CSJ - SL1887-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1887-2024 Radicación n.° 81867 Acta 19 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SANDRA PATRICIA MORENO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), en el proceso que le instauró a

BANCOLOMBIA S. A.

I. ANTECEDENTES Sandra Patricia Moreno llamó a juicio a Bancolombia

S. A., con el fin de que se declarara que: i) existió un contrato de trabajo que terminó unilateralmente y sin justa causa por el empleador; ii) no se le cancelaron «los salarios y las prestaciones» correspondientes; iii) se realizaron descuentos de la liquidación final, sin autorización expresa; iv) se le causó un perjuicio con el despido injusto; v) las

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Radicación n.° 81867 bonificaciones por cumplimiento de metas del «plan de gestión comercial» constituían ingreso laboral; vi) durante el vínculo laboral se le pagaron las «prestaciones legales, extralegales y la liquidación final», sin cumplir lo dispuesto en la ley, la CCT, así como sin incluir los emolumentos previamente referidos, vii) era beneficiaria de la CCT suscrita entre la accionada y los sindicatos UNEB y Sintrabancol y, viii) no se desembolsó el auxilio extralegal

de transporte completo, como lo estipuló el instrumento convencional. En consecuencia, se condenara a pagar: i) $35.994.688 por la indemnización del artículo 39 de la CCT 1999-2001, vigente por el 4° de la CCT 2011-2014; ii) $5.217.484 por las «prestaciones y salarios» debidos; iii) $20.000.000 por concepto de reparación de perjuicios; iv) la diferencias dejadas de reconocer por «prestaciones legales y convencionales y demás emolumentos», teniendo en cuenta todos los factores «salariales, legales y convencionales»; v) las sumas adeudadas, debidamente indexadas; vi) la indemnización moratoria del canon 65 del CST, a partir del 10 de marzo de 2015; vii) lo que se probara ultra y extra petita, así como viii) las costas. Fundamentó sus peticiones, en que a través de contrato a término indefinido prestó sus labores a la demandada, desde el 4 de febrero de 2008 hasta el 9 de marzo de 2015, cuando su empleador finiquitó el vínculo con «justa causa»; que desempeñó como último cargo el de asesor integral II, en Yopal, Casanare, con una asignación

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Radicación n.° 81867 mensual de $3.496.451; que cumplió las funciones que se le designaron, como divulgar y vender los productos y servicios que conformaban el portafolio del banco y reunirse de forma periódica con el jefe para el seguimiento de resultados; que de su liquidación final se le descontó la

suma de $5.073.282 por concepto de «préstamo personal Quin» y $144.202 por libranza, sin contar con su autorización escrita. Precisó que Bancolombia S. A. suscribió CCT con los sindicatos UNEB y Sintrabancol, con vigencia 2014-2017; que estaba afiliada a la organización UNEB; que era beneficiaria de dicho acuerdo extralegal; que no se le brindó la oportunidad de desvirtuar los señalamientos plasmados en la carta de terminación conforme a la cláusula 26, referente al proceso disciplinario y que el Instrumento Colectivo de 1999-2001, vigente por el artículo 4° de aquél de vigencia 2014-2017, previó una indemnización extralegal por despido injusto. Indicó que la accionada pagaba de manera habitual, trimestralmente unas «bonificaciones por cumplimiento de las metas del plan de gestión y sistema de valor agregado (SVA)», las cuales devengó de manera continua y se registraron en la nómina como «B Mer Lib Sal Fza Vta» o «Bon. Plan Gest. Cial año anterior». Debido a lo anterior, durante el último año generó una suma adicional en su ingreso de $7.015.724. Sin embargo, tal monto no se tomó como factor salarial para la liquidación final.

