CSJ - SL2249-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2249-2023 Radicación n.° 93660 Acta 33 Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por MARÍA CONSUELO ESCOBAR ESCOBAR y la FUNDACIÓN CULTURAL LAS CASITAS, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 30 de julio de 2021, en el proceso que instauró la primera contra la segunda. AUTO Se reconoce personería al abogado Luis Gabriel Timana Cardoza, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 1.151.945.632 y tarjeta profesional n.º 243.199, para los efectos del memorial de sustitución que adjuntó a la demanda de casación.

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I. ANTECEDENTES María Consuelo Escobar Escobar demandó a la Fundación Cultural Las Casitas, con el fin de que se declarara que entre ellas existía una relación laboral, regida por un contrato a término indefinido, desde el 10 de septiembre de 2001; y que entre esa fecha y el 31 de agosto de 2009, no le pagó los valores correspondientes a las prestaciones sociales, vacaciones, ni cotizaciones a seguridad social.

Por lo anterior, requirió que se la condenara al pago del auxilio de cesantías e intereses y sus sanciones, las primas de servicios, las vacaciones, el reconocimiento y pago a Colpensiones de los aportes al Sistema General de Pensiones

y la indexación de todas las sumas susceptibles de esta medida, por el lapso comprendido entre el 10 de septiembre de 2001 y el 31 de agosto de 2009. Fundamentó sus peticiones, en que el 10 de septiembre de 2001 celebró un contrato de prestación de servicios con la demandada, para desempeñarse como bibliotecóloga en el Colegio Gimnasio La Colina de Cali, del cual era propietaria la demandada y donde, entre otras funciones, se encargaba de la selección y adquisición de libros, capacitaba a la auxiliar y a los profesores y realizaba el presupuesto anual de la biblioteca. Agregó que, entre los extremos mencionados, prestó sus servicios de manera ininterrumpida, personal y subordinada,

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Radicación n.° 93660 como quiera que las actividades que ejercía las realizaba bajo la supervisión, dependencia, directrices y órdenes de la rectora y el director administrativo del colegio, quienes hacían parte del cuerpo directivo de la fundación, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a viernes, desde las 7 a.m. hasta las 2:30 p.m.; utilizando los implementos que le eran suministrados y perteneciendo, incluso, al fondo de empleados «Fondemcol». Manifestó que, a partir del 1º de septiembre de 2009, suscribió un contrato de trabajo, mediante el cual continuó ejecutando, sin solución de continuidad, el mismo cargo y funciones que desarrollaba desde el 10 de septiembre de 2001, fecha en que celebró el de prestación de servicios. Informó que entre el 2001 y el 2009 devengó los

siguientes salarios mensuales: Año Salario 2001 $1.187.500 2002 $1.488.086 2003 $1.884.309 2004 $2.048.751 2005 $2.159.761 2006 $2.381.980 2007 $2.916.526 2008 $2.663.876 2009 $2.220.895 Aseguró que, hasta la fecha de presentación de la demanda, no se le habían pagado las primas de servicios, las

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Radicación n.° 93660 cesantías y sus intereses, las vacaciones, ni los aportes a seguridad social en salud y pensiones, por el lapso comprendido entre el 10 de septiembre de 2001 y el 31 de agosto de 2009, lo que le representó un enorme perjuicio pues sus derechos pensionales dependían de los aportes que omitió hacer la demandada durante esos años. Narró que cuando empezó a tener problemas de salud, debido a que fue diagnosticada con «Síndrome de Parkinson», la fundación decidió contratarla laboralmente. A pesar de ello, explicó que no le fue reconocida la pensión de invalidez, por no contar con el número de semanas exigido en los tres años anteriores a la fecha de su estructuración, que fue fijada por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) el 2 de octubre de 2009, con pérdida de capacidad laboral de 67.98%. Mediante escrito de reforma de demanda, se adicionaron como hechos que el 5 de febrero de 2010 se celebró una audiencia entre las partes, donde se «[…] conciliaron los derechos laborales ciertos e indiscutibles, como

lo son sus aportes a la seguridad social», y que de esa diligencia se levantó el acta extra proceso n.º 003. Al dar respuesta a la demanda, la entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la celebración del contrato de prestación de servicios, su afiliación al fondo de empleados con la aclaración de que es una persona jurídica diferente, la suscripción del contrato de trabajo a partir del 1º de septiembre de 2009 y la

