CSJ - SL2264-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2264-2024 Radicación n.° 97026 Acta 028 Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por JOSÉ MIGUEL ARTEAGA MONTES y REFINERÍA DE CARTAGENA SA, hoy SAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 13 de septiembre de 2022 en el , proceso promovido por el primero en contra de la segunda y de CBI COLOMBIANA SA - hoy en liquidación judicial, al cual fueron vinculadas, como llamadas en garantía, la

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA CONFIANZA

– SEGUROS CONFIANZA SA y LIBERTY SEGUROS SA.

Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de Liberty Seguros SA al abogado Héctor Mauricio Medina Casas con cédula de ciudadanía número 79.795.035 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional

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Radicación n.° 97026 108.945 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder que le fue conferido y que obra en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES José Miguel Arteaga Montes llamó a juicio a CBI Colombiana SA y solidariamente a la Refinería de Cartagena (en adelante CBI y Reficar, respectivamente), para que se declarara que sostuvo con la primera un

contrato de trabajo del 28 de junio de 2012 al 30 de abril de 2015; que su despido fue ineficaz por gozar de estabilidad laboral reforzada; que el bono de asistencia y demás conceptos extralegales que recibía tenía naturaleza salarial; y, que Reficar era solidariamente responsable con CBI, del pago de todas las condenas impartidas. En consecuencia, solicitó que se les condenara a reintegrarlo al cargo desempeñado al momento del despido o a otro similar o de mejores condiciones, acorde con su estado de salud, con el pago de los salarios y demás acreencias laborales causadas desde el momento del despido hasta que se haga efectivo; y a la indemnización prevista en el art. 26 de la Ley 361 de 1997. Asimismo, pidió que se les ordenara la reliquidación de los recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y festivo; de las vacaciones disfrutadas en tiempo; de las primas; de las cesantías consignadas en un fondo y los intereses sobre las mismas; los aportes al Sistema de

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Radicación n.° 97026 Seguridad Social en Pensiones; y la indemnización de perjuicios por su responsabilidad en la ocurrencia del accidente y en el deterioro de su salud. En forma subsidiaria a la declaratoria de ineficacia del finiquito laboral, pidió que se declarara que este fue injusto, en consecuencia, se les condenara al pago de las indemnizaciones por despido injusto y la moratoria. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue contratado por CBI mediante un contrato por obra o labor

el 28 de junio de 2012, para desempeñar el cargo de ayudante de tubero; que durante la vigencia de la relación la empresa modificó unilateralmente en varias oportunidades la descripción de la obra o labor contratada, siendo la última la firmada el 8 de diciembre de 2013, en la que se acordó que en adelante sería a término fijo inferior a un año, por 110 días; que pese a los cambios contractuales realizados, siguió prestando sus servicios en las mismas condiciones iniciales; que concomitante con el cambio de contrato, la empresa le envió distintas cartas de preaviso que luego desatendía, dándole continuidad a la relación; que mediante carta del 30 de abril de 2015, CBI dio por terminado su vínculo, bajo el argumento de la realización de ajustes administrativos y de personal, no obstante, en esa fecha no había finalizado la obra, ni cesado la necesidad de la empresa, o las causas que le dieron origen a la contratación.

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Radicación n.° 97026 Señaló que el 14 de julio de 2014 sufrió un accidente laboral cuando al caerse tropezó con un listón de madera que estaba en el piso, yéndose hacia atrás, lo que le ocasionó trauma en los glúteos, dolor a nivel de región lumbar y dorsal; que el mismo día del suceso fue atendido por el doctor Fabián Llamas Altamar, médico general de la empresa, quien diligenció historia clínica sobre la atención prestada; que no obstante la evidencia de la ocurrencia del

suceso y de su conocimiento por la empleadora, esta omitió su deber legal de reportarlo a la ARL y de realizar la respectiva investigación; que con posterioridad al hecho presentó múltiples incapacidades, y el 28 de julio de 2014 se le diagnosticó una “DISCOPATÍA LUMBAR”, razón por la cual el galeno tratante le realizó una serie de recomendaciones médico laborales, siendo reubicado en su puesto de trabajo; que la terminación de su contrato se dio sin previa autorización del Ministerio de Trabajo; y que CBI es responsable en la ocurrencia del evento profesional, pues omitió el deber de cuidar su salud, además, no adoptó las medidas de prevención para cuidarlo con posterioridad al accidente. Narró que su remuneración tenía un componente denominado salario básico, que ascendía a la suma $1.807,371 y otro, también fijo, llamado bonificación de asistencia, por un valor $813.312, pagos estos que eran de causación mensual y que tenían como fundamento los servicios personales prestados; que también recibía auxilios mensuales de alojamiento y de transporte, así como distintos incentivos de fuente contractual y convencional;

