 en el artículo 29 de la Constitución Política…» y entre los arts. 26 a 38 está un acápite relativo al régimen probatorio en el que se impone al funcionario encargado de adelantar la investigación, auscultar no solo los hechos y circunstancias que demuestran la existencia de la falta, sino también aquellos que demuestran la inexistencia de la misma; y se faculta a las partes involucradas para que aporten y soliciten pruebas, las que sin embargo pueden ser rechazadas por inconducentes, impertinentes y superfluas. De los anteriores hallazgos, el Tribunal coligió que,

para la realización del proceso disciplinario, salvo por definir la dependencia encargada de adelantarlo, no se estableció la existencia de formas y términos precisos al amparo de los cuales el mismo debía realizarse, en tanto el proceso se circunscribió a oír al demandante y a brindarle la posibilidad de presentar y solicitar pruebas respetando su derecho de defensa. Sobre el caso de autos, el sentenciador aludió a los testimonios de Diana María Prieto Aldana, Claudia Milena Forero Miranda y Macedonio Hernández Aldana; como también a los documentos visibles a fs. 265 a 272 y 361 a 374 que probaba que, con ocasión del inconveniente surgido en relación con la carta de crédito Stand By solicitada por la sociedad Dos Jotas SAS, se adelantó trámite de auditoría interna que culminó con la recomendación de iniciar disciplinario administrativo en contra de Macedonio Hernández Aldana y del accionante, ante la situación calificada de negligente por parte de este

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Radicación n.° 86434 último y por fallas en el proceso de revisión por parte del primero, en tanto propiciaron la pérdida de la suma de $331.392.300. Otro aspecto que dio por probado el juez de la alzada fue que, en virtud de la precitada recomendación, el 26 de agosto de 2015, la pasiva citó a descargos al accionante para el 27 de agosto siguiente a efectos de «…oír sus explicaciones en relación y con ocasión de las irregularidades presentadas en el desempeño normal de sus funciones, frente a la constitución de la carta de crédito

Stand By N°8690714004017 a favor de la empresa Bimba y Lola L.U…», oportunidad en la que además se le indicó que contaba con la posibilidad de aportar los documentos que considerara necesarios. Sobre los descargos, el sentenciador dio por probado que el actor compareció ante el personal del Departamento de Relaciones Laborales y rindió su versión acerca de lo sucedido y el 7 de septiembre de la misma anualidad, la accionada tomó la determinación de poner fin a la relación laboral por la existencia de la justa causa. Luego del señalamiento de los hechos probados, el Tribunal asentó que, si bien, en principio, podría considerarse que la entidad accionada dio aplicación a los presupuestos establecidos en el reglamento interno de trabajo en relación con el trámite disciplinario, pues efectivamente el trabajador fue escuchado en la diligencia de descargos y, además, en la citación a descargos fue

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Radicación n.° 86434 informado que contaba con la posibilidad de allegar pruebas en su defensa, no podía pasar por alto lo que estaba adoctrinado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-593-2014, de que, dentro del trámite del proceso disciplinario, debía respetarse al trabajador, las garantías propias del debido proceso y, para reforzar lo dicho, citó el siguiente pasaje de esa sentencia: la jurisprudencia constitucional ha establecido el conjunto de elementos mínimos que debe contemplar el Reglamento Interno de Trabajo al regular el procedimiento para la imposición de las

sanciones disciplinarias que en él se contemplen, entre los que se encuentran (i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción debe encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente, (vii) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii) la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria . En línea con lo anterior, el Tribunal revisó nuevamente el trámite impartido al proceso disciplinario que precedió al despido del accionante conforme a lo dispuesto por la Corte

Constitucional en esa sentencia, llegando a la conclusión de que ningún reparo le merecía la decisión de primera instancia, pues observó que, aun cuando al demandante se

