CSJ - SL2044-2024

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2044-2024 Radicación n.° 100262 Acta 23 Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

PABLO EMILIO GARCÍA GARCÍA, JULIO CÉSAR

ANGARITA GONZÁLEZ, ÁNGEL YASID PRIETO CORTÉS, JORGE ALIRIO PERALTA GARCÍA, JORGE ARCHILA y MARIO ALBERTO COTE MENDOZA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023), en el proceso que los recurrentes y EDUARDO DE JESÚS ÁVILA MONROY le instauraron a

ECOPETROL S. A.

Reconózcase personería al abogado Fernando Vásquez Botero con T.P. 14933 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado judicial de Ecopetrol S. A., en la forma y para los efectos de los mandatos conferidos (f.° 1

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Radicación n.° 100262 archivo: «11001310502520180015501-0011Memorial.pdf» del expediente digital de la Corte).

I. ANTECEDENTES

Pablo Emilio García García, Julio César Angarita González, Ángel Yesid Prieto Cortés, Jorge Alirio Peralta García, Jorge Archila, Mario Alberto Cote Mendoza y Eduardo de Jesús Ávila Monroy llamaron a juicio a

Ecopetrol S. A., para obtener el pago de la pensión de jubilación prevista en la cláusula 109 hoy 106 de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018, porque reunieron 50 años y 20 de servicios. Fundamentaron sus pretensiones manifestando que eran afiliados a la USO; que esa organización suscribió con la demandada la convención colectiva de trabajo 2001 – 2002 que fijó, en la cláusula 109, las condiciones para acceder a la prestación reclamada; que el 28 de noviembre de 2002 se suscitó un conflicto económico en virtud de la denuncia parcial del acuerdo colectivo; que fracasó la etapa de arreglo directo y, por esa razón, la cuestión se sometió a un tribunal de arbitramento obligatorio que profirió, el 9 de diciembre de 2003, un laudo arbitral que no fue anulado por esta Corporación. Con sustento en lo anterior, explicaron que la vigencia del laudo fue hasta finales del año 2005; que posteriormente se suscribieron varias convenciones, siendo la última de ellas, a la que se le otorgó una vigencia de

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Radicación n.° 100262 cuatro (4) años, a partir del 1° de enero de 2014, que no modificó la cláusula convencional, pero sí su numeración, al pasarla del 109 al 106. Seguidamente, sostuvieron que estaban vinculados a la enjuiciada, contaban con 20 años de servicios y más de 50 de edad, razón por la cual, adquirieron esa prestación y

que reclamaron su pago, pero les fue negado (f.° 82 a 116 archivo :«PrimeraInstancia_CuadernoPrimeraInstancia_Cuaderno_20 23075427723.pdf» del expediente del Juzgado). La accionada se opuso a las pretensiones formuladas en su contra y frente a los hechos aceptó la vinculación de los petentes, pero indicó que desde la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no era jurídicamente viable pactar convencionalmente pensiones de jubilación extralegales. En su defensa, formuló las excepciones de inconstitucionalidad, falta de causa e inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe (f.° 123 a 142 ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral Transitorio del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 21 de junio de 2022 (f.° 524 a 525 archivo :«PrimeraInstancia_CuadernoPrimeraInstancia_Cuaderno_20

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Radicación n.° 100262 23075427723.pdf» del expediente del Juzgado), absolvió a la demandada y declaró probadas las excepciones de falta de causa e inexistencia de la obligación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia del 28 de abril de 2023 resolvió el recurso de apelación de los demandantes y confirmó la decisión del Juzgado (f.° 292 a 300. Expediente

digital. Cuaderno de Segunda Instancia).

