CSJ - SL1989-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1989-2023 Radicación n.° 66792 Acta 29 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, hoy FIDUAGRARIA S. A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL ISS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 18 de mayo de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró CLAUDIA PATRICIA RAYO BOCANEGRA contra el recurrente.

I. ANTECEDENTES Claudia Patricia Rayo Bocanegra demandó al ISS en liquidación, con el fin de que se declare que estuvo vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido, entre el 12 de noviembre de 1993 y el 30 de septiembre de 2009, en

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Radicación n.° 66792 calidad de trabajadora oficial, el cual finalizó por decisión unilateral e injusta del empleador. En consecuencia, deprecó condenar a la demandada, de conformidad con las previsiones de la convención colectiva de trabajo, a reintegrarla al cargo que venía desempeñando como médico especialista, junto con el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que duró cesante. Así mismo, solicitó condenar a la demandada al reconocimiento de las primas de servicio convencionales,

primas de navidad, prima técnica, vacaciones y prima de vacaciones, prima de antigüedad, licencias de maternidad, las cesantías, intereses sobre éstas, indemnización por no pago oportuno de dicho auxilio, indemnización moratoria por falta de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, la indexación de las sumas adeudadas, a los derechos laborales que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita y las costas. Como pretensiones subsidiarias de «primer nivel», solicitó se condene a la demandada a pagar la indemnización por despido sin justa causa, el reintegro de los aportes a seguridad social, la pensión de jubilación; y como de «segundo nivel», pretendió el reconocimiento de las prestaciones, vacaciones e indemnizaciones de orden legal, y la devolución de lo descontado por concepto de retención en la fuente. Fundamentó sus pretensiones, esencialmente, en que

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Radicación n.° 66792 prestó sus servicios personales al Instituto de Seguros Sociales, durante los extremos temporales ya referidos de forma ininterrumpida; que la vinculación se realizó mediante contratos de prestación de servicios; que cumplió un horario de trabajo de 8 a. m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y un sábado de cada mes, en las instalaciones del «CAA Ibagué» y, posteriormente en el «CAA Centenario», así como en las EPS de la demandada y que estuvo afiliada a

SINTRAISS.

Precisó que el 14 de febrero de 1995 y el 26 de diciembre

de 2005, fue suspendido su servicio como supernumeraria a través del contrato de prestación de servicios por licencia de maternidad, la cual no le fue reconocida por la demandada; que el último salario devengado ascendió a la suma de $3.279.896; que el 30 de septiembre de 2009, el Instituto demandado puso fin al vínculo contractual, para lo cual argumentó la expiración del lapso pactado; que al momento de dicha culminación no le fue pagado emolumento laboral, prestacional o convencional alguno, ni disfrutó de vacaciones. Agregó que el 1 de junio de 2011 formuló reclamación administrativa ante el ISS, entidad que en oficio 0011079 de 9 de diciembre de 2011 negó lo solicitado Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó los sitios en los que la demandante prestó servicios, la reclamación administrativa y su resultado negativo. Frente a

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Radicación n.° 66792 los demás supuestos dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa alegó que la vinculación se realizó mediante contratos de prestación de servicios, sin que se hayan configurado los elementos de una relación laboral. Aseguró que Rayo Bocanegra no recibía salarios sino honorarios y que si bien se le daban instrucciones no eran las propias de un empleador, sino las necesarias para el desarrollo del vínculo civil. Al efecto impetró las excepciones que denominó así: pago de las obligaciones de acuerdo con los contratos de prestación de servicios suscritos, inexistencia de causa para

demandar, buena fe, mala fe de la actora, prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de julio de 2012, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre Claudia Patricia Rayo Bocanegra como trabajadora y el Instituto de Seguro Social como empleador existieron 57 contratos de prestaciones de servicio que en la realidad correspondían a contratos laborales, por lapso definido entre el 12 de Noviembre del año 1993 y el 30 de Septiembre del 2009.

SEGUNDO: Disponer que los contratos suscritos por a la trabajadora Claudia Patricia Rayo Bocanegra, con el ente demandado terminaron por vencimiento del lapso establecido entre los mismos. De otro lado, declarar que no se acreditó la

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Radicación n.° 66792 mala fe por parte de la entidad demandada en la contratación y ejecución de los contratos.

