CSJ - SL1907-2024

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente Sentencia compartida SL1907-2024 Radicación n.° 94830 Acta 25 Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A., contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que les sigue JULIA EUNISES ASPRILLA QUINTANA.

I. ANTECEDENTES Accionó la demandante contra las enjuiciadas para que se declarara lo siguiente: (i) que la cooperativa de

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Radicación n.° 94830 trabajo asociado Temporales Especializados S.A. fungió como contratista del Hospital San Juan de Dios; (ii) que en desarrollo de una actividad laboral ejecutada entre su hija Paola Andrea Romero Asprilla y aquella, adquirió una enfermedad que le ocasionó la muerte y; (iii) que dicho hecho es imputable en forma solidaria a las dos sociedades demandadas por fallas en el sistema de seguridad industrial. En consecuencia, solicitó que se condenara solidariamente a las accionadas a que le pagaran la indemnización total y ordinaria por los perjuicios del orden material que comprenden el lucro cesante y el daño emergente, así como los morales objetivados y subjetivados conforme al artículo 216 del CST.

En sustento de sus pretensiones, manifestó que Paola Andrea Romero Asprilla trabajó en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, vinculada «indirectamente» a través de «la cooperativa de trabajo asociado» Temporales Especializados S.A. hasta su deceso, cuando aquella tenía 23 años, estaba en plenitud de su etapa productiva, y gozaba de excelente salud previo a su vinculación. Sostuvo que las funciones que realizaba la trabajadora consistían en la atención de pacientes que padecían de tuberculosis pulmonar; que resultó contagiada de esa enfermedad, por lo que fue ingresada a la clínica Desa en junio de 2016, y falleció el 26 de agosto de la misma anualidad a causa de aquella; que existe una relación de causalidad entre el hecho y el resultado dañoso, pues el

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Radicación n.° 94830 hospital omitió negligentemente implementar los mecanismos de prevención y seguridad industrial que hubieren evitado que el hecho ocurriera, y la sociedad Temporales Especializados S.A. también dejó de suministrar la indumentaria necesaria para operar, así como de brindar la capacitación requerida para trabajos de alto riesgo. Refirió que ha sufrido una enorme pérdida, pues compartía su vida con su hija, y se beneficiaba de sus logros. Al contestar, las demandadas se opusieron a las pretensiones. En cuanto a los hechos, el Hospital Universitario San Juan de Dios precisó que Paola Andrea Romero Asprilla fue trabajadora en misión, vinculada por Temporales

Especializados S.A., la cual era una empresa de servicios temporales constituida legalmente, con la que contrató el suministro de personal. Admitió que ingresó el 1° de junio de 2015 y culminó su contrato el 1° de mayo de 2016, fecha en que expiró la obra contratada, «en razón al vencimiento del tiempo permitido en ese tipo de contratación temporal.» Dijo que los demás enunciados fácticos no eran ciertos o no le constaban. Propuso las excepciones de inexistencia del nexo causal, así como de la obligación de resarcir daños, culpa exclusiva de la víctima, buena fe, y prescripción. Temporales Especializados S.A. negó todos los hechos, e hizo énfasis en que no era una cooperativa sino una

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Radicación n.° 94830 empresa de servicios temporales. Afirmó que la operaria fue trabajadora en misión en el Hospital San Juan de Dios, vinculada mediante contrato por duración de la obra que se extendió del 1° de junio de 2015 al 1° de mayo de 2016. Alegó que el hospital era el ejecutor de la subordinación de la empleada y único beneficiario de la actividad de esta, razones por las cuales era el creador del riesgo e incurrió en la culpa que originó el daño alegado, el cual no podía serle trasladado. Afirmó que desconocía la causa del deceso. Propuso como medios exceptivos los de inexistencia de la obligación, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali,

mediante sentencia del 28 de febrero de 2020, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones de la actora, fundamentalmente, porque esta no demostró que la muerte de la trabajadora hubiera sido ocasionada directamente por la tuberculosis, es decir, porque no quedó demostrado el nexo causal alegado.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de providencia del 9 de septiembre de 2021, decidió: PRIMERO. - REVOCAR la sentencia número 080 del 28 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, objeto de apelación, para en su lugar:

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Radicación n.° 94830 1.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de fondo formuladas por las demandadas TEMPORALES

ESPECIALIZADOS S.A. y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.

