CSJ - SL2220-2024

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2220-2024 Radicación n.° 100402 Acta 21 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por INVERSIONES IVANESCA S.A.S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 14 de junio de 2023, en el proceso iniciado por los señores LUIS FERNANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ, KAREN DAYANA AYALA ESPINOSA (quien actúa en nombre propio y en representación de su hija S.S.S.S.), MAGALY RAMÍREZ RAMÍREZ y FERNANDO GONZÁLEZ RUEDA contra LA RECURRENTE, IVÁN ESTUPIÑÁN CÁCERES y las demandadas solidariamente INSTITUTO NACIONAL DE

VÍAS – INVÍAS y SEGUROS DE RIESGOS LABORALES

SURAMERICANA S.A. – ARL SURA.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 100402 Luis Fernando González Ramírez, Karen Dayana Ayala Espinosa quien actúa en nombre propio y en representación de su hija S.S.S.S., Magaly Ramírez Ramírez y Fernando González Rueda llamaron a juicio a Inversiones Ivanesca S.A.S., Iván Estupiñán Cáceres y de manera solidaria a Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. – ARL Sura y al Instituto Nacional de Vías – Invías con el fin de

que se declare que el accidente de trabajo que causó la muerte del trabajador Fausto Enrique González Ramírez, se produjo por consecuencia directa y causa, «de la actividad laboral que desempeñaba para su empleador, INVERSIONES IVANESCA S.A.S., y de la entidad ejecutora del contrato INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS; siendo estos, los responsables de la ocurrencia del accidente y muerte del trabajador». También solicitaron que, declarada la culpa comprobada del empleador, se condenara al pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios conforme lo establecido en el artículo 216 del CST, del lucro cesante consolidado y futuro, los daños y perjuicios extrapatrimoniales que les causaron y derivados del accidente laboral que ocasionó la muerte de Fausto Enrique González Ramírez (q.e.p.d.). Fundamentaron sus peticiones, en que el señor González Ramírez laboró bajo contrato de trabajo verbal a término indefinido para Inversiones Ivanesca S.A.S. desde el 19 hasta el 31 de enero de 2018 en el cargo de conductor de

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Radicación n.° 100402 vehículo de carga tipo volqueta; que en ésta última fecha, sufrió accidente mortal por causa directa de su trabajo como conductor al descargar material de pavimentación en una obra civil a cargo de Invías, cuando al maniobrar la volqueta en la orilla de la vía, se precipitó a un abismo. Manifestaron que le asiste culpa al empleador y a los demandados en solidaridad en la ocurrencia del accidente de trabajo, por la falta de señalización adecuada, de

controladores de tráfico, de inducción y capacitación sobre riesgos, licencia de conducción y SOAT vencidos para la fecha del accidente, el incumplimiento de diversas normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la falta de implementación de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), la Matriz de Requisitos Legales, el manual de funciones respecto al trabajo para el cual fue contratado el señor González Ramírez, el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESVJ), el Reglamento de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo. Adujeron, además, que Invías como entidad contratante y responsable de la ejecución de la obra civil permitió el transporte del material sin verificar y exigir el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de Inversiones Ivanesca S.A.S., así como tampoco la ARL Sura realizó la «asesoría técnica necesaria en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y capacitación para la prevención de accidentes y

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Radicación n.° 100402 enfermedades laborales» al empleador. Finalmente, afirmaron que le fue reconocida la pensión de sobrevivientes a la señora Karen Dayana Ayala Espinosa, en calidad de compañera permanente y a su menor hija

S.S.S.S.

Contestación de Iván Estupiñán Cáceres: Se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos,

negó que tuviese un contrato de trabajo con Fausto Enrique González Ramírez, pero reconoció su existencia respecto de la empresa Inversiones Ivanesca S.A.S., aceptó los extremos temporales, el cargo, la experiencia del trabajador y el accidente de trabajo, atribuyéndolo a la imprudencia del demandante y no suya por no tener con él ninguna relación laboral, reconoció que el SOAT se encontraba vencido y que el siniestro fue catalogado como accidente de trabajo. Admitió lo relativo al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la investigación administrativa adelantada por el Ministerio del Trabajo y las sanciones que este impuso a Inversiones Ivanesca S.A.S. y a ARL Sura, la solicitud del pago de indemnizaciones a Invías por parte de los demandantes y la negativa de dicha entidad al reconocimiento y pago de las mismas. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de falta de competencia del juzgado para conocer de todas y cada una

