CSJ - SL1973-2019

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Labora!

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente SL1973-2019 Radicación n”. 60821 Acta 16 Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quien actúa como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia dictada el 31 de julio de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que le adelanta ÁLVARO DÁVILA WILLIS a la recurrente, la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. - EN LIQUIDACIÓN - y la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

I. ANTECEDENTES El mencionado accionante, demandó en proceso ordinario laboral a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. — En Liquidación — la Federación Nacional deRadicado No. 60821

Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café y la Nación — Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que sean condenadas al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional en los términos del acuerdo extralegal suscrito entre la Flota Mercante Grancolombiana y la organización sindical UNIMAR y el artículo 260 del CST, los perjuicios por la cancelación de ún menor valor a partir del 18

de septiembre de 2005, intereses moratorios y costas. En sustento de sus reclamaciones, afirmó que nació el 18 de septiembre de 1945; que empezó a prestar sus servicios a la Flota Mercante Grancolombiana, hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. -En Liquidación-, el 5 de junio de 1972, mediante contrato de trabajo a término indefinido, y laboró allí hasta el 18 de junio de 1990; que fue miembro de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial — UNIMAR; que el 21 de julio de 1990, celebró acuerdo conciliatorio ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, en donde se reconoció que reunía los requisitos para acceder a la pensión proporcional de jubilación, la que se otorgaría por parte de dicha empresa, una vez cumpliera los 60 años de edad; que ello se materializó mediante la Resolución n. 029 del 29 de septiembre de 2005, en la que se le concedió la mencionada prestación, a partir del 18 de septiembre de esa misma anualidad, en cuantia de $1.127.080,55, la que se liquidó en los términos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no con fundamento en el 260 del CST; que su último salario ascendió a US 515 mensuales, incrementado por otros conceptos. Radicado No. 60821 Manifestó, que mediante sentencia SU 1023 de 2001, la Corte Constitucional ordenó a la Compañía de Inversiones de la Flora Mercante, que debía pagar las pensiones de jubilación,

y de comprobarse que no tiene la liquidez suficiente para ello, deben ser asumidas por la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café y como empresa subordinante de la primera de las nombradas. La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al dar respuesta, se opuso a las pretensiones de la demanda. Respecto de los supuestos fácticos que respaldan las pretensiones, dijo que no le constaban. Propuso como excepciones de mérito, las de falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva, expresa prohibición constitucional art. 355, inexistencia de responsabilidad subsidiaria por parte de la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, argumento de carácter presupuestal En su defensa, sostuvo que esa entidad tiene obligaciones de carácter laboral únicamente con los funcionarios de esa planta de personal, de los que no ha formado parte el demandante; que tampoco es aplicable el principio de responsabilidad subsidiaria del Estado, en virtud de la naturaleza jurídica de la Flota mercante. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se opuso a las pretensiones de la demanda; en cuanto a los supuestos fácticos en que se fundan las reclamaciones, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Propuso como excepciones de fondo, las de inexistencia de la solidaridad Radicado No, 60821 demandada, inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, falta de legitimación en la causa, inexistencia de los supuestos jurídicos y fácticos de la pretensión; y como previas, propuso las de falta de jurisdicción y competencia del juez para

conocer del presente proceso. Por su parte, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. En Liquidación, al dar respuesta al escrito introductorio, se opuso a las reclamaciones. En cuanto a los hechos con los que se respaldan las pretensiones, aceptó la fecha de nacimiento del actor, su vinculación laboral con esa entidad en los extremos temporales indicados; la suscripción del acuerdo conciliatorio sobre el derecho pensional, el reconocimiento de este a través de acto administrativo, y que fue concedido a partir del 18 de septiembre de 2005, en la cuantia indicada y el cargo desefnpeñado; a los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, sostuvo que la conciliación suscrita el 21 de junio de 1990, en el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, en donde se acordó el reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación, hizo tránsito a cosa juzgada; que allí se incluyeron todas las diferencias que eventualmente pudieran surgir y nada se dijo sobre las normas aplicables para liquidar dicha prestación. Agregó, que el actor se encuentra en el régsimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tener más de 40 años de edad y 15 de servicio, a la fecha en que entró a regir esta, razón por la cual, para liquidarla debe aplicarse la referida disposición. Como excepciones, propuso las de cosa juzgada. Radicado No. 60821

