CSJ - SL1969-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1969-2024 Radicación n.° 96292 Acta 25 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por BETSABÉ QUINTERO RODRÍGUEZ contra la sentencia dictada el 8 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la recurrente contra la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS DE PITALITO - EMPITALITO ESP.

Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de PitalitoEmpitalito E.S.P., al abogado Aldemar Trujillo Motta, identificado con la cédula de ciudadanía 83.218.504 de Oporapa, portador de la tarjeta profesional 115.773 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder especial que fue

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Radicación n.° 96292 conferido y que reposa en el expediente digital de esta corporación.

I. ANTECEDENTES Betsabé Quintero Rodríguez inició proceso ordinario laboral a fin de que se declare que laboró para la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito - Empitalito ESP, del 1 de junio de 2005 al 29 de mayo de 2008 y desde el 1 de marzo de 2009 hasta el 30 de junio de 2011; y que el

Municipio de Pitalito es responsable, de forma solidaria, por las obligaciones a cargo de la empleadora, entidad que también fue demandada, pero en audiencia celebrada el 10 diciembre de 2019 el juzgado de conocimiento admitió el desistimiento de la acción que presentó la promotora del proceso en su contra (f.o 174 tomo 6). Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condene al pago de la «diferencia de los salarios dejados de percibir o no reconocidos»; la «liquidación laboral resultante del tiempo trabajado» teniendo en cuenta el salario mínimo legal; «15 dotaciones»; los aportes en materia pensional; las indemnizaciones por despido sin justa causa y por la no cancelación de las obligaciones laborales desde el «01 de julio de 2011»; lo que resulte probado ultra o extra petita; la indexación; y las costas del proceso. En sustento de esas pretensiones se refirió a la naturaleza jurídica de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito - Empitalito ESP, destacando que

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Radicación n.° 96292 era una entidad de derecho público descentralizado y tenía como objetivo prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Pitalito - Huila; que para esta última función, el ente territorial y después Empitalito ESP, contrabatan directamente los «servicios de las barrenderas»; que luego se tercerizó esa labor, motivo por el cual se ordenó a las personas naturales crear cooperativas y asociaciones de trabajo, las cuales se constituyeron por disposición expresa del gerente de la

accionada, como requisito para seguir contratando el barrido de las calles. Dijo que fue vinculada laboralmente mediante un contrato de trabajo de tipo verbal, para que realizar las labores de aseo, barrido, recolección de basuras, desyerbado de andenes y separadores, limpieza de desagües de las calles y, en general, vías y parques del Municipio de Pitalito; y que fungió como «barrendera» desde el 1 de junio 2005 hasta el 29 de mayo de 2008, cuando fue despedida de manera injustificada, y del 1 de marzo de 2009 al 30 de junio de 2011, cuando nuevamente se le finalizó el nexo sin justa causa. Expresó que la actividad la desarrolló de manera personal; que el salario convenido fue el mínimo, aunque nunca le pagaron ese valor; que no le reconocieron el recargo nocturno, horas extras, dominicales o festivos, subsidio de transporte ni demás derechos laborales que por ley le correspondían.

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Radicación n.° 96292 Adujo que durante todo el tiempo recibió de manera permanente órdenes del gerente de la demandada, ya sea de forma directa o a través del inspector de aseo; que cumplió un horario de lunes a domingo; que le impusieron la condición de laborar hasta terminar el trayecto asignado, sin importar las horas necesarias para tal fin, pero solo le reconocían el pago equivalente a tres horas; y que por no estar de acuerdo con las condiciones antes mencionadas fue despedida. Arguyó que Empitalito ESP ejerció el poder subordinante, pues las contratistas (coordinadoras), no

podían tomar decisiones de manera unilateral, por tanto eran intermediarias; que las carretillas, carros o vehículos en los que se transportaba la basura, los conducían o llevaban las barrenderas y tenían el logo de la empresa demandada; que le asiste derecho al subsidio de transporte, ya que su domicilio está ubicado a una distancia superior a un kilómetro o 10 cuadras; y que efectuó la reclamación administrativa solicitando el reconocimiento de sus derechos laborales, la cual fue resuelta en forma negativa. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito - Empitalito ESP al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante. En relación con los hechos, admitió la naturaleza jurídica de la entidad y su objeto; la contratación del servicio de aseo y de personal a través de personas jurídicas o naturales; y que las carretillas, carros o vehículos en los que transportan la basura eran

