CSJ - SL2282-2023

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Dascangastión N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente 5L2282-2023 Radicación n.° 95894 Acta 34 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por las partes, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 26 de abril de 2022, en el proceso que LICINIO ALBEIRO BARRERA RENDÓN adelantó contra MANPOWER DE

COLOMBIA LTDA.

I. ANTECEDENTES El accionante reclamó su reintegro al cargo que venía desempeñando, por haber sido despedido cuando se hallaba protegido bajo los términos del artículo 26 de la Ley 361 de

1997. En subsidio, pidió la indemnización por despido sin justa causa.

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Radicación n.° 95894 Adicionalmente, solicitó los salarios dejados de pagar desde el 1 de abril de 2017, cuando «no se le dio más incapacidades laborales y se presentó a laborar, hasta la fecha del despido el día 1 de agosto de 2019». También, la reliquidación del «ingreso base de cotización»; «las vacaciones causadas desde el año 2013 hasta el día del despido»; la reliquidación de las prestaciones sociales «desde el 6 de octubre de 2012 hasta el 1 de agosto de 2019»; las indemnizaciones de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 65

del Código Sustantivo del Trabajo y 26 de la Ley 361 de 1997; «la indemnización por perjuicios materiales, morales, daño emergente lucro cesante y daño en relación en vida» y las costas del proceso. Informó que prestó servicios a la demandada desde el 6 de octubre de 2012 y que el 16 de abril de 2013 sufrió un accidente de trabajo, que le generó una «pérdida de capacidad laboral de 0%»; pese a ello, continuó incapacitado, pero no le han dado una calificación concreta aún, por manera que está en curso un proceso ordinario en busca del reconocimiento de la pensión de invalidez. Acotó que, desde el 7 de marzo de 2017, la EPS dejó de expedir incapacidades, por lo que el 7 de abril siguiente se presentó ante el empleador, quien se negó a reincorporado y pagar su salario. En cambio, «lo envió para su casa que hiciera unos estudios, para poder pagar su salario»; luego, le envió correo electrónico para pedirle que ingresara «a la plataforma powerYOU y escogiera el curso a estudiar». Adujo que, por su situación económica, no pudo adquirir el equipo 2

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Radicación n.° 95894 de cómputo requerido para acceder a las clases virtuales, ni la empresa lo suministró. Precisó que el 18 de abril de 2017, el empleador le solicitó tramitar la pensión de invalidez, que aún no ha podido obtener. Relató que la empresa se limitó a pagarle el auxilio de cesantía y «las primas, pero sin el verdadero salario que por

ley le corresponde». Reconoció que llamó a la empresa para reclamar su salario y por la forma en que lo trataron, «le tocó responder con grosería, pero sin amenaza». Por esto, el 11 de julio de 2019 fue citado a descargos y allí expuso «todos sus argumentos»; sin embargo, fue despedido el 1 de agosto siguiente sin «una investigación de los hechos». La demandada se opuso al éxito de las pretensiones y propuso las excepciones de prescripción, buena fe, pago de salarios, prestaciones sociales y al sistema de seguridad social integral. También, ausencia de prueba de lo que se pretende y «contrato paralelo del señor Licinio». Admitió el inicio de la relación el 6 de octubre de 2012, el acaecimiento del accidente de trabajo que no generó secuelas, de suerte que la pérdida del 55% de la capacidad laboral se estructuró posteriormente a consecuencia de otros padecimientos de origen común. Recalcó que, desde el 7 de marzo de 2017, la EPS dejó de expedir incapacidades al actor, por lo que en ese momento le ofreció reincorporarse para realizar ciertas actividades, para las que le suministraría todos los insumos. Sin embargo, el promotor del proceso nunca mostró interés en

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Radicación n.° 95894 ello, ni se presentó a retirar los elementos ofrecidos por la compañía. Sostuvo que si el trabajador no desarrolló labor alguna, ni «se encontraba discapacitado, no había lugar al pago de Salarios, toda vez que ello es la contraprestación de frente a un servicio del trabajador».