En lo que interesa al recurso extraordinario, señaló que le correspondía definir si los accionantes tenían derecho al pago de la pensión de jubilación convencional. Para ese efecto citó la cláusula 109 de la Convención Colectiva de Trabajo de 2001 que, conforme a lo dicho en esa providencia, era del siguiente contenido: La Empresa continuará reconociendo la pensión legal vitalicia de jubilación o vejez, equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios a los trabajadores que habiendo llegado a la edad de 50 años le hayan prestado servicios por 20 años o más, continuos o discontinuos, en cualquier tiempo, de conformidad con el Decreto 807 de 1994. Con todo, la Empresa reconocerá la pensión plena a quienes habiendo prestado servicios por más de 20 años, reúnan 70 puntos en un sistema en el cual cada año de servicio a Ecopetrol equivale a un punto y cada año de edad equivalente a otro punto […]. Luego se ocupó del Acto Legislativo 01 de 2005 y encontró que esa reforma constitucional trató de varias

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Radicación n.° 100262 limitaciones de contenido convencional y pensional, a partir de su vigencia, siendo estas, las relativas a la (i) imposibilidad de pactar regímenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes del sistema general de pensiones; (ii) que las condiciones pensionales que estaban en curso antes del mencionado Acto, continuarían rigiendo por el término inicialmente pactado y (iii) que las convenciones suscritas entre el 25 de julio de 2005 y el 31

de enero de 2010, no podían establecer requisitos pensionales más favorables. Advirtió que esa reforma, conforme a lo previsto en su inciso 4°, no afectó derechos adquiridos y reprodujo una sentencia de esta Corte, sin indicar su radiación, que calificaba el contenido de ese concepto. A continuación, expresó que quedaban a salvo los derechos causados con anterioridad al 31 de julio de 2010 y, como este asunto trataba una pensión de carácter extralegal, le aplicaba el parágrafo tercero del acto legislativo, es decir, que la vigencia del acuerdo convencional en materia pensional, corría hasta el 31 de julio de 2010.

Seguidamente expuso: Ahora, es de anotar que en dicha convención se pactaron condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones en la cláusula 109, lo cual hace que dicha cláusula no sea válida y así lo señaló expresamente la Corte Constitucional en la sentencia SU 555 de 2014, al considerar que con ello se vulneraba el artículo 48 de la Constitución Política.

En segundo lugar, no es válido aplicar el Parágrafo transitorio 3o. del Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone que: Las reglas

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Radicación n.° 100262 de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado, porque lo

que se quiso señalar es que si la duración del convenio colectivo estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, el mismo seguía vigente hasta su finalización, ocurrido esto, la convención colectiva de trabajo perdía totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional. Agregó que si la cláusula no fuera contraria a la constitución, tampoco habría lugar al reconocimiento del derecho, porque perderían vigencia el 31 de julio de 2010. Después aplicó lo dicho en la sentencia CC SU-5552014 e indicó que los petentes, a la fecha mencionada en precedencia no reunieron los requisitos para acceder a la pensión, porque no tenían la edad requerida para ese efecto. Para clarificar lo anterior, insertó el siguiente cuadro:

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Radicación n.° 100262 Agregó que la situación de los actores no encajaba en la noción de derechos adquiridos, porque, a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no cumplían con los requisitos para acceder a la pensión y tampoco contaban con una expectativa legítima, ya que el derecho no se concretó antes del 31 de julio de 2010. Sostuvo que no se desconocían los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva, pues las reglas de carácter pensional se determinaron en el Acto Legislativo 01 de 2005, que fue producto de una reforma constitucional incorporada al ordenamiento jurídico y que no fue excluida por la Corte Constitucional; también en

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Radicación n.° 100262 atención a que los convocantes, antes del 31 de julio de 2010, no reunieron las exigencias para acceder a ese derecho y, finalmente, en virtud de lo expuesto en ese acto, donde se fijó que se respetarían los beneficios extralegales pensionales si se hubieran convenido antes de su vigencia. Descartó aplicar el principio de favorabilidad en la medida que no existía una confrontación normativa o duda interpretativa y que no era posible fallar ultra o extra petita, porque era una función atribuida solamente a los Jueces de primera o única instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte salvo el de Eduardo De Jesús Ávila Monroy, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo presentan así: Respetuosamente solicito que se CASE TOTALMENTE la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral instaurado por MARIO ALBERTO

MENDOZA, JULIO CÉSAR ANGARITA, JORGE ARCHILA,

PABLO EMILIO GARCIA, JORGE PERALTA, ÁNGEL YESID

PRIETO, contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS –

ECOPETROLS. A.

