CSJ - SL2124-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2124-2023 Radicación n.°92916 Acta 27 Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por JUAN GUILLERMO VÁSQUEZ VALLEJO y por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (EPM), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que instauró el primero en contra de la segunda, como a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Juan Guillermo Vásquez Vallejo demandó a la EPM y a Colpensiones con el fin que se declarara: i) la existencia de un contrato de trabajo con la primera sociedad entre el 11 de

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Radicación n.° 92916 octubre de 1976 y el 31 de mayo de 2015; ii) la ineficacia y/o nulidad del acto administrativo, mediante el cual se dio por terminada la relación laboral; iii) la obligación de la EPM en constituir un título pensional por el periodo del 1º de febrero de 2013 a la fecha de su reinstalación. En consecuencia, se condenara a Empresas Públicas de Medellín a reintegrarlo a un puesto igual o superior al que ostentaba, con el pago de salarios y prestaciones sociales, a constituir un título pensional por el periodo del 1º de febrero

de 2013 a la fecha de su retorno laboral; se ordenara a Colpensiones a recibir el cálculo actuarial e imputarlo a su historia laboral, la reliquidación de la mesada pensional, en forma retroactiva e indexada y las costas procesales. De forma subsidiaria pidió se decretara la ineficacia y/o nulidad del acto administrativo referido; se condenara a EPM ESP a pagar la indemnización convencional o la legal, a constituir un título pensional por el periodo del 1º de febrero de 2013 al 31 de mayo de 2015 y se ordenara a Colpensiones a recibirlo e incluirlo a su historia laboral, la reliquidación de la mesada pensional, en forma retroactiva e indexada y las costas procesales. En lo que interesa al recurso de casación, expuso que: i) nació el 21 de enero de 1958; ii) cotizó al Instituto de Seguros Sociales desde el 17 de enero de 1978; iii) laboró para Empresas Públicas de Medellín en calidad de trabajador oficial, del 11 de octubre de 1976 al 31 de mayo de 2015; iv) la EPM reclamó su pensión de vejez sin que tuviera

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Radicación n.° 92916 conocimiento, por lo que Colpensiones la reconoció mediante Resolución GNR 19022 el 28 de enero del mismo año, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, quedando condicionado el disfrute al retiro del servicio público; v) el 3 de febrero siguiente, su ex empleadora solicitó

su ingreso a nómina de pensionados, que fue ordenado en acto administrativo GNR 136922 del 12 de mayo, con efectos desde el día 1º del mismo mes y año, por tanto, la finalización del contrato de trabajo es ilegal e ineficaz, ya que el empleador no contaba con la facultad de solicitar su inclusión en nómina de pensionados, pues tenía la posibilidad de continuar laborando hasta la edad de retiro forzoso, por lo que procedía su reintegro. Añadió que; vi) el 29 de mayo de 2015, la EPM ESP dio por terminada la relación laboral, de forma unilateral invocando el reconocimiento de la pensión de vejez y la inclusión en nómina de pensionados; vii) su empleador solo efectuó aportes a enero de 2013, desconociendo que el trabajador podía continuar cotizando, con el fin de mejorar el monto de la mesada pensional (f.º 5 a 20, cuaderno principal). Colpensiones se opuso a las pretensiones referentes a la reliquidación de la pensión de vejez, hasta tanto se acreditara una modificación en la historia laboral producida por el empleador codemandado. En cuanto a los hechos admitió el natalicio del actor, la afiliación al sistema de pensiones y el contenido de los actos administrativos citados, de los restantes dijo no constarle. Propuso en su defensa las

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Radicación n.° 92916 excepciones denominadas «inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez», «improcedencia de la obligación

de pagar intereses moratorios», buena fe, prescripción y/o caducidad, imposibilidad de condena en costas y la genérica (f.º 166 a 175, ib.). EPM, se resistió a los pedimentos de la acción, en cuanto a las situaciones fácticas enunciadas en el libelo inicial, aceptó la edad del accionante, el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones y la inclusión en nómina de pensionados a partir del 1º de mayo de 2015, conforme al contenido de los actos administrativos aportados, razón por la cual, dio por terminado el contrato de trabajo mediante acto administrativo del 31 de mayo de

