CSJ - SL1866-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1866-2023 Radicación n.° 95139 Acta 22 Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por CINDY ISABEL STEVENSON GUERRERO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario laboral que adelantó

contra la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA.

I. ANTECEDENTES Cindy Isabel Stevenson Guerrero llamó a juicio a la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda., para que se declarara que entre las partes se ejecutó un contrato de trabajo del «17 de febrero de 2014 al 31 de marzo de 2016». En consecuencia, se condenara al pago de cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, primas de servicios, aportes al

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Radicación n.° 95139 sistema general de seguridad social en riesgos laborales, salud, pensiones y caja de compensación familiar, licencia de maternidad, al igual que las indemnizaciones de que tratan los artículos 65, así como de su parágrafo del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990 y por no pago de intereses a las cesantías y las horas extras. También pidió la reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones con la inclusión de las horas extras, la indexación

y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, relató que, previa la suscripción de un contrato de prestación de servicios, laboró en favor de la entidad hospitalaria convocada del 17 de febrero de 2014 al 31 de marzo de 2016, para desempeñar el cargo de médica general en el área de urgencias, en horarios rotativos de manera semanal así: «07:00 a.m. a 13:00 p.m.; 13:00 p.m. a 19:00 p.m. y de 19:00 p.m. a 07 a.m., y otro turno mañana tarde de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., cada 15 días en turnos MT (sic) de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. sábado y domingos y era fijado de manera unilateral por la CLINICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO Ltda.» y con un salario de $4.200.000. Sostuvo que, la accionada a pesar de tener conocimiento de su estado de embarazo, «suspendió el contrato de trabajo el 30 de octubre de 2014» y se reintegró el 1º de febrero de 2015, una vez transcurridos los 3 meses de licencia de maternidad.

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Radicación n.° 95139 Adujo que, dentro de las obligaciones impuestas, se encontraban la presentación de cuentas de cobro, el cumplimiento de los turnos, el acatamiento de las órdenes e instrucciones de sus superiores inmediatos Daniel Parra Lizcano y Claudia Patricia Olave Caicedo, como el director y la directora médica de la clínica; además, afirmó que, para

desempeñar las funciones siempre se valió de los elementos que la encartada le suministró. Al finalizar, manifestó que la convocada no le reconoció las vacaciones, prestaciones sociales, trabajo en días de descanso, ni realizó aportes al sistema de seguridad social (f.º 3 a 20 y 89 a 106 cuaderno digital de primera instancia). La Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda., contestó la demanda oponiéndose al éxito de las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó los relativos a la forma de ingreso de la demandante, las funciones asignadas, la remuneración, los concernientes a su estado de embarazo y reintegro; de los demás, manifestó que no eran ciertos. En su defensa, expresó que entre las partes no se ejecutó un contrato de trabajo, sino uno de prestación de servicios; que este se cumplió conforme a lo pactado y que la actora desarrolló las labores encomendadas con autonomía e independencia; de ahí que no le asistiera la obligación de sufragar los rubros reclamados. Formuló las excepciones de pago total, buena fe, prescripción, «la inexistencia de la obligación y de los

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Radicación n.° 95139 elementos que constituyen el contrato de trabajo» y la genérica (f.º 124 a 133, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura en sentencia del 5 de abril de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN E INEXISTENCIA DE LOS

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO DE TRABAJO, propuesta por CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR que lo que existió entre la demandante CINDY ISABEL STEVENSON GUERRERO y la demandada CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., fue una relación civil regida por contratos de prestación de servicios profesionales.

TERCERO: ABSOLVER a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la señora CINDY ISABEL STEVENSON GUERRERO, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: DECLARAR no probada la tacha de sospecha de los testimonios de la señora CLAUDIA PATRICIA OLAVE CAICEDO y el señor VÍCTOR HERNÁN CUERO ROSERO, ofrecidos al proceso por la demandante, así como la de la testigo ELSA ROSA MIR VALVERDE ofrecida por la demandada, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: COSTAS a cargo del demandante (sic) CINDY ISABEL STEVENSON GUERRERO y a favor de la parte demandada CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., en valor de medio salario mínimo legal mensual vigente.

