CSJ - SL200-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL200-2023 Radicación n.° 83617 Acta 04 Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en calidad de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida del 22 de agosto de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUIS ARTURO BUITRAGO RAMÍREZ contra ASESORES EN DERECHO S.A.S., mandataria con representación de PANFLOTA de la COMPAÑÍA DE

INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE; la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES; la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.; FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como vocera y

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA;

LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

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Radicación n.° 83617 PÚBLICO y la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Luis Arturo Buitrago Ramírez demandó a las entidades referidas, con el fin de que se declare: «la protección al derecho a la seguridad social»; que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y que la AFP Protección S.A. debe «autorizar el traslado» a

Colpensiones en cualquier tiempo «por tener más de 874 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994». Como consecuencia de lo anterior, en síntesis, pidió condenar a Asesores en Derecho S.A.S. a expedir la resolución del bono pensional o cálculo actuarial por el tiempo laborado; a la Fiduciaria La Previsora S.A. a cancelar su monto; a Colpensiones a tener en cuenta ese tiempo para efectos pensionales; a la AFP Protección S.A. a trasladar a la administradora del régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPM, los aportes efectuados por el trabajador y sus rendimientos. Igualmente, reclamó el pago de los perjuicios morales y materiales a cargo de todas las accionadas, los intereses de mora o la indexación, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En subsidio, de no prosperar la petición contra la Fiduciaria la Previsora S.A., impetró que el cálculo actuarial quedará a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café o, en su lugar, que sea impuesto su pago a La NaciónSCLAJPT-10 V.00 2 Radicación n.° 83617 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En sustento de tales súplicas y en lo que interesa a la presente decisión, hizo un recuento de la creación de la Marina Mercante, destacando el papel de la Federación Nacional de Cafeteros y de los recursos del Fondo Nacional del Café. Recordó que inicialmente la Flota Mercante

Grancolombiana tuvo a cargo las pensiones de jubilación de sus trabajadores; así mismo, que debía aprovisionar los fondos necesarios para financiar el aporte previo al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 171 de 1961 y hasta cuando el ISS asumiera dicha obligación pensional. Puso de presente que esa entidad empleadora no fue sustituida ni subrogada en sus obligaciones pensionales por el ISS, ni por otra entidad que administrara tales prestaciones; que en el año de 1967 se llamó a inscripción obligatoria a todas las empresas, entre ellas, a la entonces Flota Mercante Grancolombiana, quien solo lo hizo hasta agosto de 1990; que esa entidad cambió su nombre por Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., filial de la Federación de Cafeteros de Colombia, administradora del Fondo Nacional del Café. Anotó que en concepto emitido el 15 de febrero de 2001, el Consejo de Estado consideró que La Nación debía responder por las prestaciones insolutas de la extinta Flota Mercante Grancolombiana S.A.; que la Corte Constitucional ordenó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,

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Radicación n.° 83617 como administradora del Fondo Nacional del Café, suministrara los recursos para el pago de las pensiones; que no hubo conmutación pensional respecto de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., la cual desapareció jurídicamente, sin dejar capital ni reservas para cubrir las contingencias laborales o pensionales; y añadió que, desde entonces, los recursos para el pago de las pensiones los

provee la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y que esa entidad inscribió el 29 de abril de 1998 su situación de matriz y controlante de la referida Flota. Resaltó que a la fecha de la presentación de la demanda tenía 58 años de edad, su cónyuge 55 y un hijo que era menor; que trabajó para la Flota Mercante Grancolombiana desde el 21 de marzo de 1983 hasta el 7 de enero de 1992; que su empleadora no efectuó aportes para pensión desde el inicio de la relación laboral y hasta el 14 de septiembre de 1990; que era beneficiario de los acuerdos extralegales y laudos vigentes celebrados; que el último cargo fue de electricista con un salario promedio de USD 1177,76 dólares. Añadió que en la actualidad está afiliado a Protección S.A.; que puede trasladarse en cualquier tiempo a Colpensiones, toda vez que al 1 de abril de 1994 tenía más de 833 semanas; y que presentó reclamación administrativa a todas las accionadas. La Fiduprevisora S.A. al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que por