TERCERO: Condenar al ISS al pago de cesantías, primas de servicios, vacaciones, intereses de las cesantías, respecto de las contrataciones que en la realidad se establecieron como contratos de trabajo entre la trabajadora Rayo Bocanegra y el

ISS.

CUARTO: Disponer darle prosperidad a la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada respecto de todas las prestaciones de carácter laboral que se produjeron en el lapso superior a los tres años de haberse interpuesto la

reclamación administrativa, esto es, desde el 1 de Junio del año 2008 hacia atrás.

QUINTO: Señalar que el ISS debe sufragar a favor de la demandante $4.020.067 por valor de cesantías, por valor $408.503, como prima de servicios $4.120.077, y como vacaciones $2.060.039.

SEXTO: Las demás pretensiones no se accede a las mismas por lo expuesto en la parte motiva y que no hay lugar a estudiar las demás pretensiones subsidiarias, así como las demás excepciones propuestas. Se condena al ISS al pago del 50% de las costas que se hayan producido dentro del presente tramite.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En virtud de lo dispuesto por esta Sala mediante auto CSJ AL2489-2020, a través del cual se declaró nulo todo lo actuado en sede extraordinaria, dada la pretermisión del grado jurisdiccional de consulta en favor del ISS, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante auto de 28 de enero de 2021, declaró la nulidad de todo lo actuado en esa instancia, a partir del auto de 29 de abril de 2019, inclusive, mediante el cual se admitió el recurso de apelación de la parte actora.

Y para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, y surtir el grado jurisdiccional de

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Radicación n.° 66792 consulta en favor del ISS, profirió nueva sentencia el 18 de mayo de 2021 en la que resolvió: PRIMERO: REFORMAR la sentencia proferida del 19 de julio de

2012 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la demandante CLAUDIA PATRICIA RAYO BOCANEGRA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS EN LIQUIDACIÓN hoy representado por el PAR ISS administrado por la Fiduciaria Agraria de Colombia – FIDUAGRARIA, en los siguientes términos: 1.1. MODIFICAR el Ordinal Primero en lo que concierne a la declaratoria del contrato de trabajo en el lapso que la demandante estuvo vinculada como supernumeraria al ISS en Liquidación hoy representado por el PAR ISS administrado por la Fiduciaria Agraria de Colombia – FIDUAGRARIA, esto es del 12 de noviembre de 1993 al 28 de septiembre de 1995, en atención a que dichos nombramientos se consideran legales y no encubrieron ningún tipo de vinculación. 1.2. DECLARAR que entre CLAUDIA PATRICIA RAYO BOCANEGRA como trabajadora y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS EN LIQUIDACIÓN hoy representado por el PAR ISS administrado por la Fiduciaria Agraria de Colombia – FIDUAGRARIA, como empleador existieron seis (6) contratos de trabajo así: el primero entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de noviembre de 2002; el segundo entre el 16 de abril de 2003 al 31 de mayo de 2004; el tercero entre el 23 de agosto de 2004 y el 31 de marzo de 2006; el cuarto entre el 4 de julio de 2006 a 31 de julio de 2008; el quinto entre el 3 de septiembre de 2008

y el 30 de abril de 2009 y sexto entre el 23 de julio a 30 septiembre de 2009. 1.3. REVOCAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia en mención, en el sentido de condenar a demandada al pago de la indemnización moratoria que establece el artículo 1o del Decreto 797 de 1949, que consiste en la suma diaria de $109.329.87, a partir de 31 de diciembre de 2009 día 91 calendario después de la finalización del vínculo laboral y hasta el 31 de marzo de 2015, cuando se extinguió el Instituto de Seguros Sociales según Decreto 553 de 27 de marzo de 2015, lo que arroja una suma de $209.476.030.92. 1.4. REFORMAR los Ordinales Tercero y Quinto de la parte resolutiva, en el sentido de ordenar al ISS EN LIQUIDACIÓN hoy representado por el PAR ISS administrado por la Fiduciaria Agraria de Colombia –

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Radicación n.° 66792 FIDUAGRARIA, a pagar a la actora las siguientes sumas de dinero: por concepto de cesantías la suma de $9.321.946,90 por concepto de prima de navidad la suma de $4.100.607,500, por concepto compensación de vacaciones y prima de vacaciones la suma de $2.954.081,32. Se revoca la condena impuesta en primera instancia por intereses a las cesantías y prima de servicios.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo recurrido.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia ante la prosperidad parcial del recurso de apelación interpuesto por la demandante.

