CSJ - SL2145-2024

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2145-2024 Radicación n.° 99485 Acta 24 Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por DIMANTEC LTDA. HOY SAS - EN LIQUIDACIÓN y RELIANZ MINING SOLUTIONS SAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en el proceso que instauró al recurrente OSMAN YAIR GUERRA SOCARRÁS.

I. ANTECEDENTES Osman Yair Guerra Socarrás llamó a juicio a Dimantec Ltda. Hoy SAS en liquidación y a Relianz Mining Solutions SAS para que se declarara: 1) que entre él y la primera de las codemandadas existió un Contrato de trabajo a término indefinido del 26 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre

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Radicación n.° 99485 de 2015; 2) que la segunda es solidariamente responsable y, 3) que ambas le adeudaban 3.1) la reliquidación de las cesantías y sus intereses, las primas de servicio, las vacaciones y los aportes a seguridad social, 3.2) las indemnizaciones de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990 y, 3.3) lo que resulte probado y las costas. Narró que fue vinculado por Dimantec en el cargo de

especialista de servicio mecánico; que ejecutó esa actividad en los extremos reseñados; que devengaba una remuneración básica mensual de $827.722, más las horas extras ($231.274) y un auxilio de sostenimiento y transporte de ($1.208.964), el cual no era constitutivo de salario, pese a que se entregaba mensual, habitual y permanentemente; que el 29 de diciembre de 2015 se le notificó la terminación unilateral del contrato y que el 15 de enero de 2016 suscribió un acuerdo de transacción por despido injustificado. Contó que la empleadora era contratista de Gecolsa S.

A. hoy Realizan Mining Solutions SAS, para el mantenimiento general y eléctrico de los equipos pesados de explotación minera de la Drummond Ltda. (f.° 46 a 54, cuaderno del Juzgado, archivo «2023092904870»,

(expediente digital). Dimantec SAS en liquidación se opuso a la prosperidad de los pedimentos, aceptó la existencia de la relación subordinada; el pago de un salario básico, unas

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Radicación n.° 99485 horas extras y un auxilio de sostenimiento y la suscripción de un acuerdo de transacción. Precisó que el vínculo laboral inició como a término fijo con Mansertem Ltda., para ocupar el cargo de técnico mecánico; que esa sociedad se fusionó con Tratteccol Ltda. y esta a su vez con Dimantec SAS; que el demandante recibía por concepto de horas extras unos montos variables; que la atadura fue modificada a una indefinida

posteriormente, conforme la convención colectiva y que al finalizar el contrato aquel era «especialista servicio mecánico». Aclaró que el auxilio de sostenimiento no era un pago constitutivo de salario; que se entregaba de forma anticipada, porque no tenía la finalidad de retribuir el servicio prestado; que era una herramienta de trabajo suministrada en los períodos en los que el vinculado estuvo en los proyectos mineros. Sostuvo que ese emolumento estaba dirigido a cubrir los gastos de traslado y las condiciones de vida dignas en los lugares en los que se prestaba el servicio, donde se incrementaban los costos por lavandería, transporte, alimentación y vivienda; que era temporal; variaba cada año, dependiendo del valor con que se adquirían bienes y servicios en cada municipio y fue pactado de forma expresa, clara, con una destinación específica.

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Radicación n.° 99485 Apuntó que la terminación del contrato de trabajo no fue injustificada, pues culminó cuando dejaron de existir las causas que le dieron origen, como quiera que el convenio suscrito con Relianz Mining Solutions SAS para el mantenimiento preventivo y correctivo de los proyectos mineros, fue finiquitado por la contratante. Formuló como excepciones de mérito las de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, improcedencia de la reliquidación de prestaciones sociales y vacaciones solicitada, improcedencia de la reliquidación de aportes a seguridad social, inexistencia de la obligación de cancelar la indemnización moratoria, no derecho al pago de la sanción por no pago

oportuno de cesantías, transacción y cosa juzgada, mala fe del actor, buena fe, pago, cobro de lo no debido, compensación y prescripción (f.° 129 a 157, ibidem). Relianz Mining Solutions SAS se resistió a las pretensiones y explicó que era una persona jurídica diferente de Gecolsa, quien distribuye maquinaria pesada en el sector de la construcción, no como ella, que lo hace en el sector minero; que en el marco de su objeto social (comercialización de servicios de mantenimiento postventa para este tipo de maquinaria), contrató a Dimantec SAS la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en el proyecto Pribbenow de Drummond Ltda. en el municipio de La Loma – Cesar; que esa atadura culminó el 31 de diciembre de 2015.

