CSJ - SL216-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL216-2023 Radicación n.° 92454 Acta 03 Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARCO ANTONIO GÓMEZ BARRIOS, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 9 de diciembre de 2020, dentro del proceso que instauró en contra de la

CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA.

I. ANTECEDENTES

Marco Antonio Gómez Barrios demandó a la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. (en adelante Clínica Santa Sofía), con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre el 17 de noviembre de 2015 y el 1º de marzo de 2016.

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Radicación n.° 92454 En consecuencia, solicitó el pago de las horas extras laboradas, así como las prestaciones sociales causadas y no canceladas, las vacaciones y los respectivos aportes a la seguridad social. De igual forma, buscó el reconocimiento de las indemnizaciones moratorias contenidas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, además de la indexación de todas las sumas adeudadas. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que empezó a trabajar al servicio de la Clínica Santa Sofía el 17 de noviembre de 2015, ejerciendo el cargo y las funciones de

«Médico general en urgencias». A su vez, manifestó que su horario laboral variaba semanalmente «[…] de 7:00 am a 13:00 pm; 13:00 pm a 19:00 pm y de 19:00 pm a 7:00 am., y otro turno mañana tarde de 7:00 am a 7:00 pm, cada 15 días en turnos MT de 7:00 am a 7:00 pm, sábado y domingo». Agregó que, su vinculación se produjo a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios, sin embargo, desarrollaba sus funciones en las instalaciones de la entidad y que recibía órdenes de superiores que eran trabajadores directos de la Clínica Santa Sofía. Además, precisó que cumplía un horario establecido y que recibía un salario mensual, a pesar de que este se hubiera presentado equivocadamente como un pago de honorarios. De manera que, a su juicio, concurrieron los requisitos para declarar la existencia de una relación laboral.

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Radicación n.° 92454 Concretamente, explicó por ejemplo que, el ingreso era de $4.200.000, es decir, $26.000 por hora trabajada en hospitalización y $28.000 en urgencias. Igualmente, mencionó que las directrices de su labor eran impartidas por Daniel Parra Lizcano, Claudia Patricia Olave Caicedo y Meiby Carolina Gelvez Afanador, en su calidades de «director» y «directoras médicas» de la Clínica Santa Sofía, respectivamente. Por tal motivo, concluyó que el empleador incumplió su deber legal de concederle el disfrute de las vacaciones, así como el de consignar las cesantías y el de cancelar las demás

prestaciones sociales causadas. Incluso, advirtió que la entidad tampoco asumió los aportes a la seguridad social ni el pago de las horas extras y recargos nocturnos a los que había lugar. Finalmente, dispuso que no le entregaron «[…] los comprobantes de pago de seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses, tal y como lo indica el parágrafo 1º del Art. 65 del C.S.T., y de la S.S., por lo que se hace acreedor de las sanciones indicadas en la citada norma». Al contestar la demanda, la Clínica Santa Sofía se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aclaró que el inicio del vínculo contractual se produjo el 1º de diciembre de 2015 y no el 17 de noviembre del mismo año, como equivocadamente se asegura.

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Radicación n.° 92454 Advirtió que el horario en el que el señor Gómez Barrios desempeñaba su labor estaba concertado con el personal de la clínica para tales fines, teniendo en cuenta la disponibilidad y experiencia del profesional. Lo anterior, suponía entonces que el pago de sus honorarios variara conforme a las horas ejecutadas. Ratificó también que la cláusula primera del contrato de prestación de servicios firmado con el demandante se refiere expresamente a que el contratista era libre para escoger las horas en las que desempeñaba sus tareas, haciendo que no existiera unas «[…] jornadas regulares o periódicas». Por otra parte, dijo que la relación contractual finalizó el 3 de marzo de 2016 por decisión unilateral y voluntaria del

señor Gómez Barrios, según lo evidencia el correo electrónico allegado por él a la Coordinación de Gestión Humana. Alegó que nunca hubo una relación laboral con el demandante, pues lo cierto es que este era el que definía cuándo trabajaba, recibía pagos de honorarios variables y, finalmente, establecía el modo en que prestaba su servicio bajo la utilización de sus propios instrumentos. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y «[…] de los elementos que constituyen el contrato de trabajo», pago total, buena fe y prescripción.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura mediante sentencia del 6 de diciembre de

2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la parte demandada, por lo ya dicho.

