CSJ - SL2209-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2209-2023 Radicación n.° 86848 Acta 33 Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA NELIA SARMIENTO URBANO, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor JINOTH MARIANA PEREA SARMIENTO, contra la sentencia proferida el 14 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la sociedad MAMUT DE COLOMBIA S.A.S. hoy MAXO S.A.S., y al que se vincularon como llamadas en garantía

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., ALLIANZ SEGUROS

DE VIDA S.A., SEGUROS GENERALES SURAMERICANA

S.A., INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y la

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.

Se reconoce personería adjetiva a la abogada María Cristina Alonso Gómez, para que actúe en este proceso como

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Radicación n.° 86848 apoderada de la sociedad llamada en garantía Chubb Seguros Colombia S.A., en los términos y para los fines en que fue conferido el poder que obra a folio 41 del cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES María Nelia Sarmiento Urbano, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Jinoth Mariana

Perea Sarmiento, llamó a juicio a la sociedad Mamut de Colombia S.A.S., hoy Maxo S.A.S., con el propósito que se declare que entre Yonny Alberto Perea Úsuga y dicha sociedad existió un contrato de trabajo a término fijo que se desarrolló desde el 12 de marzo de 2009 hasta el 25 de marzo de 2014, fecha última de su fallecimiento, siendo la empleadora llamada a juicio la responsable «A TITULO DE CULPA PATRONAL POR EL ACCIDENTE DE TRABAJO FATAL» sufrido por el trabajador. Como consecuencia de lo anterior, pretendió que se condene a la sociedad Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S. al pago de los siguientes conceptos: i) los perjuicios materiales, comprendiendo el daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro; ii) los perjuicios morales, incluyendo los daños morales «objetivados y subjetivados», cuantificados en 1000 SMLMV para cada una de las demandantes, esto es, la compañera permanente y la hija del fallecido; iii) los perjuicios a la vida en relación, calculados en 1000 SMLMV para cada accionante; iv) la indexación de las condenas proferidas; v) los intereses corrientes, moratorios y

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Radicación n.° 86848 los «reajustes para actualizar los valores solicitados»; vi) y finalmente las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, relató que Yonny Alberto Perea Úsuga laboró a favor de la sociedad Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S., mediante un contrato de

trabajo a término fijo, a partir del 12 de marzo de 2009, para desarrollar el cargo de «Aprendiz de Plataformero»; que el 21 de agosto de 2013 fue promovido a la labor de «Plataformero» y que el jefe inmediato del trabajador era el señor Carlos Oswaldo González Urbina, quien ejercía como supervisor. Manifestó que el señor Perea Úsuga recibió la instrucción de su superior de desplazarse hacía el Kilómetro 1 vía Gambote Estación La Gran Vía, en la jurisdicción de Cartagena, para desempeñar las actividades propias de su cargo y que dicho supervisor le ordenó que se trasladara en el tractocamión de placas SXP137. Precisó que en dicho trayecto desarrollado el 25 de marzo de 2014, el tractocamión fue manejado por Henry Montenegro Nova, quien también era trabajador de la demandada, desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., hora en la cual ocurrió un accidente de tránsito en que el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra un árbol y Yonny Alberto Perea Úsuga perdió la vida. Añadió que para el momento de la ocurrencia del suceso fatal el conductor del vehículo llevaba «11 horas conduciendo».

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Radicación n.° 86848 Aseguró que el tractocamión en cuestión figuraba como propiedad de Leasing Bancolombia S.A. y estaba al servicio de la sociedad llamada a juicio; que no contaba con la asignación de un segundo conductor para dicha jornada de