SEXTO: CONSULTAR ante la Sala Laboral del H. Tribunal del Distrito Judicial de Buga, la presente providencia en caso de que no se apelada (negrillas del texto original) (f.º 240 a 241 acta, cuaderno digital primera instancia).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 95139 Al resolver la apelación de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 5 de marzo de 2021, confirmó la providencia de primera instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem señaló que el problema jurídico, se contraía a determinar si entre las partes existió una relación laboral y si, en consecuencia, había lugar al pago de las acreencias laborales e indemnizaciones reclamadas. Memoró el principio de primacía de realidad sobre las formalidades a la luz de los artículos 23 del CST y 53 de la CP, al igual que el concepto de contrato de trabajo y la presunción de subordinación de que tratan los cánones 22 y 24 del primer estatuto sustancial citado, para señalar que, en aras de la declaratoria de existencia del vínculo, se requiere que la subordinación sea continua, esto es, «que al interior de los extremos, es decir que la relación de trabajo no se muestre como difusa». Explicó que, se trataba de un elemento subyacente a la prueba directa de subordinación o de la presunción de la misma, en tanto también resultaba necesaria la acreditación de «mencionar los hechos constitutivos del mismo, sino también de desplegar todas las acciones con el propósito de probar aquellos supuestos fácticos que los respaldan, sin soporte probatorio las pretensiones no pueden ser declaradas por la jurisdicción». Para soportar tal tesis, se valió de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala

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Radicación n.° 95139 contenida en las sentencias CC CC-086-2016 y CSJ SL90452017 respectivamente. Se refirió al contrato de prestación de servicios suscrito el 1º de julio de 2014 por la accionante y la demandada con una vigencia de 4 meses desde su celebración, finalizando el 30 de octubre del mismo año, cuyo objeto era el de, […] “MÉDICO GENERAL en las instalaciones de la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO, en cualquier lugar que determine el CONTRATANTE; prestación de servicios que efectuará el CONTRATISTA, en forma personal y directa o mediante tercera persona, bajo su dependencia y responsabilidad, en los horarios escogidos y destinados para tal efecto por el propio contratista” en horarios que seleccione el CONTRATISTA.(…)”. En lo relacionado a los extremos de la relación laboral alegada, refirió las declaraciones de Víctor Hernán Cuero Rosero y Claudia Patricia Olave afirmaron que la actora ingresó a prestar sus servicios para la Clínica Santa Sofía en el año 2014 (min.1:21:05; 1:43:27 f.º 107), Alma Oliva García aseguró que para el 16 de abril de 2015 cuando se vinculó con la institución prestadora de servicios de salud ya la accionante se encontraba allí laborando (min. 2:30:06 f.º 107). Por su parte Yuli Sujey Cortes, afirmó que inició en enero de 2014 y culminó el 28 de enero de 2018 (min. 03:29 f.º 107).

En punto al extremo final del servicio, que prestó la convocante evidenció que el señor Cuero Rosero mencionó que la actora prestó sus servicios hasta el marzo de 2016 (min. 1:21:25), cuando se le preguntó si después de la licencia de maternidad -que tuvo lugar en el año 2014

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Radicación n.° 95139 coincidiendo con el plazo pactado inicialmente entre las partes dentro del contrato civilla señora Stevenson había regresado a la Clínica, respondió no tener conocimiento (min.1:32:51). De la testigo Alma Oliva García Palacios indicó que, en el mes de abril de 2016, la demandante «dejó de aparecer de los cuadros de turnos» de la clínica accionada y Claudia Patricia Olave manifestó que cuando se retiró en enero de 2016 la accionante se encontraba laborando para la encartada. Añadió que, los mencionados, refirieron haber conocido del embarazo de la señora Stevenson Guerrero, sin lograr ubicar en el tiempo el periodo de maternidad a fin de «verificar si correspondía con aquel determinado en la ley y la ubicación cronología de tal circunstancia frente al nexo contractual»; limitándose a expresar que no tomó ninguna hora por dicho lapso. Adicionalmente se tiene, que Claudia Patricia Olave quien fungía como directora médica de la accionada para la época en que cumplió funciones la demandante, mencionó que aquella sostuvo una doble contratación con la Clínica y la Empresa de Servicios Temporales Solaservis SAS (min. 2:00:16 f.º 107), aspecto este que fue confesado por la

accionante al absolver interrogatorio y manifestar que: […] para febrero de 2015 tenía un contrato de obra o labor contratada con Solaservis SAS y para marzo de 2015 continuó con Solaservis y con la Clínica por prestación de servicios con la