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Radicación n.° 97026 que la empresa no incluyó el valor de las bonificaciones y auxilios habituales recibidos como factor para realizar las liquidaciones y pagos de recargos por trabajo suplementario, nocturnos, dominical, festivos y las vacaciones disfrutadas en tiempo; que dicha omisión condujo a verse afectado en la liquidación y pago de primas, intereses a las cesantías y vacaciones, así como en el valor de las cesantías consignado al fondo de pensiones al cual se

encontraba afiliado, así como el que le fue pagado en la liquidación de su contrato, y en el valor de sus aportes a la seguridad social durante el tiempo que duró la relación. Añadió que la empresa CBI es contratista independiente de Reficar; que en virtud del contrato comercial que unió a estas dos sociedades, aquella desarrollaba actividades que se encontraban enmarcadas dentro del objeto social de Reficar; que conformidad con lo anterior, esta última es responsable solidaria del pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, etc. CBI al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el extremo inicial de la relación laboral suscrita con el señor Arteaga Montes, la modalidad contractual acogida inicialmente, y su cambio a una a término fijo el 8 de diciembre de 2013. En cuanto a los demás, expresó que la misiva del 30 de abril de 2015 dirigida al demandante, ratificó la decisión adoptada desde el preaviso entregado el 13 de enero de ese

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Radicación n.° 97026 año, de no dar por prorrogado el contrato, quedando claro que se trató de una terminación legal por expiración del plazo fijo pactado; que el 22 de septiembre de 2014 el trabajador recibió unas recomendaciones postulares respecto de pausas activas y de levantar objetos; que el salario básico del actor para la época de la finalización de su contrato lo constituía la suma de $1.807.371, y la suma de $813.312, que era el monto máximo al que podía

ascender, era una bonificación que no era sustancialmente salarial, pero se consideró «artificialmente» como de dicho orden, exclusivamente para los efectos previstos en la cláusula que contempla. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de las obligaciones, buena fe y prescripción. Reficar al responder la demanda se opuso a las pretensiones. En lo referente a los hechos, señaló que no le constaban los concernientes a la relación laboral, la estabilidad reforzada del demandante al momento de la terminación del contrato de trabajo, el salario real devengado por él y la responsabilidad de CBI en el accidente de trabajo sufrido por aquel, porque en su totalidad se encuentran dirigidos a la otra codemandada. Tratándose de los atinentes a su responsabilidad solidaria, sostuvo que no está llamada a reconocer obligaciones laborales, que de entenderse causadas, sus efectos están reservados de manera exclusiva a quien ocupe la posición contractual del empleador; además, que no

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Radicación n.° 97026 existe la solidaridad endilgada, que viabilice que los efectos de una eventual sentencia condenatoria la vinculen. Como medios exceptivos planteó los que denominó inexistencia de las obligaciones y prescripción. Formuló llamamiento en garantía en contra de la Compañía Aseguradora de Fianzas SA Confianza y de Liberty SA, aduciendo que entre CBI y la primera se suscribió la póliza única de seguro de cumplimiento n,° 01EX000898 expedida el 16 de julio de 2010, por valor de US$77.799.998,66, modificada el 23 de octubre de 2015

por valor de US$104.000.000, en virtud de la cual, la segunda se comprometió con la primera a amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato relacionado con ejecutar el diseño, ingeniería, construcción e instalación, y obtener las garantías de desempeño, según el contrato suscrito entre Reficar y CBI; que los amparos contenidos en la póliza se refieren expresamente al cumplimiento del contrato y el pago de salarios y prestaciones sociales; que así mismo, se pactó que Confianza SA otorgaba el amparo conjuntamente con Liberty Seguros SA, de acuerdo a lo descrito en el ítem de distribución de porcentajes, valores asegurados y primas de la cláusula de distribución de coaseguro cedido; y que la póliza mencionada estaba vigente para el 30 de abril de 2015, fecha de finalización del vínculo del demandante.

