CSJ - SL2051-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2051-2023 Radicación n.° 96218 Acta 30 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA DOLORES MÁRQUEZ BEDOYA contra la sentencia proferida el 18 de agosto de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la recurrente contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES María Dolores Márquez Bedoya demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, con los intereses

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Radicación n.° 96218 moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso. Como sustento de sus pretensiones, adujo que nació el 12 de agosto de 1953; que es beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que laboró para «CAFETERIA EDYPO» desde el 21 de enero de 1986 hasta el 28 de febrero de 1998, periodo equivalente a 631 semanas, sin embargo, en su historia laboral solo se contabilizaron 505,43 con dicha patronal.

Expuso que en el reporte de cotizaciones aparecen 115,71 semanas con esa empleadora con la anotación «deudas por no pago o cesación de cotizaciones»; que el 23 de octubre de 2015 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, petición que le fue negada por medio de la Resolución GNR 411975 de la igual anualidad. La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la afiliación de la actora al RPM; su fecha de nacimiento; el número de semanas cotizadas por un total de 505,43; la reclamación pensional y la decisión desfavorable. Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Argumentó en su defensa que, al tenor del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, la promotora del proceso no cumplió con la totalidad de requisitos para acceder a la

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Radicación n.° 96218 pensión de vejez solicitada, particularmente el de la densidad de semanas exigidas, dado que de las 500 requeridas en los últimos 20 años solamente alcanzó 380,43 y de las 1000 en toda su vida laboral sufragó 512,71. Destacó que, si en gracia de discusión se tuvieran en cuenta las 115,71 semanas, que, en decir de la demandante, se encontraban en deuda por no pago o cesación, lo cierto era que tampoco se acreditaba el número de semanas exigido, pues con estas, en total, tendría 496,14 semanas en

los últimos 20 años previos al cumplimiento de la edad de pensión. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación por ausencia de requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez con régimen de transición, improcedencia de intereses de mora y de la indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín mediante sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017, absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las pretensiones de la demanda inicial y se abstuvo de imponer condena en costas a la actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante conoció el Tribunal

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Radicación n.° 96218 Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien, mediante sentencia del 18 de agosto de 2022, confirmó la decisión de primer grado e impuso costas en la alzada. De manera inicial, definió que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si la actora, en su calidad de beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cumplió los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, para poder acceder a la pensión de vejez y, en caso afirmativo, definir si había lugar al pago de los intereses moratorios o la indexación. Puso de presente que la apelación se fundamentó en que la accionante laboró para «CAFETERIA EDYPO» desde el

21 de enero de 1986 hasta el 28 de febrero de 1998 por un periodo equivalente a 631 semanas, sin embargo, Colpensiones contabilizó con la citada empleadora, únicamente 505,43, pues las 115,71 semanas restantes, aparecían incursas en deudas por no pago o cesación de cotizaciones, las cuales, en decir de la impugnante, debían ser reconocidas para obtener la prestación. Al descender al análisis del asunto, puntualizó que la historia laboral expedida por Colpensiones y actualizada a 25 de septiembre de 2015 (f.° 25 a 27), reportaba un total de 508,43 semanas cotizadas a favor de la actora, de manera interrumpida entre el 21 de enero de 1986 y el 31 de marzo de 1998, de las cuales 505,43 fueron sufragadas con «CAFETERIA EDYPO» entre el 21 de enero de 1986 y el 31 de

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Radicación n.° 96218 diciembre de 1995 y 3,00 con la patronal «ANA ROSA

ARANGO».

Así mismo, dijo que, tal como lo refería la apelante, en dicho reporte de semanas registraba con la empleadora aludida los siguientes periodos en cero (0): El ciclo de diciembre de 1995 con la observación «Pago aplicado a periodos anteriores» y los meses comprendidos desde enero de 1996 hasta «febrero» de 1998 con la observación «su empleador presenta deuda por no pago». Manifestó que debía recordarse que el criterio actual de la Sala de Casación Laboral, en torno a los efectos de la mora

patronal, imponía que se contabilizaran para efectos pensionales, las cotizaciones de los trabajadores subordinados que no hayan sido cubiertas pero que se entienden causadas cuando se prestó real y efectivamente el servicio, mientras no haya declaración de inexistencia de las mismas, lo que sucede cuando no obstante la diligencia de la administradora en la gestión de cobro se consideran de imposible recaudo (CSJ SL, 5 oct. 2010, rad. 41382; CSJ

SL3707-2017 y CSJ SL3490-2019).

