CSJ - SL2032-2024_1

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2032-2024 Radicación n.° 94373 Acta 26 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por AVIDESA MAC POLLO S.A. contra la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario laboral que instauró GERARDO DÍAZ RUEDA contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Gerardo Díaz Rueda llamó a juicio a la demandada, con el propósito que se declare que la enfermedad profesional estructurada el 11 de julio de 2012, junto con los accidentes de trabajo ocurridos el 20 de marzo de 2000 y el 4 de enero de 2005, en donde resultó afectada su

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 94373 capacidad laboral «son consecuencia de culpa y negligencia al no acatar sus obligaciones designadas por la ley por parte

de AVIDESA MAC POLLO S.A.».

Como consecuencia de lo anterior, pretendió que se condene a la accionada a indemnizarlo por los perjuicios ocasionados por los siguientes conceptos y sumas: a) daños materiales: daño emergente 50 SMMLV, lucro cesante consolidado $2.145.597 y lucro cesante futuro $49.511.364; b) daños morales 50 SMMLV; y c) daño en vida relación 50 SMMLV; así mismo, a la indexación «y de

no ser procedente se concedan los intereses»; y las costas del proceso. En sustento de sus pedimentos, relató que laboró para la demandada, desempeñando el cargo de «galponero»; en virtud de cuatro contratos de trabajo que se ejecutaron en los siguientes extremos temporales: i) del 28 de enero de 1999 al 27 de enero de 2000; ii) del 17 de febrero de 2000 al 16 de febrero de 2001; iii) del 5 de marzo de 2001 al 4 de marzo de 2008; y iv) del 25 de marzo de 2008 al «24 de junio de 2008»; devengando en el último una remuneración de $500.000 mensuales. Expuso que «durante el periodo al servicio de su empleador» realizó funciones «que se encontraban totalmente por fuera de las cuales fue contratado», tales como el mantenimiento, aseo y desinfección de los galpones «con formol y biofenol, quemar el piso el mismo con gas», recoger la pollinaza, descargar bultos de alimento, entre otros; que

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 94373 su jornada laboral no tenía un horario fijo y en ocasiones era de domingo a domingo o hasta altas horas de la noche; que la accionada «le otorgaba la estadía en una vivienda, pero se encontraba en cercanías al galpón estando expuesto a múltiples olores contaminantes que pudieron afectar la salud»; y que nunca recibió amonestación o llamados de atención por parte de la empresa. Señaló que el 20 de marzo de 2000 sufrió un accidente

de trabajo, «en ejercicio de sus funciones al encontrarse subido en una escalera improvisada, la cual fue construida por los mismos trabajadores y en donde lavaba un tanque de agua de 500 litros cuando de momento el recipiente se partió en dos y el trabajador se cayó al piso recibiendo un fuerte golpe al lado derecho de las costillas»; que reportó el suceso ante la oficina correspondiente para que lo examinaran, pero que el «dictamen médico en el cual solamente le recetaron unos medicamentos, determinaron una incapacidad pero no lo remitieron al radiólogo, para examinar en profundidad las secuelas de dicho golpe». Arguyó que el 4 de enero de 2005 ocurrió un segundo accidente laboral, cuando «se encontraba amontonando pollinaza dentro del galpón, con varios compañeros, y en cumplimiento de esa labor transportó la pollinaza sobre un tablón muy pesado sobre el montón de pollinaza, cuya altura casi llegaba hasta el techo del galpón, cuando de un momento para otro se voltio el tablón de madera haciéndolo perder el equilibrio, cayendo al piso junto con la carretilla», la cual quedó encima del trabajador «exactamente en su

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 94373 columna, quedando de esta manera inconsciente por un lapso de tiempo», infortunio que también reportó. Refirió que fue atendido por la ARL Sura; que, dados los dolores, requirió una cirugía «toda vez que la enfermedad que lo aqueja es degenerativa y si no se le practicaba de manera inmediata se agravaría»,

