CSJ - SL2087-2019

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Lahoral Sala de Desconyestión N.” 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL2087-2019 Radicación n.” 63722 Acta 18 Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la demandante INGLENTINA SALAS CELEDÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 18 de abril de 2013, en el proceso que instauró en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES,, al que se vinculó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIALCAJANAL EN LIQUIDACIÓN hoy UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL - UGPP.

SCLAJPT-10 V.0O Radicación n.” 63722 e ANTECEDENTES Inglentina Salas Celedón solicitó se condenara al Instituto de Seguros Sociales: hoy Colpensiones, en forma principal, al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 1 de noviembre de 2008, junto con las mesadas adicionales y reajustes de ley, de conformidad con la Ley 100 de 1993 artículos 33 y 34; al pago de los intereses moratorios; lo que resulte probado extra o ultra petita y, las

costas. En forma subsidiaria, requirió el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, reglamentada en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, a partir del 1 de noviembre de 2008, fecha de la última cotización, junto con las mesadas adicionales y reajustes de ley. Fundamentó sus peticiones en que: nació el 22 de octubre de 1944 por lo que cumplió 55 años, el mismo día y mes del año 1999; la última cotización la efectúo al ISS el 31 de octubre de 2008, alcanzando un total de 1.042 semanas cotizadas al ISS y a la Caja Nacional de Previsión Social — Cajanal. El 15 de junio de 2011 solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de su pensión, la que le fue negada mediante Resolución n. 11769 de 26 de septiembre de 2011, al considerar que, a pesar de ser beneficiaria del régimen de transición, no cumplia con los

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Radicación n.” 63722 requisitos exigidos por el articulo 1 de la Ley 33 de 1985 y 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Contra tal decisión interpuso «derecho de petición y en subsidio apelación, además de solicitar revisión por nuevos hechos; que se encuentra agotada la reclamación administrativa. El Instituto de Seguros Sociales, al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones. No

aceptó ninguno de los hechos. Propuso la excepción de prescripción, y las que denominó, carencia de causa para demandar, inexistencia del derecho y de la «OBLIGACIÓN RECLAMADO», cobro de lo no debido, «BUENA DE DEL ISS» (sic), inexistencia de intereses moratorios e indexación y, la innominada o genérica (f. 30-34 cuaderno principal). En proveído calendado el 27 de julio de 2012, el juzgado de conocimiento dispuso vincular al proceso como litis consorte necesario a la Caja Nacional de Previsión Social — en liquidación (f. 60-61 cuaderno principal), entidad que al dar respuesta al libelo inicial, solo aceptó: la fecha de nacimiento de la actora del juicio y presentó oposición a todos los pedimentos. Propuso como excepciones de fondo las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, «Sobre la indexación, no pago de los intereses moratorios y la genérica (£. 116-121 cuaderno principal).

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IL SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., concluyó el trámite y emitió fallo el 27 de febrero de 2013 (£. 140 CD y 141-149 cuaderno principal) en el que resolvió: PRIMERO: CONDENAR a CAJANAL - en liquidación a reconocer y pagar a la demandante Inglentina Salas Celedón una pensión de jubilación por aportes en cuantía de $958.078.11 a partir del mes

de noviembre del 2008. Igualmente condenar a CAJANAL en liquidación a reconocer Yy pagar a la mencionada persona por concepto de retroactivo pensional indexado la suma de $66.435.172. Para la financiación de esta condena deberá concurrir el Instituto de los Seguros Sociales en proporción a las semanas que la demandante cotizó al mismo.

SEGUNDO: Se ABSUELVE a la pasiva del reconocimiento y pago de intereses por mora porque en sentir del Juzgado, son excluyentes con la indexación del retroactivo porque tienen el mismo sentido reparador.

TERCERO: Costas a cargo de la parte demandada en igual proporción.

