CSJ - SL2049-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2049-2023 Radicación n.° 93701 Acta 30 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró JUANA BEATRIZ LOVERA VENEGAS contra las sociedades GRUPO FRANCO

OBRAS Y PROYECTOS SL SUCURSAL COLOMBIA,

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN, H&H ARQUITECTURA S.A., hoy HIDRUS S.A. y CONSTRUCTORA INCA SAS, quienes integran el consorcio UNIÓN TEMPORAL GTM y solidariamente contra la entidad Distrital recurrente, trámite

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Radicación n.° 93701 al cual fueron llamadas en garantía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. y la aseguradora impugnante.

I. ANTECEDENTES Juana Beatriz Lovera Venegas convocó a juicio a las citadas sociedades integrantes del consorcio unión temporal GTM y, solidariamente al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con el propósito que se declare que entre ella y la unión

temporal existió un contrato de trabajo, con vigencia «del 30 de abril de 2009 (sic) hasta el 29 de agosto de 2011», el cual terminó de manera unilateral y por justa causa imputable al empleador; así mismo que las empresas que conformaron la unión temporal GTM y el IDU son solidariamente responsables en la cancelación de los salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamadas. Como consecuencia de lo anterior, deprecó la imposición a su favor de las siguientes condenas: i) los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto de 2011; ii) las cesantías y sus intereses por el referido año; iii) la prima de servicios del periodo laborado entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2011; iv) las vacaciones por el lapso comprendido desde «el 5 de marzo de 2009 hasta el 30 de agosto de 2011»; v) los intereses moratorios; vi) las indemnizaciones por el despido sin justa causa debidamente indexada y la moratoria por el no pago de los salarios y prestaciones adeudadas; vii) lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

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Radicación n.° 93701 En sustento de sus pretensiones, señaló que se vinculó laboralmente con la unión temporal GTM integrada por las empresas Grupo Franco Obras y Proyectos SL sucursal Colombia, Grandi Lavori Fincosit S.P.A. sucursal en Colombia en Liquidación, H&H Arquitectura S.A. hoy Hidrus S.A. y Constructora Inca SAS, mediante un contrato de

trabajo escrito, que tuvo vigencia «del 5 de marzo de 2009 al 29 de agosto de 2011»; que su último salario devengado ascendió a la suma de $2.700.000; y que se desempeñó en el cargo de «residente ambiental» cumpliendo diversas funciones, tales como: Verificación del cumplimiento de las normas ambientales relativas al manejo de escombros, materiales granulares, etc., dentro de la obra en ejecución en el contrato celebrado por el IDU y la Unión Temporal; tomar y ejecutar medidas para la protección de cuerpos de agua (Sumideros, alcantarillado de aguas lluvias y quebradas); asistencia a los comités ambientales para hacer seguimiento al proceso de la ejecución de la obra en el aspecto ambiental; elaborar informes ambientales con destino al IDU; verificar las cantidades y procedencia de los materiales pétreos y prefabricados para evitar la explotación de canteras que no contaran con los permisos ambientales y que no estuvieran autorizadas por el IDU; verificar la disposición de escombros y residuos que se ubicaron en sitios autorizados por el IDU, verificar los cerramientos de las obras, etc. Aseveró que el «30 de agosto de 2011» les comunicó a las demandadas su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo, invocando para ello justa causa imputable al empleador y que las accionadas le adeudan los conceptos relacionados en las pretensiones. Indicó que la unión temporal GTM y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU el 30 de diciembre de 2008 celebraron el contrato de obra n.° 071, cuyo objeto consistió en «[…]

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Radicación n.° 93701 ejecutar, a precios unitarios, las OBRAS Y ACTIVIDADES

PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DEL

DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL GRUPO 3 (SURORIENTE),

en la ciudad de Bogotá, D.C. […]». Arguyó que a las cláusulas del acuerdo suscrito se les dio el alcance de «realizar diagnóstico, programa de intervenciones, estudios y diseños, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción y construcción sobre malla vial arterial, malla vial intermedia y malla vial local», así como la atención de «emergencias y obras menores de mejoramiento de conformidad con el anexo técnico del pliego de condiciones». Precisó que el IDU dentro de su objeto atiende la ejecución de obras públicas en el desarrollo urbanístico, tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas y construcción de puentes, entre otras. De ahí que las funciones que le fueron asignadas «eran conexas con el objeto del contrato de obra celebrado entre la unión temporal GTM y corresponden a las actividades propias del Instituto Urbano IDU». La sociedad GLF Grandi Lavori Fincosit S.P.A. Sucursal de Colombia en liquidación al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. Respecto a los supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, manifestó que la sociedad que integró la unión temporal GTM se denominaba Grandi Lavori Fincosit