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Radicación n.° 95139 Clínica Santa Sofía Ltda., además de indicar que para 2017 trabajó con la IPS Somed (min.1:06:55 y sig. fl.107) lo cual, pese a no haber sido mencionado por los demás deponentes y al exhaustivo cuestionario que se le realizó a cada uno; deja ver un aspecto relevante, dentro del asunto de la referencia. Descendió a la reclamación judicial, para referir que en aquella se solicitó la declaración de la relación laboral entre las partes desde el 17 de febrero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2016, en oposición a lo informado por el contrato de prestación de servicios suscrito el 1º de julio de 2014. En virtud de lo anterior, concluyó que: […] la comunidad probatoria no otorga certeza y distinción del tiempo en el que en realidad la demandante estuvo vinculada con la clínica y aquel en que fue presuntamente trabajadora bajo contrato de trabajo en misión, así como tampoco de las diferencias o similitudes que podrían tener sus funciones en cada uno de los servicios dentro de los que fue ubicada para la época de la coexistencia de las contrataciones, o aquella para la que eventualmente ya había finalizado la labor por la que fue enviada a la Clínica Santa Sofía por Solaservis y subsistió un contrato de

prestación de servicios con la demandada hasta el 01/01/2018 cuando tuvo lugar la renuncia al contrato de prestación de servicios que tenía vigente con la institución de salud accionada (fl. 174). Ello a fin de verificar además de los elementos del nexo laboral, la procedencia de las pretensiones, y cuantificación de estas. Aclara la Sala sobre los aspectos antes anotados, que, si bien existe un principio general de la primacía de la realidad sobre las formas, la naturaleza contractual tiene unas características que permite dilucidar ese derecho sustancial invocado por la parte interesada respecto de la cual recae la carga probatoria. En virtud de lo hasta aquí indicado, que no resulte compresible que en el texto de la demanda no se haya presentado la situación fáctica descrita en precedencia según la cual la demandante tuvo vinculación a través de una empresa de servicios temporales, pues con ello dejó en la incertidumbre un aspecto introductorio necesario hacia la declaración de la existencia del contrato de trabajo como es la determinación de la prestación del servicio, constante y continuo, dentro de unos extremos determinados, pese la presunta coexistencia por una fracción de tiempo que se pudiera inferir de las manifestaciones de la señora Olave Caicedo, los deponentes restantes no precisaron si las calendas

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Radicación n.° 95139 informadas correspondían al inicio de su desempeño como trabajadora en misión o contratista. Ello por cuanto en lo que respecta a la finalización la mencionada testigo nada indicó al respecto, y la señora Stevenson se limitó a afirmar que laboró

para Solaservis durante el 2015 (min.1:05:49; 1:06:23 fl.107) sin especificar las condiciones contractuales de dicha vinculación. Por si lo anterior no fuera suficiente, el hecho que la señora Cindy Stevenson Guerrero mencionara en una de sus respuestas que para el año 2017 no solo estaba con la Clínica Santa Sofía del PACÍFICO Ltda., sino, que ya se encontraba al servicio de la IPS SOMED, que incluso pudo haber sido desde finales de 2016 (min. 1:08:24; 1:08:58 fl.107); que la señora Olave Caicedo refiriera que al ser la encargada de elaborar los cuadros de turnos a los médicos dentro de la IPS accionada, en una época la actora se encontraba en varios servicios -sin recordar la fecha-, procurándole la deponente asignarle el área de urgencias en horas de la mañana sin dar más especificaciones al no recodar sobre este aspecto y en enero de 2016 haberse desvinculado la declarante. (min. 2:03:52; 2:09:24; 2:19:23; 2:21:30 fl.107). Lo anterior, derruye la aptitud probatoria sobre una data de finalización del nexo, sin que de alguna manera se pudiera pensar que se trataba de una misma contratación, máxime que mientras los deponentes bajo el presupuesto inicial de un contrato civil, refirieron que la señora Stevenson se desempeñaba como médico general en el servicio que fuera requerida o que le fuera asignado, y en este caso, si de éste se pudiera aseverar que

fue ejecutado hasta el 30/10/014 de conformidad con el plazo inicialmente pactado (fl.134-135), o como se alega en el escrito primigenio el 31/06/2016 e incluso el 28/01/2016 en concordancia con la misiva del 23/01/2018 (fl.174); siendo ésta última un término de alguna probable vigencia finiquita por las partes, sin ser sinónimo de ejecución de la actividad en algún momento pactada entre estas. Respecto de las cuentas de cobro con sello de gestión humana y coordinación de control interno de la demandada, dijo no las podía «valorar en sentido amplio y no riguroso» porque no serían procedentes si se tratara de la labor bajo una EST, conforme los artículos 71, 73 y 74 Ley 50 de 1990, además de la practica relatada de cambios de turnos o los valores realmente devengados por la actora.

