CSJ - SL2210-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2210-2023 Radicación n.° 89349 Acta 33 Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – ALIANSALUD EPS contra la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta dicha sociedad contra LA NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIALADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES.

I. ANTECEDENTES Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. - Aliansalud EPS, en adelante Aliansalud EPS, instauró demanda ordinaria laboral contra La Nación - Ministerio de

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Radicación n.° 89349 Salud y Protección Social - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres, en adelante Adres, para que fuera condenada a cancelarle el saldo no pagado del valor de las prestaciones «NO POS» ordenadas en 566 determinaciones del Comité Técnico Científico (CTC) y en 17 fallos de tutela, que en total suman 583 recobros, que aparecen individualizados y que tuvieron glosa por extemporaneidad, cuya cuantía ascendía a la cantidad de $174.726.660. Asimismo, solicitó el reconocimiento y pago de los gastos administrativos inherentes a la gestión y manejo de

las prestaciones no cubiertas en el POS, según lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011 por la suma de $10.472.666; a los intereses de mora liquidados sobre el valor de cada uno de los ítems a que se refieren las pretensiones condenatorias, desde el momento en que debieron ser pagados o, en subsidio, la indexación de lo adeudado desde cuando se tenía que cubrir los recobros; más las costas del proceso. En sustento de tales súplicas, señaló que suministró a varios afiliados servicios NO POS ordenados en fallos de tutela y en determinaciones del Comité Técnico Científico (CTC); que presentó ante el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, hoy Adres, los recobros correspondientes a los anteriores servicios para su reembolso; que del total de esos valores adeudados 583 fueron objeto de glosas por extemporaneidad que impidieron el pago de los servicios

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Radicación n.° 89349 prestados, los que ascendían a una cuantía total de $174.726.660. Explicó que tal cifra está compuesta por glosas de carácter total, esto es, que incluyen todos los conceptos que incorpora un recobro; pero que, en el presente caso, la glosa total se refiere a que Aliansalud EPS no tiene derecho al reembolso de los servicios NO POS suministrados a sus afiliados, por cuanto se considera que el recobro fue extemporáneo. Mencionó que el Fosyga era administrado por la Dirección de Administración de Fondos de Protección Social,

dependencia perteneciente al Ministerio de Salud y Protección Social; que la sociedad demandante ha incurrido en gastos administrativos para realizar el suministro de prestaciones NO POS que le competen al Estado y desbordan el ámbito de responsabilidad como EPS y que, además, tuvo que dedicar tiempo y recursos para la adecuada prestación de los servicios. Puso de presente que el Fosyga, hoy Adres, tiene a su cargo el reembolso de los costos de los servicios de salud NO POS a favor de las EPS, pero que a pesar de ello no le ha reconocido los gastos administrativos derivados de la prestación de servicios que no estaban a su cargo. Agregó que presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 20 de mayo de 2014, ante la procuradora delegada para asuntos administrativos, la que se declaró

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Radicación n.° 89349 fallida el 15 de julio de 2014 por la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes; que el 26 de febrero de 2015 radicó ante el Ministerio de Salud y Protección Social la reclamación administrativa a que se refiere el artículo 6 del CPTSS, con lo cual se considera agotada la reclamación administrativa; y que el no pago de los recobros a que se refiere la demanda le ha producido perjuicios que deben ser resarcidos (f.° 3 a 71 C. 2). La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social al dar respuesta a la demanda, a través de la Subdirectora de Asuntos Jurídicos de las Cuentas de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social se opuso a

todas las pretensiones que en su contra le formuló Aliansalud EPS. En relación con los supuestos fácticos, admitió los referidos a que la demandante presentó ante el Fosyga varios recobros, aclarando que muchos de ellos fueron glosados por extemporaneidad y/o porque no cumplían con las exigencias para su pago. Como razones de defensa, expuso que el Fosyga era administrado por la Dirección de Administración de Fondos de Protección Social, dependencia perteneciente al Ministerio de Salud y Protección Social; que la EPS demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuradora para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida, además agotó la reclamación administrativa ante ese ente ministerial.