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Radicación n.° 86434 le dio a conocer el motivo de su citación al rendir los descargos, en momento alguno se le permitió acceder siquiera al material probatorio recaudado, para poder controvertir las pruebas recaudadas en su contra, lo cual era elemental para que pudiera ejercer su derecho de defensa, lo que se ve agravado por la falta de previsión en forma precisa de un trámite disciplinario que prevea en detalle términos y oportunidades para el efecto. Por otra parte, sobre la solicitud relativa al reconocimiento de la indemnización, en lugar de la orden de reintegro, sostuvo el juez colegiado que no es procedente, pues la inobservancia del procedimiento disciplinario apareja la ineficacia de la decisión, lo que de suyo implica el reconocimiento de las condiciones laborales vigentes al momento en que se produjo la desvinculación. La precitada motivación, fue suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, una vez constituida la sala

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Radicación n.° 86434 en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado, para, en su lugar, absolverla de todas las pretensiones o, en

subsidio, modificar esa decisión para, en reemplazo del reintegro, imponer condena por la indemnización por despido sin justa causa, proveyendo en costas como corresponda. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se resolverán conjuntamente por tener la misma finalidad y tener argumentos complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía indirecta, por la aplicación indebida de los artículos 62, 115, modificado por el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965, 127, 186, 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 29 y 230 de la Constitución Política, 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993.

Denunció los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por probado, sin estarlo, que en el proceso disciplinario, al demandante no se le permitió acceder al material probatorio para controvertir el motivo de la citación a descargos.

2. Dar por establecido, pese a que no lo está, que en el proceso disciplinario que se le siguió, el demandante no pudo controvertir las pruebas en su contra.

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3. No dar por probado, pese a que lo está, que, en el proceso disciplinario, el actor pudo ejercer cabalmente su derecho de defensa.

4. No dar por establecido, a pesar de que lo está, que al demandante se le garantizó el debido proceso por el Banco Davivienda S.A. en el proceso disciplinario adelantado en su contra.

5. Dar por probado, sin que lo esté, que en el banco demandado no existe un trámite disciplinario que prevea en detalle términos y oportunidades para ejercer el derecho de defensa.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que en el despido del actor no se cumplió el procedimiento disciplinario por parte del Banco Davivienda S.A.

7. No dar por probado, estándolo, que, en el Banco Davivienda, el despido es una decisión del empleador y no una sanción disciplinaria.

8. Dar por probado, sin que lo esté, que la inobservancia del proceso disciplinario apareja la ineficacia del despido del demandante.

Fueron señaladas como pruebas erróneamente apreciadas:

1. Código Disciplinario del Banco Davivienda S.A.

Folios 151 a 164.

2. Citación al actor para asistir a diligencia de descargos. Folio 272.

3. Diligencia de descargos. Folios 265 a 271.

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4. Reglamento Interno de Trabajo del Banco Davivienda S.A. Folios 166 a 175.

5. Testimonio de Claudia Milena Forero. Prueba no calificada.

Para demostrar la acusación, la censura separó los argumentos así:

1. Respecto del procedimiento disciplinario seguido al accionante: El recurso atacó que el Tribunal concluyera que el actor no pudo hacer uso adecuado del derecho de defensa en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra por cuanto no pudo acceder a las pruebas y no pudo controvertirlas, lo que se vio agravado por la falta de

previsión en forma precisa de un trámite disciplinario que prevea en detalle términos y oportunidades del derecho de defensa. La recurrente contraargumentó que el código disciplinario de la empresa fue mal valorado por cuanto, se había hecho expresa alusión a varios de sus artículos, fue puesto en conocimiento de los trabajadores de diferentes formas y el actor manifestó conocerlo en la diligencia de descargos. Acusó al fallador de no tener en cuenta que allí se establece claramente el derecho de quienes sean citados a descargos de controvertir las pruebas, lo cual pueden hacer en la diligencia respectiva, de tal suerte que es un