CUARTO: DEVOLVER oportunamente el expediente al Juzgado de origen.

El Tribunal centró el problema jurídico en determinar si Claudia Patricia Rayo Bocanegra prestó sus servicios de manera continua e ininterrumpida. En caso positivo, se propuso esclarecer los extremos temporales del vínculo laboral, si resultaba viable la condena impuesta por cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones e intereses a las cesantías. Así mismo expresó que le correspondía aclarar si la demandante tenía derecho al reintegro a su puesto de trabajo o a otro de igual o superior categoría, y si se demostró la mala fe del ente accionado que conllevara la imposición de la indemnización moratoria por el no pago de las acreencias laborales a la finalización del vínculo de trabajo subordinado. Tras reproducir el contenido del artículo 25 de la Constitución Política y referir lo establecido en el artículo 53 ibídem, explicó que, de conformidad con el objeto del contrato, la actora fue vinculada a la entidad demandada, inicialmente como supernumeraria mediante once actos

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Radicación n.° 66792 administrativos, desde el 12 de noviembre de 1993 hasta el 28 de febrero de 1995 (f.º 23-24) y, posteriormente, del 20 de abril de 1995 al 30 de septiembre de 2009 (f.º 35-139), mediante la suscripción de 51 contratos de prestación de servicios, incluyendo adiciones y actas modificatorias para la ejecución de la labor de médica general, de coordinación en la central de autorizaciones y como médico especialista.

Indicó que como el ISS fue una Empresa Industrial y Comercial del Estado, las personas que a él se hallaban vinculadas ostentan la calidad de trabajadores oficiales, con las excepciones de que trata el inciso 2 del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, de manera que, sostuvo, la demandante tuvo la calidad de trabajadora oficial. Señaló que en los términos del artículo 2 del Decreto 2127 de 1945, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos: i) la prestación personal del servicio; ii) la continuada dependencia o subordinación del trabajador respecto del empleador; y iii) un salario como retribución. Agregó que el artículo 20 ibidem dispone que el contrato de trabajo se presume entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe o aprovecha, y corresponde a este último desvirtuar la presunción. Tras enfatizar que al trabajador le asiste la carga de acreditar la prestación del servicio y la remuneración, estimó que, de lo expresado por los testigos llamados por la parte actora, se corroboraba que la actividad ejecutada fue realizada de forma subordinada y dependiente, recibiendo

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Radicación n.° 66792 órdenes por parte de la gerencia, así como de los encargados de coordinar las labores que tenía que ejecutar. Aseveró que tales versiones gozaban de credibilidad, por cuanto provenían de las personas que fueron compañeros de trabajo de Rayo Bocanegra en diferentes épocas, quienes afirmaron que aquella laboraba en jornadas designadas por el ISS, recibiendo órdenes de los funcionarios, desempeñando sus funciones en las instalaciones de dicho

Instituto y compensando el trabajo en los días sábado, para poder gozar de vacaciones de semana santa y navidad. Afirmó que también obraba en el plenario la prueba documental de folios 140 a 206, que daba cuenta de que la demandante realizaba su labor en condiciones de subordinación total a la parte demandada, pues le eran evaluados los servicios prestados, se le impartían órdenes sobre el lugar y la forma de realizar el trabajo y los cargos a desempeñar, recibía llamados de atención por la forma como ejecutaba la labor, se le ordenaba asistir a capacitaciones, se le efectuaban llamados de atención por incumplimiento del horario, se le evaluaba la hoja de vida, actos que, consideró, eran propios de una relación subordinada. Luego de analizar los actos administrativos (f.º23-34) a través de los cuales se nombraba a la actora para proveer transitoriamente el cargo de médico general durante la ausencia del titular en el Departamento de servicios médicos CAA de la entidad demandada, entre el 12 de noviembre de 1993 y el 28 de febrero de 1995, advirtió que dichas