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Radicación n.° 95139 En tal contexto, concluyó que «no fue debidamente determinado en concreto la existencia de la prestación personal del servicio» en tanto, «el relato de tiempos en que la actora prestó sus servicios en virtud de su trabajo en misión y como contratista sin soportarse probatoriamente la determinación de los momentos que correspondieron a la alegada relación de trabajo» toda vez que, «ese elemento subyacente en la prueba directa de la subordinación o en el hecho indiciario de la misma no se acreditó en el de marras».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Presentado por Cindy Isabel Stevenson Guerrero, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede

a resolver (f.° 2 al 15, archivo 3 del cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo presentó de la siguiente manera: Se pretende que con el presente recurso extraordinario la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia No. 21 del 05 de marzo de 2021 proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga, proveído que revocó la sentencia absolutoria del No. 21 del 05 de abril de 2019 emanada del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura y una vez quebrado el fallo de segundo grado y en sede de instancia proceda la Corporación a pronunciarse respeto del recurso de apelación formulado por el extremo activo de la litis, y a confirmar el fallo de primer grado en todo aquello que no fue objeto de apelación por la parte demandante.

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Radicación n.° 95139 Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son objeto de réplica. La Sala los abordará de manera conjunta, dado que en ellos se acusa un elenco normativo similar y poseen una estructura argumentativa complementaria.

VI. PRIMER CARGO Acusa la decisión de segundo grado de violar directamente, en el sub motivo de interpretación errónea de los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a la violación de los cánones 1º, 3º, 5º, 7º, 8º,

9º, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 37, 38, 43, 45, 47, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 127, 128, 139, 141, 142, 143, 186, 187, 189, 192, 193, 249, 250, 253, 254, 260, 266, 306, 307, 340 y 342 del mismo compendio y 32 numeral 2º y parágrafo 2º (modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001), 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 95, 250 y 305 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los parámetros fijados por los artículos 1º, 11, 13, 25, 26, 29, 48, 53, 58, 332 y 336 de la Constitución Política de Colombia. Asegura que, el ad quem interpretó de forma errada los preceptos 22, 23 y 24 del CST y refiere que su equivocación estribó en que, pese a advertir que se demostró la prestación personal del servicio, no empleó los efectos de la presunción de subordinación regulada en la disposición mencionada, bajo el también argumento desatinado de «la existencia de contratos coetáneos de diferente naturaleza afectaban la aplicación de la presunción de existencia del contrato de

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Radicación n.° 95139 trabajo, situación que no ha sido nunca prohijada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia».

Razona que, el juez de apelación expuso un argumento contradictorio, pues si bien adujo el efecto en mención, no se esmeró por buscar evidencia que la desvirtuara y, en su lugar, apuntó a lo relativo a la «existencia de otros contratos coetáneos o coexistencias», aspecto que esta Corte en su jurisprudencia nunca ha avalado. Precisa que, el Tribunal interpretó la norma de forma errada pues de ella coligió algo que la misma no estatuyó, dado que la aplicación de aquella figura no depende de la manera como se ejecuta el contrato de trabajo. En virtud de lo anterior, afirma que, ante la demostración de la prestación personal del servicio, el Colegiado debió tener por acreditado que aquella se ejecutó bajo la continua subordinación de la accionada. En ese contexto dijo que es diferente que la premisa comentada deba desvirtuarse, a que, en aras de su estudio, tenga que justificar la temporalidad en el ejercicio de las funciones asignadas a ella por lo que, en consecuencia se presenta aplicación indebida del artículo 24 del CST. Reproduce apartes de la sentencia CSJ SL864-2013, en punto al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y reitera en que bastaba con la acreditación de la prestación personal del servicio para que operara la presunción de la existencia de una relación laboral.

