CSJ - SL2270-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2270-2023 Radicación n.° 95920 Acta 34 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por SANDRA CARREÑO DÍAZ, contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Sandra Carreño Díaz llamó a juicio a Colpensiones con el fin de que se revoque la Resolución 43866 del 17 de febrero de 2020, mediante la cual esta entidad revocó la pensión de sobrevivientes que le había sido otorgada. En su lugar, pide

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 95920 que se le condene a concederle nuevamente dicha prestación, en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, junto con las mesadas pensionales debidas desde el momento en que cesó el pago de ese derecho; los intereses de mora; la indexación; lo ultra o extra petita y las costas del proceso. Solicita también que se ordene a la accionada a desistir y archivar cualquier proceso, diligencia penal o fiscal que se hubiese iniciado en su contra. Como hechos soporte de sus pedimentos, informó que, a finales de 1991 conoció a Ricardo Hernández Rodríguez, con quien, inicialmente, entabló una relación personal y de

amistad la cual fue formalizada como de pareja en 1995, momento a partir del cual, y hasta el 11 de marzo de 2018fecha del deceso de aquélmantuvieron un proyecto de vida común, de ayuda mutua y apoyo espiritual. Refirió que, en 2003, decidieron comprar un lote con recursos de ambos, con el fin de construir una casa para su proyecto de vida; que el 6 de mayo de 2012, el curador urbano No. 1 de Bogotá, les otorgó licencia de construcción para una edificación de dos pisos; que desde el año 2006, Ricardo Hernández Rodríguez empezó a presentar quebrantos de salud, lo que llevó a que tuviera que ser hospitalizado en varias oportunidades y a someterse a tratamientos de quimioterapia; que en el año 2007, a causa de una intervención quirúrgica, perdió la visión. Indicó que, en esa oportunidad, ella se encargó de todos los cuidados, alimentación, vestuario y curaciones por él requeridos.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 95920 Puso de presente que, debido a tales circunstancias, decidieron de mutuo acuerdo, que lo mejor para él y para ella debido a su situación laboral, era que se trasladara a la casa de su hermana, Carmen Hernández Rodríguez, sin que esto afectara su relación sentimental sin que hubiera cesado la ayuda mutua y el deber de socorro entre los dos. Sostuvo que, mediante Resolución 59087 de 2007, Colpensiones le otorgó pensión de invalidez a Ricardo Hernández Rodríguez; que el 31 de agosto de 2012, fue

inscrita como beneficiaria de aquél en el sistema de salud; que el 19 de abril de 2013, contrajeron matrimonio y que mantuvieron su convivencia hasta el fallecimiento de su esposo, ocurrido el 11 de marzo de 2018. Agregó que, si bien, mediante Resolución 215178 del 14 de agosto de 2018, Colpensiones le otorgó la pensión de sobrevivientes por el deceso de su cónyuge, dicha determinación fue revocada en Resolución 43866 del 17 de febrero de 2020, supuestamente, porque en virtud de una investigación administrativa adelantada por la firma Adalid Sintecto 2017, la pareja no había convivido el tiempo mínimo exigido por la ley, compulsando, además, copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación a fin de investigar las posibles conductas punibles en que habría incurrido. Agregó que agotó reclamación administrativa.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 95920 Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En relación con los hechos, admitió lo relacionado con la licencia de construcción que le fue otorgada a la demandante y al pensionado, según los documentos aportados para tal fin; el trámite administrativo y las resoluciones emitidas en lo que respecta al derecho pensional reclamado; la muerte del causante y la condición de esposa de la actora; los demás, los negó o dijo que no le constaban. En su defensa, puntualizó que, aunque en un primer momento le concedió a la demandante la pensión de

sobrevivientes reclamada, luego se advirtió la presencia de inconsistencias en los testimonios y declaraciones rendidos ante la entidad, motivo por el cual se adelantó una investigación administrativa en la que se evidenció que Sandra Carreño Díaz no convivió con el causante, sino que simplemente sostuvo una relación sentimental con él, aparte de que existe un difuso margen temporal en el que pudo haberse dado la convivencia de esa pareja, que no permite tener por cumplido el requisito de convivencia exigido por la ley en estos eventos. Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia del derecho reclamado por falta de requisitos legales, cobro de lo no debido, presunción de legalidad de los actos administrativos, no procedencia al pago de costas, buena fe y cualquiera de oficio que resultare probada en el trámite.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 95920

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 12 de enero de 2021, absolvió a la accionada de las pretensiones dirigidas en su contra y condenó en costas a la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 31 de marzo de 2022, confirmó la decisión apelada y condenó en costas a la recurrente en la alzada.