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Radicación n.° 81867 Refirió que convencionalmente estaban pactadas las siguientes prestaciones, que tenían incidencia salarial: CCT 1999-2001 Artículo 14 Prima de servicios Artículo 17 Vacaciones CCT 2014-2017 Artículo 21 Auxilio extralegal de transporte

Esgrimió que, pese a lo preliminar sólo se canceló la llamada prima de servicios, pues la titulada auxilio extralegal de transporte se pagó proporcionalmente al tiempo prestado y no como estaba dispuesto en la norma convencional, que era total. Informó que, mediante Derecho de Petición del 5 de mayo del 2015 solicitó los comprobantes de nómina de los últimos tres años de servicios, pero no se los entregaron y, en su lugar, se le remitió un resumen global de los valores devengados y deducidos, junto con una certificación en la que se indicó que fue despedida con «justa causa» (f.° 1 a 13, cuaderno principal). Bancolombia S. A. se opuso a las pretensiones, salvo la referente a que se declarara que la actora era beneficiaria de la CCT, «siempre y cuando lo dem[ostrara] en los términos del CPTSS». En cuanto a los hechos, aceptó los extremos del lazo, la naturaleza del contrato, el cargo, la constancia en la que se argumentó la «justa causa» de desvinculación, la afiliación a la organización sindical UNEB, la CCT 2014SCLAJPT-10 V.00 4 Radicación n.° 81867 2017, la prima de servicios que canceló y la Solicitud del 5 de mayo de 2015. Respecto de los demás, manifestó que no eran ciertos o no era supuestos fácticos. Precisó que no tomó como factor salarial la bonificación extralegal por el desarrollo de los «planes de gestión y sistema de valor agregado SVA», porque de común acuerdo entre las partes se pactó que no tendría tal

carácter. En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de: […] existencia de justa causa para el despido, […] inexistencia de la obligación de agotar procedimiento disciplinario previo al despido. El despido no es una sanción disciplinaria», «inexistencia de la obligación de resarcir perjuicios adicionales ocasionados por el despido, […] inexistencia de prohibición para la realización de descuentos cuando el contrato de trabajo ha finalizado, […] existencia de autorización escrita y previa de la demandante para la realización de descuentos, […] existencia de pacto escrito sobre el carácter no salarial de las bonificaciones extralegales pagadas a la actora», […]validez del pacto de no salario, […] «inexistencia de la obligación de reajustar prestaciones sociales», […] buena fe, […] prescripción […] y pago (f.° 67 a 89, ibidem). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín, el 10 de marzo de 2017 (f.° 254 a 256 CD, ibidem), dispuso: PRIMERO: Se DECLARA que el contrato de trabajo a término indefinido entre la sociedad Bancolombia S. A. y la señora Sandra Patricia Moreno, terminó por decisión unilateral de la empleadora sin justa causa.

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SEGUNDO: Se CONDENA a la sociedad Bancolombia S. A., a pagar a la señora Sandra Patricia Moreno […] la suma de […] $19.825.732, por concepto de indemnización por despido injusto, la cual al momento de cancelarse efectivamente se hará

debidamente indexada, en los términos expuestos en la parte motiva.

TERCERO: Se ABSUELVE a la sociedad Bancolombia S. A. de las pretensiones formuladas en su contra por la señora Sandra Patricia Moreno, por las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: Las excepciones propuestas por la demandada, quedan implícitamente resueltas en la presente decisión.

CUARTO (sic): Costas del proceso a cargo de la demandada […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer los recursos de apelación presentados por ambas partes, el 17 de mayo de 2018 (f.° 260 CD y 261, cuaderno principal), resolvió: PRIMERO: REVOCA la condena impuesta a BANCOLOMBIA S.

A. por indemnización por despido injusto en sentencia proferida por el Juzgado y, en su lugar, se absuelve a BANCOLOMBIA S.

A. de esta pretensión, manteniéndose la absolución frente a las demás pretensiones planteadas en la demanda y frente a la que se hizo análisis en el recurso de apelación.

SEGUNDO: COSTAS en ambas instancias a cargo de la parte demandante [...].

