CSJ - SL2293-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2293-2024 Radicación n.° 99028 Acta 29 Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por JAVIER ALBERTO TÉLLEZ MARINO contra la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el recurrente contra CBI COLOMBIANA S.A hoy en liquidación.

I. ANTECEDENTES Javier Alberto Téllez Marino llamó a juicio a CBI Colombiana S.A., hoy en liquidación, para que, previa la declaratoria de la ineficacia de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de trabajo y/o de cualquier acuerdo contenido

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Radicación n.° 99028 en anexos, convenciones colectivas o cualquier otro documento suscrito entre las partes que le hubiese quitado la connotación salarial a los diferentes pagos realizados, fuera condenada a pagarle el auxilio de alojamiento; la reliquidación de las cesantías, los intereses a las mismas, la prima de servicios y las vacaciones, con base en las bonificaciones habituales; igualmente, pidió las indemnizaciones, moratoria prevista en el artículo 65 del CST y por despido sin justa causa; lo que se demuestre ultra o extra petita; la indexación; y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, en síntesis, relató que el 25 de abril de 2013, celebró con la demandada un

contrato de trabajo a término fijo; que el cargo desempeñado fue el de «Soldador A»; que si bien el salario mensual establecido ascendió a la suma de $2.438.081 más una «bonificación condicionada hasta por $1.097.136», el monto realmente devengado fue de $7.000.000; y que el vínculo finalizó el 28 de abril de 2014 por decisión de la demandada, sin que mediara justa causa. Señaló que percibía además del salario ordinario, beneficios habituales denominados: auxilio de movilización; bono de alimentación; bono de asistencia; incentivos de HSE convencional, de progreso de tubería, de progreso convencional; y el auxilio mensual de transporte; emolumentos que constituían factor salarial y no se tuvieron en cuenta para efectos de liquidar las prestaciones sociales y las vacaciones.

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Radicación n.° 99028 Por último, indicó que la demandada no le canceló durante la vigencia del vínculo laboral, el auxilio de alojamiento y alimentación consagrado en el anexo dos del contrato de trabajo y la indemnización por terminación unilateral sin justa causa. CBI Colombiana S.A., hoy en liquidación, al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. Respecto de los hechos, aceptó los referidos a los extremos de la relación laboral, el cargo desempeñado y el salario pactado entre las partes, sobre los demás dijo que no eran ciertos. En su defensa adujo que la bonificación de asistencia no era sustancialmente salarial, no obstante, se tuvo en

cuenta como factor, exclusivamente para los efectos previstos en la política de remuneración vigente; y que el resto de los incentivos deprecados por el demandante, no tenían la condición ni efectos salariales, según la «tabla de salarios, bonificaciones, primas incentivas», integrada a la convención colectiva de trabajo pactada el 23 de septiembre de 2013 con la organización sindical USO. Precisó que, en las cláusulas adicionales del contrato de trabajo se pactó un beneficio que se denominó auxilio de alojamiento o alimentación, variándose su monto a $1.250.000 y su denominación a auxilio de movilización, ello a partir de la entrada en vigencia de la convención colectiva de trabajo suscrita con la organización sindical USO, en septiembre de 2013.

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Radicación n.° 99028 Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, prescripción y la innominada. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 9 de febrero de 2018, absolvió a CBI Colombiana S.A., hoy en liquidación, de todas las pretensiones formuladas en su contra y condenó al demandante a pagar las costas del proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del actor, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, quien, con sentencia calendada 15 de septiembre de 2021, confirmó en su integridad el fallo del a quo e impuso costas de la alzada al impugnante.