SEGUNDO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL ADOLFO PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, a pagar a MARCO ANTONIO GÓMEZ BARRIOS, de condiciones civiles conocidas en autos, las siguientes sumas:  Cesantías: $1.264.541  Intereses de cesantía (+ sanción por no pago): $47.230  Prima de servicios: $1.264.541  Vacaciones: $737.757  Sanción art. 99 Ley 50/90: $2.014.000  Total: $5.328.069

TERCERO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL

PACÍFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL ADOLFO PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, a pagar a MARCO ANTONIO GÓMEZ BARRIOS, a título de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., la suma de $150.405 diarios por cada día de mora calculados desde el día siguiente a la ruptura del contrato de trabajo -4 de marzo de 2016y hasta por 24 meses; y a partir de la iniciación del mes 25 deberá pagar intereses moratorios a la tasa más alta para créditos de libre asignación certificados por la Superfinanciera de Colombia, y hasta que se haga efectivo el pago completo de las sumas aquí fulminadas por concepto de prestaciones sociales.

CUARTO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL ADOLFO PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones dejados de realizar por el empleador durante el tiempo que estuvo vigente la relación laboral, es decir el 01 de diciembre de 2015 al 03 de marzo de 2016. El pago deberá realizarse a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado el demandante, en el porcentaje que le corresponda como empleadora.

QUINTO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL ADOLFO PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, a pagar

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a MARCO ANTONIO GÓMEZ BARRIOS la indexación de la suma ordenada en este proveído por concepto de compensación en dinero de las vacaciones.

SEXTO: ABSOLVER a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. de las demás pretensiones invocadas en la

demanda por MARCO ANTONIO GÓMEZ BARRIOS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Tras la apelación presentada por ambas partes, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga mediante sentencia del 9 de diciembre de 2020, revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, absolvió a la demandada.

Para fundamentar su decisión, propuso como ejes temáticos a resolver: […] la declaratoria del contrato de trabajo en atención a lo dispuesto en los artículos 22 a 24 del CST, así como procedencia de la reliquidación de horas extras, recargos nocturnos, recargo por trabajo dominical y festivo, así como de las prestaciones y acreencias laborales causadas en favor del actor en virtud de las diferencias a que hubiera lugar por dichos conceptos. En caso afirmativo estudiar la viabilidad de indemnizaciones y sanciones que tienen origen en las condenas a imponer dentro de la presente causa, así como en el hecho del despido en caso de encontrarse que el mismo devino injusto por parte de la empleadora. Inicialmente, abordó la discusión de si existió o no una relación laboral entre las partes. Al respecto, dijo que para su declaratoria debía garantizarse la concurrencia de los requisitos contenidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, (i) la prestación personal del servicio, (ii)

la subordinación y (iii) el salario. Adicionalmente, recordó que el artículo 24 del mencionado código consagró una

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Radicación n.° 92454 presunción consistente en que, al estar probada la prestación personal del servicio, se entendía que existe un contrato de trabajo, a menos que el empleador desvirtuara el elemento de la subordinación. En ese sentido, reflexionó sobre aquel elemento. Aclaró que esta debe ser continua, delimitada en unos extremos temporales y que, además, debe ser probada por quien pretende la condición de trabajador. Solo así puede operar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo e invertirse la carga demostrativa. Aplicando dicha teoría al presente caso, recordó que el juzgado declaró la existencia de la relación laboral entre el 1º de diciembre de 2015 y el 3 de marzo de 2016. Sin embargo, dijo que una vez revisado el contrato suscrito entre las partes, este tuvo un término de vigencia de 4 meses, a saber, desde el 1º de diciembre de 2015 hasta el 30 de marzo de 2016. Por otro lado, trajo a colación algunos de los testimonios rendidos en audiencia, así como el interrogatorio de parte absuelto por el señor Gómez Barrios, estableciendo que todos tenían declaraciones contradictorias entre sí, sobre todo porque se podía concluir que el demandante tuvo dos relaciones jurídicas suscritas de forma simultánea con la demandada, a saber, como trabajador en misión y mediante contrato de prestación de servicios.