Especificó que la jurisprudencia ha definido que para poder contabilizar los periodos sin cotización e inmersos en mora, ha adoctrinado que cuando la entidad de seguridad social no ejerció acciones de cobro, resulta necesario demostrar que en ese lapso existió un contrato de trabajo o, en otros términos, que el empleador moroso estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó

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Radicación n.° 96218 realmente sus servicios durante el mismo (CSJ SL763-2014;

CSJ SL14092-2016; CSJ SL3707-2017, CSJ SL5166-2017,

CSJ SL9034-2017 y CSJ-SL21800-2017; CS SL115-2018 y

CSJ SL1624-2018 y CSJ SL1691-2019, CSJ SL3055-2019 y

CSJ SL5335-2019).

Al tenor de lo anterior y con miras a resolver la controversia frente a los periodos en mora, indicó que al proceso fue allegado el testimonio del señor Pedro Pablo Gutiérrez, quien afirmó conocer a la demandante porque

fueron compañeros de trabajo en la cafetería «EDYPO» la que se encontraba ubicada en la calle 44 #74-20 Centro – San Juan; que los dueños de dicha cafetería eran los señores José Gómez y Clara Inés Aristizábal de Gómez y que cuando él ingresó a laborar de mesero «como en el 90», ya la demandante se encontraba trabajando. Adujo igualmente el deponente que la señora María Dolores Márquez Bedoya era «la que hacía de comer», que su horario era de lunes a sábado, de 2:00 p.m. a 8:00 o 9:00 p.m.; que los dueños fueron «muy buenos patrones y correctos» y señaló que él no estuvo afiliado a la seguridad social en pensiones, pues prefirió continuar asegurado al Sisbén, pero que sabía que a la accionante si le realizaron aportes. Explicó que él laboró con la citada cafetería hasta el año 1998, pero no recuerda la fecha exacta, y que la actora «siguió trabando con los nuevos patrones, porque ese negocio lo vendieron», pero no sabe hasta cuándo estuvo, que los

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Radicación n.° 96218 nuevos dueños eran Rosa Arango y su socio, pero no recuerda el nombre, y que después no tuvo más contacto con la aquí demandante. Con base en la anterior probanza, el ad quemestimó que en este asunto era procedente tener en cuenta en la contabilización el periodo en mora, pero que solo se incluiría desde el 1 de diciembre de 1995 hasta el 1 de enero de 1998,

equivalente a 107,2 semanas, por cuanto, si bien el declarante Pedro Pablo Gutiérrez dio cuenta del trabajo prestado por la señora María Dolores Márquez Bedoya al servicio de la «CAFETERÍA EDYPO» desde la fecha en la que él ingresó, en sus palabras «como en el 90»; lo cierto era que el testigo «no pudo establecer con certeza» hasta que tiempo la promotora del litigio laboró con dicha empleadora y mucho menos la fecha de retiro. En ese orden, y atendiendo al criterio de aproximación temporal esbozado por la jurisprudencia laboral, dijo que en estos casos se debe contabilizar las cotizaciones hasta el primer día del año en mención, en este asunto, 1998, dada la ausencia de medio probatorio alguno que dé cuenta de la certeza acerca de la fecha exacta de la existencia del vínculo laboral entre la «CAFETERÍA EDYPO» y la señora María Dolores Márquez Bedoya con posterioridad a dicha data. En armonía con lo anterior, el juez colegiado concluyó que, respecto del tiempo en mora, solamente se tendrían en cuenta 107,2 semanas comprendidas entre el 1 de diciembre

