CSJ - SL2184-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2184-2024 Radicación n.°100248 Acta 25 Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ GILBERTO GARCÍA CASTRILLÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023) en el proceso que le instauró a la COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL S.

A hoy MANISOL SAS.

Téngase a Juan Diego Escobar Arias con T. P. n.° 105.320 del C. S. de la Judicatura como apoderado de Manisol SAS en los términos y para los efectos del poder que le fue conferido, que reposa en el expediente digital de la Sala (f.° 12 y ss ESAV 170013105002201900283010011Memorial).

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I. ANTECEDENTES José Gilberto García Castrillón llamó a juicio a Manisol SAS, con el fin de que se declarara que sostuvieron un contrato de trabajo a término indefinido desde el 4 de junio de 2002 hasta el 26 de mayo de 2017; que finalizó de forma ilegal e injusta; que como salario a partir del 2008 tuvo una remuneración mixta, esto era, un básico que correspondió al mínimo integral y un variable constituido por una bonificación por metas de producción y ventas,

según lo establecido por su empleador. En consecuencia, requirió que se le reliquidaran las prestaciones sociales, las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones; que se le cancelara la indemnización moratoria, la prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la generada por el despido sin motivo objetivo, así como que se le concediera lo ultra y extra petita más las costas. Fundamentó sus peticiones en que, se vinculó a la demandada en los términos antes señalados para desempeñar el cargo de jefe de impuestos; que como retribución percibió: [...] El salario fijo correspondía al mínimo mensual legal integral (10) salarios mínimos, más el factor salarial. Y, el salario variable que se derivaba de una bonificación permanente que la empresa denominaba STIP, que dependía de las metas o resultados de la compañía, denominado (P.B.T), según el presupuesto que se estimara cada año para tal fin y, por el desempeño de los trabajadores de la empresa.

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Y que: [...] El salario variable estaba contenido tanto en unos anexos expedidos por la empresa y firmados por las partes, como en los comprobantes de nómina de la compañía y, siempre eran cancelados mediante comprobante de nómina.

Así como que: Desde el año 2008 se le empezó a pagar el salario variable y podía ser cancelado, mes por mes, o en el mes de enero, o en el mes de abril; del año siguiente, después de ser evaluadas las metas de ventas y resultados obtenidos por la compañía cada año de acuerdo a los parámetros establecidos por la empresa

matriz. Afirmó que el 11 de junio ibidem suscribió un anexo al contrato de trabajo en el que se definieron las referidas condiciones y que fue sufragado así: El salario variable de 2008 se le canceló mes por mes, tal y como aparece en todos los documentos que se anexan. En el año 2009 no le cancelaron ningún salario variable. En el año 2010 le cancelaron el salario variable en los meses comprendidos entre abril y septiembre de ese año. En el año 2011 le pagaron el salario variable en el mes de abril. En el año 2012 le pagaron el salario variable en el mes de abril. En el año 2013 le pagaron el salario variable en el mes de enero. En el año 2014 no le pagaron salario variable. En el año 2015 le pagaron el salario variable en el mes de abril. En el año 2016 le pagaron el salario variable en el mes de abril. En el año 2017 no le cancelaron el salario variable. Detalló las cifras que le reconocieron en cada anualidad e indicó que para el 2016 a pesar de que el gerente se comprometió a otorgarlo en abril de 2017 por un valor de $19.693.545 no se le desembolsó. Aseguró que a ese concepto no se le reconoció incidencia remunerativa del servicio y que el 28 de febrero de 2017, fue llamado a descargos para que rindiera

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Radicación n.° 100248 explicación acerca de una sanción que se le impuso a la accionada en la declaración «del IVA del bimestre de 2016 (sic)»; que en esa reunión señaló que el error había sido

cometido por el área de contabilidad al «haber modificado las bases para la declaración del IVA del VI bimestre de 2016»; que él no tuvo ninguna responsabilidad ya que no hacía parte de sus funciones y que lo único que hizo «fue colaborar, por petición de dicho departamento y, para evitar perjuicios a la empresa». Acotó que ello se comprobaba debido a que «desde el 30 de septiembre de 2016 se le revocó el poder para la representación de los impuestos de Manisol S. A y fue otorgado a [otra persona]». Expresó que fue nuevamente convocado el 12 de mayo de 2017 y se le acusó «de otros aspectos [...] derivados de una auditoria tributaria y fiscal externa» que arrojó «aparentes faltas» que fueron inexistentes porque surgieron debido a la forma como los contribuyentes podían declarar renta; que finalmente llevó a la terminación de su contrato; que en la carta donde se le puso en conocimiento dicha decisión se dijo «en las Declaraciones de Renta de 2013, 2014 y 2015 se sometió a la empresa a un alto costo financiero», que calificó como desacertado ya que «solamente se hicieron los cálculos exigidos por la ley tributaria, sin que se pudiera hacer otra cosa»; que tomó la determinación en conjunto con «el financiero y la revisoría fiscal para encontrar lo más favorable para la compañía en su momento