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Radicación n.° 99485 Concretó que no le constaban ninguno de los hechos relacionados con el vínculo subordinado del demandante, pues su contratista tenía autonomía técnica, administrativa y financiera, por lo que es quien puede corroborar la veracidad de esos fundamentos. Propuso como excepciones de mérito las de ausencia de la acreditación de los presupuestos para la vinculación en solidaridad, el auxilio de sostenimiento y transporte no constituye salario, cobro de lo no debido por ausencia de causa legal, cosa juzgada, buena fe, compensación y prescripción (f.° 373 a 387, ib.).

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad el 25 de enero de 2022, resolvió:

1. No acceder a las pretensiones del demandante OSMAN YAIR GUERRA SOCARRÁS, de declarar que el AUXILIO DE SOSTENIMIENTO formaba parte de factor salarial, consecuencialmente tampoco se accede a la reliquidación de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, ni a la indemnización por sanción moratoria, al haber sido dichas pretensiones sujetas de contrato de transacción realizado entre las partes el 15 de enero del 2016, el cual tiene efecto de cosa juzgada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. Absuélvase a la demandada DIMANTEC SAS Y RELIANZ MINING SOLUTIONS SAS de las pretensiones reclamadas por la parte demandante.

3. Condénese en costas al demandante a favor de las sociedades demandadas. En su oportunidad liquídense Por secretaría.

4. Queda notificada en estrados la presente decisión, a los quienes hayan concurrido.

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5. En caso de no ser apelada remítase a consulta ante el superior (sentencia de primera, cuaderno del juzgado, archivo «2023093210136», expediente digital)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de septiembre de 2022, al decidir la apelación del demandante, ordenó: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad Atlántico el día 25 de enero de 2022, dentro del proceso adelantado por OSMAN

YAIR GUERRA SOCARRÁS contra DIMANTEC SAS y

RELIANZ MINIG SOLUTION SAS.

En su lugar quedara así: - DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada, y PROBADA PARCIALMENTE LA DE PRESCRIPCIÓN frente a la reliquidación de prestaciones causadas con anterioridad al 19 de diciembre de 2015, tal como quedó discriminado en las consideraciones de la presente sentencia.

CONDENAR a la empresa DIMANTEC SAS a pagar a favor del demandante OSMAN YAIR GUERRA SOCARRAS la reliquidación de las prestaciones sociales (cesantías, intereses de cesantía, prima y vacaciones) teniendo en cuenta como factor salarial el auxilio de sostenimiento percibido, diferencias que arrojan un total de $4.794.381

SEGUNDO: CONDENAR a DIMANTEC SAS y solidariamente a RELIANZ MINIG SOLUTION SAS a pagar la RELIQUIDACION de los aportes de pensión a favor del demandante, Correspondiente desde 26 diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2015, una vez realizado el cálculo actuarial correspondiente por el fondo de pensiones donde se encuentre afiliado el demandante, teniendo en cuenta el AUXILIO DE SOSTENIMIENTO devengado en cada año por el demandante y sin perjuicio de tener que pagar los aportes para salud junto con los intereses de mora respectivos, si así se exigiere para el cumplimiento de la condena.