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Radicación n.° 96292 conducidos por las barrenderas. De los restantes supuestos fácticos adujo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que con la promotora del proceso no ejecutó un contrato de trabajo, por cuanto la vinculación de aquella fue con otras empresas. Propuso la excepción previa de inepta demanda por falta de integración del litisconsorcio necesario, solicitando se llamara al proceso a las «personas diferentes» con las que se surtió la «contratación directa de las labores»; y de fondo las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido,

improcedencia del reconocimiento de la «pensión sanción», falta de legitimación por activa de la demandante para solicitar el pago de aportes, improcedencia de la declaración de trabajador oficial, prescripción, improcedencia de los medios probatorios solicitados, buena fe y la genérica. En audiencia celebrada el 10 diciembre de 2019, el despacho admitió el desistimiento respecto a la excepción previa formulada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito con sentencia del 10 de diciembre de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de dos contratos de trabajo entre la señora BETSABÉ QUINTERO RODRÍGUEZ Y EMPITALITO ESP, los cuales se dieron desde el 31 de diciembre de 2005 al 1 de enero de 2008 y del 31 de enero de 2009 al 1 de enero de 2011.

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SEGUNDO: CONDENAR a la demandada EMPITALITO a consignar los aportes pensionales a que tiene derecho la señora BETSABÉ QUINTERO RODRÍGUEZ, por los periodos de las relaciones laborales declaradas, mediante un cálculo actuarial en la administradora de pensiones a la cual se encuentre afiliada, teniendo como salario el mínimo legal mensual vigente de cada año.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, en lo que tiene que ver con las cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, dotación, trabajo

suplementario, prima de servicios y auxilio de transporte. No afecta los aportes a seguridad social.

CUARTO: DENEGAR las restantes pretensiones de la demanda.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por Empitalito.

SEXTO: CONDENAR a Empitalito al pago del 30% de las costas que se liquiden, en favor de la parte demandante. Tásense como agencias en derecho la suma de $600,000 a cargo de la parte demandada.

(Negrillas propias del texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ambas partes conoció la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y, con sentencia calendada 8 de septiembre de 2021, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda inicial. Impuso costas a cargo de la parte vencida en ambas instancias.

Para tomar su determinación comenzó por precisar que en virtud del principio de consonancia previsto por el artículo 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consistía en dilucidar si entre las partes existieron dos

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Radicación n.° 96292 vínculos de naturaleza laboral, en caso afirmativo, analizar la procedencia del pago de los aportes en materia pensional. Aludió al principio de la primacía de la realidad sobre las formas y luego expresó que, de acuerdo al artículo 1 del Decreto 2127 de 1945, son tres las exigencias para que nazca un nexo de trabajo, esto es, la actividad personal, la subordinación o dependencia y el salario como