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Radicación n.° 93701 S.P.A, la cual se constituyó bajo las leyes de Italia, mientras la persona notificada en el proceso se reconoce como GLF Grandi Lavori Fincosit S.P.A. Sucursal de Colombia en liquidación, constituida por las leyes de Colombia, la cual se encontraba en liquidación para el momento de la integración de la unión temporal GTM. Formuló la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva y de mérito las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido por parte de la demandante. Las demandadas Grupo Franco Obras y Proyectos SL Sucursal Colombia y la Constructora Inca SAS, fueron representadas en la actuación mediante curador ad litem, quien dio contestación de manera conjunta al escrito genitor, manifestando que no se oponía ni aceptaba las pretensiones y dijo que no le constaban los hechos. En su defensa adujo que se atenía a lo que resultara probado dentro del proceso. No propuso excepciones. A su turno H&H Arquitectura S.A. en reorganización empresarial, hoy Hidrus S.A., respondió el escrito de demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones. En relación a los supuestos fácticos, sostuvo que no eran ciertos o no le constaban. Como fundamentos de su defensa argumentó que no hacía parte de la unión temporal GTM y, por tanto, no podía dar fe de la celebración del contrato con la demandante; que

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Radicación n.° 93701 dicha unión estaba conformada por Grandi Lavori Fincosit

S.P.A. Sucursal Colombia, Constructora Inca SAS y Translogistic S.A., quienes celebraron contrato con el IDU el 30 de diciembre de 2008; que la sociedad Translogistic S.A. el 30 de abril de 2010 cedió el 35% de su participación en la unión temporal a H&H Arquitectura S.A.; no obstante, la Superintendencia de Sociedades mediante decisión del 16 de diciembre de 2011, resolvió revocar el contrato y ordenar el reintegro del porcentaje inicialmente cedido. Propuso como excepciones previas la falta de legitimación en la causa por pasiva y la falta de integración del litisconsorcio necesario; y de fondo la inexistencia de la obligación, prescripción y compensación. Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano al dar contestación al escrito genitor, también se opuso a todas las súplicas. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la suscripción y objeto del contrato celebrado con la unión temporal GTM, así como las funciones que cumplía la entidad. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Aclaró que, según el contrato de obra n.° 71 de 2008, la unión temporal GTM únicamente está integrada por las sociedades Grandi Lavori Fincosit S.P.A. Sucursal en Colombia en liquidación, Translogistic S.A., y Constructora Inca Ltda. En su defensa, arguyó que la demanda formulada en su contra carecía de fundamento legal y técnico, ya que se refería a una relación contractual con terceros ajenos a la

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Radicación n.° 93701 entidad. Resaltó que la actora presentó reclamación, a la cual se le dio respuesta mediante oficio 20113560687061, en el que se le informó que no existía un contrato de trabajo directo con el IDU, de tal suerte que, la responsabilidad patronal corría por cuenta exclusiva del contratista. Insistió en la carencia de prueba que demostrara la justa causa alegada por la actora, que fue quien terminó el nexo. Propuso las excepciones de fondo denominadas falta de legitimación en la causa, cobro de lo no debido y cobro a persona diferente a la deudora. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU en escrito separado solicitó el llamamiento en garantía de AXA Colpatria Seguros S.A. y Segurexpo de Colombia S.A., el cual fue admitido por auto del 15 de noviembre de 2016 (f.°142 a 143 y 441). La llamada en garantía Segurexpo de Colombia S.A., al dar respuesta al escrito inicial se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, aceptó únicamente lo relativo a la suscripción del contrato entre la unión temporal GTM y la entidad Distrital IDU, de los demás dijo que no le constaban. Manifestó en su defensa que la demanda estaba dirigida contra una entidad distinta a ella; que entre una aseguradora y el eventual asegurado no era predicable la solidaridad patronal prevista por la legislación laboral; que la póliza invocada era nula al existir dolo por parte del tomador y del asegurado, implicando el cubrimiento de un riesgo