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Radicación n.° 100248 y, así evitar una auditoria tributaria al ir a reclamar un saldo a favor ante la autoridad tributaria, DIAN».

Manifestó que acorde con el reglamento interno de la empresa especialmente con los literales b) y d) del artículo 110, el despido era una sanción y por tanto se debía acatar lo consignado en esos preceptos, que no fueron seguidos por la empleadora «pues en la carta de despido, en manera alguna, aparece que pudiera apelar y mucho menos aparece que en caso de desacuerdo con la decisión adoptada, podía acudir a la jurisdicción Ordinaria Laboral» (f.° 4-26/497-500 Primera Instancia_Cuaderno _2023043156376, 1-20 Primera Instancia_Cuaderno _2023043227368 ). Manisol SAS, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció la existencia del contrato de trabajo y del cargo que desempeñó el reclamante, pero advirtió que fue a término fijo por periodos de un año; que como salario se pactó el mínimo integral y que el bono de resultados no hacía parte de una remuneración variable si no un pago anual con incidencia remunerativa para las vacaciones y los aportes al sistema de seguridad social; que se la reconocía a todos los «ejecutivos por cumplimiento de metas del total de la compañía», en cuanto a su forma de pago, explicó que habitualmente se entregaba en abril, no obstante: [...]por un tiempo se tuvo la práctica y así se contempló en anexo suscrito con el señor José Gilberto García, de hacer anticipos mensuales de este bono, que finalmente se conciliaban al conocer los resultados finales de la compañía, pudiendo presentarse al final pagos adicionales o devoluciones

por parte del trabajador.

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Radicación n.° 100248 Expuso que los años en que no se hizo tal erogación, se debió a que «la empresa no cumplió la meta y por lo tanto ni el demandante ni ningún ejecutivo recibió el bono anual por resultados» condición que era conocida por aquel, al igual que no se causaba si el nexo finalizaba por renuncia o por justa causa. Recordó que la base de cotización al sistema de seguridad social en pensiones para los trabajadores que devengaban un salario integral es el 70 % del mismo según lo dispone el Acuerdo 1035 de 2015 expedido por la UGPP; que siempre se realizaron esos aportes según la ley, pero que en el 2015 por un error del operador «no se tomó el bono anual como base para la cotización»; que al percatarse de dicha situación tras una solicitud del actor se realizó la respectiva corrección. Aceptó el llamado a descargos debido a una «sanción que tuvo que pagar la compañía por unas declaraciones de importación que se declararon en diciembre y que por error incluyó declaraciones de enero de 2017» y que tras adelantar el trámite respectivo se concluyó que el petente: [...] encubrió malos procesos y en nombre de la compañía se presentaron estas declaraciones de manera incorrecta, sin siquiera dar aviso a su jefe inmediato "Gerente Financiero", generando una sanción a la compañía. Si bien el error no nació de él, su comportamiento encubridor y el presentar aún así las declaraciones conociendo que era indebido fueron ampliamente

reprochados.

Manifestó que:

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Radicación n.° 100248 [...] si bien se aporta el certificado de existencia y representación legal, en el cual el Sr Cristian Agudelo, para la fecha de los hechos fungía como apoderado, fue el Sr. José Gilberto García, quien aun conociendo que las declaraciones no correspondían al periodo, preparó las mismas, ocultó la información y posteriormente fueron firmadas por el Sr Agudelo.

Que debido a ello: [...] la empresa [...] actuó de manera indebida presentando información en periodos que no correspondían faltando a la verdad frente a la entidad de impuestos y finalmente pagando una sanción por ello. Sanción que tampoco comunicó al gerente financiero ni al representante legal, sino que liquidó y procedió a enviar para pago la misma sin aval alguno y sin por lo menos efectuar un reporte a sus superiores, desbordando las facultades de labor.