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VII. CARGO SEGUNDO Enrostra al juez de apelación de haber vulnerado la ley

por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida los artículos 22, 23 y 24 del CST, lo que condujo a la violación de los preceptos 1º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 37, 38, 43, 45, 47, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 127, 128, 139, 141, 142, 143, 186, 187, 189, 192, 193, 249, 250, 253, 254, 260, 266, 306, 307, 340, 342 del mismo estatuto sustancial y 53 de la CP; así como aplicación indebida de los cánones 1324, 1325, 1341, 1342, 1344 del Código de Comercio, 1494, 1502, 1618 y 1760 del CC. «Asimismo, se denuncia violación de medio del Art. 191. del CGP». Asegura que dicha vulneración se produjo por los errores ostensibles de hecho en los que el Tribunal incurrió, consistentes en: No dar por demostrado estándolo que el demandante, CINDY ISABEL STEVENSON GUERRERO, prestó a la Entidad demandada servicios personales en forma subordinada entre el 01 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2017. 1. (sic) No dar por demostrado estándolo que la subordinación mediante la cual prestó el servicio el demandante desde el entre

01 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2017, es propia de una relación laboral.

2. Dar por demostrado, sin estarlo que el vínculo contractual que ligó a las partes del 01 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2017, fue de naturaleza comercial.

Enlista como pruebas o piezas procesales estimadas con error, el contrato de prestación de servicios y la confesión contenida en el interrogatorio de la demandante, así como las

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Radicación n.° 95139 cuentas de cobro. Y como no apreciadas, la declaración de la accionada, «comprobantes de egreso» y el certificado de existencia y representación de la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. Explica que, en el contrato de prestación de servicios de 1º de julio de 2014, se estipuló que las funciones que se le asignaron como médica general serían determinadas por la demandada, aspecto que «escapa a cualquier grado de autonomía e independencia». De igual manera, menciona que el ad quem no advirtió que se convino que el contrato durase cuatro meses prorrogables por término indefinido, «es decir, que desde el origen de la prestación de servicio se aceptó que la vinculación era» por esa última modalidad. Por otro lado, sostiene que el colegiado extrajo del interrogatorio de parte que absolvió, una «confesión compuesta». Al respecto, destaca que si bien aceptó la «existencia de dos contrataciones al tiempo con la Clínica Santa Sofía como contratista y otra como trabajador (sic) en misión de la empresa de servicios temporales Solaservis,

contratos por medio de los cuales laboraba en el primero bajo disponibilidad y en el otro como médico de urgencias», lo cierto es que nada tenía que ver con la aplicación de la presunción establecida en el artículo 24 del CST, porque la falta de claridad en los extremos temporales y la ejecución de la relación laboral es un aspecto que debió dilucidar el ad quem.

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Radicación n.° 95139 Asegura que el Tribunal evidenció del análisis de las cuentas de cobro con sello de gestión humana y coordinación de control interno de la demandada que debido a los cambios de turnos o los valores realmente devengados, no era posible valorarlas, las que estaban asociadas al contrato de prestación de servicios, acreditaban valores y las horas allí consignados «no podían ser despreciados» ni «desconocer su valor probatorio so pretexto de la existencia de algunas costumbres como cambio de turnos» por el Tribunal, toda vez que fueron presentados por la accionada demostrando así los medios de pago de dicha relación. Por otra parte, afirma que el juez de alzada no advirtió que el representante legal de la clínica accionada en su declaración confesó aspectos de los que se concluía la connotación laboral de la relación, los cuales describió así: 1) que quien definía las (sic) libremente el lugar de prestación de Servicio era la clínica en cualquiera de sus áreas o unidades médicas, ya que el demandante no estaba asignado a un servicio específico; 2) que en periodo del año 2010 - 2017 no había médicos de planta en esa institución médica y; 3) que la

determinación de los turnos de prestación del servicio correspondía la Coordinadora médica, o al mismo representante cuando no había Coordinadora Médica (Audio 2 min. 8:20 a 41:33 fl. 242). Encontró confesión en la contestación de la demanda, cuando aceptó que los servicios desde el 1º de julio de 2014 al 28 de febrero de 2017, con fundamento en la suscripción de un contrato de prestación de servicios. Razona que, de «haberse estimado correctamente» el certificado de existencia y representación legal de la

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Radicación n.° 95139 accionada, habría constatado que el objeto de sus actividades es la prestación de servicios de salud, por tanto, las funciones para las que fue contratada, hacían parte del giro ordinario de sus negocios comerciales. En lo relativo a los comprobantes de egreso, precisa que de haberse valorado tendría acreditado «el pago de la prestación del servicio» entre julio de 2014 y febrero de 2017. Aduce que los desatinos apreciativos alegados, condujeron al ad quem a aplicar de manera indebida el artículo 24 del CST, en tanto no le dio el alcance que correspondía a la presunción de subordinación que regula y, que la valoración acertada de las pruebas permitía colegir que prestó servicios personales en favor de la clínica, en las instalaciones y bajo las órdenes de ella y con los elementos que le suministró. Explica que, la controversia se suscita, entre una médica y una entidad de salud, ambos regidos por la Ley 100 de 1993, y demás normas concordantes. Reproduce apartes

