CSJ - SL2109-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2109-2023 Radicación n. 91782 Acta 26 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por VIGILANCIA ACOSTA LTDA., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró DANIEL CHICO ACOSTA a la recurrente, trámite al que fueron vinculadas oficiosamente el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE

CARTAGENA DE INDIAS y la INSPECCIÓN DE POLICÍA

DEL POZÓN.

I. ANTECEDENTES Daniel Chico Acosta llamó a juicio a Vigilancia Acosta LTDA., para que se declarara: i) la existencia de un contrato laboral a término fijo de un año; ii) que sufrió un accidente

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Radicación n.° 91782 de trabajo el 18 de enero de 2013 debido a la falta de medidas de prevención e incumplimiento de normas en salud ocupacional por parte del empleador que le produjo lesiones , orgánicas consistentes en traumas en la cara y el ocular izquierdo, disminución de la visión de este y sus secuelas psicosomáticas de origen laboral, por lo que se configuró la culpa patronal, en consecuencia se condenara a la accionada al reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios

derivada del accidente laboral, lucro cesante, perjuicios morales y materiales.

Añadió como pretensiones: iii) «la ineficacia e ilegalidad» de su despido del 5 de marzo de 2014, porque se encontraba discapacitado, sin que se solicitara autorización para ello y, en virtud de lo anterior, se ordenara su reintegro a un cargo que no afectara la patología de origen laboral, así como se le reconocieran los salarios, primas, vacaciones, seguridad social, ARL, la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo ultra y extra petita, las costas del proceso.

De forma subsidiaria pidió se condenara a la demandada a la reliquidación de prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, sanción moratoria del artículo 65 del CST, indexación, lo extra y ultra petita. Como fundamento de sus peticiones relató que: i) el 7 de mayo de 2010 el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Unión Temporal Vigilancia y Seguridad Ltda. - Vise Ltda.- y Vigilancia Acosta Ltda., en sus condiciones de contratante y contratistas independientes respectivamente,

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Radicación n.° 91782 suscribieron, para las diferentes dependencias administrativas y las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena; ii) el 3 de mayo, 26 de agosto, 5 de noviembre, 24 de diciembre de 2013 y 3 de febrero de 2014 firmaron nuevos convenios que modificaron el primero; iii) laboró para la sociedad demandada, desde el 9 de marzo de

2012 hasta el 5 de marzo de 2014, como vigilante en las instalaciones de la Inspección de Policía del Pozón en Cartagena, en 3 turnos así: 6:00 am a 6:00 pm; 6:00 pm a 6:00 am y un día de descanso al cambio de cada turno, devengando para la última anualidad un salario de $1.000.000 Añadió que; iv) el 18 de enero de 2013, sufrió un accidente de trabajo de origen laboral consistente en fractura de huesos malar y maxilar izquierdo y ruptura de piso de la órbita izquierda, dejándole las secuelas de traumas en la cara, ocular izquierdo, disminución de la visión del mismo ojo y dolor con hemicara izquierda; v) estuvo internado en la clínica María Bernarda donde le realizaron procedimiento maxilo facial por rotura malar, piso en la órbita y diagnosticado con edema en la cara y deformidad contuso de los parpados y de la región periocular; vi) fue intervenido quirúrgicamente el 11 de octubre de 2013, 19 de febrero, 4 de junio, y 18 de enero de 2014, para rehabilitar las lesiones orgánicas sufridas; vii) con anterioridad a la finalización de su relación laboral estuvo incapacitado por más de 360 días y aún le hacían falta varias cirugías de reconstrucción del rostro.

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Radicación n.° 91782

Aseguró que: viii) de los hechos referidos tenía conocimiento la accionada, sin embargo procedió a darle por

