CSJ - SL1885-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1885-2023 Radicación n.° 93049 Acta 28 Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisión Civil – FamiliaLaboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 11 de octubre de 2021, dentro del proceso que instauró en su contra JUAN CARLOS GÓMEZ ÚRSULA y en el que también demandó a la empresa ACCIONES ELÉCTRICAS DE LA COSTA S.A., vinculando a su vez como llamada en garantía a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE

COLOMBIA S.A.

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Radicación n.° 93049

I. ANTECEDENTES Juan Carlos Gómez Úrsula demandó a la empresa

Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y a Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación (en adelante Electricaribe S.A.), para que se declarara la existencia de una relación laboral con la primera desde el 4 de agosto de 2008 hasta el 31 de agosto de 2011. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara al pago de los salarios dejados de percibir entre abril y julio de 2011; las prestaciones sociales, las vacaciones y el auxilio de transporte. Finalmente, requirió que se declarara solidariamente responsable a Electricaribe S.A. de dicho reconocimiento, así

como del pago de las sanciones moratorias previstas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que empezó a trabajar al servicio de Acciones Eléctricas de la Costa S.A. el 4 de agosto de 2008, en el cargo de «Técnico en P.Q.R. (Peticiones, quejas y reclamos)», devengando como último salario la suma de $980.000 y que el empleador

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Radicación n.° 93049 finalizó de manera unilateral y sin justa causa la relación laboral. Señaló que, entre Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y Electricaribe S.A. existió un vínculo comercial en el que la primera, en calidad de contratista independiente, se obligaba con la segunda «[…] para la operación de un centro de servicio de desarrollo, poda, mantenimiento de la red y la medida y otros servicios en el sector Cesar 3 de Electricaribe». Argumentó que, en virtud de lo anterior, ambas sociedades eran solidariamente responsables por las acreencias laborales que se le adeudaban. Al contestar la demanda, Acciones Eléctricas de la Costa S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó todos excepto los relacionados con una posible omisión en los pagos derivados de la existencia de la relación laboral. En su defensa, propuso las excepciones de pago y buena fe. Electricaribe S.A. también se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos, expuso que ninguno

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Radicación n.° 93049 concerniente a la existencia de una relación laboral le constaba y admitió el atinente al vínculo comercial que tenía con Acciones Eléctricas de la Costa S.A. En todo caso, precisó que era el contratista el que debía asumir cualquier tipo de pago, puesto que dentro de las cláusulas del contrato se acordó que dicha sociedad utilizaría a sus trabajadores y que respondería por cualquier controversia que surgiera con ellos. Por último, dijo que debía analizarse su buena fe y que, al encontrarse probada, procedía su exoneración en el pago de cualquier sanción moratoria, y explicó que dichas condenas no procedían de manera automática. En su defensa, propuso las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, prescripción y «Inexistencia de la solidaridad pretendía». Mediante auto del 7 de mayo de 2014, el juzgado de conocimiento vinculó al proceso a Mapfre Seguros de Generales de Colombia S.A. (en adelante Mapfre S.A.). Esta última se opuso a las peticiones y dijo que no le constaba ningún hecho. Puso de presente que el demandante

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Radicación n.° 93049 incumplió con el deber de probar la presunta solidaridad entre Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y Electricaribe S.A. Relacionó como excepciones las de inexistencia de la obligación, buena fe y prescripción. En punto al llamamiento en garantía, aseguró que era cierto que suscribió un contrato de seguro con Acciones

Eléctricas de la Costas S.A., pero que la póliza no cubría las prestaciones solicitadas dentro del proceso. Por último, manifestó que hubo un agotamiento del valor asegurado dentro del póliza, con ocasión del pago de acreencias laborales a otros trabajadores de dicha empresa. En ese sentido, no tenía cobertura para responder por las eventuales condenas que surgieran de este litigio. Como excepciones, presentó las denominadas «Ausencia de cobertura del seguro por agotamiento del valor asegurado para el amparo de pago de salarios y prestaciones de la Póliza de Cumplimiento N.º 1001308000575», «Inexistencia de la obligación de pagar o reembolsar al llamante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., los supuestos perjuicios reclamados en la demanda», terminación del contrato de seguro, reducción del pago o reembolso y «Prescripción,

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Radicación n.° 93049 caducidad, nulidad relativa del contrato de seguro celebrado y compensación».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar mediante la sentencia del 27 de marzo de 2015, resolvió: PRIMERO: Se declara que entre el señor JUAN CARLOS GÓMEZ ÚRSULA, como trabajador, y ACCIONES ELÉCTRICAS DE LA COSTA S.A., como empleador, existió un contrato de trabajo por el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2008 hasta el 31 de agosto de 2011.