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Radicación n.° 93701 inasegurable de conformidad con el artículo 1055 del Código de Comercio. Aseveró que el contrato 071 de 2008 hizo parte del «cartel de la contratación de Bogotá» y tenía de múltiples irregularidades en lo que atañe al trámite licitatorio, siendo la adjudicación de este, el resultado de una complicidad dolosa entre los integrantes de la unión temporal contratista, los funcionarios del IDU y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, situación que se ocultó dolosamente a las entidades aseguradoras al momento de expedir la póliza de seguros n°. 13747, lo que determina la nulidad del contrato. Explicó que el acuerdo contractual de seguro adolecía de objeto y causa ilícita, ya que el tomador y el afianzado pretendían cubrir consecuencias económicas de varios delitos tipificados conforme al rol desempeñado por cada interviniente. Adicionalmente, la entidad contratante agravó sustancialmente el riesgo de incumplimiento por parte del consorcio contratista, lo que implicaba la terminación automática del seguro conforme a lo dispuesto en el artículo 1060 del Código de Comercio. Propuso como excepciones previas, falta de reclamación administrativa, falta de jurisdicción, prescripción y pleito pendiente. Como medios exceptivos de fondo formuló los de inexistencia de la obligación, carencia del derecho reclamado, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe, falta de título y causa, límite de amparo y valor asegurado y la genérica.

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Respecto al llamamiento en garantía se opuso al mismo y reiteró lo expuesto en la contestación a la demanda inicial. No propuso excepciones frente al mismo. Por último, la llamada Axa Colpatria Seguros S.A. al contestar el escrito inicial, igualmente se opuso a las pretensiones. Frente a los supuestos fácticos, aceptó la celebración del contrato entre la unión temporal GTM y el IDU, de los demás dijo que no le constaban. Como argumentos de defensa reiteró lo expresado por Segurexpo S.A., en lo que atañe a la nulidad del contrato de seguro. Como medios exceptivos previos propuso la prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo, falta de jurisdicción y pleito pendiente. Formuló excepciones de mérito de prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro; ausencia de prueba de la ocurrencia del siniestro de la cuantía de la pérdida, de conformidad con la garantía única de cumplimiento y de las normas aplicables del contrato de seguro reguladas en el código de comercio; cláusula de coaseguro cedido y ausencia de solidaridad; cobro de lo no debido; y la inexistencia de obligación alguna de indemnizar. Igualmente se opuso al llamamiento en garantía y aclaró que según la cláusula de coaseguro cedido por Segurexpo S.A., Seguros Colpatria tenía una participación del 15% de los riesgos asegurados, sin embargo, la garantía única de cumplimiento se veía afectada por un presunto

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incumplimiento del contratista afianzado en el pago de las obligaciones laborales de conformidad con los amparos cubiertos. En relación con el llamamiento, enlistó las excepciones de prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro; ausencia de prueba de la ocurrencia del siniestro de la cuantía de la pérdida de conformidad con la garantía única de cumplimiento y de las normas aplicables del contrato de seguro reguladas en el código de comercio; cláusula de coaseguro cedido y ausencia de solidaridad; cobro de lo no debido; e inexistencia de obligación alguna de indemnizar. En audiencia del 10 de septiembre de 2019, el a quo declaró no probadas las excepciones previas propuestas, lo cual fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de octubre de 2019 (f.°668 y 676).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 16 de abril de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora JUANA BEATRIZ LOVERA VENEGAS y la demandada CONSTRUCTORA INCA S.A.S. como integrante de la UNIÓN TEMPORAL GTM, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 05 de marzo de 2009 y el 29 de agosto de 2011, para desempeñar el cargo de "residente ambiental", con un salario fijo mensual de $2.700.000, que terminó por decisión unilateral de la ex trabajadora,

conforme a lo motivado.

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la demandada CONSTRUCTORA INCA S.A.S. como integrante de la UNIÓN TEMPORAL GTM, a pagar solidariamente en favor de la demandante JUANA BEATRIZ LOVERA VENEGAS, los siguientes

valores y conceptos:

SALARIOS INSOLUTOS: $5.400.000

CESANTÍAS: $6.712.500

INT. CESANTÍAS: $685.842

PRIMA DE SERVICIOS: $6.712.500

VACACIONES: $3.356.250 la cual deberá cancelarse debidamente indexada.

TERCERO: CONDENAR a la demandada CONSTRUCTORA INCA S.A.S. como integrante de la UNIÓN TEMPORAL GTM, a pagar por concepto de INDEMNIZACIÓN MORATORIA la suma de $64.800.000 en razón a un día de salario desde el día 30 de agosto de 2011 hasta el 29 de agosto de 2013; fecha a partir de la cual deberá pagar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, y hasta cuando el pago atrás señalado de prestaciones sociales objeto de condena, se verifique.