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Radicación n.° 66792 vinculaciones se realizaron por efecto de comisiones de estudio o de servicios otorgadas a los titulares del cargo desempeñado por la actora, y en términos inferiores a los tres meses, para laborar en una jornada de cuatro horas. De ahí, sostuvo, eran vinculaciones legales que no encubrían ningún otro tipo de relación laboral mediante contratos de trabajo, de manera que no había lugar a considerar la existencia del contrato de trabajo durante el

periodo que estuvo vinculada como supernumeraria. Tras estimar los 51 contratos de prestación de servicios (f.º 35-139), incluyendo adiciones y actas modificatorias, coligió la existencia de seis contratos de trabajo a término fijo, entre los cuales hubo soluciones de continuidad por 137, 83, 94, 33 y 83 días que, por su considerable extensión, impedían predicar unidad contractual, a saber, i) entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de noviembre de 2002; ii) entre el 16 de abril de 2003 al 31 de mayo de 2004; iii) entre el 23 de agosto de 2004 y el 31 de marzo de 2006; iv) entre el 4 de julio de 2006 y el 31 de julio de 2008; v) entre el 3 de septiembre de 2008 y el 30 de abril de 2009 y vi) entre el 23 de julio y el 30 septiembre de 2009. Luego de reproducir apartes de la sentencia CSJ SL9812019, expresó que las rupturas contractuales fueron reales, pues ponían en evidencia que durante esos periodos no hubo una prestación del servicio; agregó que dentro del plenario no existía prueba eficiente de la intención de la demandada de mantener la relación con la actora durante esos periodos,

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Radicación n.° 66792 los cuales terminaron por vencimiento del plazo pactado, causa legal de finalización del vínculo, en la medida que no se demostró despido. Advirtió que sobre tales contratos liquidaría las cesantías, prima de navidad, compensación de vacaciones y

prima de vacaciones, sin entrar a estudiar las demás peticiones de condena que fueron negadas en primera instancia, en tanto no fueron objeto de apelación. Indicó que no era viable acceder a la solicitud de reintegro, fundada en el artículo 5 de la CCT 2001-2004, en razón a que la causa legal de culminación de los contratos fue el vencimiento del plazo pactado, por manera que no se reunía el presupuesto consagrado en la norma convencional, que exige que el contrato de trabajo sea terminado en forma unilateral e injusta para que la extrabajadora tenga derecho al reintegro a su puesto de trabajo. Añadió que no era posible reintegrar a un trabajador a una entidad extinta. Después de expresar que el fenómeno extintivo de la prescripción operaba sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 1 de junio de 2008, salvo en lo relacionado con el auxilio de cesantía, explicó que dentro del expediente no existía prueba de la buena fe del ente demandado; todo lo contrario, dijo, el ISS pretendió ocultar una verdadera relación laboral, mediante unos supuestos contratos de prestación de servicios, amparados por la Ley 80 de 1993. Agregó que si la demandada vislumbraba la necesidad

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Radicación n.° 66792 de contar con una persona para el cumplimiento de funciones propias del objeto institucional el camino idóneo para solucionar tal contingencia era realizar una vinculación directa del trabajador, y no recurrir a otras figuras legales que conllevan inferir un ánimo de la entidad de librarse de

las cargas prestacionales, máxime que en el presente caso quedó demostrado que la actora siempre estuvo sometida a las órdenes de su empleador. Explicó que la anuencia de la trabajadora no traduce la buena fe del empleador. En esa medida, consideró procedente la indemnización moratoria a partir del 31 de diciembre de 2009, vencido el término de 90 días calendario después de la finalización del vínculo, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, y hasta el 31 de marzo de 2015, cuando se extinguió el ISS.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la censura que la Corte case la sentencia de segunda instancia, para que, en sede de instancia, revoque íntegramente la decisión del a quo, y se le absuelva de las pretensiones de la demanda inaugural.

De forma subsidiaria, persigue el quiebre de la decisión

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Radicación n.° 66792 del Tribunal en cuanto revocó la absolución de la sanción moratoria de la que trata el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, para que en su lugar sea relevada de tal condena, «es decir, en sede de instancia, confirme el numeral segundo de lo resuelto por la primera instancia». Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica, los cuales se resolverán de manera conjunta en la medida que denuncian similar elenco normativo, se apoyan en la misma

argumentación y buscan el mismo propósito.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 23 y 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, artículos 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Fundamental; del artículo 66 del Código Civil, del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, hoy artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 177 del Código de Procedimiento Civil hoy 167 del Código General del Proceso, lo que condujo la aplicación indebida de los artículos 1 de la Ley 6 de 1945, artículos 1, 2, 20 y 41 del Decreto 2127 de 1945, del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, y del artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo.