A continuación, en la misma audiencia, aclaró su decisión en el siguiente sentido: Bueno, aquí se dijo que quien debía reconocer y pagar la pensión es CAJANAL — en liguidación, yo creo que sobre eso no hay discusión y que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto, artículos 10 y 11, corresponde a el Instituto de los Seguros Sociales participar en la financiación de la pensión por aportes a qué se condenó en esta oportunidad a Cajanal - en liquidación. Hasta ahí es claro qué esta sentencia compromete los intereses patrimoniales, los recursos del Instituto de los Seguros Sociales, de ahí porque también comporta la condición de condenada en esta sentencia, por supuesto por aplicación estricta del mandato legal, es decir, tiene qué Colpensiones concumir a la financiación del pago no sólo, de la pensión de jubilación por aportes sino, del retroactivo pensional, si es así, también deberá condenarse en costas, que el juzgado justipreció por partes iguales. De esta

manera queda precisado el alcance de la sentencia en los términos solicitados por la apoderada de Colpensiones.

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II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos interpuestos por el Instituto de Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión Social, la

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., profirió fallo el 18 de abril de 2013, en el que dispuso: PRIMERO: Revocar la sentencia de fecha 27 de febrero de 2013, proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar, absolver a Cajanal y a Colpensiones cómo sucesora procesal del Instituto de los Seguros Sociales, de las pretensiones de la demanda, y de conformidad con lo que se acaba de exponer.

SEGUNDO: No imponer costas en esta instancia. Las de primera se revocan y se inponen a la parte demandante.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problema jurídico a resolver, el de establecer si la demandante tiene derecho a la pensión de conformidad con las disposiciones de la Ley 71 de 1988, por acreditar su calidad de beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en caso afirmativo, determinar en cabeza de qué entidad está el reconocimiento y pago del beneficio pensional. A continuación, tuvo por establecido que la demandante nació el 22 de octubre de 1944 y que los 55 años de edad los

cumplió el mismo día y mes del año 1999; que cotizó un total de 201.14 semanas al ISS entre diciembre de 2002 y octubre de 2008 y, un total de 845 semanas aportadas a Cajanal, en

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Radicación n.” 63722 tanto laboró para la ESE Hospital Nuestra Señora de los Remedios, del 1 de mayo de 1971 al 11 de octubre de 1987. A renglón seguido, en punto al reconocimiento de la prestación solicitada, estableció: De conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las mujeres que como la demandante tenían a 1 de abril de 1994 más de 35 años de edad, tienen derecho a que por vía de transición se les aplique el régimen pensional anterior a la Ley 100 en el que estaban inscritas; en el presente asunto, se absolverá a la parte demandada, en la medida en que la actora invoca el reconocimiento de su pensión con fundamento en un régimen pensional en el que no se encontraba afiliada y que, por lo tanto, no tenía la expectativa de pensionarse, toda vez que, para el 1 de abril de 1994 no contaba con cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales ya que, conforme se dejó sentado en los hechos probados con anterioridad a esta fecha, 1 de abril de 1994, la accionante tan solo reportaba aportes a Cajas de Previsión. En conclusión, la demandante no tiene el derecho a pensionarse de conformidad con las disposiciones de la Ley 71 de 1988 aplicada por vía del régimen de transición, habida consideración

que si bien, realizó aportes a Cajanal, no efectúo cotizaciones al ISS antes del 1 de abril de 1994 para efectos de que se aplique la Ley 71 enunciada, por lo tanto, se habrá de revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar, absolver al ISS de las pretensiones de la demanda. Finalmente, cabe enunciar que queda la decisión adoptada por esta instancia, por lo que se hace innecesario estudiar el recurso de apelación que presenta Cajanal. No se impondrán costas en esta instancia, las de primera se revocan y se imponen a la parte demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, acceda a todas y cada una de las súplicas de la demanda, «por lo que, deberá en consecuencia CONFIRMARSE la sentencia proferida por el A quo, inclusive la respectiva aclaración, proveyéndose en las costas que correspondan según se determinen por esa

Honorable Corporación. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y enseguida se estudia.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar directamente la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, «en armonía con lo

dispuesto en el artículo 151 de la misma normativa»;, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, en relación con lo dispuesto en los artiículos 1, 5, 8 y 10 del Decreto Reglamentario 2709 de 1994; 1 y 2 del Decreto 691 de 1994 y, 25, 48, 53 y 58 de la CN. Señala que se equivocó el ad quem pues la demandante es beneficiaria del régimen de transición y, por tanto, su situación pensional debe definirse bajo las premisas del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, razón por la que no resultaba ajustado a derecho aducir que como la demandante no