Acotó que el demandante era el único responsable de su situación, porque «si se hubiera realizado oportunamente su trámite pensional, a la fecha ya sería acreedor de su mesada pensional, garantizando así ingresos económicos mensuales para su subsistencia». Negó que hubiera incumplido sus obligaciones en materia de remuneración y prestaciones sociales. Refirió que el despido provino de los malos tratos y amenazas proferidas por el actor al personal de la empresa, que fue objeto de indagación y quedó debidamente documentado.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 23 de noviembre de 2020, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, del 28 de agosto de 2012 al 1 de agosto de 2019. Condenó a Manpower Ltda. a pagar al actor $57.296.000 por salarios atrasados; también, un día de salario por cada día de mora posterior a la terminación del contrato, y los intereses de mora desde el 1 de agosto de 2021, a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera, sobre los salarios adeudados y hasta que se

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Radicación n.° 95894 efectúe el pago. Lo anterior,j unto con las costas del proceso. Absolvió de lo demás.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de las partes, el Tribunal confirmó la sentencia del a quo, sin costas para los litigantes.

Centró su competencia en verificar si, i) al momento del despido, el actor se hallaba cobijado por la garantía de

estabilidad laboral reforzada; ii) procedía la reliquidación de las prestaciones sociales y pago de vacaciones reclamadas; y iii) había lugar a la condena al pago de salarios junto con la indemnización moratoria o, en su lugar, a la compensación con lo pagado por el empleador. No halló controversial que las partes «suscribieron dos contratos de trabajo por obra o labor, desde el 28 de agosto de 2012 hasta el primero (1°) de octubre de 2012, y desde el seis (6) de octubre de 2012 hasta el primero (10)d e agosto de 2019». Tampoco, que el actor sufrió un accidente de trabajo el 16 de abril de 2013 y estuvo incapacitado continuamente, desde el 24 de abril de 2013 hasta el 3 de abril de 2017. Tampoco, que le fue dictaminada una pérdida del 55.1% de su capacidad laboral, de origen común y fecha de estructuración 2 de septiembre de 2014, por trastorno depresivo recurrente, trastorno de dolor persistente, deficiencia de columna lumbar, hipoacusia neurosensorial bilateral, diabetes mellitus y cervicalgia, según dictamen de

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Radicación n.° 95894 28 de diciembre de 2015. Finalmente, que el segundo contrato referido fue terminado por la empresa, «invocando como justa causa de despido la violación del numeral 2° del artículo 61 del reglamento interno de trabajo». En ese orden, dio respuesta negativa al primer interrogante, como quiera que el despido se produjo por justa causa comprobada. Tras remitirse a la carta de terminación del contrato, el informe rendido por los trabajadores

involucrados y los testimonios de Zully Machuca Vargas, Anett Sarabia Gómez y Diana Carolina Cruz Carvajal, asentó que la conducta del actor encajaba en la causal prevista en el numeral 2, literal A, del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Consideró demostrado que el demandante fue oído en descargos en su oportunidad, e incurrió en actos de agresión e injuria contra el personal de la empresa. Descartó que el comportamiento del trabajador pudiera justificarse por «haberse presentado en un estado de alteración psíquica derivado de su cuadro depresivo, exacerbado ante el impago de sus prestaciones laborales». Recordó que la posibilidad de reclamar derechos laborales «no llega al punto de permitir tratos hirientes, injuriosos y violentos contra sus compañeros y superiores, puesto que ello quebranta frontalmente los valores de respeto que deben reinar en las relaciones de trabajo». De otro lado, descartó la posibilidad de reliquidar las prestaciones sociales, porque la pretensión se fundó en la adopción del salario «promedio devengado por el actor hasta