2015. Respecto de los demás los negó.

Esgrimió como excepciones perentorias las de pago, carencia de acción y derecho sustancial para pedir, falta de legitimación por pasiva, prescripción, inexistencia sustancial del derecho, imposibilidad constitucional y legal de percibir doble asignación del tesoro público, existencia de justa causa legal para finalizar el vínculo laboral, carencia de acción y derecho sustancial para pedir por concepto de cesación de aportes, inexistencia sustancial de derecho al ajuste de cotización por pensión, novación, subrogación, «cotizaciones para efectos pensionales realizadas, de manera completa, en términos de la ley que regula la materia» (f.º 176 a 215, ib.).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito

de Medellín, el 23 de enero de 2019, en la que decidió: PRIMERO: Se DECLARA que entre el señor JUAN GUILLERMO VÁSQUEZ VALLEJO, […] y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, […], existió un contrato de trabajo, desde el 16 de enero de 1978 hasta el 31 de mayo del 2015, el cual terminó con justa causa legal, en los términos del parágrafo 3º, del artículo 9º, de la Ley 797 del año 2003.

SEGUNDO: Se ABSUELVE a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP de las pretensiones relacionadas con la declaratoria de nulidad o ineficacia de la Resolución No. 201510032806 del 15 de mayo del año 2015, tanto principales, como subsidiarias TERCERO: Se CONDENA a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP a pagar en favor del demandante, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, el cálculo actuarial correspondiente a los periodos retroactivos no cotizados por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, entre el 1° de febrero del año 2013 y el 30 de abril del año 2015, para este efecto EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN deberá solicitar a COLPENSIONES, la liquidación del cálculo actuarial, el cual deberá ser cancelado a satisfacción de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que COLPENSIONES liquide el cálculo actuarial, para el cual cuenta con el

término de 30 días hábiles, a partir de la ejecutoria del presente fallo.

CUARTO: Se ORDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a liquidar el respectivo cálculo actuarial, recibir su pago y proceder a la reliquidación de la pensión del demandante, teniendo en cuenta los periodos no cotizados, entre el 1° de febrero del 2013 y el 31 (sic) de abril del año 2015, teniendo en cuenta como ingreso base de cotización, los salarios que se relacionan en el anexo I del presente fallo.

QUINTO: Se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a que una vez recibido el pago del cálculo actuarial ordenado en el presente fallo, proceda a la reliquidación de la pensión del demandante, reconociendo como valor de la reliquidación, la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($18.640.845,oo) que comprende los reajustes causados entre el 1° de mayo del año 2015 y el 31 de diciembre del año 2018.

SEXTO: Se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a seguir reconociendo y pagando al

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Radicación n.° 92916 demandante, a partir del 1° de enero del 2019, sobre la mesada que viene reconociendo, un reajuste en cuantía igual a $53I.674,oo, para una mesada de $3.797.495,oo, con los incrementos anuales

autorizados por el Gobierno Nacional, por 13 mesadas.

SÉPTIMO: De las excepciones formuladas por la parte demandada, SE

DECLARAN PROBADAS LAS DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN,

CARENCIA DE LA ACCIÓN Y DE DERECHO SUSTANCIAL PARA PEDIR

EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DE REINTEGRO Y LA

SUBSIDIARIA DE INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL O LEGAL.

Igualmente la excepción de IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, propuesta por Colpensiones. SÉPTIMO (sic): Se CONDENA en COSTAS a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN ESP, fijando como agencias en derecho la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/L ($2.000.000,oo). Se abstiene el Despacho de condenar en costas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, según lo explicado en la parte motiva de esta Sentencia. (Negrillas y mayúsculas del texto original)( (f.º 327 a 329, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver las apelaciones del demandante y la EPM, así como en grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 23 de abril de 2021 (f.º 403 CD, ib), confirmó la providencia de primer grado.

Estableció como problemas jurídicos a resolver: si procede modificar o revocar la sentencia de primera instancia, para lo que determinaría: a) si es ilegal la terminación del contrato de trabajo por parte de Empresas Públicas de Medellín ESP, al haberse reconocido pensión de vejez, con ingreso a nómina de pensionados; b) en

consecuencia, si hay lugar al reintegro o la indemnización convencional; c) si el empleador se encontraba facultado, para dejar de efectuar aportes, al sistema de pensiones en

