CSJ - SL2196-2024

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2196-2024 Radicación n.°99068 Acta 29 Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 9 de marzo de 2022, en el proceso que instauró SHMUEL SAMUEL SHOVAL contra la recurrente y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al que fue vinculada LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

Se admite el impedimento de la magistrada Jimena Isabel Godoy Fajardo, de acuerdo con lo previsto en el art. 141, numeral 1, del CGP.

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Radicación n.°99068

I. ANTECEDENTES Shmuel Samuel Shoval, llamó a juicio a Porvenir SA y a Colpensiones, para que se declarara la «nulidad» o la ineficacia del traslado efectuado del RPMPD al RAIS; se ordenara su retorno a Colpensiones y se devolviera a esa entidad todos los valores como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses, producto de su afiliación al RAIS. También pretendió el pago «de las diferencias que resulten en el valor de mis mesadas pensionales al

reajustarlas anualmente desde la fecha del reconocimiento de mi pensión de vejez», según lo establecido en el art. 14 de la ley 100 de 1993. En subsidio, solicitó se condenara a Porvenir al pago de una indemnización plena de perjuicios, por una diferencia inicial de $3.364.926, que le causó un lucro cesante por $404.530.212 y a futuro de $807.491.396; 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes como daño moral y daño a la vida de relación; los intereses moratorios del art.141 ibidem, lo extra y ultra petita y las costas del proceso. En sustento de las pretensiones, indicó que nació el 12 de septiembre de 1952; que se vinculó inicialmente al RPMPD administrado por el ISS hoy Colpensiones; que el 1 de agosto de 1998 se trasladó al RAIS a través de Porvenir SA; que su migración se efectuó sin que le brindaran una asesoría adecuada, al no suministrarle información que le 2

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Radicación n.°99068 permitiera evaluar los beneficios y las desventajas de pertenecer a uno u otro régimen pensional; que era beneficiario del régimen de transición; que el 27 de octubre de 2014, Porvenir le concedió pensión de vejez y su mesada ascendió a $7.553.256, que fue reajustada el 27 de noviembre de ese mismo año, en suma de $8.289.715; que de haberse pensionado en el RPMPD, su mesada ascendería a $11.654.641; que ha soportado un detrimento

considerable en sus ingresos y una afectación sustancial a su mínimo vital (fs.°69 a 97 y 371 a 382 cdno. 1 expediente digital). La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, al contestar, se opuso a las pretensiones. De los hechos, admitió solo los referentes al reconocimiento de la pensión y el reajuste. De los demás indicó que no eran ciertos o que le constaban. En su defensa, manifestó que el traslado de régimen fue producto de una decisión libre e informada, tal como se aprecia en la solicitud de vinculación; que el actor se encuentra percibiendo una pensión de vejez desde 2014, es decir, que ostenta la calidad de pensionado. Propuso la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario y, de mérito, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la «GENÉRICA» (fs.°123 a 158 cdno. 1 y 2 a 69 cdno.2 expediente digital). 3

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Radicación n.°99068 Colpensiones también se opuso a lo pretendido en la demanda. En cuanto a los hechos, aceptó la edad del actor, la afiliación al sistema general, el traslado, la calidad de pensionado. De los demás afirmó que no le constaban o que no eran ciertos. Planteó las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (fs.°247 a 257 y 426 a 442 cdno. 1 expediente digital). Tras ser vinculada al proceso, La NaciónMinisterio de