2. DECLARAR que entre PAOLA ANDREA ROMERO ASPRILLA y el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, existió un contrato laboral, que inició el 01 de junio de 2015.

3. DECLARAR que es solidariamente responsable la empresa

TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A.

4. DECLARAR que la enfermedad laboral que trajo como consecuencia la muerte de la señorita PAOLA ANDREA ROMERO ASPRILLA, existió culpa comprobada de su empleador HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 5.- CONDENAR a la demandada HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y solidariamente a la empresa TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A., al reconocimiento y pago a favor de la

demandante JULIA EUNISES ASPRILLA QUINTANA, de las indemnizaciones por concepto de perjuicios contemplados en el artículo 216 del CST, así: a) La suma de $104.689.252,88 por concepto de Lucro Cesante Consolidado. b) La suma de $289.266.984,07, por concepto de Lucro Cesante Futuro. c) La suma de $90.852.600, por concepto de perjuicios morales.

6. ABSOLVER a las demandadas TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A. y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, de los perjuicios de daño en la vida en relación.

SEGUNDO. - COSTAS en ambas instancias a cargo de las demandadas TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A. y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y a favor de la promotora del litigio. Fíjese en esta instancia las agencias en derecho en el equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de cada demandada. Para soportar su decisión, fijó como problemas jurídicos los siguientes: (i) establecer si existió un contrato de trabajo y quién fungió como empleador de Paola Andrea Romero Asprilla; (ii) si la tuberculosis pulmonar que le afectó fue adquirida en el ejercicio de su trabajo, y dentro del hospital demandado, y si es de carácter laboral; (iii) si existió culpa patronal por parte de las accionadas; y (iv) si hay lugar a la indemnización plena de perjuicios reclamada.

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Radicación n.° 94830 Indicó que desde la contestación de la demanda,

Temporales Especializados S.A. aceptó que Paola Andrea Romero Asprilla fue su trabajadora para desempeñar el cargo de terapeuta respiratoria en la usuaria Hospital San Juan de Dios, vinculación que tuvo una duración desde el 1° de junio de 2015 «y hasta la fecha de su fallecimiento, el 26 de agosto de 2016». Con el certificado de existencia y representación legal verificó que dicha sociedad ostentaba la calidad de empresa de servicios temporales (EST), y que celebró sendos contratos de prestación de servicios de colaboración para el envío de personal en misión al hospital enjuiciado. Observó que en el contrato laboral de la fallecida no se especificó el término de vigencia de la obra contratada, ni se estipuló bajo cuál de las condiciones descritas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 era que se contrataba. Por el contrario, la actividad de terapeuta respiratoria guardaba relación con el objeto social del centro médico y tenía vocación de ser requerida de forma continua. De esta manera, concluyó que las partes hicieron un inadecuado uso de la citada legislación, razón por la cual la consideró como trabajadora del hospital. Aseguró que la EST era responsable de manera solidaria, en virtud del artículo 34 del CST y la jurisprudencia de esta Sala, vertida, entre otras, en las sentencias CSJ SL14692-2017, SL4400-2014 y SL, 20 mar. 2013, rad. 40541. Seguidamente se adentró en el estudio de la culpa patronal, teniendo como hecho probado que la

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Radicación n.° 94830 trabajadora ingresó a la clínica Desa el 6 de junio de 2016,

y falleció en la UCI. Analizó el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1477 de 2014, a efectos de establecer si la enfermedad que causó la muerte era de origen laboral, y advirtió que el mencionado decreto estableció una tabla de enfermedades profesionales, entre las cuales incluyó la tuberculosis pulmonar dentro de las infecciosas y parasitarias, y en cuyo listado de ocupaciones estaba el personal médico y de enfermeras, entre otros, patología que era tratada en pacientes del hospital accionado y cuya atención era una de las funciones de la extrabajadora fallecida, hecho aceptado en la contestación de la demanda. Destacó, además, que el centro hospitalario contaba con varios protocolos para atender pacientes que llegaban a recibir atención médica por esa enfermedad, tales como (i) el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para prevenir las Enfermedades por Exposición a Riesgo Biológico Tuberculosis; (ii) el Manual de Infecciones que contiene el estándar de aislamiento para vía aérea; (iii) la Guía de atención en Enfermería en Pacientes con Tuberculosis; y (iv) el Protocolo de Aislamiento. De la historia clínica allegada con la demanda y expedida el 26 de agosto de 2016 por el centro médico en el que falleció la paciente, resaltó la siguiente información allí plasmada: «paciente con alta sospecha clínica y tomografic (sic) de tuberculosis se realizo (sic) broncoscopia para confirmar diagnostico (sic) e indicar terapéutica». También