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Radicación n.° 92916 favor del promotor o si estaba obligado a consultarle, de manera previa, si era su voluntad continuar cotizando para mejorar el monto de la pensión de vejez o si decidía retirarse del sistema. Luego de recordar lo señalado en el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, referirse a las sentencias CC C1037-2003, CSJ SL3088-2014, CSJ SL10770-2017, CSJ SL2512-2019 y CSJ SL030-2021, precisó que el otorgamiento de la pensión de vejez constituye justa causa de despido, tanto en el sector privado como del público, la que requiere el acto de su reconocimiento, junto con la inclusión en nómina de pensionados y podía ser utilizada por el dador del empleo en el momento que considerara necesario o conveniente. Añadió que la pensión podía solicitarla y tramitarla por este a quienes devenguen una pensión de vejez obligada por una administradora del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, como a los beneficiarios de pensiones del régimen de transición pensional. Memoró lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, el que se declaró exequible mediante sentencia CC C584-1997, para afirmar que permite al servidor público optar entre el derecho al trabajo o el disfrute de la pensión, pero si

decide este último, estaría obligado a retirarse del servicio activo, pues no es posible disfrutar en forma simultánea de la prestación y del salario.

Encontró acreditado que: i) por solicitud de Empresas Públicas de Medellín ESP elevada el 1º de julio de 2014,

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Radicación n.° 92916 Colpensiones mediante Resolución GNR 19022 del 28 de enero de 2015 reconoció pensión de vejez al reclamante; ii) por Acto Administrativo GNR 136922 del 12 de mayo del mismo año se dispuso el ingreso a nómina de pensionados, para el idéntico mes, con pago en junio siguiente; iii) dichas decisiones que fueron notificadas al demandante en forma personal, según Actas del 22 de marzo y el 27 de mayo siguiente, respectivamente (f.º 21 a 29, ib), sin que realizara gestión alguna para hacerle saber a su empleador, su deseo de continuar laborando con la entidad hasta la edad de retiro forzoso; y iv) el 29 de igual mes y año el accionado, le comunicó al señor Vásquez Vallejo la terminación del contrato de trabajo, con desvinculación el día 31 siguiente, por haberse reconocido en su favor la prestación referida con inclusión en nómina de pensionados (f.º 30, ib). En virtud de lo anterior, coligió que la decisión de finalizar el vínculo laboral por parte de Empresas Públicas de Medellín ESP, obedeció a una justa causa y se adoptó conforme a la normatividad, por lo que afirmó debía confirmar el fallo de primer grado en cuanto absolvió a la

EPM de las pretensiones principales y subsidiarias, relacionadas con la declaratoria de nulidad o ineficacia del acto administrativo que dio por terminado el contrato de trabajo con el accionante. De otro lado reprodujo lo establecido en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de la Ley 797 de 2003, citó las decisiones CSJ SL2556-2020 y CSJ SL50822020, para sostener que la facultad del empleador de

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Radicación n.° 92916 suspender el pago de aportes pensionales es válida siempre que cuente con la expresa aquiescencia del empleado de forma libre y voluntaria, informándole la determinación de dejar de aportar, porque puede alterar la cuantía de la prestación pensional, teniendo en cuenta además, su posición socioeconómica y educativa, muchas veces los trabajadores desconocen el significado y alcance de tal decisión. Verificó que el 4 de enero de 2013, Empresas Públicas de Medellín ESP, le comunicó al demandante, que: procedió a cesar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones a partir del 1º de febrero de 2013, por haber cumplido las condiciones de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez, citando para ello el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, Decreto 692 de 1994, recomendaciones de la Contraloría General de Medellín, jurisprudencia sobre la materia y Circular 1197 de 2002 de la Gerencia General de EPM; así mismo, que si era su deseo continuar cotizando, lo podría seguir haciendo en forma

voluntaria y con la totalidad del aporte a su cargo, lo cual debía informar antes del 31 de enero de 2013, con el fin de registrar la novedad en la nómina (f.º 251, ib). Así las cosas, tuvo por demostrado que el empleador incumplió el procedimiento señalado en la jurisprudencia de esta Sala, que debía ser acatada conforme lo establece los artículos 234 y 235 CP, así como la sentencia CC SU1132018, para que tuviera efectos la decisión de no continuar efectuando los aportes al sistema de pensiones, porque al

