CSJ - SL2144-2024

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2144-2024 Radicación n.° 100566 Acta 24 Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023), en el proceso que le instauró CLAUDIA ROCÍO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en nombre propio y representación de su hija menor de edad VVV.

I. ANTECEDENTES En lo que interesa al recurso extraordinario, Claudia Rocío Rodríguez Rodríguez, en nombre propio y representación de su hija menor de edad VVV, llamo a juicio a Coomultrasan, para que se declarara que entre ellas

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Radicación n.° 100566 existió un Contrato de trabajo a término indefinido del 1° de octubre de 2008 al 2 de febrero de 2020, en cuya ejecución empezó a padecer una enfermedad profesional, calificada con un 13 % de PCL, estructurada el 31 de octubre de 2019, que se produjo 45por culpa de la empleadora. Pidió que, en consecuencia, se condenara al resarcimiento pleno de perjuicios en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, más los morales y a la salud,

la indexación y las costas. Narró que suscribió con la accionada un contrato de trabajo a término indefinido, que tuvo por extremos el 1° de octubre de 2008 y el 2 de febrero de 2020; que desempeñó el cargo de odontóloga, desarrollando funciones de «tratamiento operatorio, restauraciones en amalgama y resina, endodoncia, cirugía oral, extracciones, higiene oral, diagnóstico, conducto, rotario, tracción con la lima, exodoncia, cortes de dientes y huesos, extracciones cordales, entre otras»; que su horario era de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.; que utilizaba instrumentos que generaban vibración y requerían demasiada fuerza (en el caso de extracciones, operatoria y cirugía); que, además, debía realizar posturas inadecuadas, sin apoyo de los brazos, para la ejecución de esas actividades. Relató que en los turnos de trabajo no tenía pausas activas, ni ejercicios de estiramientos de las extremidades superiores, pues, incluso, en algunas ocasiones no contaba ni con el tiempo para almorzar; que la contratante no le dio

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Radicación n.° 100566 capacitaciones de autocuidado, socialización de postura y carga ergonómica; que a finales de 2011 empezó a padecer fuertes dolores en sus miembros superiores, siendo diagnosticada con «Epicondilitis Lateral Bilateral»; que se expidieron algunas recomendaciones. Adujo que el 16 de octubre de 2014, su padecimiento

fue calificado por la EPS Coomeva como de origen laboral; que el 29 de enero de 2020, la ARL Sura determinó que contaba con una PCL del 5.35 % y, tras recurrirlo, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander estableció, mediante Dictamen del 16 de marzo de 2020, que era del 13 % con fecha de estructuración el 31 de octubre de 2019, lo que fue puesto en conocimiento de la empleadora. Manifestó que esta no realizó rotación del cargo para evitar acciones repetitivas en sus extremidades, ni adoptó medidas para mejorar la exposición a riesgos laborales, no adecuó el puesto de trabajo, ni contaba con un programa de salud ocupacional, un comité paritario de salud, un adecuado diseño y aplicación de los sistemas de vigilancia epidemiológica, ni del subprograma de medicina preventiva y del trabajo; que tampoco realizó campañas de difusión y sensibilización de los subprogramas, perfil epidemiológico de la población ni perfil biomédico de su cargo, no analizó su puesto de trabajo ni cumplió las recomendaciones laborales, no efectuó exámenes de post incapacidad, reubicación y readaptación laboral, ni valoraciones médicas en el curso del contrato ni al momento de su retiro.