Una vez casada la sentencia, pido que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia se constituya en juzgador de instancia, se restablezca el derecho violado y se reconozcan las pretensiones consignadas en la demanda.

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Radicación n.° 100262 Por lo anterior solicito que, de acuerdo con el petitorio de la demanda, se reconozca que tienen derecho a la pensión de jubilación convencional, para acceder a ella según las disposiciones constitucionales, legales y supranacionales que se indicaran en esta demanda;, estando mis poderdantes cobijados por el régimen de excepción (art. 279 Ley 100 de 1993) y el Laudo Arbitral proferido el 9 de diciembre de 2003, en el conflicto colectivo suscitado entre la organización sindical USO y la empresa Ecopetrol S. A.; estar sustentadas las pretensiones en las convenciones colectivas suscritas entre dicha organización sindical y dicha empresa; y, en consecuencia, se determine que mis poderdantes tienen derecho a una mesada equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios que prestaren a la Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol S. A., incrementados “además” en un 2.5% por cado año adicional a los veinte años de servicio que le dan derecho a la pensión, debiendo Ecopetrol pagar el excedente que surja entre la liquidación que, en el futuro, haga Colpensiones y la liquidación producto de la negociación colectiva, puesto que la pretensión inicial indicó que se trata de una pensión compartida. O que, si no se considera que es pensión compartida se reconozca que mis poderdantes tienen derecho a que sea Ecopetrol quien reconozca y pague la pensión según régimen de excepción del artículo 279 de la ley 100 de 1993, en armonía con el decreto 807 de 1994 –mencionado en las

cláusulas convencionales cuyo cumplimiento se solicitay, en consecuencia, se de aplicación a la pensión consagrada en el artículo 260 del C.S. del T. Con tal propósito formulan tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la demandada y se estudiarán conjuntamente, porque se presentan por la misma vía; tienen similar argumentación y se dirigen al mismo fin (f.° 1 a 35 archivo: «11001310502520180015501-0001Demanda.docx» del expediente digital de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO

Dicen esto:

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Radicación n.° 100262 Formulo la acusación por violación directa (causal primera de casación laboral, art. 87 del C. de P. L., artículo 60, decreto 528 de 1964) porque la sentencia objeto del presente recurso de casación, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de abril de 2023 en el proceso de la referencia es violatoria de ley sustancial por aplicar el “parágrafo tercero del A. L. No. 1 de 2005”, parágrafo que no existe. Y, por consiguiente, por no aplicar, debiendo hacerlo, el parágrafo transitorio 3 del A. L. No. 1 de 2005, los artículos 53, 55, 58, 93 de la Constitución Política; la Ley 1118 de 2006 artículo 7°, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el artículo 1° del Decreto 807 de 1994, el artículo 260 del C. S. del T., el artículo 2.2.4.10.2 del Decreto 1833 de 2016; además, por no aplicar

los artículos 481 (subrogado por el art. 69 de la ley 50 de 1990) y 467 del C. S. del T. y el 478 ibídem; por no aplicar el artículo 1° de la Ley 797 de 2003, ni los artículos 11 y 272 de la Ley 100 de 1993, ni el artículo 9° del Decreto 254 de 2000 y el art. 7° Ley 71 de 1988; ni aplicar el artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral en armonía con el artículo 228 de la Constitución Política sobre prevalencia del derecho material; y, además, por no aplicar la cláusula 109 de la Convención Colectiva del Trabajo suscrita entre Ecopetrol y la USO, reiterada en todas las convenciones desde el año 2002, ni el Laudo arbitral de 2003 entre dichas partes, habida cuenta de que [la] convención colectiva y [el] laudo arbitral también son normas jurídicas. Al sustentarlo señalan que el Tribunal se equivoca cuando sostiene que no podían adquirir el derecho a la pensión, en atención a lo previsto en el parágrafo 3° del Acto Legislativo 01 de 2005, que no existe y por esa razón no podía invocarse, pues el que está vigente es el transitorio n.° 3. Explican que la reforma constitucional, en su parágrafo 2° se refiere a las convenciones colectivas, sin que mencione el 31 de julio de 2010, que aparece, en el parágrafo transitorio 3, pero en un contexto diferente al dicho en la sentencia cuestionada.