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito

de Bogotá, mediante sentencia del 31 de agosto de 2009, resolvió: PRIMERO.- CONDENAR, a la demandada COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, representada legalmente por FIDUAGRARIA S.A, representada legalmente por ÓSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ ó quien haga sus veces, a RELIQUIDAR el monto de la pensión reconocida al actor Señor ÁLVARO DÁVILA WILLIS, mediante Resolución No.029 de 29 de septiembre de 2005, en la suma de $1'446.067,00 m/l (que corresponde a US$628,181 ), a partir del 18 de septiembre de 2005, a la cual se le aplicarán los respectivos reajustes legales, así mismo se CONDENA a la demandada al reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo pagado por la enjuiciada y lo que debía cancelarse sobre el valor real de la mesada pensional, por concepto de mesadas pensionales. Todo conforme la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- ABSOLVER, a la demandada COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, representada legalmente por FIDUAGRARIA S.A, representada legalmente por ÓSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ ó quien haga sus veces, de las restantes peticiones incoadas en su contra por el demandante, Señor ÁLVARO DÁVILA WILLIS. Todo conforme a la parte motiva de esta sentencia. TERCERO.- ABSOLVER, a las demandadas FEDERACIÓN

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA representada legalmente por el señor GABRIEL SILVA LUJAN, y contra LA NACIÓN — MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO representada legalmente por el señor ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA, respectivamente ó por quien haga sus veces, de todas y cada una se las peticiones incoadas en su contra por el demandante, Señor ÁLVARO DÁVILA WILLIS. Todo conforme a la parte motiva de esta sentencia CUARTO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada a su favor, en la contestación de la demanda. QUINTO.- CONDENAR en costas a la parte demandada

COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN

LIQUIDACIÓN. TÁSENSE.

Radicado No. 60821

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de apelación, y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 31 de julio de 2012, dispuso: PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral tercero, en el sentido de CONDENAR en forma subsidiaria a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA por las condenas impuestas en la decisión de primer grado, dentro el proceso adelantado por el señor

ÁLVARO DÁVILA WILLIS contra la COMPAÑÍA DE INVERSIONES

DE LA FLOTA MERCANTE S.A., la FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA y la NACIÓN — MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás TERCERO; MODIFICAR la condena en COSTAS impuestas en primera instancia en el sentido de incluir a la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA en un cincuenta por ciento (50%) del total de las mismas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem señaló, que corresponde al juzgador de instancia, interpretar el escrito inicial a fin de examinar la verdadera intención de la parte actora, siempre y cuando no se vulneren los derechos de defensa y debido proceso; lo anterior conforme a los pronunciamientos de esta Sala, para lo cual reproduce fragmentos de la sentencia CSJ SL, 14 feb. 2005, rad. 22923, con fundamento en lo cual adujo, que si bien el demandante omitió indicar dentro de las pretensiones de su demanda inaugural, la subsidiariedad de las condenas solicitadas, al realizar un estudio juicioso de la misma, se encuentra que en el acápite de fundamentos de derecho, está debidamente Radicado No. 60821 argumentado el pedimento de responsabilidad subsidiaria, lo que sirve de soporte ahora para la apelación. Sostuvo, que para desatar el problema jurídico planteado, considera de suma importancia la sentencia SU-1023 de 2001, de la Corte Constitucional, por tener los tópicos relevantes para dirimir el objeto de la alzada; que en dicha providencia se analizó el tema de la responsabilidad subsidiaria que se deriva de la entidad matriz o controlante frente a las obligaciones que adquiera la sociedad subordinada, en los términos del

parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, el cual transcribe, señalando que esa alta Corporación en mención, consideró que de dicha normativa «se desprende la presunción legal, según la cual una sociedad se encuentra en situación concursal debido a las actuaciones derivadas del control por parte de la matriz o controlante o sus vinculadas y, de otro lado, establece la responsabilidad subsidiaria de la entidad matriz frente a las obligaciones dela sociedad controlada». Agregó, que esa responsabilidad no tiene el carácter de principal, por lo tanto, la sociedad controlante, «tan solo se encuentra obligada al pago de las acreencias en el evento de que la empresa subordinada no pueda asumir esos rubros», buscando con ello, establecer el equilibrio entre el deudor y los acreedores para impedir que estos resulten defraudados. De otra parte, afirmó, que conforme al citado parágrafo del artículo 148 de la Ley 222/95, la presunción legal que allí se estipula, es juris tantum, por lo que puede ser desvirtuada por la matriz o sus vinculadas, demostrando al efecto, que «sus decisiones no causaron la desestabilización económica de la filial o subsidiaria, sino que se produjo por motivos distintos». Radicado No. 60821 Seguidamente, reprodujo algunos fragmentos de la sentencia SU-1023-2001 de la CC, con fundamento en lo que asienta, que para esa colegiatura, en el proceso se acreditó que existe subordinación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, en condición de subordinada, respecto de la Federación Nacional de Cafeteros, que fungió como empresa matriz, tal y como se desprende del

certificado de existencia y representación legal, visible a folios 4 a 8 del plenario. Aseveró, que era importante aclarar que el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se derogó en forma expresa, acorde con lo preceptuado en el 126 de la Ley 1116/06; sin embargo, afirma que esta última normativa, vigente al momento de su decisión, consagró en su precepto 61 la misma situación de responsabilidad subsidiaria que asigna a la sociedad matriz, por el estado concursal de la subordinada, a menos que se demuestre que fue ocasionada por causa distinta. En ese orden, indicó que conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1116/06, se presume que la situación de liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación, «se produjo en virtud de las actuaciones derivadas del control de la sociedad matriz o controlante, sin que en el proceso se hayan acreditado situaciones que permitan afirmar la presunción legal atrás referida», arribando a la conclusión de que la Federación Nacional de Cafeteros responde en forma subsidiaria por las obligaciones de la mencionada empleadora aquí llamada a juicio, disponiendo la revocatoria de la decisión del juzgado en ese sentido. Radicado No. 60821 En cuanto a la pretensión encaminada a obtener igualmente declaratoria de responsabilidad solidaria frente a la La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitada en la alzada, señaló que las obligaciones ya se encuentran garantizadas acorde con lo asentado en precedencia, por lo que no hay lugar a endilgarle

responsabilidad al Estado, lo cual funda en providencia del 15 de febrero de 2001, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el apoderado de la parte demandada Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente, indica que lo que pretende es que se case parcialmente la sentencia recurrida, y en sede de instancia, confirme la de primer grado, absolviendo a la Federación

Nacional de Cafeteros de Colombia. Con ese propósito, invocó la causal primera de casación laboral, y formuló un cargo, que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusó la sentencia impugnada, de «ser violatoria, por la vía directa. de normas sustanciales, por la indebida interpretación del Radicado No. 60821 artículo 148 de la 222 de 1.995, y del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, dislate de juicio que condujo al sentenciador acusado a la aplicación indebida de los artículos 19, 260; 467, 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 80 de la Ley 153 de 1886, y 230 de la Constitución Política [...).

Para la demostración del ataque, sostuvo que el juez de alzada, al detenerse en el estudio de la procedencia de la responsabilidad subsidiaria endilgada a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dejó sentado, luego de referirse a la sentencia SU-1023 de 2001, que del anterior

parágrafo se desprende la presunción legal, según la cual mna sociedad se encuentra en situación concursal debido a las actuaciones derivadas del control por parte de la matriz (...)”, precisando luego, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, «se presume que la situación de liquidación obligatoria de la COMPAÑIA DE INVERSIONES S A. EN LIQUIDACIÓN, se produjo en virtud de las actuaciones derivadas del control de la sociedad matriz o controlante, sin que en el proceso se hayan acreditado situaciones que permitan infirmar la presunción legal atrás referida [...])> (Subrayado del texto original). Señaló, que con fundamento en lo anterior, el ad quem concluyó que la entidad recurrente es responsable en forma subsidiaria de las obligaciones de la empresa subordinada Compañía de Inversiones de la Flota Mercantes. S.A. -En Liquidación-, juicio este que considera conlleva al quebrantamiento directo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y del 61 de la Ley 1116/06, por cuanto, aun cuando el Tribunal en principio reconoció que rel objeto de la presunción no recaía sobre la responsabilidad subsidiaria, sino sobre la causa que daba lugar a la liquidación, incurrió en yerro trascendente cuando 10 Radicado No. 60821 desconoció que la norma cuya violación aquí se denuncia trae otros requisitos que ni siquiera fueron tenidos en cuenta». Afirmó, que si bien el juzgador de alzada hizo alusión a la sentencia SU-1023/01 de la CC, en la que se presumió transitoriamente la responsabilidad, «no puede dejarse de ver que

