CSJ - SL2152-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2152-2024 Radicación n.° 100757 Acta 28 Bogotá D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación que LIBIA DEL SOCORRO SERNA DE CARDONA interpuso contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 28 de junio de 2023, en el proceso ordinario laboral que MARÍA CARINA CELIS CRUZ instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), trámite al cual se vinculó a la recurrente como interviniente Ad excludendum, y a MARÍA MIRIAM HERRERA como litis consorte necesaria.

I. ANTECEDENTES La señora María Carina Celis Cruz solicitó se condenara a Colpensiones a cancelarle la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente Luis Eduardo Cardona Carmona a partir del 21

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Radicación n.° 100757 de mayo de 2015 junto con las mesadas causadas, debidamente indexadas, los intereses moratorios, lo que se pruebe ultra y extra petita y las costas del proceso. En respaldo de sus peticiones, expuso que convivió con el ya mencionado por un lapso de 19 años desde el 10 de febrero de 1996 hasta el 21 de mayo de 2015 data del fallecimiento en la ciudad de Medellín; que aquel era pensionado y quien velaba económicamente por ella, que

nunca se separaron y no procrearon hijos. Indicó que solicitó la prestación que aquí reclama y la pasiva se la negó mediante Resolución n.° GNR361354 del 17 de noviembre de 2015 y se la reconoció a Miriam Herrera, pese a que sabía que había dos personas reclamándola; y que interpuso los recursos de ley. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó la calidad de pensionado del de cujus, la data del fallecimiento y de la respuesta negativa, de acuerdo con las documentales aportadas, frente a los demás manifestó no constarle. En su defensa, no esgrimió argumento alguno, solamente se remitió al artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993. Formuló como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a la demandante la prestación, buena fe, improcedencia de los intereses de mora, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación (Cuaderno_ principal_ primera instancia f.° 107 a 109).

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Radicación n.° 100757 Por su parte, María Miriam Herrera, quien mediante auto adiado 18 de mayo de 2016 (f.° 077) fue vinculada al proceso como litis consorte necesario por pasiva, al responder la demanda también se opuso a las pretensiones; aceptó únicamente el hecho de la no procreación de hijos entre la demandante y el causante, negó los demás.

Como razones de defensa argumentó que con el señor Luis Eduardo Carmona comparecieron ante la Notaria Primera de Medellín el 13 de mayo de 2010, para advertir que convivían bajo el mismo techo desde hacía 25 años; asimismo, que conocía a la demandante en razón al trabajo de su compañero, porque laboraba en la reparación de vehículos y en diligencias que el causante requería. Formuló como excepción de mérito la de inexistencia de la obligación por falta del requisito de convivencia (f.°131 a 135). La juez de conocimiento mediante auto del 15 de octubre de 2017, al verificar en el expediente administrativo del señor Cardona Carmona que este registraba matrimonio con Libia del Socorro Serna Cardona quien también había reclamado sustitución pensional sin que se le concediera, ordenó vincularla al proceso en calidad de interviniente ad excludendum. La antes mencionada, a pesar de haber sido notificada, no se pronunció formalmente frente a la demanda inaugural que formuló Celis Cruz, aunque presentó demanda como tercera interviniente ad

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Radicación n.° 100757 excludendum, formulando como pretensiones se declare que es ella la beneficiaria de la pensión que disfrutaba su cónyuge, por haber convivido con aquél por más de 25 años y tener vínculo matrimonial vigente; en consecuencia, solicitó se condenara a Colpensiones a pagarle la prestación en forma vitalicia y de manera retroactiva a partir del 21 de mayo de 2015, fecha del fallecimiento, al igual que los intereses moratorios, las costas y agencias en derecho.

