CSJ - SL2129-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2129-2024 Radicación n.° 101174 Acta 27 Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por JHON EDUY QUINTERO GUEVARA, MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS ALFONSO MARÍN SANTA y CÉSAR JULIÁN TORO VARGAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 15 de marzo de 2023, en el proceso ordinario laboral que los recurrentes adelantan

contra la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP, la

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

PEREIRA S.A. ESP, la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., como sucesora procesal de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP y el MUNICIPIO DE PEREIRA como sucesor procesal del

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Radicación n.° 101174 INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA INFIPEREIRA. Trámite al que fueron llamados en garantía

la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

CONFIANZA y SEGUROS DEL ESTADO S.A.

I. ANTECEDENTES Los accionantes iniciaron proceso ordinario laboral para que se declare: i) que entre ellos y la extinta empresa

Multiservicios S.A. existieron los siguientes contratos de trabajo: Demandante Desde Hasta Jhon Eduy Quintero 1 de febrero de 30 abril Guevara 2003 2013 Mario de Jesús Martínez 1 de octubre de 30 abril García 1998 2013 Luis Alfonso Marín Santa 1 de julio de 2003 30 abril 2013 César Julián Toro Vargas 31 de octubre de 30 abril 1998 2013 ii) Que la vinculación finalizó de manera unilateral e injusta por parte de la empleadora; iii) que eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo; iv) que las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales a través de las cuales fueron contratados fungieron como intermediarias; y v) que las demandadas, «en su calidad de socias de la extinta empresa MULTISERVICIOS S.A., son responsables solidarias por las acreencias laborales».

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Radicación n.° 101174 Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condene solidariamente a las accionadas a pagar las diferencias salariales respecto del personal de planta de la extinta empresa Multiservicios S. A. que cumplía las mismas funciones; las prestaciones sociales y vacaciones adeudadas desde el momento de inicio de los nexos laborales y hasta el 4 de marzo de 2010; la «reliquidación de las prestaciones sociales» teniendo en cuenta los valores que percibía un trabajador de planta de la citada sociedad, por el periodo del 5 de marzo de 2010 al 30 de abril de 2013; las prestaciones convencionales; las sanciones por no consignación de cesantías y el no pago de intereses; las

indemnizaciones por despido injusto y la moratoria prevista en el artículo 65 del CST; la reliquidación de los aportes en materia pensional; y las costas. De manera subsidiaria, reclamaron que las anteriores condenas fueran impuestas en virtud de su responsabilidad solidaria como «beneficiarias del servicio» prestado por los actores. En sustento de sus pretensiones, relataron, básicamente, que prestaron sus servicios personales a la empresa Multiservicios S.A., la cual fue liquidada definitivamente el 30 de diciembre de 2014; que desempeñaron el cargo de auxiliar de lectura y distribución; que fueron vinculados a través de varias cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales; que desarrollaron las mismas funciones que consistían en la lectura de medidores de agua, energía y gas y la

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Radicación n.° 101174 distribución de las facturas de estos servicios públicos, predial, valorización y ocasionalmente publicidad; y que la labor la ejecutaron en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, según los horarios, programación y rutas establecida por Multiservicios S.A. Indicaron que estaban sometidos al cumplimiento de los turnos y órdenes impartidas por la referida empresa; que la remuneración correspondía al salario mínimo legal más un auxilio de rodamiento; que durante el tiempo en que se vincularon a través de CTA, no les pagaron las prestaciones sociales; y que cuando fueron contratados mediante EST, sus derechos laborales eran liquidados sobre el salario mínimo. Mencionaron que las funciones que ejercían eran

propias y permanentes en la empresa extinta, quien tenía personal de planta que realizaba las mismas actividades, pero devengaban salarios superiores; que no les reconocieron beneficios convencionales; que la terminación de la vinculación fue consecuencia del proceso de liquidación de Multiservicios S.A. y que no recibieron indemnización alguna; y que las CTA y EST tan solo fueron intermediarias. Explicaron que como consecuencia de la escisión de Empresas Públicas de Pereira se crearon cuatro empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Telecomunicaciones, Energía, Aseo y Acueducto y

