CSJ - SL2168-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2168-2023 Radicación n.° 96067 Acta 031 Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ÉDGAR MAURICIO MILLÁN AYALA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de febrero de 2022, en el proceso que promovió en contra de AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA – AVIANCA, al cual se vinculó a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES ACDAC como litisconsorte por pasiva.

I. ANTECEDENTES Édgar Mauricio Millán Ayala llamó a juicio a Avianca, pretendiendo, conforme al libelo genitor y a su reforma, que se declarara que es afiliado o socio de la Asociación Colombiana de Aviadores – Acdac, quien presentó al empleador un pliego de peticiones el 4 de febrero de 2016;

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Radicación n.° 96067 que para la fecha en que fue despedido sin justa causa el conflicto colectivo se encontraba vigente; y que el finiquito laboral se llevó a cabo con violación de la convención colectiva, los acuerdos convencionales y el art. 25 del Decreto 2351 de 1965. En consecuencia, que se condenara a la demandada a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, o a uno de igual o superior categoría, en las mismas o mejores condiciones laborales, con el pago de los salarios dejados de

percibir, las primas legales y extralegales y demás beneficios de la convención colectiva, con los respectivos incrementos, desde la fecha del despido, hasta cuando sea efectivamente reincorporado; o en subsidio, la indemnización por despido injusto, indexada; la sanción moratoria y los perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la desvinculación. Igualmente, a reconocerle y pagarle el mayor valor del salario no cancelado, desde el 1º de octubre de 2014 hasta la fecha de la terminación de la relación; y la indemnización de 180 días de salario por haber sido despedido por su «limitación» de salud, debidamente indexada. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 24 de septiembre de 1995 suscribió con Avianca un contrato de trabajo a término indefinido; que el 30 de diciembre de 2002 se firmó acta de acuerdo entre Acdac y la empresa, con la cual se abrió la posibilidad para los pilotos que hubieran reunido los requisitos para acceder a la pensión, de

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Radicación n.° 96067 continuar al servicio activo de la empresa, y al mismo tiempo de percibir las mesadas que le otorgaba la jubilación a cargo de la Caja de Auxilios y Prestaciones de Acdac – Caxdac, y que a partir del 1º de enero de 2005, solo en caso de presentarse un excedente de aviadores debidamente sustentado, la empleadora podría aducir la justa causa de terminación soportada en la jubilación, y retirar por esa vía, en primer término y en orden descendente de edad, a los que

estando en esa condición tenían 54 años o más. Señaló que el 7 de noviembre de 2014 firmó otrosí al contrato celebrado con Avianca, modificando sus condiciones laborales, en el que se adoptaron las regulaciones establecidas en el acta suscrita entre la empresa y Acdac, y el 16 de septiembre de 2015 se suscribió acuerdo provisional de reactivación de pago de aportes pensionales de los aviadores cuyas prestaciones se encontraban en trámite de revisión ante la jurisdicción laboral; que el 26 de noviembre del mismo año suscribió con aquella un otrosí; que el 25 de mayo de 2016, la Directora de Medicina de Aviación y Licencias Aeronáuticas de la Aeronáutica Civil le suspendió temporalmente el certificado médico de primera clase para actividades aeronáuticas; que ha presentado incapacidades continuas desde el 3 de marzo de 2016 hasta el 7 de junio de 2017, por el diagnóstico de capsulitis adhesiva hombro derecho, otorgadas por la EPS Suramericana; que el 21 de junio de 2016, la empleadora mediante derecho de petición dirigido a Aliansalud Medicina Laboral, solicitó concepto de rehabilitación; que a través de comunicación del 11 de julio de 2016, Avianca le informó que a partir del 16 de julio de

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Radicación n.° 96067 2016 no seguiría pagando incapacidades, en razón a que estas superaron los 180 días de continuidad; que el 6 de marzo de 2017 se le informó sobre su retorno al esquema de

