CSJ - SL2201-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2201-2024 Radicación n.° 100291 Acta 17 Bogotá, D. C., cuatro (04) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA - CTA COOVIAM contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023) en el proceso que le instauró YOLANDA IBETH GALLO a la recurrente y a la empresa VIGILANCIA

SANTAFEREÑA Y CIA LTDA.

I. ANTECEDENTES Yolanda Ibeth Gallo llamó a la Cooperativa de Vigilancia y Servicios de Bucaramanga - CTA Cooviam y solidariamente a Vigilancia Santafereña y CIA Ltda., para que se declarara: i) un contrato de trabajo a término indefinido del 2 de abril de 2018 al 16 del mismo mes y año

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Radicación n.° 100291 con la cooperativa accionada; ii) la nulidad del «Convenio de Trabajo Asociado» suscrito en la primera fecha con cooperativa mencionada, de la renuncia voluntaria que presentó ante la segunda, así como del despido que efectuó la CTA Cooviam el 16 de abril de 2018, porque medió fuero de maternidad; iii) una sustitución patronal entre las demandadas y, iv) un lazo laboral sin solución de

continuidad entre «el 2 de febrero de 2017 y el 16 de abril de 2018». En consecuencia, se condenara a la CTA Cooviam: i) al pago de los salarios, prestaciones dejadas de recibir, la «indemnización de 60 días de sueldo», las cotizaciones al sistema general de pensiones, junto con las 18 semanas de licencia de maternidad; ii) a su reubicación en un cargo de igual o similares condiciones; iii) lo probado ultra y extra petita y, iv) las costas. En subsidio, deprecó las «indemnizaciones por despido injusto» y «por el daño moral». Fundamentó sus pretensiones en que el 2 de febrero de 2017 celebró vínculo de trabajo con «la unión temporal CD de la cual era integrante la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooviam»; que el 23 de marzo del mismo año fue retirada de la primera, pero atada inmediatamente a través de nexo de obra o labor con la sociedad Vigilancia Santafereña y CIA Ltda.; el 2 de abril del 2018 se le exigió que renunciara de forma voluntaria «con la promesa de que firmaría un contrato con […] Cooviam»; que ese mismo día

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Radicación n.° 100291 suscribió vínculo con esta última entidad que se denominó «convenio de trabajo asociado»; que el 16 de abril siguiente le finalizaron dicho vínculo, porque no era apta para el servicio. Informó que, desde el 2 de febrero de 2017 hasta el 2 de abril de 2018, el servicio prestado fue de vigilancia de

inmuebles en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; que las fechas de los traspasos «correspondían con los periodos del contrato estatal de comisión para celebración de operaciones en el mercado de compras públicas», en el ente académico; que el 2 de abril del 2018 realizó el examen médico de ingreso, cuyos resultados se enviaron el 15 siguiente; que el 11 de julio del mismo año acudió a IPS Viva1A en dónde se enteró que estaba embarazada y tenía «30.2 semanas» (f.° 4 a 11 y 153 a 162 del cuaderno digital del juzgado). Mediante audiencia del 6 de septiembre de 2021, se desistió de la súplica referente a la nulidad de la renuncia voluntaria ante Vigilancia Santafereña y CIA Ltda. Las demandadas se opusieron a las pretensiones principales y subsidiarias. En cuanto a los hechos: La Cooperativa de Vigilancia y Servicios de Bucaramanga CTA Cooviam admitió las fechas de la relación y de los traspasos conforme el contrato estatal, así como el examen ocupacional de ingreso. De los demás

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Radicación n.° 100291 adujo que no le constaban, no eran reales, ni supuestos fácticos. En su defensa, presentó como excepciones de fondo las de pago, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido (f.° 176 a 182, ibidem). La empresa Vigilancia Santafereña y CIA Ltda. admitió que el 23 de marzo de 2017 suscribió contrato de obra o labor con la accionante que perduró hasta el 2 de abril del

2018. En cuanto a los restantes, sostuvo que no eran de su conocimiento, así como tampoco verídicos.

Formuló como medios de defensa perentorios los de compensación, buena fe, cobro de lo no debido y la genérica (f.° 282 a 290, ibidem). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, el 12 de agosto de 2022 (f.° 440 a 441 acta y audio de la sentencia del cuaderno digital del juzgado), absolvió a las demandadas y no condenó en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer el grado jurisdiccional de consulta a favor de la accionante, el 13 de junio de 2023 (f.°

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Radicación n.° 100291 38 a 55 de la providencia del cuaderno digital del colegiado), resolvió: PRIMERO. – REVOCAR la sentencia. En su lugar se dispone:

A. DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre CTA COOVIAM y YOLANDA IBETH GALLO que inició el 02 de abril de 2018 y que a la fecha se encuentra vigente.