Hacienda y Crédito Público se opuso a las súplicas del demandante. De los hechos indicó que no le constaban o que no eran ciertos. Advirtió que el actor se encuentra vinculado al RAIS desde el 3 de junio de 1998, vinculación que se produjo por traslado de régimen. Formuló las excepciones de inexistencia de la

obligación, «REINTEGRO DEL BONO PENSIONAL A LA NACIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO» y «DEVOLUCIÓN O REINTEGRO DE LAS MESADAS PENSIONALES PAGADAS AL ACCIONANTE» (fs.°277 a 303 y 368 cdno. 1 expediente digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.°99068 El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia de 21 de julio de 2021 (acta fs.°325 y 326 cdno. 2 expediente digital), decidió: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN en favor de las demandadas COLPENSIONES y PORVENIR y el (sic) litis por pasiva NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y, en consecuencia, se ABSUELVE a las mismas de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor SHMUEL SAMUEL SHOVAL en lo referente EXCLUSIVAMENTE a la ineficacia o nulidad del traslado.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por COLPENSIONES, de la cual se

ve beneficiado PORVENIR, respecto de[l] reajuste pensional e indemnización por perjuicios, causados con anterioridad al 05 de marzo de 2017.

TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S.A., a reajustar anualmente la mesada pensional que disfruta el señor SHMUEL SAMUEL SHOVAL, con base en el IPC conforme a lo decretado por el Gobierno Nacional en la materia.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar en favor del señor SHMUEL SAMUEL SHOVAL, las diferencias insolutas derivadas de la actualización de su mesada pensional, causadas entre el 5 de marzo de 2017 y el 30 de junio del 2021 que ascienden a la suma de $41.053.302,46 y las que se continúen causando hasta que se haga efectivo el reajuste automático de su pensión. Esto de su propio patrimonio, sin afectar el capital que tiene al actor en su cuenta de ahorro individual.

QUINTO: CONDENAR a PORVENIR S.A., a reconocer y pagar intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las diferencias insolutas causadas por reajuste pensional, desde la fecha de causación de cada mesada y hasta que se haga efectivo el pago. Esto de su propio patrimonio, sin afectar el capital que tiene el actor en su cuenta de ahorro individual.

SEXTO: CONDENAR a PORVENIR a título de indemnización por lucro cesante, a pagar con su propio patrimonio, las diferencias generadas entre la mesada pagada por ésta y la mesada que debió concederse en el régimen de prima media, las

cuales ascienden a la suma de $327.421.118,47 con corte al 30 de junio de 2021. Y los que se continúen causando, mientras persista la diferencia pensional entre lo que hubiera recibido en 5

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Radicación n.°99068 el RPM y lo que recibe en el RAIS. Se advierte que dicha diferencia deberá pagarse coetáneamente con la mesada mensual reconocida y sobre ella debe pagarse indexación de las mesadas causadas hasta que se efectúe el pago de la obligación.

SÉPTIMO: AUTORIZAR a PORVENIR a descontar del retroactivo generado por mesadas ordinarias derivado del reajuste por IPC, el monto de los aportes al sistema de seguridad social en salud, que le corresponde al demandante y los remita de manera directa a la EPS a la cual se encuentra afiliado.

OCTAVO: COSTAS a cargo de la parte vencida en juicio. Así: • A cargo de PORVENIR en favor del demandante. Tásense por secretaría del despacho incluyendo como agencias en derecho una suma equivalente al tres por ciento (3%) de la condena impuesta. • A cargo del demandante y favor de COLPENSIONES el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.

NOVENO: ABSOLVER a la parte pasiva de las demás pretensiones que en su contra formuló el señor SHMUEL

SAMUEL SHOVAL.

[…] (Negrillas del propio texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al desatar la apelación interpuesta por Porvenir SA, con sentencia de 9 de marzo de 2022 (fs.°57 a

70 cdno. Tribunal), confirmó la de primer grado. Condenó en costas a la administradora recurrente. Se propuso resolver si el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios, «en razón de la diferencia de la pensión de vejez reconocida por PORVENIR S.A. y la que hubiere recibido en 6

