CSJ - SL2072-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2072-2023 Radicación n.° 94346 Acta 30 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S. A.

(ALMACAFÉ) contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de octubre de 2021, en el proceso que instauró LAURA MARÍA CARVAJAL GÓMEZ contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Laura María Carvajal Gómez demandó a Almacafé, con el fin de que se le condene al pago de la prima extralegal de servicios por los meses de diciembre de 2017, junio y diciembre de 2018 y junio de 2019; al igual que por el pago de la prima extralegal de vacaciones correspondiente a los periodos comprendidos entre septiembre de 2016 y agosto 30

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Radicación n.° 94346 de 2019; el reajuste de las cesantías teniendo en cuenta la «prima vacacional que también constituye salario»; la indemnización moratoria del artículo 65 del CST; la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; la indexación de las sumas adeudadas; y las costas procesales. Para fundamentar sus peticiones narró que mediante resolución del 28 de diciembre de 1987 se declaró la unidad de empresa entre la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia y Almacafé,; que al interior de la compañía existía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Almacenes Generales de Depósito de Café, agremiación que nunca fue mayoritaria, a la que no se encontraba afiliada; que tal organización con la sociedad empleadora firmó sendas convenciones colectivas de trabajo, tales como la de 1965, en la que se acordó su aplicación para todos los trabajadores de la compañía, lo que se repitió en las de los años 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1995, 1996 y 1998–1999. Adujo que con Almacafé firmó contrato de trabajo a término fijo de seis meses comenzando el 5 de septiembre de 2011, el que se prorrogó varias veces hasta septiembre 4 de

2017. Que el 1 de enero de 2018 el mencionado contrato se «convierte» en uno a término indefinido; que se desempeñó como analista logístico con un salario final equivalente a $3.932.000 para el último año; y que el 30 de agosto de 2019 fue despedida con efectos a partir del 1 de septiembre del mismo año.

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Radicación n.° 94346 Expuso que en la convención colectiva de 1974 se pactó una prima de servicios que comprende «dos meses de salario en junio y dos meses de salario en diciembre incluyendo la prima legal de servicios»; que en la de 1984 y en el laudo arbitral de 1986 se estableció una prima «vacacional» que

iniciaba en un 53% de la remuneración integral mensual para el primer periodo y finalizaba en un 135% para los periodos del quinto al décimo; y que en la de 1996 se determinó que la prima de vacaciones constituye salario. También mencionó que la empresa empleadora al liquidarle las cesantías no tuvo en cuenta la prima vacacional extralegal; y que no recibió las aludidas primas extralegales de servicios y de vacaciones durante todo el tiempo. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, únicamente admitió que la actora no estaba afiliada a la organización sindical; sobre los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa adujo que la actora estuvo vinculada mediante contrato de trabajo a Almacafé; que durante la vigencia de la relación laboral le reconoció todos los conceptos a que tuvo derecho; que nunca estuvo afiliada a la organización sindical Sintrafec, por lo que no era beneficiaria del régimen convencional, ni se le efectuaron descuentos por concepto de aportes al sindicato, el cual es minoritario desde 1988; y que al interior de la empresa existen, por acuerdo entre las partes que suscribieron las convenciones colectivas,

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Radicación n.° 94346 dos regímenes prestacionales: «las de los miembros del sindicato suscribiente de la convención y el de los demás trabajadores no beneficiarios de la misma». Al efecto propuso las excepciones de fondo que denominó: inexistencia de la obligación, prescripción, buena

fe, falta de título y causa, pago, compensación, enriquecimiento sin causa del demandante y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 19 de noviembre de 2020 resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre LAURA MARIA CARVAJAL GOMEZ en calidad de trabajadora de ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A.-ALMACAFÉ en calidad de empleador por el periodo comprendido entre el 05 de septiembre de año 2011 al 30 de agosto de 2019.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada ALMACENES

GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A.- ALMACAFÉ a reconocer y pagar a la demandante la suma de: -$30’300.942 pesos por concepto de prima extralegal de servicios. -$12’947.480 pesos por concepto de prima de vacaciones. -$936.930 por concepto de diferencias de cesantías. Los anteriores conceptos en aplicación de las convenciones colectivas suscritas entre la demandada y SINTRAFEC.

TERCERO: CONDENAR a la demandada al pago de costas y agencias en derecho en cuantía de medio salario mínimo legal mensual vigente.