En primer lugar, señaló que el problema jurídico que debía definir consistía en establecer si la accionante era beneficiaria, en calidad de cónyuge, de la pensión de

sobrevivientes que reclama ante el fallecimiento del pensionado, Ricardo Hernández Rodríguez. Indicó que no era objeto de debate la condición de pensionado de Hernández Rodríguez, la cual se desprendía de la Resolución 59087 del 5 de diciembre de 2007, mediante la cual le fue otorgada pensión de invalidez, desde el 27 de noviembre de 2006 y en cuantía de $408.000. Precisó que es la fecha de deceso la que determina la norma a aplicar en cada caso, y, para el presente, era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 95920 13 de la Ley 797 de 2003, toda vez que el pensionado falleció el 11 de marzo de 2018. Anotó que, para ese momento, la demandante tenía 54 años. Dijo que analizados los medios de prueba era posible inferir que la accionante se había casado con el pensionado, el 19 de abril de 2013, de modo que, dada su calidad de cónyuge, debía determinar si había existido convivencia continua e ininterrumpida como esposos, para lo cual, aquella tenía que demostrar que vivieron juntos y mantuvieron un nexo sentimental con ánimo de convivencia, por lo menos, durante cinco años. Explicó que obraban el plenario las declaraciones de David Alejandro Mejía, Santos Hernández Rodríguez y Carmen Cecilia Hernández, los últimos, hermanos del causante, quienes afirmaron que la accionante contrajo matrimonio con Ricardo Hernández Rodríguez; que no

habían tenido hijos; que desde el año 2007, aquél quedó ciego a causa de una enfermedad; que a partir de ese momento, el pensionado se fue a vivir con su hermana Carmen Cecilia en el barrio Marco Fidel Suárez, y que eran sus hermanos quienes se encargaban de llevarlo a las citas médicas o sesiones de quimioterapia. Carmen Cecilia puntualizó que le arrendó un apartamento pequeño al causante, por $80.000; que le lavaba la ropa y la preparaba los alimentos y que desconocía qué hacía con la mesada pensional que recibía.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 95920 Igualmente, refirieron que la demandante siempre vivió en el barrio Castilla con su hijo y sus padres; que los fines de semana visitaba a su pareja, porque entre semana trabajaba. Por su parte, la demandante Sandra Carreño, en el interrogatorio de parte, puso de presente que, a partir del 2008, el causante se fue a vivir con la hermana, a fin de que esta se encargara de su cuidado, a cambio de una compensación económica. Anotó que siempre ha residido en el barrio Castilla, con sus papás y su hijo; que se visitaba con su pareja cada ocho o quince días, y que ello fue así hasta el momento en que a Hernández Rodríguez le prescribieron oxígeno, momento en el que no quiso volver a salid de la casa donde vivía; y que entre julio y octubre de 2007, su cónyuge se quedó con ella en la vivienda donde ella vivía. Así las cosas, estimó que, si bien estaba demostrado

que la actora tuvo una relación sentimental con Ricardo Hernández Rodríguez, esta no se desarrolló como una comunidad de vida en la que se compartiera techo y lecho pues, por lo menos, desde el año 2007, la pareja vivía separada en casas diferentes, aparte de que los cuidados del causante fueron encargados a una hermana. En consecuencia, concluyó que en este asunto no estaban demostrados los cinco años de convivencia en cualquier tiempo exigidos por la ley, refiriendo que, si bien ese requisito pudo haberse acreditado con anterioridad al