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Radicación n.° 89349 Fue enfática en señalar que los recobros deben surtir el trámite de auditoría integral y cumplir a cabalidad con lo exigido en la normatividad prevista para tal fin, solo así podía realizarse su reconocimiento y pago con cargo al recurso del Fosyga. Explicó que, si los valores exigidos no satisfacen los parámetros establecidos legalmente, que fue el caso de autos, los mismos son glosados por el auditor y por ello no se realiza su pago, situación que fue la que aconteció en el presente asunto. Menciona que la EPS demandante no cumplió con tales exigencias, pues si bien varias de las glosas hacen referencia a la extemporaneidad, existen muchas otras alusivas a otras circunstancias, tales como: «el medicamento, servicio médico o prestación de salud objeto de recobro no corresponde a lo

ordenado por el fallo de tutela o autorizado por el Comité Técnico Científico según el caso»; «no se anexa el recobro la factura del proveedor o prestador del servicio en el que conste su cancelación»: «no se aporta el Acta del Comité Técnico Científico»; «lo recobrado no corresponde con lo facturado por el proveedor»; «no hay evidencia de la entrega del medicamento No Pos, servicio médico o prestación de salud No Pos al paciente»; «el usuario reportado en el recobro no aparece en la base de datos única de afiliados BUDA por la entidad recobrante para el periodo de la prestación del servicio» o que «en el contenido del Acta del Comité Técnico Científico, se registra que el suministro del medicamento, servicio médico o prestación de salud es anterior a la fecha de realización del comité».

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Radicación n.° 89349 Añadió que lo que «se recobra ya se encuentra previamente pagado a la EPS demandante a través de la Unidad de Pago por Capitación – UPC», por ello no existía obligación alguna para con la EPS demandante. Propuso las excepciones previas de falta integración del litisconsorcio necesario, para lo cual solicitó llamar al «CONSORCIO SAYP 2011» y la de prescripción. De fondo formuló la de inexistencia de la obligación, indebida escogencia de la acción y culpa exclusiva de la EPS recobrante (f.° 79 a 108). El Juez de conocimiento, que lo fue el Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en la audiencia prevista por el artículo

77 del CPTSS realizada el 12 de octubre de 2016, declaró no probada la excepción previa de falta integración del litisconsorcio necesario y la de prescripción la difirió para ser decidida en la sentencia que defina la instancia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juez Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 4 de diciembre de 2018, determinó lo siguiente: PRIMERO: CONDENAR a ADRES a pagar a la ALIANSALUD EPS el valor de $174.726.660 equivalente a la suma de cada uno de los valores reclamados por la prestación de los servicios médicos y medicamentos NO POS ordenados en fallos de tutela y comités técnico científicos, con base en las facturas presentadas con la demanda.

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SEGUNDO: CONDENAR a ADRES a pagar ALIANSALUD EPS los intereses moratorios sobre la suma adeudada a la tasa establecida para los tributos administrados por la DIAN TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.

CUARTO: NEGAR las restantes pretensiones.

QUINTO: REMITIR la presente en grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que también operaba en su favor, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, quien, con sentencia calendada 13 de noviembre de 2019, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1º de la sentencia proferida

por Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, el 4 de diciembre de 2018, en el entendido de CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES a pagar a favor de la EPS ALIANSALUD la suma de $8.187.858 correspondiente a los recobros anteriormente enunciados y que se relacionarán en el acta respectiva, que se levantará en esta audiencia, tal como se puso precedentemente.

SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral 2º de la sentencia recurrida y consultada, en el entendido de condenar a la entidad convocada a juicio a pagar a favor de la EPS ALIANSALUD, los intereses moratorios correspondiente a las facturas que fueron enunciadas anteriormente y que igualmente se relacionarán en el acta respectiva, los cuales comenzarán a correr desde que la obligación se hizo exigible, hasta la fecha del pago de esta, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta diligencia.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás, pero por las razones aquí expuestas, CUARTO: Sin costas en esta instancia.

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Radicación n.° 89349 Para tomar su decisión, el fallador de segundo grado comenzó por recordar cual era el modus operandi del sistema de seguridad social en salud previsto por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, poniendo énfasis en lo regulado por el Decreto 806 de 1998. Explicó que cuando un servicio médico y los medicamentos no se encuentran incluidos en dichos planes obligatorios de salud, la entidad

