CSJ - SL2221-2024

ÓMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2221-2024 Radicación n.°100598 Acta 21 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GONZALO OSSA BRAND, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 14 de abril de 2023, en el proceso que instauró el recurrente contra NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

I. ANTECEDENTES Gonzalo Ossa Brand llamó a juicio a NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., con el propósito de que se declare: i) la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, con la demandada, entre el 1 de marzo de 1993 y el 1 de octubre de 2019; ii) que tiene derecho a la revisión y/o reliquidación de las primas anuales de servicio, las cesantías e intereses sobre las cesantías, causadas entre el

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Radicación n.° 100598 1 de octubre de 2005 y el 1 de octubre de 2019, teniendo en cuenta como como factores constitutivos de salario los siguientes conceptos: a) Sueldo Básico, b) Plan incentivo Ventas, c) Prima voluntaria S. d) Prima Voluntaria Incentivo S., e) Auxilio de movilización, f) Bono de alimentación, g) Aporte empresa Favec, h). Auxilio plan odontológico, i) Auxilio maletín, j) Reembolso salud y, k) Auxilio póliza Swiss Life;

1. que Nestlé de Colombia S.A. omitió sin justa causa la consignación de las cesantías causadas en los años 2016, 2017, 2018 y el pago de las causadas en 2019; iv) que Nestlé de Colombia S.A. omitió, al término de la relación laboral, el pago de las cesantías causadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Consecuencialmente, solicitó que se condene a la demandada y, en su favor, por los siguientes conceptos: i) a pagar el saldo insoluto de las primas anuales de servicio, las cesantías e intereses sobre las cesantías, causadas entre el 1 de octubre de 2005 y el 1 de octubre de 2019, como consecuencia de la inclusión de los factores salariales relacionado en el acápite (ii) de las pretensiones declarativas; ii) a reconocer y pagar las indemnizaciones consagradas en el artículo 65 del C.S.T. y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 bajo el argumento del incumplimiento en el pago y/o pago deficitario de las prestaciones sociales causadas y la falta de consignación de las cesantías y/o pago deficitario de las mismas, principalmente entre el 15 de febrero de 2006 y el 1 de octubre de 2019 y, subsidiariamente, entre el 15 de febrero de 2017 y el 1 de octubre de 2019; iii) al pago del reajuste de la

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Radicación n.° 100598 indemnización por la terminación del contrato de trabajo en la suma de $14.309.906,08 y, iv) al pago del valor de la

indexación de las condenas que resulten impuestas y al de las costas que genere el proceso. Como fundamento de sus pretensiones, en lo que interesa al recurso extraordinario, relató que se vinculó a NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. el 1 de marzo de 1993. Además, manifestó que suscribió una adición al contrato de trabajo, el 27 de septiembre de 2005, con la que se le reconoció una «“ASIGNACIÓN AUXILIO DE MOVILIZACIÓN”». Sin embargo, sostuvo que los gastos de movilización eran cancelados por la demandada de forma independiente. También, narró que, aunque contaba con un inmueble que destinaba como vivienda desde diciembre de 2000, en 2016 la entidad empleadora le autorizó el retiro parcial de sus cesantías para la adquisición de una finca. Por lo que, según el recurrente, la empresa omitió el pago de dicha prestación social en 2016, 2017, 2018 y 2019. Por último, manifestó que fue despedido sin justa causa el 1 de octubre de 2019 y que recibió una indemnización por $119.780.962 equivalente a 541,72 días por haber laborado 9.571 días en total. Al contestar la demanda, la sociedad NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. se opuso a las pretensiones formuladas en su contra y aceptó como cierto solo la existencia de la relación laboral durante el lapso referido en el escrito de

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Radicación n.° 100598 demanda, negando los hechos restantes por considerarlos no ciertos. Formuló en su defensa las excepciones de inexistencia

de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación y prescripción. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 28 de febrero de 2022, resolvió: […]PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de “inexistencia de las obligaciones reclamadas”, “cobro de lo no debido” y “pago”, propuestas por Nestlé de Colombia S.A.

SEGUNDO: En consecuencia, NEGAR la totalidad de las pretensiones incoadas por el señor Gonzalo Ossa Brand en contra de Nestlé de Colombia S.A.