B. CONDENAR a CTA COOVIAM a reintegrar a YOLANDA IBETH GALLO a partir del 17 de abril de 2018; páguese salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social desde la aludida fecha hasta que se haga efectivo el reintegro; valores que deberán pagarse debidamente indexado.

C. CONDENAR a CTA COOVIAM a pagar por concepto de

indemnización de que trata el inciso 3° del artículo 239 del CST la suma de $1’562.484; rubro que se deberá pagar debidamente indexado.

D. CONDENAR a CTA COOVIAM a pagar por concepto de semanas que el trabajador no gozó de licencia de maternidad de que trata el inciso 4° del artículo 239 del CST la suma de

$2’552.057,20.

E. ABSOLVER a CTA COOVIAM de las demás pretensiones incoadas por la demandante.

F. ABSOLVER a VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA LTDA. de las pretensiones incoadas en su contra.

SEGUNDO. –. Sin costas en esta instancia Estableció como problemas jurídicos, determinar si: i) operó sustitución patronal entre la CTA y la empresa Vigilancia Santafereña y Cia Ltda., ii) existió entre la CTA Cooviam y la petente un contrato de trabajo en virtud de la primacía de la realidad sobre la formalidad y, iii) era nulo el despido la convocante a juicio por gozar de fuero de maternidad.

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Radicación n.° 100291 Sin embargo, a continuación, solo se sintetizará lo que compete a estos dos últimos aspectos, por ser lo que interesa al recurso extraordinario.

1. Del contrato de trabajo y convenios de asociación a CTA.

Recordó que para determinar si un vínculo contractual era laboral, la demandante debía acreditar los elementos del artículo 23 del CST y que el canon 24 del mismo compendio estableció la «presunción» de la existencia de la relación

laboral, una vez probada la prestación personal del servicio, para lo cual sintetizó la sentencia CSJ SL, 29 jun. 2011, rad. 39377, reiterada en CSJ SL12872-2017, según la cual correspondía a la accionada desvirtuarla. Aludió que el convenio de asociación tenía reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, en el que en estas entidades sin ánimo de lucro los aportantes de capital son al mismo tiempo los «trabajadores» y gestores de empresa, lo que significaba que la labor de la cooperativa era a cargo de los propios asociados, quienes optaban por prestar sus servicios en forma análoga y concurrente para un propósito cooperativo, ejerciéndose, además, la condición de socio. Memoró que el «acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo» de las CTA tiene como marco normativo la Ley 79 de 1988, que fue reglamentada entre otras disposiciones por los Decretos 1333 de 1989, 0468, 3081 de 1990, por el

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Radicación n.° 100291 Decreto 4588 de 2006, Ley 1233 de 2008, Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2025 de 2011. De ellos, citó el canon 3° del Decreto 4588 de 2006. Recabó que la filosofía que inspiraba el cooperativismo era la doble connotación de sus miembros como asociadostrabajadores, lo que apoyó en la decisión CC C211-2000. De lo preliminar, arguyó que: […] las cooperativas de trabajo asociado deben realizar su objeto social de manera directa a través de sus asociados, -salvo

las excepciones autorizadas por leyy puede ser encaminado a la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, pues dicho ente tiene como finalidad ser autogestionario y sus asociados tienen la doble connotación de trabajadores y gestores de la misma; además el legislador ha distinguido las actividades desarrolladas por las cooperativas de trabajo asociado, y de manera particular, de las Empresas de Servicios Temporales, precisando que las Cooperativas de Trabajo Asociado no pueden actuar como intermediarios laborales enviando trabajadores en misión pues se desnaturaliza la actividad empresarial de aquella, tal y como se desprende de los artículos 16 y 17 del aludido Decreto 4588 de 2006, lo que desata la consecuencia jurídica también dispuesta en dicha normativa según la cual, cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. Precisado lo anterior, adujo que estaba acreditado: i) la suscripción de un «Convenio de Trabajo Asociado el 02 de abril de 2018» entre la demandante y la CTA Cooviam, para desempeñar el cargo de vigilante y, ii) la terminación del aludido Acuerdo el 16 de abril de 2018, en donde se tuvo que no era apta para la prestación del servicio de vigilancia.