salario integral. Añadió que mediante comunicación del 5 de abril de 2017, la demandada le comunicó la terminación del contrato con justa causa a partir del 5 de mayo de ese año, y que cinco días después, el centro médico Colsubsidio Mazaren emitió examen de egreso, en el que se reiteró el diagnóstico antes referido; que para la fecha del finiquito del vínculo se encontraba incapacitado, siendo despedido sin autorización del Ministerio de Trabajo; que la empresa lo ha discriminado en razón de esa situación, lo que motivó su despido, pues en ella laboran en la actualidad pilotos pensionados, y hay otros reubicados que están en estado de incapacidad para desempeñar las labores inicialmente contratadas. Indicó que es socio de Acdac y se encuentra a paz y salvo por concepto de su afiliación; que la organización sindical presentó el último pliego de peticiones el 4 de febrero de 2016, llevándose a cabo la negociación colectiva entre los días 26 de ese mes y 5 de abril siguiente, encontrándose pendiente por definir la convocatoria del tribunal de arbitramento, por lo tanto, aquella estaba vigente a la fecha del despido; que Avianca y Acdac suscribieron una convención colectiva de trabajo que actualmente continúa rigiendo, y que en su cláusula 23 consagró la prohibición de despedir a trabajadores cuando se encontrara en curso la presentación de un pliego de peticiones; que en el art. 10 del

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Radicación n.° 96067 Decreto 1373 de 1966, compilado en el 2.2.2.1.9 del Decreto

Único Reglamentario 1072 de 2015, se dispuso que la protección a los trabajadores comprende desde la presentación de dicho documento, hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo; y que mediante comunicación dirigida a la accionada, le solicitó el reintegro y las consecuencias económicas y jurídicas del mismo. Avianca al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la vinculación laboral del señor Millán Ayala, aclarando que inició a través de un contrato de aprendizaje, que se modificó de mutuo acuerdo a partir del 8 de mayo de 1986, suscribiéndose uno laboral en el que se garantizó su antigüedad desde el 24 de septiembre de 1985; lo pactado en el acta extraconvencional del 30 de diciembre de 2002, aunque precisó que no le es aplicable al demandante, ya que lo era para quienes cumplieran la edad pensional hasta el 31 de julio de 2003; los otrosíes suscritos con el actor, señalando que en el del 7 de febrero de 2014 se remitió a lo pactado en el acuerdo del año 2002, en relación a la modificación remuneratoria; el acuerdo del 16 de septiembre de 2015 entre la empresa y Acdac; la suspensión temporal del certificado médico del trabajador; el concepto de rehabilitación solicitado por Avianca a la EPS; la comunicación del 11 de julio de 2016 en la que se le informó del no pago de más incapacidades; y la misiva de terminación del contrato a partir del 5 de mayo de 2017.

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Radicación n.° 96067 En lo relativo a los demás, expresó que no tuvo ninguna conducta tendiente a discriminar al demandante, pues la terminación del contrato se dio por razones objetivas; que no tenía obligación alguna de solicitar autorización ante el Ministerio de Trabajo para finalizarlo por una justa causa, como el reconocimiento de una pensión, aspecto que desvirtúa de pleno cualquier nexo causal alegado respecto a su estado de salud; y que para la fecha de desvinculación del trabajador, la empresa no se encontraba en conflicto colectivo con Acdac, tan es así, que con posterioridad a marzo de 2017 esta radicó un pliego de peticiones, exactamente el 8 de agosto del mismo año, y de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Trabajo, ni siquiera se encontró presentación de depósito de la denuncia de la convención colectiva de trabajo, por lo que no es cierto que para la fecha de su desvinculación estuviere vigente un conflicto colectivo. Como excepciones formuló las que denominó cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación; improcedencia del pago de la indemnización por terminación del contrato sin justa causa y/o reintegro, y de los valores pretendidos al no existir posibilidad de reintegro; compensación; buena fe; pago y prescripción. El juzgado de conocimiento por medio de auto del 24 de septiembre de 2019, ordenó vincular al proceso a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – Acdac, quien presentó escrito coadyuvando las pretensiones de la demanda; para el efecto, ratificó las situaciones fácticas que

la soportan.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, a través de sentencia del 1º de octubre de 2021, absolvió a la demandada de las pretensiones del libelo genitor; y declaró probadas las excepciones propuestas por la pasiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio de providencia del 25 de febrero de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la decisión de primer grado.

