CSJ - SL228-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL228-2023 Radicación n.° 86155 Acta 02 Bogotá, D. C., enero (30) de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por

CARLOS EDUARDO QUINTERO VALDERRAMA,

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y la COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL -COMUNAcontra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), en el proceso ordinario laboral que le promovió el primer recurrente contra los otros dos y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOLA COMUNA-.

I. ANTECEDENTES Carlos Eduardo Quintero Valderrama llamó a juicio a la

Universidad Cooperativa de Colombia, Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional - Comunay Cooperativa de Trabajo Asociado - La Comuna-, con el fin de que se declarara: i) la

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Radicación n.° 86155 existencia de un contrato de trabajo con las dos primeras accionadas, entre el 24 de julio de 1995 y el 20 de mayo de 2000 y con la última un vínculo laboral, desde 1° de septiembre de 2011 hasta el 2 de junio de 2012; así como, la ineficacia de los convenios de trabajo de asociado que celebró por los mismos periodos; que desde febrero hasta junio de 2012 estuvo trabajando directamente a la universidad; que

entre él y las demandadas surgió un contrato a término indefinido por las características de la prestación del servicio, subordinación y salario; que fue desvinculado estando amparado por fuero circunstancial; la ineficacia del despedido efectuado por la institución de enseñanza superior el 2 de junio de 2012; que prestaba sus servicios de manera directa al ente educativo; que las accionadas no le han cancelado el salario, las cesantías, intereses a las mismas, las primas de servicios y vacaciones, desde la data de la terminación de la relación hasta el reintegro; así como los aportes al sistema de pensiones, desde el 24 de julio de 1995 hasta el 20 de mayo de 2000. En consecuencia, solicitó que se condenara solidariamente a las enjuiciadas a reintegrarlo a un cargo igual o superior al que desempeñaba, a pagarle los aportes al fondo de pensiones, desde el 24 de julio de 1995 hasta el 20 de mayo de 2000, los salarios dejados de percibir, las cesantías, intereses a las mismas, primas de servicios. vacaciones y los aportes a pensión y salud, entre el 2 de junio de 2012 hasta el 2 de abril de 2015 y desde el día siguiente hasta el reintegro; la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indexación. Y subsidiariamente pidió el pago de la indemnización

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Radicación n.° 86155 moratoria del artículo 65 del CST y lo que se probara ultra y extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones en que el 24 de julio de

1995 se vinculó a la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Cooperativa Comuna hasta el 20 de mayo de 2000, mediante contrataciones sucesivas; que durante este vínculo omitieron realizarle la afiliación y el pago de aportes a la seguridad social en pensiones; que entre Comuna y el ente universitario se suscribió un convenio para el suministro de personal docente y no docente; que en la cláusula primera se leía la obligación de provisión de personas que se requerían bajo el sistema de convenio de trabajo asociado con las condiciones y compensaciones del acuerdo y en la cláusula segunda se estipulaba que el personal sería seleccionado por la entidad educativa enjuiciada y contratado por la CTA bajo la figura de trabajo asociado. Adujo que el «1° de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2011» fue vinculado nuevamente por la universidad, a través de convenio corporativo asociado, pero contratado por la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna; que el 1° de febrero de 2012 fue empleado directamente con la universidad hasta el 2 de junio del mismo año. Aseveró que la contratación se dio sin solución de continuidad, a pesar de las maniobras por parte de la universidad para no darle continuidad al contrato laboral; que ejecutaba su actividad personal por encargo de esta; que formaba parte de su organización administrativa con vocación

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Radicación n.° 86155 de permanencia; que recibía una remuneración por parte de la Cooperativa la Comuna en razón al contrato suscrito en 2011.