sobre aquello no fincó su fallo”, CoMO ya Se vio, pues no impuso condena a la censura en atención a una «supuesta presunción de responsabilidad», sino a que presumió que la situación de liquidación obligatoria de la Compañía De Inversiones S. A., se produjo en virtud de las actuaciones derivadas del control de la sociedad matriz o controlante. Transcribe los artículos 148 de la Ley 222 de 1995, y 61 de la Ley 1116 de 2006, afirmando luego, que de ellos se colige claramente que lo que se presume es la causa de la situación de insolvencia, no la responsabilidad de la matriz, como acertadamente lo sostuvo el Tribunal, pero también se advierte que la responsabilidad subsidiaria se finca en la demostración de requisitos adicionales que no vio el juzgador, aseverando seguidamente, que la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz sobre las obligaciones de la subordinada se abre camino únicamente en el evento en que estén cumplidas copulativamente, las siguientes condiciones: (Subrayado del texto original). a) Que la situación de concordato o liquidación obligatoria haya sido producida por causa de las actuaciones de la controlante. b) Que dichas actuaciones se hubiesen realizado en virtud de la subordinación ejercida por la matriz. c) Que las actuaciones de la controlante se hubiesen realizado en su interés o en interés de otra de sus subordinadas. 11 Radicado No. 60821 d) Que las actuaciones de la controlante se hubiesen realizado en contra del beneficio de la sociedad en concordato, es decir, que no se hubiesen adoptado en beneficio de ésta.

Arguye, que no obstante que la norma estableciera requisitos edificativos de la aludida responsabilidad, en ella preceptuó que «Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente”, lo que no significa, de manera alguna, que se presuma la responsabilidad, toda vez que, como se desprende de lo transcrito, la presunción legal recae únicamente sobre dos de los elementos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria -y no sobre la totalidad-, a saber: que la situación se originó en una decisión de la matriz, y que la misma fue adoptada en virtud de la subordinación, pudiendo esto desvirtuarse mediante la prueba de que la situación del concurso tuvo lugar por un hecho distinto a la decisión de la controlante», o que, a pesar de mediar la decisión de ésta, el poder ejercido no fue el culpable, pues los demás socios estuvieron de acuerdo integramente con lo resuelto. Que de hecho, esto fue lo que sostuvo la Corte Constitucional en su sentencia C-510 de 1997, en la que se pronunció sobre una demanda formulada en contra del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; sostuvo esa Corporación que "El actor cree encontrar en esta regla una inversión de la carga de la prueba, que contradice la presunción constitucional de inocencia, pero la Corte no acepta esa tesis, puesto que el objeto de la presunción no es la responsabilidad en si misma sino la situación concursal que da lugar a ella, es decir, la

vinculación entre las decisiones de la matriz y el efecto patrimonial causado a la sociedad subordinada...”». (Negrillas y subrayado del texto original). 12 Radicado No. 60821 Continua diciendo, que luego de establecer el alcance de la responsabilidad íubsidiaria, debe recordarse el razonamiento esbozado por el Tribunal en torno a los requisitos de esta, y que conforme a la providencia, a juicio del juzgador de alzada, se presume que la situación de liquidación obligatoria de la empleadora enjuiciada, se produjo en virtud de las actuaciones derivadas del control de la sociedad matriz o controlante, de donde procede tal obligación, señalando que es evidente «el trascendente error de juicio sobre el que se edificó el fallo de segunda instancia, y que consistió en interpretar erróneamente el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, suponiendo que basta demostrar que las decisiones de la matriz fueron la causa de la liquidación obligatoria —la que se presume— para que se predique, entonces, la responsabilidad subsidiaria de aquella, dejando de ver los demás requisitos que exige la norma», a los que ya habiía hecho alusión. Con fundamento en lo dicho en precedencia, asentó que puede deducirse que quien pretende la declaratoria de la responsabilidad subsidiaria, si bien se ve relevado de demostrar que las decisiones de esta, en virtud de la subordinación ejercida, desencadenaron la situación que dio lugar a la liquidación, pues estos se presumen, salvo prueba en contrario, no lo está de probar las condiciones restantes ya enunciadas, puesto que, se reitera, «la normatividad