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Radicación n.° 83617 orden judicial la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, provee recursos para el pago de las pensiones; la extinción de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; y que presentó la reclamación administrativa; de los restantes supuestos fácticos indicó que no le constaban, en tanto solo se ocupaba

de la administración del patrimonio autónomo Panflota. En su defensa, explicó las características del contrato de fiducia mercantil e insistió en que el pago de obligaciones pensionales con cargo a dicho patrimonio estaba supeditado a la existencia de recursos. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y la innominada. Colpensiones al contestar la demanda se opuso a todas las súplicas. Respecto de los hechos, dijo que no le constaban; y en su defensa arguyó que el actor no tenía derecho alguno frente a esa entidad de seguridad social. Formuló las excepciones de prescripción, falta de reclamación administrativa y la de inexistencia del derecho. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público rechazó las pretensiones. De los hechos expresó que no le constaban. Como argumentos de defensa, negó la responsabilidad en el pago de las obligaciones pensionales, de suerte que no

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Radicación n.° 83617 era aplicable «el principio de responsabilidad subsidiaria del Estado». Invocó las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y la genérica. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó lo relacionado con la creación de la Marina Mercante y el papel de la Federación Nacional de Cafeteros; el cambio de nombre de aquella y el concepto emitido por el Consejo de Estado del 15 de febrero de 2001; de los demás dijo que no

le constaban o no eran ciertos. En su defensa, esgrimió que no era titular del dominio y propiedad del Fondo Nacional del Café, sino que lo administraba; que la liquidación de la Compañía de la Flota Mercante S.A. fue por fuerza mayor o caso fortuito, toda vez que se suprimió la reserva de carga, de allí que no operaba la responsabilidad subsidiaria demandada; y que no fue posible la afiliación del demandante por falta de cobertura, por consiguiente, no se presentó una omisión del empleador. Enlistó las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y falta de legitimación en la causa. La sociedad Asesores en Derecho S.A.S., quien actúa como vocera y administradora del patrimonio autónomo

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Radicación n.° 83617 «Panflota», al contestar la demanda se opuso a las pretensiones declarativas y a las dirigidas en su contra. Frente a los supuestos fácticos, aceptó que la Federación Nacional de Cafeteros es la administradora del Fondo Nacional del Café; lo ordenado por la Corte Constitucional a esa entidad respecto a suministrar los recursos para el pago de pensiones; la liquidación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; la edad del accionante al presentar la demanda inicial; que laboró para la Flota Mercante Grancolombiana S.A. del 21 de marzo de 1983 al 7 de enero de 1992; que el promotor del proceso estaba afiliado a Protección S.A.; y la reclamación administrativa. De los restantes supuestos fácticos, indicó que no le constaban o

que no eran ciertos. Manifestó en su defensa que la obligación legal de afiliar a los trabajadores de mar solo se generó al expedirse la Resolución 03296 del 2 de agosto de 1990; que la sociedad liquidada no dejó activos para satisfacer obligaciones; y que no debía responder por el cálculo actuarial demandado, conforme lo tenía adoctrinado la Corte. Propuso como excepción previa la de cosa juzgada; y de fondo las de inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional, prescripción, buena fe, la genérica y oposición a la condena en costas. Finalmente, la Administradora de fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. al contestar la demanda adujo

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Radicación n.° 83617 que no tenía legitimidad para pronunciarse respecto a las pretensiones incoadas relativas a la existencia del nexo laboral y el pago de un cálculo actuarial, pero precisó que, según la información con la que cuenta, el actor al 1 de abril de 1994 solo tiene 514 semanas, de allí que no se podría trasladar a Colpensiones en cualquier momento. En cuanto a los hechos, aceptó que el accionante se encuentra afiliado a esa AFP y que presentó una reclamación; de los restantes hechos aseveró que no le constaban. Alegó que esa entidad no estaba en la obligación legal de efectuar cobros por un periodo en el cual no hubo afiliación a la seguridad social; y que para poder retornar a Colpensiones debía acreditar que tenía 15 años de servicios

o cotización al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones. Formuló las excepciones de falta de legitimación y cobro de lo no debido. En audiencia celebrada el 16 de marzo de 2017, el despacho de conocimiento determinó que la excepción previa de cosa juzgada se resolvería de fondo (f.o 1285 a 1289).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 23 de febrero de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR Que el señor LUIS ARTURO BUITRAGO RAMIREZ laboró para la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA

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Radicación n.° 83617 desde el 21 de marzo de 1983 hasta el 7 de enero de 1992.