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Radicación n.° 93660 conciliación a que llegaron las partes en cuanto a los derechos inciertos y discutibles de la demandante. Enfatizó que la vinculación anterior al 1º de septiembre de 2009 estaba sujeta a las reglas propias de la contratación de servicios profesionales e independientes, que se desarrolló sin subordinación o dependencia laboral y con solución de continuidad. Agregó que entre el 2001 y la fecha mencionada no hizo aportes a la seguridad social, pues bajo la modalidad de vinculación, era la contratista quien debía asumir el pago de tales cotizaciones. Frente a la enfermedad de Parkinson y la pérdida de capacidad laboral, adujo que era una patología que se presentó desde mucho antes de celebrarse el contrato de prestación de servicios profesionales. Y aclaró, que con el acuerdo conciliatorio realizado no se afectaron derechos ciertos e indiscutibles pues, el servidor judicial no lo hubiera avalado. En su defensa propuso las excepciones que denominó inexistencia de las obligaciones en la forma y términos demandadas, petición y cobro de lo no debido, conciliación,

buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 30 de julio de 2020, absolvió a la demandada.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 30 de julio de 2021, revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre MARIA (sic) CONSUELO ESCOBAR ESCOBAR como trabajadora y, la FUNDACIÓN CULTURAL LAS CASITAS como empleadora existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 10 de septiembre de 2001 hasta el 31 de agosto de 2009, el que sigue vigente.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada únicamente respecto del pago por concepto de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones moratorias solicitadas en la demanda.

TERCERO: CONDENAR a la FUNDACIÓN CULTURAL LAS CASITAS a pagar los aportes a seguridad social en pensiones, conforme al cálculo actuarial que determine la entidad administradora de fondos de pensiones a la que se encuentre afiliada la demandante, o se afiliare si no lo está, con los respectivos intereses moratorios, de acuerdo con el salario que devengaba la actora dentro del período comprendido desde el 10 de septiembre de 2001 hasta el 31 de agosto de 2009. Para el

efecto, la entidad administradora de pensiones deberá realizar el cálculo actuarial teniendo en cuenta la información relacionada en las cuentas de cobro y los comprobantes de pago efectuados por la empleadora a la demandante como retribución de la prestación de servicios, los que fueron aportados por ambas partes y obran a folios 30 a 84, 131 a 144 y 160 a 161 del proceso; que para efectos de claridad la Sala relaciona en cuadros que se anexan para que hagan parte integral de esta providencia. Para fundamentar su decisión, estableció como problemas jurídicos a resolver si i) la entidad propuso la excepción de cosa juzgada; ii) es válido el acuerdo conciliatorio suscrito por las partes el 5 de febrero de 2010, por haberse conciliado sobre derechos ciertos e indiscutibles;

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Radicación n.° 93660 iii) entre las partes existió una relación laboral durante los años 2001 a 2009, o si se trató de un contrato de prestación de servicios y iv) había lugar a ordenar el reconocimiento y pago de los derechos pretendidos. Frente al primer problema jurídico, consideró que no le asistía razón a la impugnante, pues si bien se la denominó como excepción de «conciliación» y no de «cosa juzgada», ello no significa que el contenido no estuviera encaminado a que se declarara que el acta de conciliación, hizo tránsito a cosa juzgada. Luego de trascribir el contenido de la citada excepción, recordó que conforme al artículo 282 del Código General del

Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del estatuto laboral, «[…] las excepciones que el juzgador encuentre demostradas deben ser declaradas de oficio a menos que se trate de las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que forzosamente deben ser alegadas en la contestación de la demanda». Con respecto a la validez de la conciliación, examinó el contenido del acta, antes de concluir que las partes acordaron sobre derechos laborales que pudieran derivarse de la relación contractual existente con anterioridad a la suscripción del contrato de trabajo, acaecida el 1° de septiembre de 2009, lo cual indicaba que no hubo discusión sobre la existencia del contrato mismo, hecho que se desprendía de las pruebas aportadas al proceso.