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Radicación n.°99068 COLPENSIONES». Y si se configuraron «los elementos necesarios» para conceder esa pretensión. Resaltó que estaba acreditado el traslado de régimen efectuado el 1 de agosto de 1998 del RPMPD hacia el RAIS administrado por Porvenir SA. Con referencia en la sentencia CSJ SL2946-2021, señaló que no se acreditó que al actor se le hubiera brindado información en los anteriores términos y que la firma en el formulario de afiliación era insuficiente; que le correspondía a las administradoras de fondos de pensiones demostrarlo, so pena de que ese acto jurídico fuera ineficaz; que, sin embargo, según lo adoctrinado en sentencia CSJ SL373-2021, no procedía declarar la ineficacia de la afiliación por tratarse de una situación jurídica consolidada, debido a que Porvenir reconoció pensión de vejez al demandante a partir del 1 de noviembre de 2014. Acto seguido, tuvo en cuenta que el accionante solicitó como pretensión subsidiaria a título de indemnización de perjuicios, la diferencia entre la mesada que devenga en el RAIS y la que hubiere recibido de haber permanecido en el RPMPD. Precisó que la sentencia CSJ SL373-2021 dejó «varias

inquietudes y vacíos» que no podía «pasarse por alto», pues abrió la posibilidad de que los pensionados que se consideraran afectados en su prestación económica por la 7

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Radicación n.°99068 omisión del deber de información, pudieran reclamar su debida reparación. A continuación, expuso: Ahora bien, de por sí, encuadrar la situación fáctica dentro del derecho de daños puede tener un tono de cosificación de un derecho fundamental a la Seguridad Social, afectándose la dignidad humana del pensionado, cuando se pudo hablar de que el fondo privado de pensiones tendría que compensar la situación a través de una pensión complementaria o adicional, aspecto más acorde con la naturaleza jurídica de los derechos sociales en juego, quedándonos dentro del concepto de tutela reintegradora. Es preciso distinguir entre tutela reintegradora de derechos, restitutoria de derechos y reparadora. La tutela reintegradora tiene por objeto la protección de los derechos y situaciones subjetivas devolviendo al titular el derecho subjetivo violado o la situación jurídica lesionada; por su parte, la tutela restitutoria tiene por objeto devolver las cosas a su titular o, poseedor; en cambio la tutela reparadora o curativa tiene por finalidad la reparación de un daño producido, sea contractual o extracontractualmente, fin que puede conseguirse por diversos medios que de manera genérica consisten en medidas específicas o medidas de reparación económicas o equivalentes. La responsabilidad civil contractual o extracontractual no tiene por misión reintegrar o restituir derechos subjetivos o reales, sino que su función es netamente reparadora.

De lo visto, se tiene que, el restablecimiento del derecho es una institución del derecho de carácter general distinta del resarcimiento y, en ese orden, la función de las normas de protección de derechos subjetivos absolutos y otras situaciones jurídicas, buscan reintegrar un estado de cosas correspondientes a la situación jurídica que confieren para lo cual es irrelevante la culpa, el daño y la relación de causalidad, en cambio, las normas de responsabilidad civil no requiere la lesión de un derecho subjetivo sino la existencia de culpa, daño y relación de causalidad. Luego de remitirse a lo señalado por varios tratadistas, afirmó que al desconocerse los arts. 271 y 272 de la Ley 8

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Radicación n.°99068 100 de 1993, por falta de información en el traslado de régimen pensional y al ser afectado el derecho fundamental a la pensión de vejez, correspondía «la reintegración del derecho, esto es, reconocérsele el derecho a la pensión en los términos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, condenándose al pago de la pensión en forma completa, con carácter vitalicio y transferible a sus beneficiarios», sin requerirse indagar sobre la triada de la responsabilidad civil, sino en la garantía restablecedora del derecho social, como se aplica, entre otras, en la acción de tutela (art. 23 del Decreto 2591 de 1991). Enfatizó en que «la expresión reparación integral» preceptuada en el art. 16 de la Ley 446 de 1998, no solo