aplicable no establece la responsabilidad subsidiaria únicamente para cuando la matriz causa la liquidación». (Subrayado del texto original). Manifestó, que el error ya denunciado y demostrado, es trascendente y suficiente para desquiciar el fallo adoptado 13 Radicado No. 60821 por el juez de apelaciones, toda vez que, partiendo de que de la ley se desprende la presunción legal, «según la cual una sociedad se encuentra en situación concursal debido a las actuaciones derivadas del control por parte de la matriz o controlante o sus vinculadas premisa esta correcta y que no se combate en casación, y del hecho que la Federación no había desvirtuado dicha presunción, juzgó equivocadamente que ello bastaba para declarar la responsabilidad subsidiaria, dejando entonces deq ver que era indispensable averiguar por la prueba de los demás requisitos traídos por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y el 61 de la Ley 1116 de 2006, y que no se presumen», como lo son: que las decisiones de la Federación Nacional de Cafeteros se adoptaron consultando únicamente su interés o el de otra subordinada, y que dicha decisión no reportó beneficio alguno a la Compañia de Inversiones de la Flota Mercante. Concluye, señalando que al verificar que no reposa prueba en el plenario de los elementos restantes sobre los que guardó silencio el Tribunal, lo que no se discute en el presente cargo, se hubiese visto abocado a confirmar la decisión del a quo, en lo tocante a la exoneración de su mandante. VIL. LA RÉPLICA DEL ACTOR El opositor, sostuvo que hay una indebida formulación

del ataque, por cuanto plantea aplicaciones indebidas de normas constitucionales, las cuales están descartadas en las proposiciones jurídicas cuando señala la causal de casación «Violación de la ley sustancial». 14 Radicado No. 60821 De otra parte, afirmó que la sustentación de los motivos de casación, se dirigió a sostener que el Tribunal determinó la responsabilidad subsidiaria de la Federación, sin que se hallen establecidos dos de los requisitos para tal efecto, los que transcribe, manifestando seguidamente, que de ello resulta indudable que el censor «discute la valoración del ad quem de los hechos que constituyen la “responsabilidad subsidiaria” de la Federación, cuestiona que no hay tal, y menciona específicamente que deben cumplirse ciertas condiciones», que para el recurrente no se acreditaron, con lo cual busca «valorar fácticamente las circunstancias de hecho que constituyen los presupuestos de la responsabilidad». Adujo, que si en gracia de discusión se asumiera el conocimiento del cargo en la forma planteada por el censor, en este debió precisarse que el juzgador de segundo nivel, dio por demostrados los presupuestos de la responsabilidad subsidiaria, cuando en verdad no se evidenciaron, acudiendo para ello a la vía indirecta, razón por la que técnicamente la acusación no puede prosperar. Argumenta, que el ataque se dirige específicamente a la absolución de la recurrente de toda responsabilidad de reajuste pensional, con el argumento de que el Tribunal supuso la responsabilidad subsidiaria por no acreditar las condiciones que prevé el artículo 148 de la Ley 222/95, y el 61 de la Ley 1116/06, partiendo de la base de la aceptación de los

hechos establecidos por el juzgador de alzada. En ese orden, asentó que el parágrafo de la aludida normativa 148, el legislador establece la denominada 15 Radicado No. 60821 presunción de responsabilidad de la controlante por la situación de concordato o de liquidación obligatoria, como quiera que uno u otro estado se haya producido por causa o con ocasión de las actuaciones de la primera, previendo como efecto jurídico de tal presunción, que la sociedad matriz responderá en forma subsidiaria de las obligaciones por las obligaciones de la empresa en liquidación. Agregó, que la sociedad matriz registra la subordinación en el oficio G.G.- 256 del 29 de abril de 1998, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, y posteriormente la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante inició el proceso de liquidación obligatoria a partir del 31 de julio de 2000, cuando la Superintendencia de Sociedades así lo señaló; por lo tanto, configurado el supuesto de hecho que consagra el parágrafo del artículo 148 citado, debe entenderse que opera la presunción, salvo que se aporte prueba en contrario, lo que significa que el beneficiario de esa presunción, no tiene la carga probatoria de la existencia de responsabilidad subsidiaria, y es la contraparte a quien corresponde esta, la que no fue acreditada; lo contrario, sería ir en contra de principios de la carga de la prueba, conforme al «artículo 176 del CPC (sic), aplicable por remisión del 145 del CPTSS.