CUARTO: CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a la demandante las sumas de dinero sobre los que verse esta sentencia debidamente indexados, indexación que empezará a

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Radicación n.° 94346 correr a partir del momento que debió realizar el respectivo pago hasta el momento en que efectivamente pague.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandante y Almacafé, mediante providencia del 29 de octubre de 2021, modificó la decisión de primera instancia de la siguiente manera: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de

Bogotá D.C., el 19 de noviembre de 2020, en el entendido que no se condenará al pago de las diferencias de las cesantías y se condenará al pago de la indemnización moratoria por no pago de salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato por valor de $89.040.000 y al pago de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera sobre la suma de $43.248.422, a partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta la fecha en que se verifique el pago.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada en todos los demás aspectos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico en determinar si a la demandante le asistía el derecho para beneficiarse de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa accionada y Sintrafec. Precisó como hechos indiscutidos que la demandante laboró al servicio de Almacafé por el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 2011 y el 30 de agosto de 2019,

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Radicación n.° 94346 mediante un contrato de trabajo a término indefinido; y que no se encontraba afiliada a la organización sindical Sintrafec, ni se había adherido al convenio colectivo para ser beneficiaria. Adujo que se atendría a la jurisprudencia de esta Corte, vertida en las sentencias CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 35134 y CSJ SL, 12 may. 2005, rad. 24197, entre otras, en las que se estudió la extensión de las convenciones colectivas de trabajo a todos los trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia sin distinción alguna y sin importar si el sindicato era o no minoritario, o si el trabajador estaba afiliado al mismo y realizaba el pago de las respectivas cuotas sindicales, de las que transcribió algunos apartes. Posteriormente, hizo lo propio con la providencia CSJ SL12603-2017. Así precisó que la extensión de la convención colectiva a todos los trabajadores de la Federación y de Almacafé «fue una decisión unilateral del empleador lo que no podía confundirse con los casos en que la aplicabilidad de la convención era procedente por mandato legal»; de manera que quien alegara la inaplicación del convenio a un trabajador, debía probar que con arreglo al mismo se encontraba excluido. Por tanto, dijo, quedaba desvirtuado el argumento de la sociedad apelante frente a la no aplicación automática de la convención, y que en consecuencia a la trabajadora sí le asistía el derecho a beneficiarse de los acuerdos colectivos,

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Radicación n.° 94346 máxime que tal beneficio se había pactado inicialmente en el artículo 40 de la CCT de 1965, y reiterado en las convenciones siguientes. Recalcó que así se había plasmado en los artículos 13 y 15 de los acuerdos extralegales de los años 1988 y 1990, respectivamente, dejando en claro que continuaban vigentes las estipulaciones de las convenciones colectivas y laudos arbitrales anteriores que no hubiesen sido derogados, modificados o sustituidos; y que igualmente así se determinó en los artículos 1 del laudo arbitral de 1986 (f° 302), 8 de la CCT 1992 (f° 323), 7 de la CCT de 1994 (f° 336), 13 de la CCT de 1996 (f° 346) y 11 de la CCT de 1998 (f° 353). Acto seguido, frente al carácter salarial de la prima de vacaciones y a la reliquidación de las cesantías, después de aludir al artículo 128 del CST y a la cláusula 2 de contrato de trabajo, precisó que en este último se pactó que «cualquier remuneración distinta al salario como primas no constituiría salario», a pesar de que en el artículo 9 de la convención colectiva de 1996, «se consideró que la misma tendría carácter salarial». Así que para poder ser beneficiario del régimen convencional se requería tener la condición de trabajador, y en esa medida, como desde el mismo contrato de trabajo se acordó entre las partes que «cualquier otro ingreso que tuviera

la trabajadora como primas no constituiría salario, se tiene que la prima extralegal de vacaciones», cuya procedencia y pago se determinó como procedente por el a quo, «no podía