Para tomar su decisión, comenzó por precisar que los problemas jurídicos a resolver, giraban en torno a establecer: i) si para efectos de determinar que un pago es factor salarial debe aplicarse la definición de salario señalada en el convenio 095 de la OIT; ii) cuál es el alcance o entendimiento que debe dársele al artículo 128 del CST, luego de la modificación introducida por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990; iii) si hay lugar a declarar la incidencia salarial para la liquidación de prestaciones sociales del bono de asistencia, los incentivos HSE convencional, de

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Radicación n.° 99028 progreso y de tubería convencional; y iv) si el demandante tiene derecho a que se le cancele el auxilio de alojamiento y alimentación. Se remitió al convenio 095 de la OIT, relativo a la «protección del salario», ratificado por Colombia mediante la Ley 52 de 1962, que hace parte del derecho interno de conformidad con el artículo 53 de la CP, y cuenta con jerarquía dentro del bloque de constitucionalidad con arreglo en lo dispuesto en la sentencia CC SU995-2009. Destacó lo preceptuado por el artículo 12 del mencionado instrumento internacional y lo dicho por esta corporación en la sentencia CSJ SL3711-2017, en la que se enseñó «[…] el sentido amplio del vocablo "salario" contenido en el artículo 12 del Convenio 95 únicamente aplica dentro del alcance del mismo convenio, mas no tiene aplicación cuando se trata de definir el carácter salarial para efectos de

liquidar prestaciones», pues clara y expresamente la definición convencional internacional limita su ámbito material de aplicación a los «efectos del presente Convenio», esto es, para proteger su pago efectivo. Trajo a colación el contenido de los artículos 127 y 128 del CST y al alcance que les ha dado la Corte en múltiples decisiones que citó en su apoyo y consideró: Así las cosas, en claridad sobre el alcance del artículo 128 del CST, corresponde al juez laboral, individual o plural, en cada caso, para la determinación del carácter salarial de un pago, verificar: (i) que el pago realizado por el empleador retribuya directamente el servicio para el cual fue contratado el

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Radicación n.° 99028 trabajador; (ii) que sea habitual (presupuesto que contrario a lo manifestado por el demandante en su recurso, por sí solo no es determinante para declarar la naturaleza salarial de un pago, pero su ausencia hace considerarlo un pago ocasional y por ende despojado de aquella naturaleza); y (iii) que no exista un pacto o régimen salarial de exclusión. Pues en caso de existir, resulta imprescindible estudiar si el mismo se adecúa a las hipótesis de la conclusión vertida en el numeral 3, analizando las condiciones de cada caso en particular y de las pruebas traídas al proceso, pues de lo contrario, estará forzado a declarar la ineficacia de la disposición en atención al mandato establecido en el artículo 43 del CST. Enfatizó que en la demanda inaugural el actor refirió a distintos pagos recibidos, los que fueron estudiados por el

juez de conocimiento, y en atención al artículo 66A del CPTSS, la segunda instancia «referirá de manera individualizada, a los emolumentos solicitados que fueron objeto del recurso de apelación», así: 1.- Bono de asistencia. Explicó que las partes pactaron en la cláusula cuarta del contrato de trabajo (f.° 73 a 82), que el demandante tendría como remuneración una asignación básica y, en su parágrafo primero se acordó el pago de una bonificación mensual cuya causación estaría determinada por dos indicadores: i) el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y ii) el desempeño del trabajador y de su grupo laboral en las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE); la cual sería tenida en cuenta como salario para efectos del cálculo de prestaciones sociales, es decir, cesantías, intereses y primas de servicio; aporte a la seguridad social; contribuciones parafiscales; indemnización por despido sin justa causa; y

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Radicación n.° 99028 vacaciones compensadas en dinero; también se acordó que de llegar a causarse sería liquidada y pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicios. Resaltó que como las pretensiones de la demanda buscan la reliquidación de prestaciones sociales, debe decirse que para su liquidación se pactó tener en cuenta la bonificación por asistencia, y así se evidencia de los volantes de pago allegados al proceso, por ende, no hay lugar a fulminar condena alguna. Ahora, en cuanto a las «vacaciones disfrutadas en tiempo», dijo que el citado pacto

determinó no incluir la bonificación para el cálculo de ese emolumento, lo cual era válido. A.- Bonificación de asistencia como pago retributivo del servicio. Especificó que, para el Tribunal, como las condiciones de causación a que hacía referencia el contrato de trabajo estaban ligadas a la asistencia y el cumplimiento del trabajo del actor, se demostraba que su causación requería el despliegue de la fuerza de trabajo de este, concluyéndose de lo anterior que la bonificación de asistencia era retributiva directa del servicio, de donde brotaba su naturaleza salarial.