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Radicación n.° 86434 derecho reconocido por el banco demandado y que se garantiza plenamente a todo trabajador inculpado. Para reforzar su argumento, trascribió los arts. 30 y 33 de ese estatuto que dicen, en su orden, «las partes involucradas en un proceso disciplinario pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán rechazadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas» y que «los afectados podrán controvertir las pruebas en la respectiva diligencia de descargos». Con base en esa prueba, se lamentó de que el juez de la alzada no dedujera que el trabajador sabía perfectamente que podía controvertir las pruebas en su contra en la diligencia de descargos, lo cual, añadió, significa que, para hacerlo, podía solicitar que se le mostraran, como también

que tenía derecho a solicitar pruebas, pero nunca lo hizo. Además, como lo mostraba la diligencia de descargos, el juzgador no atendió que el actor conocía perfectamente los hechos imputados, las razones por las que fue citado y las normas relacionadas con esos hechos.

2. De la citación a descargos, f. 272.

Luego de trascribir lo pertinente de la citación, señaló que esta prueba mostraba con nitidez que el demandante sabía que podía aportar los documentos que sirvieran de prueba en su favor y que se le dio un término suficiente para preparar su defensa, lo que contradecía al fallador en

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Radicación n.° 86434 su valoración al no tener en cuenta ese hecho y en la conclusión de la falta de un trámite que previera términos para el ejercicio del derecho de defensa.

3. Diligencia de descargos del actor: Acusó al Tribunal de haberla valorado mal, pues, ese momento, el trabajador manifestó conocer los hechos que le estaban siendo imputados, dio las explicaciones que consideró pertinentes y justificó su conducta. Aceptó algunas faltas que le fueron atribuidas, que la diligencia se realizó en forma libre y sin presión alguna y tuvo la oportunidad de enmendar o agregar lo que estimara pertinente. Si la hubiera valorado de forma acertada, considera la censura, el sentenciador habría concluido que no había ningún rastro de violación al derecho de defensa del actor, sino que se le siguió un debido proceso antes de la terminación de su contrato de trabajo.

4. Testimonios de Claudia Milena Forero.

Por considerar que están demostrados los desaciertos en la valoración de prueba calificada, estimó viable analizar el testimonio referido por acusarlo de mal valorado, al no ver que la declarante manifestó lo siguiente: (a) que el Reglamento de Trabajo está publicado en la intranet, a la cual tienen acceso los funcionarios del banco; (b) que ella tenía como función llevar a cabo la diligencia de descargos; (c) que al demandante se le indicaron los hechos por los cuales fue citado; (d) que el actor no manifestó ningún tipo

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Radicación n.° 86434 de coerción mientras se adelantó la diligencia de descargos. Y al responder las preguntas de la juez y del apoderado de la parte demandante, señaló los siguientes hechos: (i) que en términos generales al trabajador que se cite a diligencia de descargos se le dice que puede aportar las pruebas que considere pertinentes para allegar al proceso y que el término para realizar la diligencia de descargos es de dos días; (iii) que al transcurrir la diligencia de descargos el trabajador puede presentar las pruebas que tenga en su custodia y se le da el tiempo para que las allegue; (iv)que al actor no se le vulneró el debido proceso porque se le citó con anterioridad, en la citación se le dijeron los motivos por los cuales estaba citado, se le dio la oportunidad de adjuntar pruebas que pudiera presentar en la diligencia y la diligencia se hizo como lo ordenan la Constitución y la ley; (v) reiteró que al actor se le indicaron los hechos por los cuales se le citó a la diligencia, que tenían que ver con el

ejercicio de sus funciones, las cuáles él tenía claras; que dentro de la diligencia de descargos el demandante tuvo la posibilidad de controvertir las pruebas que se tenían en su contra y al final se le dio la oportunidad para que presentara pruebas o para que dijera en qué no estaba de acuerdo o en desacuerdo y que posteriormente no recibieron pruebas por parte del señor López que se pudieran adjuntar al proceso disciplinario; y (vi) que a la diligencia de descargos se le citó con antelación. Para la entidad recurrente, de haber apreciado correctamente esta declaración, el Tribunal no habría concluido tan fácilmente que el demandante no pudo hacer

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Radicación n.° 86434 uso adecuado de su derecho de defensa, puesto que es más que evidente que le fue suficientemente garantizado.