Reconoció que contrató una auditoría externa con el fin de evaluar que todo su proceso de impuestos se estuviera llevando correctamente, que arrojó varias inconsistencias; que la revisoría fiscal era un trabajo técnico que se adelantaba con sustento en la información que remitía el promotor del juicio sin que como eximente de responsabilidad pudiese alegar el aval de aquella.

Precisó que: [...] el punto sobre el que se reprochó [fue que] los anticipos eran desbordados a la realidad, no obedecieron a criterios técnicos que le permitieran tener un acercamiento con un margen razonable de error, en general no se evidenció una

planeación, ni esta fue demostrada por el Sr. José Gilberto al llevar a cabo el proceso disciplinario.

Y que: [...] la empresa para poder realizar los anticipos debe sacrificar su flujo de caja y acudir a las facilidades financieras de sobre

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Radicación n.° 100248 giro para atender sus obligaciones, lo cual conocía perfectamente el Sr. José Gilberto por pertenecer al departamento financiero. Es claro que él debía realizar cálculos financieros para los anticipos como lo determina la ley tributaria, pero estos fueron realizados de manera poco técnica (o por lo menos, nunca demostró el Sr José Gilberto lo contrario), lo cual conllevó a que estos sobrepasaran en montos poco razonables el valor que luego efectivamente se pagaba. Explicó que por lo anterior fue que se tomó la decisión de que un asesor externo asumiera el área de impuestos, quien como consecuencia de la diligencia de descargos señaló que: Hubo un incorrecto procedimiento en cuanto a los anticipos, exponiendo que para el año 2013 y de acuerdo con el Decreto 2972 de diciembre de 2013 modificado por el Decreto 214 de febrero de 2014, la sociedad quedaba con un saldo a favor de $3.833.750.000 y no había lugar al pago de la suma de $1.805.090.000, que de manera inexplicable se hizo y afectó la liquidez de la empresa.

De manera que: [...] si bien la norma no sanciona el hecho de un anticipo mayor, era la obligación del jefe de impuestos efectuar un cálculo más ajustado a la realidad, con desviaciones razonables y no tomar

el camino que aparentemente tomó de inflar la cifra para no quedarse corto, sin criterios técnicos y razonables, afectando el flujo de caja de la compañía [...]. Afirmó que siguió todo el procedimiento contenido en el reglamento interno de trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, que se notificó de la decisión y se expusieron los motivos de esta; que si bien, se omitió la advertencia de que podía interponer recurso de apelación tal «formalidad» no afecta el trámite, ni la decisión.

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Radicación n.° 100248 Resaltó que el demandante conocía perfectamente el RIT, que estaba publicado y que cada uno de los trabajadores se les entregaba un copia física, sin que pudiera pasarse por alto que el finiquito no es una sanción y que no está previsto como tal en aquel, motivo por el que no se requería del agotamiento de un proceso disciplinario previo a pesar de lo cual se le dio la oportunidad de presentar pruebas y explicaciones antes de que se tomara cualquier determinación garantizándole su derecho al debido proceso. En su defensa propuso las excepciones de fondo de prescripción; justa causa, ejercicio de potestad legal, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe (f.° 62-83 Primera Instancia_Cuaderno _2023043227368 ). La parte actora presentó reforma a la demanda en la que indicó que el último salario integral mensual fue de $9.590.321 y «el variable» de $3.282.250; que el despido se dio el «25 de mayo de 2017» cuando ya se había causado el

bono del 2016, sin que existiera pacto alguno de que no se cancelaría en caso de terminación del contrato de trabajo con justa causa (f.° 247-248 ibidem). Manisol SAS aceptó la cuantía de la remuneración básica, pero advirtió que no existía un «variable» sino un bono anual por resultados; que no se le notificó al petente que se lo hubiera ganado puesto que «al momento de empezarse a liquidar para los demás empleados» aquel se

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Radicación n.° 100248 encontraba incurso en el proceso disciplinario; que para su reconocimiento se seguían varias etapas, así: - Lo primero es que se espera a la aprobación de estados financieros de la compañía. - Una vez aprobados, la casa matriz revisa que cada una de las condiciones se hayan cumplido y emite documento indicando si la compañía en Colombia cumplió con las condiciones generales exigidas. - Se procede a evaluar el desempeño del trabajador, teniendo en cuenta que una de las condiciones que contempla el anexo es revisar los resultados del departamento en el que labora el trabajador y su desempeño. Al hacer la verificación de este último punto, se encuentra que el Sr. José Gilberto estaba incurso en proceso disciplinario por faltas muy graves que al final llevaron a la terminación del contrato con justa causa. Aclaró que si bien para esa época, 2016-2017, la empresa alcanzó al 200 % sus metas «el desempeño y gestión del área de que estaba a cargo el señor José Gilberto no cumplió satisfactoriamente con sus funciones y responsabilidades, como quedó demostrado con el proceso

disciplinario que se llevó a cabo» y que en el numeral 7º del anexo suscrito al contrato de trabajo se dispuso que «en caso de renuncia o terminación con justa causa, el participante no recibirá pago alguno» (f.° 255-257 ib). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, por decisión del 1º de marzo de 2023 (f.° 273 y ss acta, 275 audiencia), resolvió:

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PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por la demandada, por lo dicho en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR a la COMPAÑÍA MANUFACTURERAMANISOL SAS a reconocer a favor del demandante los aportes al SGSSP, con su respectivo cálculo actuarial, por la diferencia encontrada en el IBC de los siguientes ciclos: PARÁGRAFO 1: Estos pagos deberán ser realizados en la AFP

PROTECCIÓN.

PARÁGRAFO 2: Se concede a la demandada el término de un mes para realizar el pago, contado desde el momento en que la AFP realice el cálculo actuarial.

TERCERO: CONDENAR a la COMPAÑÍA MANUFACTURERAMANISOL SAS a reconocer a favor del demandante la indemnización por la terminación del contrato sin justa causa, a razón de $75.188.120 pesos CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las pretensiones del gestor formuladas [...].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al estudiar los recursos de apelación de ambas partes mediante fallo del 30 de junio de 2023 (f.°

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Radicación n.° 100248 18-38 Segunda Instancia Cuaderno Segunda Instancia_Cuaderno_2023043325348), resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida el 3 de marzo de 2023, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, Caldas, dentro del proceso promovido por José Gilberto García Castrillón en contra de la COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL SAS, en el sentido de que la diferencias con las que debe reajustar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, son las siguientes: SEGUNDO: REVOCAR el ORDINAL TERCERO de la sentencia, por medio del cual se condenó a la COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL SAS a reconocer la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, y en su lugar se ABSUELVE a la demandada por dicho concepto, conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta decisión. Estimó como fundamento de su decisión, que los problemas jurídicos a resolver eran: […] i) si los aportes en pensiones fueros realizados correctamente por la empresa accionada; ii) si no había lugar a la imposición de la indemnización por despido sin justa, y en caso negativo, si la a quo se equivocó en el salario tenido en cuenta para su cálculo; iii) si el ex trabajador tenía derecho al pago del “salario variable” del año 2017; y iv) si el

reconocimiento de un “salario variable” adicional al salario

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Radicación n.° 100248 integral, da lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales. En lo que interesa al recurso extraordinario se hará referencia únicamente frente al segundo y el cuarto, así: i) De la indemnización por despido sin justa causa. Memoró que la enjuiciada cuestionó la decisión del a quo de imponer el referido redito a pesar de que en el proceso se determinó que efectivamente existió un motivo objetivo para terminar la atadura, así como que se le había garantizado el derecho de contradicción y defensa durante el trámite de finalización del contrato y que la causa de su procedencia tuviera como sustento la ausencia de una formalidad en la carta del finiquito de señalar que contra tal determinación «procedía el recurso de apelación». Al efecto indicó que el juez singular determinó que «el despido pese a que se en[contraba] soportado y probado, deviene injusto por violación del debido proceso, por lo que debe el empleador al trabajador la indemnización por terminación del contrato sin justa causa» al no haberse acatado el literal b) del artículo 110 del RIT. Memoró que acorde a la jurisprudencia la conclusión del nexo laboral fincada en una razón justa no era una sanción, de forma tal que el empleador no estaba obligado a agotar un procedimiento disciplinario, salvo que así se hubiese establecido en algún instrumento regulatorio de la relación y que en todo caso se debía dar un mínimo de