terminado su contrato de trabajo, no obstante su discapacidad, sin que solicitara la autorización para despedirlo ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; ix) es padre cabeza de hogar y tiene bajo su cargo a 4 hijos, por lo que se encontraba en estado de debilidad manifiesta; x) la ARL Colpatria S.A., mediante Dictamen n.° 26229 del 18 de julio de 2014, calificó su pérdida de capacidad laboral en un 30.17 % con fecha de estructuración del 12 de junio de 2014 de origen laboral; xi) previa solicitud de comparecencia de la encartada, el 26 de noviembre de 2014, se dio por fracasada la audiencia de conciliación ante el Inspector del Trabajo de la Regional Bolívar del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social por la falta de ánimo conciliatorio (f.° 1 a 13, cuaderno principal) Vigilancia Acosta Ltda. se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos, admitió el cargo desempeñado por el actor, el accidente de trabajo, la celebración de la diligencia ante el Inspector del Trabajo de Cartagena existencia de la relación laboral. Respecto de los demás fácticos, adujo que no eran ciertos o no le constaban. Esgrimió como excepciones de mérito las de: «terminación de contrato de trabajo por terminación de la obra o labor contratada»; «inexistencia de preaviso para la terminación en los contratos de obra como requisito para su terminación, al terminar la obra o labor desaparece el propósito del contrato laboral», «inexistencia de la culpa

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Radicación n.° 91782 patronal», «inexistencia de estabilidad laboral reforzada o debilidad manifiesta»; «inexistencia de despido», «inexistencia de terminación de contrato por discriminación o por condición de salud», «existencia de un contrato laboral de obra», «imposibilidad de control del riesgo», «cumplimiento de las obligaciones laborales del empleador vigilancia acosta», «liquidación de prestaciones sociales canceladas oportunamente y demás acreencias laborales de la demandante conforme al salario devengado», «contrato laboral conforme a la ley y jurisprudencia», «prescripción de la reclamación laboral», «prescripción de reclamación laboral por accidente laboral», «inexistencia de la obligación por acreditación del pago total de las acreencias laborales al demandante», buena fe y la genérica (f.° 116-124 ibidem). Mediante providencia del 24 de enero de 2019 el a quo (f.° 252, ibidem) vinculó al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y a la Inspección de Policía del Pozón(f.° 284 a 288, ibidem), la primera se opuso a todas las pretensiones, admitió idénticos hechos de la inicial demandada, frente a los demás adujo no constarle. Presentó como excepciones de fondo la de «inexistencia del contrato de trabajo, entre el demandante y el ente territorial que apodero» y prescripción (f.° 284 a 288). A la última convocada se le dio por no contestada la demanda mediante providencia del 22 de julio de 2019 (f.° 292).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, el 12 de agosto de 2019 (f.° 319, ibidem), resolvió:

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Radicación n.° 91782

PRIMERO: DECLARAR no probada la tacha de los testigos OBER LUIS MEJÍA HERNÁNDEZ y ALEXI ANTONIO MONTEALEGRE G, propuesta por el apoderado de la demandada, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de la relación laboral entre el demandante DANIEL CHICO ACOSTA y la demandada VIGILANCIA ACOSTA LTDA. con extremos temporales del 9 de mayo de 2012 al 3 de marzo de 2014, conforme a las consideraciones expuestas.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada VIGILANCIA ACOSTA LTDA. y a las entidades vinculadas DISTRITO DE CARTAGENA e INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL POZÓN de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones expuestas.

CUARTO: COSTAS a cargo del demandante, se tasan en 1

SMLMV (mayúsculas del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Cartagena, al resolver la apelación interpuesta por el demandante, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2020, decidió: PRIMERO: ADICIONAR el numeral QUINTO de la sentencia apelada de fecha 12 de agosto de 2019 emanada del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena dentro del proceso ordinario laboral instaurado por DANIEL CHICO ACOSTA contra

VIGILANCIA ACOSTA LTDA., para en su lugar DECLARAR no probadas las excepciones de INEXISTENCIA DE ESTABILIDAD

LABORAL REFORZADA O DEBILIDAD MANIFIESTA,

INEXISTENCIA DE DESPIDO, INEXISTENCIA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR DISCRIMINACIÓN O POR CONDICIÓN DE SALUD y PRESCRIPCIÓN propuestas por la demandada, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral TERCERO de la sentencia apelada de fecha 12 de agosto de 2019 emanada del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena dentro del proceso ordinario laboral instaurado por DANIEL CHICO

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Radicación n.° 91782 ACOSTA contra VIGILANCIA ACOSTA LTDA., para en su lugar CONDENAR a la demandada VIGILANCIA ACOSTA LTDA a reintegrar al demandante DANIEL CHICO ACOSTA a un cargo de igual categoría al que venía desempeñando el actor atendiendo las directrices impartidas por la ARL respecto de su condición o estado de salud. La demandada deberá cancelar los salarios y prestaciones sociales, así como los aportes al sistema de seguridad social integral a partir de la fecha en que se procedió al despido, es decir desde el 3 de marzo de 2014 hasta que se produzca el reintegro y con posterioridad al mismo.