comprendía la indemnización de perjuicios, «ya que, la indemnización es la especie, siendo el género la reparación in natura o específica. Aún más, la principal forma de reparación es la específica; y, ante la imposibilidad de volver al estado anterior, se procede a la indemnización de perjuicios». Acudió a varios doctrinantes. Indicó que cada tipo de daño tiene su forma de reparación, por ende, «merece una forma de reparación diferente». A renglón seguido, puntualizó: No podemos quedarnos en los términos del artículo 2341 del Código Civil cuando enuncia que todo el que causa un daño debe indemnizarlo, pues, es norma posterior y más moderna la expresión reparación integral que se desprende del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, lo cual se compagina con el derecho afectado por el daño, respecto al cual nos referiremos enseguida. 9

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Radicación n.°99068 El derecho afectado con el daño de la falta de información es la pensión de vejez en su cuantía, cuya naturaleza jurídica va ligada al derecho social fundamental de la Seguridad Social, amén de ser un derecho de tracto sucesivo, vitalicio y transferible a los beneficiarios al momento de la muerte, por lo tanto, la reparación debe darse en los mismos términos característicos del derecho afectado. Bajo las anteriores caracterizaciones la reparación debe ser de tracto sucesiva, es decir, pagada bajo mensualidades, vitalicia y transmisible a los beneficiarios, pues de no tener esas connotaciones, no estamos en presencia de una verdadera

reparación. Adicionalmente, en este caso es posible aplicar la teoría de la diferencia entre el derecho que recibiría el demandante de no ser conculcado y el derecho como quedó producto de la afectación por la conducta del demandado

PORVENIR S.A.

En ese orden, anotó que por ser el derecho a la pensión imprescriptible, «solo prescribirán las mesadas producto de la reparación no cobradas oportunamente, de lo contrario no estaríamos frente a una reparación». Agregó que es posible que surjan otros perjuicios concomitantes con esa reparación en cuyo caso, la forma de hacerlo «es la indemnización, la cual si está sujeta a la prescripción de cualquier daño». Manifestó que la culpa se originó por la conducta negligente de la administradora al no suministrar la información «en los términos indicados en esta providencia»; que «el daño se acreditó», por las diferencias de pensión dejadas de percibir y, también la relación de causalidad en tanto de haber mediado dicha información, el daño no se hubiera producido. Persistió en la indemnización como forma de reparación que, en el derecho moderno de obligaciones, 10

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Radicación n.°99068 reviste «la modalidad de una renta periódica o vitalicia, sobre todo en aquellos casos de daños continuados, como sería el evento analizado donde la afectación tiene vocación de permanecer en el tiempo». Trajo a colación el art. «10:102» de los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil, y la sentencia de la Sala Civil de esta Corporación que identificó «de 18 de diciembre de 2012, expediente 0526631-03-001-2004-00172-01», que resolvió un caso de renta vitalicia, la cual no resultaba ajena a la seguridad social por estar prevista en el art. 80 de la Ley 100 de 1993, «en relación con los artículos 2287 a 2301 del CC». Luego manifestó: Resulta importante indicar que, desde el ámbito de la responsabilidad civil, si se acoge el criterio de la Corte Suprema de Justicia, para efectos de reparar los daños, una de las primeras teorías que se construyó en el moderno derecho de obligaciones es la de que el daño se repara a partir de la diferencia de patrimonio. Así Friedrich Mommsen lo entendió como la diferencia entre el importe del patrimonio de una persona, como es en un determinado momento, con el importe que tendría este patrimonio en el momento en cuestión sin la intromisión de un determinado acontecimiento dañoso. En ese orden de ideas, se ha dicho que el daño es el menoscabo económico sufrido por el acreedor, consistente en la diferencia que existe entre la actual situación del patrimonio que recibió el agravio y la que tendría de no haberse realizado el hecho dañoso, bien por la disminución efectiva del activo, ya por la ganancia perdida o frustrada, pero siempre comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo, por cuanto el resarcimiento tiene por finalidad volver el patrimonio afectado a la disposición en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento o acto ilícito. Con lo anterior, reiteró que el resarcimiento ordenado y el restablecimiento del derecho son «las diferencias

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Radicación n.°99068 pensionales por los actos omisivos de las entidades condenadas».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Porvenir SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende con los primeros tres cargos, que la Corte case la sentencia recurrida; para que, en sede de instancia, revoque en su integridad la de primer grado y, en su lugar, absuelva a Porvenir SA de todas las pretensiones.