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Radicación n.° 101174 Alcantarillado, y una sociedad cuyo objeto era dar apoyo a las anteriores llamada Multiservicios S.A. Señalaron que las aquí demandadas fungieron como socias de la mencionada Multiservicios S.A.; que su naturaleza jurídica era la de una entidad estatal descentralizada del orden municipal, anónima y de economía mixta, «vinculada a las entidades socias»; que en el objeto social se encontraba el de prestar servicios de distribución de facturas, lectura de medidores de energía, acueducto y gas domiciliario, y que, dentro de las actividades de las Empresas de Acueducto y Alcantarillado, de Energía y de Aseo de Pereira también estaba la facturación y lecturas de consumo, por ende, afirmaron que las demandadas son solidariamente responsables por ser «beneficiarias del servicio» prestado por ellos. Agregaron que reclamaron ante Multiservicios S.A. y frente a cada una de las accionadas, pero sus solicitudes

fueron negadas. Al dar contestación a la demanda la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos aceptó los relativos a la creación y liquidación definitiva de Multiservicios S.A., su objeto social, que las demandadas fueron socias de dicha empresa, las reclamaciones y sus respuestas; de los demás refirió que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 101174 En su defensa, arguyó que no sostuvo ninguna relación de trabajo con los actores, quienes se vincularon con diferentes CTA y EST para prestar sus servicios en Multiservicios S.A., sin que se advirtiera que hubiesen obrado como simples intermediarias. Añadió que los accionantes no se hicieron parte en el proceso liquidatorio de Multiservicios S.A. Formuló las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, «ausencia de responsabilidad de la Empresa de Servicio de Aseo de Pereira S.A. ESP porque no se prueba la pretendida solidaridad y porque los demandantes no se hicieron parte del Proceso de Liquidación de Multiservicios SA» y la genérica. Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, al dar respuesta al escrito de demanda, también se opuso a las pretensiones. Admitió los hechos relativos a la creación y liquidación de Multiservicios S.A., el objeto social, la reclamación administrativa y la respuesta brindada; de los demás dijo que no le constaban. Como argumentos defensivos, aseveró que no sostuvo

ninguna relación con los demandantes, y que los servicios que eventualmente pudieron prestar fueron ejecutados a favor de empresas que obraron de manera autónoma e independiente. Agregó que, la actividad de facturación,

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Radicación n.° 101174 recaudo y atención al cliente no es parte de su objeto principal. Propuso la excepción de prescripción. La Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. también dio respuesta a la demanda inicial, oponiéndose a lo pretendido en su contra y frente a los hechos adujo que no eran ciertos o no le constaban. Como razones de defensa, explicó que no sostuvo ninguna relación laboral con los actores, ni tampoco existió una vinculación comercial entre esta accionada y Multiservicios S.A., por lo que no pudo beneficiarse de los servicios que los actores hubiesen podido prestar. Dijo que la solidaridad prevista en el artículo 36 del CST solamente se predica de las sociedades de personas y no las de capital. Enlistó las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación por pasiva y prescripción. El Instituto para el Fomento y Desarrollo de Pereira al contestar el escrito de demanda, se opuso a las pretensiones incoadas. En relación con los supuestos fácticos, aceptó lo relativo a la creación y liquidación de Multiservicios S.A., su objeto social, la condición de socias de las accionadas, las reclamaciones y sus respuestas, y que los demandantes prestaron unos servicios, pero no en

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los extremos temporales aducidos; de los demás adujo que no eran ciertos o no le constaban. Explicó en su defensa que no sostuvo ninguna relación contractual con los actores, quienes debieron demandar al presunto empleador a efectos que se pudiera declarar la existencia de los pretendidos nexos laborales; que no tuvo injerencia directa ni indirecta en la ejecución de los contratos; y que los socios no son responsables frente a los pasivos de una sociedad de capital. Propuso la excepción previa de no comprender la demanda a todos los litisconsorcios necesarios y la falta de citación de otras personas; y como de fondo las de ausencia de vínculo laboral, carencia de prestación continua del servicio, inexistencia de los supuestos fácticos para la nivelación salarial, carencia de beneficios sindicales, compensación, prescripción, responsabilidad subsidiaria de los socios frente a la principal y ausencia de responsabilidad solidaria de los socios de una sociedad de capital. Finalmente, la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP al contestar el escrito demandatorio, también se opuso a las todas pretensiones. En relación con los hechos, admitió la creación y liquidación de Multiservicios S.A., la calidad de socias de esa empresa de las convocadas a juicio, la reclamación administrativa y la respuesta dada por esta demandada; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 101174 Como motivos de defensa expresó que en este caso no operaba la responsabilidad solidaria reclamada, dado que las previsiones del artículo 36 del CST solo se aplican para las sociedades de personas y no de capital; y que no se