SEGUNDO: Condenar a la empresa ACCIONES ELÉCTRICAS

DE LA COSTA S.A. y solidariamente a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. “ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.”, y a la llamada en garantía MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. a pagar a favor del actor los siguientes valores por los conceptos que a continuación se indican: • Auxilio de cesantías: $3.112.908 • Intereses a las cesantías: $318.473 • Auxilio de transporte: $1.501.200 • Vacaciones: $2.776.533 • Salarios: $3.920.000 • Prima de servicios: $1.737.233

PARÁGRAFO: La llamada en garantía MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. como garante se declara responsable de las condenas impuestas contra la demandada

solidaria ELECTRICARIBE S.A.

TERCERO: Condenar a la empresa ACCIONES ELÉCTRICAS DE LA COSTA S.A. y solidariamente a la empresa

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. “ELECTRICARIBE

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Radicación n.° 93049 S.A. E.S.P.”, y a la llamada en garantía MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. a pagar a favor del actor la indemnización moratoria ordinaria por la suma de $32.666 diarios, desde el día 01 de septiembre de 2011 hasta por el término indicado en el artículo 65 del C.S.T., en su versión vigente en la fecha de terminación del contrato de trabajo.

CUARTO: Condenar a la empresa ACCIONES ELÉCTRICAS DE

LA COSTA S.A. y solidariamente a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. “ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.”, y a la llamada en garantía MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. a pagar a favor del actor la indemnización moratoria especial por la no consignación de cesantías en un fondo, la suma de $23.520.000.

QUINTO: Se absuelve a los demandados por las restantes pretensiones.

SEXTO: Se declara probada parcialmente la prescripción e improbadas las resueltas conforme a la parte motiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación presentados por Electricaribe S.A. y Mapfre S.A., la Sala de Decisión Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a través de la decisión del 11 de octubre de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR parcialmente los numerales SEGUNDO – PARÁGRAFO, TERCERO y CUARTO de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2015 por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, en el único sentido que absuelve a MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. y, en su lugar, declarar probada la excepción de “Ausencia de cobertura del seguro por agotamiento del valor asegurado para el amparo de pago de salarios y prestaciones de la Póliza de Cumplimiento N.º

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Radicación n.° 93049 1001308000575”, propuesta por la llamada en garantía Mapfre

Seguros Generales de Colombia S.A., razón por la cual se absuelve de las pretensiones del llamamiento en garantía.

SEGUNDO: CONFIRMAR todos los demás numerales.

Para fundamentar su decisión, afirmó que encontraba plenamente acreditada la existencia de una relación laboral entre el señor Gómez Úrsula y Acciones Eléctricas de la Costa S.A., con base en los documentos de folios 37 a 41 y 42 del primer cuaderno. Frente al recurso de apelación presentado por Electricaribe S.A., en el que se indicó que no había certeza de que aquel hubiera trabajado para Acciones Eléctricas de la Costa S.A. dada la incongruencia entre el número de cédula visible en el expediente y el contenido en la presentación de la demanda, el contrato de trabajo y el certificado laboral emitido, advirtió que solo se trataba de un error de transcripción y que, en ese sentido, la formalidad no podía prevalecer ni afectar el «Derecho sustancial». Concretamente, manifestó que en el poder otorgado por el demandante a su abogado existe el sello de presentación personal junto con su firma y número de cédula, el cual concuerda con el del contrato de trabajo y con el documento que fue presentado en la audiencia prevista en el artículo 80

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Radicación n.° 93049 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por tal motivo, dispuso que no había duda de que quien demandaba era la misma persona que había sostenido un vínculo laboral con la empresa. Sobre este aspecto, dijo que,