TERCERO: CONDENAR a la empresa DIMANTEC SAS y solidariamente a RELIANZ MINIG SOLUTION SAS, al pago de la

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Radicación n.° 99485 sanción moratoria del artículo 65 CST, que para el caso opera

con el reconocimiento de intereses moratorios a la tasa máxima, de conformidad con el expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: Se revocan las cosas impuestas al demandante en primera instancia, y en su lugar se imponen a la demandada, Costas en ambas instancias a cargo de las demandadas

(Cuaderno del Tribunal, archivo «2023093210136», expediente digital). Expuso que no se encontraba en discusión: i) que el demandante fue vinculado laboralmente a Dimantec, inicialmente, mediante contrato de trabajo a término fijo y después indefinido, del 26 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2015 y, ii) que entre las partes se celebró un contrato de transacción, por virtud del cual se le reconoció a aquel $5.217.271, con el fin de «transar cualquier diferencia laboral que unió a las partes, en especial por la terminación del contrato de trabajo [...] compensable e imputable a cualquier derecho laboral cierto o incierto derivado de la misma». Dijo que, en el marco de la apelación, debía determinar: 1) si el acuerdo transaccional celebrado entre el trabajador y su empleadora, cubría el crédito demandado, de ser así si el mismo era un derecho cierto e indiscutible; 2) si el auxilio de sostenimiento era factor salarial y por tanto procedía la reliquidación de las prestaciones sociales y aportes a seguridad social y, 3) si debía imponer las indemnizaciones pretendidas.

1. De la transacción:

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Afirmó que, pese a que lo convenido incluía «cualquier diferencia laboral», a la luz de los artículos 53 de la CP, 13 y 15 del CST y 2469 del CC, ello no bastaba para declarar la cosa juzgada, pues era necesario determinar si lo litigado y presuntamente transado no era un derecho cierto e indiscutible. Estableció que cuando no existe duda sobre los hechos que dan origen a determinado beneficio y tampoco faltan elementos que impida su configuración o exigibilidad, no es posible transar o conciliar diferencia alguna; que ello no depende de las discusiones entre las partes en torno al nacimiento del derecho, pues bastaría oponerse a él para dejar sin efecto útil la prohibición laboral. Recordó que según el artículo 127 del CST constituye salario la remuneración ordinaria fija o variable y todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio. Señaló que no había duda sobre el pago del auxilio de sostenimiento; que este «podría determinarse como factor salarial con la consecuente incidencia prestacional, y de aportes a la seguridad social»; que el pacto de desalarización y el litigio radicado por el trabajador «no desestiman por sí solo el carácter de cierto e indiscutible» de ese estipendio. Concluyó que, [...] la falta de un acuerdo expreso en la transacción sobre el derecho aquí reclamado, y en atención al carácter de derecho

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Radicación n.° 99485 cierto e indiscutible que se deriva de un factor salarial, estando

debidamente probado el hecho de un pago denominado auxilio de sostenimiento que podría constituirse como tal, la Sala desestima la existencia de cosa juzgada por la transacción celebrada entre las partes y aportada al proceso. 2) Del salario Planteó que en el Documento del 26 de diciembre de 2011 las partes convinieron el pago de los siguientes rubros: Auxilio [de sostenimiento] [...] que EL TRABAJADOR recibirá a partir del 26 de diciembre de 2011 la suma de $38.569 a Título de AUXILIO DE SOTENIMIENTO que cubre gastos en que incurre el empleado por lavandería, elementos de aseo personal, llamadas telefónicas, gastos varios como refrigerios y medicamentos, Durante el período el cual el trabajador esté prestando sus servicios en LA LOMA – CESAR, por tal razón, este auxilio dejará de cancelarse cuando el trabajador sea trasladado a otro logar donde la compañía tenga operaciones. Las partes convienen en reconocer que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 CST, subrogado por el artículo 15 de la Ley 50/1990, este AUXILIO DE SOSTENIMIENTO no constituye salario para ningún efecto. Bono de localización La empresa ha convenido que usted recibirá a partir de la fecha, un cuarenta por ciento (40 %) de su salario básico mensual, a título de Bono de Localización que incluye (auxilio de alimentación, auxilio de vivienda, gastos de movilización terrestre y aérea), única y exclusivamente mientras el TRABAJADOR preste sus servicios en la localidad del proyecto Loma (Cesar), en el cual mantiene operaciones LA EMPRESA y

mientras estas exista [...]. Este bono de localización no constituye salario ni factor de liquidación de prestaciones sociales.