procedimiento que «no sirvió de mucho debido a la situación de salud»; y que luego de la incapacidad regresó a laborar. Argumentó que la accionada no cumplió con las obligaciones especiales frente a él como trabajador, no tenía reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional «y demás entrenamientos que debieron brindar al trabajador que se ha accidentado en dos ocasiones en las instalaciones de la empresa», omitiendo su «deber de prevención»; de modo que ejecutó sus labores sin las garantías de seguridad mínimas. Aseveró que, sin embargo, continuó laborando, que padeció dolores constantes y fue atendido por diferentes médicos, por presentar problemas de columna, y se le recetaron medicamentos y terapias; que día a día su capacidad laboral disminuyó y que fue valorado en varias oportunidades por los comités y juntas de calificación de invalidez; y que el 27 de febrero de 2013 la ARL Sura le informó el reconocimiento de la pensión de invalidez, «como consecuencia de la enfermedad laboral calificada», por contar con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 51,14% y fecha de estructuración 11 de julio de 2012.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 94373 Reiteró que su estado de invalidez se produjo por el incumplimiento de las normas de seguridad industrial y manejo de salud ocupacional por parte de la convocada al litigio; y que presentaba cuadros críticos de depresión y dolores intensos, lo cual afectaba a su familia, quienes tenían a su cargo su cuidado.

Avidesa MacPollo S.A. al dar respuesta al escrito inaugural se opuso a todas las pretensiones. Respecto a los hechos, aceptó la suscripción de los contratos de trabajo con el demandante, aclarando que el extremo final del último nexo fue el 4 de marzo de 2013; la inexistencia de llamados de atención; la ocurrencia de los accidentes de trabajo, precisando que fueron debidamente reportados a la ARL Sura; y puntualizando que en el segundo el demandante no quedó inconsciente y «en ningún momento la altura del montón de pollinaza podía superar 1,50 metros conforme las normas ICA»; y el reconocimiento de la pensión de invalidez al actor por parte de ARL Sura. De los demás, aseveró que no eran ciertos o que no le constaban. Como argumentos de defensa, esgrimió que el accionante desarrolló las funciones normales de un galponero en cualquier granja avícola, cargo en el que tenía más de 20 años de experiencia con otros empleadores; que toda actividad humana imponía un desgaste para el organismo y teniendo en cuenta que el actor se vinculó a Avidesa Mac Pollo S.A. cuando contaba con 42 años de edad, no era dable «achacarle» la enfermedad degenerativa

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 94373 al empleador; que los últimos tres años y cuatro meses de la relación laboral el demandante no ejecutó ninguna función por estar incapacitado; que la jornada de trabajo fue la máxima legal y que la terminación del vínculo obedeció al reconocimiento de la pensión de invalidez por parte de la ARL Sura.

Expuso que siempre ha cumplido con las normas laborales, de seguridad industrial, salud ocupacional y de bioseguridad exigidas por el ICA y la CDMB; que la granja avícola donde el convocante al proceso desarrolló las funciones era biosegura, y no existía afectación alguna a la salud de los trabajadores, por cuanto «el olor normal de las aves y la gallinaza», si fuese contaminante, no estaría permitido en las empresas y no podrían subsistir ni las aves ni los empleados; que por encontrarse dentro de la granja, la vivienda que la empresa le suministraba al actor lo era de mera liberalidad; y que se cumplía con todas las condiciones higiénico sanitarias requeridas. Reiteró que la empresa en todo momento cumplió con el programa de salud ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial, y además tenía cobertura de la ARL; que contaba con profesionales en medicina veterinaria, trabajo social y administradores agropecuarios, quienes se encargaban del cumplimiento de las normas técnicas y de bioseguridad, así como de la capacitación de sus empleados de acuerdo al cargo, manejo de cargas, uso adecuado de la protección personal, cuidados de salud, motivación, entre otros; ello con el fin de garantizar

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 94373 condiciones de bienestar general; y que nunca ha sido sancionada por incumplir dichas normas, por parte algún ente administrativo o judicial. Finalizó su defensa diciendo que la culpa del empleador, tal como lo exige el artículo 216 del CST, debe probarse, sin que baste «lanzar conjeturas sindi cativas».

Enlistó como excepciones de fondo las que denominó: pago total de los créditos causados durante la relación con Avidesa Mac Pollo S.A.; inexistencia de la acción; inexistencia de la obligación; buena fe; y exoneración de la responsabilidad de la empleadora por la culpa del trabajador en la ocurrencia del accidente de trabajo.

II. SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 10 de abril de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre GERRARDO (sic) DÍAZ RUEDA y la empresa AVIDESA MAC POLLO S.A. existieron varios contratos de trabajo, el primero de ellos se celebró del día 28 de enero de 1999 al 27 de enero de 2000; el segundo el día 17 de febrero de 2000 al 16 de febrero de 2001; el tercer contrato se suscribió el día 5 de marzo de 2001 al 4 de marzo de 2008 y el cuarto contrato el día 25 de marzo de 2008 al 4 de marzo de 2013, devengando un salario mensual por la suma de $640.000.oo m/cte.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor GERARDO DÍAZ RUEDA sufrió una enfermedad profesional estructurada el 11 de julio

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 94373 de 2012 junto con los accidentes de trabajo día 20 de marzo de 2000 y 4 de enero de 2005, en donde el resultado, fue afectada su capacidad laboral y su persona integralmente, el señor

GERARDO DÍAZ RUEDA y estas fueron a consecuencias de la culpa y negligencia del empleador en su cumplimiento de sus obligaciones de protección de su trabajador en AVIDESA MAC

POLLO S.A.

TERCERO: CONDENAR a la empresa AVIDESA MAC POLLO SAL (sic) a cancelar al demandante GERARDO DÍAZ RUEDA las siguientes sumas de dinero, por lo expuesto en la parte motiva, así: PERJUICIOS MORALES La suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

LUCRO CESANTE CONSOLIDADOS: $46.386.718

LUCRO CESANTE FUTURO: $74.586.158

DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN $45.900.000

Las sumas anteriores deberán ser indexadas desde la fecha de estructuración de la enfermedad 11 de julio de 2012.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCION (sic) por las resultas del presente negocio.

QUINTO: CONDENAR en costas a la empresa AVIDESA MAC POLLO S.A. y a favor de GERARDO DÍAZ RUEDA, el equivalente a TRES SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, los que se liquidarán con el salario vigente al momento de liquidar las cosas (sic) del proceso.

SEXTO: ABSOLVER a la empresa AVIDESA MAC POLLO S.A. de las demás condenas formuladas en su contra de acuerdo a lo dicho en precedencia.

SEPTIMO: FÍJENSE como honorarios del auxiliar de la justicia señor MERMES SANDOVAL ROJAS la suma de 3 salarios mínimos legales vigentes, el cual será cancelado como costas del proceso a cargo de AVIDESA MAC POLLO S.A.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al desatar el recurso de

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 94373 apelación presentado por la demandada, con sentencia calendada 14 de enero de 2022, decidió: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de abril de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte demandada, incluyendo como agencias en derecho derecho (sic) la suma de

$1.000.000. El colegiado expresó que, acorde a lo planteado en el recurso de apelación de la accionada, el problema jurídico a resolver consistía en determinar si existió culpa suficientemente comprobada del empleador frente a los daños sufridos por el trabajador demandante, como consecuencia de los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral que padecía. Adujo que no era objeto de debate que: i) entre las partes existieron varios contratos de trabajo a término fijo suscritos del 28 de enero de 1999 al 27 de enero de 2000, del 17 de febrero de 2000 al 16 de febrero de 2001; del 5 de marzo de 2001 al 4 de marzo de 2008; y del 25 de marzo de 2008 al 4 de marzo de 2013; ii) el actor sufrió un accidente de trabajo el 20 de marzo de 2000, «mientras se encontraba lavando un tanque de agua del galpón subido en una

escalera y esta se partió»; iii) al demandante le ocurrió un segundo infortunio laboral el 4 de enero de 2005, «cuando estaba amontonando pollinaza en una carretilla sobre un tablón, el cual se volteó cayendo al piso y sobre él cayó la carretilla y la tabla»; iv) el accionante fue calificado en una primera oportunidad por la ARL Sura, quien dictaminó un

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 94373 36,15% de PCL de origen profesional (f.° 27-28); posteriormente, fue evaluado por la Junta Nacional de Calificación De Invalidez, la cual determinó que tenía un 41,35 % de PCL de origen laboral (f.° 29-36); y finalmente, volvió a ser calificado por la ARL mediante dictamen del 29 de enero de 2013, estableciendo un 51,14 de PCL de origen laboral, estructurada el 11 de julio de 2012 (f.° 44-46); y v). mediante oficio del 27 de febrero de 2013, la ARL Sura reconoció la pensión de invalidez al demandante, en cuantía equivalente a 1 SMMLV. El juez plural aludió que frente a los accidentes de trabajo surgen dos clases de responsabilidades, la del sistema general de riesgos profesionales, que en caso de afiliación a la seguridad social es quien responde por las contingencias que se presenten en el ejercicio laboral; y otra, que tiene lugar por el accidente de trabajo, y se edifica en la culpa del empleador, a quien le asiste la obligación de