Como fundamento de sus súplicas, relató que contrajo matrimonio el 22 de diciembre de 1962, que su cónyuge era pensionado, que convivieron por más de 26 años y procrearon dos hijos. Agregó que aun cuando realizaron un trámite judicial de separación de bienes y, en consecuencia, se disolvió y liquidó la sociedad conyugal, el vínculo matrimonial se mantuvo vigente hasta el momento en que aquel falleció. Agregó que mediante Resolución GNR-174478 del 16 de junio de 2016, Colpensiones le negó el derecho bajo el argumento de que ella no convivió con el causante durante los últimos cinco años anteriores al óbito, decisión que recurrió sin que se modificara; que la entidad desatendiendo lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008, a través de la Resolución GNR361354 de noviembre 17 de 2015, reconoció a la señora María Miriam Herrera como beneficiaria de la prestación (Cuaderno_ principal _Primera instancia f.° 336 a 346). Colpensiones contestó la demanda de la tercera interviniente ad excludendum oponiéndose a todas las

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Radicación n.° 100757 pretensiones formuladas señalando que no acreditaba los supuestos de hecho y derecho en los que la fundamentaba. En cuanto los hechos, aceptó los atinentes a la muerte del pensionado, los trámites surtidos en sede administrativa, de acuerdo con los documentos allegados. En relación con los demás, sostuvo que no le constaban.

No propuso argumentos de defensa y como excepciones de mérito formuló la falta de causa para pedir, prescripción laboral, buena fe e imposibilidad de condena en costas. María Miriam Herrera también respondió el escrito de demanda que presentó Libia del Socorro Serna de Cardona oponiéndose a las pretensiones. En cuanto a los supuestos fácticos, aceptó los concernientes a la fecha del matrimonio, la existencia del vínculo jurídico, pero frente a la convivencia sostuvo que lo fue hasta el año 1985 cuando nació la hija que ella tuvo con el causante, así mismo dio por cierto la separación de bienes, el estatus de pensionado que tenía aquel, la fecha del óbito y los trámites administrativos que adelantó para la obtención de la prestación discutida; en cuanto a los demás, indicó que algunos no le constaban y otros no eran ciertos. A su favor formuló como excepción de mérito, la inexistencia de la obligación por falta del requisito de convivencia; sin esgrimir argumento alguno de defensa. Por su parte, la actora María Carina Celis Cruz, guardó silencio frente al escrito inaugural que formuló la

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Radicación n.° 100757 cónyuge del causante.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Juez Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, a quien le correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 28 de junio de 2021, resolvió: PRIMERO: Se DECLARAN probadas las excepciones de fondo

de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y

PAGAR A LA DEMANDANTE LA PRESTACIÓN SOLICITADA” en referencia con la señora MARÍA CARINA CELIS CRUZ de cédula de ciudadanía 39’155.025 y de “FALTA DE CAUSA PARA PEDIR” en relación con la señora LIBIA DEL SOCORRO SERNA DE CORDONA (sic) de cédula de ciudadanía 32’465.339 propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE y se le ABSUELVE de las pretensiones interpuestas por estas dos personas.

SEGUNDO: Se CONDENA en COSTAS a MARIA CARINA CELIS CRUZ y a la señora LIBIA DEL SOCORRO SERNA DE CORDONA (sic) en favor de la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES y de la litisconsorte necesaria MARÍA MIRIAM HERRERA y como agencias en derecho para cada uno de los cuatro casos se FIJA el equivalente a ½ SMMLV para el momento de liquidación de las costas.

TERCERO: En caso de no recurse (sic) la decisión por las demandantes inicial y/o excluyente, se ordena enviar el expediente y la causa a la Sala de Decisión Laboral del H.

Tribunal Superior de Medellín para que conozca en CONSULTA en favor de la no recurrente. Lo decidido se notifica en ESTRADOS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conoció del proceso por la apelación que formuló Libia del Socorro Serna Cardona y en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de María Carina Celis Cruz, mediante

sentencia de 28 de junio de 2023 resolvió:

PRIMERO: Se CONFIRMA la Sentencia de Primera Instancia,

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Radicación n.° 100757 que por vía de Apelación se revisa y en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de la demandante María Carina Celis Cruz; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