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Radicación n.° 99485 Precisó que la CCT 2012-2013 estableció en la cláusula decimoséptima, sobre el «transporte de personal» que: A partir de la firma de la presente Convención Colectiva la Empresa concederá como herramienta de trabajo un auxilio de sostenimiento y de transporte para todos los trabajadores cubiertos por la Convención Colectiva o que se acojan a ella y que laboren en los proyectos mineros de la Guajira y Cesar, un millón cien mil pesos ($1.100.000) mensuales que cubrirá los gastos correspondientes para que el trabajador pueda trasladarse y vivir dignamente en los diferentes frentes de trabajo, y en la medida de lo posible aportando los recibos de los pagos que por este concepto lleven a cabo los empleados. PARÁGRAFO. Las partes reconocen y aceptan que el valor aquí establecido reemplaza para todos los efectos legales los valores que actualmente viene pagando la empresa por concepto de bono de localización y auxilio de sostenimiento. Refirió que según los volantes de pago ese rubro se concedió mensualmente al trabajador. Esgrimió, con referencia en los artículos 128 y 132 del CST, que la sola exclusión como factor salarial del emolumento en mención, no era suficiente para aseverar que no retribuía el servicio; que dicha naturaleza no depende de la denominación dada por las partes al estipendio concedido (CSJ SL13707-2016 y CSJ SL38862020) y que cuando existen pactos sin fin específico y el crédito «se reconoce con habitualidad», puede entenderse remuneratorio si no se desvirtúa esa condición salarial (CSJ SL8216-2016). Puntualizó que,

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Radicación n.° 99485  El auxilio de sostenimiento estaba supeditado a la prestación del servicio del trabajador en los proyectos mineros de la Guajira y el Cesar, para el caso particular el trabajador durante toda la relación laboral prestó sus servicios a proyectos mineros ubicados en el Cesar.  El auxilio de sostenimiento estaba pactado para solventar gastos de lavandería, elementos de aseo personal, llamadas telefónicas, gastos varios como refrigerios y medicamento, y transporte, pero para que ello ocurriese debía estar el trabajador al servicio de los proyectos mineros de la Guajira y Cesar, es decir, se establece una causalidad entre la prestación del servicio en determinado lugar, con lo que se desvirtúa la mera liberalidad del pago de dicho auxilio.  En el interregno en que se mantuvo la relación laboral el pago por auxilio de sostenimiento se hizo mes a mes, constituyéndose de esta manera en un pago habitual.  Se pactó entre las partes una destinación específica para el auxilio de sostenimiento, es decir, lavandería, elementos de aseo personal, llamadas telefónicas, gastos varios como refrigerios y medicamento, y transporte, lo que solo en apariencia quedó estipulado, pues no ejerció ningún control sobre dichos gastos, aun cuando se contempló convencionalmente la posibilidad de aportar los recibos de los pagos que por este concepto lleven a cabo los empleados.

 La empresa dejó a libre disposición del trabajador el dinero que por concepto de auxilio de sostenimiento pagaba mes a mes. Precisó que, así las cosas, aunque en otras ocasiones había considerado que el auxilio de sostenimiento no era salario, recogía su criterio, pues la jurisprudencia en casos como el presente ha acentuado el rigor probatorio, adoctrinando que es carga del empleador demostrar que la destinación del emolumento no es retributiva de la actividad y como la demandada no lo había hecho, debía tomarse el auxilio de sostenimiento como salario y reliquidar los derechos del trabajador.