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Radicación n.° 96218 de 1995 y el 1 de enero de 1998, conforme lo explicado previamente. Sin embargo, advirtió que la inclusión de dicho tiempo no conducía a revocar la decisión absolutoria del a quo y, mucho menos, permitía acceder a lo pretendido en la alzada por la demandante, pues en definitiva, así se sumara ese tiempo, la afiliada no logró acreditar los requisitos exigidos

por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, y al cual se acudía en virtud de que la accionante era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que María Dolores Márquez Bedoya nació el 12 de agosto de 1953 y tenía 40 años de edad al 1 de abril de 1994 cuando entró en vigencia en el sector privado el Sistema General de Pensiones. Explicó que, como semanas cotizadas por la actora durante toda su vida laboral tenía 620,14 semanas, de las cuales solo 491,8 correspondían a los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, corridos entre el 12 de agosto de 1988 y el mismo día y mes de 2008, razón por la cual no consolidó su derecho a la pensión por vejez conforme al citado Acuerdo 049 de 1990. Esgrimió que la accionante tampoco alcanzó las exigencias del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, puesto que cumplió 55 años de edad el 12 de agosto de 2008 y para esta fecha la disposición referida exigía 1125 semanas de

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Radicación n.° 96218 cotización y la mencionada ciudadana solo contaba en toda su vida laboral con 620,14 semanas para obtener el derecho.

Finalmente agregó que: En virtud de lo expuesto y ante la posible existencia de un hecho sobreviniente modificativo del derecho sustancial de carácter mínimo e irrenunciable, la demandante puede pretender

reclamar ante la administración de justicia el reconocimiento de la prestación económica, como por ejemplo acreditar la densidad de semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, o cualquier otra situación fáctica o jurídica que se presentase con respecto a las empleadoras a las cuales prestó sus servicios. En los anteriores términos desató la alzada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case la sentencia recurrida, para que, constituida en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.

Con tal propósito, formula un cargo que es replicado por Colpensiones, el que se procede a estudiar a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por la vía

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Radicación n.° 96218 indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad; 36 de la Ley 100 de 1993; y el parágrafo transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005. Expone que el juez de alzada incurrió en los siguientes errores de hecho: a) Dar por demostrado, sin estarlo, que el vínculo laboral de la señora María Dolores Márquez Bedoya no pudo ir más allá del 1

de enero de 1998. b) Dar por no demostrado, estándolo, que la relación laboral entre la señora María Dolores Márquez Bedoya y la CAFETERÍA EDYPO se remontó hasta el 28 de febrero de 1998, inclusive. c) No dar por demostrado, estándolo, que la señora María Dolores Márquez Bedoya laboró para la CAFETERIA EDYPO desde el 21 de enero de 1986 y hasta el 28 de febrero de 1998, inclusive, bajo un contrato de trabajo. d) Dar por no demostrado, estándolo, que el empleador CAFETERIA EDYPO en virtud de la relación laboral sostenida con la señora María Dolores Márquez Bedoya por el periodo desde el 21 de enero de 1986 y hasta el 28 de febrero de 1998 no pagó los aportes al sistema general de pensiones por los periodos desde el i) 1 al 30 de enero de 1998 y ii) del 1 al 28 de febrero de 1998. e) No dar por demostrado, estándolo, que la CAFETERIA EDYPO está obligado a cancelar el cálculo actuarial por los periodos adeudados a la señora María Dolores Márquez Bedoya desde el I) 1 al 30 de enero de 1998 y ii) del 1 al 28 de febrero de 1998 a satisfacción de la entidad administradora del régimen de prima media con prestación definida, tal como lo ordena el literal d) del Art. 33L100/93, Mod. L797/2003. f) No dar por demostrado, estándolo, que la entidad de seguridad social en pensiones, Administradora Colombiana de PensionesColpensiones no ejerció las acciones de cobro para el recaudo de los aportes patronales que adeudaba el empleador CAFETERIA EDYPO por el periodo comprendido entre I) 1 al 30 de enero de 1998 y ii) del 1 al 28 de febrero de 1998, que totalizan la densidad de 57 días que equivalen a la densidad de 8.14 semanas; todos con el empleador CAFETERIA EDYPO.

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Radicación n.° 96218 g) Dar por no demostrado, estándolo, que la señora María Dolores Márquez Bedoya presenta en su historia laboral del 25 de septiembre de 2015 (fl. 27/29 Exp. Digital de Primera Instancia) con relación a la prueba objeto de tergiversación, deudas por no pago, moras en la cotización de los aportes pensiónales o cesación de cotizaciones por los siguientes periodos desde el I) 1 al 30 de enero de 1998 y ii) del 1 al 28 de febrero de 1998 con el empleador CAFETERIA EDYPO por la densidad de 57 días que equivalen a la densidad de 8.14 semanas h) Dar por no demostrado, estándolo, que la historia laboral de 25 de septiembre de 2015 (Fl. 27/29 Exp. Digital de Primera Instancia) faltan por incluir en la historia laboral los siguientes periodos desde el I) 1 al 30 de enero de 1998 y ii) del 1 al 28 de febrero de 1998 con el empleador CAFETERIA EDYPO por la densidad de 57 días que equivalen a la densidad de 8.14