SEGUNDO: DECLARAR que LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ debe responder por el valor del cálculo actuarial que elabore la AFP Protección en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, conforme a la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: ORDENAR a la AFP PROTECCION que realice el cálculo actuarial, para lo cual se le concede un término de 30 días-, para realizar dicho cálculo actuarial se tendrán en cuenta los salarios calculados por el juzgado, que hace parte de esta sentencia en 8 folios.

CUARTO: CONDENAR A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS - ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ a pagar a AFP PROTECCION el valor del cálculo actuarial, se concede un término de 30 días-.

QUINTO: ORDENAR a la FIDUPREVISORA para que gire a la AFP PROTECCION el valor que ya le fue pagado por la Federación Nacional de Cafeteros y que corresponde a la suma de $49.538.173, la que se tendrá en cuenta como parte del bono pensionalse adiciona en un término de 30 días-.

SEXTO: ABSOLVER a las demás demandadas de las pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: ABSOLVER a las demandadas de los perjuicios.

OCTAVO: Sin condena en costas NOVENO: DECLARAR que el demandante no es beneficiario del régimen de transición.

DÉCIMO: ABSOLVER a la AFP PROTECCION del traslado del demandante al régimen de prima media con prestación definida.

(Negrillas propias del texto)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante y de la demandada Federación Nacional de Cafeteros, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, a través de

sentencia del 22 de agosto de 2018, decidió:

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Radicación n.° 83617

PRIMERO: REVOCAR los ordinales NOVENO y DÉCIMO del fallo de primera instancia, para en su lugar CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A. a realizar el traslado del actor, señor LUIS ARTURO BUITRAGO RAMIREZ, al régimen de prima media con prestación definida administrado actualmente por

COLPENSIONES, remitiendo los saldos junto con los rendimientos existentes en la cuenta de ahorro individual del actor, igualmente se ORDENA A COLPENSIONES a recibir los saldos que traslade Protección a favor del demandante y activar su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, actualizando su historia laboral.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal TERCERO de la sentencia apelada, con el fin de disponer que COLPENSIONES realice el correspondiente cálculo actuarial de los aportes del LUIS ARTURO BUITRAGO RAMIREZ por el periodo comprendido del 21 de marzo de 1983 al 31 de agosto de 1990, teniendo como base salarial la suma de $590.010, con observancia del Decreto 1887 de 1994.

TERCERO: PRECISAR los ordinales CUARTO y QUINTO de la providencia del a quo en cuanto a que las ordenes allí emitidas deben ser cumplidas a favor de COLPENSIONES y no de la AFP PROTECCIÓN, también se ADICIONA el ordinal CUARTO, para señalar que la Federación Nacional de Cafeteros deberá cancelar el correspondiente cálculo actuarial previa elaboración que del mismo efectúe Colpensiones.

CUARTO: REVOCAR el ordinal OCTAVO del fallo apelado, para en su lugar CONDENAR EN COSTAS a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del Fondo Nacional del Café.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo proferido por la Juez

Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá.

