CSJ - SL2127-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2127-2024 Radicación n.°98791 Acta 27 Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por FABIÁN ANDRÉS RUIZ GUTIÉRREZ contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente

contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. –

ECOPETROL S.A.

I. ANTECEDENTES El citado accionante llamó a juicio a Ecopetrol S.A. con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 21 de agosto de 2015, cuando fue despedido pese a estar protegido por el

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Radicación n.° 98791 fuero de estabilidad laboral reforzada; en consecuencia, solicitó declarar la ineficacia de la terminación del vínculo y que se ordene su reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de iguales condiciones, teniendo en cuenta las restricciones médicas; así mismo, pidió el pago de salarios, prestaciones sociales legales y convencionales, compensación en vacaciones, aportes a cavipetrol, subsidio familiar y de arriendo, aportes a seguridad social integral, indexación de las sumas adeudadas, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

En subsidio, deprecó el pago de las indemnizaciones de que tratan los artículos 26 de la Ley 361 de 1997 y 64 del CST, la indexación, lo probado ultra o extra petita y las costas. Fundamentó sus aspiraciones en que suscribió con la accionada un contrato de trabajo a término fijo de un año, a partir del 22 de agosto de 2012, el cual se prorrogó hasta el 21 de agosto de 2015; que ocupó el cargo de profesional III para la coordinación de plantas del proceso de Apiay, para lo cual le asignaron funciones como la de hacer seguimiento a las plantas en términos de calidad, participar en la planeación de paradas de planta para mantenimiento y reposición de equipos, actualizar manuales de calidad, entre otros, por un salario que ascendió a la suma mensual de $5.526.000. Afirmó que en noviembre de 2013, presentó dificultades para conciliar el sueño, por lo que el 12 de ese

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Radicación n.° 98791 mes y año «presenta la primera conducta de auto y heteroagresión mientras se dirigía a su casa»; en virtud de esto, fue llevado al Instituto de Salud Mental La Confraternidad, lugar en el que le diagnosticaron «TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS» y permaneció hospitalizado desde el 12 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2013; que entre el 5 y el 16 de diciembre de igual anualidad fue enviado a su casa para continuar con el tratamiento, y a

partir de este último día hasta el 24 de enero de 2014, permaneció incapacitado. Contó que el 21 de abril de 2014, la médica tratante recomendó «no exceder la jornada normal, no tener horarios nocturnos, procurar no manejar altos niveles de estrés», y que durante todo el año 2014 acudió a controles; que entre el 31 de enero y el 25 de febrero de 2015 estuvo hospitalizado dadas las «dificultades para conciliar el sueño, conductas agresivas e idea delirantes», y que en virtud a esto último permaneció incapacitado del 25 de febrero al 30 de marzo de 2015. Narró que durante todo el año 2015, acudió a controles médicos, con el fin de que se analizara su evolución, y que el profesional de salud le recomendó continuar con los tratamientos de psiquiatría para evitar que «sufriera nuevamente de episodios maniacos». Indicó que por solicitud de la demandada, el 21 de enero de 2014, el médico laboral emitió un concepto

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Radicación n.° 98791 respecto de su situación de salud, en el que resaltó la gravedad de la enfermedad y recomendó: evaluación y tratamiento por psiquiatría, de forma periódica y por psicoterapeuta, terapias ocupacional, neurocongnitiva, familiar y nutricional, llevar a comité DOES en mesa de seguimiento de casos, continuar con incapacidad laboral, hacer que los episodios sean menos frecuentes e intensos

mediante la buena adherencia a su tratamiento, ayudar a que se desempeñe bien y disfrute la vida en casa y en el trabajo, prevenir la autoagresión y el suicidio. Anotó que el 19 de febrero de 2014, un nuevo galeno recomendó a más de lo anterior que en los siguientes tres meses no laborara en turnos nocturnos, no sobrepasara la jornada de trabajo, no tuviera sobre carga fuera de los tiempos de labor, no condujera vehículos, ni realizara trabajos los fines de semana en alturas o en espacios confinados. Relató que el 31 de marzo de 2014, por solicitud de la accionada y en razón a que el demandante refirió síntomas depresivos, la compañía Equivida Salud Ocupacional realizó un control médico en el que le diagnosticó «TRASTORNO DE LA CONDUCTA NO ESPECIFICADO y DISPESIA». Adujo que el 8 de mayo siguiente, Ecopetrol S.A. le adelantó otro examen de salud ocupacional, en el que se emitieron recomendaciones iguales a las fijadas el 19 de febrero, y por el mismo término.