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Radicación n.° 94830 tuvo en cuenta que para el 15 de junio de 2016 se le diagnosticó neumonía multilobar necrotizante, y sepsis de origen pulmonar, de modo que, por presentar alto riesgo de falla ventilatoria, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos, donde estuvo interna durante 73 días con ventilación mecánica, y le brindaron la atención médica hasta el 26 de agosto de 2016, cuando falleció a causa de un paro cardio respiratorio, entre otras múltiples afectaciones a su salud. Aseguró que la Secretaría de Salud Municipal certificó que la muerte ocurrió por la enfermedad denominada tuberculosis pulmonar, información dada por la Clínica Desa a través del reporte de fecha 15 de junio de 2016; y que el certificado de defunción indicó que el estado « fisiopatológico que produjo la muerte directamente en su orden» fue a) tuberculosis, b) hipertensión, c) encefalopa y d) epilepsia. Adicionalmente, refirió que el certificado médico de preingreso ocupacional a la demandada Temporales Especializados S.A., y que luego la suministró al hospital, determinó que no presentaba restricciones para desempeñar la ocupación de terapista respiratoria del sector económico comercio formal. Adujo que, conforme a las pruebas valoradas, la trabajadora presentaba un alto riesgo de exposición a la tuberculosis pulmonar, debido al trato con pacientes que ingresaban por sospecha y posterior diagnóstico confirmado de tal patología, al ejercer sus funciones como terapista

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Radicación n.° 94830 respiratoria al interior de dicho centro hospitalario, aunado a que no se demostró que, previo al ingreso de la relación laboral, tuviese sintomatología alguna que lograse «tan siquiera tener un indicio de que aquella presentara la precitada enfermedad». Razonó que tal situación podría corroborarse además, con su historia clínica y con los reportes por consultas médicas ajenas a la patología en cita y en fechas anteriores al ingreso a laborar como terapista respiratoria en el hospital demandado, resultando claro que la misma fue contraída como resultado de la alta exposición al factor de riesgo biológico en el hospital, debido al ejercicio de las actividades propias de terapista respiratoria que desempeñaba, por lo que la enfermedad era de tipo laboral. Afirmó que no desconocía «el contenido del dictamen emanado por el médico cirujano, especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas y microbiología clínica» que se allegó con la contestación, pero que se apartaba de la conclusión de aquel, en tanto afirmó: […] en este caso especifico (sic) el contacto con el bacilo tuberculoso puede haberse adquirido previamente en entornos comunitarios generales o de educación en salud, desde los comienzos del proceso educativo en el personal de salud, el cual hace parte de los grupos de riesgo durante todo su proceso de desarrollo tanto educativo inicial como laboral posteriormente. Y a su vez, en la misma experticia plasmó: […] Adicionalmente muestra como la incidencia es también variable de acuerdo a la localización del trabajo dentro del área hospitalaria, con tasas bajas por ejemplo en Médicos (sic) enfermeras y paramédicos desde 0.5 hasta más altas de 27.9

por 100.000 en enfermeras, la tasa más alta, lo que indica que las prevalencias son variables dependiendo no solo de la

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Radicación n.° 94830 profesión sino del sitio del trabajo del profesional, con riesgo mayor para aquellos profesionales de mayor prevalencia de la infección tuberculosa. Luego de hacer un recuento de lo dicho por el perito sobre el estado, la evolución, los síntomas, los tratamientos y el desenlace de la enfermedad de la trabajadora, concluyó del mismo que esta estuvo en un «riesgo mayor», que fue el responsable de haber adquirido la enfermedad, aunado al ejercicio de su trabajo, pues estaba acreditado, tanto la exposición a los pacientes que padecían aquella, como que previo a su ingreso a laborar, «no tuviera rasgo alguno de haber contraído tal enfermedad», la cual, estando enlistada dentro de las enfermedades laborales en el Decreto 1477 de 2014, resultaba innecesario «establecer una relación causa – efecto entre los factores de riesgo presentes en el sitio de trabajo con la enfermedad diagnosticada». Abordó la consagración legal de la culpa patronal del artículo 216 del CST, indicando que la indemnización plena y ordinaria de perjuicios se enmarcaba en un régimen subjetivo de responsabilidad civil, en donde el trabajador lesionado o los terceros afectados debían demostrar el daño, la culpa patronal y el nexo de causalidad entre estas dos; que el daño debía ser personal y cierto, sea de manera directa para el caso del trabajador, o indirecta para el caso

de un familiar, cónyuge, compañero o compañera permanente, pareja sentimental o amigo de la víctima. Dijo que esta Corte, en la sentencia CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 39631, aclaró que cualquier persona, sea víctima directa o no, siempre que se pruebe uno o varios perjuicios