SEGUNDO: No se condena en Costas en Segunda Instancia, según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por EDICTO, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron. Para los fines que interesan al recurso de casación, el ad quem señaló que no era motivo de discusión que Luis Eduardo Cardona Carmona falleció el 21 de mayo de 2015, momento en el que recibía pensión de vejez reconocida por Colpensiones a partir del 5 de enero de 1999, ni que contrajo matrimonio con Libia del Socorro Serna el 22 de diciembre de 1962, según se apreciaba en el registro civil en el que igualmente aparecía la anotación de que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín decretó la separación de bienes y disolución y liquidación de la sociedad conyugal, el 16 de noviembre de 1988. Igualmente se advertía que María Miriam Herrera reclamó la pensión de sobrevivientes el 19 de agosto de 2015 y la administradora de pensiones demandada mediante acto administrativo se la reconoció en el 100%, a partir del 21 de mayo de 2015, en la medida que había

acreditado convivencia con el pensionado durante 25 años y procreado dos hijos, y que, así mismo, se le había negado a María Carina Celis quien alegaba haber sido compañera permanente sin probar convivencia. Destacó que también reposaba copia de la Resolución GNR 174478 del 16 de junio de 2016, mediante la cual la

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Radicación n.° 100757 entidad de seguridad social le negó la prestación a Libia del Socorro Serna de Cardona como esposa, ya que no había acreditado convivencia durante los últimos cinco años anteriores al deceso del pensionado. Precisó que, así las cosas, el problema jurídico consistía en establecer si la cónyuge vinculada como interviniente Ad excludendum, con vínculo matrimonial vigente, aunque separada de hecho y con liquidación de sociedad conyugal, tenía derecho a un porcentaje de la pensión de sobreviviente que ya se le había reconocido a María Miriam Herrera en calidad de compañera permanente en un 100%. En esa dirección, indicó que como el pensionado había muerto el 21 de mayo de 2015, estando en disputa la prestación entre dos compañeras permanentes y la cónyuge con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de sociedad conyugal, la norma aplicable era la vigente a dicha data, esto es, el literal a) y el inciso 3 del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, el cual transcribió. Resaltó que la jurisprudencia de esta Sala Laboral, tiene señalado que «el cónyuge supérstite con vínculo

matrimonial vigente, separado de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siempre que acredite convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo» para lo que no es necesario acreditar el vínculo afectivo, como se precisaba en las sentencias CSJ SL2767, CSJ SL2257-2022 y CSJ

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Radicación n.° 100757 SL997-2022. Adujo que, por tanto, en principio, la ad excludendum tendría el derecho, pero que no podía pasar por alto la existencia de una separación en el año 1985, hecho aceptado en el interrogatorio de parte que aquella absolvió; ni tampoco que en 1988 se disolvió y liquidó la sociedad conyugal como se había anotado en el registro civil de matrimonio (f.° 2 archivo 072), notándose así que no existieron lazos afectivos, patrimoniales para considerarla como beneficiaria de la pensión. De la misma manera, refirió que en la sentencia CC C515-19 de octubre 29 de 2019 la Corte Constitucional había declarado que la expresión «“con la cual existe la sociedad conyugal vigente”» era exequible y en consecuencia: […] “…Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, al punto

que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario…”. (Negrilla del texto original). Sostuvo que el propósito de la sustitución pensional era brindar una protección al grupo familiar que dependía del pensionado, y que, en ausencia de aquél, viera afectado su sustento o necesidades básicas, tal y como lo habían

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Radicación n.° 100757 expresado las altas corporaciones en diferentes pronunciamientos, entre ellos, en las sentencias CC C10942003, CSJ SL, 17 abr. 1998, rad. 10406 y CSJ SL 40972021. Señaló que además la separación de hecho se había mantenido por un largo tiempo sin que hubiera vínculo económico, pues la pareja había tomado la decisión de liquidar su sociedad conyugal, dejando de lado los lazos afectivos y económicos, por lo que sería desproporcionado tener a la apelante como miembro de un grupo familiar para otorgarle un beneficio en desmedro de los derechos constituidos en favor de quien sí había acreditado la calidad de miembro del grupo familiar, en calidad de compañero (a) permanente, quien además, estaba percibiendo la prestación pensional.

