CSJ - SL1872-2024

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1872-2024 Radicación n.° 98416 Acta 21 Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS JUNIOR PÉREZ RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022), en el proceso ordinario que instauró contra la COOPERATIVA

NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA. -COPENAL-,

CENCOSUD COLOMBIA S. A., SEGUROS DE RIESGOS

LABORALES SURAMERICANA S. A. -ARL SURAy la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. -PROTECCIÓN S. A.-.

Se reconoce personería al abogado Juan Francisco Hernández Roa, como apoderado sustituto de Protección S. A., en los términos y para los efectos de la sustitución

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Radicación n.° 98416 otorgada, adosada en el cuaderno digital de la Corte f.° 1, archivo: «Recursos Extraordinarios_Cuaderno Corte_Contestacin de demanda_2023023521805».

I. ANTECEDENTES Carlos Junior Pérez Rodríguez llamó a juicio a la

Cooperativa Nacional de Trasportadores Ltda. – Copenal, Cencosud Colombia S. A., Seguros de Riesgos Laborales

Suramericana S. A. -Arl Suray a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. - Protección S. A. con el fin de que se declarara que existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 1º de octubre de 2016 y el 10 de mayo de 2017, fecha en que fue finalizado unilateralmente por las empleadoras en razón de su condición de limitado físico y sin contar con autorización del entonces Ministerio de la Protección Social, presentándose ineficaz su desvinculación; siendo reintegrado el 4 de julio de 2017, con orden por parte de Copenal de recibir salario sin prestación del servicio hasta la fecha de presentación de la demanda que dio origen al presente proceso. En consecuencia, se condenara a reconocer y pagar la indemnización por despido del trabajador a causa de su limitación física; cesantías; indemnización por falta de consignación de cesantías; intereses a las cesantías; primas; vacaciones por todo el tiempo laborado; auxilio de transporte; perjuicios materiales e inmateriales causados como consecuencia del accidente de trabajo acaecido el 7 de

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Radicación n.° 98416 febrero de 2017; lucro cesante consolidado; lucro cesante futuro; daño moral y a la vida en relación. Y, por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., se reconociera y pagara la pensión a que hubiere lugar. Mientras que, ARL SURA debería hacer lo mismo en caso de origen profesional, con la advertencia de que, en caso de ser su calificación

inferior al 50 % de PCL, se le concediera la indemnización por incapacidad permanente parcial. Fundamentó sus peticiones, en que convino con Copenal Ltda. el inicio de la prestación de sus servicios personales desde el extremo temporal indicado; que se desempeñó como mensajero domiciliario, devengando un salario de $1.300.000 mensuales; que realizaba sus labores al servicio de Jumbo Santa Marta de propiedad de Cencosud Colombia S. A., la cual ofrece mercados a domicilio bajo la denominación Domicilios Jumbo, los cuales transportaba en motocicleta, con destino a los clientes de Cencosud Colombia S. A. Afirmó, que las órdenes en términos de modo, tiempo y lugar eran impartidas por el personal de Cencosud Colombia S. A.; que su jefe inmediato era Patsy Elena Jaramillo, quien se desempeñaba como coordinadora de domicilios Jumbo y laboraba al servicio de dicha empresa; que se le exigía usar el uniforme de trabajo de Jumbo – Cencosud y que los elementos de labor como datáfono,

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Radicación n.° 98416 celular y cajas de domicilios, eran proporcionados por la misma. Adujo que sufrió un accidente de trabajo el 7 de febrero de 2017, siendo las 4:30 p. m., mientras se dirigía a realizar una entrega de mercado; que conducía su motocicleta y colisionó con un automóvil, recibiendo un fuerte impacto en la pierna izquierda y otras partes del cuerpo; que fue trasladado a la Clínica Bahía Nueva con