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Radicación n.° 100291 Argumentó que, en virtud de los estatutos, para

vincular a la accionante debía la cooperativa exigir la acreditación de lo dispuesto en el literal d) y el parágrafo 1° del artículo 10 del Acuerdo n.° 01 (régimen de trabajo asociado de la cooperativa), esto era: […] que hubiera asistido a un curso de vigilancia en instituciones autorizadas en nivel básico y que el aspirante hubiera presentado la constancia de haber recibido curso básico de cooperativismo con énfasis en trabajo asociado o a recibir en los tres primeros meses contados a partir de su vinculación como trabajo asociado, así como que era obligación asistir a conferencias, seminarios o cursos que programara la cooperativa; presupuestos que no se demostraron que cumpliera la actora para su vinculación, por lo que en tal sentido su vinculación no puede ser tenido con la de cooperada. Afirmó que operaba la presunción del canon 24 del CST y, por ende, la relación que existió entre las partes fue laboral, debiendo la accionada derruir la subordinación; carga que no se logró acreditar y, por el contrario, se evidenció que existieron aspectos que permitían establecer la configuración de tal elemento, como lo era «la remisión por parte de la CTA a la demandante a prestar sus servicios de vigilancia en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, según informó el representante legal de la cooperativa en interrogatorio de parte». Así mismo, observó del aludido Acuerdo n.° 01 que la actora efectuaba la prestación de sus servicios siguiendo las instrucciones de un coordinador, cumpliendo horario, evitando disminuciones en su ritmo de trabajo, así como

suspender estas injustificadamente, «cuidando su

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Radicación n.° 100291 apariencia personal, utilizando distintivos de la CTA; permaneciendo en el sitio de trabajo que le fuera asignado; solicitando permisos ante superiores jerárquicos; y siendo sujeto de sanciones disciplinarias» (f.° 250 a 276 del cuaderno digital del juzgado). Coligió que la forma de asociación cooperativa era válida entre las partes y ante «la existencia pruebas (sic) que desnaturicen la relación», el operario podía solicitar la configuración del contrato laboral, como se indicó en providencia CSJ SL359-2023, la cual citó. Concluyó que entre la petente y la CTA se dio un nexo de trabajo por el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que inició el 2 de abril de 2018.

2. Del fuero de maternidad.

Advirtió que los artículos 43 y 48 de la Constitución Política previeron una protección de la maternidad y señaló expresamente que las mujeres embarazadas o lactantes gozaban de protección frente a la discriminación en el ámbito laboral, específicamente que se efectúe la terminación o la no renovación por causa o con ocasión de esa condición. Igualmente, aseguró que lo anterior había sido reconocido por instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26), la Convención Americana sobre Derechos Humanos -C.A.D.H.

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Radicación n.° 100291 (canon 20 y 24), el Pacto Internacional de Derechos

Económicos Sociales y Culturales (dispositivo 2° y 6°), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará– (mandatos 4° y 6°), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (precepto 11) y los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Reprodujo la providencia CC SU070-2013, destacó la relevancia de la familia en el orden constitucional y acudió al mandato 239 del CST que dispuso -para la época de los hechosque ninguna trabajadora podía ser despedida por motivo de su embarazo o lactancia (CC SU060-2013 y CC SU075-2018) y se presumía que la desvinculación que se realizaba era por los motivos mencionados, cuando: […] ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo dentro de los tres meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente; que las trabajadoras que sean despedidas en tal escenario y sin autorización de las autoridades competentes, tienen derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de 60 días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo; y que en el caso de la mujer trabajadora además, tendrá derecho al pago de las 17 semanas de descanso remunerado a que hace referencia la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia por maternidad. Siguiendo la sentencia CSJ SL, 15 abr. 2015, rad. 47001, aludió que el fuero de maternidad debía

garantizarse independientemente del tipo de nexo laboral, porque «tanto en la expiración de un contrato o en el despido emerge una misma consecuencia, cual es que la trabajadora