B. Habitualidad en el pago de bonificación de asistencia.

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Radicación n.° 99028 Acotó que en virtud de que dicho pago era de causación mensual, por así reconocerse en el contrato de trabajo y desprenderse de los volantes aportados por la accionada en medios magnéticos, estimó que se cumplía a cabalidad con el presupuesto de habitualidad. C.- De la existencia y validez de la exclusión del bono de asistencia, respecto de la base para liquidar ciertas acreencias. Expuso que conforme a la redacción del pacto de exclusión, aquel no pretendió quitarle carácter salarial a un pago que evidentemente tenía tal connotación, dado que el convenio suscrito consistió en acordar que, el bono de asistencia no integraría la base de liquidación para la remuneración, pero de las vacaciones disfrutadas en tiempo, lo cual se acompasa a una de las hipótesis de desalarización establecidas por la jurisprudencia, esto es, que a pesar de ser retributiva del servicio, no se desconoció

la naturaleza salarial de dicho concepto, sino que se determinó no tenerlo en cuenta para ciertos pagos y en este caso para las vacaciones. Agregó que, se trató de un pago extralegal que no dejó en evidencia el desconocimiento de los derechos laborales del accionante. Que, además, la exclusión se hizo frente a los conceptos de menor incidencia, ya que la bonificación sí era tenida en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales (cesantías, intereses y primas de servicio), aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales,

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Radicación n.° 99028 indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero, conceptos a todas luces de mayor notabilidad; conclusión que, advirtió, no reñía con la postura de la Sala de Casación Laboral plasmada en la sentencia CSJ SL2018-2021. 2.- De la incidencia salarial del incentivo de progreso, incentivo de progreso de tubería y el incentivo HSE. Esgrimió que la convención colectiva de trabajo suscrita entre la USO Subdirectiva Seccional Cartagena y la empresa CBI Colombiana S.A., aportada al plenario por la demandada, con la respectiva constancia de depósito exigida por el artículo 469 del CST, en su artículo 12 indicaba: «los salarios y bonificaciones del personal beneficiario, se aplicarán de acuerdo a como se describe en el Anexo No. 1 denominado Tabla de Salarios y Bonificaciones». Puntualizó que en dicho anexo, que hace parte integral de la convención colectiva, se estipuló que el incentivo de

progreso, incentivo de progreso de tubería y el incentivo HSE, no tendrían incidencia salarial en la liquidación de prestaciones sociales, acuerdos que son totalmente eficaces a la luz de lo dispuesto en el artículo 128 del CST, lo cual encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte, en la sentencia CSJ SL 5 feb. 1999, rad. 11389, para luego concluir:

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Radicación n.° 99028 Ello es así, por cuanto el principal propósito del proceso de negociación colectiva, no es otro que lograr que el empleador y los trabajadores lleguen a acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales y la productividad, para lo cual se requiere que los intervinientes realicen concesiones mutuas. En ese orden, no tendría sentido que el empleador, acepte conceder beneficios superiores a los legales, pero no pueda convenir sobre los efectos o la incidencia salarial que estos tendrán. En este orden de ideas, se tiene que el pacto de exclusión contenido en la convención colectiva celebrada entre la USO y CBI COLOMBIANA S.A., es válido, pues fue producto de la negociación colectiva, y de acuerdo con ello, solo podría ser cuestionada su validez a través de la denuncia de la misma, y no a través del proceso ordinario. Infirió que, dada la naturaleza de los incentivos ya referenciados y la validez del pacto de exclusión convencional, no es posible declarar su incidencia salarial, tal como decidió el fallador de primer grado. 3.- De la cancelación del auxilio de alojamiento y alimentación. Puso de presente que no había lugar a fulminar

condena alguna por este concepto, pues al realizar un estudio de las pruebas aportadas dentro del plenario, se extraía que el auxilio de alojamiento y alimentación correspondía al auxilio de movilización, el cual le fue cancelado al demandante durante la vigencia del contrato de trabajo, tal como consta en los volantes de pago y añadió: Del análisis de la oferta salarial y del anexo 2 del contrato se puede extraer que efectivamente el auxilio de alojamiento y alimentación correspondía al auxilio de movilización, de suerte que este concepto era cancelado en los volantes de pago, bajo la denominación de este último. Lo cual resulta concordante con