multitraumatismo en codo, muslo, pierna, tobillo y pie izquierdo; que el diagnóstico de egreso fue reducción abierta y fijación interna de peroné, ligamentorafia de ligamento peroneoastragalino anterior, fractura de peroné y herida del muslo; que se le medicó un plan que incluyó analgesia, antibiótico, terapia, medias anti edema, vigilancia neurovascular distal, marcha sin apoyo con muletas y csvac; y, que el tratamiento médico no había incluido interconsultas por fisiatría y psiquiatría. Expresó que su accidente de trabajo no fue reportado por ninguna de las demandadas a la ARL; que, vencidas las incapacidades, se presentó a trabajar el 10 mayo de 2017 a las empresas Cencosud Colombia S. A. y Copenal, donde le informaron que ya no tenía vínculo alguno; que acudió en varias ocasiones al Ministerio de Trabajo con el propósito de obtener su reintegro, prestaciones e indemnizaciones y demás derechos laborales; que el 30 junio de 2017 Copenal le comunicó su reintegro y fue citado a laborar nuevamente a partir del 4 de julio de 2017, sin embargo, dada su limitación física, la empresa dispuso pagarle salario sin

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Radicación n.° 98416 prestación del servicio y le han seguido concediendo incapacidades para trabajar por su limitación física producto del accidente que sufrió. Indicó que Copenal le efectuaba los descuentos por aportes al sistema de seguridad social integral, pero al momento de afiliarlo al subsistema de riesgos laborales, lo

hizo a través de la sociedad Anfield SAS con la cual no tuvo vínculo alguno, la que tenía como objeto la instalación de vidrios y ventanas, por lo que, su inscripción a la ARL no se realizó con relación a su actividad de mensajero; que Cencosud Colombia no realizó ninguna gestión para verificar la cobertura de su actividad; que no fue capacitado por ninguna de las demandadas en lo concerniente a la minimización de riesgos en el trabajo; que no ha contado con un tratamiento adecuado para la atención de su enfermedad y el haber sido despedido y luego reintegrado pero sin poder laborar por disposición de los empleadores, ha hecho que se sienta una persona inútil, ha descuidado su aspecto personal, por lo que requiere ser asistido por un tercero; que, igualmente, necesita permanentemente de aparatos para poder caminar; ha sufrido trastornos psicológicos por sentirse inferior a los demás dada su limitación física; que sus actividades como trotar, marchar, caminar, bailar y jugar fútbol se han visto restringidas, llevándolo al sedentarismo y depresión. Señaló que no le eran reconocidas ni pagadas cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio, vacaciones, auxilio de transporte durante todo el tiempo

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Radicación n.° 98416 laborado, ni le eran efectuadas cotizaciones al sistema de pensiones, tampoco le fue reconocida ni pagada indemnización por terminación unilateral del contrato, debido a su limitación física y sin autorización del Ministerio de la Protección Social. En la misma línea, que la

ARL SURA le ha negado el tratamiento médico por considerar que no se trató de un accidente de trabajo (f.° 3 a 15 del cuaderno digital Primera Instancia_Cuaderno Principal 1 Parte 1_Cuaderno_2023023044523). La Cooperativa Nacional de Transportadores Ltda. - Copenal, se opuso a todas las pretensiones, señalando que nunca existió un contrato de trabajo, que siempre fue de prestación de servicios comercial y por tal razón no pudo existir un despido; que no está obligada a pagar ningún derecho, pues ello se produce única y exclusivamente cuando existe una relación laboral. En su defensa propuso las excepciones de mérito de, inexistencia del contrato de trabajo; cobro de lo no debido; enriquecimiento sin causa; ausencia de buena fe en el demandante, buena fe de la demandada, prescripción, cosa juzgada (f.° 287 a 301 del cuaderno digital Primera Instancia_Cuaderno Principal 1 Parte 1_Cuaderno_2023023044523). Cencosud Colombia S. A, se negó a lo solicitado, manifestando que entre su empresa y Copenal hubo un contrato de prestación de servicios, donde la segunda se comprometía a la vinculación de unas personas, con base