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Radicación n.° 92916 accionante le comunicó una decisión tomada de manera unilateral, sin tener en cuenta su voluntad frente a si dejaba de cotizar o de continuar haciéndolo. Maxime si la mencionada misiva le dio plazo hasta el 31 de enero de 2013 para que expresara si seguiría aportando en forma voluntaria, indicándole que, en tal caso, asumiría la totalidad del aporte, lo que era procedente. Precisó que EPM arguyó en sus alegatos de conclusión que operaba la prescripción sobre los aportes reclamados, no obstante, no era en esa oportunidad procesal donde debió enunciar ese reproche sino en la apelación, sin embargo indicó que tratándose de la acción para reclamar el pago de cotizaciones omitidas por el empleador, no están sometidos a la prescripción extintiva total. En el anterior contexto encontró ajustada a derecho la orden impuesta a Colpensiones, de liquidar y recibir el pago

del cálculo actuarial, el cual debía incorporarse en la historia laboral del actor, en aras de contribuir a la financiación de las prestaciones económicas, derivadas del sistema; siendo procedente la reliquidación de la mesada pensional, con el ingreso base de liquidación de los últimos diez (10) años cotizados, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993; teniendo en cuenta para ello, las aportaciones contenidas en el cálculo actuarial cuyo pago está a cargo de EPM ESP; observándose bien liquidados los valores liquidados por el Juzgado.

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IV. RECURSOS DE CASACIÓN

Presentados por JUAN GUILLERMO VÁSQUEZ VALLEJO y por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – ESP (EPM), concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver, por cuestiones de método, la Sala, en primer lugar, abordará el estudio del recurso presentado por la segunda dado que apunta a discutir la responsabilidad del pago de la condena, para luego estudiar el planteado por el actor.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN (EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – ESP EPM) Solicita case «parcialmente» la sentencia de segunda instancia, en cuanto, […] CONFIRMÓ la condena en contra de EPM ESP, por concepto del cálculo actuarial correspondiente a los periodos no cotizados, entre el 1° de febrero de 2013 y el 30 de abril de 2015; para que, en su lugar, y una vez constituida en sede de instancia, REVOQUE la sentencia condenatoria, (en tal concreto

aspecto del cálculo actuarial), proferida por el a-quo, y se absuelva de tal concepto. Subsidiariamente, se pretende con el recurso extraordinario, que la H. Corte. CASE PARCIALMENTE, la sentencia proferida por el Tribunal, en cuanto confirmó la condena a EPM, al pago de los aportes pensionales causados entre el 1º de febrero de 2013 y el 30 de abril de 2015, para que en su lugar, y una vez constituida en sede de instancia, modifique la sentencia proferida por el a-quo, y en su lugar, disponga que los aportes pensionales a pagar con destino a Colpensiones, solo serán los causados entre el 1º de febrero de 2013 y el 23 de abril de 2013, con la consecuente obligación del trabajador de pagar el 4% sobre los aportes respectivos de tal periodo, al tener igualmente obligación frente al sistema pensional.

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Radicación n.° 92916 Sobre costas se decidirá lo pertinente (negrilla y mayúsculas del texto original) (f.º 3, demanda de casación cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito formula dos cargos, que fueron replicados por Colpensiones, los cuales se resolverán conjuntamente, ya que denuncian la trasgresión similar del elenco normativo, presentan argumentos afines y persiguen el mismo objetivo.

VI. PRIMER CARGO Enrostra al juez de apelación de haber vulnerado la ley por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de

la Ley 797 de 2003. Como errores de hecho, enlista:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa le había notificado al trabajador "una decisión ya tomada de manera unilateral", y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la empresa efectivamente dio oportunidad previa al trabajador, (y previo a la desafiliación), para que manifestara su voluntad respecto de continuar realizando aportes voluntarios al sistema de pensiones.

2. No dar por demostrado, estándolo, que, dentro del interregno de tiempo que el empleador concedió al trabajador, para que manifestara su voluntad de continuar realizando los aportes voluntarios en pensiones, el trabajador no manifestó su voluntad expresa de seguir cotizando en pensiones, y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la voluntad del trabajador era la de no de seguir cotizando voluntariamente.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la inconformidad con la suspensión del aporte, solo fue expresada por el demandante cuando agotó la reclamación administrativa el día 04 de mayo de 2018, (esto es, con mucha posterioridad a la terminación del contrato, e incluso estando ya pensionado por el

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Radicación n.° 92916 riesgo de vejez); y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la voluntad del trabajador, mientras estuvo vigente el contrato, no era la de seguir cotizando voluntariamente.

4. No dar por demostrado, estándolo, que, mediante comunicación del 23 de abril de 2013, reiterada el 24 de mayo del mismo año, el empleador le informó al trabajador que se

iniciarían los trámites de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y se le indicó que tendría todo el acompañamiento de la servidora especialista en el tema pensional; y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la voluntad del trabajador no era la de seguir cotizando voluntariamente, sino la de pensionarse.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa satisfizo unos estándares mínimos de transparencia y de información frente al trabajador, en el horizonte de la desafiliación al sistema de pensiones.