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Radicación n.” 63722 realizó cotizaciones al ISS al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, ello le impida alcanzar tal prestación, «Pues la trabajadora estuvo vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como cotizante a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL — CAJANAL, por ende, con derecho a que tales cotizaciones sumadas con las realizadas al ISS le dan derecho a la pensión establecida en la Ley 71 de 1986». Como fundamento de su inconformidad, se apoya en la sentencia CSJ SL, 24 may. 2011, rad. 41830, de esta Corte, la que transcribe en extenso. VIL. RÉPLICA El Instituto de Seguros Sociales refiere que no se equivocó el colegiado de instancia con su decisión en tanto a la demandante no se le puede reconocer la pensión que

pretende, «dado que para el 1 de abril de 1994, esta no había efectuado cotización alguna al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y en esa medida no tenía la expectativa de pensionarse bajo los designios de la ley que augura se aplique a su caso». Agrega que no era el régimen de la Ley 71 de 1988 el que venía acompañando a la demandante a la entada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sino la de la Ley 33 de 1985 al haber acumulado para aquel momento, solo tiempo de servicios en el sector público. Por su parte la Caja Nacional de Previsión Social hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

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8 Radicación n.” 63722 Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP señala, en similares términos en los que lo hace Colpensiones, que como la demandante no estaba afiliada ni cotizó al ISS durante 15 años con anterioridad a 1 de abril de 1994, «es de una claridad meridiana que no tenía vocación legal para el reconocimiento de la “pensión por aportes”. VIIL CONSIDERACIONES Se duele la censura de la interpretación dada por el ad quem al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir de la cual, revocó la decisión de primera instancia que le concedió la pensión de jubilación por aportes a la demandante con fundamento en la Ley 71 de 1988, en razón a que al momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social en Pensiones -1 de abril de 1994no se encontraba afiliada ni cotizando para los riesgos de IVM.

En relación con tal aspecto, el Tribunal encontró que: En conclusión, la demandante no tiene el derecho a pensionarse de conformidad con las disposiciones de la Ley 71 de 1988 aplicada por vía del régimen de transición, habida consideración que si bien, realizó aportes a Cajanal, no efectúo cotizaciones al ISS antes del 1 de abril de 1994 para efectos de que se aplique la Ley 71 enunciada, por lo tanto, se habrá de revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar, absolver al ISS de las pretensiones de la demanda. A partir de tal conclusión la Sala encuentra que, el ad quem equivocó el entendimiento del precepto denunciado, lo que lo condujo a la comisión del yerro jurídico que le enrostra la censura, pues como ya lo ha reiterado en múltiples

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Radicación n. 63722 oportunidades esta Corte, la única intelección adecuada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que permite inferir que, para ser beneficiario del régimen de transición, no es suficiente con tener a 1 de abril de 1994, la edad de 35 o más años si es mujer, 40 0 más años para el caso de los hombres 0, acreditar el tiempo de servicios allí establecido, sino que también se hace mnecesario haber estado afiliado a un «régimen pensional anterior» o, que le fuera aplicable otro régimen aun cuando no requiriera afiliación ni pago de aportes, requisito éste que se encuentra plenamente cumplido por la demandante por lo que, la única conclusión posible es que, sí existía para ella una expectativa legítima

susceptible de protección, contrario a lo que concluyó el juez plural. Sobre el punto en debate, esta Corporación, entre otras en sentencia CSJ SL, 7 nov. 2012, rad. 44670, señaló: El Tribunal reconoció a la demandante la pensión de jubilación de que trata la Ley 71 de 1988, con fundamento en que la cubría el régimen de transición, no obstante, que los aportes efectuados al ISS sólo se habían producido con posterioridad al mes de julio de 1995; circunstancia que, en sentir de dicha Corporación, no aniguilaba la calidad de beneficiaria del régimen, pues éste solo exigía a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el cumplimiento de 35 años de edad, por ser mujer, o 15 años de servicios cotizados, de los cuales la actora colmaba el primero, esto es, la edad. Sobre el tema que trata exclusivamente la acusación, debe decirse que la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, en caso similar al ahora debatido, en sentencia del 24 de mayo de 2011, radicación 41830, en donde para el presente asunto resulta totalmente relevante: En lo que respecta al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que señaló el Tribunal es que, para estar matriculado en él, solo era necesario el cumplimiento de una