El Tribunal partió de que los problemas jurídicos consistían en determinar: si Edgar Mauricio Millán Ayala se encontraba amparado por el fuero circunstancial al momento de la terminación del vínculo contractual; si el acta de acuerdo del año 2000 suscrito entre Avianca y Acdac, le era aplicable, y en consecuencia, si este obligaba a la empresa a mantener vigente su vínculo laboral, aun cuando ya ostentaba la condición de pensionado; y, si este estaba cobijado por la estabilidad laboral reforzada prevista en el art. 26 de la Ley 361 de 1997. Luego de relacionar vasta prueba documental que consideró relevante, mencionó la fuente legal en que se sustenta el fuero circunstancial, partiendo del art. 25 del Decreto 2351 de 1965, así como las sentencias de la Corte

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Radicación n.° 96067 CSJ SL, 28 may. 2015, rad. 45080; CSJ SL, 21 sep. 2016,

rad. 45671 y CSJ SL5267-2019, referentes a la declinación del pliego de peticiones ante el silencio del sindicato o la omisión de realizar las actuaciones correspondientes. Consideró que lo procedente era contrastar el material probatorio arrimado al expediente, con el marco normativo y jurisprudencial reseñado, a partir de lo cual encontró lo siguiente: - El día 4 de febrero de 2016, se radicó por parte de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles -ACDACpliego de peticiones ante la empresa AVIANCA S.A. (f.° 141-161) - El 26 de febrero de 2016, se instaló y dio inicio a la etapa de arreglo directo, en la cual se pactó un cronograma de sesiones de negociación, las cuales culminarían al 16 de marzo de 2016. (f.° 254-255) - El 16 de marzo de 2016, se suscribió acta de prórroga de la etapa de arreglo directo, señalándose como último día de negociación el 5 de abril de 2016. (f.° 256-257). - El día 5 de abril de 2016, se suscribió acta de finalización de la etapa de arreglo directo. (f°. 258). - El contrato del actor finalizó el 5 de mayo de 2017 (f.° 95-97) - La única documental que reposa en el plenario entre la fecha en que se suscribió el acta de finalización de la etapa de arreglo directo y la calenda en que se dio por terminado el contrato de trabajo del demandante, hace relación a la comunicación adiada

el 23 de enero de 2017 (f.° 252), a través de la cual el presidente de la organización sindical Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC informa al Ministerio que “En los Estatutos de ACDAC, artículo 17, contempla para que sea válida una Asamblea, esta debe ser citada con no menos de 3 días de anticipación; como consecuencia de ello, una vez se lleve a cabo dicha Asamblea se resolverá su solicitud de designación unificación del árbitro dentro del conflicto colectivo promovido ante AVIANCA SA por ACDAC – SINTRATAC y le estaremos comunicando dentro de los tres días siguientes a la Asamblea la determinación de la misma. Es absolutamente imposible cumplir con su solicitud dentro del término de tres días como quiera que por la naturaleza de la labor de nuestros afiliados, las Asambleas deben realizarse y convocarse dentro de un término prudencial, ya que los socios se encuentran cumpliendo itinerario de vuelo” (…)”.

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Radicación n.° 96067 Acorde con lo anterior, concluyó que la organización sindical no dio cumplimiento al requerimiento elevado por el ministerio; aunado a que de las pruebas recaudadas tampoco se advierte que Acdac hubiera convocado a la asamblea con miras a designar árbitro. Y que lo que se corroboró a partir de los testimonios de Jorge Enrique Cadena, Jaime Hernández Sierra y Julián Pinzón, es que el pliego inicialmente presentado por la organización sindical fue retirado, para posteriormente postular uno nuevo, lo que permite colegir que el conflicto iniciado en febrero de 2016 finalizó de manera anormal, por

lo que el señor Millán Ayala no se encontraba amparado por el fuero circunstancial al momento de terminar el contrato de trabajo. Igualmente precisó, que tampoco habría lugar a señalar que el trabajador se encontraba bajo la protección del fuero circunstancial, si se tiene en cuenta que no fue despedido sin justa causa. Al respecto relacionó los arts. 7 del Decreto 2351 de 1965 que modificó los arts. 62 y 63 del CST, literal a) num. 14, y el parágrafo 3º del 9 de la Ley 797 de 2003, que consagran como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez, estando al servicio de la empresa; así como las sentencias CC C1137-2003, CSJ SL2351-2019 y CSJ SL3108-2019, sobre el tema.