contraprestación del servicio; y destacó que acorde al artículo 20 ibídem existía una presunción legal consistente en que una vez demostrado el primer elemento esencial, se tenía por cierta la existencia del vínculo de trabajo, correspondiéndole al demandado probar que no hubo subordinación. Indicó que al plenario se anexó la siguiente probanza documental, consistente en: [...] una serie de contratos de prestación de servicios y órdenes de servicios, suscritos entre las Empresas Públicas Municipales de Pitalito en condición de contratante y i) la Asociación la Esperanza, ii) La Empresa Asociativa de Trabajo Nueva Compartir del Sur Colombiano, iii) La Cooperativa Multiactiva Renacer Ltda., iv) La Empresa Asociativa de Trabajo Laboyana de Servicios Generales, v) la Empresa Asociativa de Trabajo Gloría Calderón, vi) La Empresa de Servicios Temporales Aice Ltda., vii) Empresa Asociativa de Trabajo las Cúspides, viii) la sociedad Trabajando para el Futuro S.A.S., y ix) la sociedad Emprendiendo el Trabajo S.A.S., x) Empresa Asociativa de Trabajo Compartir Laboyano, xi) Empresa de Trabajo Guadalupe S.A.S., xi) Empresa la Cúspide del Sur del Huila S.A.S., así como las personas naturales Sergio Iván Córdoba y Plutarco Guevara, todos ellos en condición de contratistas, de los que se advierte como objeto contractual "LAS EMPRESAS PUBLICAS contratan los servicios del CONTRATISTA para llevar a cabo el barrido de calles y carreras de toda el área pavimentada del perímetro urbano de Pitalito, incluyendo las

plazas de mercado y Cívica, al igual que el parque JOSE

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Radicación n.° 96292 ACEVEDO Y GOMEZ, para lo cual se compromete a emplear el recurso humano y técnico necesario". Dijo que de esos acuerdos se desprendía que la accionada contrató con personas jurídicas y naturales el aseo de las zonas públicas del Municipio de Pitalito, pero no «dan cuenta de la vinculación directa o indirecta para con la aquí demandante», en la medida que «no se logra extraer de ello, relación contractual en la que intervenga la promotora del juicio». Transcribió apartes del interrogatorio de parte que se le practicó a la accionante, y después aludió a las declaraciones de Albéniz Romero Quiñonez y Manuel Antonio Lugo Llanos, y a la «copia magnetofónica de la audiencia surtida al interior del proceso con radicado 012018-151-00, que se siguió en la misma sede judicial y en el que se ventilaron los mismos aspectos aquí debatidos […], con el propósito que se tengan en cuenta los testimonios de la señora Albéniz Romero Quiñonez y Segundo Antonio Reyes». Del estudio de esos medios de convicción, el ad quem expresó que la actora no acreditó la prestación personal del servicio, de allí que no era posible aplicar «la presunción del artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, y al no acreditarse en el presente asunto los elementos esenciales del contrato de trabajo previstos en el artículo 1º de la norma ejusdem, es que surge patente la negación de las pretensiones».

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Radicación n.° 96292 Destacó que si bien se «alegó la prestación personal del servicio» a favor de la accionada, lo cierto era que de la valoración probatoria se colegía que no «existió subordinación entre las partes», en tanto se desprendía que «la demandante sostuvo una dependencia de funciones frente a personas naturales y jurídicas disímiles a aquella contra quien se dirigió la acción ordinaria hoy objeto de estudio», aunado a que «se logra acreditar que la persona frente a la que se formuló la dependencia, desvirtuó tal condición», toda vez que las «directrices que impartía el señor Segundo Antonio Reyes, las dirigía directamente respecto de las contratistas y no frente a las operarias de barrido, en tanto estas últimas eran dependientes en un todo de la persona natural o jurídica que la vinculó a la labor». Citó un pasaje de la sentencia CSJ SL4027-2017 y reiteró que la accionante no acreditó la prestación personal del servicio a favor de la accionada, lo cual era necesario para activar «la presunción de la existencia del contrato de trabajo e invierte la carga de la prueba a efectos que el hipotético empleador desvirtué tal presunción», pero ello no ocurrió por cuanto «Betsabé Quintero Rodríguez no logró probar que prestó la fuerza de trabajo a favor de la aquí demandada». Enfatizó a su vez que, «si en gracia de discusión se entendiera que en el presente asunto se acreditó con suficiencia los elementos constitutivos del contrato de trabajo para con la referida demandada», ello era insuficiente, en