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10 Radicación n.” 63722 determinada edad o 15 años de servicios cotizados, lo que no supone un mal entendimiento de la norma, pues eso es lo que se desprende de su inciso primero cuando señala: “La edad para

acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez, de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o quince (15) 0o más años de servicios, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.” Ahora bien, de las consideraciones del Tribunal no se desprende que éste hubiera entendido que por el hecho de estar inmerso el afiliado en el régimen de transición señalado le resultaba aplicable cualquier norma anterior a la vigencia del nuevo sistema general de pensión, como se lo recrimina la censura, pues nada dijo expresamente sobre el punto ni ello, tampoco, cabe suponerlo del hecho que hubiera aplicado la Ley 71 de 1988, ya que específicamente sobre esta normatividad estimó que resultaba enteramente aplicable a la demandante toda vez que, consideró, su artículo 7 era claro en afirmar como condición para el otorgamiento de la pensión, el cumplimiento de 20 años de aportes que resaltó podían ser sufragados “en cualquier tiempo, a partir de su vigencia”, sin que se requiriera que los aportes al ISS se hubiesen realizado con anterioridad a la vigencia o con retrospectividad a la Ley 100 de 1993. De manera que no fue que hubiera entendido el sentenciador que, por virtud del régimen de transición, a la actora le resultaba aplicable cualquier norma vigente con anterioridad a la Ley 100 de 1993, sino que, en el caso específico del régimen previsto en el

artículo 7 de la Ley 71 de 1988, resultaba enteramente aplicable porque, a su juicio, las semanas cotizadas al ISS lo podían ser en cualquier tiempo anterior o posterior a la vigencia de la mencionada Ley 100 de 1993. Y es que no aparece tampoco equivocada la tesis del ad quem, pues del hecho que la demandante hasta el 1 de abril de 1994 solo hubiere cotizado en el sector público no deviene inexorablemente que no hubiere estado en la posibilidad de acumular ese tiempo con el cotizado al ISS, en virtud de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, facultad que de ninguna manera podía considerarse truncada por el hecho de haber entrado en vigor el nuevo sistema general de pensiones, si, como ocurre en este caso, la actora quedó SCLAJPT-10 V.00 a Radicación n.” 63722 inmersa en el régimen de transición, que le permitía conservar tal posibilidad. Así las cosas, de la jurisprudencia en cita se desprende que el Tribunal incurrió en los errores que le endilga la recurrente, por lo que prospera el cargo y, en consecuencia, se impone casar el fallo acusado. Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA El a quo encontró que la demandante ostenta la calidad de beneficiaria del régimen de transición tanto por la edad como por el tiempo de servicio laborado a 1 de abril de 1994, pues para dicha calenda contaba con más de 40 años de edad y 15 años de servicios; sin embargo, estableció que no podía ser reconocida su prestación pensional con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por no acreditar las

1.250 semanas de cotización exigidas para tal efecto, en tanto, tan solo alcanzó un total de 1.046.85. Por lo anterior, adelantó el estudio de las pretensiones subsidiarias encaminadas al reconocimiento de la pensión de conformidad con el art. 7 de la Ley 71 de 1988, frente a la cual encontró plenamente cumplidos los requisitos por la demandante y, para efectos de establecer la entidad administradora que debía proceder al reconocimiento y pago,

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Radicación n. 63722 se remitió a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 y, concluyó: Con base en esta disposición deberá ser Cajanal - en liquidación la que asuma el pago, el reconocimiento y pago de esta pensión por aportes por la sencilla razón que, al Instituto de los Seguros Sociales apenas alcanzaron a cotizar 201.14 semanas, mientras que el tiempo de servicio cotizado a Cajanal fue del orden de 845.7 semanas, es decir, es el elemento que define el reconocimiento del derecho pensional, 845.7 semanas. Posteriormente, en la misma diligencia y por solicitud de aclaración que elevara la apoderada judicial de la demandada Colpensiones, precisó: Bueno, aquí se dijo que quien debía reconocer y pagar la pensión es CAJANAL — en liquidación, yo creo que sobre eso no hay discusión y que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto, artículos 10 y 11, corresponde a el Instituto de los Seguros Sociales participar en la financiación de la pensión por aportes a qué se condenó en esta oportunidad a Cajanal - en liquidación.