cumple la exigencia del artículo 34 del CST en cuanto a la similitud de las actividades. Relacionó las excepciones de falta de causa, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe de la demandada, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción. Esta accionada llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza y a la Compañía de Seguros Generales Condor S.A., con fundamento en que la Empresa de Energía de Pereira S.A. celebró unos contratos de prestación de servicios con Multiservicios S.A. y que esta última empresa constituyó diferentes pólizas con dichas aseguradoras para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se pudieran generar. Dicho llamamiento fue admitido por el juez de conocimiento mediante auto del 21 de julio de 2016 (f.o 784 cuaderno 3). Seguros del Estado S.A. se pronunció frente a la demanda inicial y señaló que se oponía a lo pretendido; que en cuanto a los supuestos fácticos no le constaban y que

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Radicación n.° 101174 coadyuvaba las excepciones formuladas por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP y también proponía la genérica. Respecto al llamamiento en garantía, adujo que expidió una póliza para el cumplimiento del contrato u orden de servicio n.° 10 de 2012 y explicó que no se ha determinado un siniestro por incumplimiento de los amparos contratados, por lo que no podría afectarse la póliza. En su defensa afirmó que la póliza contratada cubre la

relación entre Multiservicios S.A. y la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, pero lo pretendido por los actores desbordaba el objeto pactado del seguro. Formuló las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación; responsabilidad de la entidad contratante; imposibilidad de extender el carácter subjetivo de la mala fe como fundamento de las indemnizaciones laborales en los responsables solidarios; inexistencia de la obligación a cargo de Seguros del Estado S.A. si se declara relación laboral directa entre Multiservicios y/o la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP y los demandantes; falta de aviso del siniestro a la aseguradora; cobro de lo no debido; límite de responsabilidad; prescripción; y la genérica. Por su parte, la Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza dijo que no se pronunciaba frente a las pretensiones de la demanda inicial y que no le constaban los hechos en que se fundamentaban.

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Radicación n.° 101174 Afirmó que no se oponía al llamamiento en garantía siempre que se acreditara el incumplimiento de las obligaciones a cargo de Multiservicios S.A. y se imponga condena en forma solidaria a la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Propuso las excepciones denominadas pérdida del derecho a la indemnización moratoria cuando han transcurrido más de dos años de terminado el vínculo laboral; improcedencia de afectación de la póliza; el trabajador no prestó servicios en ejecución del contrato garantizado; ausencia de cobertura de acreencias causadas

fuera de la vigencia del contrato garantizado; ausencia de cobertura de acreencias laborales causadas por fuera de la vigencia de la póliza; máximo valor asegurado – límite de responsabilidad de la aseguradora; ausencia de cobertura de la indemnización moratoria y de cualquier otra diferente a la indemnización por despido sin justa causa; ausencia de cobertura de prestaciones consagradas en convenciones o pactos colectivos; y la genérica. La Sala resalta que, en el trámite procesal surtido, el juzgado de conocimiento, con providencia del 14 de febrero de 2017 (f.o 888 cuaderno 4), resolvió: i) declarar la ineficacia del llamamiento en garantía respecto de la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A; y ii) tener como sucesor procesal de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP a UNE EPM

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Radicación n.° 101174 Telecomunicaciones S.A., en atención a la fusión por absorción informada por esta última empresa. Adicional a lo anterior, en diligencia del 8 de mayo de 2017 (f.o 913 y 914 cuaderno 4) ordenó la vinculación del señor Javier Buriticá Ceballos en calidad de representante legal de la liquidada Multiservicios S.A.; no obstante, con proveído del 27 de octubre siguiente (f.o 1055 cuaderno 5), dispuso su desvinculación. Y con providencia del 23 de julio de 2019 (f.o 1138 cuaderno 6) tuvo como sucesor procesal del Instituto para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social

de Pereira, al Municipio de Pereira. En audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2019 declaró no probada la excepción previa propuesta por el demandado Instituto para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira (f.o 1143 cuaderno 6). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia dictada el 18 de mayo de 2022, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones e impuso condena en costas a la parte vencida que lo fue el demandante. Así mismo, ordenó costas a cargo de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP y a favor de las llamadas en garantía.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira al resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora, con decisión del 15 de marzo de 2023 confirmó el fallo de primer grado.