Atribuye al colegiado la comisión de los siguientes yerros fácticos: 1 No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre el Instituto de Seguros Sociales liquidado y la señora

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Radicación n.° 66792 CLAUDIA PATRICIA RAYO BOCANEGRA se dio en torno a la prestación de servicios mediante contratos de prestación de servicios suscrito a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 2 No dar por demostrado, estándolo, que, para ambas partes, durante toda la relación regida por la suscripción de contratos de prestación de servicios, existió la convicción que este era la forma de contratación y no otra. 3 No dar por demostrado, estándolo, que el liquidado Instituto

de Seguros Sociales, al contratar la señora CLAUDIA PATRICIA RAYO BOCANEGRA siempre actuó de conformidad con las normas legales de contratación cumpliendo con todos los trámites establecidos para la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la demandante. 4 No dar por demostrado, estándolo, que la demandante conocía su calidad de contratista y en ningún momento de la relación reclamó por ello. 5 Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existía entre las partes fue la de un contrato de trabajo. 6 Dar por demostrado, sin estarlo, que mí representada a la terminación de la relación no le pagó las prestaciones a la demandante, siendo que las mismas no le correspondían. 7 Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada actuó de mala fe al no haberle liquidado prestaciones a la terminación del contrato suscrito entre las partes pues la entidad consideraba que el mismo no era de trabajo. 8 Dar por demostrado, sin estarlo que la demandante actuó de buena fe, pues conociendo las posibles implicaciones de la contratación realizada nunca informó de sus inquietudes a la demandada sino hasta la finalización de los vínculos contractuales de prestación de servicio. 9 Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada actuó de mala fe y por tanto procede la condena por indemnización moratoria. 10 No dar por demostrado, estándolo, que el ISS fue liquidado por el decreto 2013 de 2012 y a partir de ese momento la entidad perdido (sic) toda capacidad para actuar y reconocer indemnizaciones como lo ha establecido la Honorable Corte Suprema de Justicia. 11 No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso no existe

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Radicación n.° 66792 demostración alguna del actuar de mala fe de mi representada. Al efecto, imputa la falta de apreciación de la reclamación administrativa en los anexos de la demanda del 1 de junio de 2011. (Cuaderno 1, Pág. 357 – 370). Asimismo, atribuye la indebida apreciación de la demanda inaugural, su contestación y las certificaciones de la existencia de los contratos de prestación de servicios y los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes. En la demostración del cargo asegura que el juez plural desconoció los contratos suscritos por las partes y, con ello, la expresión de voluntad de los contratantes que decidieron celebrar una vinculación de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993. Afirma que los acuerdos contractuales fueron debidamente suscritos por la actora, quien como lo manifiesta de manera expresa en los escritos de demanda inaugural y reclamación administrativa, «reconoce la modalidad», por ende, mal podía el Tribunal endilgar un actuar indebido al ISS, pues no advirtió que la accionante «conocía plenamente las implicaciones de los contratos de prestación de servicios firmados». Asevera que en este asunto se está ante la expresión del acto propio, por lo tanto, no es factible, a ninguna de las partes celebrantes desconocer o retractarse de lo acordado, máxime cuando de las probanzas incorporadas al plenario no

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se desprende que durante la vigencia del vínculo la demandante hubiera elevado reclamación, por el contrario, aquel cumplió con los trámites contractuales pertinentes, tales como: presentación de pólizas de cumplimiento y pago de los aportes a seguridad social como contratista independiente; de manera que, sin duda alguna, esas situaciones demostraron un «convencimiento de la validez de los contratos de prestación de servicios suscritos». Aduce que el artículo 83 de la CP establece la presunción de buena fe, la cual no solo aplica a particulares sino también a las autoridades públicas, de manera que el juez de alzada debió entender que el ISS al suscribir los mencionados acuerdos de prestación de servicios con la demandante actuó desprovisto de mala fe, máxime cuando «no existe prueba alguna de la actuación indebida o incorrecta» de dicha entidad y además de conformidad con el artículo 88 del CPACA, sus actos se presumen legales. Destaca que a contrario sensu, el Tribunal apreció indebidamente las pruebas señaladas en el ataque, pues simplemente con las menciones al cumplimiento de horario y la prestación del servicio en las instalaciones de la demandada, confirmó y modificó la decisión de primera instancia y consideró que con ello se probó la relación laboral y que correspondía a la entidad demostrar la no existencia de la subordinación. Expone que el ad quem desconoció que existieron contratos válidos de prestación de servicios suscritos de