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Radicación n.° 94346 considerarse en la parte mencionada como constitutiva de salario», razón por la cual procedía a revocar la decisión en ese aspecto. Para terminar, y en lo relacionado con el pago de las indemnizaciones moratorias, afirmó que «no se podía evidenciar buena fe al desconocer el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia, de vieja data, respecto de la aplicación de la convención colectiva a todos los trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros»; pues tal y como lo había precisado la juez, la indemnización moratoria no era automática y para ello debía analizar si la conducta de la empleadora estuvo acompañada de buena fe. Al efecto, en primer lugar, transcribió el siguiente aparte de la sentencia CSJ SL327-2018. Ha dicho la Sala de Casación Laboral en innumerables oportunidades, que la sanción moratoria no es automática, sino que, para su aplicación, el juez debe analizar si la conducta del demandado permite comprobar que su actuación estuvo acompañada de buena fe, tal como se ha repetido recientemente en los fallos CSJ SL6621-2017; CSJ SL13050-2017; CSJ

SL13050-2017; CSJ SL13442-2017; CSJ SL8216-2016 y CSJ

STL10313-2017). La decisión del Tribunal, al respecto, se basó en el siguiente razonamiento: En el caso de autos la empresa demandada se excusó, a fin de

no reconocer las prestaciones extralegales, en que la actora no era beneficiaria de las estipulaciones convencionales por no pertenecer al sindicato y en que este último, a su vez, era minoritario. Razonamiento, que en principio, podría haber tenido acogida dado que el alcance de los textos convencionales al interior de la Federación Nacional de Cafeteros eran dudosos dadas las circunstancias en que se desarrolló el litigio. Sin embargo, este debate de naturaleza jurídica ya fue resuelto de tiempo atrás por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia […]

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Radicación n.° 94346 Por lo tanto, no es de recibo para la Sala que años después de haberse resuelto el dilema sobre el alcance de las disposiciones convencionales, declarando que las mismas se hacen extensivas a todos los trabajadores, pretenda la empresa demandada excusarse de sus obligaciones alegando las mismas justificaciones con las que se viene defendiendo hace años. Este grave desconocimiento al precedente judicial impone en cabeza de la demandada la deprecada indemnización. El raciocinio del juzgador de apelaciones no contiene, bajo ningún aspecto, un error de carácter protuberante que conduzca a su quiebre pues, al contrario, concluye juiciosamente que la conducta de la demandada obedece a una rebeldía en contra de los lineamientos que ha trazado la Sala en torno al tema debatido. En efecto, en forma clara la Corte en la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 35134, en la que frente a este puntual aspecto citó la CSJ SL, 12 may. 2005, rad. 24197 y otras cuyos

números de radicación no identifica y que constituyen pronunciamientos anteriores a los alegatos que desde la contestación de la demanda viene aduciendo la demandada, señaló: […] Así las cosas, observa esta Sala, que desde los años 2006, esta Corporación de manera didáctica y reiterativa ha explicado al censor las razones jurídicas para la aplicación de la convención colectiva y, muy a pesar de ello, aquél insiste en inaplicarla a sus trabajadores sin justificación alguna, conducta no constitutiva de buena fe. Y con fundamento en lo anterior, concluyó que no era posible evidenciar buena fe de la demandada, pues venía inaplicando el precedente que se tenía por sentado desde el año 2006, el cual contempla la aplicación de la convención colectiva a todos los trabajadores y, por tanto, debía revocar la decisión absolutoria respecto del reconocimiento y pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST y en su lugar, imponerla en razón de un día de salario por cada día de mora por los primeros 24 meses y a partir del mes 25, de acuerdo con la tasa máxima de interés para créditos de libre inversión certificada por la superintendencia.

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Radicación n.° 94346 Finalmente, precisó que no era viable el otorgamiento de la «sanción por la no consignación de las cesantías por cuanto se determinó improcedente la reliquidación de éstas».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Almacenes Generales de Depósito de Café S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte,

se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del Juzgado y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones.

En subsidio solicita la casación «en cuanto impuso la condena moratoria y los intereses de mora», para que en sede de instancia confirme lo decidido por el sentenciador de primer grado en cuanto a estos conceptos. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los cuales la demandante presenta réplica. A pesar de que los cargos están orientados por vías diferentes, teniendo en cuenta que se acusan similares disposiciones, la argumentación se complementa y se persigue el mismo fin, la Sala abordará su estudio de manera conjunta.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa por la vía indirecta la «aplicación indebida de los artículos 362, 400, 467, 470 (art. 37 D. 2351/65), 471 (art. 38

D. 2351/65) del CST; 68 de la ley 50 de 1990; 60, 61 del CPT y SS como violación medio».

Aduce que la violación de la ley es consecuencia de que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, en forma contraria a la evidencia, que para ser beneficiaria de la convención colectiva de trabajo vigente en la demandada, bastaba ser trabajadora de la misma sin obligación complementaria alguna, esto es, sin ser afiliada al sindicato, sin que el sindicato fuera mayoritario y sin tener que

pagar al sindicato la cuota de beneficio.