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problemas jurídicos a determinar, de conformidad con los puntos discurridos, si: i) las bonificaciones por plan de gestión y sistema de valor agregado eran constitutivas de salario y procedía el pago de la diferencia no cancelada por prestaciones legales y convencionales durante la relación laboral, así como el reajuste de la liquidación; ii) eran

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Radicación n.° 81867 viables los descuentos de la liquidación final por el préstamo que otorgó el dador de empleo y la libranza con el fondo de empleados; iii) se realizó correctamente el pago del auxilio de transporte; iv) estaba demostrada la «justa causa» de despido y, en caso afirmativo, si había lugar a modificar la indemnización impuesta. Detalló como hechos no discutidos que: i) la señora Sandra Patricia Moreno estuvo vinculada a la accionada desde el 4 de febrero de 2008 hasta el 9 de marzo del 2015; ii) ejecutó como último cargo el de asesora integral II y, iii) estaba afiliada a la organización sindical UNEB, que suscribió CCT con la sociedad demandada. Procedió a analizar los aspectos objeto de desconcierto, así:

1. Bonificaciones por el plan de gestión y sistema de valor agregado.

Reprodujo el artículo 128 del CST, modificado por el 15 la Ley 50 de 1990 y manifestó que las partes con el Contrato de Trabajo del 4 de febrero de 2008 (f.° 94 y 95, cuaderno principal), suscribieron acuerdo de carácter no salarial sobre la referida bonificación; oportunidad en la cual se dejó consignado que el empresario tenía establecido: […] en forma unilateral y como mera liberalidad para unos grupos de empleados, entre los que se encuentran la demandante unos sistemas extralegales de reconocimiento denominado plan de gestión y sistema de valor agregado, los cuales pueden dar en ocasiones y bajo cumplimiento de

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Radicación n.° 81867 determinadas condiciones lugar de bonificaciones extralegales unilaterales en favor de la empleada declarando está conocer y aceptar íntegramente la reglamentación establecida para ambos sistemas, reglamentaciones que podían ser cambiadas en cualquier momento de manera unilateral por la empleadora, sin necesidad de notificación previa a la trabajadora, incluso podrían suprimirse de manera unilateral en cualquier momento […], dejándose expresamente consignada que tales bonificaciones no constituyen factor salarial, ni quedarán incorporadas al salario para ningún efecto legal laboral, de conformidad con el artículo 128 del CST y demás normas complementarias. Además, no era un emolumento que fuera pagado de forma habitual, pues la actora manifestó que, aunque la causaba casi todos los trimestres, «hubo ocasiones en las que no se pudo cumplir, porque había metas grupales e individuales y si alguna de las dos variables no sé cumplía no bonificaba», lo cual fue ratificado por los testigos Hugo Morales Alarcón y Maribel Ruiz. Así las cosas, aseveró que eran unas «bonificaciones por cumplimiento de ventas» cuyo pago no era regular y sobre las que se pactó expresamente, desde el inicio de la relación, su exclusión salarial. Por tanto, no podían tomar como factor remuneratorio y, en consecuencia, no procedía al reajuste solicitado.

2. Deducciones por crédito de libranza y préstamo con el banco demandado.

Argumentó que esta Corporación desde el 1° de marzo de 1967, había sostenido que las normas prohibitivas de «compensación» regían durante la vigencia del contrato

laboral, pero una vez finalizado, desaparecían los peligros

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Radicación n.° 81867 que el legislador quiso conjurar y las partes retornaban al plano de la autonomía laboral o libertad contractual. Mencionó las providencias que identificó con «radicado 21057 de 2003, radicado 31826 de 2009, radicado 39980 de 2013 y CSJ SL194122017»; última en la que se insistió que una vez culminado el vínculo y desaparecida la subordinación, el empleador podía «compensar» con el trabajador las obligaciones plenamente exigibles. En ese orden, como la demandante confesó que cuando finiquitó la relación tenía créditos con el banco y libranza con el fondo de empleados con saldo pendiente de pago y bajo condiciones especiales por ser cliente interno, «resultaba lógico considerar que era la liquidación final de salarios y prestaciones sociales la garantía con la que contaba la acreedora, siendo viable la deducción de los valores adeudados, sin necesidad de autorización expresa y escrita», sin que se requiriera mora en el desembolso de ellas.