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garantías al trabajador, que soportó en el proveído CSJ SL2531-2020. En ese escenario expresó que si bien en el reglamento interno de la empresa « el despido fue elevado a la categoría de sanción disciplinaria» y que también se había dispuesto que «en el evento en que la sanción al trabajador consis[tiera] en la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa se debía consignar la expresión “Contra la presente procede el recurso de apelación» se trataba de «una exigencia formal del pronunciamiento definitivo del empleador a cerca de la responsabilidad del trabajador que en manera alguna desvirtúa la justeza del despido». Resaltó que la omisión por parte de la llamada a juicio no implicaba que al actor se le hubiese «violado el debido proceso en la forma determinada» por el juzgado, porque: [...] [contaba] con la posibilidad de acudir al recurso de apelación no porque así se lo indique el empleador en el acto de despido, sino porque dicho medio de impugnación se encuentra consagrado en el Reglamento Interno de Trabajo, que es la norma que regula las relaciones obrero-patronales en el ámbito de la empresa. Cuestionar que en la misiva del despido no se hubiera agregado la expresión «Contra la presente procede el recurso de Apelación», cuando la misma cláusula extralegal permite establecer que la decisión es susceptible de ese recurso, representa un formalismo exagerado cuya omisión en manera alguna puede dar lugar a declarar que la terminación del vínculo fue injusta, máxime cuando la falta endilgada al empleado fue suficiente probada y se le respetaron las garantías

fundamentales de contradicción y defensa, tal y como lo determinó la juez de primer grado y no fue discutido por el promotor del pleito.

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Radicación n.° 100248 Afirmó que la validez de la terminación en los casos que era vista como una sanción disciplinaria no podía depender del «contenido formal de la decisión del empleador» si no que se derivaba del respeto del derecho de defensa del funcionario. Acudió al artículo 115 del CST para indicar que, en el sub examine era claro que se había agotado el trámite respectivo como constaba en las actas de las diligencias de descargos adelantadas el 28 de febrero y el 12 de mayo de 2017 en las que: [...] se le advirtió al señor García Castrillón que podía estar acompañado por miembros del sindicato o compañeros de trabajo, y también estar asistido por un abogado, derechos de los cuales decidió no hacer uso. Así mismo, en dichas diligencias se le dio a conocer las faltas que presuntamente había cometido, y se le dio la oportunidad controvertirlas y rendir las explicaciones correspondientes (ver folios 72 y siguiente del archivo digital 05). Explicó, que: [...] el incumplimiento de las formalidades previstas en el Reglamento Interno de Trabajo para finiquitar el nexo de trabajo, es sustancialmente distinto de la justeza del despido y por lo tanto no pude generar la indemnización del artículo 64 del CST. Y es que se trata de dos situaciones completamente distintas, una dar por terminado el contrato de trabajo sin que

medie una justa causa previamente calificada por las partes o establecida en la ley, y otra que, configurada la causal legal o contractual, el empleador omita dar cumplimiento a una formalidad establecida para finiquitar el nexo de trabajo. En el primer evento el despido se torna injusto y puede dar lugar al reconocimiento de la indemnización tarifada de que trata el artículo 64 del CST., y en el segundo caso, el del rompimiento con justa causa, pero sin el cumplimiento de los requisitos formales para su realización, da lugar únicamente a que el despido se califique como ilegal, lógicamente en ambos eventos se debe indemnizar al trabajador, pero bajo tratamiento legal distinto.

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Radicación n.° 100248 Empero, estimó que no era posible determinar si el accionante era titular de la segunda, porque sería ir en contra del principio de la consonancia ya que «una lectura minuciosa de la demanda no permite identificar los perjuicios que la omisión del empleador le pudo haber irrogado al demandante ni el monto de los mismos, y tampoco obra prueba en el expediente que pueda dar cuenta de ellos» razones por las cuales, concluyó que «la justeza del mismo no depen[día] de una formalidad como la que echa[ba] de menos el demandante, y por lo tanto revoca[ría] el ordinal tercero en el que ordenó el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa». ii) Si el reconocimiento de un salario variable adicional al salario integral daba lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Dijo que no le asistía la razón al demandante en su

argumento toda vez que el artículo 132 del CST permitía que cuando el trabajador percibiera más de 10 SMLMV se retribuyera la labor ordinaria y se compensara anticipadamente las prestaciones sociales y los recargos por trabajo suplementario siempre y cuando se cumpliera con los porcentajes previstos en dicho precepto.