indemnizar de acuerdo con la magnitud del daño que se produce al trabajador o a sus beneficiarios. Señaló que de conformidad con el artículo 216 del CST y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de la segunda de las responsabilidades, es deber del trabajador o de sus causahabientes demostrar que los hechos que determinaron el daño se produjeron por culpa debidamente comprobada del empleador para obtener la prosperidad de sus pretensiones indemnizatorias.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 94373 Refirió que la culpa, según la jurisprudencia y la doctrina, es aquella falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en la realización de sus negocios propios; así mismo, aquella acción del agente que habiendo podido ser prevista, no lo fue, y que causa un daño; o aquella en que el agente no previó los efectos nocivos de su acto, habiendo podido preverlos, o en la que los previó, pero confió imprudentemente en poder evitarlos. En consecuencia, la culpa se caracterizaba por la posibilidad y la previsión, de suerte que se descarta su presencia cuando exista irresistibilidad e imprevisibilidad. Adujo que, en estos eventos, si el empleador deseaba liberarse de la responsabilidad debía acreditar que su conducta estuvo acompañada de la diligencia, prudencia y del cuidado necesario, los que de antaño se asemejaban al actuar de un buen padre de familia; lo que, adecuándolo al caso sub lite, se asimila al cumplimiento de las normas y

reglas en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. Recordó que este tipo de responsabilidad no se fundamenta en presunciones de culpa, que produzcan inversión de la carga de la prueba «de la víctima al presunto victimario», sino que se estructura sobre el sistema tradicional de la culpa probada; por ello, cuando se reclama por la vía judicial la indemnización plena u ordinaria, el trabajador soporta la carga de probar tres situaciones: 1) el hecho generador del daño, 2) la culpa del empleador y 3) la relación de causalidad entre el comportamiento culposo y el perjuicio.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 94373 El fallador de segundo grado manifestó que la jurisprudencia ha sostenido que la responsabilidad a que alude el artículo 216 del CST tiene como requisito sine qua non la comprobación suficiente de la culpa patronal, y no basta la prueba del accidente; y que para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios, dicha normativa exige la ocurrencia del riesgo, esto es, el infortunio laboral o la enfermedad profesional, más la culpa suficientemente comprobada del empleador; a diferencia de lo que acontecía con las prestaciones económicas y asistenciales tarifadas previstas en los artículos 249 y siguientes de la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas que las reglamentan, así como en el Decreto 1295 de 1994, que se causan por el mero acaecimiento de cualquiera de las contingencias anotadas, sin que para su concurso se requiera de una determinada conducta del empleador; pues eran de carácter eminentemente objetivo,

de modo que basta acreditar el vínculo subordinado y la realización del riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo. Explicó que, a diferencia de lo precedente, la indemnización ordinaria y total de perjuicios tiene una naturaleza subjetiva, de modo que su establecimiento ameritaba, además de la demostración del daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad que le corresponden, según lo señalado por el artículo 56 CST.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 94373 Descendió al caso concreto y dijo que de acuerdo con el material probatorio recaudado, eran hechos incontrovertibles que el promotor de la acción sufrió dos accidentes de trabajo al servicio de Avidesa Mac Pollo S.A.; el primero, mientras se encontraba lavando un tanque de agua al interior del galpón subido sobre una escalera, la cual se partió propiciando su caída sobre el lado derecho de las costillas, según se registró en el informe dirigido a la ARL (f.° 38); y el segundo, cuando desarrollaba la labor de amontonar la pollinaza utilizando una carreta sobre un tablón, el cual se volteó lo que llevó a su caída al piso desde una altura y encima le cayó la tabla y la carretilla sobre la espalda, causándole dolor y dificultad para movilizarse, conforme lo registrado en el reporte del siniestro (f.° 41). En este orden y de cara a los reparos de la sociedad apelante, destacó que la culpa del empleador no se

encontraba sustentada de forma objetiva en la simple ocurrencia de los accidentes de trabajo, sino que, de acuerdo con lo expuesto en la demanda inaugural y lo demostrado dentro del proceso, la responsabilidad patronal emergía de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ocasionaron los accidentes de trabajo, pues ambos sucesos se presentaron por fallas en las herramientas y elementos destinados para que el trabajador desarrollara las labores propias de galponero. Resaltó que el primer accidente se dio porque una escalera se partió y, el segundo, porque una tabla a través de la cual debía desplazarse el trabajador con una carretilla

