CSJ - SL2087-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2087-2024 Radicación n.° 98374 Acta 27 Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por SALUD TOTAL EPS S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 5 de octubre de 2022, corregida mediante proveído del 10 de noviembre de la misma anualidad, en el proceso ordinario laboral que instauró en su contra

GUSTAVO ALBERTO SALAZAR ARIAS.

I. ANTECEDENTES Gustavo Alberto Salazar Arias demandó a Salud Total EPS S. A., con el fin de que se declare que: i) entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 4 (sic) de febrero de 2003 hasta el 13 de noviembre de 2015; ii) las sumas mensuales percibidas en vigencia de la

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Radicación n.°98374 relación laboral a título de: «incentivo auxilio de transporte y/o alimentación extra legal, Fondo de Pensiones Voluntarios Protección, plan de beneficios o beneficio», son constitutivas de salario; iii) la demandada no tuvo en cuenta todos los créditos laborales causados, por lo que las liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social, indemnizaciones, y demás créditos laborales es errónea. En consecuencia, pidió condenar a la demandada a pagarle las vacaciones, auxilio de cesantía, intereses sobre

éste y primas de servicio, causadas durante la vigencia del vínculo, teniendo en cuenta la totalidad del salario devengado; las indemnizaciones consagradas en los artículos 65 del CST (no consignación de salarios y prestaciones sociales) y 99 de la Ley 50 de 1990 (no consignación total del auxilio de cesantía); el valor dejado de cancelar por concepto de aportes al sistema de seguridad social; los derechos a que hubiere lugar en aplicación de las facultades ultra extra petita; y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que estuvo vinculado laboralmente con la demandada desde el 3 de febrero de 2003 hasta el 13 de noviembre de 2015, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desempeñando inicialmente el cargo de médico supernumerario de la sucursal de la pasiva en la ciudad de Manizales (Caldas); que la remuneración mensual se estableció inicialmente en $1.146.015 y por concepto de auxilio de transporte se pactó la suma de $363.120; en

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Radicación n.°98374 diciembre de 2003 celebró un otrosí en el que la demandada estipuló que desde ese mes recibiría beneficios de carácter prestacional, por lo que el salario y los beneficios para diciembre de ese año correspondían a $1.634.000; el 1 de enero de 2005, suscribieron un nuevo otrosí en el que la empresa determinó que podría pagar bonificaciones, subsidios de transporte extralegales y/o de alimentación y o educación, cantidad que podía ser sufragada mediante bonos no constitutivos de salario, los

cuales no se tendrían en cuenta para liquidar cualquier otra erogación de carácter laboral. Que de igual manera, en el último otrosí la EPS estableció que anualmente elaboraría un plan de bonificación de mera liberalidad, el cual daría a conocer a los empleados cada año; que para el 1 de enero de 2006 se suscribió otra modificación al contrato laboral, en la que se determinó que las bonificaciones anuales que le iban a pagar, serían las consignadas en el denominado Políticas Anuales de Unificación del Área de Salud; y que mediante documento rotulado Medidas de Seguridad, el 1 de septiembre de ese mismo año, Salud Total EPS modificó el convenio laboral. Afirmó que para los días 16 de enero y 1 de febrero de 2008, la pasiva fijó de nuevo beneficios mensuales de carácter prestacional no constitutivos de salario; quedando como suma mensual por concepto de salario y beneficios $3.098.448, monto del cual $1.549.224 correspondían a los segundos; el 9 de junio de esa anualidad, en un nuevo