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Radicación n.° 93660 Añadió que, al margen de que las partes hubieran dispuesto explícitamente que se iba a conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la sola mención no era suficiente «[…] para determinar que se negociaron derechos irrenunciables, máxime cuando del acta se evidencia que conciliaron sobre el pago de aportes a seguridad social; derecho mínimo e irrenunciable del trabajador ligado a la prestación del servicio». Conforme lo anterior, precisó que si bien la conciliación sobre prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones e indemnizaciones era válida, la realizada sobre el pago de aportes a la seguridad social no, en virtud a que ellos no son transables ni conciliables. Apoyó tal conclusión en las sentencias CSJ SL4245-2018, CSJ SL1982-2019, CSJ

SL3347-2019, CSJ SL1387-2020, CSJ SL3568-2020, CSJ SL3884-2020 y CSJ SL1551-2021, de las cuales extractó, además, que tales acuerdos carecerían de validez y que el destinatario no era el trabajador sino la administradora de seguridad social respectiva. Analizó, a la luz de lo decidido en la sentencia CSJ SL11478-2017, las pretensiones de la demanda, pues de no hacerlo, se produciría un fallo inhibitorio que dejaría en suspenso la posible materialización del derecho de la demandante. Encontró que de la literalidad del acta de conciliación, no se desprendía que las partes hubieran discutido la existencia del contrato de trabajo, extremos y subordinación.

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Radicación n.° 93660 Y luego de analizar el contenido de los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y algunas sentencias de esta Corporación, anunció que del proceso se desprendía que la demandante prestó personalmente sus servicios a la demandada, desde el 10 de septiembre de 2001, en calidad de bibliotecóloga, prestación que fue aceptada por la fundación, quien al contestar la demanda expuso que hasta el 31 de agosto de 2009 lo hizo bajo la forma contractual de prestación de servicios y, a partir del 1º de septiembre del mismo año, mediante contrato de trabajo a término fijo por el año lectivo escolar. También señaló que no se desvirtuó la presunción de dependencia o subordinación, «[…] pues no demostró que dicha relación se hubiera realizado de manera autónoma e

independiente por la actora, esto es, que no estaba subordinada a ella, tal como lo alega». Para explicarlo, acudió al hecho 5º de la demanda y su contestación, en donde encontró una confesión de la demandante, referida a su desempeño como encargada del proyecto del centro de información, pero no a que sus funciones se desarrollaran de manera autónoma e independiente, es decir, que atendía el proyecto mencionado por ser quien dirigía la biblioteca, y no porque prestara sus servicios de manera autónoma e independiente. Analizó los testimonios de Carmenza Ramos Solarte, secretaria académica del Colegio Gimnasio La Colina, y de May Ana Rosa Buenaventura, asistente de dirección, que aun

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Radicación n.° 93660 cuando indicaron que nunca vieron que a la demandante se le llamara la atención o se le impusieran sanciones, ni tampoco que un directivo le impartiera órdenes, ello no probaba que fuera autónoma e independiente en el desarrollo de sus funciones, pues precisaron que no conocían mucho de sus labores, afirmación que permite entender que no tenían conocimiento directo de cómo desarrollaba sus funciones, lo que «[…]a juicio de la Sala no es prueba suficiente para desvirtuar la dependencia o continuada subordinación». Concluyó que se probó la existencia de una relación laboral entre la demandante y la Fundación Cultural Las Casitas, desde el 10 de septiembre de 2001 hasta el 31 de agosto de 2009, lo que conducía a estudiar la procedencia del derecho al pago de las prestaciones sociales, vacaciones,

indemnizaciones y aportes a seguridad social. En cuanto a los tres primeros, adujo que no eran procedentes, pues las partes conciliaron y acordaron el pago de una suma igual a $15.000.000, que como se explicó, era válido. Pero en lo relacionado con el pago de aportes al Sistema General de Pensiones, afirmó que este acuerdo en la conciliación no era válido, por lo que ordenó su reconocimiento conforme al cálculo actuarial que determinara la entidad administradora, con los respectivos intereses moratorios y de acuerdo a los salarios devengados entre el 10 de septiembre de 2001 y el 31 de agosto de 2009.

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IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos de acuerdo con los términos en que son presentados y dentro de las limitaciones y alcances que otorga este recurso extraordinario.