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 94373 se volteó, ocasionados en los dos casos por caídas desde altura, siendo una obligación del empleador velar por el buen estado y funcionamiento de los implementos de trabajo en virtud de la obligación general de protección y seguridad que le asiste para con los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del CST, más aún cuando se trata de actividades y labores que representan cierto grado de peligro como lo es subirse a una escalera y transportar pollinaza en una carretilla sobre una tabla a una altura de 1,40 mts., tal como lo señaló la testigo María Juliana Rodríguez Guarín, que dijo que a esa altura se transportaba la pollinaza, lo cual guardaba relación con lo indicado por la deponente María Patricia Ramón, quien manifestó que por reglamentación del ICA la pollinaza se debía organizar en arrumes o montañas de 1,20 mts. de altura y que para ello se utilizan las carretillas; por lo que, atendiendo las reglas

de la lógica, si el arrume era de 1,20 mts., necesariamente el andamio y la carretilla debían estar a una altura superior para poder hacer el descargue de la pollinaza. Advirtió que la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Protección Social y del Ministerio de Salud, vigente para la época de los hechos, en las empresas de más de diez trabajadores debía existir un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, el cual tenía dentro de sus obligaciones visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 94373 las medidas correctivas y de control, lo cual no realizó la convocada a juicio, pues de haberlo efectuado le hubiera permitido verificar el estado de la escalera y la tabla sobre la cual se debía transportar la carretilla. Señaló que la demandada no demostró que para la época de los accidentes de trabajos sufridos por el demandante tuviera tan siquiera un programa de salud ocupacional, ya que los aportados al proceso corresponden a los años 2008 a 2012 (f.° 84-189) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2013 (f.° 190255); y únicamente se aportaron actas del Comité Paritario de Salud Ocupacional de 2006 a 2012 (f.° 272-371).

Refirió que no era de recibo el argumento de la empresa apelante tendiente a que la responsabilidad de los accidentes laborales recaía exclusivamente en el trabajador porque este tenía que verificar el estado de los elementos y herramientas y no arriesgar su integridad al utilizarlos, como quiera que es una obligación especial que expresamente la ley asignó a los empleadores, de acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 57 del CST. Enfatizó que la pasiva reconoció que los infortunios se presentaron por el mal estado de los elementos utilizados en el desarrollo de la labor contratada, aspecto que se fincaba como un presupuesto para la estructuración de la culpa patronal, lo que permitía colegir que la parte actora cumplió con la carga de la prueba de acreditar el hecho generador del daño, la culpa del empleador y la relación de

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 94373 causalidad entre el comportamiento culposo y el perjuicio, pues este último elemento se extraía del hecho de que hasta antes del accidente de trabajo ocurrido en el año 2005 no existía un solo reporte, registro médico o historial clínico que demostrara que el promotor de la acción tenía padecimientos de salud por los diagnósticos de desplazamientos de «disco intervertebral y degeneraciones especificadas de discos intervertebrales», por los que finalmente se le reconoció la pensión de invalidez. Expresó que, de acuerdo con el análisis de la historia laboral del demandante (f.° 706-797), las afectaciones lumbares se desencadenaron después del accidente de trabajo sufrido el 4 de enero de 2005; y que, si bien los

testigos Orlando Carrillo Páez y María Elisa Olave indicaron que antes del siniestro de 2005 el promotor de la acción ya había sido reubicado por recomendación de la ARL, lo cierto era que, todas las recomendaciones médico laborales que militaban en el expediente eran posteriores al suceso. Resaltó que los exámenes médico ocupacionales de ingreso realizados al actor el 26 de enero de 1999 y 1 de marzo de 2001, señalaban que era apto para la labor de galponero sin restricciones, pero aquellos de la misma índole realizados el 11 de febrero de 2006 y 17 del año 2008, «sin que sea legible el mes» (f.° 648), consignaron que era apto, pero con restricciones debido a sus dolencias lumbares, es decir, existían suficientes y contundentes elementos de juicio que llevaban a concluir que las afecciones de salud por las cuales fue declarado invalido el