Explicó que: [...] esa forma de remuneración constituye una suma única y convenida libremente por escrito, que incluye un componente retributivo del servicio el cual representa todas las sumas

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Radicación n.° 100248 salariales que la empresa paga al trabajador; y otro componente compensatorio de otros estipendios a que tiene derecho el trabajador como prestaciones sociales y trabajo suplementario, el cual en todo caso no puede ser inferior al (30%) de 10 SMLMV. En ese escenario estimó que, como las partes habían acordado dicha modalidad de pago, era claro que «dentro del mismo se incluía un 30 % adicional con el que se compensaba anticipadamente, entre otros conceptos, el de las prestaciones sociales» sin que ello se viera afectado por la cancelación del bono por cumplimiento de metas ya que «ese cálculo anticipado de las prestaciones se hizo respetando los límites fijados por el legislador» que soportó en el proveído CSJ SL1261-2020, para luego señalar que si la voluntad de las partes era que dicho rubro tuviese «incidencia prestacional» era necesario que así lo hubieran determinado «específicamente en el texto del contrato».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por José Gilberto García Castrillón,

concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la sentencia recurrida, respecto de las «pretensiones desestimadas» en dicha providencia para que, en sede de instancia, se confirme la del a quo en lo relativo a las condenas

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Radicación n.° 100248 impuestas y adicionalmente ordenar la cancelación de «todos los conceptos pretendidos» frente a los que el juez singular absolvió (f.° 5 Recursos Extraordinarios_Cuaderno Corte_Demanda_2023035136564). Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y se estudia el inicial, para luego de ser necesario el restante.

VI. CARGO PRIMERO Acusa el fallo del juez plural de violar la ley sustancial por la vía de puro derecho en la modalidad de infracción directa del: [...]artículo 53 de la Constitución Política; los artículos 19, 43, 47 (Dto. 2351 de 1965, Art.51, 55, 64 (Ley 789 de 2002, Art. 28), 65 (Ley 789 de 2002, Art.29), 104, 106, 107, 108 ordinal 8°, 127 (Ley 50 de 1990, Art. 14), 128 (Ley 50 de 1990, Art. 15), 132 (Ley 50 de 1990, Art. 18), 134 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 17, 18, 20, 21, 22 y 23 de la Ley 100

de 1993. Plantea que conforme a las normas de la proposición jurídica los mandatos laborales están regidas por los principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas, que sus disposiciones son de orden público; que se tiene como «contrato de trabajo a término indefinido» todo aquel «cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada», que para la indemnización por despido sin justa causa se debe tener en cuenta si el funcionario devenga más o menos de 10

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Radicación n.° 100248 SMLMV y que « los contratos de trabajo deben ejecutarse de buena fe». Recuerda lo que a la luz de tales preceptivas constituye salario, la posibilidad de celebrar pactos de exclusión de esa calidad, las modalidades de remuneración y memora la base de cotización al sistema de seguridad social integral acorde a la «Ley 100 de 1993». Señala que si el sentenciador no hubiese pasado por alto tales directrices, hubiese confirmado las condenas establecidas por el juzgado y habría concedido las que negó. Para demostrar tal menoscabo manifiesta que resulta suficiente con acudir a lo que el legislador denominó salario integral, concepto que fue introducido al Código Sustantivo del Trabajo con la modificación que la Ley 50 de 1990 hizo al artículo 32 de dicho estatuto mediante el precepto 18. Alega que, no resulta ajustado a derecho que «habiéndose convenido que la retribución del servicio se hiciera pagando un "salario integral, esta especialísima

modalidad de remuneración hubiera sido desnaturalizada con el pago simultáneo de un salario variable» por lo que en el sub examine resulta «ineficaz» que «simultáneamente al trabajador, el empleador le pague un salario que no será fijo sino variable» porque «el salario integral es una modalidad de remuneración fija y no una remuneración que varíe por razón de futuras eventualidades», de manera que, según lo dispuesto en los cánones 18 y 43 del CST «no produciría

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Radicación n.° 100248 efecto alguno estipular al mismo tiempo que los servicios prestados serán pagados con un "salario integral y uno variable, pues esta mixtura desmejora la situación del trabajador en relación con lo establecido en la legislación del trabajo». Por otro lado, asevera que al haberse deprecado en el escrito inicial que la terminación del contrato de trabajo se declarara «ineficaz, ilegal e injusta» se equivocó el sentenciador cuando absolvió de la indemnización requerida por haberse dado un menoscabo al principio de consonancia y debido a que no existía prueba de los perjuicios que se le causaron con el finiquito del vínculo. Trae a colación lo que la doctrina ha entendido por la aludida figura para insistir en el yerro que cometió el Tribunal y aduce que el hecho de que no se hubiera acreditado la cuantía del daño no era una razón «legalmente válida para no haber accedido a la pretensión». También explica en qué consiste la congruencia y acude al precepto 19 del CST para expresar que la consecuencia de haber tenido por «ilegal el despido» era

imponer a la llamada a juicio la indemnización suplicada «en los términos del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que subrogó el artículo 64 de dicho código, por ser esta la norma legal de aplicación