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Radicación n.° 95894 la fecha en que sufrió el accidente laboral, el cual se refiere en la suma de $3'011.781 desde el seis de octubre de 2012 hasta el 26 de abril de 2013,p eriodo en el que se constata quef ueron reconocidas y pagadas algunas horas extras y recargos legales en los desprendibles de nómina»; estimó que ello no se abría paso, en la medida en que se trata de lapsos

posteriores, en los que «no se causó dicho trabajo suplementario, esto son los años 2016, 2017 y 2019, por lo cual no es procedente esta pretensión». Otro tanto dijo de la reliquidación de la compensación por vacaciones. Acotó que el a quo no se equivocó al colegir prescrito lo causado y exigible antes del 6 de octubre de

2016. Explicó que las causadas por el tiempo trabajado entre el 6 de octubre de 2015 y el 5 del mismo mes, pero del ario siguiente, podían ser reclamadas hasta el 6 de octubre de 2020, «lo cual hizo en sede judicial con la presentación de la demanda el 22 de octubre de 2019, por lo cual las vacaciones de tal periodo en adelante se encuentran exentas de prescripción».

Tras calcular lo no prescrito, «teniendo como salario base de liquidación la suma de $2'046.000», obtuvo $3'912.975 y lo contrastó con la liquidación final de prestaciones sociales allegada con la demanda; concluyó que, «por concepto de vacaciones, le fue reconocida al demandante la suma de $6'986.897, por lo cual no existen diferencias a favor del actor sobre los cuales elevar condena».

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Radicación n.° 95894 De cara al último punto, indicó que la inconformidad del demandado apuntó a la condena por salarios desde la fecha en que el accionante dejó de estar incapacitado, y la indemnización moratoria. Descartó que la invalidez del actor le impidiera laborar, ni exonerara al empleador del deber de pagar salarios y dejara en cabeza de las entidades de la

seguridad social la carga de «mantener el ingreso del trabajador». Recordó que el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo es aplicable cuando la prestación no se cumple por decisión o culpa del empleador. Halló perfectamente posible que «un trabajador con un grado de limitación profunda, esto es superior al 50% de pérdida de capacidad laboral, continúe prestando su fuerza laboral», como se explicó en la sentencia CSJ SL3610-2020. En ese orden, no halló prueba de que las enfermedades padecidas por el accionante le imposibilitaran desempeñarse en las actividades que realizaba, ni de que la enjuiciada hubiese garantizado su reinserción laboral en un puesto acorde a su condición de salud. Por lo anterior, concluyó que «si no se dio la efectiva prestación del servicio por el trabajador, fue porque la empresa demandada no agotó las readaptaciones y reubicaciones del caso», lo que obligaba a esta última a responder por los salarios desde el fin de la incapacidad hasta la terminación del vínculo. Por eso mismo, consideró que el ente demandado «no actuó de buena fe con su trabajador, al prescindir de sus servicios, aun cuando el nexo lo mantuvo vigente, bajo el argumento de que por ser una persona inválida no se

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Radicación n.° 95894 encontraba en condiciones aptas para laborar, sustrayéndose de este modo del pago de los salarios». Desestimó la posibilidad de compensar «las sumas condenadas», porque el demandado no propuso esa excepción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE

DEMANDADA

Interpuesto por Manpower de Colombia Ltda., fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante un cargo, replicado en tiempo, pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, la absuelva de todas las pretensiones.

VI. CARGO ÚNICO Acusa violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 65, 127 y 140 del Código Sustantivo del Trabajo y 26 de la Ley 361 de 1997.

A título de errores manifiestos de hecho, denuncia: • Dar por demostrado, sin estarlo, que la razón por la cual el señor Licinio Barrera no prestó servicios personales entre el 1 ro. de abril de 2017 y el lro. de Agosto de 2019 es imputable a un hecho, disposición o culpa de MANPOWER COLOMBIA LTDA. y por esa razón había lugar al pago de salarios.

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Radicación n.° 95894 • No dar por demostrado, estándolo, que la razón por la cual el señor Licinio Barrera no prestó sus servicios personales entre el 1 ro. de abril de 2017 y el 1 ro. de Agosto de 2019, fue por su deteriorado estado de salud, que le impedía trabajar. • Dar por demostrado, sin estarlo, que MANPOWER COLOMBIA LTDA. no agotó con el señor Licinio Barrera las readaptaciones o reubicaciones para procurar la prestación personal de sus servicios, a pesar de su Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) del 55.1%.