Con el cuarto y quinto cargo, persigue la casación parcial de la sentencia en cuanto: […] confirmó la condena del pago de las diferencias insolutas derivadas de la actualización de su mesada pensional, causadas entre el 5 de marzo de 2017 y el 30 de junio del 2021 que ascienden a la suma de $41.053.302,46 y las que se continúen causando hasta que se haga efectivo el reajuste automático de su pensión, de su propio patrimonio, sin afectar el capital que tiene al actor en su cuenta de ahorro individual, y en cuanto confirmó la condena al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Convertida la Corte en sede de instancia se persigue que se revoque parcialmente la sentencia de primer grado que impuso condena al reajuste de la mesada pensional y al pago de los intereses moratorios y, en su lugar, se absuelva a Porvenir S.A. de esas pretensiones. Sobre las costas se decidirá según corresponda. Con el sexto, pretende la casación parcial sólo en

cuanto confirmó la condena por intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, para que, en sede de 12

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Radicación n.°99068 instancia, la revoque parcialmente y, en su lugar, absuelva de esa pretensión y decida sobre las costas. Con tal propósito, formula seis cargos por la causal primera de casación, oportunamente replicados por el demandante. Colpensiones manifestó que al no tener legitimación en la condena, por dirigirse a la administradora privada y «no estar ningún aspecto del recurso en contra de la administradora del RPM», se sujeta «a lo que encuentre probado la Corporación». Solicita mantener incólume la sentencia del Tribunal, «al menos en lo que tiene que ver con COLPENSIONES». Por razones metodológicas, la Sala analizará en primer lugar y de manera conjunta, los cargos cuarto, quinto y sexto. Posteriormente los tres primeros, en tanto comparten vía de ataque, proposición jurídica, argumentación y finalidad.

VI. CARGOS CUARTO Y QUINTO

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Radicación n.°99068 Ataca la sentencia por la vía de puro derecho, por la interpretación errónea de los arts. 81 de la Ley 100 de 1993 y 12 del Decreto 832 de 1996 y, la aplicación indebida de los arts. 14 de la Ley 100 de 1993 y 48 de la CN. No discute la condena que se le impuso de reajustar la pensión de vejez del demandante. Afirma que su inconformidad radica en que se haya ordenado que ese

reajuste debe hacerse con cargo al patrimonio de la entidad, condena que en su criterio no tiene soporte jurídico y no corresponde a las características de la modalidad de pensión por retiro programado, ni con las obligaciones que tienen las administradoras de la cuenta individual del afiliado, cuando se ha escogido esa modalidad de pensión. Sostiene que «Como el juez de la alzada no expuso ningún argumento para confirmar la condena que se discute, se parte del supuesto de que hizo suyos los razonamientos de la falladora de primer grado». En ese orden, asevera que esta Corporación ha enseñado que, si bien los pensionados bajo la modalidad de retiro programado pueden aspirar a que su mesada sea reajustada, en los términos del art. 14 de la Ley 100 de 1993, ese reajuste debe hacerse con cargo a los recursos de la cuenta individual del afiliado, quien al optar por esa modalidad pensional, asume algunos riesgos derivados de factores económicos, financieros o personales como su extra longevidad y también de sus beneficiarios, algún cambio en su grupo familiar o cuando la variación del IPC está por encima de las proyecciones realizadas. 14