Sostuvo que era notoria la intención de disfrazar la relación laboral cuando la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna y la Universidad Cooperativa de Colombia tenían el mismo representante legal. Manifestó que fue seleccionado por la entidad educativa y contratado por La Comuna para ser enviado en misión; que las labores que desarrolló eran las de docente y catedrático de medio tiempo en 2011 y 2012, las cuales ejecutó de manera personal y atendiendo instrucciones del jefe inmediato de la universidad y cumpliendo horario de trabajo; que presentaba informes al ente de enseñanza superior teniendo en cuenta la subordinación a la que estaba sometido. Aludió que para el año 2012 fue enganchado directamente por la universidad demandada; que los subordinados así vinculados decidieron ejercer sus derechos de asociación y libertad sindical y el 16 de abril de ese año se reunieron constituyendo la subdirectiva de SintraunicolUniversidad Cooperativa de Colombia Seccional Bogotá-, con 25 miembros fundadores y que él se vinculó al Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia el 28 de abril siguiente; que los miembros de la directiva de la universidad lo abordaron para hacerle saber su descontento por haberse afiliado. Explicó que el 11 de mayo de 2012, Sintraunicol UCC radicó pliego de peticiones ante el representante legal de la

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Radicación n.° 86155 universidad haciendo el respectivo depósito en la oficina del Ministerio de Trabajo; que a partir de esa data el ente educativo quedó inmerso en una negociación con sus trabajadores y, por

ende, ostentaba la especial protección regulada por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 del fuero circunstancial. Dijo que, con antelación al 2 de junio de 2012, la entidad de educación le comunicó que su contrato no sería renovado omitiendo el fuero circunstancial que acreditaba; que al efectuarse su desvinculación laboral quedó desprotegido frente a la seguridad social integral afectando sus derechos constitucionales; máxime cuando era sujeto de especial protección, por ser una persona de la tercera edad y padre cabeza de familia con menores a su cargo. Mencionó que los trabajadores a los que no se les renovó el contrato acudieron en acción de tutela; que él en ese momento no lo hizo, pues estaba ausente por motivos personales y la asesora jurídica del sindicato lo conminó a esperar la decisión de segunda instancia para no entorpecer el trámite, por lo que acudió tardíamente al mecanismo de defensa constitucional y se le declaró improcedente por falta de inmediatez; que elevó solicitud de reintegro sin que haya obtenido ninguna respuesta. Señaló que el salario que devengaba al finalizar la relación laboral ascendía a $1.028.935; que fue despedido injustificadamente (f.°182 a 227, cuaderno principal). La Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó que el actor fue contratado desde 1° de septiembre al 12 de diciembre de

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2011 como profesor de medio tiempo, nunca siendo catedrático; que la vinculación con esta se realizó mediante convenio de trabajo asociado fijo inferior a un año; que emitió comunicación conjunta con la universidad informando la decisión de migrar al sistema laboral ordinario a partir del 2012, respecto de los demás manifestó que no le constaban o no eran ciertos. Propuso como excepciones de fondo las de: […] inexistencia de unicidad contractual, inexistencia de contrato de trabajo a término indefinido, pago total de las pretensiones formuladas en la demanda, compensación, cobro de lo no debido; la CTA la Comuna no ejerce intermediación laboral ejerce una labor de tercerización protegida por la Constitución y permitida por la ley; La CTA la Comuna cumple con todos los requisitos legales para ser una típica verdadera y legal cooperativa de trabajo asociado no ejerce actividades propias de las empresas de servicios temporales; inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre la CTA La Comuna y el trabajador asociado; existencia de la prestación del servicio regida por medio de un acuerdo de trabajo asociado a través de un tercero, esto es la CTA La Comuna, regulados por la Ley 79 de1988 y ni por el CST; inexistencia de las obligaciones pretendidas, mala fe del demandante; buena fe de las entidades demandadas; terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado; inexistencia de la obligación de consignar las cesantías y prescripción y la prescripción de la eventual responsabilidad solidaria (f.°288 a 308, cuaderno principal). Por su parte, la Cooperativa Multiactiva Universitaria

Nacional, rechazó las peticiones de la demanda. Sobre los supuestos fácticos dijo que no eran ciertos, no le constaban o no eran hechos. Formuló como medio exceptivos de mérito los de: […] prescripción; inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre Comuna y el trabajador asociado; inexistencia de las obligaciones pretendidas; terminación

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Radicación n.° 86155 por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado; pago, compensación, prescripción de la eventual responsabilidad solidaria; Comuna no estaba obligada a realizar aportes a pensiones durante la relación de trabajo asociado con el demandante; consolidación del derecho pensional, implica la prescripción de los elementos que lo configuran los aportes a pensiones (f.° 414 a 431 cuaderno principal) La Universidad Cooperativa de Colombia se opuso a las pretensiones. Acerca de los hechos admitió la vinculación del actor mediante contrato de trabajo asociativo fijo inferior a un año; que el 1° de febrero de 2012 lo contrató directamente hasta el 2 de junio de 2012; que emitió comunicado conjunto con la Comuna, donde informaban la decisión de migrar al sistema laboral ordinario a partir del año 2012; que el petente se afilió al sindicato el 28 de abril de ese año: que el 11 de mayo siguiente la organización sindical presentó pliego de peticiones; que mediante acción de tutela se amparó los derechos de los trabajadores sindicalizados; que al actor se le negó la protección por falta de inmediatez y el salario devengado.