TERCERO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia de fecha 12 de agosto de 2019 emanada del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, en el sentido que: se CONDENA en costas a la demandada VIGILANCIA ACOSTA LTDA, en primera

instancia señalando como agencias en derecho la suma del 7% de las condenas impuestas, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta sentencia.

CUARTO: CONFIRMAR en sus demás partes la sentencia apelada de fecha 12 de agosto de 2019 emanada del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, en este proceso Ordinario Laboral instaurado por DANIEL CHICO ACOSTA contra VIGILANCIA ACOSTA LTDA., de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído (Mayúscula y negrilla del texto original) (f.° 17 a 25, cuaderno de segunda instancia).

En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, consideró fuera de discusión que existió una relación laboral entre Daniel Chico Acosta y Vigilancia Acosta Ltda. desde el 9 de mayo de 2012 hasta el 3 de marzo de 2014. En tal orden, afirmó que le correspondía determinar, si al momento del finiquito, el actor gozaba de estabilidad laboral reforzada, de cara al apartado 26 de la Ley 361 de 1997. Luego de transcribir apartes de las sentencias CC C531-2000, CSJ SL1360-2018 y CC C-200-2019, precisó que

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Radicación n.° 91782 el artículo 7° del Decreto 2463 de 2001 que reglamentaba el canon 26 de la Ley 361 de 1997, en lo relacionado a los grados de discapacidad, fue derogado por el 61 del Decreto 1352 de 2013, esto es, con anterioridad a que se produjera el despido del demandante -20 de octubre de 2014-, por tanto

no resultaba aplicable, toda vez que partir del mentado decreto para ser merecedor de la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es que «la afectación en el estado de salud deb[ía] implicar una limitación o disminución sustancial en las actividades laborales que cotidianamente le correspond[ían] realizar al trabajador y su conexión con la terminación del contrato de trabajo». Igualmente precisó que: Del historial clínico allegado al sub examine, visible a folios 26 a 77 y de la calificación de pérdida de capacidad emitida por la ARL COLPATRIA se extrae que el actor sufrió accidente de trabajo, que tuvo una discusión con un tercero, el cual le dio un golpe en cara el cual le originó al actor una incapacidad permanente parcial teniendo en cuenta una pérdida de capacidad laboral de 30.17 %, diagnosticándose VISIÓN SUBNORMAL DE UN OJO y FRACTURA DEL SUELO DE LA ORBITA, con fecha de estructuración 12 de junio de 2014. (fl 24 a 25), que requirió varias intervenciones quirúrgicas y otorgamiento de incapacidades al actor. Para la Sala, quedó acreditado que el empleador conocía del padecimiento del demandante, pues así lo acepta en la contestación de la demanda, la testigo GUISSETHE LARA MORENO quien es jefa de Recursos Humanos de la empresa demandada y quien manifiesta que la terminación del contrato no obedeció a una discriminación sino a una causal objetiva de la terminación del contrato porque termino la obra para la que había sido contratado. Sin embargo, dada la condición de salud del actor, el cual fue calificado el día 18 de julio de 2014, si bien

es una fecha posterior al despido, que lo fue el 3 de marzo de 2014, del estudio de historia clínica del actor se observa que el actor había sido intervenido quirúrgicamente por fractura malar y corrección de ectropión en el parpado izquierdo, el cual fue valorado por un especialista el día 6 de marzo de 2014, remitido por la ARL, es decir que desde el día del accidente el 18 de enero de 2013 hasta el 6 de marzo de 2014 la ARL venía haciéndole seguimiento al actor de las secuelas del accidente de trabajo, y