CUARTO: DESVINCULAR del litigio a las sociedades H&H

ARQUITECTURA; GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS SL SUCURSAL COLOMBIA y GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN, conforme lo anteriormente expuesto; y en ese sentido, la sociedad

CONSTRUCTORA INCA S.A.S., es la llamada a responder hasta por el porcentaje de su participación en la U.T. GTM que corresponde al 30%.

QUINTO: DECLARAR SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE de la condena impuesta al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOIDU, por las razones tenidas en cuenta en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: ORDENAR la activación de la póliza No. 00013747 de fecha 09 de enero de 2009, tomada por la U.T. GTM con SEGUREXPO DE COLOMBIA (85%) y como coasegurador SEGUROS COLPATRIA S.A. (15%), en la que registra como asegurado el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, para que cubra la obligación declarada en la presente providencia, sobre la cual se declaró solidariamente responsable al IDU.

SÉPTIMO: DECLARAR probados los medios exceptivos

propuestos por H&H ARQUITECTURA; GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS SL SUCURSAL COLOMBIA y GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN y no podados por parte de CONSTRUCTORA INCA S.A.S y el

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

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OCTAVO: CONDENAR en costas a la demandada CONSTRUCTORA INCA S.A.S como Integrante de la Unión Temporal GTM y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOIDU. Fíjese como agencias en derecho la suma de $1.000.000 que

deberá ser cancelada por cada una de las demandadas.

NOVENO: En caso de no apelarse la presente sentencia, concédase el grado jurisdiccional de CONSULTA.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandante, el Instituto de Desarrollo UrbanoIDU y las dos llamadas en garantía, con sentencia

del 30 de julio de 2021, resolvió:

1. ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la sentencia apelada para CONDENAR también a la CONSTRUCTORA INCA S.A.S. como integrante de la UNIÓN TEMPORAL GTM a pagar a JUANA BEATRIZ LOVERA VENEGAS la suma de $5.364.000 por indemnización por despido injusto (despido indirecto) conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

3. SIN COSTAS en segunda instancia.

La colegiatura estableció que, conforme a lo previsto en el artículo 66A del CPTSS los problemas jurídicos a resolver, consistían en determinar: i) si la actora tenía derecho al pago de la indemnización por despido indirecto; ii) si procedía la cancelación de la indemnización moratoria a razón de un salario diario hasta cuando se sufragaran las acreencias adeudadas; iii) si existió o no solidaridad por parte del IDU; iv) si operó el fenómeno de la prescripción; y v) si eran viables las condenas impuestas contra las llamadas en garantía.

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Radicación n.° 93701 Para dirimir la controversia planteada, indicó que no era materia de discusión en la alzada: 1) la existencia de un contrato a término indefinido entre la demandante y la unión temporal GTM desde el 5 de marzo de 2009 hasta el 29 de agosto de 2011; 2) que las empresas Grupo Franco Obras y Proyectos SL Sucursal Colombia, Grandi Lavori Fincosit S.P.A. Sucursal en Colombia en liquidación y H&H Arquitectura S.A. no hacían parte de la unión temporal, por tanto, la posición de empleador solo podía recaer sobre Constructora INCA SAS; 3) que la actora devengaba un salario mensual de $2.700.000; y 4) que el empleador incumplió las obligaciones de pago de salarios de julio y agosto de 2011 así como de las prestaciones sociales. A reglón seguido se refirió a los siguientes puntos:

1. En lo concerniente al pago de la indemnización por despido injusto memoró la facultad que tienen el empleador y el trabajador de dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral, por hechos que constituyan una justa causa, contemplados taxativamente en los artículos 62 y 63 del CST, y recordó que, en el llamado despido indirecto, también le asiste derecho al empleado a la indemnización correspondiente a cargo del empresario.

Señaló que en el sub judice la actora alegó expresamente en la carta de renuncia el incumplimiento del empleador a la obligación de pagar los salarios causados entre julio y agosto del 2011, así como las prestaciones de

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Radicación n.° 93701 ley. Añadió que dicha conducta ocurrió según lo definió la sentencia de primer grado y que no fue apelada en ese puntual aspecto, la cual se enmarcaba en el numeral 6 del literal b) del artículo 62 del CST, afectando la subsistencia de la trabajadora y su familia por dos periodos consecutivos, lo que la facultaba para terminar el contrato con justa causa. En tal sentido, revocó este punto de la sentencia apelada y condenó al pago de la indemnización por despido indirecto a favor de la actora tasada en la suma de $5.364.000 con base en el numeral 2 del artículo 64 del CST, resultante de 59,6 días de indemnización a razón de $90.000 diarios.