Planteó como excepciones perentorias las de: […] pago, cobro de lo no debido, inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el trabajador asociado; compensación o equivalencia; existencia de la prestación del servicio del servicio regida por medio de acuerdos de trabajo asociado La Comuna, regulados por la Ley 79 de 1988 y no por el CST; inexistencia de las obligaciones pretendidas; falta de legitimidad en la causa por pasiva de la parte demandada; mala fe del demandante, buena fe de la demandada: legalidad de la contratación; terminación legal del contrato; indebida acumulación de pretensiones; prescripción; enriquecimiento sin causa; ausencia del fuero circunstancial; prescripción de los aporte a la seguridad social por obtener pensión de vejez y la genérica (f.°471 a 505, cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 86155 El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 9 de marzo de 2018 (f.° 589 Acta, CD 588, cuaderno principal), resolvió: PRIMERO: ABSOLVER a las demandadas UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el demandante señor CARLOS EDUARDO QUINTERO VALDERRAMA en el presente proceso.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción

propuesta por las demandadas CTA La Comuna y la Universidad Cooperativa de Colombia, respecto de la relaciones contractuales que sostuvieron con el actor Carlos Eduardo Quintero Valderrama entre el 01 de septiembre y el 12 de diciembre de 2011. Y se DECLARA probada la excepción de inexistencia de la obligación, conforme quedó expuesto en la parte motiva de esta decisión, declarándose el Despacho relevado del estudio de los demás medios exceptivos propuestos. TERCERO. SIN COSTAS en esta instancia. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de sentencia del 18 de septiembre de 2018 (f.° 546 Acta, CD 547, cuaderno principal), decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia por razones advertidas en la parte motiva de esta providencia, SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre Carlos Eduardo Quintero Valderrama y la Universidad Cooperativa de Colombia entre el 24 de julio de 1995 y el 17 de marzo de 2000

TERCERO: CONDENAR a la Universidad Cooperativa de Colombia y solidariamente la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna a pagar el cálculo actuarial de las cotizaciones a pensión del 24 de julio de 1995 y el 17 de marzo de 2000, a favor de la administradora de pensiones a la que está afiliado el actor o la que elija, conforme a la liquidación, que dicha administradora efectué.

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CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia, las de primera instancia estarán a cargo de las demandadas Universidad Cooperativa de Colombia y solidariamente la Cooperativa

Multiactiva Universitaria Nacional Comuna. Determinó como problemas jurídicos establecer sí se acreditó o no la existencia de un vínculo laboral, entre las partes, desde el 24 de julio de 1995 y hasta el 20 de mayo de 2000 y sí se debía condenar al reintegro por la garantía del fuero circunstancial. Señaló que en el recurso de alzada se deprecó la existencia de un único contrato de trabajo, desde el 24 de julio de 1995 hasta el 20 de mayo de 2000; que se encontró demostrada la prestación personal del servicio en beneficio de la Universidad Cooperativa de Colombia, por conducto de la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna, toda vez que así se reconoció por la pasiva al referenciar en la contestación de la demanda los convenios suscritos, desde el 24 de julio de 1995 hasta el 17 de marzo de 2000 y si bien se tenía acreditado que se interrumpieron en cortos períodos, dicha situación no desnaturalizaba la posible existencia de un único contrato de trabajo, pues se prestó el servicio por espacio aproximado de cinco años, de manera permanente. Precisó que el a quo estimó que se desvirtuó la subordinación en tanto el superior jerárquico de la universidad era el decano, quien también se constituía en un trabajador cooperado, máxime que para dichas datas estaba permitida esa modalidad de prestación del servicio; pese a lo

anterior, consideró que aquellas situaciones en manera alguna desconocían la existencia del contrato de trabajo. En efecto, encontró plenamente establecido que el demandante