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Radicación n.° 91782 finalmente mediante dictamen de fecha 18 de julio de 2014, calificó al actor con una pérdida de capacidad del 30.17 %, el origen un accidente laboral, con fecha de estructuración del 12 de junio de 2014 (fis 41 a 44). Por lo anterior al tener conocimiento la demandada de las múltiples cirugías y las incapacidades otorgadas al actor era su deber conforme lo ha pregonado la jurisprudencia constitucional solicitar ante el Ministerio del Trabajo la autorización para proceder con el despido del demandante. Afirmó que contrario a lo expuesto por el a quo, el empleador no demostró la finalización de la labor contratada como causal objetiva y eficiente de terminación del contrato del demandante, no obstante el Acta de Liquidación de Contrato n.° 311-72-74-271-243del 3 de mayo de 2013, evidenció la finalización de la obra para la misma fecha, se contrastó con lo anunciado por los testigos Ober Luis Mejía

Hernández y Alexi Antonio Montealegre, excompañeros de trabajo del actor, quienes aseveraron que una vez culminado el convenio con el Distrito fueron enviados por la accionada a prestar los servicios de vigilancia a una empresa, de lo que coligió, que «seguía operando», por lo que a pesar de encontrar que el «contrato finiquitó con el Distrito de Cartagena», no era de recibo lo expresado en cuanto a que no tenía donde reubicar al promotor del proceso en la ciudad y concluye que la terminación del contrato se dio cuando aquel se encontraba beneficiado por la estabilidad laboral reforzada. En virtud de lo anterior, reiteró que el demandante estaba cobijado por la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y que el despido tuvo como verdadero propósito su exclusión del empleo dada la deficiencia física

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Radicación n.° 91782 que padecía, teniendo en cuenta que Vigilancia Acosta LTDA., no logró acreditar una razón objetiva que justificara la ruptura del vínculo y tampoco solicitó el permiso ante el Ministerio del Trabajo. Frente a las excepciones formuladas por la demandada las declaró no probadas y de la prescripción, explicó que teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS debía contabilizarse desde que la obligación se hizo exigible, lo cual ocurre desde el 3 de marzo de 2014, sin embargo: […] por haber presentado solicitud de conciliación ante el Inspector del Trabajo celebrada el día 26 de noviembre de 2014, se observa, que la prescripción trienal se logró interrumpir, lo

que quiere decir, que las pretensiones en caminadas al reintegro del actor y el pago de salarios, vacaciones y prestaciones, prescribían a partir del 26 de noviembre de 2017, por lo que no hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción. Finalmente consideró respecto de la pretensión de responsabilidad plena de perjuicios establecida en el artículo 216 del CST, consistente en el incumplimiento de la obligación general que tiene el empleador de brindar protección y seguridad a los trabajadores, así como de la especial de procurar a los empleados locales apropiados y elementos adecuados de defensa contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud, no se encontraban acreditadas por el promotor del proceso, pues únicamente allegó: […] la investigación de la empresa del accidente de trabajo, informe del accidente de trabajo de la ARL COLPATRIA, se encuentra que el actor tuvo un altercado con un usuario quien

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Radicación n.° 91782 alzó la voz y al intervenir el actor y solicitarle que bajara la voz, fue agredido a las afueras de las instalaciones de la UNIDAD DE ATENCIÓN LOCAL y en el Dictamen de Pérdida de capacidad No 26229 de fecha 18 de julio de 2014 realizado por la ARL COLPATRIA se desprende de la descripción del accidente, las siguientes circunstancias de modo, tiempo y lugar así: "ATEP AL

FECHA 18/01/2013 DESCRIPCIÓN: REFIERE QUE UN

FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA LO AGREDE Y GOLPEA EN EL

OJO IZQUIERDO DIAGNÓSTICO APROBADO FRACTURA DEL PISO ORBITARIO CON ENOFTALMO + ETROPIO" (fl 24 a 25). Así mismo en las declaraciones de los señores OBER LUIS MEJÍA HERNÁNDEZ y ALEXI ANTONIO MONTEALEGRE, excompañeros de trabajo del actor manifestaron que no presenciaron el accidente de trabajo, sino que se enteraron por medio del supervisor vía Avantel. Así las cosas, tuvo por no demostrada la culpa patronal alegada por el actor.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Vigilancia Acosta Ltda., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo (f.° 3, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que no se presenta oposición y que se resuelven a continuación.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 91782 Acusa la sentencia por la vía directa por infracción directa del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y por interpretación errónea «de su espíritu, que trae como consecuencia la indebida aplicación» de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS. Tras reproducir lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, reprochó la sentencia de segundo grado pués porque incurrió en «la infracción directa porque dio un