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Radicación n.° 100402 de las peticiones formuladas en la demanda frente al Instituto Nacional de Vías – Invías, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de las obligaciones laborales que reclama la parte actora frente a Iván Estupiñán. Contestación de Seguros de Vida Suramericana S.A.: Solicitó que se declararan infundadas las pretensiones de la demanda y de sus hechos aceptó la afiliación del causante al sistema de riesgos laborales por Inversiones Ivanesca S.A.S. desde el 19 de enero de 2018 hasta el «2 de

abril» de la misma anualidad, que el accidente fue catalogado como laboral, que le fue reconocida pensión de sobrevivientes a Karen Dayana Ayala Espinosa y a su hija S.S.S.S., que el Ministerio del Trabajo adelantó investigación administrativa en la que resolvió sancionar a Inversiones Ivanesca S.A.S. y a ARL Sura. Respecto de los demás supuestos fácticos, aseguró que no le constaban o que no eran ciertos. Propuso en su defensa las excepciones de inexistencia de obligaciones pendientes a cargo de Seguros de Vida Suramericana S.A., «responsabilidad de la ARL - límites de cobertura imposibilidad de la ARL de asumir el pago de prestaciones económicas por encima del riesgo efectivamente trasladado en especial por culpa patronal», falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de responsabilidad por ausencia de demostración de los

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Radicación n.° 100402 presupuestos para establecer responsabilidad del hecho dañoso, daño o perjuicio y nexo causal, imposibilidad de asumir prestaciones a cargo del empleador, inexistencia de solidaridad, diligencia y cuidado demostrados, cumplimiento del deber de asesoramiento en prevención de riesgos laborales e imposibilidad de cumplir obligaciones de prevención de riesgos respecto a un empleador no afiliado y la genérica o innominada. Contestación de Inversiones Ivanesca S.A.S.: Aceptó todo lo que se refiere al contrato de trabajo, la afiliación a la ARL, la ocurrencia del accidente de trabajoaclarando que no es cierto que haya sucedido atendiendo las órdenes impartidas por ella, al vencimiento del SOAT antes del siniestro, al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la investigación administrativa adelantada por el Ministerio del Trabajo con sus respectivas sanciones. Frente a los demás hechos manifestó no constarles o que no eran ciertos. Para enervar las pretensiones de los demandantes propuso como excepciones de fondo que «el accidente de trabajo en el cual falleció el conductor Fausto Enrique González Ramírez (q.e.p.d.) ocurrió por culpa exclusiva de la víctima» y culpa de un tercero. Contestación del Instituto Nacional de VíasInvías:

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Radicación n.° 100402 Se opuso a todas y a cada una de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos los alusivos a la afiliación del causante a la ARL Sura, a la reclamación y negativa del reconocimiento y pago de indemnizaciones y aclaró que el trabajador no estaba vinculado laboralmente con él. En su defensa propuso los medios exceptivos de mérito que denominó inexistencia de la obligación, inoponibilidad, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva y buena fe patronal. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo proferido en audiencia pública de 26 de abril de 2022, resolvió:

PRIMERO. CONDENAR a INVERSIONES IVANESCA S.A.S.,

que una vez en firme esta sentencia, proceda a cancelar a KAREN DAYANA AYALA ESPINOSA en nombre propio y en representación de S.S.S.S. (Anonimizado por la Corte), MAGALY RAMÍREZ RAMÍREZ, FERNANDO GONZÁLEZ RUEDA y LUIS FERNANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ por concepto de indemnización plena de perjuicios de que trata el artículo 216 del C.S.T, las siguientes sumas:

1. KAREN DAYANA AYALA ESPINOSA:

Lucro Cesante Pasado: $44.656.399

Lucro Cesante Futuro: $192.844.869

Perjuicios Morales: $20.000.000

2. S.S.S.S. (Anonimizado por la Corte):

Lucro Cesante Pasado: $44.656.399

Lucro Cesante Futuro: $136.124.613

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Radicación n.° 100402

Perjuicios Morales: $20.000.000

3. MAGALY RAMÍREZ RAMÍREZ:

Perjuicios Morales: $10.000.000

4. GERNANDO GONZÁLEZ RUEDA

Perjuicios Morales: $10.000.000

5. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ

Perjuicios Morales: $10.000.000

Parágrafo: Indexar todas las anteriores sumas de dinero en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. ABSOLVER a IVAN ESTUPIÑÁN CÁCERES, INVÍAS y ARL SURA de todas las pretensiones de esta demanda, por lo antes expuesto. TERCERO. CONDENAR en costas a la demandada

INVERSIONES IVANESCA S.A.S.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por los demandantes y la demandada Inversiones Ivanesca S.A.S., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de sentencia de 14 de junio de 2023, resolvió confirmar la providencia de primera instancia.