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 94373 promotor del litigio tienen relación directa con el infortunio laboral ocurrido en el 2005. En ese sentido, refirió que le correspondía a la pasiva demostrar que la ocurrencia de los accidentes de trabajo no se dieron con causa y ocasión de una acción u omisión de sus obligaciones en materia de protección y seguridad para con su trabajador, carga probatoria que no cumplió, pues aparte de que estaba plenamente acreditado que los infortunios se generaron por fallas en los implementos y herramientas proporcionados al accionante para el cabal cumplimiento de su labor de galponero, la empresa no

demostró tan siquiera que para la época de los hechos tuviera un programa de salud ocupacional o un comité paritario de salud ocupacional o comité de medicina, higiene y seguridad industrial, los cuales debían existir conforme a las Resoluciones 2013 de 1986 y 1016 de 1989. Así las cosas, el ad quem consideró que «a pesar de la deleble y poca carga argumentativa del operador judicial de primer grado», indefectiblemente la sentencia debía ser confirmada, pues estaban plenamente demostrados los presupuestos para la estructuración de la culpa patronal en cabeza de la empresa llamada a juicio, quien no acreditó haber dado cumplimiento a las obligaciones patronales que le asistían en materia de seguridad industrial. Por último, se ocupó del reparo de la apelante en relación con la condena por lucro cesante consolidado, según el cual no procedía en razón al reconocimiento de la

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 94373 pensión de invalidez en favor del demandante, y señaló que de antaño la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que cuando es el empleador el responsable directo del perjuicio ocasionado al trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo, no le es dable descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por las entidades del sistema de seguridad social. Citó en su apoyo fragmentos de la sentencia CSJ SL,30 nov. 2010, rad. 35158, la cual dijo fue reiterada en la decisión CSJ SL5463-2015. De lo anterior concluyó que el hecho de que la ARL

haya reconocido la pensión de invalidez al promotor de la acción, no implicaba que el empleador responsable en la ocurrencia del accidente de trabajo que derivó en la invalidez de su subordinado se vea relevado en su obligación de resarcir plenamente el perjuicio ocasionado, motivo suficiente para confirmar la condena por lucro cesante impuesta en primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, la absuelva de

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 94373 todas las súplicas, «declarando probadas las excepciones propuestas y condenando en costas a la parte demandante». Con tal propósito, formula un cargo, que no obtiene réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, del […] artículo 216 del CST, con causa en la infracción directa del artículo 63 del Código Civil, en relación con los artículos 55, 56, 57 y 348 CST; 8°, 21 y 22 del Decreto 1295 de 1994; 1°, 9° y 10° de la Ley 776 de 2002 y 64,1604, 1613, 1614, 1615, 1757 y 2356 del Código Civil; 177 CPC y 167 CGP, y resoluciones 2013

de 1986 y 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo. Expone que el juez de segundo grado incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. No dar por probado, estándolo, que la pérdida de capacidad laboral del demandante, señor DÍAZ RUEDA, y la enfermedad laboral que le dio origen, fue con causa en una enfermedad degenerativa.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajo ocurridos al señor DÍAZ RUEDA el 4 de enero de 2005, fue por circunstancias inherentes al riesgo objetivo derivado de la actividad desarrollada por el demandante a lo largo de su vida laboral.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo ocurrido al señor DÍAZ RUEDA el 4 de enero de 2005, fue la causa de la PCL del actor y de la estructuración de la enfermedad laboral de fecha 11 de julio de 2012.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 94373 ocurrido al señor DÍAZ RUEDA el 4 de enero de 2005, fue por culpa de la empleadora AVIDESA MAC POLLO S.A.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la pérdida de capacidad laboral del demandante, señor DÍAZ RUEDA, y la enfermedad laboral que le dio origen, fue por culpa de

AVIDESA MAC POLLO S.A.

Afirma que tales dislates fácticos se produjeron por la

errónea apreciación de las siguientes pruebas: - Escrito de la demanda, como pieza procesal, especialmente los hechos 7° y 8° (folio 4). - Escrito de contestación de la demanda, como pieza procesal, especialmente la respuesta a los hechos 2° y 13° y la respuesta a la pretensión principal 1a. (folios 67 y 68). - Historia laboral del demandante (Folios 706 a 797). - Recomendaciones médico-laborales de febrero 22/06 (Fl. 37), abril 8/06 (Fl. 687), noviembre 1/06 (Fl. 688), mayo 8/08 (Fl. 681) y febrero 2/10 (Fl. 412). - Exámenes médicos ocupacionales de ingreso de enero 26/99 (Fl. 406), marzo 01/01, febrero 11/06 (Fl. 658) y del año 2008 (Fl. 648).

Y la falta de valoración de: - Informes de la IPS SaludCoop Corporación Santander de enero 8/08 (Fl. 571), enero 30/08 (Fl. 572) y febrero 25/08

(F. 573). - Informes de la IPS-Centro de Espec