significado distinto al efecto que tiene la presentación de la solicitud de conciliación ante el Ministerio de Trabajo». Explicó que el artículo 489 del CST indica que la prescripción se interrumpe por una sola vez por el reclamo escrito del trabajador al empleador mientras que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad. Asegura que el Tribunal interpretó inadecuadamente el artículo 21 de la ley 640 de 2001, al concluir que la conciliación extrajudicial «interrumpió» el término de prescripción y que se volvería a contar el trienio prescriptivo a partir del 26 de noviembre de 2014 al 26 de diciembre de 2017, cuando lo que operó fue la suspensión por tres meses entre la terminación del contrato por terminación de la obra – 3 de marzo de 2014y la Conciliatoria -26 de noviembre del mismo año-, para la fecha de la radicación de la demanda17 de octubre de 2017-, trascurrió más de los 3 años. En virtud de lo anterior, aseveró:

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Radicación n.° 91782 El señor Daniel Chico Acosta, presentó la demanda el diecisiete (17) de octubre de 2017, y la exigibilidad de las declaraciones que busca con la demanda se hicieron exigibles el 3 de marzo de 2014, día de la terminación de la relación laboral por la culminación de la labor contratada, haciendo la operación aritmética del cómputo de fechas, tenemos que desde el 3 de marzo de 2014 al 17 de octubre de 2017 fecha de presentación

de la demanda, transcurrieron 3 años, 7 meses, y 14 días, aun con la suspensión del término por la presentación de la conciliación ante el Ministerio de Trabajo según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 hasta por un lapso de tres (3) meses es decir tres (3) años 4 meses y 14 días muy superior al que señala el artículo 488 del C.S.T., y artículo 151 del CPTSS por lo que las pretensiones y/o declaraciones que busca el demandante por conducto de su apoderado ya no pueden ser exigidas por vía judicial pues su oportunidad había fenecido hace más de cuatro (4) meses y 14 días a la presentación de la demanda. Memora lo establecido en el artículo 489 del CST, y señala que «no obra prueba en el plenario que demuestre la existencia» de reclamo por el demandante de sus derechos para que operara la interrupción de la prescripción (f.° 4 a 10, cuaderno de la Corte).

VII. CONSIDERACIONES De entrada advierte la Sala que del primer cargo orientado por la vía directa, se infiere un planteamiento jurídico viable de ser definido, consistente en verificar si el juzgador de segundo grado se equivocó al determinar que la «solicitud de conciliación» presentada por el demandante ante el Ministerio de la Protección Social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, por tratarse de una conciliación extrajudicial, no tenía la vocación de interrumpir la prescripción, sino de suspenderla.

El Tribunal fundamentó su decisión en que la

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interrupción de la prescripción alegada surgió de «la citación a una conciliación» ante un inspector del trabajo. La censura radica su inconformidad en que conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la solicitud de conciliación conllevaba «la suspensión de la prescripción» por una sola vez y por un término máximo de tres meses, el que se dejó de aplicar por el fallador de segundo grado, lo que condujo a no dar por probada la excepción de prescripción. En consideración a la senda directa a través de la que se dirige el primer ataque, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) el demandante se desvinculó de la demandada el 3 de marzo de 2014; ii) el 26 de noviembre de 2014 (f.° 21) se llevó a cabo ante la Inspección de Trabajo de Cartagena diligencia de conciliación, que se declaró fallida como quiera que en ella las partes no llegaron a un acuerdo frente a la solicitud de «reintegro, y los salarios dejados de recibir para seguir disfrutando de mi seguridad social y terminar mi tratamiento ya que en estos momentos requiero de citas médicas y no me atiende por estar desafiliado»; y iii) la presente demanda se radicó el 17 de octubre de 2017 (f.° 94). De acuerdo a lo antes expuesto, a efectos de efectuar un pronunciamiento en torno a los reparos del censor, es preciso destacar que esta corporación se ha pronunciado sobre la suspensión e interrupción de la prescripción, cuando a determinadas personas, entre las cuales están los menores de edad y, todo aquel que se encuentre en imposibilidad