3. Pago deficitario del auxilio de transporte.

Manifestó que no existía prueba de la cancelación indebida del auxilio mencionado, pues en el interrogatorio de parte la actora aceptó que recibió mes a mes el valor correspondiente y en la liquidación final de prestaciones sociales se incluyeron nueve días, esto era, del 1° al 9 de marzo de 2015, sin que encontrara sustento para advertir que se le quitaba el monto por día laborado.

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4. Justa causa de despido.

Discernió que cuando se terminaba el vínculo laboral, se debía manifestar la causal que motivó la conducta y sí existía debate judicial, correspondía acreditar en juicio que la razón de la decisión estaba prevista como justa y grave en la legislación, el contrato, el reglamento y la CCT, al punto que llevaba a la finalización del nexo, Para ello, transcribió el contenido de la carta de despido (f.° 17 y 96, ibidem), en la cual se precisaron los hechos que llevaron a la desvinculación, supuestos fácticos que se catalogaron como contrarios al reglamento interno de trabajo, al CST, a las políticas y procedimientos internos y al Código de Ética del banco. También, reprodujo el dicho de los declarantes Hugo Morales Alarcón, Nubia Velandia, Maribel Ruiz y lo expuesto por la petente en el interrogatorio de parte. Acudió al medio que reposaba en folio 122 ibidem, sobre las labores que le incumbía ejecutar a la convocante y en cuya última anotación se indicó: «efectuar y realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato que no sean incompatibles con su cargo y que no vayan en detrimento de sus demás funciones y condiciones de trabajo» y como la señora Nubia Velandia Villamizar era la gerente, pues en tal calidad suscribió el escrito obrante a folio 97 ibidem, «estaba plenamente facultada para asignarle tal función a la demandante».

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Radicación n.° 81867 Además, en el contrato de trabajo se estipuló como «justa causa» de despido las previstas en la ley y, entre otras, negarse a cumplir las órdenes impartidas por el superior jerárquico, que para el efecto se clasificó como falta grave (f.° 90, ibidem). Por tanto, como encontró que Sandra Patricia Moreno se rehusó a desempeñar la tarea de corte y envío de cheques al proceso de compensación, que le designó la señora Velandia Villamizar, concluyó que estaba acreditada la causal invocada por el banco para acabar la relación laboral y revocó la condena de «indemnización por despido injusto». Precisó que en este escenario resultaba irrelevante si se le brindó el asesoramiento pertinente, «cosa distinta es que se hubiese despedido por el mal desarrollo de la función y en ese evento si tuviésemos que analizar si se le dio la capacitación». A pesar de lo previo, en el sub examine, a través documental de folio 97 ibidem, se le indicó que «se le asigna[ba] la función a partir del 16 de marzo y sería capacitada por la persona que realizaba tal función entre el 9 y el 13 de marzo de 2015, lo que implica[ba] que el banco no se negó a capacitarla».

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Sandra Patricia Moreno, concedido por el fallador de segundo grado y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que se «case totalmente» la sentencia impugnada, para que, en sede instancia, confirme parcialmente la providencia del a quo, en cuanto: […] a la declaración por despido injusto y se condene a la demandada al pago de la indemnización convencional por despido injusto estipulada en la CCT, se modifique el valor de la indemnización por despido […] tomando como referente el último salario con el cual fueron liquidadas las cesantías de mi procurada, se revoquen los demás puntos de la sentencia en cuanto absolvió a la demandada de las restantes pretensiones de la demanda, concediendo las restante pretensiones contenidas en el libelo genitor y se condene en costas a la parte demandada (f.° 8, cuaderno de la Corte). Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudian a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa el proveído atacado de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida de: […] los artículos 55, 57, 58, 60, 62 (modificado por el Decreto 2351/65, artículo 7°, numeral 6°), 64, 65, 127 (modificado por el art. 14 Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990), artículo 129 (subrogado por el artículo 16 de

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Radicación n.° 81867 la Ley 50 de 1990), 149, 186, 192, 249 y 306 del CST y 53 de la

Constitución Nacional. Plantea como errores manifiestos de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante fue despedida sin justa causa comprobada.