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Radicación n.° 99485 Acotó que tomando en cuenta los valores sufragados al trabajador, según la liquidación final del contrato de trabajo y el certificado de salarios (f.° 11 y 173); así como la fecha de prescripción de las primas, vacaciones e intereses de las cesantías anteriores al 19 de diciembre de 2015 (fecha que precedía en tres años a la presentación del gestor), se adeudaba al trabajador por aquellos conceptos y sus cesantías la suma de $4.794.381. 3) De las indemnizaciones moratorias Razonó en relación con las de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, que estas no son de imposición automática, porque se analizan en relación con la mala fe del empleador en la omisión de pago o de consignación de las cesantías a un fondo, respectivamente. Hizo ver que la empleadora pretendió restarle incidencia salarial al auxilio de sostenimiento con el pacto

de desalarización suscrito entre las partes, pese a que lo pagó habitualmente y no demostró que su destinación no retribuyera la prestación del servicio; que, en consecuencia, pretendió evadir el pago, bajo una aparente legalidad. Coligió que ello permitía la imposición del crédito resarcitorio del artículo 65 del CST, a título de intereses moratorios porque el trabajador inició su reclamación pasados los primeros 24 meses después de culminado el contrato de trabajo y que «el pago faltante respecto de las cesantías queda[ba] inmerso en dicha obligación».

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Radicación n.° 99485 4) De la solidaridad Aseguró que estaban cumplidos los presupuestos del artículo 34 del CST, para imponer condena a Relianz Mining Solutions porque entre ella y el empleador Dimantec Ltda. Hoy SAS existió un contrato comercial en el que el servicio prestado por el trabajador era una actividad propia del objeto social de aquella (f.° 1 a 25, cuaderno del Tribunal, archivo «2023093210136», expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

(DIMANTEC SAS - EN LIQUIDACIÓN) Interpuesto por la codemandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende «con los tres primeros cargos» que se case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, que se confirme la de primer grado; «con el cuarto», que se case el fallo parcialmente, en cuanto condenó al pago de los intereses moratorios del artículo 65 del CST y, en su lugar,

actuando como Tribunal, «confirme la sentencia [inicial]» que absolvió de ese crédito. Formula cuatro cargos por la causal primera de casación que no fueron replicados, los cuales se estudiarán conjuntamente con los presentados por la otra demandada,

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Radicación n.° 99485 debido a que, aunque se dirigen por vías diferentes, comparten argumentos de estimación, normas en la proposición jurídica y aceptan las mismas circunstancias fácticas.

VI. CARGO PRIMERO Cuestiona la sentencia por la vía directa en el submotivo de interpretación errónea de los artículos 13 y 15 del CST, 53 de la CP, 2469 y 2483 del CC, lo que «condujo a la aplicación indebida» del 21, 127, 128, 186, 189, 249, 306 y 467 del CST; 1° de la Ley 52 de 1975; 22 y 23 de la Ley 100 de 1993; 25 de la CP y 303 del CGP.

Dice que no censura el razonamiento del Tribunal según el cual, para establecer la existencia de cosa juzgada por el acuerdo transaccional, debía determinar si existían derechos ciertos e indiscutibles; que lo errado fue la manera en la que calificó qué beneficios hacían parte de esa categoría, al referir que «se deriva de un factor salarial». Sostiene que la certeza de un derecho, en contextos en los cuales se analiza la validez de un acuerdo entre empleador y trabajador, se establece es en perspectiva de las circunstancias fácticas de ese momento, las cuales

deben ser claras y evidentes, pues la definición de aquello no depende de la declaración futura en un proceso judicial. Afirma que, por tanto, a luz de las mismas estimaciones del fallo, debía tenerse en cuenta que,

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Radicación n.° 99485 respecto del auxilio de sostenimiento, no existía esa precisión, requerida para catalogarlo como un derecho cierto e indiscutible, al punto que el Tribunal reconoció que en anteriores decisiones le había negado su naturaleza salarial; que, así las cosas, lo verídico es que era una cuestión transable.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia que el segundo fallo trasgrede la ley por el sendero de los hechos, por aplicar indebidamente los artículos 127, 128, 132,186, 189, 249, 306 y 467 del CST; 1° de la Ley 52 de 1975; 22 y 23 de la Ley 100 de 1993 y 25 y 53 de la CP.

Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el auxilio de sostenimiento y transporte retribuyó el servicio prestado por el demandante.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la destinación específica del auxilio de sostenimiento solo quedó estipulada en apariencia.

3. Dar por demostrado, aunque no lo está, que la empresa dejó a libre disposición del trabajador el dinero que por concepto de auxilio de sostenimiento pagaba mes a mes.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso se probó que el auxilio de sostenimiento y transporte estaba destinado

por el actor para lo que fue creado: para transporte, vivienda, lavandería, elementos de aseo, alimentación, manutención y llamadas telefónicas.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el acuerdo en que las partes precisaron que el auxilio de sostenimiento no sería

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Radicación n.° 99485 constitutivo de salario fue expreso, claro, preciso y detallado de los rubros cobijados en él.

6. No dar por demostrado, estándolo, que era obligación del actor justificar la destinación del auxilio de sostenimiento.

Expresa que esos equívocos fueron consecuencia de la falta de valoración de la confesión efectuada por el demandante en su interrogatorio de parte y por la apreciación errada de: i) el contrato de trabajo, ii) el Documento del 26 de diciembre de 2011, iii) los artículos 17 y 30 de la convención colectiva de trabajo y, iv) los testimonios de Lizbeth María Noriega Padilla y Juan Carlos Hernández. Aclara que, a pesar de que el fallo menciona varias pruebas, denuncia la valoración equivocada de algunas de ellas, porque respecto de las restantes no considera que el Tribunal hubiera incurrido en esa falencia o porque lo que dedujo de estas no tiene incidencia, especialmente en razón a que, no discute la habitualidad en el pago del auxilio de sostenimiento, obtenida de los volantes de nómina. Señala que el juzgador erró al considerar que el auxilio de sostenimiento y transporte retribuía el servicio y que, por tanto, era salario, porque no tuvo en cuenta que el actor confesó que utilizaba esos rubros para los gastos que

estaban previstos (transporte, gastos personales, alimentación y servicios), al responder sobre la destinación de aquel auxilio, lo siguiente:

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Radicación n.° 99485 No señor el bono solamente lo utilizábamos nosotros para nuestros gastos personales, para lo que era servicios, estaba la alimentación, pero en ningún momento nosotros podíamos hacernos creer que el bono era para nuestras necesidades porque eso era otro sueldo más que lo gastábamos allá en el pueblo en el que estábamos radicado. Indica que el sentenciador también leyó la cláusula 17 de la CCT (f.° 292 y siguientes del cuaderno digital y 311 y siguientes), sin darle trascendencia, como debía, a lo acordado sobre la obligación de los trabajadores de aportar los recibos de los gastos que realizarían con el auxilio de sostenimiento; no obstante, ese compromiso exigía a los beneficiarios de ese estipendio la utilización de este de forma correcta y conservar las pruebas de su destinación. Añade que esa previsión no era simplemente formal; que la falta de seguimiento estricto al respecto, no significa que pudiera ser utilizado libremente; que, si dicho dinero se usaba incorrectamente por el trabajador, ello no llevaría a establecer su condición salarial, porque sería un comportamiento irregular, contrario a la buena fe. Refiere que el colegiado no examinó adecuadamente el contrato de trabajo (f.° 166 a 170 del cuaderno digital), el Documento del 26 de diciembre de 2011 (f.° 171, ibidem) y la cláusula 30 de la CCT, porque no dedujo de esas

pruebas, de la manera en que lo referían, que el objetivo y destinación del auxilio de sostenimiento no era retribuir el servicio prestado y que se acordó que no era constitutivo de salario de forma expresa, clara, precisa y detallada, esto es, de acuerdo con el criterio jurisprudencial vigente (CSJ SL1798-2018).