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Radicación n.°98374 otrosí, se estableció el disfrute, goce, uso y tenencia de un computador portátil a su favor. Expuso que el 2 de febrero de 2009, en otro cambio, la accionada dejó constancia de que él renunció al incremento salarial consagrado en el artículo 3 del pacto colectivo de trabajo, documento en el que adicionalmente, estableció un incremento de los beneficios en porcentaje del 5,38% de la

remuneración total, según las políticas del plan de remuneración con beneficios; que para el 1 de agosto de 2010, se instituyó una retribución de $1.959.000 como salario y $1.306.000 como no constitutivos de aquel; y para el 1 de septiembre de ese mismo año, en un nuevo otrosí, se fijó una remuneración total de $2.139.000 como salario y $1.426.000 como beneficios no salariales. Añadió que para el 1 de septiembre de 2010, la EPS decidió modificar la cláusula 4 del contrato inicial, correspondiéndole un salario de $2.495.500 y a título de incentivo o auxilio de transporte y/o alimentación extralegal, la suma de $1.069.500 y un auxilio de transporte en cuantía de $ 274.461; para el 1 de abril de 2011, suscribieron otra modificación, estableciendo que por concepto de salario percibiría $2.224.560 y por beneficios no constitutivos de aquel, $1.483.040; que a partir del 1 de mayo de 2011 prestó servicios profesionales como auditor médico II; y que el 1 de abril de 2012, suscribió un nuevo otrosí, determinando que por salarios recibía $2.291.296 y por rubros no salariales $1.527.531.

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Radicación n.°98374 Recalcó que el 1 de marzo de 2013, se incrementó el auxilio extralegal de transporte en $6.561, cantidad no constitutiva de salario y, además, se suscribió otra modificación en la que se estableció que por concepto de

salario percibía $2.343.960 y por beneficios no constitutivos de este $1.562.640; que el 1 de septiembre de 2013, celebraron otra modificación en la que se determinó que desempeñaría el cargo de director médico II, fijando una remuneración por concepto de salario de $3.373.140 y por el incentivo auxilio de transporte y/o alimentación extralegal, la suma de $2.248.760; el 30 de abril de 2014, suscribieron otra modificación, en la que se precisó una remuneración de $3.457.440 por salario y $2.304.960 por beneficios no salariales; y que el 1 de noviembre de ese mismo año, suscribió otra reforma, quedando el primero en $4.609.920 y los segundos en $1.152.480. Alegó que el 5 de enero de 2015, la demandada le reconoció una bonificación no constitutiva de salario, según los siguientes indicadores i) utilidad operacional, ii) clientes, iii) procesos y iv) gestión humana, para ello se tienen en cuenta los siguientes porcentajes por cumplimiento: 70%. 7%, 15% y 8%, respectivamente; y que el 1 de marzo de 2015, se modificó nuevamente el contrato, quedando el salario en $4.800.000 y como rubros no constitutivos, la suma de $1.200.000. Adujo que la demandada adoptó para todos los empleados de la empresa una política y reglamento que

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Radicación n.°98374 denominó Plan de Beneficios Empleados Salud Total EPS, en

la que se incluyó el siguiente cuadro: BENEFICIOS PROVEEDOR PLANEACIÓN FINANCIERA PERSONAL  Servicio de asesoría personal PACC BENEFICIOS BENEFICIOS DE PENSIÓN, VIDA Y AHORRO  Fondo Corporativo Voluntario de  Skandia-Alianza -Protección Pensiones  Seguro de vida e invalidez  Chubb de Colombia-Liberty  Seguro de exequias  Chubb de Colombia  Ahorro fondo empleados  Secreditos BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN  Vales mercados  Sodexho Pass  Vales restaurante  Sodexho Pass BENEFICIO DE SALUD  Póliza de salud  Liberty-panamerican  Seguro de incapacidad transitorio por  Chubb de Colombia beneficios BENEFICIOS DE EDUCACIÓN  Matriculas/pensiones  individual BENEFICOS DE VIVIENDA  financiación de vivienda  individual  arrendamiento  individual  Póliza del hogar  LibertyRoyal BENEFICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  Vehículos: financiación  Individual  Combustible y mantenimiento primario  Sodexho Pass  Seguros de automóvil  Liberty BENEFICIOS DE VACACIONES Y DESCANSO LABORAL  Plan de vacaciones  Individual  Clubes y centros recreacionales  Individual Señaló que, de acuerdo con las posibilidades brindadas por el empleador, en atención al plan de beneficios, a él le correspondía los siguientes:

BENEFICIOS DE PENSIÓN, VIDA Y AHORRO

 Fondo Corporativo Voluntario de  Skandia-Alianza-Protección Pensiones ó BEN.APORTE VOLUNTARIO CINVENIO  Ben. Salud convenio  (Ser. S.A)  Ben. Seguro  Liberty Recalcó que del 100% del ingreso mensual causado, la demandada deducía un total del 20% como cifra destinada al plan de beneficios; que para liquidar sus créditos laborales (prestaciones sociales, vacaciones, cotizaciones al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, liquidaciones e indemnizaciones) la pasiva solo tuvo en cuenta el 80% del ingreso mensual causado.

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Radicación n.°98374 Arguyó que los aportes voluntarios con destino al fondo privado de pensiones (Protección) eran retirados mensualmente por él los primeros cinco días de cada mes, con el fin de completar su salario y procurar el cubrimiento de los gastos básicos; que desde la suscripción del contrato laboral y sus correspondientes modificaciones, con el denominado plan de beneficios, en la práctica lo que hizo la demandada fue disminuir la base salarial para liquidar el cálculo de las prestaciones sociales y demás créditos laborales. Aseveró que para el año 2015 tenía una remuneración total de $6.000.000, de la cual la accionada solamente le reconoció como base salarial la suma de $4.800.000, pues dejó como constitutivos del plan de beneficios la suma de $1.200.000, cifra no tenida en cuenta para liquidar sus prestaciones.

Señaló que el 13 de noviembre de 2015 decidió terminar el vínculo laboral, momento en el que la empleadora liquidó las prestaciones sociales teniendo en cuenta únicamente un salario base de $4.800.000; que durante la vigencia del contrato, la empleadora fue persistente en no involucrar la totalidad de la remuneración devengada para liquidar sus prestaciones; y que el 1 de febrero de 2016 reclamó sus acreencias sin que hasta el momento de la presentación del escrito inaugural, la empresa hubiese accedido a ello.

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Radicación n.°98374 Al dar respuesta a la demanda (f.° 293 ED), la parte accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió la suscripción del contrato de trabajo con el demandante, los extremos temporales, el cargo desempeñado, y el salario inicialmente pactado, sin perjuicio del reconocimiento de otros rubros no constitutivos de salario. También aceptó la suscripción del otrosí en el que se estableció que las bonificaciones anuales se iban a cancelar al actor, según el documento denominado Políticas Anuales de Bonificación del Área de la Salud; la modificación del contrato mediante documento rotulado Medidas de Seguridad; el otrosí en el que se asignó el computador al actor; el salario pactado para el año 2015; y la terminación del contrato por parte del trabajador. Con relación a los demás hechos, dijo que no eran ciertos, por lo menos en la forma como estaban redactados. Frente a los demás otrosíes indicó que era cierta su suscripción, pero los hechos no estaban descritos en forma correcta.

Como razones de defensa indicó que los beneficios pactados no constituyen salario porque no fueron una retribución directa del servicio prestado por el demandante, dado que se cancelaron mes a mes sin importar las ausencias del trabajador por incapacidades, vacaciones, o cualquier otro tipo de suspensión laboral; que podían ser retribuidos para vehículo, pago de arriendo, costos educativos, y póliza de seguro, entre otros, los cuales no estaban estrictamente relacionados con el estipendio del servicio o la ejecución del objeto del trabajo; que de manera libre y voluntaria el demandante escogió que fueran