2. Dar por establecido, sin estarlo, que el despido fue con justa causa.

3. No dar por establecido, estándolo, que las causales invocadas como justas no fueron probadas en el proceso.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco efectuó descuentos ilegales en la liquidación final del contrato de trabajo de la demandante.

5. No dar por demostrado, estándolo, que las bonificaciones que la demandante devengó por cumplimiento de metas del plan de gestión comercial eran constitutivas de salario.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que es ineficaz el pacto sobre exclusión salarial de las bonificaciones suscrito entre la empleadora y trabajadora.

7. No dar por demostrado, estándolo, que en virtud del carácter salarial de las bonificaciones, era procedente la reliquidación de las prestaciones legales y extralegales.

8. Dar por establecido, estándolo, que el Banco canceló las prestaciones legales y extralegales, sin tener en cuenta todos los factores salariales devengados pactadas en la convención colectiva de trabajo.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada incurrió en evidente proceder de mala fe, por lo que era procedente la condena al pago de la moratoria.

Lo precedente, por la equivocada estimación de las siguientes pruebas:

1. La Carta de Terminación del Contrato de Trabajo del 9 de marzo de 2015 […].

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2. Documento suscrito por la señora Nubia Velandia Velandia, gerente de Bancolombia sucursal Unicentro de Yopal, del 2 de marzo de 2015 dirigido a la señora Sandra Patricia Moreno […].

3. Documento de funciones asignadas al cargo de asesor integral II obrante a folio 122 del cuaderno principal […].

4. Contrato de trabajo obrante a folio 90 y siguiente del cuaderno principal […].

5. Los testimonios de Hugo Morales Alarcón […], Nubia

Velandia Velandia […], Maribel Ruiz Pabón, Margarita María Lopera Vasquez […].

6. El interrogatorio de parte absuelto por la demandante […].

7. Liquidación final del contrato de trabajo […].

8. Plan de gestión comercial […].

9. Documento obrante a folios 94 y 95 suscrito entre el Banco y la demandante de fecha 04 de febrero de 2008 […].

10. Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Bancolombia S. A. y los sindicatos UNEB y Sintrabancol […].

11. Resumen anual de nómina de la demandante […].

10. Documento denominado plan de gestión comercial contentivo de las metas que debía cumplir la demandante en desarrollo de su labor de ventas.

12. Certificación expedida por la organización sindical UNEB

[…]. En el desarrollo, aborda cada uno de los puntos analizados por el juez de apelaciones, de la siguiente manera:

1. Despido sin justa causa.

Aduce que el error radica en que el juzgador no realizó un análisis acertado de los medios de convicción, en tanto

que:

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Radicación n.° 81867 […] como ciertamente lo señaló el a quo, la comunicación suscrita por la señora Nubia Velandia Velandia, calendada del 2 de marzo de 2015, obrante a folio 97 del paginario, referenciada “asignación de procesos de corte y envío de canje”, no contó con las pruebas que evidenciaron que efectivamente le fue entregada a la demandante y que ésta se negó a recibir, por el contrario dicha misiva no fue conocida por la demandante quedando probado con la declaración del señor Hugo Morales Alarcón, el cual merece total credibilidad, dado que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su dicho, lo hacen acreedor de veracidad en lo expresado, por cuanto laboró en la sucursal Unicentro, misma donde laborada la demandante para el momento de los hechos, el puesto de trabajo estaba junto al de la señora Sandra Moreno y fue testigo de cada una de las situaciones que rodean la terminación del contrato de trabajo de ésta. De otra parte, con su propio testimonio, la señora gerente probó que nunca hizo entrega de esta misiva a la actora, por cuanto afirmó que al momento de la aludida entrega estaba junto al director de servicios de la sucursal, señor Joan Villamizar y se firmó por los testigos, lo que a la postre no es cierto, pues al momento de ponérsele de presente el referido documento, reconoció que solo aparecía su firma. Así mismo, esgrime que los declarantes Maribel Ruiz y Hugo Morales Alarcón, demostraron que existía un protocolo cuando un trabajador se negaba a recibir una