trabajo y que tampoco el carro fue objeto de alistamiento «de que trata la normatividad sobre transporte de carga». Por último, puso de presente que la ARL Sura, mediante comunicación del 23 de abril de 2014, concluyó que el «evento que generó la muerte del trabajador ocurrió cuando él realizaba labores relacionadas con su oficio de “operador modular” y, por lo tanto, configura un accidente de trabajo de acuerdo con los lineamientos normativos»; de ahí que se le concedió a la parte demandante, esto es, a la como compañera permanente y a la menor hija, la pensión de sobrevivientes de origen profesional. Al dar respuesta a la demanda, la sociedad Mamut de Colombia S.A.S., hoy Maxo S.A.S., se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó la celebración del contrato laboral entre esa empresa y el causante, los cargos ejecutados y el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la compañera e hija del difunto. Respecto de los demás presupuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o simplemente no le constaban. En su defensa, argumentó que no existió la relación causa-efecto entre la supuesta culpa de la sociedad empleadora y el presunto daño causado al trabajador en el accidente de tránsito, dado que no se acreditó

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Radicación n.° 86848 probatoriamente una conducta culposa por parte de la sociedad accionada respecto del hecho que produjo el accidente y terminó con la muerte del trabajador. Resaltó que el conductor del vehículo en el que se

generó el suceso fatal fue seleccionado previo análisis de su idoneidad y capacidad para desempeñar tal función, contaba con sus afiliaciones como de la licencia de conducción vigente y, además, tenía más de nueve años de experiencia en el manejo de tractocamiones; y que para el momento del deceso del trabajador Yonny Alberto Perea Úsuga la empresa vigilaba continuamente los automotores, al punto que realizaba los mantenimientos preventivos y correctivos que fueran necesarios para su correcto funcionamiento. Agregó que el Ministerio de Trabajo y la ARL al adelantar la investigación del suceso concluyó que la sociedad empleadora cumplió con «todas las obligaciones de prevención y protección que le asistían», así como con las capacitaciones necesarias y el suministro de elementos de protección y seguridad para sus trabajadores; presupuestos que eran suficientes para descartar la culpa patronal y desestimar las pretensiones enlistadas en el escrito inaugural. Formuló como excepciones de mérito las que denominó «ausencia total de culpa» de la empresa Mamut de Colombia S.A.S., hoy Maxo S.A.S., «ausencia de nexo causal entre el proceder de mamut y el accidente de trabajo», pago, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, buena fe, falta

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Radicación n.° 86848 de legitimación en la causa por activa, «improcedencia de condenar simultáneamente al pago de intereses corrientes, intereses moratorios y reajustes para actualizar los valores solicitados», «improcedencia del pago de perjuicios morales en lo correspondiente a daños morales objetivados y

subjetivados», impertinencia del pago de perjuicios a la vida en relación y la genérica. La accionada Maxo S.A.S. solicito que se llamara en garantía al Instituto Nacional de Vías - INVIAS y a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, para que, ante una eventual condena en su contra, respondieran económicamente como «consecuencia de la omisión o falta de mantenimiento de la vía en la cual se presentó el accidente». Así mismo, llamó a las sociedades Allianz Seguros de Vida S.A., Chubb Seguros Colombia S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., a fin de que en virtud de los contratos de seguro celebrados y en caso de una decisión desfavorable, efectúen el «reembolso de las sumas de dinero sentenciadas». El juez de conocimiento, con auto del 1 de febrero de 2018 (f.° 679), admitió dicho llamamiento en garantía respecto de las compañías solicitadas y efectuó las notificaciones correspondientes. Seguros Generales Suramericana S.A., al acudir al proceso, se opuso a las pretensiones del llamamiento en garantía. Precisó que, efectivamente, suscribió un contrato de seguro de automóviles, en el cual aparecía como tomador Leasing Bancolombia S.A. y como beneficiario la sociedad

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Radicación n.° 86848 Mamut de Colombia S.A.S.; no obstante, dicha póliza previsional no podía afectarse en los términos solicitados, dado que la cobertura pactada fue por «RESPONSABILIDAD CIVIL extracontractual: “AL VEHICULO POR DAÑOS” “AL