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Radicación n.° 94830 generados en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, estaba legitimada para demandar al empleador por culpa patronal en concordancia con los artículos 2341 y 2356 del CC. Citó también las providencias CSJ SL170262016, SL10262-2017, SL9355-2017, SL2248-2018 y SL 2388-2020. Argumentó que la medición de la culpa en la ocurrencia de un siniestro laboral debía hacerse de acuerdo con un criterio subjetivo-normativo, traducido en la incidencia al menos leve del empleador, seguido del cumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad consagradas en el artículo 56, así como en los numerales 1 y 2 del 57 ibidem. Adujo que aquel debía detectar de manera oportuna los riesgos ocupacionales de la actividad ejercida por el operario, con el fin de tomar las medidas de protección y seguridad que evitaren accidentes de trabajo o la estructuración de enfermedades de origen laboral, situación que debía materializarse mediante un programa de salud ocupacional hoy denominado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Manifestó que no obstante, tal programa no lo eximía de responsabilidad, pues, resultaba necesario que su

ejecución cumpliera con los objetivos de prevención, precaución y previsión de un riesgo laboral, y que debía tenerse presente, además, lo dispuesto por la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 del mismo año, y los decretos 614 de 1984 y 1295 de 1994.

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Radicación n.° 94830 Aseveró que en el plenario reposaba el compendio del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del hospital de fecha 22 de junio de 2015, cuyos objetivos específicos demandó implementar (i) el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del año 2015, (ii) el Manual de Bioseguridad actualizado a diciembre de 2015; (iii) el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para prevenir las enfermedades por exposición a riesgo biológico tuberculosis en la prestación de servicios de salud, de agosto de 2017; (iv) el Manual de Infecciones con vigencia de enero de 2014 en adelante, cuyo objetivo era la prevención de la transmisión de microrganismos provenientes tanto de fuentes conocidas como no conocidas; (v) la Guía de Atención en Enfermería en Pacientes con TuberculosisVigilancia Epidemiológica, implementada a partir de enero de 2014, con el fin de disminuir y controlar la enfermedad de tuberculosis mediante intervenciones de enfermería; (vi) el Protocolo de Aislamiento – Precauciones Universales de agosto de 2015, para la reducción del riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el trabajo del equipo de salud; (vii) los formatos de registro de

asistencia a eventos para socialización del Sistema de Gestión de la Seguridad Social y Salud en el trabajo donde participó la trabajadora. Analizó los testimonios de Paola Andrea Sánchez López, Johana Medina Navarro, María del Pilar Echeverry Pastrana y María Antonia Angulo Amu, y del estudio conjunto de todas las pruebas concluyó que, si bien el Hospital San Juan de Dios contaba con un Sistema de

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Radicación n.° 94830 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las herramientas que se crearon en su desarrollo, su sola implementación no lo eximía de responsabilidad, pues resultaba necesario que su ejecución cumpliera los objetivos de prevención y precaución del riesgo laboral, para lo cual era menester determinar si cada herramienta creada a través de ese sistema le fue debidamente socializada a la trabajadora a través de inducciones, charlas, talleres, cursos o eventos realizados, bien por el hospital, o por la EST. Advirtió que la trabajadora estuvo presente, o bien como expositora, o como espectadora dentro de los eventos que el hospital demandado realizó en donde se trataron los siguientes temas: […] succión y cuidados de traqueostomía, capacitación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios – PGERH, capacitación de tecnovigilancia, capacitación en THERABAND y BALONTERAPIA, protocolo manejo del AT, uso EPP N 95 y bioseguridad, conferencia sobre el programa de seguridad en el paciente y para la celebración del día mundial de la actividad física. Afirmó que si bien esas actividades o eventos eran importantes para el desarrollo de las labores como terapista

respiratoria, no se referían exclusivamente al manejo de pacientes con tuberculosis dentro del ente hospitalario, con el fin de establecer que a la trabajadora se le hubiera dado una completa información para (i) el autocuidado de su salud; (ii) el factor de riesgo ocupacional; (iii) las normas de bioseguridad para tal patología; (iv) el uso correcto de elementos de protección personal para el trato específico de