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Radicación n.° 97026 El juzgado de conocimiento a través de auto del 15 de noviembre de 2017 aceptó el llamamiento en garantía respecto de ambas aseguradoras. La Compañía Aseguradora de Fianzas SA Confianza al contestar el llamamiento en garantía, frente a las pretensiones relacionadas con este, manifestó oponerse, en atención a que los hechos objeto de debate no gozan de cobertura, pues la indemnización consagrada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, ni las demás moratorias, se encuentran incluidas en ella; además precisó, que aquella tiene un coaseguro con Liberty Seguros SA, quien asumió el

19.30% de la participación del riesgo asegurado, por lo que tiene un límite de responsabilidad. Propuso las excepciones que denominó exclusión de las prestaciones consagradas en convenciones colectivas y extralegales; no cobertura de indemnizaciones ni intereses moratorios consagrados en el art. 65 del CST, ni por despido en estado de discapacidad / cobertura exclusiva para la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa consagrada en el art. 64 del CST; no extensión al asegurado ni a la aseguradora de condenas por sanciones moratorias; y, coaseguro. Liberty Seguros SA al responder el llamamiento en garantía, en lo que respecta a sus pretensiones, manifestó oponerse, debido a que la obligación condicional que asumieron las aseguradoras de expedir la póliza se encuentra sometida a unos parámetros jurídicos que deben

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Radicación n.° 97026 ser respetados y que no siempre coinciden con los conceptos reclamados por los trabajadores, y eventualmente reconocidos por los jueces. Como medios de defensa planteó los que denominó falta de cumplimiento de los requisitos para afectar la póliza de cumplimiento; improcedencia del pago del siniestro por parte de Liberty Seguros SA a Reficar, del pago de sanción moratoria y de la indemnización contemplada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997 a cargo de la aseguradora; suma asegurada como límite máximo de la responsabilidad de la aseguradora; disminución del valor asegurado de la póliza expedida por Confianza SA; límite del porcentaje del riesgo

a cargo de Liberty Seguros SA; la responsabilidad indemnizatoria del asegurador no puede constituirse en fuente de enriquecimiento. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, a través de sentencia del 22 de marzo de 2019, resolvió lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor JOSÉ MIGUEL ARTEAGA MONTES y CBI COLOMBIANA SA existió un contrato de trabajo que estuvo vigente entre del 28 de junio de 2012 y el 30 de abril de 2015, y que terminó estando el demandante en situación de discapacidad, sin acreditar la demandada una causa objetiva, por lo que en consecuencia, se presume la existencia del despido discriminatorio SEGUNDO: Declarar ineficaz la terminación del contrato de trabajo, en los términos descritos en el numeral 1º.

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TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, condenar a CBI Colombiana a reinstalar al demandante JOSÉ MIGUEL ARTEAGA MONTES a un cargo de igual o superior categoría al que ejecutaba en la empresa, desde su desvinculación y mientras subsista el contrato de trabajo, y al pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, vacaciones, los cuales deberán ser calculados teniendo en cuenta además como retribución con carácter de salario, la bonificación HSE cumplimiento CUARTO: Condenar a CBI COLOMBIANA SA a reconocer y pagar al demandante JOSÉ MIGUEL ARTEGA MONTES una indemnización en los términos del art. 26 de la Ley 361 de

1997, por la suma de $15.724.098.

QUINTO: DECLARAR que la bonificación HSE cumplimiento que recibió el demandante durante la vigencia de su contrato de trabajo es retributiva del servicio y por lo tanto constitutiva de salario, y en consecuencia, ordenar que se reliquiden los pagos recibidos por el demandante así: Por concepto de diferencia de trabajo suplementario la suma de

$65.229. Por concepto de diferencia derivada de la reliquidación de cesantías la suma de $405.903. Por concepto de diferencia de intereses de cesantías $42.877. Por concepto de diferencia de primas $284.080. Por concepto de diferencia de vacaciones disfrutadas la suma de $347.429; los cuales se deberán pagar debidamente indexados.

SEXTO: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción de la siguiente forma: Con respecto a las diferencias de salarios y primas que se generaron entre el 29 de marzo de 2014 y el 30 de abril de 2015; y con respecto a las diferencias de vacaciones que se generaron entre el 29 de marzo de 2013 y el 30 de abril de

2015.

SIETE: Absolver a la demandada CBI COLOMBIANA de las condenas al pago de perjuicios que no fueron acreditados.

OCHO: Declarar no probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por CBI COLOMBIANA.