• No dar por demostrado, estándolo, que por motivos de la discapacidad del señor Licinio Barrera, calificada en una PCL del 55.1%, aquel no podía desempeñar ninguna actividad remunerada en MANPOWER COLOMBIA LTDA., aún si se hicieran ajustes razonables, readaptaciones y reubicaciones para este caso. • No dar por demostrado, estándolo, que las enfermedades del señor Licinio Barrera, le imposibilitaban desempeñarse en las actividades que realizaba. • No dar por demostrado, estándolo, que hay pruebas suficientes en el proceso para concluir que el señor Licinio no estaba en condiciones para trabajar. • Dar por demostrado, sin estarlo, que MANPOWER dejó de pagar salarios por el simple hecho de la invalidez del trabajador. • No dar por demostrado, estándolo, que MANPOWER dejó de pagar salarios, porque el trabajador no podía realizar una actividad remunerada, pues su estado de salud le impedía realizar cualquier actividad. • Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Licinio Barrera tenía derecho al salario, a pesar no prestar personalmente sus servicios, precisamente por sus enfermedades que le impedían prestar dichos servicios. • Dar por demostrado, sin estarlo, que MANPOWER COLOMBIA LTDA. obró de mala fe al no pagar salarios al señor Licinio Barrera entre abril de 2017 y agosto de 2019 y por esa razón hay lugar a la condena de la sanción moratoria del artículo 65 del CST. • No dar por demostrado, estándolo, que MANPOWER COLOMBIA LTDA., de buena fe, asumió como empleador

el pago de las obligaciones que sí estaban a su cargo durante la vigencia del contrato de trabajo, excepto la referida al pago del salario, en tanto no hubo prestación del servicio en razón al estado de salud del empleado.

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Radicación n.° 95894 Asegura que los dislates descritos, son resultado de la apreciación equivocada del certificado de incapacidades laborales desde el 24 de abril de 2013 hasta el 3 de abril de 2017, expedido por Coomeva EPS S.A.; y del dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por la ARL Sura el 28 de diciembre de 2015. También, de la preterición de los certificados médicos, las «incapacidades pagadas» al actor, el acta de seguimiento de folios 48 a 53, el «requerimiento por cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de invalidez» (fls. 57 y 58), la confesión de Barrera en interrogatorio «cuando advierte que no se ha negado a pensionarse, que desea pensionarse, y que ojalá se pensionara» y que «luego de terminar el contrato con Manpower no ha podido trabajar por su situación de salud»; también, de los certificados de aportes a seguridad social de 2015 a abril de 2019, así como del auxilio de cesantía. Explica que en contra de lo inferido por el ad quem, obra prueba suficiente de que el señor Barrera «no podía prestar sus servicios personales por su estado de salud», que no por «una disposición, orden o culpa del empleador». Explica que, por esa razón, no procedía el pago de salarios, pues no hubo

prestación del servicio por imposibilidad de hacerlo. De ahí, dice, se suscita la indebida aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Sostiene que mucho antes del 1 de abril de 2017, el actor no trabajaba por su incapacidad, como se desprende

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Radicación n.° 95894 de las múltiples incapacidades que se le dictaminaron hasta esa fecha y «que duraron más de 360 días». Que así lo confesó, cuando reconoció que «no pudo trabajar, y que se encontraba mendigando para poder acceder a recursos económicos, todo ello, a pesar de contar con presupuestos para acceder a su pensión de invalidez». Arguye que, según las pruebas denunciadas, el trabajador padecía «una multiplicidad de complicaciones que simplemente le impedían trabajar». Sostiene que de allí fluye «una gran cantidad de enfermedades, complicaciones y alteraciones relevantes del estado de salud, que impedían una reubicación, reasignación o readaptación del trabajador». En ese orden, dice, «eran las entidades de la seguridad social, las que debían garantizar un ingreso al demandante, a través de las prestaciones económicas a su cargo». Hace énfasis en que el propio actor acudió a la jurisdicción para obtener pensión de invalidez, y obtuvo fallo favorable que dispuso reconocer esa prestación desde mayo de 2017. Recuerda que según el artículo 127 del estatuto laboral, el salario es la contraprestación directa por el servicio prestado, de suerte que, sin este, aquel no se causa, a menos que se deba a culpa del empleador, según el artículo 140