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Radicación n.° 100566 Sostuvo que su padecimiento le generó dificultades para realizar actividades básicas como bañarse, vestirse, alimentarse y movilizarse, destapar frascos, alzar objetos pesados, abotonar y desabotonar, lavar sus manos, refregar, planchar, barrer, trapear, arreglar objetos,

movilizar muebles, realizar manualidades, usar el teléfono celular, encender y apagar la TV, colorear o ejercitar sus brazos y, en general, la mayoría de funciones de la vida cotidiana; que no puede alzar o cargar a su hija pequeña ni compartir juegos, actividades lúdicas y diarias, fundamentales para su desarrollo; que fue despidida de manera unilateral y sin justa causa (f.° 70, cuaderno del juzgado, archivo «20230836364654706», expediente digital). La demandada se opuso a las pretensiones. Aceptó la relación contractual, pero precisando que inicialmente fue a plazo fijo y después a término indefinido, la cual finalizó por decisión suya, pagando la indemnización del artículo 64 del CST. Negó las circunstancias que rodearon la ejecución del vínculo laboral, pues cumplió con las obligaciones patronales a su cargo, incluyendo las relativas a la seguridad y salud en el empleo, toda vez que implementó y ejecutó esquemas de capacitación en promoción y prevención de riesgos ocupacionales, entregó los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de la labor, adoptó las medidas de debida diligencia en peligros asociados al trabajo y capacitó profusamente a la actora en

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Radicación n.° 100566 autocuidado, pausas activas y promoción y prevención de enfermedades profesionales. Además, adaptó las funciones y responsabilidades de la subordinada en cumplimiento de las recomendaciones otorgadas por medicina laboral, incrementó el tiempo de consulta por paciente y los periodos de descanso, mantuvo

constante una política de pausas activas y contó con distintos instrumentos en materia de seguridad y salud en el trabajo, como el programa de salud ocupacional, hoy sistema de gestión y seguridad en el trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, la identificación de peligros y riesgos, la brigada de emergencias y los programas de prevención y promoción. Formuló en su defensa las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación, prescripción, inexistencia de culpa patronal y continuidad en la prestación de servicios asistenciales a cargo de la ARL (f.° 160 a 201, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 5 de abril de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia del contrato de trabajo, entre la demandante en calidad de trabajadora y la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN en calidad de empleadora, con

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Radicación n.° 100566 extremos temporales comprendidos entre el 1° de octubre de 2008 al 2 de febrero de 2020.

SEGUNDO: DECLARAR LA CULPA SUFICENTEMENTE COMPROBADA a cargo de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN, en la enfermedad laboral EPICONDILIS LATERAL BILATERAL, adquirida por la demandante, que ocasionó un porcentaje de

pérdida de capacidad laboral equivalente a 13 %, de conformidad con lo expuesto en la motiva.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, propuesta por la pasiva, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN, a pagar a favor de la demandante por concepto de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO la suma de $13.692.120,86, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN a pagar a favor de la demandante por concepto de LUCRO CESANTE FUTURO, la suma de $158.670.720, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN a pagar a favor de la demandante, la suma de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales, de conformidad a la motiva.

SÉPTIMO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN a pagar a favor de […], la suma de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE

LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN a pagar a favor de la demandante, la suma de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios a LA SALUD, de conformidad a lo expuesto.

NOVENO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN, a pagar a favor de la demandante, la suma equivalente a $15.648.000, por concepto de indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

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DÉCIMO: ABSOLVER a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN, de las demás pretensiones incoadas en su contra por la parte actora.

DÉCIMO PRIMERO. CONDENAR en COSTAS a la parte demandada en suma de $15.000.000 como agencias en derecho a favor de la demandante y a cargo de la demandada, la que será tenida en cuenta al momento de liquidar las costas del presente proceso (f.° 344 a 347, cuaderno del Juzgado, archivo «20231003213094706», ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 11 de julio de 2023, al desatar la apelación de ambas partes, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto y quinto de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito

de Bucaramanga, en el proceso promovido por Claudia Rocío Rodríguez Rodríguez contra COOMULTRASAN, el 5 de abril de 2022, por lo expuesto en la parte motiva. En su lugar, que quedarán del siguiente tenor:

CUARTO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN a pagar a favor de la demandante por concepto de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO la suma de $24.350.903 de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN a pagar a favor de la demandante por concepto de por concepto de LUCRO CESANTE FUTURO, la suma de $96.622.164,48, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

Parágrafo: Sumas que deberán ser indexadas a partir de la fecha de la sentencia y para cuando se produzca su pago.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal noveno de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, en el proceso promovido por Claudia Rocío Rodríguez Rodríguez

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Radicación n.° 100566 contra COOMULTRASAN, el 5 de abril de 2022, para en su lugar, absolver por concepto de indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás.