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 95920 año 2007, esa situación no fue demostrada, ni siquiera por parte de los declarantes, quienes sólo refirieron circunstancias ocurridas con posterioridad al momento en que el pensionado perdió su visión, desconociéndose cuál era la situación de ambos entre 1991 -data en la cual la pareja dice que se conoció- y cuando el pensionado enfermó -2007. Resaltó que esa información no podía desvirtuarse con las declaraciones extrajudiciales aportadas al proceso, pues aunque dos de los testigos y el propio causante manifestaron que la pareja había convivido durante más de 23 años, y desde el 23 de marzo de 1991, lo cierto es que dichas afirmaciones estaban claramente desacreditadas, ya que también refirieron que, desde 2007, aquellos se frecuentaban sólo semanal o quincenalmente, en viviendas diferentes, por lo que no eran ciertas tales aseveraciones. Advirtió que el presunto acuerdo que, dice la demandante, tuvo con su cónyuge para convivir en lugares

separados, no tiene la virtud de suplir la ley aplicable al caso, que exige cinco años de convivencia, en cualquier tiempo, y aunque la jurisprudencia ha admitido que ciertas separaciones físicas no rompan ese vínculo afectivo, esas circunstancias no se observaban en este asunto. Precisó que los trabajos de la demandante eran en la misma ciudad de residencia de su esposo, quien tampoco estaba en una institución especial o requería cuidados de personal calificado. De modo que no había prueba de que la separación física de los cónyuges obedeciera a razones de

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 95920 salud, trabajo, económicas, de fuerza mayor o caso fortuito, aparte de que la pareja no se caracterizaba por la ayuda mutua ni la asistencia solidaria, pues fue la hermana del causante quien, en los últimos once años de vida, veló por su cuidado, alimentación, limpieza y acompañamiento. Agregó que no desconocía que la demandante y el causante adquirieron conjuntamente un terreno en el que pretendieron hacer una edificación de uso bifamiliar y en el que eventualmente planearon consolidar su relación sentimental, no obstante, los medios de convicción no mostraban que ese proyecto se hubiera concretado pues, ni siquiera, se evidenció que ese edificio se hubiera construido. Por lo anterior, confirmó la decisión absolutoria.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La actora solicita que la Sala case totalmente la decisión emitida por el colegiado y, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo, condenando a la accionada conforme a las peticiones invocadas en la demanda inaugural.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 95920 Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; inciso tercero del literal a) y artículo 141 de la misma ley, en relación con el artículo 1 y ss. de la Ley 1204 de 2008; 60 y 61 del CPTSS y 195 del CGP.

Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes errores fácticos: Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación sentimental de Ricardo Hernández con Sandra Carreño no se desarrolló como una comunidad de vida en la que se compartiera techo, lecho y mesa. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no acreditó cinco años de convivencia en cualquier tiempo, con Ricardo Hernández. Dar por demostrado, sin estarlo, que la condición de invidente de Ricardo Hernández no ameritaba el cuidado de una persona calificada. Dar por demostrado, sin estarlo, que la separación física de los cónyuges no obedeció a razones de salud, de trabajo, económicas o incluso de fuerza mayor o caso fortuito atendibles.

No dar por demostrado, estándolo, que la pareja conformada por Sandra Carreño y Ricardo Hernández Rodríguez tuvo una convivencia superior a los cinco años con anterioridad al momento de la muerte de este último.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 95920 No dar por demostrado, estándolo, que la relación entre la actora y Ricardo Hernández se desarrolló como una pareja en comunidad de vida, por más de cinco años antes de la muerte de este último. Indica que los anteriores yerros se cometieron por la apreciación equivocada de los siguientes elementos de prueba: copia de la cédula de ciudadanía de la demandante; registro civil de matrimonio; registro civil de defunción; copia de la cédula de ciudadanía del causante; comprobante de ingreso de Coopserfun; formato de novedades Nueva EPS; comunicación al ISS (folio 29); reporte de Colpensiones sobre semanas cotizadas; factura de venta Coopserfun por servicios funerarios; declaraciones extrajuicio de Santos Hernández Rodríguez y David Alejandro Mejía Carreño; solicitud elevada por la actora a Colpensiones; licencia de construcción; certificado de tradición matrícula inmobiliaria; Resoluciones DPE 8274 del 22 de mayo de 2020 y sub 215178 del 14 de agosto de 2018 de Colpensiones; fotografías; expediente administrativo del causante; interrogatorio de parte rendido por la demandante; y testimonios de Santos Hernández Rodríguez, David Alejandro Mejía y Carmen Cecilia Hernández Rodríguez. Precisa que enuncia todas las pruebas que le sirvieron al Tribunal para fundar su decisión, pero que solo se ocupa