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Radicación n.°98374 reconocidos en una cuenta de pensiones voluntaria como estímulo al ahorro, de la que podía hacer uso para aumentar su monto pensional o como inversión; y que se trataba de dádivas extralegales, las cuales tenían connotación de pagos realizados por mera liberalidad. Alegó que, por no tratarse de retribuciones en contraprestación directa del servicio, el pacto de exclusión salarial no tenía reproche alguno; que las prestaciones sociales se liquidaron sobre el 100% del salario, dado que los beneficios no tienen la calidad de ser remunerativos del servicio y, además, fueron objeto de pacto de exclusión salarial. Aclaró que la base establecida como beneficios Concepto 82, también tenía en cuenta para su liquidación otros aspectos tales como: Concepto 81, aporte voluntario empresa semestral; Concepto 91, denominado aporte voluntario empresa; Concepto 112, beneficio aporte mensual voluntario. Finalmente indica que lo pactado atiende los

presupuestos de los artículos 127 y 128 del CST. Propuso las excepciones de fondo que denominó: cobro de lo no debido, pago, compensación, prescripción, buena fe de la demandada, y la genérica o innominada. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 21 de septiembre de 2021, resolvió:

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PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN y NO PROBADAS las excepciones de "COMPENSACIÓN", “PAGO” y "BUENA FE DE LA DEMANDADA" atendiendo a los razonamientos esbozados en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor GUSTAVO ALBERTO SALAZAR ARIAS estuvo vinculado al servicio de SALUD TOTAL EPS-S S.A. merced a un contrato de trabajo, escrito, a término indefinido, que se verificó entre el 3 de febrero de 2003 y el 13 de noviembre de 2015.

TERCERO: DECLARAR que las sumas mensuales percibidas por el trabajador a título de "beneficios o "plan de beneficios" en vigencia de la relación laboral entre las partes, es un elemento constitutivo de salario, y que los mismos no fueron tenidos en cuenta por el empleador para el pago de los créditos sociales generados en el transcurso de la relación laboral que sostuvo con el demandante.

CUARTO: CONDENAR a SALUD TOTAL EPS-S S.A. a pagar al

señor GUSTAVO ALBERTO SALAZAR ARIAS, las siguientes sumas de dinero:

CONCEPTO TOTAL

CESANTÍAS $15.462.795.79

INTERESES A LAS CESANTÍAS $2.308.997.95

PRIMA DE SERVICIOS $7.483.511.32

VACACIONES $115.925.67

Para un total de $25.371.230.73 • SANCIÓN MORATORIA: $90.793,33 diarios desde el 14 de noviembre de 2015, hasta el 14 de noviembre de 2017, es decir, $144.000.000.oo; a partir del 15 de noviembre de 2017 tiene derecho a intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, y hasta que se verifique el pago.

• SANCIÓN POR LA NO CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS:

$144.686.160.oo QUINTO: CONDENAR a SALUD TOTAL EPS. S.A. a trasladar a la administradora o fondo de pensiones a la cual se encuentra afiliado GUSTVO (sic) ALBERTO SALAZAR ARIAS, las diferencias pendientes de pago por concepto de salario reconocidas a favor de ésta, con los correspondientes intereses moratorios, por el lapso corrido entre enero de 2008 y el 13 de febrero de 2015.

SEXTO: ABSOLVER a SALUD TOTAL S.A. de las restantes pretensiones de la demanda incoada en su contra por el demandante, conforme a los razonamientos hechos por el

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Radicación n.°98374 Juzgado en la parte considerativa de esta sentencia.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas procesales a la parte

demandada a favor de la parte actora, en un 70%.

OCTAVO: DECLARAR no probada la tacha de sospecha que formuló el apoderado de la parte demandada sobre el testimonio de FRANCIA LUCÍA GALVIS GARCÍA, y PROBADA respecto a la declaración del señor HENRY LADINO DIAZ, por lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante fallo del 5 de octubre de 2022, corregido mediante proveído del 10 de noviembre de la misma anualidad, al resolver el recurso de apelación incoado por la demandada, resolvió confirmar la sentencia del Juzgado y condenar en costas a la accionada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico en determinar si los beneficios extralegales percibidos por el demandante tienen carácter salarial, y en tal virtud, «si se torna procedente la reliquidación de las acreencias laborales del señor GUSTAVO ALBERTO SALAZAR ARIAS, y la imposición de sanciones por la mora en el pago de las mismas». En primer término, frente a la naturaleza salarial del denominado «PLAN DE BENEFICIOS» o «BENEFICIOS», aludió al Convenio 95 de la OIT y al artículo 127 del CST, indicando que debe entenderse por salario, además de la remuneración ordinaria, todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del