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Radicación n.° 100262 Manifiestan, que si se supera el lapsus del juzgador, al pensar que estaba refiriéndose al parágrafo 2°, tiene que tomarse en cuenta que este no aplica a los trabajadores de Ecopetrol que prestaban sus servicios antes del Laudo Arbitral del 2003 y la Ley 779 de ese año, porque existía un régimen exceptuado al sistema general de pensiones, vigente cuando se expidió el Acto Legislativo 01 de 2001. Precisan que en el parágrafo transitorio 2, se indica que al 31 de julio de 2010 finalizan los regímenes exceptuados, pero no las cláusulas; de ahí, que la pactada antes del año 2010, respeta el mandato constitucional, más si se tiene en cuenta que nada dice sobre las condiciones para adquirir la pensión. Advierten que no pertenecen al sistema general de pensiones porque están protegidos por un régimen exceptuado, conforme lo prevé el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, ya que, desde antes del año 2003, estaban prestando sus servicios a la accionada; que el Acto Legislativo 01 de 2005, exceptuó, para su aplicación los derechos adquiridos y lo establecido en sus parágrafos, como el transitorio 3°, lo que hubiera llevado al Tribunal a concluir que habían adquirido el derecho al régimen de excepción y a la cláusula convencional e indican: Por consiguiente, la equivocación de la sentencia radica en lo siguiente: no se puede eludir la proposición jurídica del inciso

4° del Acto Legislativo No 1 de 2005, según la cual “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”. Existen diversos derechos adquiridos –entre ellos el derecho adquirido a la cláusula convencional debidamente depositada en el

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Radicación n.° 100262 Ministerio del trabajo y el derecho adquirido al régimen de excepción de los trabajadores que tienen una relación laboral con Ecopetrol anterior a 2003-; y éstos se hallan protegidos no solo por el inciso 4° del A. L. No. 1 de 2005, sino también por el artículo 58 de la C.P. (“se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles”). Además, el artículo 9° del decreto 254 de 2000 reza “…Son derechos adquiridos por los pensionados aquellos que hacen parte de su patrimonio por haber satisfecho los requisitos legales exigidos, aunque no se hubiere proferido el acto que declare su exigibilidad”. Si la sentencia hubiere tenido en cuenta esta múltiple protección a los derechos adquiridos, EN PLURAL, no hubiera dejado desprotegido el derecho adquirido a la cláusula convencional pensional ni el régimen de excepción adquirido por los trabajadores de Ecopetrol con vinculación laboral anterior al año 2003. Y, cualquier duda que surgiere debería haber tenido en cuenta el principio de favorabilidad, artículo 53 de la C. P.: “… situación más favorable al trabajador en caso de duda en la

aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. Señalan que no se tuvo en cuenta que la negociación colectiva está prevista en el artículo 55 Superior, que se armoniza con el 467 y 481 del CST; reiteran que el 279 de la Ley 100 de 1993, exceptuó del régimen general de pensiones a los servidores públicos de Ecopetrol; que esa disposición se reglamentó en el Decreto 807 de 1994, que habla de cuotas partes pensionales y remite al artículo 7° de la Ley 71 de 1988, agregando que para el personal de la enjuiciada aplica la seguridad social prevista en la ley, la convención colectiva de trabajo, el Acuerdo 01 de 1977 y demás normas de la empresa anteriores a la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 100262 Indican que las convenciones colectivas se refieren al Decreto 807 de 1994. Citan la cláusula 109 extralegal y expresan: El mencionado Decreto 807 de 1994 y por ende el art. 260 del

C. S. del T. mencionado en el mencionado Decreto, quedaron incorporados en la convención colectiva, son normas válidas y hacen parte de los contratos de trabajo de quienes estén beneficiados por la convención.