RECURSO DE MARÍA CONSUELO ESCOBAR

ESCOBAR

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la demandante que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la absolución al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, para que, en sede de instancia, «[…] REVOQUE TOTALMENTE la decisión del Juez de Primera Instancia que absolvió por concepto de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones, para que acceda a dichas condenas y se provea en costas lo

pertinente». Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados, que se resuelven de manera conjunta porque, a pesar de dirigirse por diferentes vías, contienen idéntica proposición jurídica, comparten argumentos y persiguen la misma finalidad.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de violar por la vía directa y en la modalidad de aplicación indebida, […] los artículos 53 de la Constitución Política de Colombia, artículos 1, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 59, 186, 192, 193, 243, 253, 306, 340 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, así como de los artículos 19, 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículos 64, 65, 66 de la ley 446 de 1998, artículos 3, 19, 20, 28 de la Ley 640 de 2001 y artículo 1502 del Código Civil aplicable por analogía en materia laboral por expresa disposición del art. 145 del Código Proceso del Trabajo y de la Seguridad Social En la demostración del cargo, manifiesta que no discute las premisas fácticas del Tribunal, que lo llevaron a establecer la existencia del contrato de trabajo, imponiendo condena al pago de los aportes a la seguridad social en pensiones. El error jurídico se encuentra al declarar probada la excepción de cosa juzgada, respecto del pago por concepto

de prestaciones sociales e indemnizaciones moratorias, al considerar que su conciliación resultó válida. A partir del artículo 53 de la Carta Política, así como de los artículos 13, 14, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo, argumenta que el Tribunal, le dio un alcance distinto a esas disposiciones, pues aceptó que los valores de las prestaciones sociales y las vacaciones se reconocieran por un monto inferior al que correspondía, pues constituyendo derechos ciertos e indiscutibles, no eran susceptibles de

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Radicación n.° 93660 conciliarse ni transarse, resultando cualquier acuerdo ineficaz.

Aduce que el Tribunal: - Se equivocó, al dar validez a una conciliación donde se conciliaban derechos laborales ciertos, indiscutibles e irrenunciables, prohibición incluso contenida en las normas aplicadas indebidamente. - Así mismo, se equivocó al dar efectos de cosa juzgada a la conciliación celebrada entre las partes, aun cuando violentaba normas de orden público. - Se equivocó, al dar efectos de cosa juzgada a la conciliación, sin verificar que la misma contenía vicios en el consentimiento, se violentaban normas de orden público y que no se respetaron los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, que no son susceptibles de conciliación. - Se equivocó, al dar validez al acuerdo conciliatorio para efectos de declarar la cosa juzgada, puesto que los conceptos que se enunciaron quedaron cubiertos en el mismo, se dio por un monto irrisorio allí reconocido, esto es, la suma de $15.000.000, cuando

dichos conceptos, liquidados en debida forma, ascendían a la suma de $221.496.235, situación propia de un vicio en el consentimiento y por demás, de mala fe, tal como se argumentara en el siguiente cargo-. - Se equivocó, al dar validez al acuerdo conciliatorio para efectos de declarar la cosa juzgada, al no evidenciar que del contenido del mismo salta a la vista que lo que pretendía la parte demandante era transigir por una suma irrisoria el vínculo laboral que lo unió con la demandante, que reconoció en el acta de conciliación, como lo dio por probado el Tribunal, y ni se discute en la acusación, afectando la solución de continuidad, situación propia de un vicio en el consentimiento y por demás, de mala fe. Para fundamentar lo anterior cita y trascribe, entre otras, la sentencia CSJ SL4066-2021, de la cual concluye que, En síntesis, un acuerdo conciliatorio resulta válido y surte efectos de cosa juzgada en materia laboral siempre y cuando no existan vicios en el consentimiento, no se violen normas de orden

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Radicación n.° 93660 público y que se respeten los derechos mínimos e irrenunciables que no son susceptibles de conciliación, de modo tal que la conciliación sólo resulta admisible respecto de derechos inciertos y discutibles. Situación anterior que ocurre en el asunto objeto de estudio, donde el Tribunal da validez y efectos de cosa juzgada a un acuerdo conciliatorio sobre derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, los cuales incluso fueron vulnerados en dicho

acuerdo, por lo que el mismo resultaba ineficaz, resalto que, como lo expresa el alto Tribunal, tales derechos están circunscritos a derechos laborales o de la seguridad social. Igualmente, acude a las sentencias CSJ SL1639-2022 y CSJ SL1430-2018 para reiterar que i) las conciliaciones son válidas y hacen tránsito a cosa juzgada cuando no existen vicios en el consentimiento y no se refieren a derechos mínimos e irrenunciables; ii) no resulta válido cuando se paga reconociendo un monto irrisorio, evento que ocurrió pues se le reconoció la suma de $15.000.000 por conceptos de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones derivadas de la relación contractual, es decir, derechos indiscutibles e irrenunciables que ascienden a $221.496.325.