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Radicación n.° 99028 la declaración de la testigo Tatiana Toro, al explicar que este concepto en los volantes de pago recibía la denominación de auxilio de movilización y que después de la entrada en vigencia de la convención colectiva de trabajo, se le denominó auxilio de movilización convencional, aumentándose el valor a $1.250.000. Así mismo, del artículo 13 de la convención colectiva de trabajo, lo que se vislumbra es que, a partir de la vigencia de dicho instrumento, la empresa reconocería por concepto de auxilio de movilización la suma de $1,250.00, esto es, realizó un aumento del beneficio pactado contractualmente, el cual, si bien en el contrato de trabajo se denominó auxilio de alojamiento y alimentación, desde la oferta salarial, igualmente se le identificó como auxilio de movilización.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el

Tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En síntesis, pide que la Corte case la sentencia recurrida, para qué en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones contenidas en la demanda inicial, incluyendo la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del

CST. Con tal propósito formula tres cargos que no son replicados, de los cuales se estudiarán conjuntamente los dos primeros por denunciar similar elenco normativo, por complementarse la sustentación y perseguir el mismo cometido, y luego se abordará el análisis del tercer ataque.

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VI. CARGO PRIMERO Asegura que la sentencia de segundo grado es violatoria por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, respecto del artículo 127 del CST; además desconoce las siguientes normativas: […] Constitución Política de Colombia; Art 1, 2, 4, 13, 25, 26, 53, 93. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; art 1, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 43 y en especial el artículo 127, 128, 130 y 65 del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Igualmente desconoce Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo – Relativo a la protección del salario-, ratificado por la Ley 54 de 1992, lo cual condujo a la aplicación indebida del 127 y 128 del C.S.T. y en especial del artículo 167 del C.G.P.

En la demostración del cargo manifiesta que el artículo 167 de CGP, interpretado en «concordancia con las normas que consagran las nociones de salario y bajo el principio de interpretación más favorable» se debería entender, como lo ha establecido la jurisprudencia, que el concepto de salario no se determina por lo que las partes hayan establecido en convenciones colectivas o contratos, sino por la finalidad que tenga el pago que se le atribuye el carácter salarial. Expreso que no posible llegar a la conclusión, como lo hizo el Tribunal, de que por la existencia de la convención colectiva y del contrato de trabajo no se podía discutir el carácter salarial de los pagos que tenían el «apellido de convencional» en los correspondientes desprendibles, debido a que en la demanda inaugural no se está pidiendo su cancelación, sino la declaratoria de su incidencia salarial,

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Radicación n.° 99028 porque los mismos responden a la contraprestación directa del servicio. Precisa que la interpretación adecuada a los artículos 127 y 128 del CST ya fue fijada por la Corte Constitucional en sentencia CC C710-1996, donde se adoctrinó que la definición de lo que es factor salarial corresponde a la forma como se desarrollaba el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya como tal, pues todo aquello que recibe el trabajador como contraprestación directa de su servicio, sin importar su denominación, es salario. Que, en esta materia, la realidad prima sobre las formalidades pactadas por los sujetos que

intervienen en la relación laboral, lo que, por demás, está en armonía con lo dicho en la sentencia CSJ SL 122202017. A continuación, sostiene: […] si la magistrada ponente hubiera apreciado bajo el prisma de la sentencia anteriormente citada, las normas que interpretó erróneamente no hubiese llegado a la conclusión en descartar el carácter salarial de las bonificaciones apellidadas convencional porque la misma se encuentran pactadas en convención colectiva, pues quien debió demostrar la existencia de un pacto de exclusión salarial y su eficacia, en tanto no recaía sobre pagos verdadera mente salariales es la parte demandada, si pretendía esquilmarse de una sentencia condenatoria, y no como erróneamente lo interpreto la magistratura de instancia, toda vez que los pagos que recibe el trabajador de su empleador dentro una relación laboral se presumen remunerativos de la prestación del servicio y por lo tanto son salario. Añade que se debe tener los incentivos progreso convencional, de progreso de tubería, de HSE convencional

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Radicación n.° 99028 y el bono de asistencia, como parte integral del salario del demandante de acuerdo a las súplicas de la demanda inicial.