SEXTO: COSTAS en esta instancia a cargo de la FEDERACIÓN

NACIONAL DE CAFETEROS como administradora del Fondo Nacional del Café. (Negrillas propias del texto) En lo que interesa al recurso de casación, el fallador de segundo grado manifestó que, en atención al principio de consonancia, no se discute la declaratoria de la existencia de la relación laboral entre el demandante y la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., siendo objeto de

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Radicación n.° 83617 disenso del actor la procedencia del traslado de régimen pensional, sustentado en que contaba con más de 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que era beneficiario del régimen de transición. Frente a dicha temática, el Tribunal dijo que a folio 466 obraba copia de la cédula del accionante, de la que se desprendía que nació el 30 de marzo de 1957, de allí que al 1 abril de 1994 contaba con 37 años de edad, empero, también se evidenciaba que laboró para la referida Flota Mercante del 21 de marzo de 1983 al 7 de enero de 1992 (f.o 472), periodo que, sumado a los aportes reflejados en la historia laboral de Colpensiones (f.o 720), acreditaban 16 años, 8 meses y 9 días de servicios antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones; por tanto, en principio, era beneficiario de transición y conforme a los lineamientos de la sentencia CC C789-2002 era procedente el traslado de régimen en cualquier tiempo, independientemente de la data hasta la cual pueda conservar

esa prerrogativa transicional. Por lo anterior, coligió que revocaría este punto de la decisión que negó la súplica del promotor del proceso. Pasó a ocuparse de la procedencia del cálculo actuarial, aspecto que fue objeto de reproche por el accionante bajo dos aristas, la primera, en relación con los salarios definidos por el a quo y, la segunda, en torno a que ese cálculo se efectuaba conforme a la última remuneración percibida por el trabajador.

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Radicación n.° 83617 El juez colegiado manifestó que abordaría el estudio del segundo tópico, en tanto, de resultar procedente quedaría relevado de analizar la otra temática. Aludió al Decreto 1887 de 1994, a través del cual se establecía la metodología para el cálculo de la reserva actuarial, que decía en su artículo cuarto, que el salario que se tomaba para esa operación aritmética correspondía al «salario de la referencia» y al último salario base de liquidación, por lo anterior, razonó que también le asistía razón al demandante. En ese orden de ideas, tomó como salario la suma de $590.010, que era el valor reportado por la empleadora en el resumen de semanas cotizadas a Colpensiones para enero de 1992 y que correspondía al último salario base de cotización (f.o 720). Por consiguiente, modificó el fallo del a quo, quien había estimado en la decisión de primera instancia que debía tenerse en cuenta los salarios percibidos desde el 21 de marzo de 1983 al 31 agosto de 1990, periodo durante el cual

no se hicieron aportes, asunto que no era objeto de cuestionamiento, en atención a que la empleadora vinculó al demandante en el ISS desde septiembre de 1990. Resuelto lo anterior, aludió al recurso de apelación interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros, quien expuso su desacuerdo con la condena impuesta. Frente a la «responsabilidad subsidiaria», el Tribunal mencionó el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, de la cual dijo que emergían dos premisas, una, consistente en la responsabilidad de la matriz en las obligaciones adquiridas por la empresa subordinada y, otra, la presunción legal de

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Radicación n.° 83617 que la situación concursal se originó en actuaciones propias del control sobre su filial, lo que se declaró exequible mediante sentencia CC C510-1997. Arguyó que por tratarse de una presunción legal consistente en que en el presente asunto la situación de liquidación de la Compañía Inversora de la Flota Mercante fue causada como consecuencia de la subordinación o control que la vinculaba a la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo del Café, las obligaciones de la sociedad en liquidación obligatoria serían asumidas por la matriz o controlante, circunstancia que podía ser desvirtuada; sin embargo, la accionada no cumplió con esa carga probatoria, de modo que al encontrarse establecida la situación de control, tal como lo definió el a quo, y no fue objeto de apelación, era menester irrogarle la responsabilidad subsidiaria. Adujo el juez colegiado, en cuanto a la no afectación de

los recursos del Fondo Nacional del Café, por estar constituidos por la llamada contribución cafetera de naturaleza parafiscal, que dicho argumento era inatendible por razones de lógica, en tanto, si el capital de ese fondo fue invertido para constituir la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, la prosperidad de los negocios desarrollados en el giro ordinario de su objeto social tenían el talante de beneficiar el Fondo, engrandeciendo sus arcas, empero, la posible inviabilidad de la empresa también tenía la potencialidad de grabar ese patrimonio; de allí que no se puede reclamar participación en las utilidades y la exclusión