tanto no se advertía un «lineamiento alguno de forma directa

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Radicación n.° 96292 para con la aquí promotora del juicio», máxime que es posible para un contratante impartir directrices, tal como se expuso en decisión CSJ SL2885-2019; y añadió: Bajo esa orientación, el hecho que la sociedad demandada ejerciera control respecto al direccionamiento de las labores a ejecutar por las prestadoras del servicio de aseo, en manera alguna es indicativo de subordinación, pues nótese como el referido control se ejercía a través de la contratista representante de las empresas asociativas de trabajo, lo cual implica la supervisión y el control en la calidad de la ejecución del contrato, pero en manera alguna se probó el direccionamiento directo para con las operarias, aspectos estos que en nada riñen con el objeto del contrato de prestación de servicios suscrito por las partes, y que menos aún, decantan en una subordinación para con la actora. Lo precedente llevó a la alzada a revocar el fallo condenatorio de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia «modifique el fallo de primer grado, en su numeral primero, únicamente en cuanto a los extremos de la relación laboral, declarando la misma entre el 1° de junio de 2005 al 29 de mayo de 2008 y del 01 de marzo de 2009 al 30 de junio de

2011 o en los extremos que encuentre probados y lo confirme en lo demás». (Negrillas propias del texto).

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Radicación n.° 96292 Con tal propósito, formula dos cargos que son replicados y que serán estudiados por la Sala en forma conjunta, por cuanto denuncian similar elenco normativo, la sustentación se complementa y persiguen igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los siguientes preceptos: […] artículos 1º, 3, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1502 del Código Civil; 25 y 53 de la Constitución Nacional; los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 19 y 20 del decreto 2127 de 1945, 1 de la Ley 6 de 1945; artículo 1º del Decreto Ley 797 de 1949, que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, reglamentarios de la Ley 6ª de 1945, violación que se produjo debido a ERRORES EVIDENTES DE HECHO, que aparecen de manifiesto en los autos, como consecuencia de la errónea apreciación de unas pruebas, que llevaron al Ad quem a violar también los artículos 77 de la Ley 50 de 1990, 63 de la Ley 1429 de 2010, el artículo 1 del D. 2025 de 2011 y los artículos 61 y 66 A del C.P.T.S.S.

Señala que el Tribunal incurrió en los errores de hecho que a continuación se detallan:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los contratos de prestación de servicios y órdenes de servicios que reposan a folios 59 a 72, 143 a 282, 319 a 325, 398 a 400, 452, 453, 550, 551, 586, 587, 644 a 649, 685 a 689, 701 a 707, 718 a 724, 737na 745, 763 a 771, 806 a 815, 823 a 832, 931, 932, 995(sic) a 967, 990 a 992 y 1056 a 1058 del informativo, suscritos entre las Empresas Públicas Municipales de Pitalito en condición de contratante y i) la Asociación la Esperanza, ii) La Empresa

Asociativa de Trabajo Nueva Compartir del Sur Colombiano, iii) La Cooperativa Multiactiva Renacer Ltda., iv) La Empresa Asociativa de Trabajo Laboyana de Servicios Generales, v) la Empresa Asociativa de Trabajo Gloría Calderón, vi) La Empresa de Servicios Temporales Aice Ltda., vii) Empresa Asociativa de

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Radicación n.° 96292 Trabajo las Cúspides, viii) la sociedad Trabajando para el Futuro S.A.S., y ix) la sociedad Emprendiendo el Trabajo S.A.S., x) Empresa Asociativa de Trabajo Compartir Laboyano, xi) Empresa de Trabajo Guadalupe S.A.S., xi) Empresa la Cúspide del Sur del Huila S.A.S., así como las personas naturales Sergio Iván Córdoba y Plutarco Guevara, constituyen prueba de la

vulneración de derechos ciertos e indiscutibles de la demandante, por lo que en ejercicio del derecho de la primacía de la realidad sobre las formalidades se debió tener por acreditado que con los mismos, por parte de Empitalito, se enmascaró un contrato realidad con el personal que se ocupaba del barrido de calles, plazas, parques y avenidas, incluyendo a la demandante.