comunicación, según el cual se debía dejar registrado tal actuar con la firma de dos funcionarios en calidad de testigos, lo que se incumplió. Resalta que la señora Nubia Velandia incurrió en contradicciones, pues afirmó que el motivo para asignar las tareas de corte y envío de canje a ella, era por una rotación, porque la operaria que lo ejercía se encontraba en un proyecto de créditos hipotecarios. No obstante, en la carta de finiquito del contrato se indicó que lo era por instrucción y recomendación de auditoría. También, expresó la gerente

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Radicación n.° 81867 que dicho documento fue enviado por gestión humana, cuando en realidad lo rubricó ella. En su criterio, es una suposición del colegiado carente de prueba aseverar que conocía que era una de sus ocupaciones el corte y envío de cheque al proceso de compensación, porque la señora María Fernanda no podría continuar con dicha labor; máxime que el señor Hugo « Morales afirmó que la asesora Barreto se le había quedado el canje a finales de febrero de 2015 (que es precisamente uno de los riesgos que se corre en el desempeño de esa labor) . » Apunta que el Tribunal no analizó el acervo probatorio en su conjunto, ya que no podía encontrar probado con el « documento de funciones del cargo de asesor integral II […] que [se] facultó a la gerente de Unicentro para asignar las citadas funciones . Además, dada la complejidad del trabajo » entregado, era necesario recibir una capacitación por gestión humana de la ciudad de Bogotá, como lo expresaron

los testigos Hugo Morales, Maribel Ruiz, Margarita María Lopera y Nubia Velandia y ante la ausencia de ello no era dable asignarle tales labores, ni concluir que la terminación de la relación laboral fue con justa causa.

2. Bonificaciones por cumplimiento de metas del plan de gestión y sistema de valor agregado (SVA).

Esgrime que el ad quem erró al no tener en cuenta el resumen de los pagos que el banco le hizo, con el cual se constata la cancelación de dicho concepto de forma

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Radicación n.° 81867 habitual, así como tampoco el plan de gestión comercial en el que se registra el número de productos que debía vender y los correspondientes porcentajes. Menciona que el juez de alzada realizó una interpretación equivocada de su interrogatorio de parte y del testimonio del Hugo Morales Alarcón, pues acreditan la frecuencia, sin que se exija «[…] que se causen en cada uno de los periodos estipulados para su pago, dado que se puede presentar […]que no se cumpliera con el porcentaje exigido en la venta de productos, caso en el cual no se hizo acreedora a las aludidas bonificaciones». Además, no se tuvo en cuenta lo dicho por la señora Nubia Velandia, quien manifestó que las funciones que tenía asignadas eran las de ventas de productos del banco, ni la declaración del representante legal de la accionada que confesó que las bonificaciones se devengaban siempre que se cumpliera con la meta. En su concepto, el operador judicial de segundo grado no tomó en cuenta las funciones consignadas en el pliego obrante a folio 122 del cuaderno principal, pues en este se

especificó que le correspondía vender productos de la entidad financiera, actividad que genera comisiones como incentivos. También, se le dio validez al acuerdo suscrito con el empleador sobre el carácter no salarial de esta prestación, cuando carece de todo efecto porque, en la praxis, el pago

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Radicación n.° 81867 reviste una connotación netamente laboral, lo cual acredita la mala fe del empleador. Así las cosas, asevera que un análisis acertado del conjunto de pruebas hubiera llevado a concluir que las bonificaciones eran constitutivas de salario, sin que sea viable un acuerdo de exclusión de tal naturaleza.