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Radicación n.° 96067 Afirmó que en el presente asunto no existía controversia respecto a que el señor Millán Ayala se encontraba pensionado desde junio de 2014, sin embargo esa prestación estuvo suspendida por orden de la junta directiva de Caxdac, originada por la expedición de unos conceptos emitidos por los órganos de control, por no tener certeza frente a la expiración del régimen para el reconocimiento de prestaciones especiales transitorias de los aviadores, por lo que solo hasta diciembre de 2016 fue incluido en nómina de pensionados, luego de la suscripción de un acuerdo conciliatorio que originó el desistimiento del proceso judicial iniciado por aquella (f.° 343).

Además se pronunció sobre las características que la jurisprudencia de la Corte ha identificado frente al reconocimiento pensional como justa causa de terminación del contrato, a saber: (i) que es aplicable a trabajadores particulares y servidores públicos; y, (ii) que se viabiliza su empleo cuando la administradora le notifica al trabajador el reconocimiento de la pensión y su inclusión en nómina, esto de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C1037-2003, en aras de garantizar que no exista solución de continuidad entre la fecha de desvinculación y la percepción de la prestación. Por último, advirtió que el empleador no está obligado a consultar al trabajador su decisión de terminar el contrato por el reconocimiento de la pensión, debido a que esa posibilidad no la consagra la Ley 797 de 2003, aplicable al caso concreto.

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Radicación n.° 96067 De otro lado, en cuanto a la aplicación al señor Milán Ayala del acta de acuerdo del 30 de diciembre de 2002 (f.° 39 a 45), luego de transcribir algunos de sus apartes, así como de relacionar el otrosí al contrato de trabajo celebrado entre este y Avianca el 7 de febrero de 2014, expresó: Descendiendo al caso de autos, y revisado el clausulado referido, la Sala arriba a la misma conclusión del A-Quo, en cuanto a que el demandante no le es aplicable la mencionada “ACTA DE ACUERDO ACDAC-AVIANCA-SAM”, suscrita el 30 de diciembre de 2002 en punto a que la empresa no podía terminar su relación

laboral con fundamento en la causal prevista en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el D.L 2351 de 1965 artículo 7 numeral 14, en concordancia con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 3, por cuanto se considera que dicha prerrogativa estaba dirigida a los aviadores que se pensionaran entre i) el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004 o hasta que el Aviador que se pensionara cumpliera los 54 años de edad; ii) A los Aviadores de Avianca que a enero 1 de 2003 tuvieran 52 o 53 años de edad cumplidos, la garantía se extendía hasta que el Aviador cumpliera 55 años de edad o hasta el 31 de diciembre de 2005, presupuesto que evidentemente no concurren en el caso de marras como quiera que el actor se pensionó en el año 2014. De otro lado, si bien no se desconoce que el otro sí (sic) suscrito por las partes el 7 de febrero de 2014, se hace mención del acta de acuerdo fechada el 30 de diciembre de 2002, no por ello, puede entenderse que al demandante le es aplicable dicho clausulado, frente a que la empresa no podía finalizar su contrato de trabajo con justa causa amparado en la causal prevista en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en razón a que se considera que lo que se incluyó de esa acta al otrosí analizado, fueron las modificaciones de las condiciones salariales, esto es, el cambio de modalidad de pago del salario del trabajador a la modalidad del salario integral,

conclusión que se reafirma cuando allí mismo se sostiene que ese acuerdo fue recogido en la cláusula 91 de la convención colectiva, que en su tenor literal hace referencia a “remuneración mensual” y que en su parágrafo 6 dispuso “en razón de lo previsto en el acuerdo suscrito entre ACDAC y la Empresa el 30 de diciembre de 2002, se continuará aplicando el Sistema de Salario Integral a los aviadores jubilados que actualmente laboran en la Empresa y hubieren suscrito el otrosí aceptando esa forma de remuneración, a partir del 1º de junio de 2005 se regulará por las siguientes condiciones y valores así: (…), sin que en algunos de sus apartes se señalara la limitación de terminación del contrato por justa causa al tener la calidad de pensionado.

