CSJ - SL1893-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1893-2024 Radicación n.° 100730 Acta 21 Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, frente a la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de agosto de 2021, en el proceso que promovió en su contra VÍCTOR MANUEL

OROZCO IGLESIAS.

I. ANTECEDENTES Víctor Manuel Orozco Iglesias demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que se declarara y condenara al pago y reconocimiento de la pensión de invalidez a partir

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Radicación n.° 100730 del 12 de diciembre de 1990, dado que cotizó más de 900 semanas. Adicionalmente solicitó el retroactivo pensional, los intereses moratorios o la indexación de las sumas adeudadas. Como fundamento de sus peticiones contó que nació el 20 de septiembre de 1950; que laboró al servicio de varias empresas, siendo oportunamente afiliado al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), hoy Colpensiones, cotizando 944,57 semanas en el período comprendido entre el 2 de diciembre de 1968 y el 30 de septiembre de 2014. Afirmó que mediante dictamen n.º 4587 del 21 de julio del 2011, la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado,

determinó una disminución de su capacidad laboral del 53,32% con fecha de estructuración 12 de diciembre de 1990, de origen común. Narró que le fueron diagnosticadas varias patologías entre las que se encuentran «pop fractura húmero derecho accidente de tránsito, secuelas de pseudoartrosis supracolindea húmero derecho secundaria A, pop fractura fémur derecho por accidente de tránsito, acortamiento miembro inferior derecho en dos cms». Añadió que las referidas secuelas han avanzado y hecho más gravosa sus condiciones de salud, lo que le impide llevar una calidad de vida digna.

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Radicación n.° 100730 Indicó que solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez a la demandada el 7 de marzo de 2018 mediante derecho de petición, sin embargo no le dieron respuesta de fondo. Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas. Frente a los hechos, aceptó la negativa al reconocimiento pensional. De los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Manifestó que transcurrieron más de seis años desde la expedición del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, por lo cual no podía tenerse como válido, teniendo en cuenta el artículo 44 de la Ley 100 de 1993. Así mismo, el demandante no reunía los requisitos mínimos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por lo que se le reconoció indemnización sustitutiva de la pensión por valor de $4.474.582 sobre 948 semanas cotizadas.

En su defensa, propuso las excepciones que denominó «inexistencia del derecho reclamado y la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y compensación».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla mediante fallo del 23 de enero de 2019, absolvió a la demandada.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Tras la apelación presentada por el demandante, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla a través de la providencia del 31 de agosto 2021, resolvió: PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito el 23 de enero de 2019, para en su lugar, DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de abril de 2015. En consecuencia, CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer a VÍCTOR (sic) MANUEL OROZCO IGLESIAS, la pensión de invalidez desde el 21 de julio de 2011, en cuantía del salario mínimo mensual legal vigente, con sus mesadas adicionales de junio y diciembre, y reajustes de ley.

SEGUNDO. - DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas desde el 21 de julio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2015. TERCERO. CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar

a VÍCTOR (sic) MANUEL OROZCO IGLESIAS, las mesadas pensionales causadas desde el 1º de abril 2015 hasta el 31 de julio de 2021, por la suma de $68.248.180, debidamente indexado hasta la fecha de ejecutoria del fallo. Con posterioridad a ésta tanto el retroactivo reconocido como las mesadas que se sigan causando, devengarán intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la ley 100 de 1993. CUARTO. - AUTORIZAR a la demandada a deducir del retroactivo de mesadas ordinarias, los aportes por concepto de salud con destino al Sistema de Seguridad Social, salvo sobre las mesadas adicionales. Estableció como problema jurídico determinar «[…] si el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez solicitada y en caso afirmativo, si hay lugar a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993; todo lo anterior, de cara a la excepción de prescripción postulada por Colpensiones».