semanas, mismas que deben ser representadas en un cálculo o título pensional. i) Dar por no demostrado, estándolo, que la historia laboral del 25 de septiembre de 2015 (Fl. 27/29 Exp. Digital de Primera Instancia) refleja la densidad de 491.8 semanas efectivamente cotizadas, más las semanas que deben ser objeto de inclusión por vía del pago del cálculo actuarial que debe cancelar a satisfacción de la administradora del régimen de prima media con prestación definida el empleador CAFETERIA EDYPO, densidad de semanas incursas en deudas por no pago, moras en la cotización de los aportes pensiónales o cesación de cotizaciones por el periodo desde el I) 1 al 30 de enero de 1998 y ii) del 1 al 28 de febrero de 1998 con el empleador CAFETERIA EDYPO por la densidad de 57 días que equivalen a la densidad de 8.14 semanas. j) Dar por no demostrado, estándolo, que la señora María Dolores Márquez Bedoya cuenta con la densidad de 499.94 semanas cotizadas por el interregno comprendido entre el 12 de agosto de 1988 y hasta el 12 de agosto de 2008, ello tiene soporte en: a) La densidad de 491.8 semanas cotizadas en dicho espacio temporal, b) La densidad de semanas objeto de deudas por no pago o cesación de cotizaciones y que deben ser canceladas por vía del cálculo actuarial por el espacio de I) 1 al 30 de enero de 1998 y ii) del 1 al 28 de febrero de 1998 por la densidad de 8.14 semanas, en consideración a las pruebas indebidamente

valoradas. k) Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora María Dolores Márquez Bedoya cuenta con un guarismo inferior a 500 semanas dentro del periodo comprendido 12 de agosto de 1988 y hasta el 12 de agosto de 1998; cuando en realidad, el guarismo de semanas es muy superior a dicha cifra, es decir, cuenta con la densidad de 499,94 semanas en dicho espacio temporal, cifra que debe ser aproximada a las 500 semanas por ser superior al 0,5, criterio jurisprudencial.

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Radicación n.° 96218 l) Dar por no demostrado, estándolo, que la señora María Dolores Márquez Bedoya contaba con los requisitos legales para acceder a la prestación económica de Pensión de Vejez contenido en el Decreto 758 de 1990, art. 12. Asegura que tales yerros, en su decir, se cometieron por no haber valorado correctamente la historia laboral visible a folios 27-29 del expediente digital. En la demostración de la acusación asevera que la decisión del colegiado desconoce el contenido material de la historia laboral expedida por Colpensiones el 25 de septiembre de 2015 (f.° 27-29 expediente digital), ya que de ésta se puede concluir la existencia del vínculo laboral de María Dolores Márquez Bedoya y la «Cafetería Edypo» hasta el 28 de febrero de 1998 y, por tanto, era hasta esta última data que debían contabilizarse los ciclos al riesgo de pensión a favor de la demandante. Insiste que con arreglo a dicha probanza, lo correcto era concluir que la vinculación laboral con la citada empleadora

lo fue desde el 21 de enero de 1986 hasta el 28 de febrero de 1998 y no hasta el 1 de enero del mismo año, pues este fue el periodo dentro del cual «no pagó» los aportes al sistema general de pensiones y era hasta esta data que el empleador estaba obligado a sufragar los periodos a satisfacción de la entidad administradora del RPM, tal como lo ordena el literal d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.° 96218 Manifiesta que si a dicha conclusión hubiera arribado el Tribunal, debía haber adicionado al total de semanas cotizadas 57 días causados entre el 2 de enero de 1998 y el 28 de febrero de la misma anualidad, que equivalen a 8,14 semanas. Por todo ello, estima que de haberse apreciado acertadamente la referida historia laboral, el sentenciador de segundo grado debía haber concluido que la promotora del litigio en los últimos 20 años previos al cumplimiento de la pensión contaba con un total de «499.94 semanas», incluyendo el tiempo adicional en mora, esto es, los 57 días que equivalen a 8,14 semanas por los periodos en debate, conforme se explicó previamente. En consecuencia, sostiene que resulta equivocada y no concordante la consideración del juez plural referida a que la señora María Dolores Márquez Bedoya cuenta con menos de a 500 semanas dentro del periodo comprendido 12 de agosto de 1988 hasta el 12 de agosto de 1998; cuando en realidad,