VII. CARGO SEGUNDO Manifiesta que la sentencia recurrida es violatoria por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 128 del CST, en relación con los artículos 13, 14, 24, 43, 128, 130 y 65 ibidem, 13 y 53 de la Constitución Política, 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del CPTSS, 164, 165, 166

y 167 del CGP. Expone que el origen de la infracción legal denunciada ocurrió cuando el colegiado entendió que por el hecho de que las bonificaciones reclamadas se encuentran en una convención colectiva, ello imposibilita realizar el estudio del carácter salarial y si este fue restado de dicha estipulación, esto es, que se colocó por delante la forma de cómo fueron concebidos esos beneficios y olvidado la finalidad que persiguen o lo que es igual la realidad. Dice que el juez plural sustenta su decisión en el hecho de que la convención colectiva fue aportada al proceso, y no se detiene a estudiar si se encuentra probado en el plenario que dichas bonificaciones son o no retributivas del servicio, otorgando un mayor valor

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Radicación n.° 99028 probatorio presuntivo al instrumento que creo el concepto y no a la finalidad retributiva que este perseguía. Recuerda que, si en el proceso existen dudas sobre la existencia o no de un pacto de exclusión salarial respecto de las bonificaciones recibidas por el trabajador, estas se deben considerar salario, pues es la regla general, como bien lo dejó enseñado la Sala de Casación Laboral, en la sentencia CSJ SL1798-2018, de la que reprodujo algunos apartes. Sostiene que cinco son las premisas que fundamentan el petitum de la demanda de casación: Premisa 1: La definición de lo que es factor salarial, corresponde a la forma como se desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo

consagre o excluya como tal C710-1996. Premisa 2: su habitualidad o periodicidad, su no entrega gratuita o libre y su vocación de acrecentar los ingresos del trabajador. Permiten concluir que estaba inequívocamente dirigido a retribuir directa e inmediatamente el servicio prestado (SL821 del 2016). Premisa 3: Las partes no pueden desconocer la naturaleza salarial de beneficios que, por ley, claramente tienen tal carácter (SL 35771, 1 feb. 2011). Premisa 4: Ello traduce la ineficacia jurídica de cualquier cláusula contractual en que las partes nieguen el carácter de salario a lo que intrínsecamente lo es, por corresponder a una retribución directa del servicio, o pretendan otorgarle un calificativo que no se corresponda con esa naturaleza salarial. Carece, pues, de eficacia jurídica todo pacto en que se prive de la índole salarial a pagos que responden a una contraprestación directa del servicio, esto es, derechamente y sin torceduras, del trabajo realizado por el empleado (SL 35771, 1 feb. 2011).

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Radicación n.° 99028 Premisa 5 Conclusión: La ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia es salario, deje de serlo (Radicado 39475 del 2012). Especifica que el único motivo por el cual el fallador de alzada dio prosperidad a las pretensiones, es la existencia de la convención colectiva de trabajo aportada al plenario, y

que «[…] esta carga probatoria no estaba encabeza de la parte demandante, toda vez que los pagos que recibe el trabajador en una relación laboral se presumen remuneratorios». Solicita que, en consecuencia, se tengan los incentivos HSE convencional, progreso convencional y de progreso de tubería, como parte integral del salario del accionante, según las pretensiones de la demanda inicial.

VIII. CONSIDERACIONES La Corte de entrada advierte que no es posible estudiar en casación la connotación salarial que eventualmente pueden tener los denominados incentivos de progreso, de progreso de tubería y HSE convencionales, en la medida que al tratarse de beneficios extralegales era indispensable que se acusara al menos la disposición legal que constituyera la fuente de esta clase de derechos, esto es, los artículos 467 y 476 del CST, lo cual no se hizo en la proposición jurídica de ninguno de los dos cargos, ni tampoco se alude a ellos en el desarrollo de las acusaciones, lo que conduce a su desestimación.