TERCERO: CONDENAR en costas procesales en un 100% al señor Gonzalo Ossa Brand en favor de Nestlé de Colombia

S.A.

CUARTO: CONSULTAR la presente sentencia ante la Sala Laboral del honorable Tribunal Superior de Pereira, en favor de Gonzalo Ossa Brand en el caso de qué no sea apelada.

Inconforme con la decisión, Gonzalo Ossa Brand interpuso recurso de apelación en contra de la providencia proferida. De manera general, fundó su desacuerdo en la supuesta naturaleza salarial del auxilio de movilización. Según él, a esa conclusión no llegó el a quo por cuanto no tuvo en cuenta la razonabilidad del pacto y la habitualidad

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Radicación n.° 100598 en el pago. Por lo que, se desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Sostuvo de un lado que, con el archivo de Excel aportado con la demanda, se comprobaba que la empresa le

reconocía los gastos de peaje y gasolina, entre tanto, por otro lado, expresó que a pesar de existir en la empresa la política de ventas, el trabajador nunca la había aceptado. En lo referente al testimonio de la señora Aracelly del Socorro Herrera Roldan, debido a que no estaba al momento de suscribir el pacto, estimó que no debía dársele mayor importancia. Por último, alegó que NESTLÉ desatendió una prohibición expresa del legislador a la hora de consignar las cesantías, ya que con el dinero de dicha prestación no adquirió un bien destinado a la vivienda, sino que, por el contrario, compró una finca para fines comerciales. Entonces, acudiendo al precepto legal, era obligación de la empresa verificar que esos recursos se usaran para el propósito autorizado en la normatividad.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación formulado, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Pereira, a través de sentencia de 14 de abril de 2023, confirmó la

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Radicación n.° 100598 sentencia proferida en primera instancia. Por lo cual dispuso: […]PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 24 de febrero de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por

GONZALO OSSA BRAND en contra de NESTLÉ DE COLOMBIA

S.A.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante. Liquídense por el juzgado de origen.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem indicó que el problema jurídico se limitaba a establecer si la naturaleza del auxilio de movilización era salarial y si la demandada adeudaba las cesantías causadas en 2016, 2017, 2018 y 2019. Así las cosas, con el objeto de resolver el recurso de alzada, el Tribunal empezó por determinar que, conforme al artículo 127 del C.S.T., todo pago que retribuya el servicio debe considerarse salario. Igualmente, acudió al artículo 128 del Código Laboral para inferir que una bonificación habitual puede no constituir factor salarial cuando «i) la suma pagada no ingresa al patrimonio del trabajador para enriquecerlo o beneficiarlo, sino que su fin es el de mejorar el desempeño de sus funciones, o 2) dicha suma fue expresamente excluida en virtud de pacto suscrito entre las partes, bajo la presentación de contrato o convención, último supuesto para lo cual lo aconsejable es que así se exprese de manera concreta en el contrato de trabajo, o que por otros medios probatorios se demuestre que la suma pagada al trabajador no es constitutiva de salario».

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Radicación n.° 100598 Asimismo, entendió que correspondía al Juez Laboral corroborar la legalidad de los pactos de exclusión salarial. Como quiera que, la posibilidad dispuesta en la legislación no es justificación para desconocer la naturaleza de pagos que remuneran directamente el trabajo contratado. En cuanto al auxilio de cesantías, el ad quem consideró que, aunque por regla general está prohibida su

entrega parcial antes de la terminación del contrato de trabajo, lo cierto es que existen algunas excepciones: adquisición de vivienda; adquisición de terreno o lote; construcción de vivienda cuando ella se haga sobre lote o terreno de propiedad del trabajador interesado o de su cónyuge; ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del trabajador o de su cónyuge; liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos que afecten realmente la casa o el terreno edificable de propiedad del trabajador, o su cónyuge; y la adquisición de títulos de vivienda sobre planes de los empleados o de los trabajadores para construcción de las mismas, contratados con entidades oficiales, o privadas. Después de fijar estos presupuestos conceptuales, el fallador de segunda instancia partió de algunas certezas: el trabajador recibía una suma denominada «“auxilio de movilización”» por un valor de 1.5 salarios mínimos; y el demandante desempeñaba el cargo de representante de ventas senior, por lo que, debía desplazarse a diversos