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Radicación n.° 98791 Señaló que el 2 de marzo de 2015 se expidió un nuevo concepto médico en el que le recomendaron control por especialidad tratante, continuar con incapacidad desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo de 2015 y con la medicación indicada; que el 20 de igual mes y año le dieron otras recomendaciones, como continuar con la incapacidad desde el 8 de marzo hasta el 1 de abril siguiente. Adujo que

acudió a controles médicos entre el 20 de marzo y el 23 de junio de la anualidad en cita, con el fin de atender las recomendaciones y seguir con el tratamiento médico; y que el 10 de agosto de 2015 Ecopetrol S.A realizó otro examen de salud ocupacional en el que se consignó: Evaluado por psiquiatría, se considera que el trabajador se encuentra mejor respecto a su estado afectivo, sin ideas suicidas, con buen patrón de sueño y buena adherencia al tratamiento médico el cual debe continuar para disminuir la crisis y/o aceleración de los síntomas psicóticos. Continuar manejo por psiquiatría según demanda, debido a que se encuentra en tratamiento con medicación antipsicótica. No puede laborar en alturas, realizar trabajos nocturnos, espacios confinados de presión o de vigilia constante. Sostuvo que «el 19 de agosto de 2014» la enjuiciada le envió preaviso de terminación de contrato de trabajo; por lo anterior, envió escrito a la vicepresidencia de talento humano, en el que solicitó la garantía de estabilidad laboral reforzada, sin obtener un resultado favorable, puesto que la accionada mediante oficio OPC2015-46652 le informó que no procedía tal petición y el 21 de agosto de 2015 fue despedido argumentando vencimiento del plazo fijo pactado y sin que existiera permiso del Ministerio del Trabajo.

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Radicación n.° 98791 Adujo que al resolver la acción de tutela que formuló contra la demandada, el Juzgado Sexto Penal con Función de Control de Garantías de Villavicencio, mediante

sentencia de 2 de diciembre de 2015, ordenó a Ecopetrol a reincorporarlo al cargo que desempeñaba hasta tanto la justicia ordinaria laboral resolviera su situación; dispuso coordinar con la ARL las condiciones de trabajo de aquel y ubicarlo en un sitio donde su estado de salud le permitiera el buen desempeño de las labores; en la decisión se aclaró que esto último no impedía que el vínculo laboral pudiera finalizar por una causa objetiva y siempre que lo autorice un inspector de trabajo. Afirmó que tal decisión fue confirmada por el Juez Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad. Arguyó que, en cumplimiento a la acción de amparo, Ecopetrol S.A. lo reintegró el 7 de diciembre de 2015, mismo día en el que también le entregó el preaviso de terminación del contrato a partir del 3 de abril de 2016. Refirió que el 10 de diciembre de 2015 la empleadora le realizó un examen médico en el que se consignó: «puede desempeñarse en actividades donde no requiera ánimo vigilante ni concentración, no trabajo en alturas ni espacios confinados, no trabajo en horas nocturnas. Continuar medicación indicada por psiquiatría. Control periódico con psiquiatra» y añadió que el 18 de diciembre de igual año autorizó a Ecopetrol S.A. a acceder a su historia clínica para que definiera el origen y pérdida de capacidad laboral, así mismo, le solicitó la aplicación de los procesos para determinación del DOES.

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Ecopetrol S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso al éxito todas las pretensiones formuladas en su contra. Admitió la existencia del contrato de trabajo, su modalidad, los extremos temporales, el cargo, las funciones, el horario, las enfermedades diagnosticadas, las hospitalizaciones, incapacidades y recomendaciones, controles médicos, la carta de preaviso de terminación del contrato por expiración del plazo, la no solicitud de permiso ante el Ministerio de Trabajo para terminar la relación laboral, la acción de tutela y su decisión judicial, el reintegro y la entrega de la misiva de terminación del contrato a partir del 3 de abril de 2016. Precisó que el último salario devengado lo fue por valor de $6.068.101; que en concepto médico de 21 de enero de 2014, el galeno indicó que la enfermedad sin el adecuado tratamiento puede traer consecuencias graves y con un alto costo personal, familiar, laboral, económico y social, y que al 21 de agosto de 2015, cuando finalizó el vínculo laboral, el demandante no presentaba recomendaciones médicas según el memorando No. 2-2015-057-8132 de 24 de junio de 2015, en el que profesional hizo el «levantamiento de restricciones laborales y comunicó al Jefe inmediato y al trabajador que no existía ninguna restricción para laborar». Manifestó que, si no solicitó permiso para finalizar la relación de trabajo ante la autoridad administrativa, fue porque el convocante al proceso no presentaba afecciones en su salud que le dificultaran sustancialmente el desempeño de sus funciones en condiciones regulares; es