VII. CARGO SEGUNDO Sostiene que el Tribunal violó por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, […] los artículos 53 de la Constitución Política de Colombia, artículos 1, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 59, 186, 192, 193, 243, 253, 306, 340 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, así como de los artículos 19, 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículos 64, 65, 66 de la ley 446 de 1998, artículos 3, 19, 20, 28 de la Ley 640 de 2001 y artículo 1502 del Código Civil aplicable por analogía en materia laboral

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Radicación n.° 93660 por expresa disposición del art. 145 del Código Proceso del Trabajo y de la Seguridad Social. Para argumentar su cargo, indica que se declaró probada la excepción de cosa juzgada frente al pago de las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones moratorias y, con ello, interpretó erróneamente las normas jurídicas aplicables al caso, pues estos resultan derechos mínimos e irrenunciables que no son susceptibles de ser transados.

Sostiene: El tribunal después de haber llegado a la conclusión fáctica de que se encontraba demostrada y aceptada la existencia del contrato de trabajo en el acta de conciliación, debía consecuencialmente establecer que ello generaba a favor del trabajador el reconocimiento de todos los derechos mínimos e irrenunciables establecidos en la Ley, los cuales no eran susceptibles de ser transados por un valor inferior al que correspondían, derivando ello en la nulidad de dicha acta de conciliación y así no fue determinado.

Lo anterior, por cuanto dicha situación no solo se deriva del contenido genuino de las normas aplicadas al caso concreto, sino también del alcance e interpretación que a las mismas se le ha dado por la CSJSala de Casación Laboral. Es por ello, que el Tribunal pese a aplicar las disposiciones atinentes al caso, les dio una interpretación distinta al contenido de las mismas y a la interpretación que ha dado la CSJSala de Casación Laboral, al hacer uso de dichos preceptos legales como ente juzgador, desconociendo con ello, los principios interpretativos, que lo conllevo a desviar el cabal y genuino

sentido de las disposiciones incluidas en la proposición jurídica, lo que lo llevo a convalidar que los conceptos de prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e interés a las cesantías) y las vacaciones se reconocieran por un valor inferior al que correspondía, pese a que son un derecho fundamental de los trabajadores cierto e indiscutible y que corresponde a una de las garantías mínimas e irrenunciables de orden público que protegen al trabajador (art. 53 C.P., art. 13,14, 14 y 340 del CST), de modo que no son susceptibles de ser conciliados, ni transados;

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Radicación n.° 93660 por ende, dichos acuerdos, de celebrarse, resultan ineficaces, conforme al artículo 15 ibidem, al transgredir normas de orden público. Más aun para equivocar el sentido de lo consagrado en el art.13 del Código Sustantivo del Trabajo, al considerar que el valor acordado en el acta de conciliación como pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, no era constitutivo de una suma irrisoria que trasgredía el mínimo de derechos de la trabajadora consagrados en la norma citada. Asegura que el único y genuino sentido que por principios interpretativos contienen las normas expuestas en la proposición jurídica, no es otro que el de proteger los derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables del trabajador. Por tanto, siempre que se esté ante la celebración de un acuerdo conciliatorio, que comprometa estos derechos, y con el cual se pretenda disfrazar la existencia de una

verdadera relación laboral y más con la realización de pagos de sumas irrisorias, el mismo resulta ineficaz y así se deberá declarar. Finaliza indicando que al darle validez a la conciliación, y con ello declarar los efectos de cosa juzgada frente a derechos mínimos, ciertos, indiscutibles e irrenunciables de la trabajadora, el Tribunal incurrió en un desacierto jurídico de tipo interpretativo, pues le dio un alcance a las normas que no contenían, distorsionando con ello su verdadero sentido legal y jurisprudencial. Lo que debió hacer, fue declarar la ineficacia del acta de conciliación suscrita entre

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Radicación n.° 93660 las partes, y ordenar el pago de las pretensiones iniciales.