ibídem. Que este no es el caso, pues no hubo prestación del servicio por las limitaciones físicas del actor «al punto de no existir recomendaciones, reubicaciones o readaptaciones que fueran procedentes, que permitieran su reincorporación a la vida laboral».

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Radicación n.° 95894 Acota que, aunque es viable que un trabajador con un grado de limitación profunda de su capacidad laboral pueda reincorporarse al mundo laboral, tal situación «no es automática ni generalizada para todos los trabajadores, debiéndose aplicar esta regla de la reincorporación, dependiendo del estado de salud de cada empleado individualmente analizado». Expone que un análisis del estado de salud del actor, habría implicado entender «que no era procedente su reubicación o la reasignación de funciones que permitieran adaptarlo nuevamente a otro y otros oficios que pudiera desempeñar». Agrega que: Todo lo anterior debe llevar a pensar que no existió una razón imputable al capricho, al descuido o a un hecho simplemente deliberado de MANPOWER COLOMBIA LTDA. que justificara el no pago de salarios y que permitieran calificar su comportamiento de mala fe, en tanto y como se ha dicho ya, la razón del no pago fue la no prestación del servicio por el estado de salud del señor Licinio. A pesar de que el contrato se encontraba vigente entre abril de 2017 y agosto de 2019, última fecha en la cual sí se materializó una justa causa para su terminación por parte del empleador, MANPOWER no pudo exigir a su trabajador que prestara sus servicios en tanto el estado de salud de aquel no lo permitía. El hecho de existir una razón para

la no prestación del servicio, fundada en las enfermedades, patologías, limitaciones y problemas de salud del trabajador, descartan que exista una conexión causal entre la no prestación y un hecho imputable a MANPOWER, situación que permite descartar una mala fe en el comportamiento de aquella como empleadora.

VII. RÉPLICA El actor defiende la intangibilidad del fallo de segundo grado. Destaca que el recurrente busca confundir con argumentos infundados, como quiera que están probados los

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Radicación n.° 95894 problemas de salud que padece desde la época en que laboró para la accionada, como consecuencia del accidente laboral.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal dedujo que el actor estuvo incapacitado desde el 24 de abril de 2013 hasta el 3 de abril de 2017 y que el 28 de abril de 2015, le fue dictaminada una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 55.1% de origen común, estructurada el 2 de septiembre de 2014, por trastornos depresivo recurrente y de dolor persistente, deficiencia de columna lumbar, hipoacusia neurosensorial bilateral, diabetes mellitus y cervicalgia. Así mismo, que el empleador puso fin al contrato de trabajo el 1 de agosto de 2019, motivado por las amenazas e injurias del trabajador hacia el personal de la empresa.

En ese contexto, consideró que durante el periodo que trascurrió entre el fenecimiento de la última incapacidad y la terminación del vínculo, el trabajador tenía derecho a percibir salarios, porque su grado de limitación no conllevaba

automáticamente la imposibilidad de laborar; además, que no estaba demostrado que las enfermedades que padecía, le imposibilitaran desempeñarse en las actividades que realizaba, ni que la enjuiciada le hubiera garantizado su reinserción laboral, por vía de reubicarlo en funciones compatibles con su condición de salud. Por eso mismo, consideró indemostrado que el empleador hubiera actuado de buena fe por abstenerse de