Indica que los anteriores errores fueron consecuencia de la valoración equivocada de: -Documento del 04 de enero de 2013, (obrante a folios 251 del expediente principal), por medio de la cual el empleador le comunicó al trabajador de manera previa a la desafiliación, la intención de la futura cesación de aportes y la posibilidad de que informara la voluntad de continuar cotizando de manera voluntaria, además de la posibilidad de obtener asesoría sobre el tema con un profesional sobre la materia. Y, por haber dejado de valorar las siguientes pruebas: - Documento contentivo de la reclamación administrativa, (obrante a folio 61 del cuaderno principal). - Documentos del 23 de abril de 2013 y el 24 de mayo del mismo año, (obrantes entre folios 252 y 266 del cuaderno principal), por medio de los cuales la empresa le comunicó al trabajador que la empresa había iniciado los trámites pensionales a su nombre, y que, de requerir asesoría especializada, la empresa la suministraría. Acota que el Tribunal se equivocó de forma evidente al

valorar la Comunicación que dirigió al accionante el 4 de

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Radicación n.° 92916 enero de 2013, en la que lo conminó a que «si su deseo es continuar cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, lo podrá seguir haciendo en forma voluntaria», lo que debería ser informado antes del 31 del mismo mes y año además se le indicó que si tenía dudas en punto a lo relativo a su pensión le otorgaría la información necesaria, por lo que se acreditó que previo a la desafiliación realizó la consulta al actor sin que para el plazo otorgado manifestara si le apetecía seguir aportando a seguridad social, reporte de novedad que fue hasta el 1º de febrero siguiente, por lo que no fue una decisión unilateral y mucho menos inconsulta. Asegura que el colegiado confunde la pretensión de desafiliación futura con la decisión como tal, pues aquella ocurrió cuando reportó la novedad que fue hasta el 1º de febrero siguiente, cuando el actor no manifestó en forma alguna si deseaba continuar aportando o no al sistema. Precisa que mientras estuvo vigente el contrato de trabajo el demandante no evidenció manifestación alguna sobre su voluntad de reactivar el aporte pensional, sino hasta que presentó su reclamación administrativa el 4 de mayo de 2018. Acotó en sustento al alcance subsidiario que en las comunicaciones del 23 de abril y 24 de mayo de 2013 (f.º 151 y 266) se le informó al promotor que iniciaría los trámites de reconocimiento y pago de su pensión de vejez y se le daría el

acompañamiento para ello, sin que se opusiera por lo que encontró «una voluntad táctica de éste de pensionarse y de

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Radicación n.° 92916 manera alguna de seguir cotizando de manera voluntaria», por lo que el cálculo actuarial debió limitarse al periodo comprendido del 1º de febrero al 23 de abril de 2013. Luego de citar apartes de la sentencia CSJ SL15822018, insiste en que, consultó al trabajador previo a la desafiliación como se explicó, lo que ameritaba una «solución proporcional y coherente valorativamente, sin que se puedan excluir elementos probatorios y fácticos relevantes», pues lo contrario conduciría a llegar a «soluciones incompatibles desproporcionadas y desalineadas».

VII. SEGUNDO CARGO Acusa la decisión de segundo grado de violar directamente, en el sub motivo de interpretación errónea del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de la Ley 797 de 2003.

Previo a la sustentación de la acusación, pide a la Sala que «la línea jurisprudencial de la Corte, sea reevaluada, para que en su lugar se regrese a la línea interpretativa que con anterioridad tenía la Corte». Luego de trascribir el inciso 2º del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de la Ley 797 de 2003, expone que dicha normatividad establece que la obligación de cotizar termina una vez se cumplen los requisitos para obtener la pensión de vejez, sin que señale que la facultad

del empleador de suspender el pago al sistema requiera de

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Radicación n.° 92916 una previa y expresa manifestación del trabajador en tal sentido, como lo concluyó el Tribunal. Razona que la norma se limita a señalar la regla de extinción de una obligación jurídica para con el sistema de seguridad social en pensiones, una vez se cumplan los requisitos mínimos para que el trabajador se pensione; la cual puede ser ejercida por el dador del empleo de forma autónoma, sin requerir de la autorización previa y expresa de empleado, para lo que transcribe apartes de las sentencias

CC C-529-2010, CC SU-037-2019 y CSJ SL1582-2018.