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Radicación n.° 100598 supermercados del eje cafetero para cumplir con las funciones asignadas. Posteriormente, acudió a la jurisprudencia de esta corporación para afirmar que correspondía a la empresa demostrar que con estos pagos no se retribuía directamente el servicio. Carga que el empleador satisfizo al demostrar que con ese dinero se resarcían los gastos incurridos por el trabajador para el desplazamiento inherente a sus tareas. Por tal razón, concluyó que «el auxilio de movilización

no retribuía el servicio del actor, sino que estaba dispuesto para facilitar o mejorar el desempeño de sus funciones, las cuales implicaban un desplazamiento diario entre diferentes municipios y puntos de ventas, en virtud de lo dispuesto en el art. 128 del C.S.T., bien podían las partes, como en efecto lo hicieron en el mismo contrato de trabajo, pactar que dicha suma no fuese considerada base salarial.» Lo que lo lleva a deducir el acierto por parte del Juzgado en este punto. En relación con el auxilio de cesantías, el Tribunal infirió que la empresa no desconoció la legislación asociada a este concepto, dado que, por el principio de la buena fe, la actuación de la demandada debía limitarse a la verificación de la promesa de compraventa presentada por el empleado con la pretensión de adquirir un bien inmueble. Además, sostuvo el juez de segunda instancia que no existe dentro del plenario alguna prueba que demuestre el conocimiento de la empresa respecto de la utilización del monto del auxilio para un negocio comercial.

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Radicación n.° 100598 Con fundamento en estas consideraciones, dispuso confirmar la sentencia de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso de casación fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El demandante pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, «en cuanto confirmó la sentencia que pronunció el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira y que, en consecuencia, actuando como Tribunal de instancia,

acceda a las pretensiones de la demanda en lo pertinente al recurso de apelación». Con tal propósito formuló cuatro cargos por la causal primera de casación. De los cuales, los tres primeros se refieren a la determinación de la naturaleza del pago denominado «auxilio de movilización», por lo que estos reproches se analizarán de forma conjunta. Mientras que el cuarto, destinado a atacar lo dispuesto por el ad quem en cuanto al auxilio de cesantías, se estudiará de forma separada.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 100598 Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.). Lo que, según el recurrente, condujo a la infracción directa del artículo 127 ibidem. La censura sostuvo que la trasgresión endilgada al Tribunal se produjo como consecuencia de la comisión de los siguientes errores de hecho que adjetivó de «manifiestos»: Primero: Dar por demostrado, sin estarlo, que el denominado auxilio de movilización descrito en la cláusula sexta del contrato de trabajo suscrito entre las partes el 27 de septiembre de 2005, visible en el cuaderno de primera instancia, carpeta “01Demanda” archivo “07subsanacióndemandauno (1)” páginas 26 al 30, tenía la finalidad de cubrir gastos transporte del trabajador propios de las tareas asignadas por su empleadora.

Segundo: No dar por demostrado, estándolo, que el

denominado auxilio de movilización descrito en la cláusula sexta del contrato de trabajo suscrito entre las partes el 27 de septiembre de 2005, visible en el cuaderno de primera instancia, carpeta “01Demanda” archivo “07subsanacióndemandauno (1)” páginas 26 al 30, del expediente, tenía la finalidad de retribuir el trabajo del demandante.

Tercero: No dar por probado, estándolo, que los gastos de movilidad del trabajador eran compensados por la compañía mediante un sistema de pagos mensuales diferentes a los que, en apariencia, pactaron las partes el 27 de septiembre de 2005, visible en el cuaderno de primera instancia, carpeta “01Demanda” archivo “07subsanacióndemandauno (1)” páginas 26 al 30, del expediente; esto es, mediante sumas que se pagaban conforme consta en el cuaderno de primera instancia, documento visible en el archivo “01Demanda -05Anexos-Pagos Gonzalo 2006-2019 (1)xls.”.

Cuarto: Dar por demostrado, sin estarlo, que los pagos documentados en el archivo de primera instancia “01Demanda - 05AnexosPagos Gonzalo 2006-2019 (1) xls.” Correspondían a “peajes y alimentación” y no a los costos de transporte requeridos por el trabajador para el desempeño de sus funciones.