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Radicación n.° 95894 pagar la remuneración durante el periodo antedicho, con el argumento de que se trataba de «una persona inválida [que] no se encontraba en condiciones aptas para laborar, sustrayéndose de este modo del pago de los salarios». En contra de esas inferencias, la censura sostiene que si bien, la ley y la jurisprudencia admiten que una persona inválida pueda incorporarse a la vida laboral, el Tribunal desapercibió que el trabajador no se hallaba en condiciones de salud para hacerlo, ni siquiera por vía de la «reubicación o la reasignación de funciones». De ahí que, en su parecer, no podía exigírsele el pago de la contraprestación por un servicio no suministrado; menos, considerar que no actuó de buena fe por dejar de solucionar el salario entre el 3 de abril de 2017 y el 1 de agosto de 2019. En ese orden, la Sala resolverá si del contenido objetivo de las pruebas denunciadas, afloran evidentes los desaciertos endilgados al fallador de segundo grado. De la documentación asociada a la historia clínica del

actor, no emerge un escenario diferente al que dedujo el colegiado de instancia. Lo allí consignado corrobora que, tal cual lo infirió el Tribunal, el trabajador no estuvo incapacitado después de abril de 2017, como para asumir en forma unívoca y concluyente que luego de esa fecha no le era posible laborar, bajo ninguna circunstancia. Las constancias de aportes al sistema de seguridad social integral y al fondo de cesantías, dan cuenta de los

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Radicación n.° 95894 pagos efectuados con ese destino, como cumplimiento de las obligaciones del empleador en cuanto concierne a tales derechos y prestaciones. Por tanto, en nada contribuyen a despejar lo que aquí se discute, esto es, el pago de salarios y demás conceptos laborales, o las razones para no hacerlo. Los requerimientos de la empresa para que el trabajador tramitara las prestaciones ante la seguridad social, solo registran las solicitudes en ese sentido. La imposibilidad de que el actor prestara servicios y la negativa a reconocerle el salario allí manifestada, representa la postura o criterio de la empresa en torno a ello, pero no puede tomarse como plena prueba de que así fuese, por la simple razón de que nadie puede constituir su propia prueba. Menos aún, dada la ausencia en el documento de criterios médicos que lo corroboren. La Sala tampoco percibe que el demandante hubiera confesado que simplemente decidió dejar de prestar servicios a su empleador, sin más acotaciones. Como lo reconoce la censura, sus manifestaciones estuvieron encaminadas a insistir en lo expuesto desde la presentación de la demanda, esto es, que si bien, aspiraba a obtener la pensión de

invalidez, mientras pervivió el vínculo laboral su subsistencia dependía de Manpower de Colombia Ltda y que «luego de terminar el contrato con Manpower no ha podido trabajar por su situación de salud». Desde luego, tal escenario no rifle con la posibilidad de que se le hubieren asignado funciones acordes a su estado de salud, mientras el contrato de trabajo estuvo vigente u obtenía el reconocimiento de la prestación a

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Radicación n.° 95894 cargo del sistema, que fue lo que echó de menos el colegiado de instancia. Otro tanto puede afirmarse del acta de seguimiento de 7 de abril de 2017. En ella, el actor informó que no contaba con más incapacidades, y que estaba discutiendo en sede judicial la pensión de invalidez. Y agregó que: Me preocupa quién va a generar las incapacidades y si no me generan las incapacidades [6] me vengo para Manpower? Qué solución me puede dar la empresa. Por lo tanto estoy atento a la decisión que tome la empresa sobre mi situación ya que las lesiones del accidente me las están tratando porque el médico de la clínica del dolor me dijo que debía acostumbrarme al dolor posterior al accidente laboral y mi situación económica no es buena y tengo dos hijos estudiando. Como se ve, antes que expresiones que indiquen una decisión autónoma o deliberada de sustraerse de la prestación del servicio, solo se aprecian las razones que el trabajador expuso sobre su situación, en forma clara y consistente. Asimismo, quedó atento a las instrucciones de la empresa, como gestora y directora del recurso humano a sus órdenes, así como responsable de la remuneración que

le proporcionara el sustento a aquel, al menos, mientras se mantuviera vigente el vínculo laboral. Ante tal escenario, la Sala no puede analizar los demás medios de convicción denunciados. Las certificaciones emitidas por la EPS sobre las incapacidades dispensadas al actor y el dictamen de pérdida de capacidad laboral, no son pruebas calificadas en la casación laboral (art. 7 Ley 16 de 1969).