Resaltó que no desconocía varios de los pronunciamientos de esta Sala como lo eran las providencias «CSJ SL5169-2019, CSJ SL359-2021, CSJ SL1476-2021, CSJ SL 3251-2021», en las que se había otorgado la pensión de sobrevivientes, pese a haberse disuelto y liquidado la sociedad conyugal, pero que acogía «el criterio de la H. Corte Constitucional, porque se ciñe a lo que dice la norma respecto a la exigencia de acreditar la sociedad conyugal vigente, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando se reclama en calidad de cónyuge supérstite, existiendo separación de hecho; requisito que no se cumple en el asunto bajo estudio». Agregó que de acuerdo con la sentencia CC SU298SCLAJPT-10 V.00 10 Radicación n.° 100757 2015, en los eventos en que existan dos precedentes, uno de la jurisdicción especializada y otro de la constitucional «“…es el precedente constitucional, por ser producto de la interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas, el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones». Por lo anterior confirmó la decisión de primer grado absolviendo a Colpensiones de las pretensiones de la señora Libia del Socorro Serna de Cardona. Posteriormente, se ocupó de desatar el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante María Carina Celis Cruz, para lo que dijo analizar el material probatorio y encontrar que tanto lo afirmado por aquella demandante en su interrogatorio, como lo manifestado por los declarantes, no había demostrado una vida marital con

el causante, pues sus respuestas habían sido imprecisas e incoherentes, por lo que también confirmaría la decisión en relación con dicha accionante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Libia del Socorro Serna de Cardona en calidad de cónyuge, vinculada al proceso como interviniente ad excludendum, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente pretende que la Corte:

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Radicación n.° 100757 CASE TOTALMENTE la sentencia proferida por la H. Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Medellín, el día veinticinco (28) de Junio de 2023, en cuanto CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en nombre de la interviniente ad excludendum y, constituida en sede de instancia se sirva REVOCAR la sentencia, condenando a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de las pretensiones solicitadas en favor de la señora LIBIA DEL SOCORRO SERNA DE CARONA como interviniente excluyente. Con tal propósito, por la causal primera de casación formula un cargo, que fue objeto de réplica únicamente por Colpensiones.

VI. CARGO ÚNICO La censura acusa por la sentencia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Asegura que el error manifiesto de hecho consistió en que:

1. Decidió que la señora LIBIA DEL SOCORRO SERNA DE

CARDONA no reúne los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, al interpretar indebidamente el inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, concluyendo que la cónyuge separada de hecho, con vínculo matrimonial vigente y convivencia con el causante superior a cinco años no es beneficiaria de la pensión de sobreviviente si la sociedad conyugal ha sido disuelta y liquidada. En la demostración del cargo afirma que la decisión del Tribunal contiene errores de interpretación del inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, generando un decaimiento de la sentencia.

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Radicación n.° 100757 Añade que en casación esta fuera de discusión que: i) el 21 de mayo de 2015 falleció el señor Luis Eduardo Cardona Carmona, quien tenía la calidad de pensionado por Colpensiones desde el año 1999; ii) que la interviniente contrajo matrimonio con el causante el 22 de diciembre de 1962, de cuya unión nacieron dos hijos; iii) que en el registro civil aparece nota de disolución y liquidación de la sociedad conyugal; iv) que la pareja convivió hasta el año 1985 y v) que mediante Resolución GNR174478 del 16 de junio del 2016, dicha entidad le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Señala que en la respuesta a la demanda que instauró Libia del Socorro Serna como interviniente excluyente, el apoderado de María Miriam Herrera aceptó la convivencia de la recurrente con el causante por más de 23 años, por lo

que debe analizarse solamente es si al disolver y liquidar la sociedad conyugal se cumple o no con lo consagrado en la norma antes transcrita. Acude a los pronunciamientos de esta Sala vertidos en las sentencias CSJ SL3251-2021, CSJ SL 1869-2020 y CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637 en las que se ha señalado que la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no pone fin al vínculo matrimonial, ya que este continúa hasta que no se declare su nulidad o se presenten causales de disolución las cuales están sujetas al Código Civil. Que la anterior precisión no la tuvo en cuenta el ad quem para el caso, lo que lo llevó a realizar una interpretación errónea, desconociendo el criterio fijado por