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Radicación n.° 98791 decir, no era beneficiario de la Ley 361 de 1997. Aclaró que la recomendación de continuar el control por psiquiatría era importante porque se trataba del insumo para la valoración ocupacional, y que el finiquito del nexo obedeció a la terminación del plazo fijo pactado, por tanto, no se trató de un despido. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la genérica que resulte probada en el proceso. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Villavicencio con fallo del 25 de enero de 2018, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, por manera que absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas a cargo del demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación formulado por el actor, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante sentencia proferida el 27 de marzo de 2023, confirmó la decisión de primer grado y le impuso costas al impugnante.

La colegiatura centró el problema jurídico en definir si el promotor del litigio era beneficiario de la estabilidad

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Radicación n.° 98791 laboral reforzada al momento del despido, y si procedía el consecuente pago de las condenas solicitadas. Previo a resolver, dejó por fuera de debate la existencia del contrato de trabajo en la modalidad de término fijo, que rigió desde

el 22 de agosto de 2012 hasta el 21 de agosto de 2015, el cargo que aquel desempeñó y el monto que percibió como última asignación salarial. Afirmó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 buscaba proteger los derechos fundamentales de las personas que, con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, padezcan grados de pérdida de capacidad laboral en los rangos de moderado, severo y profundo; en otros términos, tal amparo procede para quienes tienen una invalidez significativa; que conforme al artículo 7 del Decreto 2463 de 2001, la discapacidad moderada oscila entre el 15% y el 25%, severa mayor de 25% pero menor de 50% y profunda cuando supera el 50%. Aludió a la sentencia CSJ SL5163-2017, en la que la Corte precisó que la protección emergía para quienes hayan perdido el 15% o más de su capacidad para laborar; sostuvo que para acreditar lo anterior, no era necesario contar con una prueba solemne, pues lo importante es que el trabajador tenga un grado significativo y que el patrono conozca de tal situación, a fin de que sobre él recaiga el deber de obtener el permiso que brinda la autoridad del trabajo para proceder al despido (CSJ SL5181-2019 y CSJ SL, 18 sept. 2012, rad. 41845).

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Radicación n.° 98791 Puntualizó que de cara a lo que las pruebas obrantes en el plenario acreditaron, se podía colegir que las

peticiones no estaban llamadas a prosperar, si se tenía presente que si bien, quedó demostrado que el 12 de noviembre de 2013, el demandante fue diagnosticado con «trastorno afectivo bipolar» y «episodio maniaco presente con síntomas psicóticos», razón por la que lo hospitalizaron entre el 12 de noviembre y el 4 de diciembre de 2013 y desde el 31 de enero hasta el 25 de febrero de 2015 (f.° 58-98) y por la que fue a citas de control por consulta externa durante los años 2013 y 2015, en las que le expidieron recomendaciones de manera trimestral (f.° 107-118); lo cierto fue que también quedó probada la mejoría significativa en su salud mental y en sus condiciones de existencia, tanto así que el tratamiento al que lo sometieron, «impidió que se le considerara como una persona inhabilitada o imposibilitada para ejercer funciones propias de su cargo». Explicó que lo precedente tenía sentido, como quiera que en el examen médico ocupacional del 8 de mayo de 2014 (f.° 107), el galeno especialista consignó: El plan de tratamiento es siempre individual y adecuado a las necesidades del funcionario, este debe incluir: 1. Ayudar a que el usuario se desempeñe bien y disfrute la vida en casa y en el trabajo. 2. Asignación gradual de desempeño. 3. No laborar en turnos nocturnos, no sobre carga laboral fuera de los tiempos de trabajo. 4. No conducir vehículos. 5. No trabajo en alturas, espacios confinados. Las anteriores recomendaciones tienen

una vigencia de 3 meses, haciendo seguimiento a las recomendaciones indicadas. Nueva valoración en 3 meses por medicina industrial o antes según concepto de especialidad