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Radicación n.° 83617 en los gravámenes. Mencionó el objeto social de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante y consideró que sus actividades estaban acordes con el contrato de administración del Fondo Nacional del Café suscrito entre La Nación y la Federación Nacional de Cafeteros (f.o 23 al 32), que colocaba en cabeza de esta última las obligaciones de invertir los recursos del fondo, pagar los gravámenes y recomendar al Comité Nacional de Cafeteros el mejor uso y destinación de los recursos (f.o 27). Por otra parte, frente al pago del cálculo actuarial «en el porcentaje que le correspondía a la empleadora», el juez colegiado razonó que en el proceso no estaba acreditado que durante la vinculación laboral la Flora Mercante le hiciera los descuentos correspondientes al trabajador, pese a que era su obligación recaudarlos; como tampoco que hubiese cumplido con el deber de hacer los aprovisionamientos de capital

necesarios para realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social mientras entraba en vigencia, pues si bien el llamado de afiliación para los trabajadores marítimos se dio con la Resolución 03296 de agosto de 1990 (f.o 123), eso no significaba que ese deber hubiera quedado condicionado en el tiempo, pues únicamente se prorrogó la transferencia de las cotizaciones al ISS. Añadió que en el caso de autos tampoco tenía trascendencia la proporción con que las partes del nexo laboral debían contribuir al sistema para la construcción de la pensión, por cuanto el fundamento de la condena

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Radicación n.° 83617 estribaba en que, para ese entonces, cuando no había cobertura del ISS, la prestación estaba cargo del empleador. Finalmente, estimó que debían imponerse las costas en primera instancia a cargo de la parte vencida, que lo fue la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, ello de acuerdo con el artículo 392 del CPC, hoy 365 del CGP.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, concedido por el Tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Es propuesto así: 1.- La Corte, habrá de casar el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, revocar la sentencia de primer grado, para, en su lugar, proferir sentencia inhibitoria. 2.- Como primer alcance subsidiario, la Corte, debe casar la sentencia, gravada y, sede de instancia, revocar la del Juzgado

Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C. en cuanto a condenó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, para, en su lugar, absolver a la Federación de las pretensiones y, en hacer el pronunciamiento que corresponda frente a la excepción que declaró probada en relación a la codemandada la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público. 3.- Como segundo alcance subsidiario, la Corte, debe casar la sentencia en cuanto confirma la decisión de primer grado de condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, la totalidad del valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo laborado

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Radicación n.° 83617 por el demandante entre el 21 de marzo de 1983 al 31 de agosto de 1990; y en sede de instancia, habrá de modificar esa condena en el sentido que esta, solo deberá cancelar, a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, como valor correspondiente al periodo no cotizado al Instituto de Seguros Sociales, una suma equivalente a los aportes que debía hacer esa entidad por el lapso antes aludido, con referencia a las denominadas “tablas y categorías” que regían para esa data para la Flota Mercante Grancolombiana S.A.. 4.- Como tercer alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, para, en su lugar, y en sede de instancia, modificarla en el sentido que la

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que resulte del cálculo actuarial de los aportes para pensión del demandante no pagados, y correspondiente al tiempo laborado por este del 21 de marzo de 1983 al 31 de agosto de 1990. Con tal propósito, formula cuatro cargos, que son replicados por La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colpensiones y el demandante; los cuales se estudiarán en el orden propuesto, pero de manera conjunta los dos últimos, en razón a su unidad de propósito, similitud de normas denunciadas y la correlación en los argumentos.