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Radicación n.° 98416 en los requisitos consignados; que la prestación de servicios nunca podría compararse con una de trabajo, porque sus elementos esenciales distan de la realidad de las partes, además señaló que dentro del proceso el demandante nunca probó su condición de discapacidad. Excepcionó la inexistencia de la obligación; cobro de lo

no debido y pago por parte de Carlos Junior Pérez; prescripción y la innominada (f.° 313 a 336 del cuaderno digital Primera Instancia_Cuaderno Principal 1 Parte 1_Cuaderno_2023023044523). Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S. A. - ARL SURA -, también se opuso a todas las pretensiones, señalando que no hizo parte de la supuesta relación laboral alegada, por tanto, no estaba llamada a hacer reconocimiento alguno de acreencias laborales, máxime si se tiene en cuenta que la afiliación del demandante con ella fue como independiente a través de varios contratantes, sin que dentro de ellos figuren las demandadas. Además, el accidente de que fue víctima se estructuró como un evento de tránsito de origen común que nunca fue reportado de forma laboral ni por el contratante de éste, incluso ni por el mismo trabajador, por lo que dicho siniestro escapa de la órbita de conocimiento y obligación. Propuso como excepciones de fondo, la inexistencia de culpa patronal; falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S. A.; inexistencia de la obligación de cara a

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Radicación n.° 98416 la ARL; buena fe; compensación; y, la genérica (f.° 222 a 258, ibídem). La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. expresó que era un tercero absoluto, aclarando que, en caso de la prosperidad de las pretensiones, será el que resulte declarado como el empleador, el obligado a resarcir de perjuicios y que si se

probare la existencia de un riesgo laboral acaecido al actor, será la ARL quien debe responder por las prestaciones económicas que se deriven de tal suceso, si para el momento del siniestro se tenía cobertura en riesgos laborales, además que el actor no ha sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50 % o más de origen común que le dé derecho a pensión de invalidez por cuenta de esta AFP. Propuso las excepciones de mérito de buena fe y prescripción (f.° 455 a 463, ibídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, por sentencia del 18 de febrero de 2021 (f.° 179 a 183 acta y audio del cuaderno digital Primera

Instancia_Cuaderno Principal 1 Parte 2_Cuaderno_2023023249008), decidió: PRIMERO: DECLARAR la existencia del contrato de trabajo a término indefinido de manera verbal entre CARLOS JUNIOR

PÉREZ RODRÍGUEZ y la COOPERATIVA NACIONAL DE

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Radicación n.° 98416 TRANSPORTADORES LTDA. COPENAL LTDA, desde el 01 de octubre de 2016 hasta el 28 de marzo de 2019, durante toda la relación laboral se determina que el salario devengado por el trabajador fue la suma de $1.300.000 mensuales, que en vigencia del contrato de trabajo el demandante sufrió accidente de trabajo el día 07 de febrero de 2017 de conformidad con lo dicho en precedencia en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR que entre las demandadas

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDACOPENAL LTDA. y CENCOSUD COLOMBIA S. A., existe solidaridad sobre las condenas impuestas respecto de los periodos del 01 de octubre de 2016 hasta el 04 de julio de 2017. De conformidad a lo expresado en las motivaciones de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR en forma solidaria a la COOPERATIVA

NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA. COPENAL LTDA. Y

CENCOSUD COLOMBIA S.A a pagar a CARLOS JUNIOR PÉREZ RODRÍGUEZ por los siguientes conceptos: A) Por auxilio de transportes en el período ya indicado, $743.025,33 B) Por cesantías desde el 01 DE OCTUBRE DE 2016 HASTA EL 04 DE JULIO DE 2017 $ 1.051.363 C) Por interés de cesantías en el mismo período $ 126.163,59 D) Por concepto de indemnización por no pago de los intereses de cesantías en el mismo período $126.163,59. E) Por Prima de servicio en el mismo período $ 1.051.363,22 F) Por Vacaciones en el mismo período $494.722,22. G) Por la indemnización contemplada en el artículo 99 de Ley 50 de 1990 desde el 01 DE OCTUBRE DE 2016 HASTA EL 04 DE JULIO DE 2017 la suma de $ 6.023.333,33 H) CONDENAR a la demanda COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA. y solidariamente a CENCOSUD COLOMBIA S. A. y a favor de CARLOS JUNIOR PÉREZ RODRÍGUEZ a pagar la indemnización por incapacidad

permanente parcial por accidente de trabajo en la suma de $8.450.000 de acuerdo a lo dicho en precedencia en esta decisión. G) (sic) CONDENAR a la demanda COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA.- COPENAL LTDA. al pago del cálculo actuarial al fondo de pensiones y a la EPS en la que se encuentre afiliado el demandante o que este elija por el tiempo de vigencia del contrato, teniendo como salario base de cotización la suma de $1.300.000. Conforme a las motivaciones de esta decisión.