Indicó que el problema jurídico consistía en determinar si era jurídicamente viable declarar la existencia de un contrato ficto de trabajo respecto de una persona jurídica liquidada, la cual no hizo parte del trámite procesal, y con ello, imponer el pago de los derechos laborales a los deudores solidarios como únicos vinculados al litigio, por ser beneficiarios del servicio (artículo 34 del CST) o bajo la condición de socios (artículo 36 ibídem). Frente a la viabilidad de declarar el contrato de trabajo y de condenar a los demandados en condición de

beneficiarios del servicio, pero sin la presencia del verdadero empleador, manifestó que Multiservicios S.A. era una sociedad por acciones de carácter mixto indirecta del orden municipal, creada según la autorización del Acuerdo 030 de 1996 del Concejo Municipal de Pereira y conformada por escritura 2144 del 11 de diciembre de 1997; que esa empresa entró en proceso de disolución y liquidación según acta de asamblea de accionistas del 31 de octubre de 2012 y por Resolución 169 del 31 de diciembre de 2014, se declaró terminado ese trámite; y que en el certificado de existencia y representación legal se observaba la inscripción

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Radicación n.° 101174 de liquidación de la persona jurídica desde el 30 de diciembre de 2014 y la cancelación de registro matrícula mercantil el 10 de febrero siguiente. A partir de lo anterior adujo que la competencia del juez, la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la demanda en forma y el trámite son presupuestos que se deben cumplir para ejercer el derecho de acción; de ahí que son elementos que condicionan tanto la admisibilidad de la demanda como «la validez de la sentencia». Destacó que es un requisito indispensable que comparezcan al proceso las personas que son sujetos de las relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales deba resolverse la litis, y que el artículo 27 del CPTSS dispone que la demanda se debe dirigir contra el empleador o su representante cuando éste tenga facultad para comparecer al proceso en nombre de aquel. Consideró que al pretenderse la declaración de un

contrato de trabajo era indispensable la presencia de los sujetos de esa relación jurídica, es decir, el trabajador y el empleador, si se cumple con ello, es dable resolver de mérito esta pretensión específica. Sin embargo, consideró que en este asunto tal presupuesto no se cumplía, dado que Multiservicios S.A. estaba liquidada y, por ende, sin capacidad para ser parte y sujeto de derechos u obligaciones.

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Radicación n.° 101174 Resaltó que los actores alegaron que la terminación de los nexos laborales se produjeron el 30 de abril de 2013; que el trámite de liquidación de Multiservicios S.A. inició el 6 de noviembre de 2012 y terminó el 30 diciembre de 2014; y las reclamaciones ante dicha empresa se efectuaron entre septiembre y octubre de 2014; de modo que los promotores del proceso tuvieron la oportunidad de demandar a la sociedad de manera oportuna, pero no lo hicieron, de allí que no se trata de una situación diferente o atípica según lo alegó la parte apelante. Aludió a lo previsto en el artículo 34 del CST y explicó que para definir la responsabilidad allí prevista y la procedencia de las condenas en contra de los demandados en forma solidaria, se requería que previamente se declarara la existencia del contrato de trabajo entre los accionantes y Multiservicios S.A. y, una vez, definida tal vinculación, con presencia del deudor principal, sería dable establecer si los accionados se beneficiaron o no del servicio y si las labores ejercidas eran ajenas o no a las actividades

normales del negocio. Destacó que la posibilidad de que exista una responsabilidad solidaria no habilita al trabajador para demandar indistintamente al deudor principal o al solidario, a lo que se sumaba que no existía un reconocimiento previo de la obligación, por tanto, no era viable emitir condena contra los demandados a falta del presunto deudor