de analizar aquellas que le permitieron precisar su edad; la de su cónyuge, la fecha de nacimiento y defunción; las semanas cotizadas por el pensionado y aquellas otras que lo llevaron a concluir, equivocadamente, que no convivió durante cinco años con Ricardo Hernández Rodríguez.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 95920 Señala que ella nació el 9 de julio de 1963 y su esposo el 29 de octubre de 1968, tal como se evidencia de las cédulas de ciudadanía; que se casaron el 19 de abril de 2013 -registro civil de matrimonio-; que, según el certificado de defunción, su esposo murió el 11 de marzo de 2018 y que este último cotizó a Colpensiones. Manifiesta que estos documentos demuestran que, al momento del fallecimiento de su cónyuge, ella tenía más de 30 años, lo que le daba la titularidad para hacerse acreedora a la pensión de sobrevivientes que aquél venía recibiendo, pese a lo cual, el Tribunal sólo dedujo de esos elementos su edad y, con ello, tuvo por cumplido únicamente el primero de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, quedando pendiente el de la convivencia. No obstante, de haber analizado correctamente las demás pruebas, hubiera también tenido por acreditado el presupuesto de convivencia entre los cónyuges superior a los cinco años, puesto que mucho antes de contraer matrimonio, ya tenían una relación de pareja. Así, dice que el comprobante de ingreso emitido por Coopserfun (f.º 27) relaciona un pago excedente por $65.000,

recibidos de Sandra Carreño Díaz respecto del fallecido, lo que evidencia que estuvo pendiente de su esposo hasta el momento del deceso, porque de lo contrario, otra persona hubiera cancelado esa suma (sic). Así mismo, en el formato

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 95920 de novedades de Nueva EPS se observa que el causante la inscribió como beneficiaria, el 31 de agosto de 2011, lo que indica claramente que, desde antes del matrimonio, tenían vínculos afectivos y de pareja. Agrega que, en comunicado del 24 de agosto de 2012, el pensionado la presentó a ella como beneficiaria ante Colpensiones a efectos del reconocimiento de sustitución pensional provisional en el evento en que aquél falleciera. De modo que, se observa que fue el propio causante quien, mucho antes de los cinco años previos a su muerte, le hizo saber a la entidad demandada que ella tenía condición de beneficiaria al cumplir los requisitos exigidos por la ley, es decir, que la convivencia a esa fecha ya estaba suficientemente acreditada. Advierte que, a esas alturas, el juzgador de segundo grado no podía dudar de la buena fe y de la verdad expresada por el causante en ese documento. Manifiesta que la factura de venta por servicios funerarios muestra que fue ella quien asumió dichos gastos, por un valor de $3.906.210 y que, por ende, estuvo pendiente de su esposo más allá del día de su muerte, lo cual, anota, es una señal de convivencia entre aquellos y que esa unión estuvo vigente hasta el final de la vida del pensionado.

Agrega que otorgó poder a Coopserfun para que gestionara ante Colpensiones el reclamo de los gastos funerarios, lo que evidencia que actuó en condición de

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 95920 cónyuge en las actividades administrativas con pleno derecho. La licencia de construcción del 6 de mayo de 2010, prueba que adquirieron un lote en conjunto, lo que demuestra que desde el 9 de julio de 2003, la pareja ya tenía una vida en común, al punto que compraron un bien en el que pensaban hacer una vivienda, pues adelantaron el trámite de permiso para la construcción de una casa de dos pisos. De allí, aduce, el Tribunal habría concluido que la convivencia superó los cinco años exigidos por la ley. Sostiene que las resoluciones denunciadas evidencian que, en un comienzo, Colpensiones le había otorgado la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge de su esposo fallecido, lo que muestra que tenía por acreditada su calidad de beneficiaria, pese a lo cual, revocó dichos actos administrativos con fundamento en la investigación que adelantó la empresa Adalid Sintecto 2017. También, dice, obran fotografías en las que aparece con su esposo en diferentes momentos, como es el 1 de enero de 2005 (f.º 131); 25 de julio de 2009 (f.º 114) y otras varias en las que se les ve compartiendo vida común, familiar y social, igual que en su lecho de enfermo (f.º 132), lo que indudablemente muestra que convivían como pareja que.