CUARTO: CONDENAR exclusivamente a la COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA. a pagar en favor del demandante CARLOS JUNIOR PÉREZ RODRÍGUEZ, por los

siguientes conceptos:

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Radicación n.° 98416 A) por cesantías desde el 05 DE JULIO DE 2017 HASTA EL 28 DE MARZO DE 2019 la suma de $ 2.145.000 B) por interés de cesantías en el mismo período $257.400 C) por indemnización por no pago de los intereses de cesantías por el mismo período $257.400 D) por Prima de servicio en el mismo período $2.145.000 E) por Vacaciones por el mismo período las suma de $1.072.500 F) Por la indemnización contemplada en el artículo 99 de ley 50 de 1990 desde el 05 DE JULIO DE 2017 AL EL 28 DE MARZO DE 2019 $27.040.000

QUINTO: CONDENAR a la COOPERATIVA NACIONAL DE

TRANSPORTADORES LTDA. y CENCOSUD COLOMBIA S.A. en

forma solidaria a indexar la suma objeto de condena en el momento en que proceda a realizar el real y efectivo pago de todas esas prestaciones sociales, vacaciones, auxilio de transporte y la Indemnización por Incapacidad Permanente Parcial tomando en cuenta para tal efecto, la fórmula que se anexara al acta de esta audiencia y con base al IPC certificado por el DANE, entre la fecha de causación y el momento del pago.

SEXTO: ABSOLVER a las demandadas SEGUROS DE RIESGOS

LABORALES SURAMERICANA S.A Y LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A, de todos y cada uno de los pedimentos de la demanda.

SÉPTIMO: ABSOLVER COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA. COPENAL, CENCOSUD COLOMBIA S.A, de los restantes pedimentos elevados en la demanda de CARLOS JUNIOR PÉREZ RODRÍGUEZ de conformidad a lo dicho en precedencia en esta sentencia.

SÉPTIMO (sic): DECLARAR NO PROBADAS excepciones de mérito propuestas por las demandadas COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA. COPENAL LTDA., CENCOSUD COLOMBIA S.A, de acuerdo a las motivaciones de esta sentencia.

OCTAVO: IMPONER costas a cargo de las demandadas COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA.- COPENAL LTDA. y CENCOSUD COLOMBIA S.A, en un 50% de las causadas fijándose como agencias en derecho a favor de la parte demandante la suma de $5.000.000.”

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, de Cencosud y

Copenal, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

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Radicación n.° 98416 Judicial de Santa Marta, mediante fallo del 30 de noviembre de 2022 (f.° 105 a 157 del cuaderno digital Segunda Instancia_Cuaderno Apelación Sentencia_Cuaderno_2023023325761), confirmó la del a quo. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que los problemas jurídicos a resolver se centrarían en: Establecer si la vinculación entre el demandante y CENCOSUD se dio en el marco de una relación laboral, y si COPENAL se erige como una simple intermediaria. Dilucidar si existió un despido injusto y un reintegro por parte COPENAL y si debe pagarse indemnización a favor del demandante. Analizar si el dictamen de pérdida de capacidad laboral tiene validez probatoria. Explicó que la alzada del demandante se dirigió a reprochar que Cencosud S. A. fuera declarado como responsable solidario cuando en realidad lo pretendido fue que aquél se le condenara como empleador directo que se valió de la empresa de transporte Copenal, que actuó como empresa de servicios temporales al remitirle personal en misión para el desarrollo de labores propias del objeto social. Revisó con esa orientación las pretensiones de la demanda, las cuales transcribió, para decir que, el accionante peticionó que ambas empresas fueron sus empleadoras directas. Sin embargo, analizó que las

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Radicación n.° 98416 conclusiones en primera instancia fueron falladas en ejercicio de las facultades extra petita que acuden al a quo, para lo cual adujo: Analizadas las pretensiones de la demanda impetrada por el señor CARLOS JUNIOR PÉREZ RODRÍGUEZ es claro que pide la declaración del contrato de trabajo entre el actor como trabajador y las empresas CENCOSUD COLOMBIA S.A., y la

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA.