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Radicación n.° 100730 Señaló que en principio la norma que resultaba aplicable para la solución era el Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año. Expresó que estaba acreditada la condición de inválido del demandante, pues así lo determinaba el dictamen n.º 4587 del 21 de julio de 2011, expedido por el Departamento de Medicina Laboral del Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS). Revisó el historial de semanas e indicó que el demandante cotizó desde el 2 de diciembre de 1968 hasta el

30 de septiembre de 2014, un total de 944, 57 semanas, de las cuales 280,85 semanas lo fueron con anterioridad al 1º de abril de 1994, y 17,43 dentro de los seis años anteriores a la estructuración del estado de invalidez determinado por el ISS. Estableció que en ese sentido el demandante no resultaba acreedor a la pensión de invalidez, pues no cumplía con los requisitos del Decreto 758 de 1990. Advirtió que este cuestionó que no se le tuviesen en cuenta las cotizaciones posteriores, y que Colpensiones hubiera recibido el pago de ellas, máxime que su estado de salud se agrava día a día. Al respecto sostuvo que, Sobre este particular aspecto, ciertamente parece antinómico que habiendo perdido el demandante en grado tan considerable su capacidad laboral desde 1990, hubiere podido continuar

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Radicación n.° 100730 vinculado al sistema pensional hasta el 30 de septiembre de

2014. Sin embargo, a fe de verdad no existe ninguna prueba científica con capacidad demostrativa suficiente para concluir que en realidad la pérdida de capacidad laboral del demandante se hubiere generado en 1990 y no en una época posterior, inclusive la de la fecha en que ocurrió su retiro real del sistema.

En este orden de ideas, esa conclusión solo encuentra justificación y explicación en los antecedentes del dictamen que para los efectos de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral tomó como premisa el accidente de tránsito sufrido por el demandante el 12 de diciembre de 1990, pues fue el hecho generador de todas las patologías identificadas en la calificación

que a la postre determinaron el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que la administradora de pensiones determinó en la fecha en que llevó a cabo su valoración. Pero, a juicio de la Sala, es por lo menos plausible entender que a esa fecha el demandante no tuvo ninguna pérdida de capacidad laboral, como que para entonces no se calificó ésta, ni tampoco fue el accidente obstáculo para que continuara cotizando para todos los riesgos cubiertos por la seguridad social. Por otra parte, tampoco resulta plausible entender que habiéndose generado la pérdida de capacidad laboral en diciembre de 1990, cuando aún no se encontraba vigente la ley 100 de 1993 y menos aún el decreto 917 de 1999, el fundamento del dictamen y los criterios utilizados para establecer la pérdida de capacidad laboral, hubieren sido estas normas y no las vigentes al tiempo en que supuestamente se estructuró aquella. Consideró que aun cuando el dictamen es el medio habilitado para determinar todos los aspectos que conciernen al estado de invalidez, no implica ello que en su valoración el juez se encuentre determinado irremediablemente por todas sus conclusiones. Menos aún si, como sucede en este caso concreto, la calificación de la pérdida de capacidad laboral se llevó a cabo en 2011 por la propia demandada, a pesar de lo cual, continuó realizando cotizaciones hasta el 2014. Trajo a colación la sentencia CSJ SL16374-2015, y dijo que si bien era cierto la valoración científica de las juntas de calificación de invalidez, a través de los

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procedimientos señalados en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional, era en principio la fórmula probatoria propia del establecimiento de dicha condición, esta valoración también era susceptible de ser desvirtuada, para efectos de la pensión de invalidez, a través de la multiplicidad de los medios de prueba previstos en el ordenamiento jurídico procesal y al tenor de las normas probatorias que rigen la actividad judicial. Agregó que en el caso del demandante, si bien era cierto algunas de las deficiencias destacadas en el dictamen tuvieron como causa el accidente de tránsito que sufrió, ello no quería decir que por esa razón la estructuración de la invalidez debía establecerse tomando como único criterio la fecha de su ocurrencia, pues los hechos revelaban una realidad distinta, en tanto a pesar del accidente, el demandante continuó afiliado al Sistema General de Pensiones, contribuyendo con sus cotizaciones a su financiación. Afirmó que la pérdida de capacidad laboral no era, en muchos casos, un estado que se estructurara instantáneamente a partir de un evento singular y por lo mismo no era una situación definitiva – de ahí que la pensión de invalidez no tuviese el carácter vitalicio, sino a partir del cumplimiento de la edad mínima – y, por lo mismo podía variar. Resaltó que una cosa eran las secuelas del accidente y otra las diversas patologías sobrevinientes que, podían