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Radicación n.° 99028 Al respecto, la Corte en sentencia CSJ SL17072-2014, reiterada en decisión CSJ SL514-2023 y recientemente por la Sala en el pronunciamiento CSJ SL1609-2024, indicó: […] 1.- Complementario a lo señalado en el ordinal anterior, también ha dicho esta Corporación, que cuando se trate de trasgresión de normas convencionales y la reclamación de un derecho de esta naturaleza, es indispensable acusar el art. 467

del CST, que constituye la fuente de derechos materiales de este tipo de convenios, o el 476 del mismo estatuto, que otorga derecho de acción a los trabajadores para reclamar el incumplimiento de un convenio colectivo de trabajo; invocación de dichas normas sustanciales que tampoco se cumplió en este evento pues brillan por su ausencia. Al respecto, en la Sentencia de la CSJ SL, 28 feb. 2012, Rad. 41947, sobre el particular, se dijo: […] 2.- Estando sustentados los derechos reclamados en el asunto bajo examen, y sobre los cuales se pronunció el fallo atacado, en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el sindicato y la entidad demandada, conforme lo ha asentado de tiempo atrás la jurisprudencia, debió señalar la censura como violado o bien el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, que da el alcance de fuente de derechos materiales a este tipo de convenios, o ya el 476 del mismo estatuto, que otorga derecho de acción a los trabajadores para reclamar el incumplimiento de un convenio de dicha naturaleza, disposiciones que brillan por su ausencia en la proposición jurídica del ataque. Y en providencia CSJ SL1411-2022, esta corporación señaló: No obstante, por esta misma senda el recurrente propone el análisis de la convención colectiva de trabajo, debiéndose decir que el cargo no se encuentra llamado a prosperar en tanto en la proposición jurídica no se denunció, por lo menos, el artículo 467 del CST que es la fuente legal que imprime efectos

obligatorios a lo que las partes acuerdan en el convenio colectivo de trabajo, como de manera insistente lo ha señalado la Sala. Recientemente en la sentencia la sentencia CSJ SL1722-2021 se rememora que en las sentencias CSJ SL89522017, de 17 de may. rad. 70668, CSJ SL4626-2016, de 6 abr.

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Radicación n.° 99028 2016, rad. 57765 se citan, a su vez, la sentencia de 11 de octubre de 2001 (Radicación 16114), en la que se dijo: […] Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el elenco de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición […]. A ese respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, en el listamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, pero la inobservancia de este último mandato conduce inexorablemente al rechazo de la acusación por no ajustarse a los requisitos formales del recurso extraordinario, que es lo que acontece en esta oportunidad. No basta, se insiste, que en la proposición jurídica aparezcan relacionadas varias disposiciones, sino que es obligatorio que

dentro de las incluidas se encuentre por lo menos una que constituya base esencial del fallo o que haya debido serlo, norma que en el presente caso es la antes anotada, puesto que la controversia procesal gira exclusivamente en torno al alcance de una disposición convencional. (Subrayas de la Sala). Igualmente, la censura dejó por fuera de la controversia en esta esfera casacional, la negativa del sentenciador de alzada relacionada con el pedimento alusivo al auxilio de alojamiento y alimentación; por tanto, su absolución se mantendrá incólume. En este orden, desde una perspectiva puramente jurídica, la Sala únicamente se ocupará de analizar si el colegiado se equivocó al negarle el carácter salarial a lo sufragado al accionante por concepto de bonificación de asistencia, cuya fuente es lo acordado por las partes en el

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Radicación n.° 99028 contrato laboral y no en la convención colectiva de trabajo, ello respecto de las «vacaciones disfrutadas en tiempo», ya que no es materia de discusión que sí fue tenido en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, esto en razón de que la alzada concluyó que a la luz del artículo 128 del CST el pacto contractual que excluía de dicho beneficio para liquidar tales vacaciones, sí resultaba válido. Pues bien, cabe recordar que, los artículos 127 y 128 del CST, subrogados en su orden por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, que se acusan y que regulan, el primero de ellos, los elementos integrantes del salario y, el segundo, los pagos que no constituyen salario, son del

siguiente tenor: Artículo 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

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Radicación n.° 99028 De allí que, acorde al referido artícul