promotora está en la obligación de brindarlo y presentar ante el Fosyga la cuenta del recobro respectivo, punto sobre el cual el artículo 7 del Decreto 281 del 2002, previo lo siguiente: […] las cuentas de cobro, factura o reclamaciones ante las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades territoriales y el Fosyga, se deberán presentar a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la prestación de los servicios o de la ocurrencia del hecho generador de las mismas, vencido este término no habrá lugar el reconocimiento de intereses ni otras sanciones pecuniarias. Puso de presente que la citada disposición fue modificada por el artículo 111 del Decreto Ley 19 de 2012, en el sentido de que para efectuar cualquier tipo de cobro o reclamación a cargo del Fosyga deben atenderse con los recursos de las diferentes subcuentas de dicha entidad, para lo cual se tendrán que presentar en el término máximo de un año contado a partir de la fecha de generación o establecimiento de la obligación de pago, o de la ocurrencia del evento, según corresponda, ello por una única vez ante el Fosyga, quien reconocerá y pagará los recobros y reclamaciones cuyas glosas aplicadas en el proceso de auditoría hayan sido únicamente por extemporaneidad y, respecto de las cuales el resultado se haya notificado a la EPS

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Radicación n.° 89349 antes de la entrada en vigencia de dicha disposición y, cuando no haya operado el fenómeno de la caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA, vigente

para la época, o en la norma que lo sustituyó, esto previamente a una nueva auditoría que debe ser sufragada por la reclamante o recobrante, en los términos y las condiciones que fije el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Adicionalmente, refirió que el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007 consagró la posibilidad de que las entidades responsables del pago de servicios de la salud presentarán inconformidades que afecten total o parcialmente la factura y tienen un trámite en el cual las responsables de la cancelación de los servicios de salud, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura con su soporte, formularán y comunicarán a los prestadores del servicio de salud las glosas a cada factura con base en la codificación y alcances definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuesta definidos en el citado Decreto y, a través de su de su anotación y envío en el registro conjunto de trazabilidad de la factura. Indicó que, una vez formulada una glosa a una factura, no se podrá enlistar nuevas glosas, salvo las que surjan de hechos novedosos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Precisó que el prestador del servicio de salud debe dar respuesta a la glosa presentada por las entidades

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Radicación n.° 89349 responsables del pago del servicio de salud dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción y en ese trámite dicho prestador podrá aceptar las glosas que estime justificadas y emitir las correspondientes notas de crédito o subsanar las

causales que generaron la citada glosa o indicar justificadamente que esta no tiene lugar. Relató que la entidad responsable del pago, dentro de los 10 días hábiles siguientes, decidía si levantaba total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas; que los valores de tales glosas levantadas deberían ser cancelados dentro de los cinco días hábiles siguientes, informando de este hecho al prestador del servicio de salud; que las facturas devueltas podían ser enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago, una vez el prestador de los servicios de salud subsanara la causal de devolución, respetando el periodo establecido para la recepción de facturas, pero vencido los términos y en el caso de que persista el desacuerdo, se acudiría a la Superintendencia Nacional de Salud en los términos establecidos en la ley. Luego consideró, frente al caso objeto de estudio, que la parte actora solicita el reconocimiento y pago de 583 recobros por concepto de servicio de suministro de medicamentos y procedimientos no contemplados en el plan obligatorio de salud, ordenados en fallos de tutela y en comités técnico científicos. En relación a tales recobros, la entidad accionada al contestar la demanda inicial argumentó que no era posible el pago de las cuentas presentadas por la sociedad demandante, como quiera que las mismas no cumplían el

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Radicación n.° 89349 lleno de los requisitos exigidos por la norma que regula el trámite de los recobros ante el Fosyga, además, al sustentar el recurso de alzada indicó que dichas solicitudes fueron

presentadas de forma extemporánea. Mencionó que con el ánimo de determinar los hechos contenidos en el escrito de la demanda introductoria, el juez de primera instancia decretó un dictamen pericial, a través del cual se revisaron cada una de las facturas incorporadas, constatándose que el cobro de los servicios, procedimientos y medicamentos ordenados en fallos de tutela y en el comité técnico científico estaba sujeto al debido proceso previsto para esta clase de trámite; del cual se concluyó que «el mismo tenía la suficiente claridad, precisión y detalle para soportar la condena por el valor de los recobros y por el monto ya mencionado». Puntualizó que el dictamen pericial constituía un medio de prueba consagrado en el ordenamiento procesal, que tenía como finalidad demostrar o esclarecer hechos en los que se requerían especiales conocimientos científicos o técnicos, conforme lo señala el artículo 226 del CGP; que en virtud del grado jurisdiccional de consulta revisó con detenimiento las cajas contentivas de las facturas, evidenciando que se encontraban 551 recibos que fueron analizados en su totalidad por la auxiliar de la justicia. Sin embargo, resaltó que a pesar de encontrarse físicamente 551 facturas que describen la fecha de prestación del servicio, así como la calenda de radicación de