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Radicación n.° 92454 Lo anterior, a su juicio, supuso que no existiera certeza sobre el tiempo en que estuvo vinculado con la clínica bajo la figura de un contrato de prestación de servicios o a través de una actividad misional. En consecuencia, dijo que no se podía estimar cuándo finalizó uno u otro contrato, ni mucho menos si la prestación personal se produjo bajo las características de alguno de estos dos. Explicó que, Paralelo a lo (sic) ello, que el demandante al absolver interrogatorio y responder sobre la calenda de inicio así como de las condiciones pactadas con la llamada a juicio hizo referencia a que suscribió dos contrataciones al tiempo con la Clínica Santa Sofía (min. 031:07 fl.107), lo cual si bien no resulta concordante con lo mencionado por la señora Juli Sujey Cortés, deja ver un aspecto relevante, pues en testimonio la nombrada precisó que se trató de una vinculación como contratista la cual se desarrolló entre el 01/12/2015 y el 03/03/2016 y otra como trabajador en misión de la empresa de servicios temporales Solaservis del 17/11/2015 al 29/02/2016 en el de temporal como médico de urgencias en tiempo completo y por contrato en otro servicio bajo horas que el actor tuviera disponibles. (min. 1:30:29 y sig. fl. 107). En relación con lo anterior, que pese a no estar en discusión la eventual duración de la relación de trabajo que se dio por acreditada en la sentencia impugnada, lo cierto es que la comunidad probatoria no otorga certeza y distinción del tiempo

en el que en realidad el demandante estuvo vinculado con la clínica y aquel en que fue presuntamente trabajador en misión, así como tampoco de las diferencias o similitudes que podrían tener sus funciones para la época de la coexistencia de las contrataciones, o aquella para la que eventualmente ya había finalizado la labor por la que fue enviado a la Clínica Santa Sofía por Solaservis y subsistió el contrato de prestación de servicios con la demandada hasta el 30/03/2016 cuando tuvo lugar la renuncia al contrato de prestación de servicios que tenía vigente con la institución de salud accionada (fl.74). Ello a fin de verificar además de los elementos de la relación de trabajo, la procedencia de las pretensiones, y cuantificación de las mismas. Aclara la Sala sobre los aspectos antes anotados, que, si bien existe un principio general de la primacía de la realidad sobre las

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Radicación n.° 92454 formas, la naturaleza contractual tiene unas características que permite dilucidar ese derecho sustancial invocado por la parte interesada respeto de la cual recae la carga probatoria. En virtud de lo hasta aquí indicado, que no resulte compresible (sic) que en el texto de la demanda no se haya presentado la situación fáctica descrita en precedencia según la cual el demandante tuvo vinculación a través de una empresa de servicios temporales, pues con ello dejó en la incertidumbre un aspecto introductorio necesario hacia la declaración de la existencia del contrato de trabajo como es la determinación de la prestación del servicio, constante y continuo, dentro de unos extremos determinados,

pese la presunta coexistencia por un fracción de tiempo que se pudiera inferir de las manifestaciones de la señora Cortés, los deponentes restantes no precisaron si las calendas informadas correspondían al inicio de su desempeño como trabajador en misión o contratista. Ello por cuanto en lo que respecta a la finalización la nombrada indicó que con Solaservis el actor prestó sus servicios para la encartada hasta el 28 de febrero de 2016, y el señor GÓMEZ al rendir interrogatorio adujo que había renunciado al tiempo a las contrataciones que tenía con la demandada. Lo anterior, derruye la aptitud probatoria sobre una data de finalización del nexo en que no se reconoció el contrato de trabajo, sin que se pudiera excluir que se trate de una misma contratación laboral, máxime que mientras los deponentes bajo el presupuesto inicial de un contrato civil, refirieron que el señor MARCO ANTONIO se desempeñaba como médico general en el servicio que fuera requerido o que le fuera asignado, y en este caso, si de ése se pudiera aseverar que fue ejecutado hasta el 3/3/2016, siendo un término probable de vigencia finiquitada por las partes, no puede ante la realidad que se persigue libre de toda dubitación que tal contrato de trabajo alegado se continuara ejecutando a través de un probable intermediario, manteniendo como eje que el empleador fuera la misma entidad, como se ha advertido el no advertir en la demanda todas las situaciones de contratación, ante lo explicado en la práctica de pruebas, deja sin soporte la certeza de un extremo final, especificidad e identidad del servicio personal cuando se persigue la existencia

del contrato de trabajo a partir de la ineficacia de la contratación civil entre las partes, en el presente caso además que se relató que se conjuga con un contrato de trabajo para el mismo demandado como beneficiario en subordinación delegada en la modalidad de trabajador en misión (resalta la Sala). Por último, propuso que las cuentas de cobro con sello de Gestión Humana y Coordinación de Control Interno, no sirven para acreditar que existió una prestación personal del