Hasta ahí es claro qué esta sentencia compromete los intereses patrimoniales, los recursos del Instituto de los Seguros Sociales, de ahí porque también comporta la condición de condenada en esta sentencia, por supuesto por aplicación estricta del mandato legal, es decir, tiene qué Colpensiones concumrir a la financiación del pago no sólo, de la pensión de jubilación por aportes sino, del retroactivo pensional, si es así, también deberá condenarse en costas, que el juzgado justipreció por partes iguales. De esta manera queda precisado el alcance de la sentencia en los términos solicitados por la apoderada de Colpensiones. Contra tal decisión interpuso recurso de apelación la Caja Nacional de Previsión Social — Cajanal en liquidación, que fincó su inconformidad en los siguientes aspectos: 1) entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión a la demandante, ii) improcedencia de la indexación ordenada respecto del retroactivo pensional reconocido por el a quo y, ili) no procedencia de condena en costas.

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Radicación n. 63722 En ese orden resolverá esta Sala, como Tribunal de instancia, las inconformidades planteadas por esta entidad recurrente. 1.- Entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes. Encontró el fallador de primera instancia, que tal obligación recaía en cabeza de la Caja Nacional de Previsión Social hoy UGPP, por haber sido en ella en la que se realizaron el mayor número de aportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994.

La entidad impugnante señala, por el contrario, que: Como ya se indicó, respecto a mi defendida no existe obligación alguna de reconocer y pagar la prestación solicitada en el actual asunto, pues como el mismo actor lo confiesa en los hechos de la demanda, los tiempos cotizados que sirven de base para reclamar la pensión de jubilación por aportes reposan en el fondo de Instituto de Seguros Sociales por lo que la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL ElCE - en liquidación, no es la llamada a responder por las eventuales condenas que se generen, derivadas de la obligación de reconocer la mentada prestación. Ahora bien, es importante indicar que se debía condenar únicamente en la cuota parte. Igualmente, cabe resaltar que para la entidad de previsión social que sea condenada al reconocimiento pensional, el cotizante debió aportar a esta última la mayoría de los tiempos de cotización y haber sido la última entidad de previsión social donde se realizaron los aportes, caso que no es el actual ya que en mi defendida sólo se cotizaron 845 días. -

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Radicación n.” 63722 Sobre tal cuestionamiento, no es objeto de controversia, como lo estableció el juez de primera instancia, que la demandante laboró al servicio de la ESE Hospital Nuestra Señora de los Remedios de La Guajira, entre el 1 de mayo de 1971 al 11 de octubre de 1987, esto es, 16 años, 5 meses y 10 días que equivalen a 845.7 semanas, que fueron aportadas a la Caja Nacional de Previsión Social — Cajanal (f.

50-59 cuaderno de instancias). Posteriormente, el 1 de diciembre de 2002, realiza aportes al Instituto de Seguros Sociales por un total de 201.14 semanas (f. 44 cuaderno de instancias). Así las cosas, la controversia gira en torno a la intelección dada por el a quo al artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, que permite establecer cuál es la entidad de previsión pagadora en este caso y que corresponde a la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes. Sobre tal aspecto, se equivoca el juzgado cuando establece que la prestación pensional estaría a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP, pues si bien es cierto, la última entidad a la que cotizó la demandante fue al Instituto de Seguros Sociales,- hoy Colpensiones, en la que no alcanzó el mínimo de 6 años de aportes exígídós por la norma, toda vez que como se observa de la historia laboral del folio 19, las cotizaciones allí realizadas lo fueron del 1 de diciembre de 2002 al 31 de octubre de 2008, esto es, por espacio de 5 años, 10 meses y 30 días, esta Corporación en sentencia CSJ SL