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Radicación n.° 86155 prestó sus servicios como docente a la Universidad Cooperativa de Colombia. Indicó que le asistía razón al recurrente, en tanto la universidad tenía injerencia en la selección del personal, según la cláusula segunda del contrato suscrito con la Cooperativa de Trabajo, lo cual desconocía la autonomía que regía el cooperativismo y para tales efectos se resaltó la sentencia del Consejo de Estado proferida por la Sección Primera el 22 de abril de 2004, a través de la cual dicha corporación se ocupó, entre otros asuntos, de dilucidar la verdadera naturaleza de la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna y concluyó: […] no cabe duda que la Cooperativa Comuna es Cooperativa Multiactiva y que el hecho de tener una sección denominada a trabajo asociado no la convierte en una cooperativa de esa naturaleza en los términos del artículo 70 de la Ley 79 de 1988 y por ello en los estatutos no se prevé ni el régimen de trabajo ni de previsión ni de seguridad social ni de compensación de los aportantes quiénes son al mismo tiempo los trabajadores asociados, tal como lo dispuso el artículo 59 de la Ley 79 de 1988 […] al no ser cooperativa de trabajo asociado; no obstante, la existencia de la sección de trabajo social a la Universidad Cooperativa de Colombia le es aplicable en su totalidad del régimen ordinario laboral; que supone la afiliación de sus

trabajadores al sistema integral de seguridad social consagrado en la Ley 100 de 1993 y, por ende, es válida la sanción impuesta. Adujo que tal determinación sobre la naturaleza de Comuna que la excluía de la condición de ser una cooperativa de trabajo asociado y en cambio la determina como una multiactiva debe ser acogida; por tanto, la Universidad Cooperativa de Colombia al no desconocer la prestación personal del servicio del actor y estar revestida de la presunción legal del artículo 24 del CST se tenía por

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Radicación n.° 86155 acreditado el contrato de trabajo; máxime que no existía prueba alguna que demostrara que tenía autonomía. En ese orden de ideas, declaró la existencia de un vínculo laboral entre el actor y la Universidad Cooperativa de Colombia, entre el 24 de julio de 1995 hasta el 17 de marzo del año 2000, condenó a la accionada y de manera solidaria a la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna al pago del cálculo actuarial en beneficio de Colpensiones o del fondo de pensiones al que estuviera afiliado el petente, en tanto si bien en conceptos del ISS y del Ministerio no se encontraba dicha obligación en cabeza de las accionadas, lo cierto es que el demandante acreditó en esa oportunidad la presencia del contrato de trabajo, por lo que era responsabilidad de la empleadora verificar la respectiva obligación y pago de aportes al sistema general de seguridad social, la cual además estimó era de naturaleza imprescriptible según criterio, reiterado y pacífico de esta Sala. Sostuvo que, una vez determinado lo anterior, se tenía que no se apeló, la decisión de primera instancia, respecto de

la absolución por prescripción por el período comprendido entre el 1° de septiembre y el 12 de diciembre de 2011, por lo que estaba relevada de emitir cualquiera pronunciamiento sobre dicho aspecto. En cuanto al segundo punto de apelación se refirió a la configuración de la estabilidad reforzada, en virtud de la garantía del fuero circunstancial, para tal efecto encontró acreditada la vinculación laboral del actor con la Universidad

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Radicación n.° 86155 Cooperativa y su afiliación a la organización sindical, según folios 18 y 19; no obstante, discurrió que al plenario se aportó copia del contrato de trabajo escrito a término fijo, el cual estableció como plazo de terminación el 2 de junio 2012 y se confesó por activa que le fue comunicada la decisión de no prorrogar el vínculo antes de su vencimiento aportándose además, la respectiva misiva que databa del 1°de mayo del año 2012, en ese orden de ideas la relación feneció por vencimiento del plazo, lo cual se constituía en causa legal, de conformidad con literal c del artículo 61 del CST. Expuso que sobre el particular en la sentencia CSJ SL, 25 mar. 2009, rad. 34142, se dijo: […] lo anterior, no obsta para precisar que en tratándose de contratos a término fijo la garantía de estabilidad laboral que se le brinda al trabajador con fuero no puede extenderse más allá del vencimiento del plazo fijo pactado, pues si lo que prohíbe