al analizar el tiempo reportado, se tiene que la accionante cuenta con «499,94» semanas en dicho espacio temporal, guarismo que es dable aproximar a las 500 semanas, como lo tiene adoctrinado la Corte y, en tales condiciones, permitiría causar el derecho pensional invocado. Por último, aduce que no se puede pasar por alto que el Tribunal al examinar la referida historia laboral reconoció inicialmente una deuda por no pago hasta el mes de febrero de 1998, pero en busca de la certeza sobre dicho tiempo,

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Radicación n.° 96218 solamente computó un día del mes de enero de esa anualidad y no los ciclos completos de enero y febrero, razonamiento que no brinda la certeza absoluta frente al extremo final del vínculo laboral discutido.

VII. LA RÉPLICA Colpensiones se opone a la prosperidad del cargo, bajo el argumento de que la censura ignora que en el recurso extraordinario «las críticas sobre la valoración probatoria deben ser serias y atendibles, encauzadas a demostrar que la equivocación fue garrafal», sin que sea procedente realizar afirmaciones subjetivas y genéricas como aquí acontece, más aún cuando los errores de hecho endilgados a la sentencia atacada deben tener el carácter de manifiestos, ostensibles y evidentes, que lleven a derruir la presunción de acierto y legalidad de la cual se encuentra revestida una sentencia judicial, lo cual lejos está de realizar el recurrente.

Refiere que en el caso de autos ningún ejercicio argumentativo, en los términos que exige un recurso

extraordinario, fue efectuado por el apoderado de la parte recurrente «quien sólo manifiesta una serie de inconformidades sobre criterios personales y consideraciones abstractas», que, según su entendido, el juez de apelaciones debió otorgarle a la prueba de la historia laboral que milita en el plenario. Añade que la historia laboral visible a folios 27 a 29, único medio de convicción denunciado por la censura y sobre

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Radicación n.° 96218 el que le atribuye al colegiado la comisión de los supuestos errores de hecho, pretendiendo que se determine una relación laboral entre la demandante y su exempleador «CAFETERIA EDYPO hasta el 28 de febrero de 1998», en momento alguno fue equivocadamente valorada, ya que, conforme lo ha reiterado la Corte, resulta imperioso demostrar la real existencia de un vínculo laboral subordinado a fin de que se convaliden los periodos en mora que aparezcan registrados.

VIII. CONSIDERACIONES Observa la Corte que en este asunto la controversia que está llamada a resolver, desde el punto de vista fáctico, consiste en dilucidar si el Tribunal se equivocó al tener por demostrado que, respecto del vínculo laboral que unió a María Dolores Márquez Bedoya con la «Cafetería Edypo», solo se podía contabilizar semanas cotizadas hasta el 1 de enero de 1998 o si, por el contrario, como lo relata la censura, lo correcto era computar los ciclos hasta el 28 de febrero de esa anualidad, tal como aparece consignado en la historia laboral

denunciada en la acusación, con lo cual completaría la densidad de semanas para poder acceder a la pensión de vejez reclamada. Si la respuesta a este primer interrogante es afirmativa, la Sala deberá determinar si la accionante satisface las 500 semanas de aportes dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, para obtener la prestación por virtud del régimen de transición. Para efectos de definir la controversia fáctica que

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Radicación n.° 96218 propone la censura y establecer si el juez plural cometió los yerros enrostrados de acuerdo con la única prueba denunciada que es la historia laboral visible a folios 27 a 29, la Corte por cuestión de método, considera necesario realizar inicialmente unas precisiones jurídicas sobre dos temáticas, definidas así: i) la relación de trabajo subordinado como presupuesto para el pago de las cotizaciones en materia pensional y ii) la carga de la prueba respecto a la existencia de un contrato de trabajo y sus extremos temporales como fuente de los aportes a pensión. Luego de ello, y con dicho marco normativo y jurisprudencial, se estudiará el caso concreto en los términos descritos previamente. En el orden mencionado se desarrollará el análisis de la acusación. 1.- Existencia de la relación laboral como presupuesto necesario para el pago de los aportes. Es pacífica la posición de la Corte, en cuanto a que el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la existencia de un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria; o lo que es igual, es la actividad efectiva

desarrollada en favor de un empleador, la que causa o genera el deber de realizar los aportes respectivos a nombre del trabajador afiliado. Sobre el tema, en sentencia CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 34270, esta corporación explicó que «en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante

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Radicación n.° 96218 está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral»; en la decisión CSJ SL8082-2015 se señaló que «los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio»; y en la decisión CSJ SL759-2018 se sostuvo que: «la cotización al sistema de pensiones se origina con la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras»; línea de pensamiento reiterada recientemente por esta Sala en sentencia CSJ SL2868-2022. Así las cosas, los derechos pensionales y las cotizaciones al sistema se dan como consecuencia del trabajo; se causan por el hecho de haber laborado el afiliado y están dirigidos a garantizar al asalariado o a sus beneficiarios un ingreso económico periódico. De allí que, para que pueda hablarse de inclusión de cotizaciones, es necesario que haya pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral, bien sea regido por un contrato de trabajo o por una relación legal y

reglamentaria. Dicho de otro modo, los aportes de un empleador deben tener sustento en una real y efectiva relación de trabajo, esto para evitar eventuales fraudes al Sistema (CSJ SL1847-2020 y CSJ SL2868-2022). De otra parte, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 establece que corresponde a las entidades administradoras de los regímenes pensionales promover las acciones de cobro ante el incumplimiento de las obligaciones del empleador y,

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Radicación n.° 96218 conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, las mismas deberán realizarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes «a la fecha en la cual se entró en mora». Al respecto, la Corte desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, ha adoctrinado que el afiliado que tenga la condición de trabajador subordinado causa la cotización con la prestación efectiva del servicio, y si el empleador no cumple la obligación de pago oportuno y la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes en mora, es a ella a quien corresponde asumir el reconocimiento de la pensión que se genere para el asegurado o los beneficiarios. La aludida postura jurisprudencial ha sido reiterada, entre otras, en las decisiones CSJ SL3023-2019, CSJ SL3112-2019, CSJ SL3807-2020, CSJ SL5058-2020 y CSJ SL5081-2020. En la última de las señaladas se indicó: De entrada, advierte la Sala que el razonamiento del Colegiado

de instancia no es equivocado y, por el contrario, está acorde con lo que esta Corporación, de manera reiterada y pacífica, ha establecido en su jurisprudencia en cuanto a que, para contabilizar las semanas reportadas en mora de un empleador, cuando la entidad de seguridad social no hizo acciones de cobro, es necesario acreditar que en ese lapso existió un contrato de trabajo, o en otros términos, que aquel estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios en ese período (CSJ SL 34270, 22 jul. 2008, CSJ SL763-2014, CSJ SL14092-2016, CSJ SL3707-2017, CSJ SL5166-2017, CSJ SL9034-2017, CSJ SL21800-2017, CSJ SL115-2018 y CSJ SL1624-2018). Precisamente en la providencia CSJ SL37072017, la Sala señaló: Ahora bien, en cuanto a las alegaciones del censor referentes a la responsabilidad en caso de mora en el pago de aportes a la seguridad social, cumple recordar que la Corte en sentencia CSJ

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 96218 SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia y estableció que cuando se presente dicha situación, y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios. Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de

trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro. Conforme a lo expresado, es dable colegir, que cuando existen periodos en mora por parte de algún empleador, le corresponde a la entidad de seguridad social ejercer las acciones de cobro y si no lo hace, esa inactividad no puede perjudicar los derechos del trabajador, por ende, deben ser contabilizados para efectos pensionales, siempre que se demuestre la existencia del vínculo contractual laboral con el trabajador y la efectiva prestación del servicio por parte de este, que es lo que da lugar al pago de los aportes. En otros términos, no puede el juez entrar a convalidar ciclos con una aparente mora patronal, sin tener el convencimiento de que en ese periodo el afiliado tuvo un vínculo laboral, puesto que la omisión del empleador en reportar la novedad de retiro no puede llevar de manera automática e inexorable a tener como efectivamente cotizados esos meses, de allí que es necesario, se insiste, que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral sub