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Radicación n.° 100291 queda cesante, circunstancia cuya ocurrencia es la que […] se pretende evitar». Esgrimió que el conocimiento empresarial del estado de embarazo no era elemento determinante para establecer el grado de amparo, sino una exigencia legal para salvaguardar el empleo, ya que: […] para la protección en el empleo es indispensable el conocimiento del empleador por cualquier medio, o incluso presumirse de un embarazo realmente notorio, sin que sea menester que la empleada esté obligada a acompañar una certificación médica sobre su estado de gravidez; y que si el conocimiento del empleador deriva de la información que suministra la propia trabajadora de encontrarse encinta, respaldada desde luego con el hecho cierto del embarazo acreditable posteriormente con cualquier medio probatorio, ciertamente tal noticia está revestida de la presunción de buena fe y satisface el propósito normativo de asegurar el conocimiento del obligado a cumplir la protección (CSJ Rad. 10993 del 28 de septiembre de 1998, CSJ Rad. 40283 del 30 de agosto de 2011, CSJ Rad. 41075 del 19 de octubre de 2011, CSJ Rad. 46731 del 28 de mayo de 2015, y CSJ SL1352-2020). Determinó que entre la actora y la CTA Cooviam existía un contrato laboral; que la demandante estaba en embarazo al finalizar ese nexo contractual, ya que, según

Examen del 11 de julio de 2018, tenía «29.6 semanas» (f.° 16 del cuaderno digital del juzgado); que la CTA celebró con Medlucara Ltda. contrato de prestación de servicios para efectuar exámenes de salud ocupacional (f.° 195 y 196, ibidem) y, que el de ingreso lo realizó la última entidad, en el que se incluyó una prueba de embarazo con resultado positivo (f.° 36 a 39, ibidem).

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Radicación n.° 100291 Acudió al artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 y a la sentencia CC T305-2010, según los cuales estaba prohibido realizar análisis clínicos que atentaran contra la dignidad del trabajador o que podían resultar discriminatorios, como es que se le practicó a la petente, que solo era justificable «si el empleador demostraba de manera objetiva que el ejercicio de la labor que se [iba] a encargar resulta[ba] claramente incompatible con una determinada enfermedad o representa[ba] un riesgo para la madre gestante o su hijo», lo que no se acreditó. Así que ratificó que Medlucara Ltda. estaba vedada para efectuar ello, aunado a que «para considerar como válido su consentimiento se necesitaba que se informara a la trabajadora las razones de la práctica del examen», pero en el sub lite solo se notificó que los estudios eran para verificar su salud física y personalidad (f.° 38, ibidem). Por consiguiente, activó la presunción del precepto 239 del CST y arguyó que la accionante fue despedida por

su condición de embarazo, correspondiéndole a la CTA acreditar que se dio por razones distintas, lo que no sucedió ya que: […] al plenario se arrimó carta de terminación de la C.T.A. en la que se informa que se da por finiquitado el contrato de trabajo por cuanto en el período de inducción y/o capacitación de conformidad con la cláusula novena del convenio de trabajo asociado, se arrojó como resultado que no era apta para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada (fl. 13 del archivo 01); aspecto que se reforzó con la testigo Ximena Marcela Peña, quien dio cuenta que la demandante no resultó apta por la calificación que obtuvo en la entrevista operativa

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Radicación n.° 100291 frente al manejo de armas en donde obtuvo una calificación de 6/10. Sobre el tópico, es necesario tener en cuenta que la demandante no es posible enmarcarla como una trabajadora asociada, de manera que no podía terminarse su vinculación en virtud del convenio asociativo, por lo que, en tales condiciones es dable deprecar que la terminación de tal vinculación fue como consecuencia de la condición de embarazo de la actora En consecuencia, condenó al reintegro junto con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, desde el momento de su despido, 16 de abril de 2018 hasta que se hiciera efectiva la reinstalación y, también, determinó la indemnización del mandato 239 del CST.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la CTA Cooviam, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case» la decisión del juez de alzada, para que, en sede de instancia se confirme la del a quo (f.° 5 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados por Yolanda Ibeth Gallo y se estudian a continuación.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia de violentar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 24 del

CST. Presenta como errores de hecho en que incurrió el operador judicial: 1. […] no dar por demostrado, estándolo, que el vínculo entre la Cooperativa Cooviam y la señora Yolanda Ibeth Gallo fue un convenio de trabajo asociado regulado por el Decreto 4588 de 2006 2. […] dar por demostrado, sin estarlo, que existió una relación laboral entre la Cooperativa Cooviam y la señora Yolanda Ibeth Gallo; operando la presunción del artículo 24 del CST 3. […] dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Yolanda Ibeth Gallo sostuvo una relación laboral con la Cooperativa Cooviam porque no se demostró que la actora cumpliera con el curso de vigilancia en instituciones autorizadas en nivel básico según el artículo 10 literal D) del Acuerdo n.° 01 del régimen de trabajo asociado de la cooperativa 4. […] dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Yolanda

Ibeth Gallo sostuvo una relación laboral con la Cooperativa Cooviam porque no se demostró que la actora cumpliera con la constancia de haber recibido curso básico de cooperativismo con énfasis en trabajo asociado, o a recibir en los tres primeros meses contados a partir de su vinculación como trabajo asociado, así como que era obligación asistir a conferencias, seminarios o cursos que programara la cooperativa según el artículo 10 parágrafo 1° del Acuerdo n.° 01 del régimen de trabajo asociado de la cooperativa.