VEHICULO POR HURTO», lo cual dijo, nada tenía que ver con las súplicas de este litigio laboral. Enlistó como excepciones las de inexistencia de la obligación, «sujeción a los términos, condiciones y limites previstos en cada póliza» y la genérica. Allianz Seguros de Vida S.A. igualmente contestó el llamamiento en garantía, se opuso a las pretensiones y puntualizó que con la demandada Maxo S.A.S. celebró una «póliza de seguro grupo vida N.° 21363192», al amparo de la cual no es posible cancelar concepto alguno en los términos aquí pretendidos, pues el riesgo allí asegurado «corresponde al ramo del seguro de VIDA» y no al de una responsabilidad de la empleadora. Formuló como excepciones de mérito las de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva; ausencia de cobertura y pago. A su turno, Chubb Seguros Colombia S.A. se opuso a lo pretendido en el llamamiento, pues adujo que la póliza de responsabilidad civil extracontractual «12/8919» suscrita a favor de la sociedad demandada solo podía afectarse cuando estuviera demostrada una «culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de

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Radicación n.° 86848 trabajo» y como quiera que, en su decir, ese presupuesto no aparecía demostrado en el sub lite, debían desestimarse las pretensiones principales de la demanda inicial y las consignadas en el referido llamamiento en garantía. Propuso como excepciones las que denominó: «ausencia

de amparo por falta de culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo», «deducible pactado», indemnización por responsabilidad civil sujeta a cobertura sublimitada, «alcance de la indemnización» y la genérica. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, al acudir al proceso, se opuso a las aspiraciones del llamamiento en garantía, pues aseguró que «no tenía responsabilidad alguna frente a la relación laboral de señor YONNY ALBERTO PEREA USUGA y MAMUT DE COLOMBIA S.A.S.» y mucho menos respecto de la indemnización perseguida por la demandante, pues «no tiene fundamento alguno.» Precisó que, en todo caso, debía tenerse en cuenta que la vía donde ocurrieron los hechos: No se encuentra dentro del inventario del Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta que ésta vía fue entregada el 01 de junio de 2011 al INCO mediante acta de entrega de acuerdo a lo establecido en el Memorando No. DT-CES 52064 de fecha 01 de agosto de 2018 expedida por el Director Territorial del Cesar. Por tal razón se trata de una vía concesionada, la cual se encuentra desde el año 2011 a cargo de YUMA CONCESIONARIA y por este hecho, INVIAS no tiene responsabilidad alguna.

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Radicación n.° 86848 Presentó como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación, inoponibilidad, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica. Finalmente, el juez de conocimiento en auto del 20 de

septiembre de 2018 (f.° 939) tuvo por no contestado el llamamiento en garantía por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 5 de junio de 2019, resolvió: Primero: DECLARAR que la muerte del señor Yonny Alberto Perea Úsuga (q.e.p.d.) se produjo por causa y con ocasión del trabajo producto de un accidente de trabajo ocurrido el día 25 de marzo del año 2014.

Segundo: DECLARAR que el patrono Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S. incurrió en culpa patronal en el hecho que causó la muerte del señor Yonny Alberto Perea Úsuga (q.e.p.d.).

Tercero: CONDENAR a la sociedad demandada Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S. a reconocer y pagar las siguientes cantidades de dinero por concepto de perjuicios morales, así: - Para la demandante señora María Nelia Sarmiento Urbano la suma de $82.811.600 que corresponden a 100 SMLMV del año 2019. - Para la menor Jinoth Mariana Perea Sarmiento la suma de $41.405.800 que corresponden a 50 SMLMV del año 2019.