CUARTO: CONDENAR en costas en esta instancia a cargo de las partes apelantes […]

En lo que interesa a la casación, adujo que conforme al artículo 66A del CPTSS, determinaría si «había lugar a declarar la culpa suficientemente comprobada del empleador en la enfermedad profesional de Epicondilitis lateral bilateral diagnosticada a la demandante» y, en caso afirmativo, revisaría los cálculos de las condenas por lucro cesante consolidado y futuro. Expuso que el artículo 216 del CST, reguló la responsabilidad del empleador en los accidentes o enfermedades profesionales, correspondiendo al trabajador la carga de demostrar el hecho, el daño y la culpa de aquel en su ocurrencia, por el incumplimiento de los deberes de protección y seguridad en el empleo del artículo 56, ibidem; que, sin embargo, la Corte, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL46704-2016, adoctrinó que cuando se atribuye al contratante una omisión generatriz del suceso, la carga probatoria se invertía, por lo que era éste quien debía acreditar que adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus subordinados. Indicó que los artículos 56 y 57 del CST, imponen al dador del empleo el deber de prevenir los siniestros y enfermedades profesionales, las cuales fueron definidas en

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Radicación n.° 100566 el artículo 4° de la Ley 1562 de 2012, como las que se contraen debido a la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en que se presta el servicio; que el literal d) del artículo 21 del Decreto Ley

1295 de 1994, hizo imperativo «programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST […] y procurar su financiación», mientras que el 22, ib., obliga al trabajador a cuidar integralmente su salud, colaborar y cumplir las obligaciones dispuestas en las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST, así como asistir de manera periódica a los programas de promoción y prevención adelantados por las ARL. Dijo que, además: i) el artículo 8° del Decreto n.° 1443 de 2014, incluyó como obligaciones patronales las de: […] definir y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo, implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y promocionar la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST; ii) el 11, ibidem, le exigió definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores, desarrollando un programa de capacitación para identificar los peligros, así como controlar los riesgos relacionados en todos los niveles de la organización. iii) el 12, ib., ordenó mantener disponibles y debidamente actualizados, entre otros, los siguientes

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Radicación n.° 100566 documentos en relación ese sistema: […] El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización.

El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutados. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riegos Laborales que le aplican a la empresa. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. iv) el artículo 15, ibidem, aplicar una metodología sistemática en todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos en todos los centros de trabajo, que permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requieran y,

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Radicación n.° 100566 v) el 23, ib., adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa.

Sostuvo que en la providencia CSJ SL1211-2019, la Corte señaló que cuando se estructura una enfermedad profesional, el empleador debe demostrar que identificó en forma oportuna y razonable los riesgos ocupacionales y adoptó las medidas de prevención pertinentes para exonerarse de la culpa. Manifestó que en el caso estaba «plenamente acreditado, que la demandante fue diagnosticada con Epicondilitis lateral bilateral, enfermedad que fue calificada de origen laboral»; que, por tanto, debía examinar si como se aseguró en la apelación, la demandada probó que «adoptó y aplicó todo lo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo». Señaló que la patología en comento fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, de origen laboral, con una pérdida de capacidad del 13 % y fecha de estructuración del 31 de octubre de 2019; que aquella difería de los accidentes de trabajo, pues no ocurría en un solo momento, sino que sus secuelas se extendían en el tiempo, lo que significa que era de carácter progresivoevolutivo. Acotó que en el caso de la actora, sus síntomas