2. No dar por establecido, siendo evidente, que la demandante prestó sus servicios de forma personal a la demandada.

3. Tener por demostrado, cuando en realidad no lo estaba, que la demandante prestó sus servicios para los contratistas enunciados en los contratos.

4. No dar por demostrado, consecuencialmente, que la demandante prestó sus servicios de forma subordinada en favor de la demandada.

5. No dar por demostrado, estándolo, la actividad contratada y en general, todos los servicios públicos que presta Empitalito S.A. E.S.P., constituyen una actividad misional de la empresa, tienen como beneficiaria a la comunidad en general y debían prestarse con personal vinculado mediante contrato de trabajo.

Yerros que, según la recurrente, se cometieron por no haber valorado correctamente los contratos de prestación de servicios y órdenes de servicios (f.o 59 a 72, 143 a 282, 319 a 325, 398 a 400, 452, 453, 550, 551, 586, 587, 644 a 649, 685 a 689, 701 a 707, 718 a 724, 737 a 745, 763 a 771, 806 a 815, 823 a 832, 931 a 932, 965 a 967, 990 a 992 y 1056 a 1058), la demanda inicial y su respuesta, el

interrogatorio que absolvió la demandante y los testimonios de Albenis Romero Quiñonez, «Miguel» Antonio Lugo y Segundo Antonio Reyes.

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Radicación n.° 96292 La censura se refiere a los argumentos del Tribunal, y aduce que efectuó una errónea apreciación de los diferentes contratos y la prueba testimonial. Asevera que el error de hecho en que incurrió el juez colegiado consistió en que, pese a tener claro que la prestación del servicio público de aseo no era una actividad accidental, transitoria ni ajena al objeto social de Empitalito ESP, sino que era misional, le dio validez a unas formas de vinculación que están prohibidas por la ley para realizarla. Esgrime que, si bien los contratos de prestación de servicios están establecidos como una modalidad válida de contratación, no pueden emplearse para eludir obligaciones laborales, por cuanto ello conllevaría la vulneración de los derechos y garantías fundamentales de los trabajadores conforme al artículo 53 CP. Refiere que al no existir duda de que prestó los servicios personales realizando el barrido de calles, plazas, parques y avenidas «se interpretó equivocadamente la prueba», pues la inferencia debió ser que «no existiendo duda sobre la prestación personal del servicio, al no existir un acuerdo contractual con la demandante ni poderse extraer de las órdenes de trabajo suscritas con personas naturales, que ellas se obligaron a contratar los servicios de la promotora del juicio», por consiguiente, «se debía abrir paso la presunción legal establecida en el artículo 20 del D. 2127 de 1945».

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Radicación n.° 96292 Sostiene que no puede desconocerse que la contratación con empresas asociativas de trabajo, cooperativas de trabajo asociado y sociedades por acciones simplificadas, requería, como mínimo, de organizaciones serias, sólidas y económicamente sostenibles, con estructura propia y un aparato productivo especializado, tal como se sostuvo en las sentencias CSJ SL222-2019 y CSJ SL467-2019, es decir, que fueran un verdadero empresario y no de «simples empresas fachadas», utilizadas para contratar personal para realizar actividades permanentes y misionales directamente relacionadas con la prestación de servicios característicos de la empresa, pretendiendo convertirlas, contra toda disposición legal, en simples intermediarias laborales. Arguye que el juez colegiado se equivocó al tener como válidos los contratos obrantes a folios 59 a 72, 143 a 282, 319 a 325, 398 a 400, 452, 453, 550, 551, 586, 587, 644 a 649, 685 a 689, 701 a 707, 718 a 724, 737 a 745, 763 a 771, 806 a 815, 823 a 832, 931, 932, 995 a 967, 990 a 992 y 1056 a 1058, ya que de ellos se desprende que se utilizaron para «vincular el personal y dicha modalidad de contrato no se podía utilizar para la contratación de servicios que no fueran ocasionales, accidentales o transitorios», los cuales, en todo caso, no podían superar un lapso de seis meses, en los términos del artículo 77 de la Ley 50 de 1990,