2. Dar por demostrado, en forma contraria a la evidencia, que de la lectura de las cláusulas convencionales en las que se apoya el Tribunal, resulta procedente “aplicar la convención colectiva para todos los trabajadores sin distinción alguna y sin importar si el sindicato era o no minoritario o si el trabajador estaba afiliado al mismo y realizaba el pago de las respectivas cuotas sindicales”.

3. Concluir en forma contraria a la realidad que “la extensión de la convención colectiva a todos los trabajadores de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS y ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A., fue una decisión unilateral del empleador”.

4. Concluir, sin respaldo probatorio alguno, que discrepar de una posición consignada en una decisión de esa Honorable Sala, configura una conducta de mala fe.

5. Concluir que “no es posible evidenciar buena fe, cuando la demandada viene inaplicando el precedente que se tiene por sentado desde el año 2006”.

6. No dar por demostrada, estándolo, la buena fe de la demandada.

Relaciona las siguientes pruebas como mal apreciadas:

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Radicación n.° 94346 Convenciones colectivas de trabajo suscritas por la entidad demandada y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el sindicato de sus trabajadores SINTRAFEC en los años 1965 (cláusula 40), 1976 (31), 1978 (33), 1980 (28), 1982 (27), 1984 (16), 1988 (13), 1990 (15), 1992 (8), 1995 (7), 19916-1997

(13), 1998-1999 (11). (Anexos de la demanda en el cuaderno 1).

2. Laudo arbitral proferido en 1986. (Anexo de la demanda en el cuaderno 1).

Afirma que, de acuerdo con la estipulación 40 de la convención colectiva de 1965, los trabajadores no afiliados al sindicato debían manifestar su voluntad de acogerse a ella para acceder a los beneficios derivados de la misma; pero que, en la siguiente, esto es, la de 1976, a dicha cláusula se le adicionó un párrafo según el cual a los trabajadores no afiliados que se beneficiaran de la convención «se les harán con destino a Sintrafec, las retenciones que autorice la ley y esta convención». Agrega que el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 prevé que los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse del acuerdo extralegal, deben pagar al sindicato durante su vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria que cancelan los afiliados a la organización sindical y, que, por tanto, los subordinados que no realizan este aporte, no se favorecen de las convenciones, contrario a lo que concluyó el Tribunal. Asevera que en el presente asunto confluye una disposición convencional con una legal, pues a esta última remite la propia convención, la cual muestra lo siguiente: i) que los beneficios de la convención se hacen extensivos a los trabajadores no sindicalizados sin necesidad de afiliarse a la

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Radicación n.° 94346 organización; ii) que la amplificación de tales beneficios opera

solamente en las condiciones y términos indicados en el acuerdo extralegal; iii) que a los trabajadores afiliados se les debe hacer la retención que autoriza la ley y la convención, previsión que no depende de la voluntad del beneficiado ni del empleador; por tanto, si no se realiza, no se produce la extensión de los beneficios. Indica que el Tribunal arribó a una conclusión opuesta a la que debió llegar, pues si bien se apoyó en decisiones de esta Corte, «las mismas no son constitutivas de jurisprudencia dado que dirimen una lectura de un elemento probatorio y no de un texto legal», ya que las cláusulas convencionales, aunque «son muy importantes» no alcanzan un rango de ley, por lo que los pronunciamientos en torno a ellas no tienen aplicación general, puesto que se restringe al ámbito de aplicación de la convención. Recalca que en la cláusula 11 de la convención de 19981999 se ratificó lo relacionado con el aporte con destino al sindicato, aclarando que «para el efecto “se procederá de acuerdo a la ley”, lo cual remite de nuevo al artículo 68 de la Ley 50 de 1990». Manifiesta que el yerro endilgado obedece a la falta de lectura de un párrafo de la cláusula convencional y no a un error de interpretación, por lo que descarta la aplicabilidad del criterio de favorabilidad y aduce que, de la «lectura normal» de las cláusulas convencionales objeto del litigio se desprende que el pago de la cuota por beneficiarse de la