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Radicación n.° 100566 iniciaron en el 2014, como lo informaron Hilder Cordero Villamizar y Sonia Monsalve y lo corroboraba la prueba documental del 14 de agosto de 2014 de la EPS Coomeva, quien solicitó a la empleadora allegar los soportes ocupacionales para calificar el origen de la enfermedad (página 86 de los archivo anexos a contestación de la

demanda carpeta 006), lo cual condujo a un evaluación ergonómica de puesto de trabajo el 1 ° de septiembre y a la definición «laboral» de la Epicondilitis Bilateral que padecía (archivo 002 página 126). Planteó, en relación con la prevención y mitigación de los riesgos asociados a la enfermedad, que se probó lo siguiente: i) que el 1° de mayo de 2007, la empresa elaboró el Programa de Salud Ocupacional (f.° 148 y s. del archivo anexo a contestación carpeta 006) y, en octubre, el panorama general de riesgos; que, sin embargo, lo hizo en forma general, sin especificar cada uno de los asociados a los diferentes cargos de su personal. ii) que contaba con programas de salud ocupacional versiones de 2013 y 2014 (f.° 163 y s. y 214 y s.), los cuales no tenían soporte de haber sido comunicados a la trabajadora, ya que en los Controles de asistencia para la inducción del 13 de abril y 6 de octubre de 2009, no aparece su participación (f.° 61 y 576). iii) que lo mismo ocurría con: a) las capacitaciones y

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Radicación n.° 100566 reportes de actividades de promoción y prevención en riesgos laborales del 2009; en las inspecciones del puesto de trabajo del 11 de julio (f.° 60); b) la «valoración para determinar STC» del 4 de agosto de 2009; c) el examen de fisioterapia (f.° 602) y la valoración del síndrome de túnel

carpiano de igual fecha (f.° 603); d) la evaluación del STC de los odontólogos y examen de fisioterapia de los días 5 y 6 del mismo mes y año (f.° 601 y 597), en los cuales no existía rúbrica que evidenciara la asistencia de la actora. Aseveró que, a pesar de que ésta sí estuvo presente en el taller de acondicionamiento físico para miembros superiores y cuello, del 9 de diciembre de 2009 (f.° 469), su cargo y sus actividades no fueron objeto de la adiestramiento teórico práctico en esa materia; que en las realizadas en esa fecha y el 12 siguiente, recibieron sugerencias y recomendaciones destinadas a «Jorge Alberto Plata-odontólogo-, Nieves Amparo Bohórquez –coordinadora odontología- Ángela Ximena Villamizar –odontóloga-, Mónica Restrepo –odontóloga» (f.° 564 y 567). Agregó que se aportó la Constancia de socialización del programa de desorden músculo esquelético del 13 de septiembre de 2010 (f.° 518), pero sin que fuera suscrita por la servidora como prueba de su socialización; que lo mismo ocurría con la capacitación en: a) mecánica corporal del 17 de septiembre de 2011 (f.° 503 y 504); b) posiciones ergonómicas en el consultorio odontológico del 18 de junio de 2013 (f.° 666); c) mitigación del riesgo del personal de odontología en el consultorio odontológico del 23 de

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septiembre siguiente (f.°.665) y, d) taller fomento de estilos de vida saludable del 17 y 31 de octubre, 14 y 21 de noviembre de 2014 (f.° 614 a 625), y 5 y 12 de diciembre de 2014 (f.° 628 y 632). Refirió que, sin embargo, existían Constancias de asistencia de la accionante a la instrucción en socialización ergonómica en el consultorio odontológico del 19 de septiembre de 2013 (f.° 636) y prevención de desórdenes osteomusculares del 20 de noviembre siguiente (f.° 646) y Pausas activas de ese mismo año (f.° 1986 a 1997). Razonó, a partir de lo anterior, que la empleadora garantizó algunas actividades con el fin de ejecutar el programa de salud ocupacional, hoy sistema de seguridad y salud en el trabajo; que, sin embargo, su gran mayoría no tuvieron como destinatario a la reclamante, sin que se haya probado su convocatoria ni llamados de atención o requerimientos por una presunta inasistencia o incumplimiento de su obligación contractual. Indicó que, a pesar de que la servidora si participó en las actividades mencionadas del 2013, estas no contaron con «el perfil sociodemográfico junto con la matriz de riesgos para el cargo de odontóloga, pues tan sólo [lo hicieron] con el panorama general de riesgos», circunstancia que impedía establecer con precisión cuáles eran los desórdenes osteomusculares a los que se encontraba expuesta ni su solución ergonómica idónea, tendiente a mitigar y

protegerla de aquellos peligros.