(COPENAL), como empleadores directos; más no se está solicitado la declaratoria de un contrato de trabajo realidad entre CENCOSUD COLOMBIA S.A., y como consecuencia de ello la responsabilidad solidaria de la COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA., al actuar como empleador aparente, al haber enviado al actor como trabajador en misión. Frente a lo anterior, el juez de primera instancia, fallando extrapetita, encontró demostrado el contrato de trabajo, teniendo como contratista independiente y empleador directo a dicha cooperativa; y declaró responsable solidario a CENCOSUD en calidad de beneficiaria del servicio, Efectivamente, al respecto básicamente manifestó que las labores desempeñadas por el demandante no eran ajenas al objeto social de CENCOSUD y que esta se beneficiaba de las labores realizadas por el demandante, ya que éste realizaba las funciones de entrega, de distribución precisamente de todos esos elementos los cuales son proveídos por JUMBO y es por lo que encuentra acreditada la solidaridad entre CENCOSUD y COPENAL. Valoró que acceder a la inconformidad del demandante

con relación a que Cencosud se declarara como empleador y Copenal como responsable solidario por enviarlo a prestar sus servicios en misión a la primera, implicaría revocar lo decidido en extra petita por el juez inicial y fallar en segunda instancia en uso de las mismas facultades, lo que no le está permitido. Citó la sentencia de esta Sala CSJ SL2726-2022 para señalar que las facultades ultra y extra petita son exclusivas de los jueces de única y primera instancia, y que la segunda

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Radicación n.° 98416 instancia no puede hacer uso de ellas al no estar contempladas dentro de sus funciones legales, salvo cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, siempre y cuando hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados. Despachando desfavorablemente el tema. Señaló que la inconformidad del promotor del proceso frente al límite de la responsabilidad solidaria impuesta a Cencosud consistió en que el contrato se siguió desarrollando hasta la fecha de terminación, que no hubo ruptura de la solidaridad, ya que la ejecución del contrato no terminó el 4 de julio de 2017, sino que por el contrario hubo reinstalación de las condiciones de trabajo y, por lo tanto, siguió la mentada solidaridad. Empero, discernió que, según el certificado de labores expedido por Copenal, era indiscutido que el extremo inicial de la relación de trabajo fue el 1º de octubre de 2016 y, que, en lo concerniente al extremo final, se tenía que conforme a los hechos 37, 38 y 39 del escrito de demanda, el actor

afirmó que una vez vencidas las incapacidades, se presentó a trabajar el 10 de mayo de 2017 a las empresas Cencosud y Copenal, y ese día le fue informado que ya no tenía vínculo con ninguna. Adicionando que, de la Comunicación del 30 de junio del 2017 (f.° 151 documento 1), dirigida por Copenal al accionante se podía extractar que la gerencia de la empresa le expresó que «después de analizar y valorar su situación

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Radicación n.° 98416 laboral con esta empresa, ha tomado la decisión de reintegrarlo al cargo que ocupaba al momento de la terminación de su contrato de trabajo, cubriéndole todos los salarios causados entre la fecha de su desvinculación y la de su reintegro. Por tal razón usted debe presentarse a laborar nuevamente en su horario habitual a partir del día 4 de julio del presente año». Y que, seguidamente, el actor manifestó que acudió a reintegrarse, sin embargo, teniendo en cuenta su limitación física, Copenal dispuso pagarle salario sin prestación del servicio. Circunstancia que se extendió hasta el 28 de marzo de 2019, fecha en que había finiquitado su relación con aquella, según confesó. Conjeturó frente a lo previo, que no existía duda de que el demandante fue reintegrado al cargo que ocupaba en Copenal, no obstante, no existía prueba de que hubiere seguido prestando sus servicios como mensajero a Cencosud, entre otras cosas, porque Copenal dispuso el pago de salarios sin prestación de servicios y, por lo mismo, no le asistía razón al demandante cuando afirmó que la