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Radicación n.° 94830 tales pacientes, todo, dada la alta exposición que presentó al ejercer su labor como terapista respiratoria. Aseveró que, dado que ejercía una actividad de alto riesgo, el hospital debía contar con medidas y controles periódicos dirigidos al personal de salud, tales como: […] vigilancia de preingreso, vigilancia periódica en el que se realizará (sic) la prueba de PPD al personal asistencial y administrativo cada año y vigilancia de egreso y programas de formación al trabajador para el control del riesgo biológico de TB, prueba de PPD al ingreso, pruebas de ajuste del tapabocas N95 para los usuarios que requieran de tal protección, entre otras normas de bioseguridad. Observó que, aunque así figuraba en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Prevenir las Enfermedades por Exposición a Riesgo Biológico Tuberculosis en la Prestación de Servicios de Salud, este solo fue implementado en el hospital demandado a partir de agosto de 2017, luego del fallecimiento de la trabajadora. Concluyó que las anteriores omisiones ocasionaron un daño originado en una actividad laboral, cuya consecuencia fue producto de la negligencia por parte del empleador en el

acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de su trabajadora, demostrado en la poca capacitación y adiestramiento, así como la no implementación de las precitadas medidas y controles, antes, durante y después de la relación laboral, razón por la cual fulminó que los demandados no cumplieron la carga procesal de demostrar que acataron las obligaciones generales de protección y seguridad para con su subordinada.

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IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por las demandadas, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se propone, en primer lugar, resolver individualmente el cargo primero del Hospital San Juan de Dios; después abordar conjuntamente las restantes acusaciones de esa institución hospitalaria y las de la empresa Temporales Especializados S.A., toda vez que están formuladas bajo idénticos argumentos.

Hospital Universitario San Juan de Dios

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto la condenó a pagar el lucro cesante y los perjuicios morales, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal propósito formula seis cargos por la causal primera de casación, replicados por la demandante. Salvo el primero, los demás se resuelven de forma conjunta, ya que a pesar de que se orientan por diferentes vías, denuncian similar conjunto normativo, persiguen idéntico fin, y presentan una argumentación complementaria.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de incurrir en violación medio de

los artículos 50, 66A y 145 del CPTSS, y 29 de la CP, lo que condujo al quebrantamiento, por vía indirecta y por

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Radicación n.° 94830 aplicación indebida, de los preceptos 77 de la Ley 50 de 1990; 24 y 216 del CST; 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo; y 6 del Decreto 4369 de 2006. Le enrostra los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que “De acuerdo con los argumentos expuestos al formular el recurso de alzada por la parte demandante, corresponderá a esta Sala de Decisión: i) Establecer si existió contrato laboral, determinado quien tiene la calidad de empleador.”

2. No dar por demostrado, estándolo, que el a quo NO TUVO como base esencial de su decisión absolutoria el estudio de un supuesto contrato realidad por uso indebido del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, y que tal aspecto tampoco fue apelado por la demandante.

3. No dar por demostrado, estándolo, que en la demanda de primigenia, la parte actora se encargó de diseñar la litis solicitando únicamente lo siguiente: “que la cooperativa TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A., a la fecha de los hechos, donde perdió la vida PAOLA ANDREA ROMERO ASPRILLA, funcionaba como contratista, prestando servicios en las instalaciones del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. b) Que en

desarrollo de una actividad laboral entre el occiso PAOLA ANDREA ROMERO ASPRJLLA, y la cooperativa TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A., realizando labores que beneficiaban directamente al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, adquirió una enfermedad por la que perdió la vida PAOLA ROMERO, por hecho imputable en forma solidaria a las dos empresas, ya que existieron fallas en el sistema de seguridad industrial…Como consecuencia de lo anterior, por ministerio de la Ley, las empresas demandadas TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A., y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, serán condenadas solidariamente a pagar a favor de la demandante o a quien represente sus derechos, la indemnización total y ordinaria por los perjuicios del orden material que comprenden el LUCRO CESANTE y el DAÑO EMERGENTE; así como los perjuicios MORALES objetivados y subjetivados a mi representada, materializados conforme al art. 216 del C.P.T. y S.S.”