NUEVE: Absolver a Reficar SAS, Liberty Seguros SA y Confianza SA de todas las pretensiones de la demanda, por las razones que se dejaron expuestas.

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DIEZ: Condenar en costas a CBI Colombiana SA (…).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, a través de sentencia del 13 de septiembre de 2022, al resolver los recursos de apelación interpuestos por el actor y las demandadas, resolvió lo siguiente: 1° MODIFICAR el numeral tercero de la Sentencia apelada en lo relacionado a la orden de reintegro, para en su lugar disponer lo siguiente: DECLARAR la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo del demandante, y por tanto se condena a CBI COLOMBIANA S.A a pagar a título de indemnización los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social integral, desde el 30 de abril de 2015, hasta la fecha de liquidación definitiva de la sociedad demandada, de conformidad con las razones expuesta en la parte motiva de la presente providencia. 2° REVOCAR el numeral quinto de la sentencia, para en su lugar ABSOLVER a las demandadas de la reliquidación deprecada, de conformidad con las razones expuesta (sic) en la parte motiva de la providencia. 3° REVOCAR el numeral noveno de la sentencia apelada, para

en su lugar disponer lo siguiente: TERCERO: DECLARAR a REFICAR S.A solidariamente responsable de las condenas aquí impuestas.

CUARTO: CONDENAR A LA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - CONFIANZA S.A. a responder por el valor de la condena, hasta el límite del 80,7% del monto adeudado.

QUINTO: CONDENAR A LIBERTY SEGUROS S.A. a responder

por el valor de la condena impuesta, hasta el límite del 19.30% del monto adeudado. 4° SIN COSTAS en esta instancia. 5° Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

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Radicación n.° 97026 El Tribunal partió de que los problemas jurídicos se orientaban a determinar si José Miguel Arteaga Montes al momento de la finalización del contrato de trabajo era beneficiario de la protección consagrada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997; y si había lugar o no a la reliquidación de las acreencias laborales reclamada. Como fundamentos de derecho y jurisprudenciales relacionó el art. 26 de la Ley 361 de 1997 y las sentencias CC SU049-2017; CSJ SL, 12 feb. 2020, rad. 79953; CSJ SL, 26 oct. 2021, rad. 82851; y, CSJ SL, 6 oct. 2021, rad. 71386. En primer lugar, en cuanto al fuero de salud previsto en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, sus beneficiarios y requisitos para su aplicación, precisó que la jurisprudencia de esa corporación, en concordancia con los últimos criterios adoptados por esta Sala, y los de la Corte Constitucional, ha establecido los siguientes parámetros:

1. La prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias, lo que significa que la extinción del vínculo laboral soportada en una justa causa legal es legítima.

2. Sí en el juicio laboral, el trabajador demuestra su situación

de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, imponiéndosele al empleador la carga de desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, debiendo demostrar la justa causa alegada, so pena de que el acto se declare ineficaz, y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, más la sanción de 180 días de salario.

3. Es importante determinar quiénes son beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada, pues, como como explicó la Corte

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Radicación n.° 97026 en providencia SL5700-2021, “no toda afección de salud es merecedora de la protección foral”, lo que significa que el simple diagnóstico de una enfermedad o las incapacidades por si solas no habilitan el amparo, ya que lo que debe establecerse es si dichas situaciones inciden directamente en el desempeño de la labor para la cual fue contratado el trabajador.

4. Para que opere la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debe demostrarse que el trabajador se encuentra en una de las siguientes hipótesis: (1) presentar una discapacidad moderada, severa o profunda, independientemente del origen que tenga, o (2) presentar una afectación de salud significativa, notoriamente sustancial, perturbadora para el desarrollo de sus funciones, que dificulte la prestación del servicio, y que, por ende, impida el desempeño normal de las actividades que venía ejerciendo el trabajador.

Lo cual implica, que los beneficiarios de este fuero son los trabajadores que cumplan con alguna de estas 2 condiciones.

5. En este tipo de casos existe libertad probatoria, razón por la cual la limitación que pone al trabajador en situación de discapacidad, puede inferirse de su ESTADO DE SALUD SIEMPRE Y CUANDO ESTE SEA NOTORIO, EVIDENTE Y PERCEPTIBLE, como por ejemplo, en aquellos casos en que el trabajador ha sido incapacitado regularmente, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación y en general de cualquier otra circunstancia que demuestre su grave estado de salud o la severidad de la lesión que limita la realización de su trabajo. Así lo indicó recientemente la Sala de Casación Laboral en la sentencia SL582 de 2022.