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Radicación n.° 100757 esta corporación, según el cual, insiste, el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión, siempre que hubiese convivido con el causante durante un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo. En tal contexto, sostiene, que esta Corte ha «saneado» su posición permitiendo a la cónyuge separada de hecho o de cuerpos, acceder a la pensión de sobrevivientes, por lo que no podría otras figuras de jurisdicciones como las del derecho de familia, relevar la adquisición que se tiene al beneficio pretendido. Así refiere que el juez de apelaciones se equivocó en la hermenéutica del inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la

Ley 797 de 2003, al concluir que a la interviniente ad excludendum no le asistía el derecho a la sustitución pensional, pues soslayó que adicional al tiempo de convivencia que lo fue por más de 23 años, también mantenía el vínculo matrimonial vigente, lo cual va en armonía con la interpretación que se dio en la providencia

CSJ SL1180-2022.

Finaliza señalando que acoge las consideraciones del salvamento de voto emitido en la sentencia, para derruir lo que manifestó la mayoría de la Sala colegiada, al señalar que daba prevalencia al criterio de la H. Corte Constitucional sobre la jurisprudencia de esta Sala Laboral, toda vez que es esta última, el órgano de cierre quien se ha

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Radicación n.° 100757 pronunciado en múltiples oportunidades sobre procesos semejantes al caso en estudio. Insiste en que el Tribunal no tuvo en cuenta que el vínculo matrimonial aún se encontraba vigente y que la extinción de la sociedad conyugal no implicaba la desaparición de los derechos a la prestación, lo cual significa que Libia del Socorro Serna de Cardona aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad.

VII. RÉPLICA La entidad opositora sostiene que la decisión del Tribunal es acertada, en tanto el fallador aplicó en estricto sentido el precepto legal que regula el caso, argumento más que suficiente para sostener la postura de la Sala Laboral acorde con la de la Corte Constitucional, es correcta, por

cuanto el criterio exige acreditar la sociedad conyugal vigente, cuando existiendo separación de hecho, se pretende reclamar el beneficio en calidad de cónyuge supérstite. Manifiesta que teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del pensionado la norma que regula el asunto es la Ley 797 de 2003, y como quiera que para este proceso la sociedad conyugal fue disuelta, acertó el colegiado al negar el reconocimiento de la prestación, por cuanto los cinco años de convivencia no podía acreditarlos en cualquier tiempo.

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Radicación n.° 100757

VIII. CONSIDERACIONES Dada la senda directa seleccionada para orientar el ataque, en el sub judice no son objeto de discusión los siguientes fundamentos fácticos establecidos por el Tribunal: i) que quien actúa como interviniente ad excludendum Libia del Socorro Serna y Luis Eduardo Cardona contrajeron matrimonio el 22 de diciembre de 1962, unión de la que nacieron dos hijos, ya mayores de edad; ii) según registro civil obrante a folio 1 archivo 072, aparece la siguiente nota «“…Mediante oficio Nro 022 del Juzgado 2º Civil del Circuito de Medellín, del noviembre 16 de 1988, decretándose la separación de bienes y por ella la disolución y liquidación de la sociedad conyugal» formada entre dichos esposos; iii) que el óbito del afiliado fue el 21 de mayo de 2015; iv) que con ocasión del fallecimiento, María Miriam Herrera reclamó la pensión en calidad de compañera permanente la cual le fue otorgada en un 100%,

por cuanto acreditó convivencia por más de 25 años con el pensionado de cuya relación nacieron dos hijos, v) que Colpensiones le negó la prestación a María Carina Celis Cruz como compañera permanente por no acreditar el requisito de convivencia. Lo primero que ha de destacar la Sala es que en sede extraordinaria no está en discusión que María Carina Celis Cruz en calidad de compañera permanente del pensionado no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en la medida que contra la decisión que absolvió a Colpensiones de las pretensiones de dicha actora, no se interpuso recurso alguno. Tampoco es objeto de debate la calidad de