VI. CARGO PRIMERO Manifiesta que la sentencia recurrida es violatoria de la ley sustancial, bajo la modalidad de infracción directa del artículo 61 del CGP, en concordancia con los artículos 83 del CPC, 145 del CPTSS y 29 Constitucional; transgresión que condujo a la aplicación indebida de los artículos 48 de la CP, 72 de la Ley 90 de 1946; 1, 3, 33, 36 y 64 de la Ley 100 de 1993; 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto

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Radicación n.° 83617 758 de igual año; 148 de la Ley 222 de 1995; 61 de la Ley 1116 de 2006; 373 del CCo.; 331 y 335 del CPC. A continuación, denuncia la comisión del siguiente

dislate de orden fáctico: No haber dado por demostrado, estándolo, que conforme a los términos de la demanda ordinaria con que se inició este proceso, este proceso se inició para que, de manera definitiva, se decida sobre la responsabilidad subsidiaria que le pueda caber a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, como matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. Afirma que el citado yerro fue producto de la errónea valoración de la demanda inicial. En la demostración del ataque, aduce que su inconformidad está relacionada con el alcance principal de la impugnación y afirma que, si el juez de segundo grado hubiese valorado correctamente la demanda con la cual se inició al presente asunto, junto con la respuesta efectuada por la Federación, habría inferido que se pretendió, con carácter definitivo, que la Federación Nacional de Cafeteros, como vocera del Fondo Nacional del Café, en su condición de matriz o controlante, era responsable subsidiaria respecto del pago de las «pensiones de jubilación reconocidas por la sociedad subordinada o controlada Flota Mercante Grancolombiana S.A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante». Arguye que a la anterior conclusión se arribaba de la lectura de lo pretendido por el actor y de algunos de los

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Radicación n.° 83617 hechos plasmados en el escrito con el cual se dio apertura al proceso; de modo que el Tribunal, de haberse percatado de esa «circunstancia», debió proferir un fallo inhibitorio, porque

aceptándose: […] en este cargo, que, el Tribunal, estaba habilitado para estudiar y pronunciarse sobre la responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y 61 de la Ley 1116 de 2006, para la sociedad matriz o dominante por el estado de insolvencia y de liquidación de la sociedad que le está subordinada, que es la responsabilidad que se invoca como sustento de la pretensión formulada frente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, se tiene que el artículo 61 del Código General del Proceso, vigente para las data en que se dictó la sentencia gravada, y aplicable al proceso laboral en virtud del principio de integración del artículo 145 de su código adjetivo, regula el llamado litisconsorcio necesario, así: "Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todos o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de esta a quienes faltaren para integrar el contradictorio, (...). Puntualiza que se transgredió el artículo 83 del CPC, puesto que al ser la responsabilidad subsidiaria contemplada en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, un aspecto esencial para la definición de la controversia: […] por la naturaleza de la misma, un pronunciamiento judicial, y definitivo, sobre ese tema, requiere la presencia, bien como

demandantes o demandadas, de todas las personas, naturales o jurídicas, inclusive de los denominados patrimonios autónomos, que con respecto a la sociedad liquidada tenga la calidad de acreedores. Sostiene que de estimarse que no se configuró un litisconsorcio necesario, o alegarse que se está frente a uno facultativo, conllevaría adelantar tantos procesos como fuera

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Radicación n.° 83617 el número de acreedores de la sociedad liquidada: […] circunstancia que haría factible que se profieran fallos contradictorios, es decir, que en unos se dictara sentencia declarando la responsabilidad, o mejor, desvirtuando la presunción de responsabilidad, y en otros no se haga tal pronunciamiento; que es la situación que se busca evitar con la figura del litisconsorcio necesario, o sea, que la decisión en uno u otro sentido sea igual para todos los beneficiarios de tal responsabilidad subsidiaria. Anota que en este asunto no es aplicable el criterio jurisprudencial de que en casación no es permitido aducir deficiencias que pudieron ser subsanadas o superadas en las instancias con los remedios procesales previstos por el legislador, pues, de cara a la inactividad de las partes en esa materia, es imperativo al juez hacerlo. Colige que como no se vinculó a todos los acreedores de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., el ad quem, al desatar el recurso de apelación, debió revocar la decisión de primera instancia e inhibirse de dictar un fallo de fondo.

VII. LA RÉPLICA

La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público se

opone en forma conjunta a todos los cargos, para lo cual sostiene, en síntesis, que el alcance de la