Además, el 9 de diciembre del año 2003, se profirió un Laudo Arbitral, el cual determinó en el punto 15 de la parte resolutiva una obligación ineludible: “En adelante, a partir de la ejecutoria del presente Laudo Arbitral, el sistema de pensiones previsto en

la convención colectiva de trabajo en los artículos 109, parágrafos 1º, 2º y 3º, 110, 111, 112 con sus dos parágrafos que hacen parte del Capítulo 13 Primas y Prestaciones Extralegales, única y exclusivamente se aplicará a los trabajadores de ECOPETROL actualmente vinculados con contrato de trabajo y que se beneficien de la convención, quienes mantendrán el régimen convencional existente con sus condiciones y prerrogativas para continuar accedido (sic) a la pensión de jubilación o vejez en los términos en ella previstos”. Hay que resaltar que el artículo 1° del decreto 807 de 1994, fue prácticamente reproducido en el decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.4.10.2 que habla de “la pensión legal de jubilación a cargo de la empresa”, -Ecopetrol-, y reafirma tres cosas: (i) la vigencia actual de la pensión de jubilación negociada; (ii) la aplicación de la ley 71 de 1988; y (iii) la existencia de dos modalidades en las pensiones negociadas en Ecopetrol. El mismo decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.8.8.29 indica que los Patrimonios autónomos se establecen con el objetivo de garantizar el pago de las pensiones. El decreto 2153 de 1999 creó los llamados PATRIMONIOS AUTONOMOS en Ecopetrol, que inicialmente se llamaron Patrimonios autónomos en garantía, cuyo objetivo es garantizar el fondeo y pago de las obligaciones pensionales que ECOPETROL tiene con sus trabajadores. A partir del año 2008, con la aprobación de los

Ministerios de Protección social y de Hacienda pasaron a llamarse Patrimonios autónomos pensionales, en tal año los adoptó Ecopetrol S. A. con fundamento en el decreto 951 de

2002. Hay que poner de presente que el fondo para pago de pensiones en Ecopetrol supera los doce billones de pesos que existen y están consignados en fiducias.

También la ley 1118 de 2006 (posterior al A. L. No. 1 de 2005). En su artículo 7º determinó:

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Radicación n.° 100262 […]. Precisan que la mayor parte de esas disposiciones se profirieron después de la reforma constitucional y gozan de presunción de legalidad. Recuerdan que en la CSJ SL31942020, se concedió el derecho al pago de la pensión del artículo 260 del CST, que no estaba afectada por el Acto Legislativo 01 de 2005; que contra esa decisión se formuló acción de tutela y no prosperó, sucediendo lo mismo con la solicitud de nulidad; que en la sentencia CC SU-165-2022, se dijo que los trabajadores de Ecopetrol estaban excluidos del régimen general de pensiones y les aplicaba el artículo 260 del CST, agregando que la edad era una condición de exigibilidad y no de causación. Se refieren a la CSJ SL3343-2020 destacando que en esta se fijó que la convención colectiva era una fuente formal de derecho y para interpretar sus cláusulas debía acudirse a un criterio finalístico. Reiteran, que el juez de segunda instancia pasó por alto esas disposiciones, incurriendo, por lo tanto, en un

error manifiesto y sostienen que El problema ha debido resolverse teniendo en cuenta que si las normas protegen todos los derechos adquiridos, esta expresión prevalece sobre cualquier norma restrictiva por aplicación del principio de favorabilidad (artículo 53 de la C.P.), también consagrado en el artículo 11 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° ley 797/03, que establece la protección de los derechos adquiridos. En consecuencia, permanece intacto lo adquirido por negociación colectiva antes de la entrada en vigencia del A. L.