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Radicación n.° 92454 servicio en los momentos que allí se relacionan, pues lo cierto es que el médico tenía la posibilidad de modificar los turnos o recibir un mayor ingreso por cada consulta, lo que supone una valoración en sentido amplio y no restringido a evidenciar la ocurrencia de una relación laboral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los límites propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte, […] CASE TOTALMENTE la sentencia No. 220 del 9 de diciembre de 2020 proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga, proveído que revocó la sentencia condenatoria del No. 066 del 6 de diciembre de 2018 emanada del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura y una vez quebrado el fallo de segundo grado y en sede de instancia proceda la Corporación a pronunciarse respeto (sic) del recurso de

apelación formulado por el extremo activo de la litis, y a confirmar el fallo de primer grado en todo aquello que no fue objeto de apelación por la parte demandante. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta dada su complementación y la decisión a tomar.

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VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por la vía directa, […] por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA de los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a la violación de los artículos 1º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 37, 38, 43, 45, 47, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 127, 128, 139, 141, 142, 143, 186, 187, 189, 192, 193, 249, 250, 253, 254, 260, 266, 306, 307, 340 y 342 del mismo Código Sustantivo del Trabajo y 32 numeral 2º y parágrafo 2º (modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001), 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 95, 250 y 305 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los parámetros fijados por los

artículos 1º, 11, 13, 25, 26, 29, 48, 53, 58, 332 y 336 de la Constitución Política de Colombia. En la demostración del cargo, se refiere a la presunción de la existencia de una relación laboral, siempre y cuando el posible trabajador acredite la prestación personal del servicio. Con lo cual, explica que la carga probatoria se invierte y le corresponde al eventual empleador demostrar que no hubo subordinación, para efectos de negar la existencia de un contrato de trabajo. Así las cosas, advierte que el Tribunal se equivocó al concluir que la existencia de contratos coetáneos de diferente naturaleza afectaba la presunción de la existencia de una relación laboral según el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, a pesar de tener por probada la prestación personal del servicio y sin establecer si de las pruebas del expediente, era posible desvirtuar la subordinación. Sobre este punto, precisa que,

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Radicación n.° 92454 Ciertamente, en principio, el juzgador de alzada entendió adecuadamente el art. 24 del CST, pues consideró que la prestación personal del servicio impone asumir la existencia del contrato de trabajo; empero, desacertó en su aplicación, en la medida en que empezó a especular con que la existencia de otros contratos coetáneos o coexistentes, que la falta de claridad de los medios de prueba e incluso que el hecho de no mencionarse en el cuerpo de la demanda la ocurrencia de otro contrato laboral al tiempo que el contrato de prestación denunciado como aparente

en la demanda, pues en dicho discurso lo que hizo tácitamente fue incorporar el elemento de delimitación temporal del contrato de trabajo con el de prestación para definir este último, cuando la norma impone otro (sic) cosa, y la jurisprudencia no ha aceptado tal hermenéutica. Así, resulta muy diferente que la presunción del art. 24 ibidem sea desvirtuable, a que para efectos de la aplicación de dicha norma se deba acreditar que la prestación del servicio tenga una determinada existencia en el tiempo, o que no ocurrió con otras modalidades contractuales, o que la prueba sobre la extensión del contrato no sea contundente, como se extrae de las conclusiones del Juez Colegiado, pues de lo contrario no hubiera tenido que tamizar la configuración de la prestación del servicio con todas las pruebas arrimadas al proceso, como en efecto lo hizo con los testimonios, las certificaciones y los contratos; lo que lo condujo a difusas disquisiciones en cuanto a que si (sic) había prestación del servicio por parte de mi procurado, pero sin analizar la información de la subordinación dejó de aplicar la presunción por aspectos en nada relacionados con la aplicación de dicha norma, arriba señalados. Discute que el Tribunal no hubiera declarado la existencia de una relación laboral a partir de la presunción descrita, amparado en el hecho de que no había certeza respecto del tiempo en que ejerció la prestación personal del servicio, con ocasión de la concurrencia de contratos civiles y laborales suscritos con Solaservis S.A.S. Por lo tanto, luego de citar apartes de la sentencia CSJ SL864-2013, insiste en que bastaba con demostrar la

prestación personal del servicio para que operara la presunción de la existencia de una relación laboral, sin que