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Radicación n.°99068 Explica que dentro de esos riesgos, «debe incluirse ahora el del reajuste anual de las mesadas pensionales con las reglas del artículo 14 de la Ley 100 de 1993», pues puede incidir en la disminución del capital acumulado en la cuenta individual. Asevera que si bien el art. 12 del Decreto 832 de 1996, establece una sanción para las AFP, ello solo puede

presentarse cuando el saldo final de la cuenta individual resulte inferior a la suma necesaria para contratar una renta vitalicia, lo que obedece a no haber tomado en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esa situación, «a fin de garantizar la correspondencia entre los saldos existentes y la pensión devengada, o lo que es igual, la capacidad financiera del capital de responder por los pagos programados» (CSJ SL3942-2021). Aduce que la norma fue mal entendida «por la juez de primer grado y, en consecuencia, por el Tribunal», en tanto la primera no puso en duda, […] la decisión de mi representada de no efectuar el reajuste de la mesada pensional radicó, precisamente, en la protección de la cuenta individual del demandante, lo que, lejos de propiciar una descapitalización de su cuenta individual lo que buscó fue preservarla. 15

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Radicación n.°99068 Así, en el documento de folio 218 del primer cuaderno digital (132 físico), además de explicarle las características de la modalidad de retiro programado, se le informó al demandante: “Como medida preventiva, es nuestro deber como Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), revisar permanentemente que el capital del pensionado sea suficiente para pagarle, durante toda su vida, por lo menos una mesada pensional de un salario mínimo; y de ser necesario, contrataremos una Renta Vitalicia con una aseguradora, cambiándolo a esta modalidad de pensión para garantizar el incremento del IPC en sus mesadas; de presentarse esta situación se lo estaremos informando. No obstante, si lo desea tiene la opción de cotizar una Renta Vitalicia con cualquiera de

las aseguradoras que ofrecen esta modalidad de pensión, o manifestarnos si le interesa que Porvenir le realice esta cotización, para que el incremento de sus mesadas pensionales se realice con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor IPC.” Y en el de folio 224 y siguientes del cuaderno digital o 137 del cuaderno físico, se le dijo: “Por lo anteriormente expuesto es preciso informarle que no existe elemento que no se haya contemplado en el cálculo pensional, por ende, no es procedente efectuar reliquidaciones o modificaciones a su prestación económica. Consideramos que usted debe mantener el monto de su mesada pensional por valor de $$10.130.537 para el año

2020. Señor pensionado, es nuestro deber y compromiso administrar el dinero de su cuenta individual de tal manera que se optimice el monto de su mesada pensional, garantizando el derecho al disfrute de dicha prestación tanto en el corto plazo con en un futuro. Adjunto a este comunicado remitimos detalle del cálculo con el cual se determinó el valor de su mesada pensional”.

Con este razonamiento no se varía la modalidad de violación de la ley porque, se itera, los documentos fueron leídos por la juzgadora de primer grado, de suerte que no hay una discrepancia fáctica con lo que se extrajo de ellos. Lo que se busca al copiarlos es demostrar cómo la condena impuesta a mi representada resulta injustificada por cuanto su interés en este caso fue el de mantener el saldo de la cuenta individual del pensionado demandante lo que, en modo alguno, constituye un incumplimiento de sus obligaciones, sino es muestra cabal de lo contrario: procurar que el saldo de la

cuenta individual no se descapitalice y no sea inferior a la suma necesaria para adquirir una renta vitalicia. 16

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Radicación n.°99068 Expone que, aunque la jurisprudencia ha privilegiado la capacidad de decisión de un pensionado sobre la protección de su cuenta individual, no es dable censurarle el propósito de resguardar la integridad del capital necesario para continuar pagando una pensión de vejez, al imponerle una condena que no guarda ninguna correspondencia con esa conducta. Se apoya en la sentencia CSJ SL2692-2020.