El juez de segunda instancia, sostuvo que el problema jurídico se centraba en establecer: 1) si el juez de primera instancia se equivocó al concluir que Inversiones Ivanesca S.A.S. es responsable, a título de culpa, del accidente de trabajo en que falleció Fausto Enrique González Ramírez, sin considerar la culpa de la víctima y, 2) si, «existió la concurrencia de culpas respecto de Seguros de Vida Suramericana S.A. e Invías o, si son solidariamente

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Radicación n.° 100402 responsables de las condenas impuestas a la codemandada empleadora». En lo que interesa al recurso de casación, el juez de la alzada comenzó por hacer referencia a la culpa del empleador en materia de riesgos laborales contenida en el artículo 216 del CST para decir que se le achaca al empleador la denominada culpa por «abstención», que no es otra cosa que «endilgarle responsabilidad por inhibirse en el cumplimiento con “diligencia y cuidado” de las obligaciones generales y especiales debidas, frente al cuidado de las condiciones de salud y trabajo de sus operarios, concretamente en seguridad e higiene industrial», cuestión

que constituye la conducta culposa que exige la norma aludida y que deviene en la responsabilidad del empleador por el pago de la indemnización ordinaria y total de perjuicios. El juez colegiado definió que, una vez endilgada la falta de diligencia y cuidado del empleador, conforme con el artículo 1604 del CC, le correspondía a este probar que sí la empleó, y al no hacerlo, se hizo acreedor del pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, y en esa medida el juez de alzada determinó que el empleador vulneró de manera flagrante diversas normas de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento «conforme con el inciso 2 del art. 1º y parágrafo del art. 21 del Decreto 1295 de 1994 hoy concordante con el 26 de la Ley 1562 de 2012». El juez de apelaciones señaló, que una de las causas

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Radicación n.° 100402 determinantes del accidente de tránsito fue el incumplimiento del trabajador de lo establecido en el artículo 55 del Código Nacional de Tránsito y, precisó que, en materia laboral, un acto inseguro por parte del trabajador no exonera al empleador de responsabilidad cuando ha existido culpa suya en el accidente, y fundamentó su postura en la sentencia SL4570-2019 frente a que «en materia de responsabilidad laboral frente al accidente o enfermedad profesional del trabajador, no existe la concurrencia de culpas». Seguidamente, se refirió a que, tratándose de la ocurrencia de accidentes laborales, el empleador en virtud

de lo estipulado en los artículos «56, 57 y 348 del CST y 26 de la 26 Ley 1562 de 2012, tiene sobre esta una obligación de medio, la cual estriba en la observancia de los deberes de protección, seguridad y cumplimiento de las medidas adoptadas para evitar infortunios propios de cada actividad», y que la inobservancia de los deberes de protección y seguridad genera la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios. El juez de apelaciones concluyó que hubo falta de diligencia y cuidado por parte del empleador quien no previó el riesgo ocupacional al que expuso a su trabajador, - aspecto que fundamentó la decisión de primera instancia-, en la que se determinó que la culpa del empleador radicó en la falta de inducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la «falta del entrenamiento o un entrenamiento insuficiente, falta de inclusión de la actividad e identificación

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Radicación n.° 100402 del riesgo que en su momento está desempeñando el demandante y un sistema de seguridad y salud en el trabajo y la ausencia del plan estratégico de la seguridad vial». Asimismo, no se logró romper el nexo causal entre el accidente de trabajo y el daño, en la medida en que «fue la conducta negligente y omisiva de inversiones ivanesca s.a.s (sic), lo que le llevó a no prever lo previsible, y de contera, lo ocurrido, lo que debió prever no pudiendo evitarlo, tal proceder materializó el hecho lesivo por el que hoy se suplica su reparación». El juez de alzada, «sobre la concurrencia de culpas

entre el empleador, la ARL e Invias (sic)» manifestó que el artículo 216 del CST radica exclusivamente en cabeza del empleador culpable el pago de la indemnización ordinaria de perjuicios sin lugar a reducción por eventual causalidad de la víctima o de un tercero. En tal sentido, para el Tribunal, con apoyo en las sentencias CSJ SL14420-2014, SL1525-2017, SL4794-2018 y SL1361-2019, «el empleador que quiera eximirse de las consecuencias que impone el art. 216 del CST, deberá acreditar la ausencia total de su culpa bien sea por culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero». Agregó que, respecto a Seguros de Vida Suramericana S.A., al ser la ARL a la cual estaba afiliado el trabajador fallecido, según lo expuesto en sentencia de la Sala de Descongestión Laboral de esta Corporación de 14 de septiembre de 2022, rad. n.° 57663, su responsabilidad es