solidaridad se debió extender hasta cuando terminó el contrato con Copenal. Relató que, en la alzada, frente a la indemnización tarifada, el accionante reclamó que el a quo consideró que a la pérdida de capacidad laboral del 14.17 % le era aplicable el importe consagrado en el Decreto Ley 2644 de 1994, a suma de 6.5 salarios base de cotización, sin embargo, ese monto aplicaba solo hasta el 14 % por lo que al 0.17 %

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Radicación n.° 98416 debía hacérsele una regla de 3 simple para determinar el equivalente. A lo que respondió que, mediante el Decreto 2644 de 1994 fue expedida la Tabla Única para las Indemnizaciones de Pérdida de Capacidad Laboral entre el 5 % y el 49.99 % y las prestaciones económicas correspondientes, con la aclaración que los porcentajes de disminución estaban expresados en números enteros y no en fracciones. Por lo cual, la liquidación en primera instancia era correcta, no siendo procedente la inclusión reclamada. Sostuvo en lo que compete con la apelación de Copenal, que aquella estaba orientada a desvirtuar la existencia de los elementos estructurales de la relación de trabajo, además de contender que entre las partes existió fue un contrato de transporte enmarcado en una relación comercial y que, Copenal no tenía sedes en Santa Marta por lo que era imposible pensar que se le podía infundir subordinación al demandante. Memoró la sentencia de esta Sala CSJ SL, 8 mar. 2017, rad, 45344 para decir que resulta claro que al

trabajador le basta con probar la prestación o la actividad personal para que se presuma el contrato de trabajo y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el trabajador. Prestación de servicios que procesalmente quedó acreditada con la Certificación de labores expedida por el

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Radicación n.° 98416 jefe de talento humano de Copenal el 28 de diciembre de 2017, en la que se hizo constar que Carlos Junior Pérez Rodríguez sirvió a la empresa como mensajero domiciliario de las tiendas Jumbo-Santa Marta desde el 1º de octubre de 2016, y que su contrato fue de prestación de servicios de transporte independiente (f.° 142 doc.1). Ponderó los extremos temporales con Copenal desde el 1º de octubre de 2016 y por lo menos hasta el 28 de diciembre de 2017, lo que valoró en forma conjunta con el interrogatorio de parte del demandante, el de los representantes legales de la demandada y, los testimonios de Kilfer Cano Rebolledo, Moisés Ibáñez Barraza y Edwin de Jesús Lugo Quiroz. Anotó que el actor Carlos Junior Pérez Rodríguez manifestó en el interrogatorio que la entrega de los domicilios era direccionada por Patsy Jaramillo quien se encontraba dentro de la tienda de Jumbo; que descansaba dos días de cada quincena; que su horario era de 8 am a 8 pm; que en los momentos en que no había entregas debía permanecer en el almacén; que sufrió un accidente el 7 de

febrero de 2017 mientras al conducir su motocicleta fue atropellado por un vehículo particular, fracturándose el peroné; que fue objeto de incapacidades durante 6 meses; que las mismas fueron puestas en conocimiento de Copenal inicialmente hasta mayo de 2017; que era propietario de la moto en que se accidentó pero no contaba con licencia de conducción; que la pertenencia de la moto, su mantenimiento y pago del combustible era requisito para

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Radicación n.° 98416 poder laborar; que no podía designar una persona de reemplazo para el desempeño de la actividad; que la persona responsable del accidente por conciliación le había reconocido los perjuicios generados; que se vinculó a Copenal por una llamada de un supervisor de nombre Luis que, a su vez, lo contactó con Kilfer Cano empleado de Jumbo en Santa Marta; que no conoció las instalaciones de Copenal; que Luis era supervisor logístico de personal de la empresa de transporte; que lo afiliaron a riesgos laborales a través de una empresa llamada Anfield. Así mismo, que nunca suscribió contrato con Cencosud; que los domicilios eran pagados por Copenal; que nunca radicó solicitud de vacaciones a Cencosud; que recibía pagos de nómina cada 15 días; que el soporte de las incapacidades inicialmente se las enviaba a Patsy Jaramillo y, luego, a Copenal; que se afilió a SURA por Copenal, que inicialmente ellos le enviaron un documento de afiliación que decía Copenal y después del accidente le mandaron un