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Radicación n.°98374 servicio, sea cualquiera la denominación que se adopte. Agregó que en la sentencia CSJ SL12220-2017 se estimó que, por regla general, los pagos realizados por el empleador al trabajador son a título de contraprestación del servicio ejecutado, salvo que se demuestre que su finalidad atendía otros aspectos originados a partir de la relación laboral. En tal sentido, la carga demostrativa, referente a la destinación de los emolumentos entregados al trabajador, debía ser asumida por el empleador, a fin de descartar su naturaleza salarial. En línea con lo anterior, aludió a lo dicho en la providencia CSJ SL1798-2018, en lo atinente a los pactos de exclusión salarial, en la que se estableció que deben ser expresos, claros y precisos, dado que no es de recibo incluir dentro de las excepciones, lo que por naturaleza es considerado como salario, determinando a su vez las excepciones a la regla general, así: “ (...) En este punto, juzga prudente la Sala recordar que por regla general todos los pagos recibidos por el trabajador por su actividad subordinada son salario, a menos que: (i) se trate de prestaciones sociales; (ii) de sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones; (iii) se trate de sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador; (iv) los pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen un propósito

remunerativo, tales como el subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte y representación; y (v) «los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad»

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Radicación n.°98374 (art. 128 CST).” Discernió que a las partes de un contrato de trabajo les estaba vedado pactar el desconocimiento salarial de un pago que en esencia fuera retributivo del servicio (CSJ SL5159-2018); que en la anterior providencia se estableció la característica principal para identificar si un pago es salario o no, la cual radica en «determinar si su entrega tiene como causa el trabajo prestado u ofrecido. De otra forma: si esa ventaja patrimonial se ha recibido como contraprestación o retribución del trabajo», pues la habitualidad del pago o la proporcionalidad respecto al total de los ingresos son meros criterios auxiliares o referencias contingentes. Iteró que como criterio determinante para valorar la naturaleza salarial de un concepto estaba la relación como retribución directa de la actividad laboral desplegada por el empleado. Adujo que no desconocía la sentencia CSJ SL51402021, en la que se concluyó «tener por desacreditada la condición salarial de los conceptos aquí reclamados», conforme al análisis que en esa oportunidad se realizó,

posición que fue acogida inicialmente por ese Tribunal dentro del proceso adelantado en contra de Salud Total EPS

S. A., con radicado 17174.

Pero, que, acudiendo al principio de autonomía judicial y a la facultad de libre formación del convencimiento, decidía apartarse de la línea que venía sosteniendo, en tanto consideró que «los resultados para

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Radicación n.°98374 cada caso en concreto dependen de los elementos de prueba que obren en cada juicio». Bajo ese entendido, recordó que la decisión judicial no puede mantenerse inmutable o permanecer rígida ante supuestos de hecho disimiles o con variaciones probatorias, que indefectiblemente obligan a verificar cada arista de manera individual y particular. Advirtió que estaba demostrado el carácter salarial de los conceptos pagados a título de beneficio en favor del demandante porque el demandante y Salud Total EPS suscribieron varios otrosíes; el primero de ellos, el 1 de diciembre de 2003 (pág. 93 archivo 2), en el que se estableció el salario a devengar por el demandante y, además, se pactó que el trabajador percibiría unos beneficios, fijando un monto mensual, el cual se repartía en una serie de conceptos, dejando por sentado que no constituirían salario. Arguyó que tal modificación se repitió en reiteradas oportunidades a lo largo de la relación laboral, tal como se denotaba en las documentales obrantes en el expediente, «guardando la misma dinámica en cuanto a la disposición del salario, y los beneficios extralegales en los cuales podía

distribuirse el monto recibido». Después de citar literalmente algunos apartes de la «POLÍTICA Y REGLAMENTO PLAN DE BENEFICIOS EMPLEADOS SALUD TOTAL EPS» (pág. 457 archivo 08), en la que se establece el sistema de compensación y portafolio de beneficios del que podía hacer uso el trabajador con los