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Radicación n.° 89349 recobro y el valor, «estas no coinciden con aquellas cuyo pago se pretende y se relacionan en el escrito de demanda» inicial, lo cual explicó en detalle de la siguiente manera:

[…] al revisar los folios 290 y 318, la entidad demandante señala 583 peticiones o pretensiones relacionadas con el pago de facturas por concepto de medicamentos ordenadas por el comité técnico científico y fallos de tutela. Empero, solo 258 de las allí enunciadas se encuentran debidamente soportadas, es decir se anexó la documentación correspondiente que da cuenta de la orden emitida por el comité técnico científico, así como la sentencia emitida dentro de la acción de tutela correspondiente, la fecha de entrega del medicamento o servicio, la emisión de la factura, el valor de este y el formulario de solicitud de recobro. Entre tanto, las mencionadas pretensiones del 1 al 10, del 12 al 162 y del 164 a 322, no están debidamente documentadas, lo que indican que no cuentan con prueba alguna que permita acreditar el acta del comité técnico científico o fallo de tutela, la fecha en que se prestó el servicio, la expedición o no de la factura, el valor de esta y la calenda del recobro, requerimiento que a juicio de esta sala de decisión, resultado necesario para determinar si se prestó el mismo, si se encontraba o no dentro del POS, si resultaba extemporánea o si la prestación se vio afectada, por el fenómeno jurídico de la prescripción, lo que indica que al no cumplirse con dichos presupuestos, no resulta posible el recobro solicitado al no existir certeza del surgimiento de la prestación asistencial. En consecuencia, dispuso que el Adres debía pagarle a la EPS Aliansalud los siguientes recobros, que precisó en forma detallada e individualizada, así: Voy a leer factura por factura, atendiendo que voy a leer el primer

número y voy a hacer relación leyendo los últimos 3 números por cuanto que si la factura tiene el número 2 se trata de acciones de tutela, o sea, que fueron reconocidos a través de estas, y cuando tienen el número 5 fueron reconocidas por el comité técnico científico. Entonces, facturas que tienen el número 2 más los 3 últimos números y van relacionando: 2-806; 2-155: 2-156; 2157; 2-158; 2-159; 2-292; 2-293; 2-299; 2-298; 2-297; 2-296; 2295; Ahora, con el número 5: 5-529; 5-135; 5-136; 5137; 5-141; 5-142; 5-144; 5-145; 5-146; 5-147; 5-148; 5-149; 5-150; 5-152; 5-153; 5-154; 5-155; 5-156; 5-157; 5-158; 5-159; 5-160; 5-161. Hace claridad la sala que las facturas tienen el número 5285-5; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 177; 178; 179; 180; 181; 183; 184; 185; 186; 188; 189; 191; 192; 193;

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Radicación n.° 89349 194; 198; 201; 202; 204; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213;

214; 215; 216; 217; 219; 221; 222; 223; 224; 075; 076; 077; 078; 079; 080; 083; 084; 085; 086; 087; 088; 091; 092; 094; 095; 096; 097; 098; 100; 102; 103; 105; 107; 108; 109; 110; 111; 072; 074; 349; 350; 351; 352; 353; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 371; 372; 373; 374; 374; 3060; 434; 063; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 341; 342; 343; 345; 346; 347; 348; 755; 349; 330; 332; 333; 335; 336; 338; 339; 340; 293; 296; 297; 298; 399; 302; 303; 304; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 225; 226; 227; 228; 229; 232; 233; 234; 236; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254;

256; 257; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 275; 276; 277; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 290; 130; 132; 134; 115; 116; 117; 121; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 113 y 118. Aseguró que las anteriores facturas arrojaban un valor adeudado de $8.187.858 pesos, suma que era la que correspondía pagar a la demandada. Respecto del tema de la extemporaneidad, advirtió que los recobros identificados desde los números 25316155 hasta 25400296 cuya condena se ordenó, fueron presentados luego del término de seis meses, empero ello no es óbice para exonerar del total de sus obligaciones, pues al entrar a analizar la norma en su tenor literal, se establece que la consecuencia no es la falta de pago, sino la liberación de intereses moratorios de cualquier otra sanción o pecuniaria y, en todo caso, entendió esa colegiatura que la disposición mencionada se refería a la imposibilidad de reclamarla por vía administrativa luego de transcurrido el tiempo en mención, habida cuenta que en el CPTSS se prevé el término de tres años para la configuración del fenómeno de la prescripción.