5. Desaciertos sobre el Código Disciplinario de

Davivienda. La censura acusó de ser un despropósito afirmar, como lo hizo el Tribunal, que en este código no se consagra un trámite disciplinario que no garantice el derecho de defensa, pese a que:  En su artículo 2 consagra la presunción de inocencia.  En el artículo 3 se establece que no podrá haber discriminación alguna.  En el artículo 4 se dispone que durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa. En el artículo 5, que la sanción disciplinaria debe corresponder a la falta cometida.  En el artículo 6 se señala que toda decisión será motivada.  En el 11 se dice que el trámite disciplinario debe

contar con un soporte técnico.  El artículo 12 precisa quién debe presentar los informes sobre incumplimiento de los principios.  El artículo 13 preceptúa a cargo de cuál entidad estará la apertura del trámite disciplinario, con respeto del artículo 29 de la Constitución Política.  El 14 enseña que las sanciones deben guardar debida proporción a la contravención cometida.

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Radicación n.° 86434  El 16 define quién es autor de la falta disciplinaria y el 18 qué constituye una falta disciplinaria.  El título IV regula todo lo concerniente a las faltas y sanciones disciplinarias, incluyendo los criterios para imponerlas.  El Título V se refiere al régimen probatorio, en el cual, como se ha visto, se garantiza el derecho a presentar pruebas.  Los artículos 36 y 37 regulan la formulación de cargos. La recurrente advierte que no citó todas las disposiciones del código, pero, con el recuento que hizo, dio por desvirtuada la conclusión del Tribunal de la falta de garantías del derecho de defensa, por no contener unos términos para el adelantamiento de las diligencias, en cuanto ello no impide que los trabajadores tengan un debido proceso disciplinario, si, como acontece en el caso de autos, media un tiempo razonable entre la citación a descargos y la realización de la diligencia y la decisión correspondiente se toma en un tiempo breve. Calificó al juicio del sentenciador de ser extremadamente formalista y dejar de lado que, más allá de

la existencia de términos y plazos, lo que importa en un proceso disciplinario es que el trabajador pueda ejercer cabalmente su derecho de defensa, como lo explicó esta Sala en la sentencia CSJ sentencia no. 13701 de 19 de ene. de 2001.

6. Desaciertos sobre la ineficacia del despido:

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Radicación n.° 86434 La recurrente reprobó que el Tribunal señalara que la violación del trámite disciplinario traía la ineficacia del despido, pues en ese código y en el reglamento interno de trabajo del banco establecen que el despido no es una sanción disciplinaria sino una decisión del empleador. Para corroborar su dicho, citó los arts. 21 y 46 de esos textos, respectivamente, y sostuvo que las consecuencias del incumplimiento del proceso disciplinario no pueden aparejar la ineficacia del acto jurídico de extinción del contrato laboral, puesto que esa consecuencia solo está prevista en el art. 50 del reglamento, respecto de la sanción disciplinaria, no del despido, y para cuando se siga el procedimiento del art. 49 ibidem, que solamente refiere a escuchar al trabajador en descargos. Nada se dice sobre el seguimiento del trámite previsto en el Código Disciplinario. Lo mismo, predicó del art. 115 del CST, y en este caso el actor fue escuchado en descargos, por lo que no había razón para determinar un despido ineficaz, pues ese incumplimiento solo da lugar a la ineficacia de las sanciones disciplinarias, pero no a las terminaciones del

contrato de trabajo.

VII. SEGUNDO CARGO Acusa la sentencia por la vía