legislador es el despido, tal supuesto fáctico no se da cuando la terminación del contrato se produce por uno de los modos establecidos legalmente como sucede con fenecimiento de la relación laboral por cumplirse el plazo que por consenso acordaron las partes; en efecto, todas las garantías que se derivan del fuero sindical deben ser acatadas y respetadas por los empleadores durante el término de vigencia del contrato cuando de nexos contractuales por periodo fijo se trate, de ahí que no se requiera autorización judicial para dar por terminado un nexo contractual a término fijo en el evento de ostentar el trabajador la garantía que se deriva del fuero. Aseveró que, por tanto, le asistió razón al a quo al absolver de la pretensión de reintegro, en tanto no resultaba de aplicación la garantía del fuero cuando el contrato terminaba por la causa legal del vencimiento del plazo pactado, que se debía acotar que en el recurso de alzada se hizo alusión a la mala fe del empleadora; no obstante, no era dable condenar por indemnización moratoria, pues solo prosperó la condena por concepto del cálculo actuarial por

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Radicación n.° 86155 aportes en pensiones, entre el 24 de julio de 1995 y el 17 de marzo de 2000 y cualquier otra consecuencia de dicha omisión se encontraba prescrita teniendo en cuenta además, que no se apeló por la absolución por el periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 12 de diciembre de 2011, lo cual también fue denegado por haberse configurado la

prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN (PARTE DEMANDANTE) Interpuesto por el Carlos Eduardo Quintero Valderrama, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la primer grado y, en consecuencia, declare la existencia de un contrato de trabajo entre él y la Universidad Cooperativa de Colombia y condene al ente educativo y solidariamente a la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna a pagar el cálculo actuarial de las cotizaciones a pensión, entre el 24 de julio de 1995 y el 17 de marzo de 2000, a favor de la administradora de pensiones en la que está afiliado el actor o la que elija, conforme a la liquidación que dicha administradora efectué.

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Radicación n.° 86155 También que se declare que era beneficiario del fuero circunstancial y la ineficacia de la finalización del contrato laboral, en consecuencia, se ordene el reintegro laboral del recurrente, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, desde el 2 de junio de 2012 hasta el momento de aquel; igualmente, el pago de la indemnización moratoria y la indexación de las sumas adeudadas (f.°15, cuaderno de la Corte). Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo, el cual fue objeto de réplica y se estudiará a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada por violación directa de la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea, […] de los artículos 25 del Decreto Legislativo 2351 de 1965; en relación con el preámbulo de la constitución, los artículos 1°, 2°, 13, 25, 29, 39, 53, 55, 83, 228 y 230 de la Constitución Política, artículos 10° y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, convenios 87 y 98 de la OIT, artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; debido a los flagrantes y manifiestos errores juris in judicando - al expresar un entendimiento que no corresponde a su genuino y cabal sentido, conforme a los contenidos materiales de la Constitución, que condujo al desconocimiento de la figura de la protección del trabajador durante la negociación colectiva; lo que condujo a la vulneración de los artículos 57, 43, 64, 65, 189, 306, 249; igualmente los artículos, 1 de la Ley 52 de 1975 y 90 de la ley 50 de 1990 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 86155 Sostiene que el Tribunal resolvió con fundamento en que la terminación del contrato laboral obedeció a una causa legal al acontecer el fenecimiento de la relación criterio que no goza de sustento legal, por cuanto el mismo desaviene lo estipulado en el artículo 25 del Decreto Legislativo 2351 de

1965; que de este canon se genera un «fuero sindical» en razón a la negociación colectiva de trabajo entre los extremos de la relación, conflicto que hace imperiosa la necesidad de protección a la parte subordinada conformada por el grupo de trabajadores que integran la agrupación colectiva quien eleva el pliego de peticiones, de posibles desvinculaciones por la movida sindical que se encuentra en debate. Alega que el artículo citado en ningún aparte secciona a los servidores, de acuerdo a su vinculación, ya que para el legislador no importa el tipo vínculo que ate a las partes, en virtud del principio de igualdad y de manera general se extiende el fuero para aquellos trabajadores no vinculados al grupo sindical que promoviere el pliego de peticiones de no ser despedidos, removidos o desmejorados sin previa autorización judicial mientras durare la negociación en protección de los mismos y sus derechos laborales constitucionalmente protegidos. Manifiesta que al momento de su retiro se encontraba pendiente por finiquitar un pliego de peticiones promovido por Sintraunicol asociación a la que se vinculó, conforme se desprende de las probanzas; que por tanto, se podía deducir con acierto que los despidos que se generaron, en virtud de la negociación promovida por Sintraunicol se constituirían en persecución laboral atendiendo a la protección del fuero