La Sala en esta ocasión procederá a realizar el respectivo análisis del número de identificación; es cierto lo que expresa el apoderado judicial, sin embargo, en el poder otorgado por el demandante visible a folio 13 se logra evidenciar en el sello de presentación personal la firma del demandante junto con el número de cédula, de igual forma, al momento de firmar el contrato de trabajo (Fls 40-41) corresponde al número de cédula que fue presentado durante la audiencia del artículo 80 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Por consiguiente, esta Colegiatura se basa en la primacía del derecho sustancial sobre las formalidades dado que lo que se sobreviene es un error de transcripción al momento de la copia del número de identificación del accionante en el cuerpo de la demanda, encabezamiento del contrato de trabajo y certificado laboral. En consecuencia, el reparo presentado en el recurso de apelación no saldrá avante. Por otra parte, en lo concerniente a la solidaridad de Electricaribe S.A., se refirió al alcance del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y afirmó que el tercero beneficiario era también responsable del pago de las acreencias laborales que adeudara el contratista independiente a sus trabajadores, siempre que se reunieran los siguientes requisitos:

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Radicación n.° 93049 (i) Exista un contrato de naturaleza no laboral entre el contratista y el beneficiario de la obra o prestación del servicio; (ii) exista un contrato de trabajo entre el contratista y sus colaboradores para beneficiar al contratante; (iii) que la obra y/o

el servicio contratado guarden relación con actividades normales de la empresa o negocio del beneficiario de la obra o servicio; en otras palabras, que la labor del contratista no sea extraña y ajena a la ejecutada normalmente por el contratante y cubra una necesidad propia del beneficiario; (iv) el contratista adeude las obligaciones de carácter laboral que tiene respecto de sus colaboradores. Con lo cual, explicó que, en el caso concreto, Acciones Eléctricas de la Costa S.A. ejercía la cobertura de una necesidad propia y directamente vinculada al objeto social de Electricaribe S.A., como lo es la comercialización de energía eléctrica. De igual manera, dijo que las labores desempeñadas por el demandante guardaban relación con la especialidad de ambas empresas y, finalmente mencionó que, en el presente litigio, fueron demandadas ambas sociedades, por lo que de conformidad con el precedente de esta Corporación (CSJ SL, 17 abril 2012, radicación 38255), debía declararse la solidaridad. Argumentó que esta no solo se predicaba de las acreencias laborales, sino también de las sanciones moratorias. Frente a este punto, aseguró que, […] la solidaridad declarada se extiende a la indemnización moratoria por la sencilla razón de que este concepto está prescrito en el artículo 34 del C.S.T. como una más de las

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Radicación n.° 93049 obligaciones a cargo del deudor principal, sin que pueda eximirse de ella al solidario por el hecho de haber obrado de buena fe, pues ésta solo se debe estudiar respecto al empleador y no frente

a terceros que responder en calidad de garantes, como es el caso de los beneficiarios de la obra y, así lo tiene sentado la SCL de la CSJ, al considerar que “es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario”, de ahí que deba precisarse de una vez, que la responsabilidad que sobre esta indemnización debe asumir, no lo es porque se le hayan extendido los efectos de la inasistencia de ACCIONES ELÉCTRICAS DE LA COSTA S.A. a la audiencia del artículo 77 del C.P.L. o por no contestar la demanda, pues estos eventos lo que hicieron fue imponer la obligación a la sociedad contratista, pero como su contratante ELECTRICARIBE es responsable solidaria, se itera, para que deba responder por el pago de la sanción o indemnización moratoria, prestaciones sociales y salarios. En lo atinente a la prescripción de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dispuso que no procedía comoquiera que no transcurrieron más de tres años desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta el momento en que se presentó la demanda inicial. Puntualmente, destacó que, El término de prescripción de los derechos laborales es de tres años. Así las cosas, el término de la sanción moratoria empieza a correr a partir del día siguiente de la terminación del contrato, es decir, el 1º de septiembre de 2011 y la demanda fue presentada en el año 2013, por lo que no hay cabida a la prescripción de la sanción moratoria como lo solicitó el apoderado judicial.