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Radicación n.° 100730 derivarse de aquél. Por lo anterior argumentó que no era razonable concluir que su estructuración se determinara para una época en que ni siquiera había registro de que se

hubieran padecido. Indicó que en el caso del demandante era evidente que la afectación de su capacidad laboral tuvo como causa el progresivo agravamiento de su estado de salud, que inicialmente no tuvieron la suficiente entidad para mermar sus aptitudes laborales, al punto que continuó con posterioridad al accidente, procurándose los medios para subsistir, hasta cuando le sobrevino su real incapacidad para seguir cotizando al Sistema. En sentido señaló que era necesario examinar si las cotizaciones efectuadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual del interesado, y no, que se hicieron con el único fin de defraudar al régimen. Refirió que, Debe advertirse que lo anterior no implica que sea válido alterar la fecha de estructuración de invalidez que hayan definido las autoridades médicas competentes, sin razón justificativa alguna o sin medio probatorio que así lo permita. De lo que se trata, es de llevar a cabo un análisis que incluye el supuesto fáctico que regula la normativa aplicable al asunto, a fin de determinar el momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las semanas legalmente exigidas. En resumen, se deben analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera establecer el punto de partida para realizar el conteo de aportes que imponga la ley.

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Radicación n.° 100730 En efecto, en el presente asunto observa la Sala, por un lado que, Colpensiones para fijar la fecha de estructuración de la invalidez tuvo en cuenta la del accidente de tránsito,

correspondiente al 12 de diciembre de 1990, sin tener en cuenta la época en que aparecieron las secuelas determinantes de la pérdida de capacidad laboral. Por otro lado, revisada su historia laboral, pese a estructurársele la invalidez en aquella data, presenta cotizaciones como trabajador dependiente desde el 24 de enero de 1991, con el empleador PEDRO RUBIO MARTINEZ (sic); desde el 1º de enero de 1996 hasta el 31 de mayo de 1996, con el empleador CONSTRUCCIONES Y MON; desde el 1º de febrero de 1998 hasta el 28 de febrero de 1998 con el empleador UTE CODING, y finalmente, como trabajador independiente desde el 1º de agosto de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2014. Consideró que para este caso concreto la fecha de estructuración de la invalidez correspondía a la misma del dictamen, el 21 de julio de 2011, a falta de información científica y concluyente respecto de la data exacta en que aquella se produjo, y teniendo en cuenta, desde luego, la llamada capacidad laboral residual del demandante. Manifestó que dentro de los tres años anteriores a la fecha en que conforme a lo considerado se estructuró realmente la pérdida de capacidad laboral, esto es, entre el 21 de julio 2008 y el mismo día y mes de 2011, contaba con 148,71 semanas. Concluyó que era procedente el reconocimiento de la pensión desde el 22 de julio de 2011. Estableció que la mesada inicial era equivalente al salario mínimo legal, atendiendo al ingreso base de

cotización (IBC) reportado en su historia laboral, así como que tenía derecho a percibir 14 mesadas anuales, teniendo en cuenta que la pensión se estructuró antes del 31 de julio de 2011 y no es superior a tres salarios mínimos legales mensuales.

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Radicación n.° 100730 Finalmente dijo, En cuanto a la excepción de prescripción, se avista que la petición administrativa fue resuelta mediante la Res GNR 131138 del 17 de junio de 2013, y la demanda el 24 de abril de 2018, configurándose el fenómeno de la prescripción, de conformidad con los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de abril de 2015. De igual modo, resulta procedente autorizar las deducciones de ley sobre el retroactivo de mesadas, por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, en atención a lo establecido en el art. 143 de la ley 100 de 1993, salvo sobre las mesadas adicionales. En este caso concreto, la negativa del Seguro Social en reconocer la prestación tuvo como razón el hecho de haber dictaminado una fecha de estructuración de la invalidez que conforme a la norma que resultaba aplicable no le permitía al demandante acceder a ese beneficio, sin que por otra parte, hubiere acudido éste a la Junta de Calificación de Invalidez a discutir lo relacionado con ese particular aspecto del dictamen. En tal virtud, ninguna mora le resulta imputable a la entidad. Además, el reconocimiento de la pensión se hizo mediante la

flexibilización de los requisitos para determinar lo relacionado con la estructuración de la invalidez, atendiendo las patologías padecidas por el demandante y la capacidad residual de éste.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado y de acuerdo con los límites del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal y en su lugar confirme la del juzgado. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de

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Radicación n.° 100730 casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta por perseguir la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía directa de aplicar indebidamente los artículos 1º de la Ley 860 de 2003, con relación al 13, 48 y 53 constitucionales; 141 y 143 de la Ley 100 de 1993; el Acto Legislativo 01 de 2005 y los preceptos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como de infringir directamente el 3º del Decreto 917 de 1997 y 5º y 6º del Acuerdo 049 de 1990.