en razón a que no es dable instrumentalizar a las EST para cubrir actividades permanentes de la usuaria, tal como se explicó en las decisiones CSJ SL3520-2018, CSJ SL4672019 y CSJ SL4330-2020.

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Radicación n.° 96292 Afirma que se acreditó que dicha modalidad de contratación fue artificiosa y fraudulenta, desconociendo las garantías y beneficios establecidos por la legislación, en tanto los contratistas eran simples intermediarios; y arguye que: […] fue flagrante la violación por parte de la demandada de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley de formalización de empleo 1429 de 2011, así como su Decreto Reglamentario 2025 de 2011 en su artículo 1º, que establecieron la prohibición para las empresas públicas y/o privadas para vincular personal destinado al desarrollo de las actividades misionales permanentes a través cualquier modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes, estableciendo como consecuencia de dicha intermediación laboral, que la empresa usuaria de tales servicios deba ser tenida como el verdadero empleador, como se estableció en el fallo de primera instancia. Colige que al quedar demostrado con la prueba calificada los errores de hecho denunciados, es posible analizar la testimonial. Con tal fin, esgrime que la apreciación de los dichos de los declarantes fue descontextualizada, pues de su estudio no existe duda respecto a que la convocada a juicio era el verdadero empleador, toda vez que se benefició de la actividad personal y ejercía el poder subordinante, por cuanto los

contratistas no tuvieron la autonomía que prodigaban los contratos. Indica que lo expresado por Albenis Romero Quiñonez da cuenta que la constitución de empresas contratistas fue a instancia de la accionada y que no tenían ningún tipo de

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Radicación n.° 96292 independencia para decidir a quién contrataban, porque era directamente el gerente de Empitalito ESP quien lo hacía, para lo cual entregaba el listado de las personas con quienes debían cumplir los contratos de prestación de servicios, aunado a que los «carritos de aseo» eran de propiedad de la convocada al litigio, tal como se deprendía de los contratos de prestación de servicios. Narra que la declaración de Segundo Antonio Reyes ratifica que la accionada daba instrucciones a los contratistas respecto a la forma de ejecutar sus actividades y otra serie de instrucciones frente a la labor que debían cumplir. Dice que la prueba testimonial deja en claro que la actora prestó sus servicios desde el año de 2005, no obstante, el colegiado arribó a una conclusión diferente, optando por desconocer la prestación personal del servicio. Enfatiza que la segunda instancia también apreció equivocadamente el interrogatorio de parte que rindió, pues la promotora del proceso fue enfática en afirmar que no contaba con autonomía y que estaba subordinada a un trabajador de la accionada. Por otra parte, expresa que todos los servicios que prestan las empresas de servicios públicos domiciliarios benefician a la comunidad en general y corresponden a actividades naturales, permanentes y misionales, por consiguiente, considera que el argumento del Tribunal para