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Radicación n.° 96067 Aunado a lo anterior, tampoco puede pasarse por alto que precisamente en la cláusula 4 del mentado otrosí, las partes pactaron que el trabajador pagaría el “préstamo sin intereses” permaneciendo en la empresa por un lapso de 3 años, salvo que el empleador terminara la relación laboral con fundamento en la causal prevista en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el D.L 2351 de 1965 artículo 7 numeral 14 literal a) y el artículo 33 de la ley 100 de 1993, parágrafo 3 (o cualquier norma que los adicione o modifique, o produzca los mismos efectos.) (…) que se refiere en especial a la justa causa

de terminación del contrato por la calidad de pensionado. Sobre la estabilidad laboral reforzada, luego de mencionar el art. 26 de la Ley 361 de 1997, y la jurisprudencia esbozada al respecto por la Corte, precisó que conforme a la protección brindada en esas normas, es necesario acreditar el grado de «limitación» en la capacidad laboral, entre éstas, que haya mediado un nexo de causalidad para la terminación del contrato que permita colegir que se produjo con ocasión de la discapacidad padecida por el trabajador, y sin previo permiso de la autoridad administrativa. Enfatizó en que la Ley 361 de 1997 establece esa protección en el art. 1, para las personas en situación de discapacidades severas y profundas; y a su vez, la Ley 1618 de 2013, aplicable en el presente caso, en el literal 1º del art. 2 define a personas con y/o en situación de discapacidad «como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».

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Radicación n.° 96067 Sostuvo que como en las citadas normas no se determinan los extremos de la «limitación» severa o profunda, lo que se colige es que no se trata de cualquier deficiencia la que da lugar a la protección, de tal manera que se debe tener

en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la sentencia CC SU049-2017, cuando señala que el estado de salud de quien pretende el fuero de estabilidad laboral reforzada por discapacidad física, exige que este sea de tal magnitud, que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. También referenció la sentencia CSJ SL1360-2018 que interpretó el contenido del art. 26 de la Ley 361 de 1997; y dijo que esta es relevante, dado que ante el inspector del trabajo debe acudir el empleador cuando la terminación del vínculo sea por razón de la «limitación» y/o discapacidad, conforme lo prevé la citada norma.

Luego expresó: Bajo ese escenario, se debe anotar que la terminación del vínculo laboral por razón distinta a la situación de discapacidad de una persona que le impida el desarrollo de la actividad contratada no da lugar a la solicitud de autorización por parte del Ministerio, siendo precisamente esa la situación que se presentó en el caso bajo consideración de la Sala, en la medida que la terminación del vínculo laboral que existió entre las partes lo fue por el reconocimiento de una pensión a favor del demandante habiendo mantenido vigente el contrato de trabajo, incluso durante el tiempo en el que le fue suspendida temporalmente el certificado médico de primera clase para actividades aeronáuticas, finalizando el mismo sólo a partir del momento en que fue incluido en nómina de pensionados, por lo que se colige que la convocada protegió su condición de trabajador hasta el momento

en que comenzó a percibir su pensión.

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Radicación n.° 96067 Adicionalmente, como la terminación del contrato obedeció a una causa legal objetiva, dicho proceder no se (sic) constituye un despido como tal, sino que resulta ser un modo autorizado por la ley que no acarrea sanción alguna, lo que impone colegir que la encartada no debía solicitar permiso al ministerio para proceder a finalizar el contrato de trabajo del demandante, dado que la protección de la norma ya mencionada, da lugar a presumir que dicho despido fue discriminatorio, lo cual puede ser desvirtuado por el empleador demostrando esa terminación legal y objetiva del vínculo laboral, como en efecto ocurrió en el proceso.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente, que se case la sentencia impugnada, para que en sede de instancia: […] se REVOQUE la sentencia proferida por el Juzgado

Veintisiete (27°) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. de fecha primero (1°) de octubre de 2021; y se condene a AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA S.A., al reintegro del actor al cargo de piloto del equipo A320 o a uno de igual o superior categoría, que venía ocupando hasta el 5 de mayo de 2017, en las mismas o mejores condiciones laborales y salariales, junto con el pago de los salarios, primas legales y extra legales, y

demás beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo, con los respectivos incrementos legales y extralegales, causados desde la fecha en que fue despedido, hasta cuando sea efectivamente reintegrado, se declare la no solución de continuidad del contrato que suscribió el actor; así mismo a que se condene a la accionada a reconocer y pagar de manera indexada, la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, correspondiente a 180 días de salario por haber sido despedido por su limitación de salud, junto con el pago de la diferencia de los salarios no cancelados desde el 1° de octubre de 2014 hasta la fecha del despido. De forma subsidiaria a reconocer a la parte demandante el pago de la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y el pago de la indemnización consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 96067 Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación; objeto de réplica por la demandada.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la violación indirecta por aplicación indebida de los arts. 53 y 55 de la Constitución Política, en concordancia con los Convenios 98 y 154 de la OIT, como lo prevé el 93 CP; 25, 27 y 37 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978; en relación con el 432, 433, 434, 436, 444 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 60 de la Ley 50 de 1990; 2º y 3º de la Ley 39 de 1985; 1602 del Código