2. Frente a la indemnización moratoria, explicó que el artículo 65 del CST, imponía al empleador la cancelación de un día de salario por cada día que transcurra desde la terminación del contrato de trabajo hasta el pago total de salarios y prestaciones, durante 24 meses cuando el empleado reciba una suma mensual superior al SMLMV, como ocurría en este caso, y a partir del mes 25 debe pagar intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera. Aclaró que, si se dejaba transcurrir el plazo referido, la indemnización correría solo como intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.

Aseveró que bajo esa regla y dado que el empleador no alegó buena fe en la demora para el pago de salarios y prestaciones sociales, se confirmaría la orden del sentenciador de primera instancia de sufragar un día de

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Radicación n.° 93701 salario desde el 29 de agosto de 2011, fecha en la que finalizó la relación laboral, hasta el 29 de agosto de 2013, toda vez que la accionante devengaba más de un SMLMV y había reclamado judicialmente sus derechos antes que transcurrieran los 24 meses de la terminación del contrato, aspecto último que no controvirtieron las demandadas y de ahí en adelante intereses moratorios.

3. En lo relativo a la responsabilidad solidaria del IDU, el ad quem adujo que el artículo 34 del CST asignaba esa carga al contratante de una obra frente a las obligaciones laborales que surgieran entre el contratista y sus trabajadores, salvo que «lo contratado sean labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio – del contratante».

Esgrimió que la citada normativa dispuso una regla general de solidaridad, para evitar que el empleador diluyera artificiosamente, en terceros, las responsabilidades laborales que los preceptos legales le asignaban, y solo se podía eximir del pago cuando demostrara fehacientemente dentro del proceso que se encontraba en la excepción que establece la norma, esto es, que el objeto del contrato civil, comercial o administrativo comportaba labores extrañas al objeto social de su empresa o negocio. En este orden, determinó que no se podían considerar extrañas al Instituto de Desarrollo Urbano las labores contratadas con la unión temporal GTM, pues eran inherentes y conexas a las actividades y funciones misionales

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Radicación n.° 93701 de la entidad Distrital establecidas en el Acuerdo 19 de 1972,

referentes a ejecutar obras de desarrollo urbanístico, tales como «apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias». Así como, «ejecutar obras de renovación urbana: conservación, habilitación, remodelación. Construir edificios e instalaciones para servicios comunales, administrativos, de higiene, de educación y culturales». Especificó que, por su parte, el objeto del contrato n°. 071 de 2008, suscrito entre el IDU y la unión temporal GTM consistía en «ejecutar a precios unitarios, las OBRAS Y

ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA

Y LOCAL DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL GRUPO 3

(SURORIENTE) de acuerdo con las especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones», para lo cual debía «realizar diagnóstico, programa de intervenciones, estudios y diseños, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la malla vial arterial, malla vial Intermedia malla vial local» Adujo que en el presente asunto se acreditó mediante los documentos referidos que el objeto contratado era similar a las labores que misionalmente realizó el contratante y, por consiguiente, confirmaría la sentencia apelada respecto a la existencia de la solidaridad. Adicionalmente, resaltó que las pruebas documentales daban «plena credibilidad» al testimonio rendido por Luz Ángela Poveda, quien trabajó

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Radicación n.° 93701 para la unión temporal durante el mismo periodo que la actora.

4. En lo relativo a la interrupción del término de prescripción con la presentación de la demanda inicial, el colegiado puntualizó que esta corporación tiene señalado, entre otras, en sentencia CSJ SL8716-2014, que la presentación del escrito inaugural produce dicho efecto, aunque la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúe dentro del año posterior, cuando ello se deba a la «negligencia del Juzgado o por actividad elusiva del demandado».