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Radicación n.° 93049 Acerca de la condena por concepto de auxilio de transporte, planteó que había lugar a ella en tanto era un elemento integral constitutivo de salario, motivo por el que el trabajador no debía acreditar nada al respecto y, en su lugar, era el empleador a quien le correspondía probar alguna de las causales de exoneración de dicho pago. Por último, respecto del cubrimiento de la póliza de seguros que adquirió Electricaribe S.A. E.S.P. con Mapfre S.A., concluyó que esta no podía ser utilizada en el presente asunto, en tanto ya fue agotada para el pago de las acreencias laborales de algunos trabajadores producto de la condena ordenada en otros procesos. Así pues, absolvió a Mapfre S.A. bajo el siguiente análisis: En el caso de marras se dio una Póliza de Seguro n.º 1001308000575, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. fue quien se benefició para el cubrimiento de pagos por concepto de pago de salarios y prestaciones sociales de los empleados del asegurado hasta el cubrimiento de la suma equivalente a $114.379.271. Una vez allegado los alegatos de conclusión MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. demostró que la póliza de seguro fue agotada (Fl. 82) con razón a los pagos realizados dentro de los siguientes procesos judiciales: • 20-001-31-05-001-2013-00545-00: quien (sic) LIZ ELIETH GUTIÉRREZ MEJÍA es demandante y los demandados son ACCIONES ELÉCTRICAS DE LA COSTA

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Radicación n.° 93049 S.A. y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., proceso ejecutivo laboral que se adelantó ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, en donde se avizora a folio 84 y ss del cuaderno del Tribunal, la orden de dar por terminado el proceso por el pago total de las obligaciones con un total de $74.817.187. • 20-001-31-05-02-2013-00208-00: promovido por JAIME RODRÍGUEZ LUQUEZ contra ACCIONES ELÉCTRICAS DE LA COSTA S.A. y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. visible 91 y ss. Por medio del cual se acepta la transacción realizada entre la llamada en garantía y JAIME RODRÍGUEZ LUQUEZ en la cual se acuerda el pago de $39.562.084.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Electricaribe S.A. E.S.P., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con el alcance del recurso extraordinario y según los términos en que fue presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case el fallo del Tribunal y, una vez constituida en sede de instancia, revoque en su integridad la decisión del juzgado y la absuelva de las pretensiones de la demanda inicial.

Subsidiariamente, solicita que, […] se CASE PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia impugnada que confirmó el numeral tercero de la

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Radicación n.° 93049 sentencia de primer grado condenando a Electricaribe S.A. E.S.P. a pagar solidariamente a favor del actor la indemnización moratoria ordinaria, por la suma de $32.666 diarios desde el 01 de septiembre de 2011 hasta por el término indicado por el artículo 65 del CST en su versión vigente en la fecha de terminación del contrato de trabajo, para que en sede de instancia se revoque esa decisión y en su lugar se imponga el pago de intereses moratorios a partir del mes veinticinco. Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales no son replicados, de los cuales el segundo y tercero se resuelven de forma conjunta, toda vez que persiguen el mismo fin y se fundan en similares disposiciones normativas.

VI. PRIMER CARGO Acusa a la sentencia del Tribunal de vulnerar «[…] por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 34 del C.S.T. modificado por el artículo 3 del Decreto 2351 de 1965 en relación con los artículos 127, 249, 306 del CST, 65 ibidem, modificado por el artículo 29 de la ley 789/02; 99-3 de la ley 50/90, 1 de la ley 52/75, 66, 145 del CPT y SS, 1614 del C.C. y 230 superior».

Relaciona la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante JUAN CARLOS GÓMEZ ÚRSULA […] identificado con la cédula de

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Radicación n.° 93049 ciudadanía número 1.065.576.446, presentada durante la audiencia del art. 80 del CPT y SS es la misma persona que laboró como empleado de Acciones Eléctricas de la Costa S.A. porque el número de la cédula 1.065.576.988 de quien aparece en la demanda, en el encabezamiento del contrato de trabajo y en el certificado laboral emitido por dicho empleador fue un error de transcripción, en tanto, en el poder y al firmar el contrato figura el número presentado en la audiencia indicada.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la persona con cédula de ciudadanía número 1.065.576.988 es quien aquí demanda solidariamente a mi procurada, diferente a Juan Carlos Gómez Úrsula, quien sin ser el aquí demandante se le concedieron las pretensiones de la demanda.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que el cargo de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) desempeñado por el actor coinciden con las labores de Electricaribe.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la labor desarrollada por el demandante de PQE en la empresa Acciones Eléctricas de la Costa S.A., no genera el pago solidario de obligaciones laborales, en tanto dichas tareas no coinciden con el objeto social de Electricaribe S.A.