Cuarto: CONDENAR a la sociedad demandada Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S. a reconocer y pagar a título de perjuicios materiales las siguientes cantidades de dinero utilizando como referencia la fórmula aplicada por la Corte

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Radicación n.° 86848 Suprema de Justicia SL5619/2016 con Radicación 47907 […] así: PARA LA COMPAÑERA PERMANENTE MARIA NELIA SARMIENTO URBANO: - La suma de $13.624.523 por concepto de lucro cesante consolidado. - La suma de $88.280.297 por concepto de lucro cesante futuro. PARA LA MENOR HIJA JINOTH MARIANA PEREA SARMIENTO: - La suma de $13.624.3523 por concepto de lucro cesante consolidado. - La suma de $32.166.909 por concepto de lucro cesante futuro. […] Quinto: CONDENAR a la llamada en garantía Chubb Seguros Colombia S.A. antes Ace Seguros S.A. a reconocer y pagar en virtud de los valores antes indicados la suma de: - La suma de $166.244.778 en favor de la compañera permanente María Nelia Sarmiento Urbano. - La suma de $72.255.222 en favor de la menor hija Jinoth Mariana Perea Sarmiento.

Sexto: CONDENAR a la sociedad demandada Mamut de Colombia S.A. hoy Maxo S.A.S. a reconocer y pagar de manera directa a cada una de las demandantes los siguientes valores que le corresponden al valor del deducible junto con el exceso que no cubre la aseguradora sobre la parte que le corresponde sobre el valor de la condena: - La suma de $18.471.642 en favor de la compañera permanente María Nelia Sarmiento Urbano. - La suma de $14.942.010 en favor de la menor hija Jinoth

Mariana Perea Sarmiento.

Séptimo: CONDENAR a la sociedad demandada Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S. a pagar las costas del proceso […] Octavo: CONDENAR a la sociedad demandada Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S. y a la llamada en garantía Chubb Seguros Colombia S.A. antes Ace Seguros S.A. a reconocer y pagar las sumas objeto de la condena debidamente indexadas al momento de hacerse efectivo el pago de la condena.

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Radicación n.° 86848

Noveno: ABSOLVER a la sociedad demandada Mamut de Colombia S.A.S. hoy Maxo S.A.S. de las restantes súplicas de esta demanda.

Décimo: ABSOLVER a las llamadas en garantía Compañía de

Seguros Generales Suramericana S.A., Allianz Seguros de Vida S.A., Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura - ANI de las súplicas de la demandada y del llamamiento en garantía.

Undécimo: ABSOLVER a la llamada en garantía Chubb Seguros Colombia S.A. antes Ace Seguros S.A. de las restantes súplicas de la demanda y del llamamiento en garantía.

En esa audiencia de juzgamiento, la sociedad Mamut de Colombia S.A. hoy Maxo S.A.S. presentó un desistimiento del llamamiento en garantía frente a Allianz Seguros de Vida S.A., el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI; el cual fue aceptado por el a quo en auto interlocutorio en la misma diligencia (f.° 1242

del Cuad. principal).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al desatar los recursos de apelación presentados por Maxo S.A.S. y la llamada en garantía Chubb Seguros Colombia S.A., con sentencia calendada 14 de agosto de 2019, decidió revocar en su integridad la sentencia de primer grado, para, en su lugar, absolver a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra. No condenó en costas de esa instancia y las de primera dijo que estarían a cargo de la parte vencida, que lo era la actora.

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Radicación n.° 86848 Atendiendo lo planteado en los recursos de apelación, indicó que el primer problema jurídico a resolver consistía en determinar si la actora en condición de compañera permanente, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor, se encontraba legitimada para reclamar la reparación o indemnización correspondiente según lo consagrado en el artículo 216 del CST; y acto seguido debía definir si en este asunto se configuró una culpa patronal en cabeza de la sociedad Maxo S.A.S., con ocasión del accidente de trabajo que terminó con la muerte del trabajador Yonny Alberto Perea Úsuga y si proceden las pretensiones incoadas en la demanda inaugural. Sobre el primer punto de controversia, estimó que en este caso la compañera demandante, actuando a título propio y en representación de su hija, tenía plena legitimidad para reclamar la aludida indemnización ordinaria de

perjuicios prevista en el artículo 216 del CST, pues aseguró que esta aspiración no solo puede ser requerida por la víctima, sino también por las personas cercanas que «sufren igualmente con los padecimientos que aquejan a aquella», dado que cualquier persona diferente del trabajador puede demandar la reparación en comento, siempre y cuando, con sujeción a una relación jurídica con aquel, en este caso de parentesco y comunidad de vida por vínculo de hecho y jurídico, acredite haber padecido una lesión o menoscabo en sus condiciones materiales o morales, con ocasión del deceso, discapacidad o invalidez generadas por un infortunio laboral derivado de una culpa patronal.