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Radicación n.° 101174 principal. En sustento de lo expuesto aludió a algunos apartes de la sentencia CSJ SL497-2022. Explicó que en este proceso se predicó la condición de empleador de Multiservicios S.A., en virtud de la primacía de la realidad sobre las formas, pero esa calidad «nunca fue reconocida» por dicha empresa, antes, por el contrario, la negó de manera expresa al responder las reclamaciones administrativas efectuadas en el año 2014; sin que tampoco existiera una declaración judicial previa al respecto, la cual, si bien fue solicitada en el juicio, para ello era indispensable la comparecencia de la referida sociedad, pero ya estaba liquidada. Puso de presente que ninguna de las citadas demandadas, eran «sucesoras procesales» de Multiservicios S.A., pues esta sociedad no cambió de titularidad por absorción, fusión o subrogación respecto de las accionadas, y no se probó que éstas asumieran, reemplazaran o sucedieran el objeto social que de la extinta empresa. Resuelto lo anterior, se ocupó de la viabilidad de imponer condena en condición de socios de Multiservicios S.A., bajo lo dispuesto en el artículo 36 del CST. Al respecto, expuso que las demandadas eran accionistas de esa sociedad, lo cual se establecía con la

escritura pública 2144 del 11 de diciembre de 1997. Sin embargo, afirmó que no resultaba aplicable lo dispuesto en

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Radicación n.° 101174 el artículo 36 del CST, como quiera que Multiservicios S.A. fue una sociedad de capital. Luego de citar dicha disposición y algunos apartes de las decisiones CSJ SL 6 nov. 2013, rad. 39891 y CSJ SL 7 sept. 2016, rad. 43972; reiteró que no era dable que las demandadas respondieran solidariamente en razón a su condición de socias de Multiservicios S.A. Aclaró que las circunstancias que surgen por la muerte de una persona natural no pueden asimilarse a las generadas por la extinción de una persona jurídica, como lo pretendía la apelante; y añadió que, si en gracia de discusión se establecieran créditos a cargo de Infipereira, ya liquidada, por efectos de la solidaridad respecto de Multiservicios S.A., lo cierto era que, el Municipio de Pereira no tendría obligación de asumirlos porque Multiservicios S.A. fue una entidad descentralizada de segundo grado o indirecta, e Infipereira, descentralizada de primer grado con un 68% de participación accionaria en la primera entidad mencionada. Así, al contar con menos del 90% de las acciones, no se cumplían los presupuestos del parágrafo del artículo 32 del Decreto Ley 254 de 2000, adicionado por el 18 de la Ley 1105 de 2006. Añadió que, en todo caso, se requería que previamente

existiera un crédito reconocido y que hubiese quedado insoluto una vez culminado el proceso de liquidación obligatoria, lo cual no ocurrió en el sub litem.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado, en su lugar se acceda a las pretensiones, condenándose a las demandadas a su pago, como «beneficiarias del servicio (pretensiones subsidiarias)».

Con tal propósito, formulan un cargo, el cual es replicado por las demandadas, con excepción de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP.

VI. CARGO ÚNICO Los accionantes acusan la sentencia del Tribunal de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, de los artículos 22, 23, 24 y 34 del CST, en concordancia con el 53 de la CP; lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 13, 14, 35, 38, 43, 47, 55, 64, 65, 186, 189, 249 y 306 del CST; 1 de la Ley 995 de 2005; 1 de la Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990; 15, 17 y 33 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 101174 En la demostración del ataque arguyen que el colegiado exigió a la parte actora un imposible jurídico, consistente en vincular o demandar a una empresa que estaba liquidada al momento de la presentación de la demanda. Manifiestan que en el juicio quedó acreditado que Multiservicios S.A. entró en proceso de disolución y liquidación según acta de accionistas del 31 de octubre de 2012 y que mediante Resolución n.o 169 del 31 de diciembre de 2014 se declaró terminado dicho trámite liquidatorio; empero, el Tribunal no aplicó las normas sustanciales que rigen el litigio y con ello se abstuvo de declarar la existencia de los contratos de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad con una persona jurídica liquidada, «por no haber sido vinculada al proceso para ejercer su derecho de defensa». Resaltan que se trata de un caso sui generis, pero los trabajadores no pueden perder la posibilidad de reclamar sus derechos laborales por el hecho de que el empleador no exista, esto es, por muerte o liquidación; cuando no esté legitimado para comparecer a juicio por no tener capacidad jurídica para ser demandado, como ocurre tratándose de consorcios o uniones temporales; o sea una persona natural incapaz. Consideran que se desconoció el principio de la primacía de la realidad al no acceder a las pretensiones, pese a que estaba «debidamente probado» el nexo laboral;