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Radicación n.° 98791 tratante para determinar, estado actual y/o restricciones temporales o definitivas (…). Añadió que el examen periódico de salud ocupacional de 10 de agosto de 2015, arrojó el siguiente resultado: Evaluado por psiquiatría, se considera que el trabajador, se encuentra mejor respecto a su estado afectivo, sin ideas suicidas, con buen patrón de sueño y buena adherencia al tratamiento médico, el cual, debe continuar para disminuir las crisis y/o aceleración de los síntomas psicóticos. Continuar manejo por Psiquiatría según demanda; debido a que se encuentra en tratamiento con medicamentos antipsicótica (sic), no se puede laborar en alturas, realizar trabajos nocturnos, espacios confinados, ni actividades de precisión o de vigilia constante […]. De cara a esto último, reiteró que no procedía la protección deprecada, en razón a que el actor no acreditó que las funciones a su cargo las debía realizar a altas horas de la noche o en espacios con grandes alturas, es decir, que «sus patologías no lo incapacitaron para ejecutar labores por las cuales fue contratado»; así mismo, porque para la fecha en que terminó su contrato -21 de agosto de 2015no estaba incapacitado, dado que la última que emitieron lo fue entre el 8 de marzo y el 1 de abril de 2015. Indicó que el plenario también carecía de pruebas que

permitieran evidenciar que a la fecha en que finalizó el vínculo contractual, el accionante había perdido capacidad para trabajar o tenía alguna limitación física, psíquica o sensorial para ejercer la labor encomendada, pese a que recibió tratamiento médico continuo. Agregó que el demandante tampoco se ocupó de acreditar que padecía

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Radicación n.° 98791 alguna patología o accidente laboral, de los que se desprendiera que se trataba de un trabajador inválido o disminuido; y que no existía una recomendación de reubicación de las entidades de salud de la que se pudiera colegir que sus quebrantos, «eran de conocimiento del empleador al momento del finiquito contractual». Por lo anterior, enfatizó que tampoco procedían a su favor las pretensiones subsidiarias, al no quedar acreditado que su despido fue producto de una decisión unilateral y abusiva que conduzca a la imposición de la indemnización prevista en el artículo 64 del CST. De otra parte, precisó que si bien, no desconocía que la jurisdicción constitucional resolvió la situación del demandante, era el juez laboral quien tenía la autoridad para decidir este tipo de controversias, y no estaba obligado a mantener las órdenes emitidas en un fallo de tutela.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, se accedan a

las pretensiones formuladas en la demanda inicial.

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Radicación n.° 98791 Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula tres cargos que obtienen réplica, los cuales se estudiarán en forma conjunta, toda vez que denuncian similar normatividad, se valen de una argumentación que se complementa y persiguen idéntico cometido.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 98791 Denuncia la violación directa por interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 47 al 49 y 53 de la CP; 1 y 9 del CST; 4 de la Ley 82 de 1988, por medio de cual se ratificó el Convenio 159 de la OIT; 1 y 2 de la Ley 1346 de 2009 con el que se aprobó la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 2 de la Ley 1618 de 2013. Afirma que el Tribunal le dio un alcance distorsionado al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al manifestar que al plenario no se allegó un dictamen que permita constatar que, a la terminación del nexo, el accionante había perdido capacidad para laborar en los grados de moderada, severa o profunda, pues basta analizar la literalidad de la norma para advertir que el legislador no contempló ninguna de esas exigencias, la jurisprudencia constitucional tampoco lo ha admitido y, en todo caso, el artículo 7 del Decreto 2463

de 2001, que definía los criterios de severidad de la limitación fue derogado por el artículo 61 del Decreto 1352 de 2013.