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Radicación n.° 99485 Apunta que, por lo anterior, el Tribunal no estableció que dicho rubro tenía como propósito que el trabajador solventara los gastos en los que tenía que incurrir para prestar sus servicios fuera de su lugar de residencia; que no tuvo en consideración que sólo se pagaba mientras estuvieran laborando en un proyecto minero, porque en esas condiciones debía incurrir en erogaciones distintas a las que asumiría de encontrarse en su domicilio, en vacaciones o licencia. Reseña que la Corte ya ha adoctrinado que otorgarle a un estipendio condición salarial sólo por la destinación a un proyecto minero es equivocado, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL7820-2014 reiterada en la CSJ SL16622021. Alega que el juez no le otorgó la importancia que tenía a la cláusula 30 de la convención, en la que se pactó que ninguno de los créditos allí fijados tenía carácter salarial; que si hubiera considerado ese acuerdo debidamente, su decisión habría sido distinta, porque la jurisprudencia ha señalado que los interlocutores sociales pueden excluir un factor salarial del cálculo de algunas prestaciones a través del acuerdo colectivo y que un entendimiento distinto

entorpecería el proceso de negociación (CSJ SL, 7 sep. 2010, rad. 37970). Plantea que, en relación con ese argumento, la Corte ya ha admitido la naturaleza no retributiva del crédito en

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Radicación n.° 99485 discusión, al examinar idéntico clausulado, por ejemplo, en la decisión CSJ SL1760-2023. Aduce que la demostración del defecto fáctico con la prueba calificada le permite solicitar que se examinen las declaraciones de Lizbeth María Noriega Padilla y Juan Carlos Hernández; que la primera afirmó: i) que ese auxilio era una herramienta de trabajo para vivir dignamente en los pueblos cercanos a las minas, donde estaban prestando el servicio; ii) que no realizaban el control correspondientes porque esos lugares eran muy informales y, iii) que, sin embargo, se les insistía a los trabajadores sobre las políticas de la empresa al respecto.

Mientras que el segundo señala: i) que el auxilio de sostenimiento se pagaba por anticipado; ii) que su destinación era explicada al momento de la contratación; iii) que era difícil realizar el control de los gastos porque nadie entregaba recibos de pago y, iv) que no había libertad para definir en qué invertir ese dinero.

Reitera que el Tribunal incurrió en los defectos fácticos adjudicados, pues a) El beneficio está concebido solamente para cuando el trabajador prestara sus servicios en un proyecto minero y, por consiguiente, debiera residir allí. Es palmario que en ese sitio no se tienen las mismas facilidades en cuestiones como aseo

personal y lavado de ropa que tendrían los demandantes de poder vivir en su residencia a, que es a lo que se refiere el acuerdo de las partes. Lo que se persigue con el auxilio, en consecuencia, es facilitar a los trabajadores que puedan contar con esos servicios, así como el transporte, por lo que es claro que no está destinado a incrementar el patrimonio del

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Radicación n.° 99485 trabajador ni a que este atienda sus necesidades económicas o las de su familia. b) El pacto se basa en la buena fe, puesto que el trabajador está obligado a conservar los comprobantes de la utilización del auxilio, como lo establece el artículo 17 de la Convención Colectiva de Trabajo. Si mi representada no se los exigió al demandante es porque tenía plena confianza en que este obraría correctamente y harían un uso adecuado del auxilio. c) El auxilio no tiene relación con la actividad laboral del trabajador, ni con su desempeño. No depende entonces de la prestación del servicio y se reconoce solo cuando se presente una condición especial: que el trabajador preste sus servicios en un proyecto minero en un sitio en el que no cuenta con facilidades. Por ello es claro, como se manifestó con antelación, que no retribuye directamente el servicio. d) El auxilio no tenía libre destinación. Como se dijo, la suma entregada contaba con una destinación específica, acordada por las partes. e) El acuerdo celebrado se ajusta a los requerimientos legales y jurisprudenciales, pues: (i) fue expreso, claro, preciso y detallado sobre el concepto cuya naturaleza no salarial se acordó; (ii) se trata de un beneficio que no retribuye

directamente el servicio y es, así las cosas, uno de aquellos señalados en el artículo 128 del Código Sustan