carnet que decía empresas ANFIELD y que no conoce esa empresa, que él le hizo un requerimiento a Copenal de por qué aparecía con esa empresa si no tenía nada que ver con ella y le dijeron que era la encargada de afiliar. Apuntó que el representante legal de Copenal, Ernesto González Corredor, expresó en el interrogatorio de parte que desempeñaba el cargo hacía 5 años; que no conocía al accionante; que no existió contrato de suministro de personal con Cencosud; que tampoco existía contrato de transporte con el demandante porque aquél se negó a

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Radicación n.° 98416 firmarlo, por lo cual, tampoco le realizó descuentos; que el trabajador no fue despedido ni reintegrado; que cuando se reinstaló se le volvió a contratar para el servicio de transporte; que la misiva informando el reintegro no fue firmada por el gerente sino por el subgerente, persona desentendida de la situación del demandante; que lo cierto es que lo que se quiso mostrar fue la voluntad de restablecer el contrato; que según la cláusula 12 del contrato Cencosud tenía la responsabilidad de asumir la seguridad industrial; que la vinculación del actor fue como independiente y pactó en forma verbal; que el contrato de transporte estaba regulado por la legislación comercial; que como empresa, no podían verificar los pagos de los aportes porque el involucrado siempre se negó a cumplir las directrices del contrato antes dicho; y, que no efectuó ninguna de aquél ante la ARL. Explicó que el representante legal de Cencosud dijo que pactó con Copenal un contrato de prestación de

servicios con la finalidad entregar los domicilios que les solicitaban los clientes a sus tiendas por medio telefónico; que Carlos Junior Pérez Rodríguez laboraba estando al interior de la tienda Jumbo-Santa Marta y tan pronto un cliente llamaba y solicitaba algún producto, de acuerdo a la distribución, porque no era el único que estaba en la tienda, hacía el reparto; que el trabajador contaba con su propio vehículo para la entrega de los productos, que como empresa constataba que la persona destinada al desarrollo de las labores fuere efectivamente designada por Copenal; que esta informaba de las personas autorizadas para el

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Radicación n.° 98416 despacho de los productos a través de comunicaciones escritas dirigidas al gerente de los distintos establecimientos de comercio; que el demandante nunca tuvo vínculo laboral con ellos; que Patsy Jaramillo era su trabajadora y no daba órdenes a Pérez Rodríguez, sino que, por el principio de la subordinación delegada era la encargada de designarle ciertas funciones que él debía cumplir de acuerdo a lo consignado en el contrato de prestación de servicios; que la recuperación del datáfono se hacía después que se presentaba un siniestro de tránsito en la entrega de un domicilio; que los pagos se realizaban mediante la emisión de facturas por parte de Copenal una vez verificaba el número de domicilios ejecutados; y que, por políticas de Cencosud ninguna persona estaba autorizada a desarrollar labores al interior de su establecimiento si no se cumplían con los estándares. Acotó que el testigo Kilfer Cano informó que laboraba para Jumbo como cajero desde el 7 de noviembre de 2012;

que no estaba en turno el día del accidente del demandante; que ello sucedió mientras el accionante hacía la entrega de un domicilio; que cuando lo llamaron indicó que se comunicaran con Patsy Jaramillo quien estaba laborando en ese momento, ella se acercó al lugar de la ocurrencia del suceso a buscar los elementos de Jumbo que el actor portaba; aceptó, Cano, ser la persona que recomendó al trabajador, además de ser cuñados; que Patsy Jaramillo era la encargada de tomarle los documentos a los domiciliarios y mandarlos a Bogotá a Copenal; que junto a Jaramillo eran los jefes inmediatos del demandante, le entregaban

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Radicación n.° 98416 uniformes con publicidad de Jumbo, la caja de transporte de los productos, el datáfono y de