Explicó que conforme a lo anterior confirmaría la sentencia apelada en este puntual aspecto, pues cualquier demora en la notificación no ocurrió por negligencia de la demandante, sino por tardanzas del juzgado y por culpa del demandado, toda vez que del expediente se evidenciaba que el término prescriptivo frente al IDU comenzó a correr el 29 de agosto de 2011 cuando terminó el nexo laboral; la demanda inaugural se presentó el 7 de junio de 2013 (f.°95); el auto que la admitió se fijó en el estado del 11 de julio del mismo año (f.°99 y 100); la entidad Distrital se notificó mediante aviso el 19 de igual mes y año (f.°105), por manera que no había transcurrido el término trienal que se aplica en materia laboral. Aseveró que, respecto de las demás demandadas, el auto que admitió el escrito inicial fue notificado en estrados el 11 de julio de 2013 (f.°100) y que solo la sociedad Grandi

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Lavori Fincosit S.P.A. Sucursal en Colombia en liquidación dio contestación (f.°131 a 141 y 228 a 233), pues H&H Arquitectura S.A. pese a haber recibido el citatorio y el aviso el 25 de julio y el 23 de agosto de 2013, respectivamente (f.°199 y 217), solo concurrió a su notificación personal el 31 de marzo de 2017 (f.°503). Indicó que las «otras dos sociedades» no concurrieron, por lo que hubo necesidad de emplazarlas y nombrarles curador ad litem, mediante autos del 3 de julio de 2015 y 16 de marzo de 2016 (f.°371 y 385), quien se notificó personalmente el 23 de mayo siguiente (f.°384). Dijo que en ese interregno se remitieron varios citatorios (f° 201, 208, 209, 213 y 215), un aviso del siguiente 4 de septiembre (f° 217), nuevos avisos y citatorios que habían sido solicitados el 11 de agosto del 2014 (f.°317 y 323) y que se resolvieron hasta el 20 de abril de 2015 (f.°356), los cuales se enviaron el 24 y 27 de abril de la misma anualidad (f.°364, 366, 369 y 370); que además la parte actora había pedido desde el 20 de mayo de 2014 se emplazara a las sociedades de las que para entonces desconocía la dirección de notificación (f.°204). Expresó que las llamadas en garantía, especialmente AXA Colpatria Seguros S.A., manifestó que su notificación fue extemporánea, toda vez que entre la solicitud de llamamiento y la notificación, transcurrió un término

superior a los dos años previstos en el artículo 1081 del CCo; al respecto advirtió la colegiatura que nada impedía que se efectuara el llamamiento para que fueran ventiladas ante la jurisdicción las garantías otorgadas en favor de la entidad

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Radicación n.° 93701 pública, cuando las pretensiones discutidas sean justamente las que se encuentran aseguradas, pero que en todo caso, el contrato de seguro por responsabilidad civil extracontractual corresponde a una relación comercial y, por ende, se debe aplicar el término prescriptivo que contempla el CCo. y no el trienal propio de las acciones que surgen de los derechos laborales. Recordó que el trámite de las pretensiones que se elevan ante el asegurado dentro del proceso laboral, permite al asegurador controvertir directamente los hechos que darían lugar a una eventual condena, y al primero de los mencionados le evitan adelantar trámites adicionales para obtener el pago de las garantías contratadas, con todas las implicaciones que ello conlleva. Luego de aludir al contenido del citado artículo 1081 del CCo y aclarar que para su aplicación se debía tener en cuenta el artículo 1131 ibidem, consideró que como el asegurado IDU fue notificado del auto que admitió la demanda inicial el 19 de julio de 2013 (f.°1059), «en modo alguno» transcurrió el término prescriptivo alegado en la apelación de las aseguradoras, ya que la entidad solicitó el llamamiento en garantía el 8 de agosto de igual año (f.°142 a 144) y se admitió hasta el 15 de agosto de 2016 (f.°411). Explicó que como el

término extintivo se entendía interrumpido con la presentación del llamamiento en garantía ante el juzgado, en este caso, Axa Colpatria Seguros S.A. fue quien demoró su notificación, ya que el citatorio y el aviso le fueron entregados el 9 de marzo y 18 de mayo de 2017, respectivamente (f° 490,

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Radicación n.° 93701 491 y 495), es decir, dentro del año siguiente a la admisión del mismo, pero solo hasta que se emplazó, concurrió a su notificación personal el 6 de febrero de 2018 (f.°504), por lo que no podría atribuírsele la culpa de la demora a la convocante al juicio.

5. Finalmente en lo relativo a si procedían o no las condenas impuestas en contra de las aseguradoras, el juez plural expuso que declarada la responsabilidad solidaria del IDU, en relación con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, resultaba «igualmente clara la responsabilidad de las aseguradoras en acudir al pago de las condenas en virtud de la póliza suscrita, según lo señala la cláusula de amparo 1.5 (f° 513)», sin que se puedan usar váli