3. Descuentos de la liquidación final.

Discierne que el Tribunal erró al no valorar en debida forma los medios relacionados con los créditos, en los que se comprueba que se realizó: […] un desembolso ordinario del Banco, con la única variante de la tasa de interés, pero con el cumplimiento general de las políticas del banco para la aprobación y desembolso de un crédito ordinario otorgado a un cliente. En las aludidas documentales, no se encuentra registro alguno que permita inferir que esos empréstitos fueron aprobados y desembolsados en virtud de la relación empleador – trabajador. Por el contrario, lo que evidencian es que fueron pactados a un plazo cierto de cinco años, con unas cuotas que fueron cumplidas puntualmente por parte de la deudora, en tal virtud, no puede avalarse que la liquidación final del contrato de trabajo era la única garantía del pago y mucho menos concluir que era

procedente la compensación de obligaciones. A lo anterior, se debe adicionar el testimonio del señor Hugo Morales quien afirmó que los créditos otorgados por el banco a los empleados cumplían con todos los requisitos de un cliente cualquiera, con la diferencia de contar con una tasa inferior, pero en cuanto a requisitos y garantías, debían cumplir con los mismos de un cliente ordinario, declaración corroborada por la demandante. Reflexiona que, según el ad quem la compensación procede cuando se trata de obligaciones exigibles, que no ocurren en el sub examine, ya que estaba al día en sus

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Radicación n.° 81867 deudas, lo cual era lógico, dado que los descuentos se efectuaban por nómina. Por tal circunstancia asevera que no era válido la deducción y se debía condenar a su reintegro con intereses, así como a la sanción moratoria, porque no se excusó la omisión del pago de los salarios y prestaciones debidas, que configura un comportamiento de mala fe.

4. Auxilio extralegal de transporte.

Alega que se interpretó equivocadamente su interrogatorio de parte, pues hizo referencia a que se recibió este beneficio, más no que se hubiese efectuado de manera completa y no se tuvo en cuenta la documental relacionada con los pagos por nómina que analizados en conjunto con el « valor del auxilio pactado en el artículo 21 de la CCT, habría constatado que el valor cancelado fue menos al que correspondía (f.° 8 a 16, ibidem). »

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VII. RÉPLICA Menciona que la acusación presenta los siguientes errores de técnica: i) no indica con precisión cuál es el desacierto que le imputa al Tribunal, ni particulariza qué es lo que cada prueba acredita y cómo contradicen las conclusiones del ad quem y, ii) mezcla aspectos fácticos y jurídicos.

En cuanto al fondo, refiere a los preceptos 58 y 62 del CST y la cláusula novena del contrato de trabajo, con apoyo en lo cual asevera que el proceso disciplinario para la imposición de sanciones y el trámite previsto en el 26 de la CCT eran innecesarios, pues esta Corporación ha instruido, verbigracia, en sentencia CSJ SL, 18 jun. 2014, rad. 38381, que el despido no tiene carácter sancionatorio. Frente a la autorización para efectuar descuentos una vez finalizada la relación, transcribió en extenso la providencia CSJ SL, 10 sep. 2003, rad. 21057, según la cual la prohibición de realizar aquellos opera durante la relación y cuando finaliza el nexo, el empleador queda habilitado para deducir del monto de los salarios y prestaciones sociales, las obligaciones que tenga el trabajador con la empresa, sin permiso escrito.

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Radicación n.° 81867 Por último, respecto de la validez del pacto de exclusión salarial, precisa que «los pagos realizados a la demandante no eran habituales, dado que dependían del cumplimiento de unos requisitos grupales, que, al no lograrse, no daban lugar a la bonificación, además, estas no

retribuían directamente el servicio prestado». En ese orden, al no ser retributivo de la labor, no deben reajustarse los desembolsos efectuados (f.° 32 a 35, ibidem).

VIII. CONSIDERACIONES No pasa inadvertido, como lo exalta la oposición, que la acusación presenta algunas imprecisiones en la formulación de su denuncia, como la mezcla tesis jurídicas, que son ajenos a la vía indirecta. Sin embargo, la Sala observa un conflicto de legalidad bien definido contra la decisión de segundo grado frente a la justa causa del despido, los descuentos en su liquidación final, la cancelación incorrecta del