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Radicación n.° 100402 de naturaleza objetiva. Lo anterior, significa que la ARL debe responder por las prestaciones asistenciales y económicas que la ley consagra, como la pensión de sobrevivientes que reconoció a Karen Dayana Ayala Espinoza en calidad de compañera permanente y a S.S.S.S. como hija del trabajador fallecido. Finalmente, para el ad quem, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 35 del CST, ni Seguros de Vida Suramericana S.A. ni Invías, son solidariamente responsables de la condena impuesta al empleador, pues se

prevé la responsabilidad del contratista independiente «como directo empleador y la responsabilidad solidaria al beneficiario de la obra cuando las actividades no resulten ajenas o extrañas a las normales de su empresa o negocio».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada Inversiones Ivanesca S.A.S., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia «modifique o adicione la sentencia de primera instancia conforme a lo pedido al formular cada cargo contra la sentencia».

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Radicación n.° 100402 Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados. Se resolverán conjuntamente por cuanto acusan la violación de normas similares y por idéntica vía.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 216 del CST y por falta de aplicación del artículo 2357 del Código Civil.

La censura en la demostración del cargo, refirió que el Tribunal determinó que hubo culpa patronal en el accidente de trabajo que causó la muerte del trabajador, y que, al probarse la culpa, se invirtió la carga de la prueba y le correspondía a la empleadora demostrar la debida diligencia, sin que la hubiera acreditado. Manifestó que el juez de alzada consideró que la concurrencia de culpas no aplica en materia laboral, y que

según el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo demostrada la culpa patronal, el empleador está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, basándose su posición en la sentencia SL4570-2019, donde esta Sala expresó que «(…) la responsabilidad de la empresa en el accidente o la enfermedad no desaparece en el evento de que el trabajador lleve a cabo un comportamiento descuidado o imprudente (CSJ SL5463-2015, CSJ SL9355-2017, CSJ

SL2824-2018 y CSJ SL1911-2019)».

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Radicación n.° 100402 La censura señaló el error en la interpretación del artículo 216 del CST por parte del juez de segunda instancia y la jurisprudencia nacional, al excluir la posibilidad de que el empleador alegue la negligencia del trabajador para exonerarse o reducir su responsabilidad. Argumentó que el término indemnización ordinaria remite tácitamente a las disposiciones del Código Civil, específicamente al artículo 2357, que permite reducir la apreciación del daño si hubo imprudencia por parte de quien lo sufrió. Insistió en que el error de interpretación del colegiado de instancia es trascendente, por cuanto excluyó la posibilidad de que el empleador al que se le haya comprobado la culpa, pueda alegar la concurrencia de ésta con la del trabajador en la ocurrencia del accidente de trabajo, pues hubiera entendido que al calificar la indemnización como ordinaria, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo hace una remisión tácita a las

disposiciones del Código Civil sobre la materia, habría sido posible aplicar el artículo 2357 del Código Civil. Finalmente, solicitó a la Sala que reconozca que el trabajador Fausto Enrique González Ramírez se expuso imprudentemente al daño y que por ello «se reduce la indemnización a cargo del empleador en un cincuenta por ciento, por efecto de la concurrencia de culpas».

VII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n.° 100402 Acusa la sentencia impugnada de violar por vía directa por «falta de aplicación parcial» del artículo 216 del CST, «así como de ser violatoria directamente del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, del artículo 11 de la Ley 776 de 2002 y de los artículos 47 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003) y 48 de la Ley 100 de 1993 por falta de aplicación». Para sustentar el cargo, la censura manifestó que, el ad quem aplicó parcialmente el artículo 216 del CST, al determinar la obligación del empleador de indemnizar los perjuicios cuando ha habido culpa suya en la ocurrencia del accidente de trabajo, «pero dejó de aplicar la parte subsiguiente de la disposición legal en cuanto establece que del monto de la indemnización debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el respectivo capítulo». Seguidamente, la censura adujo que era claro que de la indemnización a su cargo se debe descontar lo pagado por Seguros de Vida Suramericana S.A. por concepto de la

pensión reconocida a la compañera permanente y a la hija del trabajador fallecido, prestación que también deben recibir de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Reiteró que la pensión de sobrevivientes fue reconocida y se está pagando en los términos del artículo 216 del CST, es decir, «en aplicación de las normas que integran el CAPÍTULO II anteriormente determinado», pues si