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Radicación n.° 95894 En cualquier caso, de allí solo podría colegirse que el trabajador estuvo incapacitado desde el 24 de abril de 2013 hasta el 3 de abril de 2017; y que el 28 de abril de 2015, le fue dictaminada una PCL del 55.1%, de origen común y fecha de estructuración 2 de septiembre de 2014. El Tribunal tuvo en cuenta tales circunstancias, como se indicó al comienzo de estas consideraciones. En ese contexto, queda claro que el tallador de segundo grado no se equivocó de la manera indicada por la censura. Es decir, las afirmaciones de esta última acerca de la imposibilidad absoluta de reubicar o reasignar funciones al accionante, están desprovistas de respaldo con pruebas susceptibles de análisis en sede extraordinaria. El planteamiento de la recurrente se reduce, entonces, a su propia percepción sobre el entorno del litigio; en especial, los padecimientos del trabajador; en sí mismo, ello no constituye o representa un error manifiesto de hecho. En cambio, queda claro que, al no estar en discusión que el contrato de trabajo estuvo vigente entre el 3 de abril de 2017 y el 1 de agosto de 2019, sin rastro palmario de

obstáculos para su cumplimiento efectivo por razón de incapacidades médicas u otras circunstancias asociadas, el Tribunal no pudo equivocarse al exigir que el empleador acreditara que intentó como mínimo la reubicación del trabajador y los ajustes razonables en ese sentido, en el propósito de lograr su reincorporación; por lo menos, hasta que se produjo el retiro con justa causa.

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Radicación n.° 95894 De esta suerte, la recurrente pretende desligarse de la carga remuneratoria sobre la base de que el trabajador no le prestó servicios, como principal fundamento de la contraprestación; empero, no demuestra con prueba calificada en casación laboral, que le hubiera asignado funciones que, incluso, teniendo en cuenta sus limitaciones de salud, aquel se hubiera resistido a cumplir. En ese orden y a manera de corolario, importa recordar que tal cual lo acotó el Tribunal, la estructuración de una invalidez e, inclusive, el reconocimiento de la pensión por dicho estado, no implican, inexorablemente, la aniquilación de la posibilidad de laborar (CSJ SL114112017), salvo que por razón de la discapacidad sea evidente que la persona no puede desempeñar ninguna actividad remunerada en la empresa, aún si se hicieran los ajustes razonables, readaptaciones y reubicaciones del caso» (CSJ SL3610-2020), supuestos que, se insiste, la censura no acreditó. Sobre dichos ajustes razonables, conviene acotar también que en reciente pronunciamiento, la Corte señaló que el trabajador tiene derecho a su realización por parte del

empleador, a fin de eliminar o mitigar las barreras que le impidan el ejercicio de sus derechos. Esta Corporación indicó que «el empleador tiene la obligación de realizar los ajustes razonables para procurar la integración al trabajo regular y libre (artículo 27 de la convención)», al paso que la determinación de la razonabilidad o proporcionalidad de los ajustes requeridos podría variar, según cada situación, «lo

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Radicación n.° 95894 que implica para los empleadores hacer un esfuerzo razonable para identificar y proporcionar aquellos que sean imprescindibles para las personas con discapacidad. Y en caso de no poder hacerlos debe comunicarle tal situación al trabajador» (CSJ SL1152-2023). Emerge palmario que, en el escenario acreditado en el proceso, y que la censura no desvirtúa, no se satisficieron los referidos parámetros. Así las cosas, el cargo no prospera. Costas del recurso a cargo de la demandada y a favor del actor. Se fija la suma de $10.600.000 a título de agencias en derecho, que deberá ser tenida en cuenta dentro de la liquidación que realice el juez de conocimiento, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE Interpuesto por el actor, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

X. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante dos cargos, r