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Quinto: No dar por demostrado, estándolo, que los pagos documentados en el archivo de primera instancia “01Demanda - 05AnexosPagos Gonzalo 2006-2019 (1) xls.” Correspondían

al pago de los costos de transporte propios de la actividad laboral del demandante. En la demostración del cargo, afirmó la censura que el tribunal debió tener por demostrada la naturaleza salarial del auxilio de movilización. Pues, de la documental presentada infirió que los gastos de movilización «estaban cubiertos con los pagos que de manera variable se atendían cada mes1 y no con el rubro descrito de manera fija en el documento del 27 de septiembre de 2005». Igualmente, sostuvo que: […]el pacto de exclusión salarial «lejos de demostrar la desalarización del rubro, indica de manera fehaciente que la verdadera intención del empleador fue enmascarar el mérito salarial de dicha asignación, puesto que riñe con toda lógica que se pacte determinada suma con la aparente intención de cubrir costos de transporte, se prohíba, ahí mismo, el cobro de sumas adicionales, pero en el futuro, mes a mes y de manera adicional se asiente entre el trabajador y el empleador una dinámica de gastos, cobro, verificación y pago de sumas que financian la movilidad del trabajador en la realización de sus tareas. Por último, afirmó que, aunque el testimonio no es una prueba hábil en casación, lo dicho por la señora Aracelly del Socorro Herrera no puede ser tenido en cuenta, por cuanto, no estaba vinculada a la empresa para septiembre de 2015, fecha en la que se suscribió el acuerdo de «desalarización». Además, según su sentir, no resulta lógico que la empresa no revise la destinación del auxilio,

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Radicación n.° 100598 pero, sí verifique el kilometraje y otros aspectos del vehículo.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta por las siguientes razones: […] infracción directa de los artículos 145 del Código Proceso del Trabajo y de la Seguridad Social, 269 y 272 del Código General del Proceso, lo que condujo a la interpretación errónea del artículo 77 del CPL y de la S.S. del artículo 128 Código Sustantivo del Trabajo y a la infracción directa del artículo 127 ibídem, impidiendo el alcance que para el caso concreto debe producir.

Afirmó la censura que los quebrantamientos normativos se evidencian en los «notables» errores de hecho en que incurrió el Tribunal al valorar el documento denominado Políticas de Herramientas de Ventas, aportado con la contestación de la demanda y el escrito de contestación de la demanda, errores que enunció así: 1.Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante elaboró, firmó o manuscribió dicho documento. 2.No dar por demostrado, estándolo, que la parte demandada, al aportar el referido documento con la contestación de la demanda, ninguna afirmación realizó en cuanto a la posible participación del demandante en su suscripción, elaboración o reproducción. En la demostración del cargo refirió a que la pregonada transgresión obedeció a que el Tribunal dio por demostrado que el demandante se obligó a cumplir con las “políticas de herramientas de ventas”. Según el recurrente,

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Radicación n.° 100598 lo contenido en esa política no le era oponible. Pues, no se demostró autoría del señor Ossa en su elaboración. Motivo por el cual, no estaba llamado a tacharlo de falsedad. De forma concreta, estimó que para el caso: […]el Tribunal entendió, equivocadamente, que el solo hecho de aportarse un documento sin ninguna manifestación por parte de la interesada respecto del trabajador, y ser decretado aquel como prueba para su valoración, imponía al demandante la obligación de tacharlo de falso o desconocerlo, sin tener en cuenta que dichas figuras procesales solo son exigibles cuando la autenticidad del documento le es atribuida de manera expresa a la parte contra la cual se pretenden hacer valer, situación que no ocurrió en el presente asunto. Pasando finalmente a concluir que, ese documento no podía ser sustento de la naturaleza extrasalarial del auxilio.

VIII. TERCER CARGO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirectapor las siguientes razones: […]infracción directa del numeral 4º del artículo 191 del Código General del Proceso, lo que condujo a la interpretación errónea del artículo 128 Código Sustantivo del Trabajo, y la infracción directa del artículo 127 ibídem.