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Radicación n.° 66792 manera libre y voluntaria por las partes, que la demandante cumplió las actividades para las cuales fue contratada, que

presentaba cuentas de cobro e informe de lo realizado al supervisor del convenio, por lo que «no puede confundirse el concepto de subordinación laboral con la interventoría y supervisión en un contrato de prestación de servicios». Insiste que, como entidad demandada sí probó la existencia de una relación de prestación de servicios independiente, como consta en las certificaciones expedidas respecto a la forma de vinculación de la demandante, así como lo específicamente establecido en los acuerdos que suscribieron las partes obrantes en el plenario. Indica que al revisar la sentencia de primera instancia el Tribunal la confirma y modifica de manera desacertada, dado que pasa por alto lo confesado por la accionante en los hechos de la demanda donde reconoce haber suscrito contratos de prestación de servicios con el liquidado ISS y no contratos de trabajo; que igualmente en el escrito de reclamación administrativa acepta la naturaleza no laboral del vínculo existente entre las partes. Expresa que no puede ser de recibo que el ejercicio de las facultades legales de contratación de los funcionarios del liquidado ISS, sean desconocidas e insiste que la demandante, durante la relación que sostuvieron las partes, no manifestó inconformidad. Asegura que los artículos 1, 2 y 20 del Decreto 2127 de 1945, que definen los elementos del contrato de trabajo no

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Radicación n.° 66792 son aplicables al caso en estudio, dado que con ello se desconoce la facultad legal que tenía el ISS para celebrar la contratación tipificada en la Ley 80 de 1993; de manera que el juez plural procedió a condenar a la accionada, «partiendo

casi de una presunción legal, que no admite prueba en contrario», pasando por alto las facultades que le asistían en materia de contratación. Resalta que el hecho de cumplir un horario y que los testigos hubieran conocido a la accionante ejerciendo las labores contratadas, no son elementos para establecer la subordinación en materia laboral, pues la jurisprudencia ha explicado que el horario que se le impone a un contratista «no debe evaluarse aisladamente», porque si bien podría estar sometido al mismo, tiene autonomía y libertad para ejecutar sus labores. Explica que la circunstancia de que el contratante realice una supervisión o vigilancia permanente sobre las actividades ejecutadas por el contratista, no implica necesariamente la existencia de subordinación y dependencia del segundo respecto del primero dado que, «todo contrato de servicios que implique para el contratista una obligación de hacer, es susceptible de ser supervisado por quien contrata», pues de otra manera no era posible determinar si se estaba o no cumpliendo con lo pactado. Argumenta que la sentencia atacada desconoce lo instituido en el artículo 122 de la CP, que establece que no habrá empleo público «“que no tenga funciones detalladas en

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Radicación n.° 66792 ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”»; que, en el caso que nos ocupa el fallador de alzada, al confirmar la decisión de primera instancia, estaría contrariando lo establecido en el mencionado artículo

de la Constitución, «procediendo a la creación de un nuevo empleo con las implicaciones financieras que ello implica, cuando esto no puede ser competencia de la justicia ordinaria sino de la ley y la administración pública» y que se transgredió el artículo 27 del CC, pues se desatendió el tenor literal de la Ley 80 de 1993. Afirma que la providencia fustigada igualmente no tuvo en cuenta «el principio jurisprudencial y doctrinario de los actos propios», pues en el asunto quedó probado que la demandante suscribió contratos de prestación de servicios en el que se negó su naturaleza de relación laboral y se estableció la forma de supervisión de estos; que luego solicitó a la jurisdicción ordinaria laboral declarar la existencia de un contrato de trabajo, de suerte que entre la conducta anterior y la pretensión posterior existe una evidente contradicción. Insiste en que la demandante no puede invocar en su favor y defensa normas y principios que ha desconocido, aunado a que su conducta confusa y contradictoria anula la posibilidad de argumentar que la forma de contratación no era la que habían acordado las partes. Alega que según el artículo 1502 del CC, la accionante

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Radicación n.° 66792 se obligó válidamente, pues es una persona legalmente capaz, expresó su consentimiento de forma libre y voluntaria con ausencia de cualquier vicio, presentó propuestas pa