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Radicación n.° 100566 Denotó que a ello se sumaba que el sistema de vigilancia epidemiológico del riesgo psicosocial y la matriz de peligros fueron elaborados en noviembre de 2017 (f.°2047 y s. y archivo 005 carpeta 006), mientras que la de Medidas de prevención, mejoras y control datan del 4 de julio de 2019 (archivo 004 carpeta 006), es decir, con posterioridad al inicio de los síntomas y calificación de la enfermedad laboral e, incluso, casi 10 años después del extremo inicial del contrato de trabajo; que aunque en el 2016, se implementó el manual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (f.° 265 y s.), fue divulgado el 20 de diciembre de 2018 (f.° 384 contestación demanda). Arguyó que, frente a las pausas activas, la trabajadora recibió capacitaciones en 2013, pero la empleadora no adoptó una actitud positiva y activa para ponerlas en práctica y permitir su realización en la jornada laboral, porque en la Evaluación ergonómica de puesto de trabajo del 1° de septiembre de 2014, la coordinadora jefe de salud ocupacional anotó: «[…] en el ítem de condiciones organizacionales […] horas laborales 6 diarias “no hay descanso establecidos sin embargo entre pacientes se pueden tomar descanso de 5 minutos, dependiendo de la jornada”», especificando […] el tiempo que le tomaba a la demandante en el desarrollo de cada función en ese lapso de 6 horas, estos son, registro de

datos en el sistema 140 minutos, operatoria 120 minutos, exodoncia 40 minutos y endodoncia 60 minutos, es decir, que la ejecución de las funciones ocupaba toda la jornada laboral.

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Radicación n.° 100566 No obstante, Hilder Cordero Villamizar testificó que la demandante atendía dieciocho pacientes diarios, más urgencias, es decxcir, un lapso de 20 minutos por cada uno, lo que fue corroborado por su jefe inmediata Nieves Amparo Bohórquez, quien aclaró que «podía descansar cuando [estos] no llegaban a la cita», lo que significa que la empleadora no promovió durante la jornada laboral las pausas en comento, como lo imponía el parágrafo del artículo 5° de la Ley 1355 de 2009, con el fin de cumplir su obligación de procurar el cuidado integral de la salud de su dependiente, así como la ejecución y cumplimiento de lo establecido en las normas de salud y seguridad en el trabajo. Asentó que […] de acuerdo a la prueba legalmente recaudada, resulta […] diáfano que la responsabilidad en la enfermedad de epicondilitis lateral bilateral padecida por la demandante [era] atribuible exclusivamente a la parte empleadora por el incumplimiento de las obligaciones legales de protección y de seguridad en el empleo. Lo dicho, porque estuvo vinculada desde el 1° de octubre de 2008 al 2 de febrero de 2020, sin que advirtiera desde el extremo inicial «el perfil sociodemográfico de la trabajadora ni el programa de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización, ni

la matriz de peligros» lo que cumplió «después del […] 2017, esto es, con posterioridad a la fecha en la que la demandante inició con los síntomas y la calificación dada en primera oportunidad por la EPS Coomeva –[…] 2014».

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Radicación n.° 100566 Aseveró que, además, «después de las recomendaciones laborales que iniciaron en el […] 2019» no garantizó mecanismos para mitigar las consecuencias de su padecimiento, porque las seis Actas de seguimiento a recomendaciones laborales del 21 de agosto de 2019 (f.° 535 a 545), que aportó, no se relacionan con la señora Rodríguez Rodríguez y que, […] similar situación ocurría con la capacitación para valorar las condiciones de puesto de trabajo y las tareas del cargo con el fin de identificar mejoras, suministrar recomendaciones específicas que permitan intervenir el factor de riesgo, el mejoramiento de las condiciones ergonómicas y de higiene postural del 29 de enero de 2020-pág. 553 y 554-. Igualmente omitió adelantar las evaluaciones de condiciones de puesto de trabajo y tareas a cargo para dar cumplimiento de las recomendaciones médico-laborales, dado que las del 20 de septiembre de 2019 y 18 de octubre de 2019 (f.° 533 y 523), no corresponden a la demandante, quien tampoco asistió a las Capacitaciones de autocuidado integral del 2 de octubre de 2019, Pausa saludable del 4 de octubre de 2019 e Inspección de biomecánica de puesto de