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Radicación n.° 89349 De otro lado, puntualizó que el medio exceptivo de la prescripción no afectó ninguna de las condenas enunciadas

como quiera que, entre la fecha de prestación del servicio y la calenda de la radicación del recobro, la glosa y la presentación de la demanda inicial, no transcurrió el término trienal previsto en los mencionados artículos 488 del CST y 151 del CPTSS (cajas 1,2 y 3 folios 290, 319 cuaderno 2 y folio 274 y 284 del cuaderno principal). Finalmente, señaló que ante la mora en el pago de las obligaciones se generaron los intereses de que trata el artículo 4 del Decreto 281 de 2003. Empero, los mismos, solo proceden respecto de las siguientes facturas, así lo dijo: Seguimos con la misma con la misma modalidad, menciono la primera factura. voy a leer el primer número y voy a hacer relación leyendo los últimos 3 números por cuanto que si la factura tiene el número 2 se trata de acciones de tutela, o sea, que fueron reconocidos a través de estas, y cuando tienen el número 5 fueron reconocidas por el comité técnico científico: Factura número: 2-5313806; 157; 158; 159; 292; 293; 299; 298; 297 ;295. Factura número: 52884529; 135; 136; 137; 141; 142; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 153; 154; 159; 161; 164; 165; 168;173;177; 180; 181; 184; 185; 188; 191; 192; 194; 201; 204; 206; 208; 209; 211; 213; 215; 216; 217; 221; 222; 075; 076; 077;

079; 080; 083; 085; 086; 087; 088; 091; 101; 102; 107; 108; 109; 110; 072; 074; 350; 351; 352; 357; 358; 359; 360; 362; 363; 367; 369; 374; 060; 434; 063; 322; 323; 324; 326; 327; 341; 343; 345; 346; 347; 755; 329; 330; 332; 336; 340; 293; 296; 297; 298; 303; 308; 310; 313; 314; 315; 320; 225; 226; 227; 229; 233; 235; 237; 238; 239; 240; 242; 243; 247; 248; 250; 251; 254; 257; 259; 262; 263; 264; 265; 268; 269; 271; 280; 284; 285; 288; 290; 134; 115; 117; 121; 123; 124; 113 y 118. Lo precedente condujo al juez plural a modificar la decisión de primer grado, en los términos antes mencionados. Se abstuvo de imponer costas en la alzada.

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Radicación n.° 89349 A continuación, la mandataria judicial de la parte demandante solicitó la aclaración de la sentencia de segunda instancia, en el sentido de precisar si se habían estudiado todas pruebas allegadas al proceso, a lo que el Tribunal recordó que para adoptar esa determinación analizó con

sumo cuidado el acervo probatorio arrimado al plenario, incluyendo CDS y la documental contenida en el expediente y en las tres cajas que hacían parte integral del proceso, de ahí que rechazaba la solicitud de aclaración que efectuaba la actora.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación «case totalmente» la sentencia recurrida, para que una vez constituida en sede de instancia, confirme en su integridad el fallo condenatorio de primer grado y provea en costas según corresponda.

Con tal propósito, formula un cargo que es replicado, el que se procederá a estudiar a continuación.

VI. CARGO ÚNICO

Lo propone en los siguientes términos:

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Radicación n.° 89349 Por la VÍA INDIRECTA se denuncia la aplicación indebida del artículo 281 del Código General del Proceso, 66A, 69 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación de normas adjetivas que fue el medio para la aplicación indebida de los artículos 48 de la Constitución Política, 156, 177 y 182 de la Ley 100 de 1993, 14 de la Ley 1122 de 2007, 4, 7 y 13 del Decreto Ley 1281 de 2002, 111 del Decreto Ley 19 de 2012, 23 del Decreto 4747 de 2007, 28 del Decreto 806 de 1998 y 23 de

la Ley 1438 de 2011. Sostiene que tal violación se dio a causa de haber incurrido la colegiatura en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la cuestión debatida en el proceso lo era, exclusivamente, el pago de facturas por servicios NO POS prestados por la demandante, que fueron glosadas por extemporaneidad.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la parte demandada aceptó que todas las facturas presentadas por la demandante para su pago fueron glosadas por haber sido presentadas en forma extemporánea.

3. No dar por acreditado, a pesar de estarlo, que el recurso de apelación de la demandada solo trató sobre la extemporaneidad de las facturas.