6. En síntesis, los destinatarios del principio de estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no son los trabajadores con cualquier padecimiento físico o sensorial, sino aquellos que en realidad tengan una DISCAPACIDAD, PERDIDA (sic ) DE CAPACIDAD LABORAL O AFECTACIÓN DE SALUD, que pueda ser catalogado en los términos de la Corte como RELEVANTE, y que impida, limite o dificulte sustancialmente su desempeño laboral o influya en el ejercicio del cargo en condiciones normales.

El Juez puede llegar a la inferencia de la existencia de una «discapacidad relevante o significativa», a partir de un análisis integral y conjunto de los diversos medios de prueba que obren en el plenario, sin que se encuentre compelido por determinado dictamen, ni sujeto a tarifa probatoria (SL340-2022, SL56382021 entre otras). Desde la sentencia SL1439-2020 la Sala de Casación Laboral acogió la postura de que la calificación de PCL

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Radicación n.° 97026 es medio idóneo para demostrar la discapacidad, sin que éste implique prueba ad sustancia (sic) actus, pues existe libertad probatoria.

7. También ha indicado la Sala de Casación Laboral que esa disminución significativa o relevante puede ser confirmada con posterioridad a la culminación del contrato de trabajo, en la medida que para la aplicación del principio de estabilidad laboral reforzada del trabajador en estado de discapacidad, no es necesario que se cuente con la calificación al momento de la ruptura del nexo, pues puede suceder que por situaciones administrativas que no dependen del trabajador, incluso ni del mismo empleador, tal trámite termina dándose ulteriormente a la finalización del vínculo, pero en estos casos, lo que resulta trascedente para efectos de contar con el amparo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es que la fecha de estructuración corresponda al tiempo en que el demandante estuvo laborando (SL4832-2021, SL4884-2021).

Acto seguido, tratándose del caso concreto, manifestó lo siguiente: En el caso bajo examen, tenemos que de los soportes médicos y la historia clínica allegada con la demanda se desprende que el señor José Arteaga Montes fue diagnosticado con “radiculopatía lumbar”, habiendo sido valorado por las especialidades de ortopedia, neurocirugía, fisiatría y medicina laboral, siendo esta

ultima (sic) quien le formuló sendas recomendaciones sin tiempo definido, dentro de las cuales resaltan las siguientes: (i) evitar cargas mayores de 10 kg, (ii) evitar labores de halar y empujar, (iii) evitar trabajo de altura, (iv) evitar labores en cuclillas, y (v) evitar labores que ameriten flexo extensión de columna. Del mismo modo, se advierte que en el último año de la relación laboral el actor presentó diversos padecimientos relacionados con afectaciones en su columna, y que a raíz de ello recibió un total de 217 días de incapacidad, habiéndosele otorgado la última el 29 de abril de 2015, es decir, un día antes de la terminación del contrato (30 de abril de 2015). Todo lo anterior, demuestra que el actor ostentaba una afectación en su salud que le dificultaba sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones normales, teniendo en cuenta que al ser ayudante de tubero sus funciones diarias involucraban la realización de movimientos repetitivos y la utilización de una gran cantidad de fuerza, por lo que, al tener

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Radicación n.° 97026 el tipo de limitaciones arriba descritas, resulta evidente que no podía realizar su trabajo de forma eficiente. Conforme a lo anterior, y sin entrar en mayores argumentaciones, para la Sala es claro que el estado de salud presentado por el actor, tenía la virtualidad suficiente como para activar en su favor la protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Tampoco existe discusión respecto a que tales padecimientos eran plenamente conocidos por la empresa demandada, pues de

ello da cuenta las distintas actas de reincorporación y/o reubicaciones visibles a folios 42 a 44 del expediente. Así las cosas, al encontrarse acreditado que al momento del despido el señor Jose (sic) Arteaga se encontraba disminuido físicamente para laborar como consecuencia de la enfermedad que padece, y que tal situación era conocida por el empleador de forma previa a las fechas en que se produjeron las desvinculaciones, se activa la presunción de despido discriminatorio establecida para estos casos. Por tanto, CBI COLOMBIANA S.A tenía la carga de demostrar que la culminación del contrato obedeció a una justa causa, o causal objetiva de terminación de contrato, para liberarse de la responsabilidad frente a la ineficacia de dicha ruptura contractual. Pues bien, la demandada alega que la terminación del contrato del demandante atendió a la expiración del plazo fijo pactado y que el preaviso se dio con la suficiente antelación. Al respecto, vale señalar que en la sentencia CSJ SL1360-2018 el alto tribunal de casación en materia laboral puntualizó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 constituía “una garantía legal de los trabajadores con discapacidad orientada a garantizar su estabilidad laboral frente despidos discriminatorios, la cual no operaba cuando la terminación del vínculo laboral se soportaba en un principio de razón objetiva”. Así pues, bajo la sentencia CSJ SL1360-2018 el empleador estaba exento de acudir a la oficina del trabajo cuando la terminación del contrato de trabajo obedeciera a una justa causa o a una causa