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Radicación n.° 92454 fuera trascendente el tipo de contratos que suscribió con la empresa de servicios temporales. Lo anterior, pues a su juicio, debe prevalecer la realidad sobre la forma, sobre todo cuando tampoco se desvirtuó la subordinación. Con lo cual, concluye: En suma, la aplicación indebida del art. 24 del CST, provino de no haber dado el alcance que dicho precepto naturalmente ostenta, en la medida en que a pesar de haberlo entendido correctamente, y dar por probado hechos que corroboraban la presunción allí establecida como las labores del actor, conclusión que aunque difusa se verifica del fallo censurado aquí, consideró que se debía analizar también si esa prestación tenía unas condiciones específicas para considerarse como la PRESTACIÓN DEL SERVICIO que se define en la ley para aplicar la norma en concreto. Lo anterior llevó al Tribunal en sus conclusiones a validar el servicio prestado, pero bajo una modalidad civil, sin siquiera partir de la presunción en cita. Por lo dicho, el ad quem encaminó su actividad desde una inadecuada interpretación de la norma legal, lo que lo llevó a procurar obtener en las pruebas la desnaturalización del contrato civil pactado entre las partes, a pesar de que, en los términos de la jurisprudencia que se reprodujo, el análisis del acervo probatorio debió hacerse desde la perspectiva contraria, esto es la existencia del contrato de trabajo con base en la prestación de servicio, prestación que exigió que fuese calificada

con el elemento de subordinación, negando la entidad ontología (sic) de las pruebas con esa equivocada visión de la norma, al verificar probada en el proceso, insístase, una prestación de servicio, pero no la prestación del servicio que exige la norma para aplicar la presunción del contrato de trabajo.

VII. SEGUNDO CARGO Le atribuye la Tribunal la violación, […] por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a la violación de los artículos 1º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 37, 38, 43, 45, 47, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 127, 128, 139, 141, 142, 143, 186, 187, 189, 192, 193, 249, 250, 253, 254, 260, 266, 306, 307, 340 y 342 del

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Radicación n.° 92454 mismo Código Sustantivo del Trabajo, art. 53 de la Constitución Política, así como aplicación indebida de los artículos 1324, 1325, 1341, 1342 y 1344 del Código de Comercio y los artículos 1494, 1502, 1618 y 1760 del Código Civil Asimismo, se denuncia violación medio del art. 191 del CGP. Relaciona la comisión de los errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que el demandante, MARCO

ANTONIO GÓMEZ BARRIOS, prestó a la entidad demandada servicios personales en forma subordinada entre el 01 de diciembre de 2015 al 3 de marzo de 2016.

2. No dar por demostrado estándolo que la subordinación mediante la cual prestó el servicio el demandante desde el 01 de diciembre de 2015 al 3 de marzo de 2016, es propia de una relación laboral.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que el vínculo contractual que ligó a las partes del 01 de diciembre de 2015 al 3 de marzo de 2016, fue de naturaleza comercial.

Lo anterior, producto de la falta y equivocada apreciación de las pruebas que identificó así: ERRÓNEA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS POR EL TRIBUNAL  Contrato de prestación de servicios del 01 de diciembre de 2015 por cuatro meses (Fl. 71 y 73 del cuaderno principal) suscrito entre el señor MARCO ANTONIO GÓMEZ BARRIOS y la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., para prestación de servicios de médico general. A pesar de que el Tribunal hace acopio de dicho contrato y que toma en cuenta parte de su clausulado, deja de atender que cuando en él se pacta, en sus consideraciones generales, que las labores contratadas como Médico General sería determinadas por el contratante, escapa a cualquier grado de autonomía e independencia con el que pudo haber contado mi mandante y de (sic) nota, desde la suscripción del contrato de trabajo, el ejercicio del jus (sic) variandi, pues el supuesto contratante, como cualquier empleador, se abroga la

facultad de disponer las áreas de prestación del servicio, lo que es alejado de la ejecución del contrato de prestación de servicios. De otro lado no tuvo en cuenta el Tribunal que el contrato se pactó, por espacio de cuatro meses, con la posibilidad de prolongarse de manera indefinida, es decir, que desde el origen de la prestación de servicio se aceptó que la vinculación era de