Sostiene como hechos no discutidos los siguientes: i) VÍCTOR MANUEL OROZCO fue calificado mediante dictamen del 21 de julio de 2011 con una pérdida de capacidad

laboral del 53,23% de origen común, estructurada el 12 de diciembre de 1990; ii) Que cotizó al Sistema General de Pensiones un total de 944,57 semanas desde el 2 de diciembre de 1968 al 30 de septiembre de 2014, de las cuales, 280,85 se cotizaron con anterioridad al 1 de abril de 1994 y 17,43 dentro de los 6 años anteriores a la estructuración de la invalidez; iii) Que los aportes fueron efectuados desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de mayo de 1996 como trabajador dependiente de la empresa CONSTRUCCIONES Y MON, del 1 de febrero de 1998 hasta el 28 de febrero de 1998 con el empleador UTE CODING, y desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 30 de agosto de 2014 como trabajador independiente; iv) Que la invalidez tuvo lugar en virtud de un accidente de tránsito y v) Que no existe información científica y concluyente respecta a la data exacta en que se produjo definitivamente la invalidez (página 14 de la sentencia de alzada). Reprocha que se acudiera a la aplicación del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y a la tesis de la capacidad laboral

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Radicación n.° 100730 residual para exigirle al demandante la acreditación de 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de calificación de la pérdida de capacidad laboral. Afirma que la norma que regula la situación no era otra que la vigente al momento de la estructuración de la

invalidez, 12 de diciembre de 1990, es decir, el Acuerdo 049 de 1990, que exige acreditar 150 semanas en los seis años precedentes a la estructuración de la invalidez o 300 semanas en toda la vida, requisitos que no se cumplieron. Sostiene que la tesis de la capacidad laboral residual ha sido desarrollada para el caso de las enfermedades degenerativas, congénitas o catastróficas; sin embargo, en este caso la estructuración de la invalidez tuvo lugar a partir del accidente de tránsito que encontró acreditado y no se debate, por lo que no era posible perseguir la acreditación de 50 semanas en los tres años previos a la fecha de calificación del dictamen como lo hizo el fallador

(CSJ SL5183-2021 y CSJ SL5123-2020).

Agrega que, Como lo encontró acreditado el sentenciador y no es motivo de reproche, el demandante fue calificado el 21 de julio de 2011 con una fecha de estructuración del 12 de diciembre de 1990 en virtud el accidente de tránsito del que fue víctima; en ese orden de ideas, teniendo en cuenta las dos normas expedidas y vigentes al momento de la calificación de la pérdida y de la ocurrencia del evento, la estructuración de la invalidez responde estrictamente a la data en la que una persona perdió el 50% de su capacidad laboral residual, por lo que era a partir de esa fecha que debían contabilizarse las semanas exigidas. Como lo advirtió el sentenciador y no es motivo de reproche, VÍCTOR MANUEL OROZCO fue calificado mediante dictamen del 21 de julio de 2011 con una pérdida de capacidad laboral

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Radicación n.° 100730 del 53,23% de origen común, estructurada el 12 de diciembre de 1990 producto de un accidente de tránsito. Sin que exista información adicional que permita establecer la existencia de secuelas o de patologías posteriores. Bajo ese contexto fáctico indebatido, la norma llamada a regular la pensión de invalidez, es la que se encontraba vigente al momento de estructuración de dicho estado; en este evento, el Acuerdo 049 de 1990, de tal suerte que los periodos de cotización válidos para la causación del derecho son aquellos pagados con antelación al hecho generador: el accidente, y al no acreditar el demandante 150 semanas en los 6 años previos o 300 en su vigencia, como lo encontró probado el sentenciador y tampoco se debate, no era posible aplicar la tesis de la capacidad laboral residual diseñada para el reconocimiento de las mesadas por invalidez causadas en vigencia de la Ley 860 de 2003 y producto de una enfermedad congénita, degenerativa o catastrófica, mucho menos reconocer el pago de la pensión de invalidez reclamada, y por consiguiente, el retroactivo pensional.