Refiere que en el expediente administrativo está incluida la investigación adelantada por la unión temporal

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 95920 relacionada en precedencia, en la que se precisó que, conforme a unas conversaciones telefónicas que tuvieron funcionarios de dicha empresa con los hermanos del causante, podían desvirtuar la presunta convivencia entre la pareja afirmada en diversas declaraciones extrajudiciales. En su criterio, no es posible darle valor al contenido de dichas llamadas, pues no se sabe si lo transcrito fue de verdad lo dicho por los supuestos familiares del causante, pero, en todo caso, es claro que el pensionado, debido a un problema de salud, tuvo que irse a vivir con una hermana quien se encargó de atenderlo, y ella lo visitaba los sábados y domingos, de manera que siguió pendiente de él y no lo abandonó. Estima que en el interrogatorio de parte rendido por ella se evidencian tales circunstancias y que, como su esposo enfermó y ella tenía que trabajar, decidieron que la hermana de él se hiciera cargo de su cuidado y que ella, frecuentemente, se quedara allá los fines de semana, por ahí cada quince días o menos. Estas afirmaciones, anota, deben aceptarse como una confesión de que, si bien no estuvo permanentemente al lado de su cónyuge, no lo desatendió. Luego, hace algunas precisiones respecto de las declaraciones extrajudiciales y la prueba testimonial, las cuales, en su criterio, confirman que en este asunto se verificó el requisito de convivencia entre ella y el causante por

más de cinco años, por cuanto se trató de una unión que siempre estuvo alimentada por el amor y que, si bien en el

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 95920 último tiempo, no fue permanente, esto es, día a día como hubiera sido lo anhelado, fue porque Ricardo se enfermó y ella debía seguir laborando para atender sus necesidades. Agrega que, como lo ha aceptado esta Sala de Casación, la convivencia puede aceptarse sin cohabitación permanente de la pareja bajo el mismo techo, cuando ello está justificado por diversas razones, dentro de ellas, las de salud y trabajo. Refiere extractos de las decisiones CSJ SL6519-2017 y CSJ SL14237-2015.

VII. RÉPLICA Colpensiones precisa que el Tribunal negó el derecho reclamado al considerar que entre la pareja no estaba demostrado el requisito de convivencia y que la separación física entre ellos no ocurrió por motivos de salud, trabajo, económicos, de fuerza mayor o caso fortuito.

Indica que en el recurso extraordinario no se hace alusión a situaciones concretas que acreditaran alguna de las situaciones que la jurisprudencia ha entendido como justificativas de esa separación entre los esposos, pues simplemente menciona que, aunque no estaban juntos, no lo desatendió, sin señalar qué motivos impedían que durmieran bajo el mismo techo, máxime si ella trabajaba en la misma ciudad que el causante.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 95920 Concluye que, al no ser derruido el pilar fundamental

sobre el cual versó el fallo, el cargo no tiene vocación de prosperar.

VIII. CONSIDERACIONES La acusación planteada por la censura es de orden fáctico, y lo que cuestiona es que el Tribunal no hubiera tenido por acreditado el requisito de convivencia entre los cónyuges durante cinco años, en cualquier tiempo, pese a que, asegura, las pruebas daban cuenta suficiente de ello.

Su tesis la pretende demostrar aludiendo a dos situaciones: por una parte, estima que los medios de convicción acreditan que la forma en que se desarrolló su relación como pareja era muestra clara de la intención de ambos de formar una comunidad de vida y apoyo mutuo, que demostrarían la convivencia --los errores primero, segundo y quintoy, de la otra, busca evidenciar que, pese a que existió una separación física entre ellos, tal circunstancia obedeció a unas condiciones especiales de salud de su esposo, lo que conllevó su cuidado por parte de una de las hermanas. En esa medida, le corresponde a la Corte establecer si el juez de segunda instancia hizo una apreciación equivocada de los medios de convicción denunciados y si, contrario a lo concluido en la sentencia, las circunstancias particulares del caso permitían concluir que el requisito de convivencia sí