Lo anterior, como consecuencia de la equivocada apreciación de:

1. Demanda con la que se inició este proceso (fls. 1 a 12 del C.1).

2. Poder que el demandante le otorgó al apoderado para iniciar

este proceso (fl. 13 C.1).

3. Contrato de trabajo suscrito entre el demandante JUAN CARLOS GÓMEZ ÚRSULA y su empleadora ACCIONES

ELÉCTRICAS DE LA COSTA S.A. (fls. 37 a 41 C.1).

4. Certificación laboral suscrita el 16 de enero/12 emanada de la empleadora del demandante (fl. 42 C.1).

5. Recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Electricaribe S.A. ESP en liquidación en la audiencia del 27 de marzo/15.

6. Certificado de existencia y representación legal de Electricaribe S.A. emanado de la Cámara de Comercio de Barranquilla (fls. 530 y s.s. C.1).

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7. Certificado de existencia y representación legal de Acciones Eléctricas de la Costa S.A. emanado de la Cámara de Comercio de Valledupar (fls. 17 y s.s. C.1).

8. Alegatos en segunda instancia presentados por el apoderado de Electricaribe S.A. ESP (fl. 52 C del Tribunal o 77 del expediente digitalizado).

En la demostración del cargo, reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia, es decir, aquellos concernientes a la falta de identidad entre la persona que suscribió la relación laboral con Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y quien demanda. Teniendo en cuenta que el número de cédula que aparece en el poder que le otorgó a su abogado, así como el

que figura en la demanda inicial, en el encabezado del contrato de trabajo y en la certificación laboral, es diferente al que se registró en la audiencia del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social llevada a cabo el 27 de marzo de 2015. Por otro lado, advierte de forma subsidiaria que no puede declararse la solidaridad con Electricaribe S.A., toda vez que el objeto principal de ambas sociedades es diferente. Además, transcribe algunos apartes de los certificados de existencia y representación legal de cada una, precisando

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Radicación n.° 93049 que las funciones particulares del señor Gómez Úrsula nada tienen que ver con la actividad que desempeña la empresa beneficiaria.

VII. CONSIDERACIONES Encuentra la Sala que los temas a resolver son, (i) si la persona que actúa como demandante en el proceso es la misma que laboró al servicio de Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y (ii) si Electricaribe S.A. E.S.P. es solidariamente responsable de las acreencias laborales que se le adeudan al

señor Gómez Úrsula. En lo referente al primer interrogante, conviene recordar que, para el Tribunal, existió una relación laboral entre Juan Carlos Gómez Úrsula y Acciones Eléctricas de la Costa S.A. entre el 4 de agosto de 2008 y el 31 de agosto de

2011. Lo anterior, sin perjuicio que en el encabezado de la demanda inicial (folio 13 del primer cuaderno), el contrato de trabajo (folios 37 a 41 del primer cuaderno) y la certificación expedida por el empleador (folio 42 del primer cuaderno),

apareciera un número de cédula diferente al que se registró en la audiencia del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como en el sello de

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Radicación n.° 93049 presentación personal visible en el poder que suscribió con su abogado. Para la Sala, es razonable considerar dicha inconsistencia como un error de transcripción del documento de identidad y no como un intento del demandante por defraudar al empleador, a través de la reclamación de unas acreencias laborales que presuntamente corresponden a otra persona, tal y como lo sugiere la empresa casacionista en sus alegaciones. Por una parte, en el encabezado del contrato de trabajo suscrito entre las partes (folios 37 a 41 del primer cuaderno), aparece que el número de cédula de Juan Carlos Gómez Úrsula es 1.065.576.988. Sin embargo, al final de dicho documento se registra junto con su firma que la identificación es 1.065.576.446, lo cual se acompasa con la copia de la cédula de ciudadanía de folio 702 del cuarto cuaderno. A su vez, dicha contradicción también se presenta en la demanda inicial y en el poder que el señor Gómez Úrsula le confiere a su abogado. No obstante, este último contiene la presentación personal hecha ante el juez según lo previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso, en donde

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Radicación n.° 93049 consta que el número de identificación es el mismo de su cédula de ciudadanía.