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Radicación n.° 98791 Manifiesta que si el juez de segunda instancia hubiera hecho un análisis acertado del aludido artículo 26, habría acudido a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Colombia a través de la Ley 1346 de 2009, con vigencia a partir del 10 de junio de 2011, y el artículo 2 de la Ley 1618 de 2013, según el cual las personas discapacitadas son todas aquellas que tienen una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. En ese orden dice que, en casos como el presente, ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada convención y las Leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013, la discapacidad no puede medirse desde dictámenes o porcentajes de pérdida de capacidad laboral, sino a partir de situaciones graves o relevantes de salud. Sostiene que así lo mencionó la Corte Constitucional, por ejemplo, en sentencias CC SU049-2017, CC C200-2019 y CC C5312000, a través de las cuales explicó que la protección constitucional aplica a favor de quienes se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

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Radicación n.° 98791 Señala que el aludido artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debe ser entendido en relación con los artículos 1 y 9 del Estatuto Laboral, como quiera que estos constituyen, como principio rector, la protección a la actividad humana en casos en los que los ciudadanos cuentan con una afectación o menoscabo a su salud, ubicándolo en una situación de vulnerabilidad o desventaja. Esgrime que es claro que el juez de alzada adicionó requisitos que no contempla el citado artículo 26, la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, ni los tratados que integran el bloque de constitucionalidad, dado que ninguno exige a los beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada el deber de acreditar a través de un dictamen un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues apenas es necesario que el trabajador sufra alguna afectación en su salud que le dificultara el desempeño de sus funciones en el trabajo para dispensar la protección.

VII. LA RÉPLICA

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Radicación n.° 98791 Ecopetrol S.A. aduce que en ninguna equivocación incurrió el juez de alzada al interpretar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que se valió del precedente vigente para ese momento, en el que se exigió el deber de acreditar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Advierte que de todas maneras, el Tribunal analizó de forma acertada el artículo 2 de la Ley 1618 de 2013, pues al

aplicarlo al caso en concreto halló probado que si bien, al demandante le diagnosticaron enfermedades mentales, por las que estuvo hospitalizado en dos ocasiones y asistió a citas médicas de control en los años 2013, 2014 y 2015, lo cierto es que, en aras de garantizar la recuperación plena y total, le dieron unas recomendaciones laborales y obtuvo resultados favorables de mejoría en la salud mental y condiciones de existencia, las cuales impidieron que fuera una persona inhabilitada o imposibilitada para ejercer sus funciones. Arguye que la censura exageró el cargo formulado, puesto que el ad quem sí tuvo en cuenta para resolver, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de ninguna manera exigió que «existiese un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, sino que se dio a la tarea de verificar el haz probatorio».

VIII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n.° 98791 Acusa la violación indirecta, por aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley 1346 de 2009; 2 de la Ley 1618 de 2013 y 1, 2, 13, 25, 29, 47 al 49 y 53 de la Constitución Política. Para tal fin, enlista los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los padecimientos del demandante lo inhabilitaban y le impedían el desarrollo de las funciones propias de su cargo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al

momento de la terminación del contrato de trabajo poseía padecimientos de mediano y/o largo plazo.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante se encontraba en condición de discapacidad al momento de la terminación del contrato de trabajo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no debía acreditar ningún porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante era beneficiario de la estabilidad reforzada que contempla la Ley 361 de 1997.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la desvinculación del trabajador se dio por motivos de sus padecimientos de salud.

Como pruebas y piezas procesales no valoradas, acusa la historia clínica hospitalización (f.°58-98), historia clínicacitas médicas, recomendaciones y/o restricciones medico laborales (f.°107-118), concepto medicina laboral (f.°99102), exámenes periódicos de salud ocupacional de 8 de mayo de 2014 y 10 de agosto de 2015 (f.°107 y 115), contrato de trabajo (f.°51-57), la demanda inicial y su contestación (f.°3 al 27 y 276 al 297).

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Radicación n.° 98791 Arguye que las referidas pruebas permiten evidenciar lo que el Tribunal no examinó que al momento en que ocurrió el despedido, el demandante padecía una «deficiencia física, a mediano y largo plazo, lo que le generaba la existencia de barreras que le impedían al mismo el ejercicio efectivo de su

labor, en igualdad de condiciones que los demás». Expresa que, como quiera el actor que fue diagnosticado con trastorno afectivo bipolar y episodio maniaco presente con síntomas psicóticos, es por esto que lo hospitalizaron en dos ocasiones; la primera, entre el 12 de noviembre y el 4 de diciembre de 2013, y la siguiente, desde el 31 de enero hasta el 25 de febrero de 2015 (f.°58-98); así mismo, porque asistió a citas de control por consulta externa en los años 2013 y 2015 (f.°107-118) y a los exámenes periódicos de salud ocupacional realizados el 8 de mayo de 2014 (f.°107) y el 10 de agosto de 2015 (f.°118). Manifiesta que si bien, el juez plural tuvo en cuenta tales pruebas, «estuvo lejos de comprender o dimensionar el verdadero sentido y alcance de su contenido», pues de ellas lo que evidentemente se advierte, es que el demandante tiene una deficiencia física a «largo y/o mediano plazo», tanto así que «estableció que el mismo recibía tratamiento médico continuo».