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Radicación n.° 100598 Aseveró el recurrente que la violación de las normas denunciadas «se advierte en la errónea valoración del interrogatorio de parte que absolvió el demandante en la audiencia de trámite y juzgamiento», en la que se pueden

apreciar los siguientes errores de hecho: 1.Dar por demostrado, sin estarlo, que los gastos de movilización del trabajador eran sufragados con los dineros descritos en el contrato suscrito el 27 de septiembre de 2005. 2.No dar por demostrado, estándolo, que los gastos de movilización del trabajador eran pagados con dineros que, tal como se mencionó en la demanda, la demandada reportó en el archivo denominado “pagos Gonzalo Ossa 2006-2019”. Es este caso, consideró el recurrente que los gastos de movilización del trabajador eran reconocidos con los dineros estipulados en el archivo de Excel «“pagos Gonzalo Ossa 2006-2019”» que aportó con la demanda. Por ende, conforme al asentir del recurrente, quedó claro que el auxilio concedido no compensaba el dinero invertido por el trabajador para su desplazamiento.

IX. RÉPLICA CONJUNTA A

TODOS LOS CARGOS

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Radicación n.° 100598 De entrada, el opositor manifestó que el alcance de la impugnación no está bien planteado. Por cuanto, aunque pidió que se case la sentencia impugnada, no se determinó lo que debe hacerse con la providencia de primera instancia. En cuanto a la técnica de los cargos, reprochó que el primero de ellos se encause por la vía indirecta en la modalidad de interpretación errónea de la norma, lo que significa un error protuberante. Respecto al segundo cago, reprobó que la demanda de casación denuncie la vulneración de normas procesales sin acudir al concepto de la violación medio. En cuanto al

tercero, expresó que es errado proponer un cargo por la vía indirecta por una supuesta infracción directa, defecto que resaltó también en el último de los cargos. De otra parte, manifestó que el fondo de la demanda tampoco está llamado a prosperar. Ya que, el auxilio de movilización suscrito entre las partes no remunera directamente el servicio, sino que, se limitó a «facilitar monetariamente el desplazamiento del accionante para que pudiera desempeñar sus funciones entre diferentes municipios y puntos de ventas.» Por último, en lo referido a las cesantías, el opositor afirmó que fue el señor Ossa fue quien pidió a la empresa un préstamo para la adquisición de vivienda. Por lo que, con fundamento en la buena fe, la empresa debía limitarse a corroborar la promesa de compraventa.

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Radicación n.° 100598 X.CONSIDERACIONES El recurso extraordinario de casación debe ajustarse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen. Para lo cual, el casacionista está en la obligación de respetar las reglas fijadas para su procedencia. Pues, una herramienta jurídica de esta naturaleza está sometida, en su formulación, a formalidades rigurosas que, de no cumplirse, hacen imposible su análisis. Así las cosas, para que se cumplan los fines del recurso extraordinario, es menester que la demanda de casación satisfaga los presupuestos formales contenidos en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS. Los cuales representan el debido proceso, conforme a lo preceptuado en el artículo

29 de la CP. Por tanto, la exigencia de estos presupuestos no constituye un culto a la forma, por el contrario, significa una garantía de un procedimiento justo que contribuye a la seguridad jurídica. De antaño, tiene asentado esta Corporación que el recurso de casación propende por el imperio de la ley sustancial, la cual puede ser infringida, en el ámbito del derecho del trabajo, de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª) o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). A su vez, la violación de la ley sustancial (o causal primera), puede darse a través de las llamadas vías directa o indirecta.

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Radicación n.° 100598 La vía directa, se abre paso cuando el fallador viola la ley en tanto: la inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), hace un ejercicio hermenéutico equivocado (interpretación errónea) o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones. Esta vía implica llegar el juzgador a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional por dislates exclusivamente jurídicos; lo que traduce que, en dicho nivel, el Tribunal obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso, o aspectos netamente fácticos.

A su turno, se viola la ley sustancial de alcance nacional, por la vía indirecta, cuando el fallador valora erradamente, deja de analizar, o supone la existencia de determinadas pruebas procesales. Tal proceder lo conducirá a cometer errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por probado lo que realmente sí lo está; el primero, (conocido como “de hecho”), es factible de cometerse –en la casación del trabajosólo respecto de la confesión, la inspección judicial o el documento auténtico, y, el segundo, (llamado “de derecho”), sobre las llamadas pruebas solemnes (sentencia CSJ SL del 9 abr. 2008, rad. 32.195).