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Radicación n.° 86848 Estableció que dicho presupuesto quedó suficientemente comprobado, ya que la calidad de compañera permanente de la actora estuvo demostrada con las declaraciones de las señoras Gloria Ardila y Yaneth Gómez Ramos, así mismo la condición de hija de la menor demandante, a través del registro civil de nacimiento que se aportó (f.° 30); de manera que estimó que las accionantes tenían plena facultad para incoar la presente acción judicial. De cara al segundo cuestionamiento, mencionó que era necesario recordar que el citado artículo 216 del CST define la culpa patronal como la institución jurídica de responsabilidad empresarial por contingencias en el campo del trabajo, cuyo objetivo primordial es el resarcimiento del daño que se origina precisamente por razón o con ocasión de un accidente de trabajo; de manera que, para que resulte procedente el pago de esa indemnización por la conducta

atribuida al empleador, se exige no solo la prueba del referido daño, sino también la demostración de la afectación a la integridad o a la salud de un trabajador como consecuencia de la imprudencia, negligencia, descuido o falta de protección de parte del empleador a su trabajador, ello en cumplimiento de las obligaciones que le imponen los artículos 56, 57 y 348 del CST. Atendiendo dicho principio, el ad quem advirtió que, aun cuando en el plenario se demostró el daño consistente en la muerte del extrabajador Yonny Alberto Perea Úsuga con ocasión del accidente de tránsito calificado como un infortunio de trabajo ocurrido el 25 de marzo de 2014 (f.° 32),

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Radicación n.° 86848 lo cierto era que ninguno de los medios de convicción aportados al proceso acreditaban con suficiencia la culpa en que presuntamente incurrió el empleador demandado en la ocurrencia de tal siniestro, así como tampoco el nexo de causalidad para que se genere la indemnización de perjuicios reclamada. Para arribar a esa conclusión, realizó una valoración del material probatorio obrante en el proceso, del cual dijo se podía inferir que el suceso fatal de tránsito se produjo por una «pérdida de control del vehículo», y al respecto no era posible endilgar responsabilidad alguna a la sociedad convocada a juicio, tal como pasó a explicarlo. Indicó que el informe policial del accidente de tránsito (f.° 32 a 34, 361 a 363, 540 a 542, 570 a 572, 603 a 605, 635

a 637, 659 a 651 y 1148 a 1150) describe de manera gráfica que el incidente que sufrió el causante consistió en un choque del vehículo en que viajaba contra un árbol, que le ocasionó la muerte instantánea, en zona rural del departamento de Cesar, el cual tuvo lugar «en un tramo de una vía recta plana, con bermas de doble sentido, con asfalto en buen estado y en condiciones secas» y obedeció a una pérdida de control del automotor por parte del conductor; circunstancias que no conducían a probar que el suceso aconteció por culpa del empleador. Refirió que el informe del accidente de trabajo (f.° 329, 346 y 347) solo contenía la manifestación de la entidad demandada ante la administradora de riesgos laborales en

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Radicación n.° 86848 cumplimiento de su deber legal de reportar tal siniestro; y la documental de folios 52 a 55 simplemente correspondía a la calificación de «profesionalidad» del evento y al carácter laboral del accidente, mas no a que hubiese ocurrido por un actuar negligente o descuidado de la empleadora. Puntualizó que al analizar la investigación del incidente y accidente de trabajo adelantado por la ARL SURA (f.° 543 a 544 y 573 a 574), lejos de probarse una conducta negligente o falta de previsión de la empresa, lo que se acreditó fue que la demandada contaba con un control de sistema llamado Omnitracs - Logitracs, el cual consistía en un monitoreo satelital que le permitía a sus trabajadores el acceso a la