VIII. CARGO TERCERO Le atribuye al juzgador haber violentado, por vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, las siguientes normas: […] los artículos 53 de la Constitución Política de Colombia, artículos 1, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 59, 186, 192, 193, 243, 253, 306, 340 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, así como de los artículos 19, 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículos 64, 65, 66 de la ley 446 de 1998, artículos 3, 19, 20, 28 de la Ley 640 de 2001 y artículo

1502 del Código Civil aplicable por analogía en materia laboral por expresa disposición del art. 145 del Código Proceso del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo anterior por incurrir en los siguientes errores de hecho: - No dar por demostrado, estándolo, que las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales que están contenidas en la literalidad del acta de conciliación, también ostentan la calidad de derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables. - Dar por demostrado, sin estarlo, que la suma pagada por la parte demandante (sic) establecida en el acta de conciliación por concepto de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales cubría la totalidad de las sumas a que tenía derecho la demandante por estos conceptos. - Dar por demostrado, sin estarlo, que el acuerdo conciliatorio se reputaba valido (sic) porque a la parte demandante se le pago (sic) la suma acordada por concepto de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales, pese a que las mismas eran irrisorias y no correspondían a los montos por los cuales debían ser liquidadas debido a su carácter de derechos mínimos irrenunciables.

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Radicación n.° 93660 Denuncia como indebidamente apreciada el acta de conciliación extrajudicial n.º 003, celebrada el 5 de febrero de 2010 ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali. A su juicio, se puede concluir que, por la suma de $15.000.000, se estaban conciliando prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y derechos ciertos e

indiscutibles, «[…] lo cual claramente es constitutivo de una indebida apreciación probatoria, la cual genera la vulneración de normas sustanciales de orden público». Acude a las mismas providencias referenciadas en los cargos anteriores, para concluir que el Tribunal pasó por alto: - Que las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales que se conciliaron en el acta de conciliación extra judicial No. 003 celebrada el 5 de febrero del 2010 ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, también son derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, los cuales no son objeto de ser conciliados. - Que las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales, que se conciliaron en el acta de conciliación extra judicial No. 003 celebrada el 5 de febrero del 2010 ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, correspondían a las causadas dentro los extremos 10 de septiembre de 2001 hasta el 31 de agosto de 2009. - Que la suma pagada de $15.000.000 por concepto de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales, referido en el acta de conciliación extra judicial No. 003 celebrada el 5 de febrero del 2010 ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, era irrisoria y no correspondía a la suma a que tenía derecho la trabajadora por estos conceptos la cual ascendía a $221.496.235.

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IX. RÉPLICA La Fundación Cultural Las Casitas señala, frente al primer cargo, que contiene un insalvable error de técnica,

pues las normas de la proposición jurídica no fueron utilizadas por el Tribunal para fundamentar su sentencia y, por ello, no pudieron ser aplicadas indebidamente. Además, resalta que en la sustentación del cargo, la recurrente afirma que el Tribunal les dio un alcance distinto a aquellas disposiciones, lo que encierra una grave contradicción, pues si así fuera lo que debió denunciarse fue una interpretación errónea y no su aplicación indebida. Y añade, como tercer error de técnica, que el ataque contiene exclusivamente un análisis «[…] íntimo y personal del recurrente», que lo lleva a sostener que la cifra conciliatoria acordada por las partes resultaba irrisoria, lo que de paso refleja que se mezclan elementos valorativos que son propios de la vía indirecta. Y por último, frente a la técnica, denuncia que el cargo contiene un hecho nuevo, consistente en alegar la nulidad de la conciliación, pese a que no estaba incluida dentro del grupo de pretensiones de la demanda; y si bien la apelante la expuso al sustentarlo, no hizo más que violentar el principio de congruencia, que obliga al juez a que «[…] el fallo esté acorde con los hechos y pretensiones del libelo genitor y los derechos fundantes del debido proceso, defensa y

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Radicación n.° 93660 contradicción». Cita como apoyo, entre otras, las sentencias

CSJ SL5179-2019 y CSJ SL3443-2021.

Frente al segundo ataque, reitera los errores de técnica que expuso en relación con el primero y agrega que, Tampoco cumplió con los parámetros fijados por la

jurisprudencia de la Corte, en el sentido de demostrar en qué consistió el hipotético entendimiento desviado del juez plural en relación con los preceptos acusados, y cuál sería el recto entendimiento de este, que de haberse utilizado cabalmente habría cambiado el rumbo de lo decidido en segunda instancia, es decir, en este aspecto no se cumplió con la carga que le competía, lo