VII. CARGO SEGUNDO Lo formula así: […] vía directa se acusa la sentencia impugnada de interpretar erróneamente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 a la luz de la actual posición jurisprudencial adoptada por esa Sala, y la infracción directa de los artículos 3 del Decreto 917 de 1997, 41

de la ley 100 de 1993 y 142 del Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005), con relación a los preceptos 13, 48 y 53 Constitucionales; los artículos 141 y 143 de la Ley 100 de 1993, el Acto Legislativo 01 de 2005 y los preceptos 488 del CST y 151 del CPT; lo que conllevó a la infringir directamente los artículos 5 y 6 del Acuerdo 049 de 1990. En la demostración del cargo manifiesta que se equivoca el Tribunal al i) tener como «[…] “posibilidad” o “deducción” la existencia de una capacidad laboral residual, y ii) pese a no existir “información científica y concluyente” respecto de la fecha exacta en que se estructuró la pérdida

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Radicación n.° 100730 de capacidad laboral, haya desconocido la del Dictamen del 21 de julio de 2011», para en su lugar establecerla en la misma del citado dictamen. Trae a colación las sentencias SL2977-2023 y CSJ SL272 de 2023. Reitera que se equivocó el Tribunal al acudir a una fecha «tentativa» para fijar ese hito, cuando es requisito que para esos efectos se cuente con una prueba técnica científica que afiance el resultado sobre el cual se determina con exactitud la fecha en que se estructura la pérdida de capacidad laboral, pues, se insiste, no basta con simples «inferencias» sin fundamento. Argumenta que, al mantenerse como fecha de estructuración la del 53,23% de origen común, del 12 de

diciembre de 1990, incluida en el dictamen, debe ser esta la que se deba acoger para todos los efectos legales, entre ellas, el estudio del reconocimiento pensional, debiéndose acudir a los artículos 5 y 6 del Acuerdo 049 de 1990. Al no reunirse las semanas que dicha norma exige, carece de sustento el reconocimiento de la pensión, del retroactivo pensional y de las mesadas en los términos ordenados, pues lo secundario por razones de lógica, corre la suerte de lo principal.

VIII. TERCER CARGO Acusa la sentencia por la vía indirecta de aplicar indebidamente los artículos 1º de la Ley 860 de 2003; 3º del Decreto 917 de 1997; 41 de la Ley 100 de 1993 y 142 del

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Radicación n.° 100730 Decreto 19 de 2012 (modificatorio del 52 de la Ley 962 de 2005); 13, 48 y 53 constitucionales; 141 y 143 de la Ley 100 de 1993; el Acto Legislativo 01 de 2005; 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 5º y 6º del Acuerdo 049 de 1990.

Refiere como errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la fecha de estructuración de la invalidez podría ser modificada y fijada en la data en que se calificó el origen de la patología, 21 de julio de

2011.

2. No dar por demostrado, estándolo, que no era posible modificar la fecha para de estructuración de la invalidez, por

cuanto en el dictamen de pérdida de capacidad laboral se incluyeron las secuelas del demandante y porque los aportes no se efectuaron producto de la capacidad laboral residual.

Señala frente a las pruebas:

PRUEBAS ERRADAMENTE APRECIADAS

1. Historia laboral del 8 de julio de 2018 expedida por COLPENSIONES visible a folios 41-49 del cuaderno de primera instancia, páginas 52-59.

2. Dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido el 21 de julio de 2011 visible en la página 18-19 del cuaderno de primera instancia, folio 16.

PRUEBAS NO APRECIADAS POR EL TRIBUNAL

1. Interrogatorio de parte absuelto por el demandante.

2. Historia clínica del señor VÍCTOR (sic) MANUEL OROZCO, expedida por EPS E.S.E HMI DE SOLEDAD SALAMANCA visible a folio 60-62 del cuaderno de primera instancia, páginas 70-72.

En la demostración del cargo dice que si el Tribunal hubiera efectuado una valoración acertada del dictamen de pérdida de capacidad laboral, habría encontrado que se incluyeron todas y cada una de las secuelas padecidas por