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Radicación n.° 101174 aunado a que en la sentencia cuestionada se aplicó una

jurisprudencia que aborda el estudio de un caso diferente. Explican que, aunque la Corte Suprema de Justicia ha establecido que para condenar solidariamente a los beneficiarios del servicio es indispensable que se demande al verdadero empleador, en estas oportunidades no había liquidación definitiva de la empresa, es decir, que no exista jurídicamente al momento de la presentación del escrito de acción, como aquí sucedió, por ende, estima que se trata de un evento distinto. Destacan que se acreditó que el proceso de liquidación de Multiservicios S.A. empezó el 31 de octubre de 2012; que los demandantes trabajaron hasta el 30 de abril de 2013; reclamaron el reconocimiento de la existencia del contrato de trabajo en septiembre y octubre de 2014 y; que referida empresa quedó liquidada el 31 de diciembre de 2014. Aducen que entre la reclamación y la liquidación final transcurrieron algo más de tres meses, por lo que cuando demandaron ya estaba liquidada la «verdadera empleadora», lo que hacía imposible su vinculación al presente proceso, de ahí que accionaron contra sus «sucesores procesales», esto es, «los socios de la empresa». Arguyen que las empresas convocadas a juicio eran las legitimadas para ser parte pasiva en el asunto, empero el juez de alzada no atendió esta circunstancia por considerar que los demandados no eran sucesores de Multiservicios

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Radicación n.° 101174 S.A., proceder con el cual confundió la aludida figura de la sucesión procesal con la sustitución patronal, toda vez que

exigió que los accionadas continuaran con el objeto social de la empresa extinta, lo cual constituye un error evidente. Sostienen que en este caso se trata de la inexistencia o muerte de una persona jurídica y, por tanto, los llamados a ser demandados son los herederos o socios, por ser los «sucesores procesales». Aseguran que en este asunto, para aplicar el principio de la primacía de la realidad, se ha debido resolver «con situaciones similares», por ejemplo: i) cuando fallece un empleador persona natural, el trabajador puede demandar a sus herederos; ii) cuando el empleador no está legitimado para comparecer al proceso por no tener capacidad jurídica, esto es, consorcios o uniones temporales, la ley y la jurisprudencia han establecido que se debe demandar a sus socios o integrantes; y iii) cuando el empleador es incapaz se debe vincular a sus padres o al curador. Esgrimen que en dichos eventos el contrato se declara entre trabajador y empleador, aun cuando este último no puede comparecer al proceso, y se determina si los herederos, socios, curador o tutor responden o no, quienes si pueden defenderse desvirtuando su responsabilidad o la existencia del contrato de trabajo. Por tanto, afirman, que no se vulnera el derecho de defensa de quien no puede acudir al litigio.

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Radicación n.° 101174 Estiman que sí es posible declarar el contrato de trabajo con la empresa liquidada y determinar si las demandadas responden o no; y expresan que existen tres argumentos que conducen a la casación de la sentencia impugnada:

1. En el litigio se presenta un conflicto de derechos constitucionales entre la defensa de la empresa liquidada que no puede acudir a juicio, y los derechos laborales de los demandantes; sin que sea lógico y razonable que prime el derecho de defensa, el cual, en todo caso no ha sido vulnerado, en la medida que Multiservicios S.A. estuvo representada por sus «sucesores procesales o herederos», esto es, por sus socios, quienes tuvieron la posibilidad de desvirtuar el contrato de trabajo, pero no lo hicieron. ii) La empresa liquidada no dejó un contrato de fiducia que administrara un patrimonio autónomo de remanentes, por ende, no quedó una entidad a quien demandar y que la representara directamente. iii) Los trabajadores no podían ser parte del proceso de liquidación como acreedores porque carecían de título, ya que no se había suscrito un contrato de trabajo con la empresa en liquidación, sino que su vinculación fue a través de cooperativas y empresas de servicios temporales que fungieron como intermediarias, tal como quedó demostrado. Por tanto, el único competente para declarar la

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Radicación n.° 101174 existencia del verdadero contrato de trabajo en virtud de la primacía de la realidad era el juez laboral. Por último, transcriben un aparte de lo resuelto en sentencia CSJ SL779-2024, y enfatizan que en esa decisión una Sala de Descongestión razonó que era dable analizar la existencia de un contrato de trabajo aun cuando el presunto empleador estuviera liquidad