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Radicación n.° 100598 Como es sabido, un cargo dirigido por este sendero fáctico implica la aplicación indebida de la ley, y por excepción la infracción directa «como modalidad de aplicación indebida, pero solo en el entendido que el cargo esté encaminado por la vía indirectá y bajo el supuesto de que el error manifiesto de hecho atribuido a la decisión atacada pueda originar que se deje de aplicar la disposición legal que convenía al caso» (sentencia CSJ SL del 14 jun. 2006, rad. 25.879). Pero no es dable invocar la interpretación errónea, toda vez que la equivocada hermenéutica de una norma es del todo ajena a la comprensión que para un caso particular les dé el juez a los hechos del proceso y a las

pruebas que sirven para acreditarlos. (CSJ SL11642-2016)

1. Errores generales en la demanda de casación.

a. Alcance de la impugnación Este aparte, que en casación es el petitum de la demanda, en donde el recurrente debe pedir a la Corte, con la mayor precisión, lo que se pretende de ella, resulta técnicamente defectuoso. Por cuanto, se solicita casar «totalmente la sentencia proferida en segunda instancia (…), en cuanto confirmó la sentencia que pronunció el Juzgado (…) y que, en consecuencia, actuando como Tribunal de instancia, acceda a las pretensiones de la demanda en lo pertinente al recurso de apelación. […]». En efecto, tal y como lo apreciara la opositora, de la lectura del respectivo acápite puede constatarse que la

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Radicación n.° 100598 censura omite señalar, luego del pretendido quiebre del fallo recurrido qué debe suceder con el fallo de primer grado, dicho de otra manera, si lo que quiere es que se revoque, modifique o confirme la sentencia del Juzgado. Empero, al realizar un esfuerzo hermenéutico se infiere que la intención del recurrente es obtener la revocatoria de la sentencia del a quo para que, en su lugar, como ello si lo afirma, se concedan las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en el recurso de apelación. Es decir, que se le conceda la reliquidación de las prestaciones teniendo como referencia la modificación en sus ingresos salariales por el «auxilio de movilización» reconocido y se le

reconozcan las cesantías de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Sin perjuicio de la deducción previa, es oportuno manifestar que además de la falencia superada, los cargos primero, segundo y tercero carecen de la exactitud y precisión en la técnica casacional lo cual inhabilita a que los mismos puedan ser analizados de fondo, como pasa a explicarse:

2. Errores particulares en los cargos 1.°, 2.° y 3.° Preliminarmente, es pertinente recordar lo enseñado por esta corporación desde antaño y, a guisa de ejemplo, más recientemente en la sentencia CSJ SL960-2022 donde se dijo y precisó lo siguiente: […]Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los

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Radicación n.° 100598 errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la

realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148, CSJ SL3131-2021). Para el caso particular del primer cargo, el censor escogió como senda de su ataque la vía indirecta, es decir, la vía de los hechos, empero, señala que la transgresión normativa se produjo por la «interpretación errónea» de una norma que condujo a la «infracción directa» de una segunda norma. En principio debe decirse que el cargo no es claro en la selección de la vía por la cual se encamina y, por ello, mezcla inadecuadamente asuntos jurídicos con aspectos fácticos. Es así como en la estructuración del primer cargo, no es posible definir con claridad el propósito y la naturaleza de la acusación que se plantea. Ello en virtud a que acude expresamente a la vía indirecta y se señalan errores de hecho, pero, a su vez, denuncia una interpretación errónea de una disposición normativa lo que constituye una acusación propia y exclusiva de la vía directa, al referirse a la correcta hermenéutica de una norma sustancial de alcance nacional, que necesariamente debe estar al margen de los hechos y pruebas del proceso, pero sin desarrollar la interpretación errónea que denuncia,

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Radicación n.° 100598 pues no explica la manera como el Tribunal desentrañó el artículo 128 del C.S.T. ni la forma que, en su sentir, sería

una correcta interpretación, como tampoco precisa las razones por las cuales dicho ejercicio resulta erróneo. Aunado a lo anterior, no puede pasarse por alto y la Corte lo ha señalado hasta la saciedad, que la modalidad de interpretación errónea corresponde exclusivamente a la vía directa, al suponer un debate jurídico sobre el alcance hermenéutico de alguna disposición sustancial, ajeno por completo a los hechos y pruebas del proceso (CSJ SL31422023, SL2158-2023). Ahora bien, como el ataque se encauza por la vía indirecta, si en un ejercicio de laxitud se entendiera que lo hace por la modalidad de «aplicación indebida», no podrí