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Radicación n.° 100730 el demandante, derivadas del accidente de tránsito, generándose con ello, la estructuración de la invalidez desde el 12 de diciembre de 1990. Resalta que en el expediente no existen fechas ni datas que controviertan la fecha concluida como de estructuración; el dictamen fue aceptado por el demandante y no se presentó controversia sobre el mismo; se incluyeron

todas las secuelas generadas y documentadas con el accidente de trabajo, que generaron la invalidez superior al 50%. Afirma que, […] la conclusión del fallador se basó en supuestos. Mismos que no tienen la entereza de modificar la data de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del demandante. Máxime si se tiene en cuenta que la historia clínica allegada al plenario, y no valorada por el sentenciador, expedida en el año 2018, 7 años después de que se calificó la pérdida de capacidad laboral, no contiene ningún antecedente de las secuelas por el accidente de tránsito que deban ser tenidas en cuenta. Véase que en el documento se advierte claramente que el demandante acude por control por riesgo cardiovascular, se refiere que no tiene ningún antecedente, que no refiere datos de antecedentes familiares, que tiene un antecedente de cirugía del 29 de noviembre de 2018, relacionado con una lesión retinal; sin detallarse si se presentó o no un deterioro o aumento en la capacidad laboral que ya le había sido calificada en el 2011 y que por demás, se centró en el accidente de tránsito, no en patologías visuales. En ese orden de ideas, no le estaba dado al colegiado modificar la fecha de estructuración de la invalidez, mucho menos aducir que no se tuvieron en cuenta las secuelas, pues es cristalino que en el dictamen efectuado por el ISS, fueron tenidas en cuenta las dos secuelas documentadas y generadas con el accidente: el recorte de 2 cms de su extremidad izquierda y las secuelas de pseudoartrosis supracondílea humero derecho por

fractura de femur por accidente de tránsito. Siendo estos eventos los que generaron la pérdida de capacidad laboral desde su ocurrencia (1990).

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Radicación n.° 100730 Agrega que el fallador no podía argumentar que la modificación de la fecha respondía y se sustentaba en las cotizaciones efectuadas con posterioridad, a partir de la capacidad laboral residual del demandante, ya que como se evidencia de la historia laboral del 8 de julio de 2018 expedida por Colpensiones todas las semanas posteriores al 2001 fueron sufragadas desde el régimen subsidiado; sin que se pruebe el ejercicio de una actividad laboral para el pago de ese aporte. Añade que al 2011 el demandante no era cotizante y se encontraba vinculado al Sisbén; en ese orden de ideas, de las pruebas del expediente no se extrae que los aportes fueron efectuados producto de una real capacidad laboral residual. Concluye que, […] es que del mismo interrogatorio de parte rendido por el demandante (minuto 24 de la audiencia de práctica de pruebas), se extrae que luego del accidente laboró al servicio de la empresa DISTRAL, por espacio de 5 meses, sociedad que lo desvinculó, sin que se reincorporará a la fuerza laboral con posterioridad. Argumento que contiene los elementos para configurarse en una confesión y, por consiguiente, generar efectos adversos al demandante respecto a la existencia de la supuesta capacidad laboral que generó la modificación de la fecha de estructuración del dictamen.

IX. RÉPLICA El demandante señala que el Tribunal actuó con base

en la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional.

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Radicación n.° 100730 Agrega que la legislación laboral colombiana extendió la aplicación de los fallos extra y ultra petita, que se encontraba únicamente en potestad del juez, y ahora también a la segunda instancia, conforme lo probado. Opina que, Como ente veedor jurídico y en atención a los principios de consonancia, congruencias y fallos extra y ultra petita, el Tribunal superior de Barranquilla actuó bajo la interpretación sistemática de que trata nuestra codificación Sustantiva Civil, ilustrando el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, buscando no vulnerar los derechos sustanciales e inalienables de un trabajador al extender la aplicación de otras leyes (incluyendo fuentes auxiliares de la ley), particularmente cuando se tratan de un mismo asunto. Su señoría, este caso hoy día es el pan de cada día, las sentencias que con respeto traigo a colación devienen de la Corte Constitucional, pero que esta Honorable Corporación no ha sido indiferente y ha emitido sentencias sobre este tópico. La doctrina de capacidad laboral residual es un tema que ha interesado a los conductores en esta instancia, se ha hablado del test de procedencia, los requisitos sine qua non que deben probarse en la instancia inferior y que no fueron en ningún momento repudiados por Colpensiones, tenemos claro que los hechos 6,7 y 8º del libelo incoatorio, no hubo oposición al

respeto, más ahora, pretende con el recurso de alzada reprochar el proceder del sentenciador que solo hizo su trabajo al ceñirse a la Constitución como máxima guardiana en nuestro País y que sin duda alguna esta corporación ha venido haciendo un grandioso trabajo en post de seguridad legítima. Menciona que la pseudoartrosis es una complicación que puede presentarse durante el proceso de consolidación de la fractura de un hueso, consistente en la ausencia en la formación de nuevo hueso en tiempo razonabl