plataforma al encender y apagar el vehículo y, así mismo, les facilitaba reportar fallas en equipos, como las novedades que no fueron detectadas en las «inspecciones preoperacionales de manera diaria», ya que dicha información era la que hacía posible adelantar los procesos de mantenimiento, preparación para intervenir los diferentes equipos o vehículos de la compañía. Añadió que la mencionada plataforma informaba al conductor cada 240 minutos para realizar una pausa activa, lo cual se ejecutaba dentro del programa de seguridad vial implementado en la sociedad demandada. Precisó que dicho informe puso de presente que el vehículo accidentado «no presentaba fallas mecánicas y se encontraba al día con los mantenimientos requeridos» y que en todo caso la plataforma mencionada estaba en

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Radicación n.° 86848 funcionamiento para la data del accidente que se produjo el 25 de marzo de 2014 y el conductor del vehículo «aparecía activo el día de la ocurrencia de los hechos» (f.° 425 a 427 y 1201 a 1217), lo cual descartaba alguna responsabilidad del empleador por falla u omisión en el alistamiento y/o preparación del vehículo o por inconsistencias en la plataforma de pausas activas. Reseñó que el reporte satelital del vehículo en cuestión de ese día descartaba una afectación o condición de cansancio extenuante del conductor o, en otras palabras, una omisión de las pausas activas, pues esta documental visible a folios 1196 a 1205, certificaba que el 25 de marzo de 2014 el automotor «no tuvo operación entre la 1:21 p.m. y

las 2:37 p.m.», es decir, existió una pausa activa, y como quiera que el suceso fatal se produjo a las 4:45 p.m., queda al descubierto que para ese momento el conductor había realizado un receso en su actividad de conducir de «aproximada de 60 minutos de duración», lo cual acreditaba el cumplimiento y ejecución del programa de seguridad de la empresa en este aspecto. Resaltó el Tribunal que la ARL Sura dejó de presente en dicho documento que el copiloto, en este caso el trabajador Yonny Alberto Perea Úsuga, «no hizo uso del cinturón de seguridad» en el trayecto del suceso fatal. De otro lado, aseguró que tampoco podía considerarse que el infortunio se configuró por un exceso de velocidad por parte del conductor del vehículo, puesto que según la

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Radicación n.° 86848 declaración rendida por el señor Jaime Cañón, quien era un conductor de otro carro que escoltaba el vehículo del siniestro el día del accidente (f.° 419 a 420 y 1116 a 1119), aseguró que la velocidad promedio del trayecto era de 40 a 45 kilómetros por hora; presupuesto que también estaba respaldado con la declaración de María Fernanda Benítez Castro, encargada de implementar la política de seguridad vial en la compañía, al igual que con el dicho del propio conductor Henry Montenegro, quien en declaración manuscrita, visible a folios 1170 a 1173 dijo lo siguiente: Describa lo sucedido el día 25 de marzo de 2014: Veníamos de San Roque a Bosconia como a las 5:00 o 4:30

cuando vi por el espejo que el modular se me salió de la carretera en el momento traté a recuperar el modular o sea a subirlo a la carretera, pero fue imposible (sic) el equipo me llevaba mucha ventaja y se llevó el cabezote haciéndome estrellar contra unos árboles. ¿A qué velocidad iba en el momento del accidente? En promedio de 40 a 45 km/h. Indicó que la investigación interna adelantada por la empleadora demandada, así como la indagación administrativa tramitada por el Ministerio de Trabajo, reforzaban la tesis acerca de la improcedencia de la culpa patronal en el sub examine, dado que en dicha investigación quedó soportado documentalmente que el empleador diseñó una serie de herramientas y estrategias tendientes a la protección y seguridad de sus trabajadores, las cuales se encontraban en funcionamiento para el día del infortunado suceso; que mecánicamente no se advirtió ninguna falencia o falla, que fuera previsible, para ser corregida en el