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Radicación n.° 94346 convención es obligatorio para los trabajadores no afiliados al sindicato y, por tanto, «de no o existir el pago de esas cuotas, aspecto no debatido en el proceso, es que he dicho trabajador o trabajadora no tiene acceso a los beneficios de la convención colectiva», lo que significa que la demandante nunca adquirió las primas extralegales por las cuales se impartió condena. Aunado a lo anterior, y con el fin de demostrar el tercer yerro enlistado, indica que el sentenciador de alzada erró al afirmar que el empleador estableció unilateralmente el beneficio, como quiera que la «esencia de una convención colectiva es la bilateralidad». Califica este desatino como gravísimo porque ello supone que el sentenciador no vio todas las convenciones aportadas al expediente, las cuales están suscritas por el empleador y los representantes sindicales. Para argumentar los «últimos tres yerros fácticos» relacionados con la conclusión del Tribunal, según la cual el empleador obró de mala fe al no reconocer las primas extralegales, expone que el argumento del fallador se resume en que «como el tema del proceso ya ha sido decidido por la H. Corte Suprema, actuar en forma contraria constituye una conducta de mala fe». Al respecto anota que no se tuvo en cuenta la presunción constitucional de buena fe y se cuestiona si está prohibido tener un criterio distinto a lo decidido por el órgano de cierre de la jurisdicción laboral y si esto, per se, es suficiente para desvirtuar la presunción mencionada.

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Radicación n.° 94346 Termina diciendo que las explicaciones anteriores evidencian argumentos razonables para pedirle a la Corte una reconsideración sobre la lectura que ha tenido de las cláusulas convencionales bajo revisión; y que no se puede concluir que la actitud de la demandada haya sido injustificada, infundada, caprichosa y terca, pues tiene razones serias que no pueden calificarse como constitutivos de mala fe.

VII. RÉPLICA La señora Laura María Carvajal Gómez se opone al cargo al precisar que la jurisprudencia ha dejado sentado que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible o evidente; que de las convenciones reseñadas como mal apreciadas se desprende que se deben aplicar a todos los trabajadores sin discriminación alguna; y que las decisiones de esta Corte ha dicho que si la voluntad de los contratantes hubiese sido condicionar la aplicación de la convención para aquellos trabajadores no sindicalizados al pago de las cuotas, así se hubiese expresado de manera nítida, como por ejemplo en sentencia CSJ SL, 25 sep. 2012, rad. 38463.

Frente a la indemnización moratoria dice que en el plenario no obra prueba de la razón por la cual la empresa empleadora no pagó a la demandante inicial los beneficios colectivos, «máxime cuando a la fecha de la celebración del contrato de trabajo y a la terminación del mismo […] la patronal conocía las sentencias», en las que la Corte Suprema ha reiterado y explicado que las convenciones deben

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Radicación n.° 94346 aplicarse a todos los trabajadores y, pese a ello, la empresa

«insiste en inaplicarlas alegando siempre los mismos argumentos» (CSJ SL, 31 mar. 2009), pues la accionada insiste en desatender el criterio jurisprudencial reiterado desde el año 2006.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria por la vía directa «del artículo 20 de la Constitución Política; por interpretación errónea del artículo 65 del CST (art. 29 ley 789 de 2002); por aplicación indebida de los artículos 362, 400, 467, 470 (art. 37 D. 2351/65), 471 (art. 38 D. 2351/65) del CST; 68 de la ley 50 de 1990».

Relaciona como errores jurídicos cometidos por parte del Tribunal los siguientes: i) haber concluido que «el desacuerdo con el precedente jurisprudencial constituía mala fe» y, ii) haber entendido que «la falta de pago de un rubro extralegal generaba sanción moratoria». Para sustentar el primer yerro manifiesta que en gran medida está explicado en el cargo anterior, pero como puede entenderse que involucra alguna connotación jurídica, lo ataca también por la vía directa. Afirma que el Tribunal castigó «la libertad de pensamiento y de expresión prevista en el artículo 20 de la Constitución», pues disentir «es lícito, en particular cuando la discrepancia se respalda (como en el caso presente) con

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Radicación n.° 94346 argumentos atendibles»; que decretar la mala fe por el hecho de disentir de un pronunciamiento de la Sala Laboral.