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Radicación n.° 100262 No. 1 de 2005, puesto que el derecho se consolidó con la firma de la Convención Colectiva y su depósito y, por ende, permanecerá vigente lo favorable. Precisan que el respaldo para afirmar que existen derechos adquiridos por cláusulas convencionales, radica en el hecho de que la negociación colectiva es aprobada, firmada y depositada, fijándole una fecha de inicio y fin, existiendo, por lo tanto un «derecho adquirido a la cláusula de la NEGOCIACIÓN COLECTIVA»; que el principio democrático incluye la garantía de los derechos de la «democracia participativa» y también es un derecho habilitador, en este caso, a la pensión, cuando se reúnan los requisitos para ello y por último explican: En gracia de discusión, si se dijere que sacramentalmente ha debido hablarse en el petitorio del régimen exceptuado, entonces, debe considerarse que precisamente en la demanda, en las pretensiones, se pidió fallo extra y ultra petita. Pues bien,

el artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral permite esas figuras jurídicas si se refieren a una prestación (la pensión lo es), si los hechos fueron discutidos en el proceso (lo fueron ya que la cláusula convencional, como ya se indicó, se remite al decreto que a su vez se remite al art. 260 del C. S. del T.). Y, en el presente caso, está probada la existencia de la convención, del laudo arbitral y de la iniciación de labores de mis poderdantes con anterioridad al mencionado Laudo. El argumento del Tribunal en la sentencia acusada, al decir que “carece de competencia” porque los fallos extra y ultra petita son expedidos por el Juzgador de primera instancia, es un argumento ilógico porque la sentencia del Juzgado fue apelada, y el recurso concedido en el efecto suspensivo. Además, las pensiones no han sido reconocidas pese a que mis poderdantes sobrepasaron los 20 años de labores antes del 31 de julio de 2010 y todos ellos ya tienen más de 55 años de edad. En conclusión, si la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que motiva la presente demanda de casación, ha debido tener en cuenta las normas vigentes. Si las hubiere aplicado y respetado los derechos adquiridos de mis poderdantes, hubiera llevado el ad-quem a la conclusión de que la pensión convencional, por reunir las condiciones contenidas en la Convención Colectiva, antes del año 2005, debiera

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Radicación n.° 100262 haberse decretado, dado que mis poderdantes están cobijados

por el régimen de excepción.

VII. CARGO SEGUNDO Lo formulan así: Formulo la acusación por violación directa (causal primera de casación laboral, art. 87 del C. de P. L., artículo 60, decreto 528 de 1964) porque la sentencia objeto del presente recurso de casación, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de abril de 2023 es violatoria de ley sustancial al no aplicar el parágrafo transitorio 3 del Acto

Legislativo No. 1 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la C.P. Al no hacerlo se afectaron el Convenio 98 de la OIT ratificado por Colombia mediante Ley 27 de 1976; los artículos 53, 55, 58, 83, numeral 1° del 150 y 93 de la Constitución Política; la Ley 1118 de 2006 artículo 7, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el artículo 1° del Decreto 807 de 1994, el artículo 2.2.4.10.2 del decreto 1833 de 2016; y también dejó de aplicar los artículos 481 (subrogado por el art. 69 de la Ley 50 de 1990) y 467 del C. S. del T. y el 478 ibídem; ni tener en cuenta el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 30 de la Ley 153 de 1887 en armonía con el artículo 1536 del Código Civil. Y, además, por afectar los artículos 228, 230, 53,58 de la Constitución Política de Colombia. Al sustentarlo citan la decisión cuestionada e indican que el Tribunal se equivocó al interpretar el parágrafo

transitorio 3° del Acto Legislativo 01 de 2005, porque ese ejercicio hermenéutico tenía que ser integral. Reproducen las proposiciones segunda y primera de esa reforma y dicen: Las condiciones, en el caso de Ecopetrol, régimen exceptuado según el artículo 279 de la ley 100 de 1993, son las pactadas en las convenciones colectivas y predicables para aquellos trabajadores cobijados por el Laudo Arbitral de 2003, situación en la cual se hallan la totalidad de mis poderdantes. Laudo que estaba vigente al expedirse el Acto Legislativo No. 1 de 2005,