4. No dar por demostrado, estándolo, que al no invocarse esa causa petendi ni solicitarse esa pretensión y, como consecuencia de ello, no apelar el supuesto mal uso del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 ni la existencia de un contrato realidad, no podía el Tribunal tener por probado que ese punto sí había sido confutado por la parte demandante en la apelación e

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Radicación n.° 94830 inventarse oficiosamente un nuevo punto de impugnación que no corresponde a lo que consta claramente en dicha impugnación.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, “que no se hizo estipulación

que indicara bajo qué condición o motivación se contrataba a la actora”.

6. No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso sí se encuentra acreditado con la documental de folio 283 la causal por la cual se requería la contratación de la empresa de servicios temporales por razón de incremento en el servicio.

Manifiesta que la violación normativa se dio por la apreciación errónea de la demanda y del recurso de apelación de la parte actora, así como por la falta de valoración de la comunicación que le envió a la EST por incremento del servicio (f.° 283). En la demostración, precisa que el Tribunal partió de la base de que el asunto a resolver en segunda instancia era «establecer si existió contrato laboral, determinando quién tiene la calidad de empleador» pero no tuvo en cuenta lo que realmente apeló la demandante, además de que esta jamás solicitó que se declarara la existencia de un contrato realidad con el Hospital San Juan de Dios. Por lo anotado, considera que el colegiado no podía tener por probado que ese punto sí había sido confutado por la parte demandante en la apelación, «e inventarse oficiosamente un nuevo punto de impugnación». Al final dice que, «en sede de instancia», se aprecia que la documental del folio 283 acredita la causa por la cual se requería la contratación de la empresa de servicios temporales, por lo que no podía concluirse que no se hizo estipulación que indicara bajo qué condición o motivación se contrataba a la actora.

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VII. RÉPLICA La demandante expresa que el alcance de la

impugnación no guarda concordancia en relación con la parte resolutiva de la sentencia acusada. En lo tocante al cargo, aduce que el contrato de trabajo de su hija no pudo ser por la duración de la obra o labor, ya que esta modalidad contractual exige, para su validez, que se determinen de manera clara y precisa las labores a realizar y la duración de estas, requisitos que echó de menos el colegiado, razón por la cual la decisión no provino de una apreciación errónea o falta de apreciación de las pruebas debatidas en el proceso.

VIII. CONSIDERACIONES No le asiste razón a la censura en el reparo que le hace al alcance de la impugnación, dado que el censor claramente identifica su pretensión, esto es, la casación de la sentencia en cuanto no le es desfavorable de manera total, indicando cuáles son los aspectos que pretende anular, y lo que solicita de la Corte en sede de instancia, esto es, la confirmación del proveído proferido por el a quo.

Le corresponde entonces a la Sala determinar si el Tribunal violó el principio de consonancia al resolver sobre la naturaleza del contrato que ató a las partes y la calidad de empleador del hospital accionado. Este principio se circunscribe a los asuntos que son materia de apelación, de tal manera que el juez de la alzada debe ceñirse a los términos expuestos en el recurso (art.

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Radicación n.° 94830 66A CPTSS). A partir de la declaratoria de exequibilidad condicionada dispuesta por la Corte Constitucional en la

sentencia CC C968-2003, se entiende además que «las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador», de modo que el fallador de segundo grado necesariamente debe pronunciarse sobre tales aspectos, toda vez que hacen parte de su competencia funcional, eso sí, siempre y cuando (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados (SL5290-2021). Al examinar la demanda, advierte la Sala que, en todo momento, la actora pretendió que se condenara al hospital de manera solidaria con la EST que suministró a la trabajadora fallecida, y teniendo como hilo conductor de su libelo que esta última empresa se utilizaba como una contratación «indirecta», y carente de cualquier respaldo económico para responder por las acreencias. Así lo plasmó en las pretensiones (f.° 4 y 5 cuaderno digital 1): Que en desarrollo de una actividad laboral entre el occiso PAOLA ANDREA ROMERO ASPRJLLA (sic), y la cooperativa TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A., realizando labores que beneficiaban directamente al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, adquirió una enfermedad por la que perdió la vida PAOLA ROMERO, por hecho imputable en forma solidaria a las dos empresas. Queda claro entonces que el Hospital San Juan de Dios, debe garantizar por cualquier medio el resarcimiento pleno de las obligaciones y/o perjuicios que comprometan a sus contratistas, derivados de una actividad laboral en el interior de sus establecimientos, como en este caso, po