trabajo, higiene postural y pausas activas del 29 de enero de 2020. Adicionó que tampoco el caso de la subordinada fue abordado por el Comité Paritario, pues en las Actas 2008 a 2020, se trataron temas de algunas enfermedades, recomendaciones y restricciones laborales del personal de la entidad, entre el cual no se encontraba aquella (f.° 873 a 1924), evidenciándose la falta de diligencia de la

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Radicación n.° 100566 empleadora en sus obligaciones de cuidado y salud (f.° 103 a 128, cuaderno del Tribunal, archivo «20231001132644706», ib.).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedidos por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la sentencia de segunda instancia, en cuanto dispuso el pago del «LUCRO CESANTE CONSOLIDADO en la suma de $24.350.903 y por concepto de LUCRO CESANTE FUTURO, [por valor de] […] $96.622.164,48, debidamente indexadas», para que, en sede de instancia, revoque la primera y le absuelva de tales condenas, imponiendo costas según corresponda (f.° 5 a 6, cuaderno de la Corte, archivo «0006Memorial», ib.).

Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se decidirán conjuntamente por perseguir similar finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa al Tribunal de incurrir en violación indirecta de

la ley, en la modalidad de aplicación indebida del artículo

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Radicación n.° 100566 216 del CST, en relación con el 63, 1604, 1613 del CC; 348, 349, 56 y 57 del CST; 3º de la Ley 1562 de 2012. Expresa que el colegiado cometió los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la responsabilidad en la enfermedad de epicondilitis lateral bilateral padecida por la demandante es atribuible exclusivamente a la parte empleadora por el incumplimiento de las obligaciones legales de protección y de seguridad para con su trabajadora.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Claudia Rodríguez suministró a la demandada su hoja de vida, en la que consta que culminó su formación profesional como ODONTÓLOGA y que ejerció dicha profesión por un lapso prolongado antes de su ingreso como trabajadora a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN, es decir que, llevaba cerca de 6 años de exposición sin que se tenga información acerca de (i) características, (ii) variaciones, (iii) intensidad, (iv) dosis acumulada, (v) frecuencia de dicha exposición, ni las condiciones del puesto de trabajo, ni del cumplimiento de la debida diligencia en la administración del riesgo.

3. No dar por demostrado, estándolo, que ante la inexistencia de relación laboral con mi prohijada por ese lapso, mi mandante no tenía control alguno en relación con los riesgos ocupacionales de la demandante, ni conocía las condiciones en

que desarrollaba sus funciones, de manera que cuando la demandante inició su relación laboral con la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER – COOMULTRASAN, llevaba acumulados 6 años de tensión en sus miembros superiores, esto es, más de la mitad de toda su experiencia profesional.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajo de odontólogo es de carácter dinámico y variable, son tan diversas las actividades que es imposible que un trabajador permanezca por más de unos minutos haciendo una misma tarea y la dinámica del trabajo le obliga a cambiar de manera constante de actividad.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la ejecución de pausas obligatorias o cambios en el tipo y patrón de movimiento durante la atención de cada paciente y durante el cambio entre un paciente y otro hace imposible la concentración de carga en

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Radicación n.° 100566 una misma estructura o segmento que pueda inducir fatiga sostenida que con su acumulación a lo largo del tiempo genere el daño tisular necesario y supere las capacidades regenerativas del organismo, desencadenando la progresión de una enfermedad.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa y la ARL documentaron la realización de tareas simples y livianas por parte de la trabajadora las cuales no requirieron ningún cambio aun con posterioridad a la aparición de la enfermedad.

7. No