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Radicación n.° 91782 absoluta de hacer valer su derecho, mientras aquella subsista y la que se produce como consecuencia de la presentación de la reclamación administrativa, determinada como requisito de procedibilidad para las acciones contenciosas contra La Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra de la administración pública, en los términos del artículo 6º del CPTSS (CSJ SL308-2021). Al respecto, la Sala, a través de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 1998, rad. 11349, reiterada en la CSJ SL10641-2014, sobre el primero de los supuestos expuestos, señaló: La suspensión y la interrupción de la prescripción son dos fenómenos jurídicos distintos, pero como la ley laboral no regula la figura de la suspensión, cabe aplicar, por remisión, las normas del Código Civil sobre el particular, como se indicó en sentencia del 6 de septiembre de 1996, expediente 7565, que se adoptó por mayoría. La ley laboral establece una prescripción que frente a la prevista en otras legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, que procura la reclamación rápida, consecuente con la necesidad de definir ágilmente las controversias surgidas de una relación de trabajo. Sin embargo, esta proyección cede en ciertas situaciones especiales en las que el Estado debe especial protección a determinadas personas, entre las cuales están los menores de edad, para quienes no corre el término extintivo de la prescripción, mientras estén en imposibilidad de actuar. Vale decir, que deja de operar en el momento en que alcanzan la mayoría de edad, o

cuando su representante ejerce en su nombre el derecho de acción y en desarrollo del mismo presenta la demanda que corresponda. En el derecho común, aplicable por remisión a los créditos laborales, el artículo 2541 del Código Civil contempla la suspensión de la prescripción extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibídem para identificar las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo 68 del Decreto 2820 de 1974, que modificó parcialmente aquella disposición, incluye a "Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría". Si la norma transcrita extiende el beneficio de la suspensión de la prescripción a los menores, los dementes y los sordomudos, y

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Radicación n.° 91782 expresamente se refiere a quienes cuentan con representación legal (patria potestad y guarda), es claro que la suspensión opera sin consideración a que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que el modificado artículo 2530 del CC contiene un beneficio para determinadas personas a quienes la ley protege sin importar que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquel incurra, no puede afectar la situación jurídica del representado. Ahora, si bien el juez plural a efectos de analizar la configuración de la prescripción no desconoció que en materia laboral, la normativa que regula, su configuración e interrupción, corresponde a los artículos 488 y 489 del CST, 151 del CPTSS, que prevén lo siguiente:

ARTÍCULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. ARTÍCULO 489. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. ARTÍCULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual. De igual forma, recuérdese lo estatuido en el canon 21 de la Ley 640 de 2001: ARTÍCULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo

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Radicación n.° 91782 conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley

o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. Conforme a lo anterior, los derechos laborales, al tenor de las disposiciones traídas a colación, prescriben en tres años que se cuentan a partir del momento en que cada uno de ellos se hizo exigible (CSJ SL13155-2016, CSJ SL 17852018 y CSJ SL2885-2019). De manera que quien reclame una prestación social deberá alegarla en el plazo referido, que puede ser interrumpido, por una sola vez, a través de la presentación de un «simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado» momento a partir del cual comienza a correr de nuevo el término por un lapso igual al inicialmente señalado. En el anterior contexto, esta Sala ha adoctrinado que con ese «reclamo escrito» lo que el legislador pretendió fue que el empleador, ante el eventual inicio de un proceso judicial, hubiese conocido previamente sobre las acreencias que el trabajador pretendía que le fueran canceladas, el que puede entenderse como cualquier requerimiento o solicitud que el asalariado realice acerca del derecho, debidamente determinado y del que aquél tenga discernimiento, incluso, en peticiones realizadas ante autoridades judiciales o administrativas que hubiesen quedado plasmadas de forma escritural (CSJ SL4554-2020).

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Así las cosas, aun cuando, el reclamo del trabajador se dirigió al empleador por intermedio del entonces Ministerio de Protección Social, a través del cual se citó a la ahora demandada a efectos de adelantarse una audiencia de conciliación, empleó el ad quem acertadamente lo establecido en los artículos 488 y 489 del CST, 151 del CPTSS como se expuso en precedencia. Por lo expuesto, no sale avante la acusación.

VIII. CARGO SEGUNDO.

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