Por otro lado, en la celebración de la audiencia del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, fue llamado a rendir interrogatorio de parte y, al exponer las generales de ley, adujo como número de identificación el mismo que está en su cédula de ciudadanía. En consecuencia, se insiste, la conclusión del Tribunal no fue equivocada en lo atinente a su identidad y vinculación laboral con una de las demandadas, principalmente, porque la valoración que hizo de las pruebas acusadas fue legítima y estuvo amparada por la libre formación de convencimiento que le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Ahora bien, acerca del segundo tema concerniente con la responsabilidad solidaria de Electricaribe S.A. E.S.P., resulta oportuno abordar la discusión desde dos aristas, a saber, la naturaleza y alcance del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y su aplicación en el caso concreto.

I. La responsabilidad solidaria

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Radicación n.° 93049 Aquella tiene en el régimen laboral un contenido y unos efectos específicos, referidos a la especial responsabilidad que puede existir entre el contratante de un servicio o de una obra determinada, respecto de las acreencias laborales que su contratista adeude a su propio personal, pues, es requisito, que exista un vínculo donde este último asume con autonomía técnica, administrativa y financiera el desarrollo del encargo, mediante sus propios recursos y empleados y bajo su cuenta y riesgo. Así lo establece el artículo 34 del Código Sustantivo del

Trabajo: Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos

[empleadores] y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores (negrillas fuera del texto original). Teniendo en cuenta lo anterior, la solidaridad de que trata dicha disposición supone la existencia de un encargo al

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Radicación n.° 93049 contratista, esto es, el desarrollo de un servicio o la realización de una obra y, además, que las actividades entre el contratante o dueño de la obra y esta sean afines, similares, conexas o complementarias. Así lo dijo la Corte en la providencia CSJ SL3774-2021: Recuérdese que en los términos del artículo 34 del CST, son dos los requisitos para que proceda la solidaridad del contratante frente a su contratista, a saber: ser beneficiario de la obra o del servicio contratado y, que las actividades ejecutadas por la contratista a favor de la contratante no se traten de labores

extrañas a las actividades normales de esta última (CSJ SL37182020) Al respecto, la Sala ha reiterado que las actividades contratadas deben ser afines con las labores propias y ordinarias de la parte contratante; y que no cualquier actividad desarrollada por el contratista o el trabajador puede generar el pago solidario de las obligaciones laborales. También se ha dispuesto que tiene como objetivo central garantizar la protección de los trabajadores en lo atinente al reconocimiento y pago efectivo de las acreencias laborales a su cargo, producto de la contratación que efectúe el beneficiario o dueño de la obra con un contratista para la realización o prestación de una obra o servicio determinado

(CSJ SL13686-2017).

Entonces, la finalidad de dicha figura es la de evitar el fraude a los trabajadores y sus derechos mediante la constitución de empleadores con menos capacidad

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Radicación n.° 93049 económica o con negligente actuar que impida la efectiva realización de las acreencias laborales de aquellos. En sentencias CSJ SL, 26 septiembre 2000, radicación 14038 y CSJ SL, 1 marzo 2010, radicación 35864, entre otras, se sostuvo: […] el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el

sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita con él lo pagado a esos trabajadores. Precisado lo anterior, para dar aplicación a la norma, debe agotarse un análisis eminentemente fáctico, comoquiera que deben concurrir ciertas situaciones a las que es necesario imprimirles una valoración jurídica, de forma que se suplan las previsiones de la citada norma legal. Así que el fallador debe comenzar por verificar: (i) la existencia de una relación laboral entre el trabajador que presta su servicio y el contratista independiente; (ii) el vínculo de carácter comerci