5. Dar por demostrado, sin ser verdad y existir prueba que lo demuestre, que la señora Yolanda Ibeth Gallo sostuvo una relación laboral con la Cooperativa Cooviam por la lectura del aludido Acuerdo n.° 1 Régimen de Trabajo Asociado de la

Cooperativa Coviam.

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Radicación n.° 100291 Lo anterior, por la indebida apreciación: i) del «convenio de trabajo asociado» celebrado con la demandante; ii) del «Acuerdo n.° 001 régimen de trabajo asociado» de la cooperativa de vigilancia y seguridad privada; iii) de la Terminación de «Convenio de Trabajo Asociado» del 16 de abril de 2018. Así como por la no valoración del: i) «Acuerdo n.° 002 del régimen de compensaciones de Cooviam»; ii) la «liquidación del convenio de trabajo asociado»; iii) el acta de inicio de Contrato de Supervisión n.° 0010704 de 2018 y, iv) la Resolución n.° 1542 del 4 de octubre del 2012 emitida

por el Ministerio del Trabajo. En la demostración, expone que si el Tribunal hubiera valorado adecuadamente el «Acuerdo 001 régimen de trabajo asociado» de la CTA Cooviam, habría percatado que en el artículo 10 se establecieron unos requisitos para ser aceptado como trabajador asociado, entre ellas reunir las exigencias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para acreditarse como guarda de seguridad, así como también demostrarlo ante la entidad contratante, lo que era necesario para firmar el «Acta de Iniciación n.° 00104 de 2018». Adjudica la no estimación del «Acta de Inicio del Contrato de Supervisión n.° 001074 de 2018», en la que se establece que los guardas pueden ser cambiados, para lo cual se debe verificar «el cumplimiento de las condiciones fijadas para cada perfil», es decir que el «curso de vigilancia

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Radicación n.° 100291 y seguridad privada» es un requisito para suscribir el «convenio de trabajo asociado». Además, se registró que la actora como gestora y asociada de acuerdo con su perfil, inicialmente aportó su fuerza laboral en la sede «audinilla paiba de servicio con arma». Estima que se valoró equivocadamente la exigencia del curso referido «como si con el mismo se desvirtuara la presunción del contrato realidad ya que esta figura está precisamente por encima de las formalidades y se basa es en una realidad de las actuaciones para saber si se cumple los requisitos de un contrato laboral». Afirma que ese documento «no e[ra] para determinar la calidad de asociado a la cooperativa ni tampoco que se

esta[ba] frente a un contrato laboral por ausencia del mismo, sino que e[ra] un requisito para poder ejercer la función y el cargo de guarda de seguridad». Menciona que «no se apreció» la Notificación de Terminación del Vínculo del 16 de abril de 2018, en el que se le puso de presente el finiquito del nexo de trabajo asociado suscrito el 2 de abril de tal año, es decir, 14 días después. Por tanto, siguiendo el parágrafo 1° del canon 10 del Acuerdo n.° 001 referido, el curso básico de cooperativismos se podía presentar: Una; al momento de la vinculación Y otra a recibirlo en los tres primeros meses contados a partir de su vinculación como trabajador asociado es decir desde el 2 de abril de 2018 al 2 de julio de 2018. Pero el vínculo asociativo

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Radicación n.° 100291 feneció el día 16 de abril de 2018 por ende si no se tenía el curso podía haberlo recibido posterior a la vinculación y con ello no se puede determinar que se activara la presunción de un contrato realidad. De igual manera en tan sólo los 14 días que duró vinculada la demandante a la cooperativa no fue remitida a conferencias seminarios o cursos precisamente por el lapso de tiempo que fue tan corto. Por lo anterior el Tribunal valoró erradamente dicha regulación ya que no se puede predicar una presunción de relación laboral ya que tanto el curso se podía tomar tres meses posterior a su vinculación, además por el corto tiempo de vinculada no se envió a ningún curso o seminario ni alcanzó a participar en