En cuanto el segundo error, esto es, el haber entendido que la falta de pago de un rubro extralegal generaba indemnización moratoria, indica que el juez de segundo grado extendió «una medida punitiva a conductas no consagradas en la norma que prevé la sanción», pues el artículo 65 del CST condena la falta de pago de salarios y prestaciones debidas al trabajador en el momento de la terminación del contrato de trabajo, cuando exista mala fe, y refiere que «es obvio que la norma se refiere a los salarios y prestaciones legales, sencillamente porque una ley no puede contemplar lo que pueda existir por vía extralegal». Aunado a lo anterior, expresa que, los dineros que en el presente asunto dejaron de pagarse no constituyen salario ni prestaciones legales; que las vacaciones no tienen tal naturaleza por lo que el pago de la prima de vacaciones tampoco puede tener tal naturaleza, sencillamente por ser accesoria al derecho a las vacaciones; y que la prima extralegal no se encuentra calificada en la convención como salario ni como prestación social.

IX. RÉPLICA La accionante se opone a la prosperidad del cargo argumentando que no se castiga la libertad de pensamiento de la empresa, sino que la convocada no demostró razones válidas para dejar de reconocerle las prestaciones

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Radicación n.° 94346 convencionales pese a que conoce los pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte referentes al tema.

X. CONSIDERACIONES Atendiendo los planteamientos de los dos cargos, a la Sala le corresponde resolver los siguientes problemas

jurídicos:

1. Determinar si el Tribunal se equivocó al considerar que el artículo 40 de la convención colectiva de trabajo suscrita en 1965 es aplicable a los trabajadores no sindicalizados, independientemente de que los acuerdos convencionales suscritos con posterioridad, especialmente la CCT de 1976, hubiera previsto que a los trabajadores no afiliados que se beneficiaran de la convención «se les harán con destino a Sintrafec, las retenciones que autorice la ley y esta convención». ii) Establecer si el sentenciador de segundo grado se equivocó al imponer la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST, al discernir que la conducta de la demandada estaba desprovista de buena fe por desconocer el criterio sentado por esta Corte, según el cual la CCT se aplica a todos los trabajadores, incluidos los no afiliados a la organización sindical. iii) Elucidar si es procedente imponer la aludida indemnización por el no pago de prestaciones de orden extralegal.

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Radicación n.° 94346 Por lo tanto, se abordará el estudio de los temas en el orden antes referido. i) Beneficios convencionales a trabajadores no afiliados a la organización sindical que suscribió la CCT. El sentenciador de segundo grado fundamentó su decisión esencialmente en que, según la jurisprudencia de esta Corte (CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 35134 y CSJ SL, 12 may. 2005, rad. 24197, CSJ SL12603-2017. entre otras), los beneficios convencionales se extienden a todos los

trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia sin distinción alguna y sin importar si el sindicato era o no minoritario o si el trabajador estaba afiliado al mismo y realizaba el pago de las respectivas cuotas sindicales, para lo que transcribió algunos apartes de las providencias aludidas. Agregó que la extensión de los beneficios convencionales a todos los trabajadores, «fue una decisión unilateral del empleador» y «que no podía confundirse los casos en que la aplicabilidad de la convención era procedente por mandato legal»; de manera que quien alegaba la inaplicación de la convención a un trabajador, debía probar que aquel se encontraba excluido; por tanto, la demandante era titular de los beneficios convencionales, conforme lo estableció inicialmente el artículo 40 de la CCT de 1965 el cual se había reiterado en los artículos 13 de la CCT de 1988, 15 de la de 1900, 1 del laudo arbitral de 1986, 8 de la CCT

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Radicación n.° 94346 1992, 7 de la de 1994, 13 de la de 1996 y 11 de la de 1998. Por su parte, la censura señala que para que la demandante fuera beneficiaria de las prerrogativas extralegales debió haber realizado los aportes establecidos en las convenciones colectivas de 1976 y 1998, pues la extensión de los beneficios solo opera en la forma y términos indicados en el acuerdo convencional; y que la retención debió efectuarse en la forma autorizada en la ley,

específicamente, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 50 de 1990. Insiste en que «de no o existir el pago de esas cuotas, aspecto no debatido en el proceso, es que dicho trabajador o trabajadora no tiene acceso a los beneficios de la convención colectiva». Igualmente, predica que el juez plural erró al afirmar que el empleador estableció unilateralmente el beneficio, por cuanto la esencia de una convención colectiva es la bilateralidad, por lo que se supone que no vio todas las conv