Civil; 31, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo; y 167 y 244 del General del Proceso. Como errores de hecho señala los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía la condición de protegido en caso de conflicto colectivo, toda vez que la organización sindical a la cual está afiliado presentó el pliego de peticiones, y la negociación colectiva no había finalizado al momento del despido.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la convención colectiva de trabajo fue celebrada entre AVIANCA y ACDAC, que está vigente y surte plenos efectos, entre ellos los relativos a la estabilidad laboral pactada para trabajadores en situación de jubilación.

Como pruebas indebidamente apreciadas, relaciona las siguientes: Convención Colectiva de Trabajo suscrita por ACDAC – AVIANCA – SAM (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 2 – paginas (sic) 139 – 349)

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Radicación n.° 96067 Acta de acuerdo ACDAC – AVIANCA – SAM de 30 de diciembre de 2002 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 2 – pagina (sic) 106 - 137) Pliego de peticiones del 4 de febrero de 2016 radicado por parte de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC, ante la empresa Avianca S.A. (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – pagina (sic) 143 - 161) Acta de instalación de la etapa de arreglo directo y cronograma

de sesiones de negociación de 26 de febrero de 2016 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas (sic) 254 - 255). Acta de prórroga de la etapa de arreglo directo de 16 de marzo de 2016 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas (sic) 256 - 257). Acta finalización de la etapa de arreglo directo de 5 de abril de 2016. Acta finalización de la etapa de arreglo directo de 5 de abril de 2016 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas 258. Solicitud elevada por ACDAC ante el Ministerio De TrabajoGrupo Interno De Trabajo De Relaciones Laborales, de 23 de enero de 2017 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – página 252). Y como pruebas no valoradas, las siguientes: Demanda introductoria del presente proceso (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas (sic) 4 - 32). Contestación de la demanda del presente proceso (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas (sic) 305 – 319. En la demostración señala, que en el proceso se discute sobre todo la condición de la protección a un trabajador que, no solamente en virtud de la ley, sino también de la convención colectiva, se encuentra revestido de la garantía de estabilidad en el empleo, que parte del presupuesto de

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estar consagrada en el art. 25 de la Constitución Política, así como la protección de despido en caso de conflicto colectivo. Y que el fallador de segunda instancia parte de presupuestos que son completamente claros, pero a la vez erróneos y carentes de congruencia respecto de la realidad procesal y jurídica, en aplicación al realismo jurídico. Afirma que, en el expediente se encuentra debidamente demostrado que estaba amparado por la garantía foral al momento de la terminación del vínculo laboral, dado que quedó plenamente acreditada la iniciación de la negociación colectiva con la empresa, y las actuaciones de la organización sindical, tendientes a mantener la vigencia del conflicto colectivo; de igual forma, cumplió con la carga probatoria que le correspondía a efectos de que se le aplicara la garantía foral de protección, sin que se le pueda atribuir la carga de la prueba de la continuidad del conflicto, exonerando al empleador de la acreditación de que este terminó de forma normal o anormal; al respecto referencia la sentencia CSJ SL6732-2015. Resalta que cumplió con la carga probatoria que le correspondía, aportando al proceso los elementos de juicio que permiten dar convencimiento pleno a los jueces de instancia de la existencia del conflicto colectivo, y que el despido se dio en el tiempo en el cual aquel se desataba, a saber:

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Radicación n.° 96067 • Pliego de peticiones del 4 de febrero de 2016 radicado por parte de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC, ante la empresa Avianca S.A. (En el pdf denominado Primera

Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – pagina (sic) 143 - 161) • Acta de instalación de la etapa de arreglo directo y cronograma de sesiones de negociación de 26 de febrero de 2016 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas (sic) 254 - 255). • Acta de prórroga de la etapa de arreglo directo de 16 de marzo de 2016 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas (sic) 256 – 257). • Acta finalización de la etapa de arreglo directo de 5 de abril de 2016 (En el pdf denominado Primera Instancia_ Cuaderno Principal Tomo 1 – paginas (sic) 258) • Solicitud elevada por ACDAC ante el Minist