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Radicación n.° 86155 circunstancial nacido desde la presentación del pliego hasta que se terminara el debate del mismo. Precisa que a la terminación del vínculo laboral se

encontraba vigente la mencionada negociación; que el fuero circunstancial hace referencia a una protección reforzada que se traduce en la continuidad de la relación laboral: que obligaba al pago de los salarios dejados de percibir y que como lo expresa la jurisprudencia de esta Sala no apunta hacía la indemnización sino hacia la estabilidad laboral. Al respecto cita las sentencias CC C588-1995, CC C016-1998,

CC T 040-2001, CC T-1083-2007.

Indica que, conforme a estos planteamientos de las altas cortes al encontrarse vinculado a Sintraunicol UCC, luego de presentar pliego de peticiones en debida forma a la universidad y en tanto no se había terminado el conflicto colectivo, toda vez que no se había llegado a la firma de la convención o del pacto, ni había quedado ejecutoriado ningún laudo arbitral sobre el particular, se encuentra protegido por el fuero circunstancial, razón por la cual no podía terminarse el contrato aunque fuera a término fijo, pues cumplía con los supuestos establecidos por la Corte para que se le prorrogaran como se venía haciendo. Sobre el asunto transcribió apartes de la sentencia SU-432-2015. Plantea que el fallador de segundo grado erró ostensiblemente en la intelección de la norma, por cuanto: i) desvinculó al promotor de la acción encontrándose vigente una negociación entre el demandante y el sindicato Sintraunicol UCC del cual hacía parte el extremo activo; ii) la

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Radicación n.° 86155 desvinculación se efectuó en desconocimiento del artículo 25

del Decreto Legislativo 2351 de 1995 del que se regocija por participar en la negociación sindical; iii) no hubo fervor al debido proceso, por cuanto las causas que se adujeron para la terminación del contrato no fueron puestas a disposición de la justicia laboral; iv) existió un trato desigual frente a los demás trabajadores que fueron amparados y reintegrados por el fuero circunstancial aquí promovido. Concluye que se debe dar aplicación al principio del in dubio pro operario que la interpretación que efectuó el colegiado debió ser en favor del trabajador, esto es, que de las dudas presentadas y con lo ya desarrollado operaba el fuero circunstancial.

VII. RÉPLICA La Universidad Cooperativa de Colombia aseguró que el Tribunal al acoger lo dicho por esta Sala, en cuanto a que el fuero circunstancial no opera frente a una causa legal de terminación del contrato no restringió el alcance del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, tal como se desprende de su propio texto.

Además arguye que la acusación no debate la diferencia sustancial y legal que existe entre las figuras de terminación de un contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador y/o del trabajador y la terminación de dicha relación contractual por una causa legal; que tampoco tiene en cuenta que la protección que otorga el fuero del artículo 405 del CST y la que confiere el llamado fuero circunstancial

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Radicación n.° 86155 del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 operan de forma diferente, pues por lo que se expone el cargo los equipara

cuando no es así; pues la protección de este último no se aplica cuando se acredita que para el despido ocurrido durante el conflicto colectivo medio una justa causa y tampoco si se produjo por una de las denominadas causas legales que dan lugar a que cese la relación contractual; no cabe acudir al artículo 8° de la Ley 153 de 1887, por haber una norma exactamente aplicable al caso; en cuanto a las sentencias de la Corte Constitucional que trae el censor discute que ninguna refiere al tema concreto materia de controversia de este proceso. Por su parte la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional -Comunay la Cooperativa de Trabajo Asociado -La Comunaexpresaron que del contenido de la norma que sirvió de sustento al Tribunal para proferir la sentencia que hoy se ataca, es evidente que lo que se encuentra prohibido a los empleadores respecto de los trabajadores aforados es que sean despedidos sin justa causa comprobada y como la terminación de un contrato de trabajo por vencimiento del término fijo, previo el cumplimiento del denominado preaviso, no constituye un despido, fue acertada la decisión del Tribunal de no reconocer en el demandante la garantía de fuero circunstancia