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Radicación n. 63722 18611-2016, indicó que el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes corresponde a la última entidad a la que el afiliado realizó cotizaciones, sin importar si el tiempo cotizado a ella es inferior a 6 años, sin perjuicio

de que posteriormente esta obtenga el pago del cálculo o reserva actuarial a que haya lugar. Al respecto, señaló: A las razones expuestas en sede de casación, que resultan aplicables en instancia dado que el argumento usado para despachar desfavorablemente la pretensión de la actora, es el mismo que esgrimió el ad quem, debe abordarse el tema relativo a la legitimación en la causa de la entidad enjuiciada, dada la preceptiva del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, en tanto, como quedó definido en las instancias, la demandante cotizó al Instituto de Seguros Sociales durante dos períodos, a saber: 1) desde el 1? de enero de 1996 hasta el 3 de mayo de 2001, y 2) entre el 1 de junio y el 31 de agosto del mismo año; es decir, 5 años, 7 meses y 3 días, de suerte que no alcanzó a completar los 6 años exigidos por dicha norma para que sea la última entidad de previsión o de seguridad social la que deba reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes. Es decir, procedería declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Así lo tiene adoctrinado esta Sala de Casación, por ejemplo, en sentencia 33332 de octubre 7 de 2008, reiterada en el fallo CSJ SL-4523-2015, rad. 49533, de 15 de abril de 2015. Sin embargo, la Sala considera necesaria la revisión de su doctrina actual, a partir de la consideración de los principios de universalidad, unidad y eficiencia del sistema de seguridad social integral, cuya consagración y aplicaciónn ha permitido un

entendimiento diferente del contenido y los alcances del derecho de la seguridad social. Como es bien sabido, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debido a la existencia de múltiples microsistemas pensionales administrados por diferentes entidades, el radio de acción de cada una de estas se hallaba limitada al conjunto de los afiliados que cumplieran las exigencias del respectivo régimen. En tal virtud, cada entidad solo era responsable del reconocimiento de las prestaciones a las personas afiliadas a cada uno de

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Radicación n.” 63722 aquellos, de suerte que su competencia Yy responsabilidades no sobrepasaban la frontera impuesta por dicha regulación. En vigencia de la Ley 100 de 1993, los principios arriba mencionados son transversales a toda la reglamentación expedida, pues lo que se procuró fue articular un sistema único que propenda por extender la cobertura, y por atender las necesidades de los usuarios de la manera más rápida y eficiente posible, ya no bajo un esquema de pluralidad de entidades y beneficios, sino en busca de aproximarse cada vez más a un único modelo, en cuanto a requisitos y beneficios, de suerte que no sea una entidad la que deba responder por las prestaciones establecidas, sino de diseñar un sistema único, que tenga la responsabilidad de concederlas, desde luego, en la medida en que se satisfagan los requisitos legales. En ese horizonte, conviene tener en cuenta que, a pesar de la creación del sistema de ahorro individual en contraposición al de reparto simple, de antaño existente, el propósito de lograr un modelo único y sistémico se manifiesta, en primer lugar, en la

posibilidad de trasladarse de un régimen a otro, y de regresar al inicial. En el mismo sentido, mediante el artículo 33 se actualizó la viabilidad de sumar semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, inclusive las aportadas a cajas de previsión del sector privado que antes de la Ley 100, tenían a su cargo el otorgamiento de la pensión. Pero además, dispuso tomar en cuenta tiempos de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los prestados en regímenes exceptuados, así como de trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, y de aquellos que no fueron afiliados por omisión del empleador. El traslado de recursos entre empleadores y entidades, ha sido el mecanismo más adecuado al propósito de facilitar la obtención de la prestación pensional cuando una persona ha pertenecido a uno y otro sistema o modelo pensional, de suerte que la entidad que deba reconocer la prestación disponga de los fondos requeridos para asumir su pago, provenientes de aquellas en las cuales el trabajador ha depositado las cotizaciones respectivas. En términos de esta Sala de Casación, el sistema integral de seguridad social posibilita «que ese tiempo sea computado en cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100, siendo de cargo de la entidad pública respectiva o de la Nación según el caso, el traslado de los recursos necesarios para convalidar esos tiempos frente a la seguridad social de conformidad con la ley, es decir, mediante la expedición de un bono o título pensional» (CSJ

SL, 19 oct. 2011, rad. 41672; CSJ SL, 21 mar. 2012, rad. 42849). 17 SCLAJPT-10 V.0O Radicación n.” 63722 En claro lo anterior, es necesario estimar que siendo el sistema el que debe responder por la pensión, pierde importancia determinar a cuál entidad le corresponde resolver sobre su reconocimiento y efectuar el pago de las mesadas, eso sí sin pe