desvirtuar la actividad personal al servicio de Empitalito

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Radicación n.° 96292 ESP no resulta válido, por cuanto ello conllevaría desconocer la relación laboral de todos los trabajadores oficiales, encargados de prestar directa o indirectamente servicios públicos domiciliarios, so pretexto que la beneficiada en todo caso es la comunidad en general. Expone que la conclusión del ad quem, es un silogismo mal empleado, pues lo que debió entender es que una de las actividades misionales de la demandada era la de prestar el servicio público de barrido, la cual podía hacerse directamente con personal de planta o subcontratarlo con un tercero, pero garantizando los derechos laborales al personal encargado de ejecutar el contrato, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria, en los términos establecidos en el artículo 6 del Decreto 2127 de 1945, el cual trascribió. Destaca que la convocada a juicio, conforme a la probanza documental denunciada, «optó por enmascarar relaciones de trabajo, contratando el personal, inicialmente de forma directa mediante órdenes de trabajo, en forma posterior mediante contratos de prestación de servicios, por intermedio de otras personas naturales» y luego «auspiciando la creación de empresas asociativas de trabajo, cooperativas de trabajo asociado, sociedades por acciones simplificadas y empresas de servicios temporales de papel», y para concluir cita un aparte de la sentencia CSJ SL3086-2021.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la

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Radicación n.° 96292 ley sustancial por la vía directa, por interpretación errónea de las siguientes disposiciones: […] artículos 1º, 3, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1502 del Código Civil; 25 y 53 de la Constitución Nacional; los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 19 y 20 del decreto 2127 de 1945, 1 de la Ley 6 de 1945; artículo 1º del Decreto Ley 797 de 1949, que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, reglamentarios de la Ley 6ª de 1945, 77 de la Ley 50 de 1990, 63 de la Ley 1429 de 2010, el artículo 1 del D. 2025 de 2011 y los artículos 61, 66 A, 145 del C. P.T.S.S. y 167 del Código General del Proceso.

Dice que no se discute: i) que acorde a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, al trabajador le corresponde acreditar la prestación personal del servicio, para que se pueda dar aplicación a la presunción establecida en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945; ii) que la accionante alegó la prestación personal del servicio a favor de la aquí demandada, en aplicación del principio de la realidad sobre las formas; y iii) que de los contratos de prestación de servicios aportados al proceso no se logra extraer «relación

consensual en la que intervenga la promotora del juicio». Afirma que su reproche recae en el alcance hermenéutico que el Tribunal le impartió a los artículos 53 de la CP, 20 del Decreto 2127 de 1945, 77 de la Ley 50 de 1990, 63 de la Ley 1429 de 2010 y 1º del Decreto 2025 de 2011, al considerar que no se acreditó la prestación de servicios personales con la demandada, sino a favor de unas personas naturales, empresas asociativas de trabajo, cooperativas de trabajo asociado, sociedades por acciones simplificadas y empresas de servicios temporales, que vincularon personal para cumplir obligaciones establecidas

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Radicación n.° 96292 en los contratos aportados por Empitalito ESP, a favor de la comunidad en general, siendo que: […] la actividad contratada, esto es la prestación del servicio de aseo de carreras, calles, avenidas, plazas, parques y vías pavimentadas, era un actividad misional de la empresa demandada y consecuentemente era su obligación prestarla con trabajadores oficiales o por intermedio de organizaciones serias, sólidas y económicamente sostenibles, con estructura propia y un aparato productivo especializado, es decir, de verdaderos empresarios y no de simples empresas fachada, que pudieran ser utilizadas simplemente para continuar contratando personal para realizar actividades naturales, permanentes y misionales directamente relacionadas con la prestación de servicios característicos de la empresa, pretendiendo convertirlas, contra toda disposición legal, en simples intermediarias laborales. Expresa que el error del colegiado radicó en que, pese

a las situaciones que encontró probadas, como es que una de las actividades misionales de la demandada era la de prestar el servicio público de barrido de las calles, plazas, parques y avenidas, no tuvo en cuenta que, si bien la demandada acreditó dicha contratación con terceros, no lo hizo en los términos prescritos en el artículo 6 del Decreto 2127 de 1945, por lo que decidió en contravía de lo dispuesto en el artículo 20 ibidem, «al exigir más allá de las obligaciones que le asistían a la demandante de acreditar la prestación pers