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Radicación n.°98374 montos estipulados en las modificaciones contractuales referenciadas, dijo que, atendiendo lo allí relacionado, se tenía que, en principio, el fin perseguido por los valores entregados a título de beneficio era distinto a retribuir el servicio del trabajador, pues de acuerdo a lo pactado en los otrosíes y en el plan de beneficios, tal suma podía ser distribuida, de acuerdo a la elección del trabajador, en diversos productos ofrecidos por el empleador, que procuraban su bienestar en distintos aspectos como alimentación, salud, educación, pensión y ahorro, entre otros.

Pero que estimaba: (…) en esta oportunidad, que los beneficios extralegales en realidad constituían remuneración del servicio del trabajador, y ello se colige, a partir de la lectura de la “Política y Reglamento Plan de Beneficios Empleados Salud Total EPS” (pág. 457 archivo8), pues en el literal E) del primer acápite de la documental, los beneficios son una “forma de compensación laboral y la composición de factores de remuneración, busca: (...) Promover la productividad del trabajador (calidad y efectividad.)”. De la misma forma, en el literal B) se señala que “la compensación laboral debe ser la expresión de la

productividad de cada empleado” y, luego expresa que, “la remuneración deberá ser flexible en razón al plan financiero personal y variable como lo son los resultados e ingresos que tiene la compañía”. De la misma manera, se menciona en el literal F) que con el Plan de Beneficios SALUD TOTAL busca: (...) 3. “hacer un mejor reconocimiento a la productividad y la calidad del trabajo de los empleados logrando así su mayor motivación y compromiso. De los apartes transcritos del reglamento expedido por el empleador, se entiende que, pese a consagrar en el mismo documento que dichos beneficios no constituyen salario, en realidad su finalidad perseguía compensar la actividad personal realizada por el trabajador, pues así se menciona de forma específica. (Subrayado de la Sala).

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Radicación n.°98374 Indicó que el actor celebró varios otrosíes contractuales, en los cuales distribuyó porcentualmente lo percibido mes a mes; que para el 3 (sic) de febrero de 2003 (pág. 93 archivo02) acordó la primera modificación sobre un total de $1.634.000, denominada expresamente como «remuneración» en el parágrafo primero de la cláusula segunda; en donde se discrimina un total percibido por beneficios de $490.200 (vehículo) y un salario mensual de $1.143.800, «de lo que se extrae que la composición correspondía a un 70% salario y 30% beneficios, donde se observa que de la gama de beneficios, el demandante escoge el denominado como “vehículo”». Seguidamente, dijo, el 16 de enero de 2008 (pág. 112

archivo 02) nuevamente se modificó la distribución de la remuneración percibida, esta vez, con un ingreso total de $3.098.448, de los cuales $2.168.914 constituyen salario y $929.534, beneficios, distribuidos en fondo voluntario de pensiones ($439.334) y vehículo ($490.200), observando que se mantiene la distribución 70% / 30%. Posteriormente, para el 1 de febrero de 2008 (pág. 114 archivo 02) sobre la misma base de ingreso mensual, esto es, sobre $3.098.448, se redistribuyó la destinación, estipulando que $1.549.224 correspondían a salario, y que los restantes $1.549.224, correspondían a beneficios, escogiendo el fondo voluntario de pensiones de empleado y el vehículo, «lo que arroja una distribución del 50% para cada concepto sobre el total del ingreso devengado