de la sentencia CSJ SL13020-2017 e indica que esta Sala identificó algunos indicios en punto en la recomendación n.° 198 de la OIT, útiles para descifrar un vínculo de trabajo, entre otros, la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona, exclusividad, disponibilidad del empleado, la concesión de vacaciones, aplicación de sanciones disciplinarias, continuidad en el trabajo, el cumplimiento de un horario laboral, realizar actividades en lugares definidos por el beneficiario del servicio, el

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Radicación n.° 95139 suministro de herramientas y materiales (CSL SL 24 ag. 2010, rad. 34393, CSJ SL2555-2015, CSJ SL6621-2017,

CSJ SL2585-2019, CSJ SL4479-2020, CSJ SL5042-2020,

CSJ SL460-2021, CSJ SL981-2019, CSJ SL4344-2020 y CSJ

SL981-2019). Afirma que, un trabajador que no tiene un negocio jurídico o recursos propios para ejecutar labores a favor de un tercero, carece de autonomía, en tanto «no se trata de una persona que desarrolla libremente y entrega un trabajo para un negocio, sino que su fuerza de trabajo hace parte del engranaje de un negocio conformado por otro». Refiere que no gozaba de independencia en la ejecución sus labores, pues el contrato de prestación de servicios deja entrever que las labores como médica general y la disposición de las áreas en las que debían realizarse, fueron definidas por la demandada, en ejercicio del ius variandi, entre julio de 2014 y febrero de 2017.

Asegura que, la existencia de dos modalidades de contratación lejos de infirmar subordinación, demuestra la ejecución de las mismas y el ad quem debió recabar que la multiplicidad de relaciones surgidas entre las partes por las «determinaciones de la clínica demandada y no en la decisión de mi mandante, lo que determina el ejercicio de las facultades de poder propias de la subordinación, lo que no acató el Tribunal». Y precisó: Nótese que, no se entiende las razones para no haber aplicado las conclusiones mencionas a la labor ejecutada por medio de contrato de prestación de servicios, es decir, no se valoró que en

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Radicación n.° 95139 ese periodo no había médicos contratados de manera directa para prestar el servicio de salud cargo de esa empresa como su actividad económica principal, como se confesó por el representante legal de la parte accionada; además que era esa empresa la que fija las áreas misionales en las que se debía prestar el servicios, inferencia que se deducen de los elementos de prueba mencionados, como el contrato de prestación y las cuentas de cobro de las cuales se infiere, que desde el inicio del pacto de prestación se acordó que no había lugar fijo de prestación y de las cuentas de cobro se infiere que en verdad la accionante rotaba por todo los servicios. Mas aún de cara al contrato de prestación de servido, como arriba se indicó, el mismo da cuenta de las características de la relación subordinación a la que fue sometida la demandante. En efecto, dentro de las consideraciones generales del contrato tenemos que las labores contratadas como Médico General de la

demandante sería determinadas por el contratante, escapa a cualquier grado de autonomía e independencia con el que pudo haber contado mi mandante y de nota, desde la suscripción del contrato de trabajo el ejercicio del ius variandi, pues el supuesto contratante, como cualquier empleador, se abroga la facultad de disponer las áreas de prestación del servicio, lo que es alejado de la ejecución de contrato de prestación de servicios. Entonces si para el Tribunal la prestación mediante contrato civil se confundió con la pactada de manera laboral, es claro que tuvo que haber concluido el uso fraudulento del primero, y no la exclusión de laboralidad de este. Reiteró lo expuesto en la acusación anterior y razona que las declaraciones de Víctor Hernán Cuero Rosero, Claudia Patricia Olave y Alma Oliva García acreditan el desarrollo de sus funciones, en consultorios y medios de propiedad de la accionada, de forma dependiente a las instrucciones y ordenes que le impartirán los directivos de la clínica y los coordinadores médicos. Añadió que de los testigos se infería que los cambios de turnos requerían de la audiencia de las directivas de la clínica, «todo lo cual denota la subordinación propia de los contratos laborales».

VIII. RÉPLICA

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Radicación n.° 95139 Acerca del primer cargo, la clínica opositora advierte errores insuperables de técnica cuando: i) confunde las submodalidades de interpretación errón