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Radicación n.° 100757 compañera permanente de María Miriam Herrera, a quien se le otorgó la pensión de sobrevivientes, en tanto que no fue motivo de controversia ni la convivencia que aquella sostuvo con el pensionado ni su duración; por lo que tales precisiones permanecen incólumes. Ahora bien, observa la corporación que el colegiado de instancia, aunque advirtió que la interviniente ad excludendum, en calidad de cónyuge supérstite, había acreditado el requisito de convivencia con el pensionado durante cinco años en cualquier tiempo, y que la sociedad conyugal se encontraba vigente, consideró que como la separación de los cónyuges se había prolongado en el tiempo y no se había demostrado que al fallecimiento del causante perduraran lazos de apoyo y afecto, aquella no tenía derecho a la pensión deprecada. La censura por su parte considera que tal postura

jurídica evidencia la interpretación errónea que el sentenciador hizo del inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto su correcto entendimiento es que el cónyuge supérstite con unión matrimonial vigente, independientemente de que haya liquidado la sociedad conyugal, puede acceder a la pensión de sobrevivientes acreditando cinco años de convivencia en cualquier tiempo. Así las cosas, el problema jurídico que convoca a la Sala consiste en determinar si el Tribunal le dio un entendimiento equivocado a la normativa acusada, al considerar que la liquidación y disolución de la sociedad conyugal se constituye en un impedimento para que la

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Radicación n.° 100757 esposa de un pensionado, separada de hecho y con liquidación de dicha sociedad, acceda a la pensión de sobrevivientes. Es criterio pacífico de esta corporación que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido conforme al canon que esté vigente a la fecha de la muerte del afiliado o pensionado (CSJ SL, 10 Jun 2009, rad. 36135; 1 feb 2011, rad. 42828 reiterada entre otras en la CSJ SL7358-2014) lo que, para el presente asunto lo era el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que en su literal b), inciso tercero, prevé la posibilidad de que el cónyuge supérstite separado de hecho pueda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. En esta hipótesis, el legislador le otorga distinción a la «unión conyugal» aun cuando exista separación de hecho,

bajo la condición de que se acredite una convivencia real y efectiva de al menos cinco años en cualquier época. Esto, claro está, bajo el entendido de que el vínculo matrimonial se mantenga vigente al momento de la muerte del causante. La citada norma busca la protección del vínculo marital, pues lo que le permite al cónyuge acceder a la prestación en estos eventos es «la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial», sin que sean relevantes para la adquisición de la pensión figuras como «la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal», pues éstas no descartan la posibilidad de adquirir el derecho (CSJ SL362-2021).

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Radicación n.° 100757 Así, el propósito, como lo ha precisado la jurisprudencia, es proteger a quien desde el matrimonio aportó para la construcción del derecho pensional del causante, lo cual se sustenta en el verdadero contenido de la seguridad social y tiene como principio fundamental la solidaridad respecto de quien acompañó al pensionado o afiliado en el proyecto de su pensión y con quien hasta el momento de su muerte se mantuvo vigente el vínculo matrimonial; sin que temas propios del derecho de familia, como la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, que tienen consecuencias diferentes, resulten determinantes. En efecto, a diferencia del contrato de matrimonio que conlleva efectos de orden personal, entre otros, la sociedad conyugal que se deriva de él, tan solo hace referencia al régimen económico de la unión y tiene implicaciones meramente patrimoniales; de ahí que, si lo que el legislador

pretendió amparar fue el vínculo, no resulta dable condicionar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la vigencia de la sociedad conyugal o de bienes, pues se trata de dos conceptos diferentes de los que no se exige su coexistencia para efectos de obtener esta prestación. Así se ha expresado la Corte en las decisiones CSJ SL1399-2018, reiterada entre otras, en las sentencias CSJ SL5141-2019, CSJ SL4499-2020, CSJ SL1869-2020, CSJ SL362-2021 y CSJ SL359-2021, explicando en ésta última: Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y

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Radicación n.° 100757 liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho. En efecto, la antinomia contenida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, visible cuando en su inciso 2.° hace referencia a «sociedad anterior conyugal» y, en el tercero, a «unión conyugal», fue resuelta por la Corte a favor de la última a través de sentencia SL, 13 mar. 2012, rad. 45038, en los siguientes términos: El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia

de la “unión conyugal” y la restante con la de la “sociedad conyugal vigente”. Estima la Sala, que si la protección que otorgó el legislador fue respecto del vínculo matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no hubo divorcio, pues por el especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se confo