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Radicación n.° 86848 alistamiento diario del vehículo; y que el conductor del vehículo era una persona idónea por tener 26 años de experiencia total en la conducción de automotores, de los cuales nueve años habían sido con tractocamión normal y cinco en tractocamión pesado. Refirió que en el trámite adelantado por el ente ministerial se archivó la investigación en contra de la sociedad, pues se concluyó que la empleadora actuó con apego a la ley frente a la ocurrencia del accidente de trabajo, dado que cumplió con sus obligaciones, en forma previa y

posterior al suceso, particularmente en el «alistamiento diario» que debía realizarse sobre el vehículo. Finalmente, adujo que no encontró información relevante que respaldara la decisión del a quo con las demás probanzas, esto es, el reglamento interno de trabajo (f.° 318 a 328), panorama de factores de riesgos (f.° 330 a 341), plan de inspecciones (f.° 342 a 345); certificación expedida por la ARL SURA sobre la implementación de programas de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial y el plan y/o cronograma de conformación de brigadas y primeros auxilios, simulacros y entretenimiento por riesgo específico (f.° 357); al registro uniforme de evaluación del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas del sector hidrocarburos y en el informe de visitas de seguimiento llevado a cabo en 2014 (f.° 389 a 402); y, en definitiva, no se acreditaba ningún presupuesto de responsabilidad o conducta reprochable al empleador.

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Radicación n.° 86848 Añadió que el precedente jurisprudencial citado por el juez de conocimiento, CSJ SL1207-2018, rad. 54100, no era aplicable al caso bajo estudio, ya que allí se conoció de un asunto en que la empresa no demostró haber cumplido con su obligación o revisión del medio de transporte en que aconteció el accidente de tránsito; presupuesto que no acaecía en este asunto, dado que, como indicó, la sociedad accionada sí efectuó las revisiones mecánicas y de

funcionamiento, particularmente, con el denominado «alistamiento diario». Por todo lo precedente, consideró que debía revocar la decisión condenatoria del a quo, dado que conforme al análisis probatorio expuesto no se demostró en el accidente fatal una conducta de imprudencia, negligencia, descuido o falta de protección de parte del empleador a su trabajador y, por ende, no era dable acceder a la indemnización de reparación de perjuicios reclamada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia impugnada, para que en «sede de instancia se revoque el fallo de segunda instancia» y, en su lugar, se

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Radicación n.° 86848 confirme en su totalidad la sentencia condenatoria del a quo. Solicitó que se condene en costas como en derecho corresponda. Con tal propósito, formula dos cargos, frente a los cuales, únicamente se presentó réplica por parte de la sociedad Maxo S.A.S. y de Chubb Seguros Colombia S.A., para lo cual las acusaciones serán estudiadas en forma conjunta, dado que, a pesar de estar orientadas por vías de violación diferentes, lo cierto es que denuncian similares normativas, se complementan en su argumentación y persiguen el mismo cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación

indebida de las siguientes normas: Artículo 56, 57 numeral 1° y 2°, 199, 216, 348 y 349 del CST, en relación con los artículos, 1, 2, 25, 53, 56 y 228 de la CP, arts. 63, 1604, 1613 y 1757, 2349 del CC; 58, 60, 61 y 145 del CPTSS, artículos 167 del Código General del Proceso, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 y 19 Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011, Resolución NO 0000315 del 6 de febrero de 2013 expedida por La Nación - Ministerio de Transporte, Resolución 2400 de 1979; Resolución 2013 de 1989; Resolución de 1010 de 1969; Ley 100 de 1993; artículos 4, 21 y 56 del Decreto 1295 de 1994; artículo 21; Decreto 100 de 1980; Ley 599 de 2000; Ley 712 de 2001; artículo 6 Núm. 6.3 parágrafo 10 del Decreto 087 de 2011, Ley 769 de 2008 Código Nacional de Tránsito; Decreto 2851 del 2013; artículos 80, 81, 90 y 97 de la