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Radicación n.° 98791 Afirma que la «historia clínica» da cuenta de «la presencia de obstáculos que debieron removerse para garantizar el desempeño del trabajador en condiciones de salud». Dice que si la colegiatura hubiera analizado el examen médico periódico de salud ocupacional de 10 de agosto de 2015 (f.°118), habría constatado que al momento del despido al promotor del litigio le recomendaron: «continuar manejo por

psiquiatría según demanda; debido a que se encuentra en tratamiento con medicamentos antipsicótica, no puede laborar en alturas, realizar trabajos nocturnos, espacios confinados, ni actividades de precisión o de vigilancia constante». Explica que si bien, en el proceso no quedó probado que el demandante tuviera que realizar funciones en altas horas de la noche en espacios con grandes alturas, tal y como lo advirtió el juez de segundo grado, no es menos cierto que en las funciones principales que desempeñó lo fueron de «precisión o vigilancia constante»; pues basta revisar el hecho doce de la demanda inicial y su contestación (f.°4 y 280) y el contrato de trabajo (f.°51-57), para constatar que las labores que desempeñó lo fueron para hacer monitoreo al comportamiento de las plantas y del tratamiento químico de las mismas, programar y hacer seguimiento de recibo de crudo, monitorear la calidad de los productos, coordinar la operación del área de recibo y de despacho de gas natural, entre otras.

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Radicación n.° 98791 Arguye que queda demostrado que el juez de alzada erró en la valoración del entorno laboral del actor, al no evidenciar que las restricciones médicas que le impusieron, son precisamente las de no realizar funciones de precisión o vigilancia constante, mismas que ejecutó a diario. Pone de presente que, el juez plural también desconoció que la protección se garantiza a quienes no pueden integrarse y adaptarse por su deficiencia, preservando su vigencia en el sector laboral, tal y como esta

Corte lo ilustró en sentencia CSJ SL1824-2023. Aduce que, a la luz de lo ilustrado, surge manifiesto el yerro fáctico en que incurrió el juzgador de segunda instancia al descartar la protección a favor del demandante, pese a que quedó probada la deficiencia física y mental que padece desde el año 2013, esto es, en vigencia de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la barrera que le impidió ejercer sus labores en igualdad de condiciones, mismas que fueron ampliamente conocidas por el empleador. Memora que, frente a los eventos ocurridos en vigencia de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013, no hay lugar a acreditar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral o un factor numérico, sino la condición de salud del trabajador.

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IX. LA RÉPLICA Arguye que este segundo cargo contiene yerros técnicos, si se tiene presente que la censura no se ocupó de probar los errores manifiestos de hecho en los que incurrió el juez de alzada, pues apenas aludió al título de algunas pruebas en forma genérica.

Advierte que en ninguna equivocación pudo incurrir el colegiado, dado que de la valoración que hizo a los elementos de convicción encontró acreditado que los controles y tratamientos médicos a los que acudió trajeron como consecuencia positiva que el accionante pudiera continuar ejerciendo sus funciones en igualdad de

condiciones que los demás. Añade que, lo que no está demostrado, es que aquel hubiese tenido barreras que le impidieran desempeñar las funciones, tanto así que el ad quem «se dio a la tarea de verificar si el trabajador realizaba trabajo nocturno, a lo que concluyó que no, y que tampoco laboraba en alturas».

X.CARGO TERCERO

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Radicación n.° 98791 Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 13, 29 y 31 de la CP; 1, 2, 6, 7, 40, 51 al 56, 60 y 61 del CPTSS, como violación de medio y 53, 54, 64, 164, 165, 167, 177, 178, 191, 196, 198, 208, 211, 222, 225, 243, 244, 250, 260, 262 y 275 del CGP. Aduce que, como errores de hecho, enlista los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, la verdadera condición de salud del demandante.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al momento de la terminación del contrato de trabajo se encontraba inhabilitado o imposibilitado para desempeñar sus funciones.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al momento de la desvinculación laboral t