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Radicación n.° 100262 como también estaba vigente a 31 de julio de 2010 la convención colectiva suscrita en 2009. Tal régimen exceptuado está consagrado en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 1° del decreto 807 de 1994, que ordena: “Régimen de seguridad social de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL. Los servidores públicos y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, continuarán rigiéndose por el Sistema de Seguridad Social que se les venía aplicando, establecido en la ley, en la convención colectiva de trabajo, en el Acuerdo No. 1 de 1977 expedido por la junta directiva y en las demás normas internas de la Empresa y que regían con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993”. Esta norma es importante y no ha sido declarada inconstitucional. Y, en la práctica, fue

interpretado (en cuanto aplicación de la ley en el tiempo) por el mismo legislador al mantener lo establecido para pensiones en el régimen exceptuado al decir, después de expedido el A. L. No. 1 de 2005, en el artículo 7° de la Ley 1118 de 2006 Y QUE TAMPOCO HA SIDO DECLARADA INEXEQUIBLE: “Una vez ocurra el cambio de naturaleza de ECOPETROL S. A. la totalidad de servidores públicos de ECOPETROL S. A. tendrán el carácter de trabajadores particulares, y por ende a los contratos individuales de trabajo continuarán aplicándoles las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Convención Colectiva de Trabajo y en el Acuerdo 01 de 1977, según sea el caso con las modificaciones y adiciones que se presenten. Los trabajadores y pensionados de ECOPETROL

S. A. continuarán rigiéndose por las normas que hoy le son aplicables en materia de seguridad social”. (Lo resaltado, fuera de texto) y acontece que no solo se tenía la convención colectiva sino, vuelve a repetirse, el Laudo Arbitral.

Resaltan que en el régimen ordinario y en los exceptuados se está frente a las obligaciones condicionales y, es necesario acudir al artículo 30 de la Ley 153 de 1887, que indica que los derechos deferidos a una condición cuando existe cambio de legislación, subsisten en nueva normativa, a menos que exceda el plazo integral y en este asunto los demandantes estaban a escaso tiempo para lograr los 70 puntos que habilitan la jubilación y ya habían cumplido los 20 años de servicios, faltándoles tan solo la edad, que es un requisito de exigibilidad; que no era un

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Radicación n.° 100262 tema de simples expectativas, porque el artículo 1536 del CC, señala que se suspende la adquisición del derecho mientras se cumple la condición; que en estos casos, la principal exigencia es el tiempo de servicio. A continuación, exponen: La tercera proposición del parágrafo transitorio tres del A. L. No. 1 de 2005, es la que aparece después de un punto seguido: “En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”. Es obvio que esta última frase se refiere a las dos proposiciones anteriores del Parágrafo transitorio tres. Por consiguiente, la equivocación de la sentencia radica en lo siguiente: en no interpretar la proposición jurídica “En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010” en armonía con el texto completo del parágrafo mencionado y no como lo hizo, en forma escueta y como si se tratara de un concepto abstracto. Confundió, el fallador de segunda instancia, la estipulación de condiciones pensionales más favorables (como textualmente lo dice el mencionado parágrafo), condiciones que aparecerían en las convenciones colectivas que “se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010”, con las condiciones ya existentes antes de la vigencia de dicho Acto Legislativo (condiciones a las cuales no se refirió el Parágrafo Transitorio Tres del mencionado Acto legislativo). Reiteran que el sentenciador interpretó con error el Acto Legislativo 01 de 2005, porque obvió que están en un

régimen de excepción y cobijados por las normas convencionale