4. No dar por probado, aunque lo está, que las facturas correspondientes a los recobros demandados fueron objeto de una auditoría integral por parte del consorcio encargado por el

FOSYGA.

5. No dar por acreditado, pese a que lo está, que el FOSYGA y el consorcio encargado para efectuar la auditoría correspondiente verificaron el cumplimiento de los requisitos formales de los recobros ahora demandados y solamente glosaron su extemporaneidad.

6. No dar por establecido, pese a que lo está, que las facturas presentadas por la demandante cumplían los requisitos para su pago.

En su decir, tales yerros se cometieron por no haber valorado correctamente los siguientes medios de convicción: la demanda inaugural y su contestación, el dictamen pericial

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Radicación n.° 89349 presentado el 12 de agosto de 2016 por Marcela Gómez Clark

y los «Documentos obrantes en la carpeta INTEGRALIDAD

SUBCARPETAS TUT Y FALLO».

Asevera que igualmente no se apreciaron las siguientes piezas procesales y probanzas: la confesión efectuada por la llamada a juicio en la contestación del escrito inicial; los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la demandada en la primera instancia; la sustentación del recurso de apelación; el documento de folio 195 denominado

«APOYO TECNICO ORDINARIO LABORAL 2015-139

ALIANSALUD EPS» que fue emitido por el Jefe de Unidad de Medicamentos y Tutelas del Consorcio SYAP; la respuesta al oficio 2102; el documento «FID-PR-MYTProceso trámite de recobros. v05» aportado por la accionada en la respuesta a la demanda introductoria. En la demostración de la acusación, comienza por reproducir algunos fragmentos de la decisión recurrida, para luego sostener que el ad quem, no solo se apartó de lo que era el tema debatido en el proceso, sino que, además, pasó por alto que entre las partes hubo plena coincidencia en cuanto a que las facturas cuyo pago se demandó fueron glosadas única y exclusivamente por extemporáneas; y que esa fue la razón para que no se pagaran en sede administrativa. Aparte de la anterior equivocación, sostiene que el juez de la alzada no tuvo en cuenta que las facturas presentadas por la demandante fueron objeto de una auditoría integral y

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Radicación n.° 89349 que fruto de ese riguroso análisis «de ellas solamente se glosó

lo correspondiente a la oportunidad en su presentación, de suerte que los demás requisitos y exigencias legales fueron cabalmente cumplidos, lo que hacía innecesario demostrarlos en el presente proceso» (se subraya). Inferencias que, aduce, fueron fruto de una equivocada valoración probatoria. Explica que los tres primeros yerros se cometieron por no haber valorado correctamente las dos primeras pretensiones de la demanda inaugural, las que son claras en señalar que las facturas cuyo pago se pretende en el proceso fueron glosadas por extemporaneidad y, en consecuencia, no canceladas en sede administrativa por el Fosyga; lo cual por demás estuvo respaldado en el hecho tercero de la demanda inaugural, y que «este hecho, en consecuencia, fue el que marcó el curso del proceso, no solo en cuanto a la cuestión debatida, sino también respecto del análisis de las pruebas aportadas por las partes». Señala que el ad quem incurrió en tales errores porque tampoco estimó con acierto la contestación de la demanda inicial, toda vez que no tuvo en cuenta que en este documento la entidad convocada a juicio admitió que la razón para glosar los recobros demandados y negar el pago de las facturas fue su presentación extemporánea, así lo puso de presente al dar respuesta al hecho sexto del escrito demandatorio. Dice que lo anterior fue corroborado por el apoderado de la parte demandada en los alegatos de conclusión, en los

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Radicación n.° 89349 que solo se refirió a esa circunstancia como motivo de la glosa y, además, admitió que todas aquellas presentadas en el

proceso compartían la misma situación de extemporaneidad; y que lo mismo se obtiene de lo argumentado en la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, donde lo único que se alega son las glosas referidas a la extemporaneidad para su cobro. Aduce que a igual conclusión hubiese arribado el Tribunal de haber valorado el documento de folio 195 denominado «APOYO TECNICO ORDINARIO LABORAL 2015139 ALIANSALUD EPS. Emitido por el Jefe de Unidad de Medicamentos y Tutelas del Consorcio SYAP», el que hace referencia a los 547 recobros por la suma de $174.726.660, esto es, a los presentados con la demanda inicial, sobre los que con claridad se indica que, respecto de todos ellos, se hizo una glosa única po