reunión o asambleas de la cooperativa y para suscribir el convenio de trabajo asociado debía cumplir con las condiciones del articulo 9 y las documentales del artículo 10 prueba de ello es la suscripción por ambas partes del convenio de trabajo asociado el día 2 de abril de 2018. En cuanto al interrogatorio de parte de su representante legal, alude que el ad quem se equivocó al determinar que manifestó que remitió a la demandante a prestar sus servicios a la Universidad Francisco José de Caldas, pues no se evidenciaba ello. En realidad, lo que indicó fue que: […] entre los asociados se hace es una coordinación de actividades porque el trabajador asociado que ingresa hace su aporte es con su trabajo, tanto así que del convenio de trabajo asociado en su parte considerativa numeral 4° se consagra que el trabajador asociado aporta su fuerza de trabajo con sus aptitudes y capacidades asumiendo riesgos económicos, técnicos administrativos y financieros inherentes a su calidad de asociado. Sugiere que el sentenciador «incurrió en el dislate jurídico», al concluir que según el Acuerdo n.° 001 se configuró el elemento de subordinación, ya que conforme el Decreto 4588 de 2006, las CTA son organizaciones que vinculan personal de sus asociados para la producción de

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Radicación n.° 100291 bienes, ejecución de obras o prestación de servicios y tienen simultáneamente una triple calidad de gestora, contribuyentes económicos y aportantes directores. Así que poseen la facultad de disponer, manejar o administrar sus medios de producción o de labor en forma independiente del tercero contratante, puede definir las condiciones tales

como el número de asociados, tiempo que emplearán, horarios, valor, requisitos etc. Argumenta que se dejó de estudiar el «Acuerdo n.° 002 del régimen de compensaciones» de la CTA Cooviam y la Resolución n.° 1542 del 4 de octubre de 2012, en la que se autorizó la reforma al «reglamento de trabajo asociado» y las compensaciones de la CTA, de las que se concluye que existía realmente un «convenio de trabajo asociado» al que se vinculó la actora para el cargo de guarda de seguridad, conforme al contrato de prestación de servicios. Por último, afirma que, si se hubiese valorado en conjunto la documental y los testimonios, la conclusión hubiese sido que no existió un nexo de trabajo, pues se desvirtuó la presunción de subordinación. La petente no recibía órdenes del ente universitario y, por el contrario, con los «interrogatorios de partes y testimonios se evidencia que exista entre los cooperados una coordinación de sus actividades» (f.° 5 a 13 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

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VII. RÉPLICA Sostiene que la entidad recurrente impone su propio criterio y valoración sobre las pruebas frente al del juzgador, lo que no es permitido en casación.

Menciona que no se presentó ataque a las declaraciones de los representantes legales de las accionadas, en cuanto reconoció que había aprobado los requisitos de ingreso para laborar, pero ninguno de estos se

tuvo en cuenta para la firma del supuesto «convenio de trabajo asociado». Incluso, aseguró que no se le explicó nada sobre el convenio, sino que se dio una inducción posterior a la firma. También, consintió que los exámenes fueron recibidos por el dador de emplep y que «remitió comunicación en la que señaló que se encontraba en estado de gravidez». Exalta que tampoco se controvirtió su declaración, los testimonios de Flor Angela Villamizar Castellanos y «Ximena, coordinadora de contratación de Cooviam», los cuales sintetizó (f.° 1 a 5 del documento de oposición del cuaderno digital de la Corte).

VIII. CONSIDERACIONES Como ha reiterado la Corte en innumerables ocasiones, la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de

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Radicación n.° 100291 esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable. Y es verdad que se ha admitido la necesidad de adaptar las exigencias formales reseñadas a la defensa y realización material de los derechos fundamentales en el trabajo y la seguridad social, pero ello no conduce, en modo alguno, a que esta sede se hubiera transformado en un foro abierto, en el que se pueda desplegar cualquier tipo de argumentación, protesta o lamentación respecto del resultado de un determinado juicio. Existen ciertas formas

mínimas que no pueden ser desatendidas, pues, además de que constituyen presupuestos legales vigentes, buscan darle racionalidad y cumplir el debido proceso (CSJ SL2349-2020). Se apunta lo anterior, ya que la Corporación encuentra que el reproche contiene deficiencias técnicas, como pasan a analizarse:

1. Enlista unos medios de convicción como no apreciados y otros como mal valorados, pero se incurre en la falencia de no indicar el paginario en el que reposan, con lo que pretende que esta Sala efectúe una búsqueda exhaustiva en todo el elenco probatorio, en especial en los 445 folios del cuaderno digital del juzgado, como si se tuviesen las facultades de