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Radicación n.° 100402 bien el artículo 214 del CST no se encuentra vigente, las normas que lo subrogaron y que regulan la pensión de sobrevivientes en caso de accidentes de trabajo que ocasionen la muerte del trabajador, son actualmente el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 en concordancia con el artículo 219 del CST, y por consiguiente, las prestaciones dinerarias que se paguen se deben «descontar de la indemnización a cargo del patrono, en este caso, a cargo de

INVERSIONES IVANESCA S.A.S.».

Sostuvo que, conforme al artículo 219 del CST, el empleador asume íntegramente el costo del seguro de riesgos laborales, y que si el Tribunal hubiese aplicado la parte final del artículo 216 del CST, habría dispuesto el descuento de la indemnización impuesta al empleador lo pagado por la ARL Sura, es decir, la pensión de sobrevivientes recibida según el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por ser una norma imperativa que el sentenciador debe atender sin necesidad de petición de parte. Por último, solicitó que en sede de instancia se modifique la sentencia de primera instancia para disponer

que de la indemnización a cargo del empleador se descuente lo que las demandantes «han recibido y recibirán por la pensión de sobrevivientes que les fue reconocida por Seguros de Vida Suramericana S.A. a raíz del accidente de trabajo fatal de Fausto Enrique González Ramírez».

VIII. RÉPLICA DE SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

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Radicación n.° 100402 Se opuso a la prosperidad del primer cargo, en la medida en que el cargo pudo dirigirse por la vía indirecta porque se refiere a la indebida valoración probatoria de la culpa del trabajador en la ocurrencia del hecho. Sobre el fondo del asunto, manifestó que según el artículo 216 del CST, cuando se comprueba la culpa del empleador, es a él a quien le corresponde el pago de indemnizaciones y perjuicios; que la responsabilidad del empleador es de las consideradas subjetivas donde juega un rol preponderante la culpa y que en el caso que se analiza medió culpa del empleador en el accidente ocurrido el 31 de enero de 2018, donde falleció el trabajador Fausto Enrique González Ramírez. Manifestó, además, que la culpa exclusiva de la víctima y la concurrencia de culpas como atenuantes de responsabilidad no son aplicables en materia laboral, según lo señalado en sentencia CSJ SL355-2017. Refirió que la indemnización de perjuicios por culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo tiene regulación propia en el artículo 216 del CST, el cual especifica que debe ser total, excluye la concurrencia de culpas y no admite recurrir a disposiciones

de otro ordenamiento, como el artículo 2357 del Código Civil, conforme a lo establecido en la sentencia CSJ SL1570-2018. La réplica respondió al segundo cargo indicando que la jurisprudencia ha señalado que las entidades de seguridad

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Radicación n.° 100402 social no pueden asumir prestaciones propias de los empleadores, y que los dineros provenientes de estas no pueden considerarse como complemento de las indemnizaciones, pues tienen origen y naturaleza distinta y que probó que realizó el pago de la pensión de sobrevivientes que le correspondía, lo cual no implica que «haya asumido el reconocimiento de la indemnización a la que ha sido condenada la empleadora».

IX. RÉPLICA DE KAREN DAYANA ALAYA ESPINOSA EN NOMBRE PROPIO Y REPRESENTACIÓN DE

SU HIJA S.S.S.S., MAGALY RAMÍREZ RAMÍREZ,

FERNANDO GONZÁLEZ RUEDA Y LUIS FERNANDO

GONZÁLEZ RAMÍREZ.

Manifestaron, que las consideraciones de la recurrente para atacar la sentencia de segunda instancia en el primer cargo no son precisas, ya que lo que realmente ataca es la jurisprudencia nacional que indica la no concurrencia de culpas en materia laboral y precisa los principios y normas que rigen la responsabilidad del empleador; que lo indicado por la censura son manifestaciones personales y no justifican la interpretación errónea del artículo 216 del CST, el cual es claro al indicar que cuando se demuestre la culpa comprobada del empleador, este deberá pagar la indemnización total y ordinaria de perjuicios al trabajador.