VII. CONSIDERACIONES En primer lugar, debe hacer notar la Sala, que como lo

afirma la opositora, la demanda no es un modelo a seguir; ello por cuanto a pesar de enderezar su único ataque por la senda del puro derecho, con lo cual se parte de la base que se aceptan 16 Radicado No. 60821 las conclusiones fácticas a las que arribó el juzgador de alzada, además de asi indicarlo expresamente el recurrente, se evidencia sin embargo, que en su discurso argumentativo, insistentemente alude a que no se tuvieron en cuenta los restantes requisitos que en su criterio se exigen para tener por demostrada la presunción de responsabilidad subsidiaria. En efecto, en su disertación sostiene que el Tribunal «...] Juzgó equivocadamente que ello kbastaba para declarar la responsabilidad subsidiaria, dejando entonces de ver que era indispensable averiguar por la prueba de los demás requisitos traídos por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y el 61 de la Ley 1116 de 2006, y que no se presumen, como lo son: que las decisiones de la Federación Nacional de Cafeteros se adoptaron consultando únicamente su interés o el de otra subordinada, y que dicha decisión no reportó beneficio alguno a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante [...]»; y más adelante indica, que «no reposa prueba en el plenario de los elementos restantes sobre los que guardó silencio el Tribunal, de donde se infiere, que a pesar de aseverar que no discute en el embate esos aspectos fácticos, se duele que el juez de alzada los echó de menos, por lo que para entrar a efectuar tal verificación, implica necesariamente acudir a revisar el haz

probatorio recaudado, lo que no podría hacer la Corte, en razón a la vía por la que se dirige el ataque. No obstante la anterior falencia de técnica, del desarrollo de su acusación, la Sala entiende que le atribuye a la decisión de segundo nivel, dislates jurídicos por la errónea interpretación de los artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y 61 de la Ley 1116 de 2006, y bajo ese entendido se procede a resolver el ataque. 17 Radicado No, 60821 Dada la vía por la que se encauzó la acusación, que lo fue la directa, los siguientes aspectos fácticos se mantienen incólumes: i) Que mediante Resolución n.” 029 del 29 de septiembre de 2005, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. — En liquidación-, le reconoció la pensión de jubilación al actor, en cuantía inicial de $1.127.080,55; ii) Que se encuentra acreditada la subordinación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. - En liquidación-, respecto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quien funge como empresa matriz, tal y como se desprende del certificaddoe existencia y representación legal obrante en el plenario; y ili) que en el proceso no se encuentran acreditadas situaciones que permitan desvirtuar la presunción legal establecida en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. Debe recordarse, que el Tribunal para concluir que la recurrente, tenía responsabilidad subsidiaria en la obligación del pago de la pensión de jubilación del demandante, sostuvo

que conforme a lo preceptuado en el parágrafo del articulo 148 de la ley 222 de 1995, y 61 de la Ley 1116 de 2006, existe una «presunción legal» de que el estado de liquidación obligatoria de la sociedad subordinada, surge como consecuencia de las actuaciones de control ejercidas por la matriz; agregando que no existían en el informativo «situaciones que permitan infirmar la presunción legab, lo cual anotó que correspondía acreditar a la empresa controlante o sus vinculadas. 18 Radicado No. 60821 Por su parte, el censor sostiene que el juez plural incurrió en yerros jurídicos por la interpretación errónea del elenco normativo que conforma la proposición juridica, que condujo igualmente a la aplicación indebida de otras disposiciones también acusadas. Pues bien, para dar respuesta al recurrente, debe señalarse, que el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en el cual se fundó en parte el fallo del juez colegiado, es del siguiente tenor: ART. 148.Acumulación procesal. Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se adelanten concordatos de otra