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Radicación n.° 92454 carácter indefinido, insístase, lo que no es propio de los contratos de prestación de servicios sino de las relaciones de naturaleza laboral, ello aunado a que el objeto misional permanente de la demandada es la prestación de actividades de salud, de lo que se infiere que se trataba de una (sic) convenio para la prestación de servicios permanentes dentro del giro ordinario de los negocios de esa empresa.  Confesión del demandante MARCO ANTONIO GÓMEZ BARRIOS (Audio 1 minuto 1:30 y siguiente folio 168). Destacó el Tribunal en la sentencia confutada que en su declaración de parte la promotora de esta acción relató aceptó (sic) la existencia de dos contrataciones al tiempo con la Clínica Santa Sofía como contratista y otro como trabajador en misión de la empresa de servicios temporales SOLASEVIS S.A.S., contratos por medio de los cuales laboraba en el primero bajo disponibilidad y en el otro como médico de urgencias, situaciones que afectan la claridad y la aplicación del principio de la primacía ante la falta de descripción del segundo contrato bajo la modalidad laboral, que impedía determinar la forma de prestación del servicio. No obstante, lo (sic) mencionada declaración no puede ser tenida

como una confesión, salvo que se le tuviera como una confesión compuesta. En efecto, se limitó la (sic) demandante en expresar que ciertamente suscribió un contrato de prestación de servicios, lo que no era objeto de duda a lo largo del proceso, y que al tiempo suscribió otro contrato a través de una empresa de servicios temporales para la prestación, estaba (sic) vez como trabajador de servicios médicos para la misma clínica. Y ello es así porque al asignarle en sentido natural y lógico de los dichos de la (sic) accionante se infiere que lo único que pretendió dar a entender es que suscribió diferentes contratos que tenían la finalidad de conseguir mejoras en sus condiciones laborales, además que la designación de las áreas en las cuales debía prestar el servicio, y por ende mal hizo en tenerse tales dichos como confesión, cuando no cumple con el presupuesto del art. 191 del CGP de ser el reconcomiendo (sic) de una (sic) hecho adverso, salvo que también se tuviera por probado como confesión compuesta que quien sugería las modalidades y formas en contratación era la demandada, lo que dista de la autonomía propia de los contratos de prestación de servicios. Empero, lo antes indicado por el actor, a pesar de no haber sido expuesto en la demanda, lejos de apartarse del principio de primacía laboral o alterar las cargas probatorias de demostrar siendo demostrativo autonomía en la prestación del servicio, lo que deja ver es que siempre el actor prestó funciones al vaivén de los designios de su empleador, quien le señala las modalidades bajo las cuales se debía vincular, y más que ser demostrativo,

pues tal acertó que efectuaba la determinación de los extremos a

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Radicación n.° 92454 pesar de la coexistencia o concurrencia que mencionó el colegiado nada tiene que ver con la aplicación de la presunción o la prestación del servicio, es decir, la supuesta falta de claridad en los límites temporales es independiente de la prestación del servicio, que contrario a lo dicho por el Tribunal estaba reconociéndose a través de la confesión compuesta. Además, la determinación de la existencia o no del contrato de trabajo, no puede depender de la prueba expresa de los linderos temporales, que es obligación del operador judicial determinar, sino de la manera como los mismos se ejecutan, de lo contrario inane sería el principio de la primacía de la realidad, por lo que claramente el Tribunal equivocó las inferencias que podían derivarse de los dichos del señor GÓMEZ BARRIOS. PRUEBAS DEJADAS DE VALORAR POR EL TRIBUNAL  Confesión del representante legal de la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. Notorio resulta que el juez de alzada dejó de considerar el interrogatorio de parte del accionado, puesto que a pesar de su claridad omitió extraer conclusiones pertinentes sobre la laboralidad de la prestación del servicio. En efecto, las manifestaciones con carácter de confesión se pueden sintetizar de la siguiente manera: i) que quien definía libremente el lugar de prestación de servicio era la clínica en cualquiera de sus áreas o unidades médicas, ya que la (sic) demandante no estaba asignado a un servicio específico; ii) que en periodo del

año 2010-2017 no había médicos de plata (sic) en esa institución médica; y iii) que la determinación de los turnos de prestación del servicio correspondía a la coordinadora médica, o al mismo representante cuando no había coordin