VII. CARGO SEXTO Ataca la decisión por la vía directa, por la interpretación errónea del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Pone de presente que, «Como el Tribunal nada dijo para confirmar la condena por los intereses moratorios del artículo 141 del Ley 100 de 1993, es dable entender que hizo suyos los argumentos expuestos en el fallo de primera instancia en el que, sobre el punto, se asentó: […]». Afirma que en ese sentido, «ese fallador» interpretó la norma de manera equivocada, por cuanto no tuvo en cuenta que, «en estricto sentido, en este caso» se presenta una situación que no permite la imposición de citados los intereses moratorios, puesto que su conducta se cimentó en «la estricta utilización de las normas que gobiernan la modalidad pensional del retiro programado, que, en estricto sentido, no tiene contemplado un reajuste anual para el monto de la mesada pensional».

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Radicación n.°99068 Expone que lo resuelto va en contravía de pronunciamientos de esta Corporación, como por ejemplo en la sentencia CSJ SL036-2023. Reitera que su proceder «al no reconocer una prestación», no fue arbitraria ni antojadiza, pues se basó en la aplicación de normas legales vigentes y, que «ello no fue desconocido por los falladores de instancia», por tanto, su proceder se dirigió en preservar la cuenta individual del demandante, que no descapitalizarla.

VIII. RÉPLICA El demandante de manera conjunta sostiene que, la censura pretende traer a esta sede discusiones que no fueron planteadas desde su recurso de apelación. Refiere la sentencia CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 46695.

IX. CONSIDERACIONES Para resolver las acusaciones, basta advertir que el Tribunal no se pronunció sobre el reajuste que prevé el art. 14 de la Ley 100 de 1993, ni de los intereses moratorios del art. 141 ibidem. Se recuerda que la controversia la centró en dilucidar si el actor tenía derecho al reconocimiento y pago a la indemnización de perjuicios, en razón de la diferencia de la pensión de vejez reconocida por Porvenir SA y la que hubiere recibido en Colpensiones.

La Sala se percata que Porvenir SA al sustentar el recurso de apelación, solo se ocupó de señalar que su actuación estuvo ceñida a la ley y que la parte actora no 18

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acreditó los perjuicios que pretendió con la demanda inicial. Si bien solicitó que se revocaran las condenas impuestas en su contra, nada expresó contra la orden de reajustar la pensión de vejez y la imposición de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993. Conforme lo señalado en el art. 66A del CPTSS, modificado por el 35 de la Ley 712 de 2001, la sentencia de segundo grado, así como las decisiones de autos apelados, «deberán estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación». Es claro que la norma reseñada limita la competencia del fallador de alzada, a los puntos materia de inconformidad. Esta Corporación ha adoctrinado que quien apela tiene la obligación de sustentar de manera clara y suficiente el recurso, lo que acá no se llevó a cabo. En ese orden, el ad quem no pudo coadyuvar lo resuelto por la juez de primer grado y, por tanto, no es dable afirmar que hizo suyos sus argumentos. Conviene reiterar la sentencia CSJ SL2808-2018, que al efecto indicó: Lo anterior, implica una restricción o limitación a la competencia funcional del juez de segundo grado, pues le impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en el recurso de apelación interpuesto contra sentencias o autos proferidos por el a quo. Es decir, el Colegiado de instancia no tiene competencia para examinar libremente todos los aspectos de la relación jurídico - laboral sino solo aquellos que sean controvertidos

concretamente en el recurso vertical. 19

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Radicación n.°99068 Sin lugar a dudas, cuando el legislador limitó la competencia de los jueces de segunda instancia, a la materia objeto del recurso de apelación, lo que pretendió fue focalizar la actividad jurisdiccional, obligando a los recurrentes a concretar con exactitud cuáles son los motivos de disenso contra la decisión del juez de primer grado, lo cual resulta coherente con el objetivo de simplificación de trámite y celeridad pretendido por la Ley 712 de 2001. Recuérdese que la Corte actualmente adopta una