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 95920 estaba acreditado, pese a que, en algún tiempo, la pareja tuvo que distanciarse físicamente. Para resolver el problema que se presenta en esta oportunidad, debe ponerse de presente que el ad quem estimó que, si bien la accionante podía ser beneficiaria de la

pensión de sobrevivientes reclamada, dada su edad y la condición de cónyuge del pensionado fallecido, lo cierto es que no se cumplía el presupuesto relativo a la convivencia durante cinco años, en cualquier tiempo, ya que lo que las pruebas mostraban, especialmente la testimonial, era que la actora y Ricardo Hernández tuvieron una relación sentimental, pero que esta no se materializó como una comunidad de vida, pues no había ningún elemento que respaldara que alguna vez vivieron juntos como pareja. Precisó que, al menos, desde el año 2007, era claro que cada uno de los esposos vivió en casas separadas, y que no había ningún elemento que corroborara que antes de esa calenda hubieran convivido, al menos, cinco años en cualquier tiempo. Además, tuvo en cuenta que, aunque la jurisprudencia permite que, ante ciertas circunstancias que lleven a los esposos a separarse por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de todos modos se tenga por cumplido el requisito de convivencia, estas no se presentaban en este asunto, no sólo porque no fueron probadas, sino porque se sabía que la actora vivía y trabajaba en la misma ciudad que aquella en la que residía el causante, este último, quien no

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 95920 necesitaba de cuidados calificados que no pudieran ser prodigados por ella. Resulta oportuno recordar, sin perjuicio de la senda elegida, que la norma que rige los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante. En ese contexto, la disposición

aplicable al caso es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, por encontrarse vigente al 11 de marzo de 2018, fecha del deceso del pensionado, la cual precisa: Artículo 13: Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. Esta corporación, en múltiples ocasiones ha señalado que la convivencia con el causante, que tenga la calidad de pensionado, corresponde por lo menos a cinco años y, en el caso de la compañera permanente, esta debe acreditarse en el período inmediatamente anterior al fallecimiento, en tanto que la cónyuge puede demostrarla en cualquier tiempo. De esa manera, se ha establecido que quien pretenda la pensión de sobrevivientes alegando la condición de cónyuge del pensionado fallecido, debe cumplir como presupuesto

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 95920 esencial para el reconocimiento pensional, el requisito de la convivencia efectiva, real y material, por un tiempo mínimo

de cinco años, en cualquier tiempo. En efecto, en múltiples providencias, entre ellas en la sentencia CSJ SL3693-2021 la Corte indicó:

1. Requisitos para el acceso a la pensión de sobrevivientes En relación con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se destaca que la Corte en su labor interpretativa ha analizado diversos supuestos que pueden presentarse en relación con el requisito de convivencia y el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte del afiliado (a) o pensionado (a) respecto a su cónyuge o compañeros (as) permanente (s), lo cual depende de si los vínculos que se han desarrollado son singulares o plurales, el (la) causante era afiliado (a) o pensionado (a), la edad del beneficiario

(a), si este (a) tuvo hijos o no con el (la) causante y si existía o no un vínculo actuante entre la pareja al momento del fallecimiento. Ahora, ante el fallecimiento de un pensionado con un vínculo singular, en el caso de la cónyuge supérstite y el de la compañera permanente, la Sala ha establecido que para el acceso a la pensión de sobrevivientes se debe acreditar la convivencia durante los cinco años anteriores al deceso de aquel (CSJ SL1399-2018); y en el de la cónyuge separada de hecho, ha «defendido el criterio según el cual la convivencia por un lapso no inferior a 5 años puede ocurrir en cualquier tiempo».). (Resalta ahora la Sala) Y en cuanto al concepto de convivencia, este se caracteriza por el

ánimo o la voluntad de construir un proyecto de vida común basado en el apoyo mutuo, afectivo y la solidaridad entre los miembros de la pareja. De otra parte, y dado que se trata de un aspecto debatido por la censura, debe ponerse de presente que esta Sala de Casación ha puntualizado que el hecho de que los cónyuges tengan domicilios diferentes no es una circunstancia determinante para concluir que entre ellos no existió una verdadera comunidad de vida, puesto que no es

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 95920 el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general, el acompañamiento espiritual permanente que den la plena sensación de que no ha sido la intención de los compañeros finalizar su unión marital, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar (CSJ SL 12029-2016). De manera que, se ha sostenido que la convivencia debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja si

notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una parej