Señalaron, que es clara la diferencia entre lo preceptuado en el artículo 216 del CST y en el 2357 del Código Civil, ya que el primero se basa en una relación

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Radicación n.° 100402 laboral con derechos y obligaciones recíprocas para las partes, mientras que el segundo se refiere a personas sin vínculo contractual y «que por imprudencia o falta de cuidado pueden de algún modo causarse daño», sin que entre ellas medie un vínculo que implique que una de las partes tenga el deber de cuidado sobre la otra. Frente al segundo cargo, indicaron que las prestaciones a las que hace mención el artículo 216 del CST, no son las mismas prestaciones económicas y asistenciales que debe reconocer la ARL, pues son de naturaleza distinta; que no le asiste razón a la recurrente al hacer referencia a la inaplicabilidad del artículo 214 del CST por ser una disposición derogada; que el empleador debe asegurar los riesgos laborales de sus trabajadores a través de las ARL, cubriendo solo las indemnizaciones, prestaciones asistenciales y económicas definidas expresamente en la ley, lo que constituye la responsabilidad objetiva. Agregaron que es clara la errónea interpretación del recurrente que presenta confusión entre «las prestaciones asistenciales y económicas que le corresponden a la ARL como aseguradora del riesgo profesional y la indemnización que a título de culpa debe pagar el empleador por su actuar negligente en la obligación de protección de su trabajador». Finalmente, los opositores, sostuvieron que, si bien la indemnización del artículo 216 del CST fue atribuible

inicialmente al empleador, por solidaridad dicha

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Radicación n.° 100402 indemnización puede extenderse a la ARL Sura y a Invías, al demostrarse dentro del proceso que todos los demandados fueron negligentes en la ocurrencia del accidente fatal del trabajador. X.CONSIDERACIONES En respuesta a la imprecisión técnica de la demanda que denuncia la opositora Seguros de Vida Suramericana S.A., la Sala extrae claramente que la acusación cuestiona la interpretación y aplicación del artículo 216 del CST y no las conclusiones fácticas a las que llegó el Tribunal frente a la culpa del trabajador en la ocurrencia del accidente de trabajo, por lo que el embate por la vía directa resulta adecuado. En lo que interesa al recurso, el colegiado de instancia fundamentó su decisión, en que en el accidente de trabajo en el cual perdió la vida el señor Fausto Enrique González Ramírez, se encontró suficientemente probada la culpa del empleador, y en consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 216 del CST el pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios radica exclusivamente en cabeza del empleador culpable, que no hay lugar a una «reducción de la responsabilidad patronal por una eventual concausalidad de la víctima» y que ello es así porque dicha normativa está encaminada a la reparación integral de perjuicios al trabajador y/o su familia cuando el accidente ocurra con causa o con ocasión de culpa imputable al empleador. Entiende la Corte que la censura radica su inconformidad en que: i) la sentencia no tuvo en cuenta que

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Radicación n.° 100402 la indemnización ordinaria de perjuicios del artículo 216 del CST remite tácitamente a la aplicación del artículo 2357 del Código Civil, que llevaría a la reducción de la responsabilidad del empleador ante la culpa de la víctima; y, ii) cuestiona la aplicación parcial del artículo 216 del CST en cuanto a que del monto de la indemnización debe descontarse el valor de la pensión de sobrevivientes pagada por Seguros de Vida Suramericana S.A. a Karen Dayana Ayala Espinosa y S.S.S.S. en calidad de compañera permanente e hija de Fausto Enrique González Ramírez. Ahora bien, no se discute en sede de casación que: i) el señor Fausto Enrique González Ramírez se desempeñó como conductor de volqueta para la sociedad Inversiones Ivanesca S.A.S., ii) que sufrió accidente de trabajo el 31 de enero de 2018 en el cual murió, iii) que dicho accidente ocurrió por culpa comprobada del empleador, iv) que existió imprudencia del trabajador en el siniestro y, v) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de origen profesional en favor de Karen Dayana Ayala Espinosa y su menor hija S.S.S.S. Conforme con lo expuesto, le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: i) si el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 216 del CST, al concluir que pese a la existencia de concurrencia de culpas frente al accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al extrabajador, no era procedente exonerar o reducir el monto de la indemnización de perjuicio en favor del empleador,

conforme a lo señalado en el artículo 2357 del Código Civil; y, ii) si el juzgador de segunda instancia incurrió en infracción

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Radicación n.° 100402 directa parcial del artículo 216 del CST, en el aparte que señala «[…] del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo» al no descontar de la indemnización impuesta al empleador, los valores que por concepto de pensión de sobrevivientes le fuera reconocida a la