objetiva como la alegada en esta oportunidad y solo era necesaria la intervención de dicha autoridad cuando el despido tuviera venero en la incompatibilidad de la discapacidad del trabajador para el cumplimiento de la labor contratada. No obstante, en la reciente sentencia SL2586-2020 la Corte cambio (sic) su postura, pasando a considerar que la garantía de estabilidad laboral reforzada por condición de discapacidad no era exclusiva para los contratos a término indefinido, sino que operaba para todas las modalidades contractuales. Y que

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Radicación n.° 97026 en los contratos a término fijo el empleador debía demostrar que la determinación de no renovar el contrato de trabajo fue objetiva y sustentada, “siendo necesario acreditar la desaparición efectiva de las actividades y procesos contratados”, es decir, que en realidad la terminación del contrato fue consecuencia de la extinción de la necesidad empresarial y solo así enervaría la presunción de despido discriminatorio. Con arreglo a la reciente jurisprudencia citada líneas arriba, estima esta Corporación que la demandada no cumplió con la carga que correspondía, en vista que no existe elemento probatorio alguno que dé cuenta que no requiriera del cargo que venía desempeñando el actor a la fecha de su desvinculación, por lo que no logró desvirtuar la presunción activada en favor de éste. Así las cosas, para esta Colegiatura es claro que el demandante sí está cobijado por la protección prevista en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, y que el despido tuvo como verdadero

propósito su exclusión del empleo dada la deficiencia física que padece, puesto que CBI COLOMBIANA S.A. no logró acreditar una razón objetiva, ni una causal legal que justificará las rupturas del vínculo. Conforme a lo anterior, se conformará (sic) la decisión de condenar a la demandada al pago de la indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pero se modificará lo relacionado con la orden de reintegro, toda vez que se tiene certeza respecto a que CBI COLOMBIANA S.A actualmente se encuentra en un proceso de liquidación judicial, el cual impide que la empresa siga desarrollando actividades relacionadas con su objeto social, como lo sería la labor realizada por el actor, resultando materialmente imposible efectuar el reintegro del trabajador, por lo que se le reconocerá a título de indemnización el pago de los salarios y prestaciones sociales desde el 30 de abril de 2015, hasta la fecha de liquidación definitiva de la sociedad demandada. En segundo lugar, en lo concerniente al bono de asistencia y la validez de pacto de exclusión salarial, indicó que en el presente evento no existe controversia en torno a que el bono de asistencia o bonificación por asistencia, fue ofrecido por CBI al demandante, de acuerdo con la política salarial implementada por la contratante Reficar, explicándosele al trabajador las condiciones del pago, las

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Radicación n.° 97026 cuales fueron aceptadas de forma voluntaria, ya que en el libelo genitor no se alegó la existencia de un vicio en el consentimiento.

Dijo que en la cláusula cuarta del contrato de trabajo suscrito entre las partes (f.° 241), se estableció lo siguiente: Que la remuneración mensual del señor Arteaga Montes estaría conformada por un salario ordinario y una bonificación de asistencia condicionada. Que la causación del bono de asistencia estaría determinada por dos indicadores: (i) el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y, (ii) el desempeño del empleado y de su equipo de trabajo en las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE); disponiéndose también, que de generarse la bonificación, conforme a las condiciones pactadas, sería “pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio”. Además, que si dicha bonificación se causaba, se tendría en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones sociales, cesantías, intereses y primas de servicios, aportes a seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero, mas no para la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturnos, dominicales y festivos, ni vacaciones disfrutadas en tiempo, porque así se dejó textualmente consignado en la política salarial.

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Radicación n.° 97026 En consecuencia, afirmó el ad quem, que lo primero que se evidencia es que CBI nunca descono