Alude que la recta interpretación del inciso 2º del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 atendiendo lo establecido en el 27 del CC, debe entenderse con los siguientes parámetros:

1. La norma, (ni en su contenido gramatical, ni en su espíritu), exige una "aceptación" previa al trabajador, para que el empleador ejerza la potestad de cesar en los aportes en pensiones una vez el trabajador activo cumple los requisitos mínimos para obtener la pensión de vejez, y mucho menos, obligación alguna de advertirle sobre las posibles o eventuales consecuencias de la desafiliación en el valor de la pensión.

2. La reactivación del aporte voluntario en pensiones, supone, necesariamente, de la previa manifestación de voluntad o exteriorización del trabajador en tal sentido, pues no es posible para el empleador entrar a suponer o imaginar tal voluntad por

parte del trabajador.

3. La suspensión del aporte en pensiones, no viola el principio de la solidaridad, así el contrato esté vigente.

Para concluir asegura que no es razonable ni se infiere de la norma, que el empleador deba presumir la voluntad del trabajador sobre tal aspecto.

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VIII. RÉPLICA Colpensiones alega que el Tribunal acertó en la valoración probatoria que realizó, así como que interpretó la normativa que regula el sub examine como la jurisprudencia de esta Sala lo ha enseñado (folio 1 a 9 oposición cuaderno digital).

IX. CONSIDERACIONES El sentenciador precisó que, la jurisprudencia de esta Sala establece la necesidad de contar con la manifestación expresa del trabajador encaminada a exonerar al empleador de la obligación patronal de cotizar al sistema pensional, a pesar de que el afiliado cumple los requisitos para acceder a la pensión, ya que eventualmente aquel podía aumentar el monto de la prestación al reunir un número mayor de cotizaciones.

Así, al encontrar que la accionada el 4 de enero de 2013 le comunicó a Juan Guillermo Vásquez Vallejo que: procedió a cesar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones a partir del 1º de febrero de 2013, por haber cumplido las condiciones de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez y que si su deseo era continuar cotizando, lo podría seguir haciendo en forma voluntaria y con la totalidad del aporte a su cargo, lo cual debía informar antes del 31 de enero de 2013, con el fin de registrar la

novedad en la nómina, determinación que calificó de unilateral y contraria a lo enseñado por sentencias proferidas

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Radicación n.° 92916 por esta Corporación y la de la Corte Constitucional así como de los artículos 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de la Ley 797 de 2003, 234 y 235 de la CP. La censura, en relación con el alcance principal de su acusación, asegura que el Tribunal interpretó equivocadamente el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de la Ley 797 de 2003, pues en su sentir, tal norma no exige, para que el empleador ejerza la facultad de suspender los pagos al sistema pensional, el contar con una previa y expresa manifestación del empleado en tal sentido. Encaminando el ataque al alcance subsidiario, señala que de no entenderse lo anterior así, debe ordenarse la asunción del cálculo actuarial desde el momento en que se desafilió al trabajador -1º de febrero de 2013hasta que obtuvo conocimiento del inicio del trámite pensional -23 de abril siguiente-. Bajo el anterior contexto, la Sala debe resolver, en un primer momento, desde la perspectiva jurídica (cargo segundo), si el Tribunal se equivocó al señalar que para dejar de realizar aportes al sistema pensional, una vez el trabajador ha cumplido los requisitos mínimos de pensión y continúa prestando servicios, el empleador, debe contar con la aquiescencia expresa de aquel; y en un escenario fáctico (cargo primero), de ser afirmativa la respuesta al primer

problema, si erró al señalar que no se contaba con la autorización explícita del demandante, ya que, en sentir del

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Radicación n.° 92916 censor, aquella se derivaba de la misiva mediante la cual se le otorgó un plazo para manifestar si deseaba continuar aportando a seguridad social en pensiones sin que el trabajador se pronunciara así como de las que le notificó el trámite administrativo para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. i) Respecto del segundo cargo Pues bien, en lo que hace al aspecto jurídico ha de señalarse que la problemática propuesta por la censura ya fue definida por esta corporación en sentencia CSJ SL25562020 dentro de un proceso seguido contra las mismas entidades convocadas al presente litigio, donde se analizó el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y, en lo que aquí interesa, estableció que el empleador tenía la facultad de suspender el pago de los aportes a pensión, siempre y cuando, contara con la autorización del afiliado y, previa a esa manifestación, le hubiera informado sobre las consecuencias que podía generarle. En efecto, en esa decisión, se dijo lo siguiente: Po