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Radicación n.°98374 mensualmente». Luego, para el 1 de agosto de 2010 (pág. 126 archivo 02), sobre el ingreso de $3.265.000, se distribuyó por el concepto de salario la suma de $1.959.000, y por beneficios, la de $1.306.000, lo que arroja una distribución porcentual de 60% salario y 40% beneficios; que la repartición porcentual se mantuvo para el otrosí celebrado el 1 de septiembre de 2009 (pág. 128 archivo 02), pero sobre una remuneración total de $3.565.000. Precisó que del otrosí pactado para el 11 de septiembre de 2013 (pág. 172 archivo 02), advertía que las partes

acordaron a título de salario la suma de $3.373.140, más un auxilio de transporte de $2.248.760, guardando la proporción de 60% salario y 40% beneficio extralegal. Después, en el otrosí del 30 de abril de 2014 (pág. 180 archivo 02), se dispuso un salario de $3.457.400, y beneficios extralegales por $2.304.960, para mantener la distribución porcentual, sobre un ingreso mensual de $5.762.360. Con relación a la modificación del 1 de noviembre de 2011 (pág. 186 archivo 02), dijo que allí se determinó un salario de $4.609.920, y un incentivo de transporte o alimentación de $1.152.480, para una distribución de la remuneración de 80% salario y 20% beneficio extralegal, sobre un ingreso mensual de $5.762.400. En consecuencia, de los otrosíes referidos establecía

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Radicación n.°98374 que lo acordado entre las partes obedecía a un pacto de desalarización, en tanto que las partes variaron porcentualmente la remuneración mensual del trabajador, cambiando la naturaleza salarial de una fracción, para transformarla en beneficios extralegales. Esto por cuanto, según modificaciones celebradas en el año 2008, la distribución del ingreso del subordinado correspondía en 70% a salario y el 30% por beneficios; que luego se cambió a un 50% para ambos rubros, de lo que se advierte, que por lo menos un 20% de lo devengado a título de salario, fue cambiado a beneficio extralegal; para luego en el otrosí del

11 de septiembre de 2013, volver a una distribución 60%/40%, y posteriormente pactar la distribución 80%/20%. Afirmó que lo descrito era coherente con lo afirmado por Henry Ladino, quien expresó que a los trabajadores les estaba permitido devengar como beneficio extralegal hasta el 40% del ingreso recibido mensualmente, de lo que infería que el salario podía oscilar hasta en un 100%, teniendo la facultad de desalarizar de forma ilegal una fracción importante del devengo. Que, en similar sentido, la testigo Francia Lucía Galvis declaró que recibían un salario y «la empresa de forma unilateral, lo dividía y le decían qué porcentaje se iba al fondo de pensiones, y cuál al banco; podía ser 60/40, 70/30 o el 80/20, pero el empleador decidía qué parte del dinero se iba para Protección y cuál para el salario». Que, en armonía con lo dicho, Marisol Álvarez López

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Radicación n.°98374 (compañera de trabajo) afirmó que «no había forma de escoger, les informaban el valor del salario y le decían la parte a donde se iba ir el dinero restante». Con relación a la distribución del dinero consideró que debía advertir: [...] que no existe consenso frente a la concurrencia de la voluntad de las partes en la celebración de los otrosíes contractuales, dado que las testigos MARISOL ÁLVAREZ LÓPEZ y FRANCIA LUCÍA GALVIS, al igual que el demandante, indicaron que los porcentajes de distribución venían previamente fijados por el empleador. No obstante, expresó que aún si se revistiera los

otrosíes contractuales de la concurrencia de voluntades de las partes, lo cierto era que les estaba expresamente prohibido desconocer la naturaleza de lo devengado que por ley ha de ser considerada como salario, tal como ocurría en el presente caso con las distribuciones porcentuales acordadas, por lo que esas estipulaciones «carecían de validez». Aunado a lo expuesto, coligió que, si bien los otrosíes condicionaban la distribución del valor dispuesto para beneficios, el demandante tenía la libertad de escogencia en qué podía efectuar la inversión de dicha porción de su retribución, observándose que las salidas ofrecidas correspondían a gastos que forman parte de la cotidianidad de cualquier ciudadano como vales de mercado, restaurante, matrículas, vivienda, combustible, vacaciones, comunicaciones, etc.; «lo que si bien no implica una libertad absoluta en cuanto a su destinación, si atiende de forma

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Radicación n.°98374 curiosa aspectos propios de la vida de cualquie